Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04714-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04714-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-04714-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
28 de septiembre de 2023
Demandante: María Diodelina Osorio
Demandados: Tribunal Administrativo del Meta – Sala de
Decisión Uno y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04714-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04714-00
Demandante: MARÍA DIODELINA OSORIO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META – SALA DE
DECISIÓN UNO Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial – declara improcedente – Inmediatez.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve en primera instancia la acción de tutela formulada por María
Diodelina Osorio contra el Tribunal Administrativo del Meta – Sala de Decisión Oral
1 y el Juzgado 8.º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Villavicencio.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. El 28 de agosto de 2023, la señora María Diodelina Osorio actuando por
intermedio de apoderado judicial interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Meta – Sala de Decisión Uno y el Juzgado 8.º Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Villavicencio. La peticionaria consideró que las autoridades
judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a
la igualdad, a la seguridad jurídica, de acceso a la administración de justicia, al
mínimo vital, a la tutela judicial efectiva y a «los principios de favorabilidad pensional
de normatividad de la Constitución y jerarquía normativa».
2. Desde el punto de vista de la accionante, la trasgresión de las citadas
garantías constitucionales encontró sustento en las providencias proferidas el 22 de
junio de 2021 y 22 de septiembre de 2022 por el Juzgado 8.º Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Villavicencio y el Tribunal Administrativo del Meta,
respectivamente. Lo anterior, en el ejercicio del medio de control de nulidad y
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Demandante: María Diodelina Osorio
Demandados: Tribunal Administrativo del Meta – Sala de
Decisión Uno y otro
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restablecimiento del derecho promovido por ella contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional1.
1.2. Pretensiones
3. La accionante solicitó:
1. Que se DEJE SIN EFECTOS las sentencias proferidas dentro del proceso
con radicado 50001333300820190007301 y en su lugar,
2. SE ORDENE a la accionada proferir una nueva sentencia donde se
RECONOZCA Y PAGUE a la señora MARIA DIODELINA OSORIO en calidad
de madre y única beneficiaria de su hijo WILMER ENRIQUE RODRÍGUEZ
OSORIO (.Q.E.P. D) como ocasión de la muerte por causa y razón del servicio,
pensión de sobreviviente en cuantía de un (1) SMLMV, de conformidad con la
normatividad citada infra en especial el art. 48 de la Ley 100 desde el momento
de fallecimiento del conscripto y demás pretensiones de la demanda inicial.
(Sic a toda la cita)
1.3. Hechos probados y/o admitidos
4. El señor Wilmer Enrique Rodríguez Osorio ingresó a prestar servicio militar
obligatorio el día 25 de junio de 2015. Lamentablemente, fue dado de baja el 23 de
noviembre del mismo año en misión del servicio. Por esto, el Ministerio de Defensa
Nacional, mediante Resolución No. 211927 del 3 de mayo de 2016, reconoció a la
señora María Diodelina Osorio en su condición de madre del causante, la suma de
$35.802.216 por concepto de compensación por muerte.
5. Luego, el 17 de mayo de 2018, la accionante solicitó al Ministerio de Defensa
Nacional el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, con ocasión del
deceso del señor Wilmer Enrique Rodríguez. No obstante, esta petición fue resuelta
desfavorablemente mediante Resolución No.3617 del 3 de septiembre de 2018.
6. Inconforme con lo anterior, la señora María Diodelina Osorio presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional. Esto, con el fin de que se
declarara la nulidad del acto administrativo antes mencionado y a título de
restablecimiento del derecho, se condenara al reconocimiento y pago de la pensión
de sobreviviente por ella solicitada.
7. Del proceso conoció el Juzgado 8.º Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Villavicencio. Esa autoridad judicial, a través de sentencia dictada el 22 de junio
de 2021, negó las pretensiones de la demanda.
1
Rad. 50001-33-33-008-2019-00073-00/01.
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8. Como fundamento de su decisión, indicó que de conformidad con la
sentencia de unificación proferida el 12 de abril de 2018 por la Sección Segunda de
esta Corporación2, el estudio del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
por la muerte de un soldado regular durante la prestación del servicio militar
obligatorio en simple actividad y con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de
1993, se debía tener en cuenta el régimen general allí previsto.
9. Luego, indicó que pese a que, en el caso concreto, la muerte del soldado
regular ocurrió en misión del servicio –causa diversa a la prevista en la sentencia
de unificación aludida–, lo cierto era que, por analogía resultaba aplicable el criterio
plasmado en la providencia del 12 de abril de 2018, pues respecto a esta hipótesis
–misión del servicio–, también existe vacío normativo, el cual puede ser superado
bajo el estudio de la prestación con fundamento en el régimen general contemplado
en la Ley 100 de 1993.
10. Así, de acuerdo con los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, para el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes se requiere como mínimo demostrar
lo siguiente: i) una cotización y/o afiliación del causante de 50 semanas durante los
últimos 3 años anteriores al fallecimiento; ii) el parentesco, es decir que a falta de
cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, tendrían
derecho a la prestación, los padres del causante; y iii) la dependencia económica.
11. En el caso concreto, el juez de primera instancia encontró que el señor
Wilmer Enrique Rodríguez solo estuvo afiliado al sistema de seguridad social por
21,14 semanas.
12. Así las cosas, la autoridad judicial de primer grado consideró que el aludido
tiempo resultaba inferior al establecido en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 para
ser beneficiario de la pensión de sobreviviente, razón por la que el acto
administrativo acusado se encontraba ajustado a la legalidad, pues la demandante
no acreditó una afiliación del causante igual o superior a 50 semanas.
13. Contra la anterior decisión, la accionante presentó recurso de apelación. El
conocimiento de la alzada le correspondió al Tribunal Administrativo del Meta – Sala
de Decisión Uno, que en sentencia del 22 de septiembre de 2022 decidió confirmar
el fallo de primer grado.
2
En aquella oportunidad, la Sección Segunda de esta Corporación fijó como regla que: «con
fundamento en la regla de favorabilidad contenida en el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, los
beneficiarios de las personas vinculadas a las Fuerzas Militares, en cumplimiento de la obligación
constitucional de prestar el servicio militar que fallezcan simplemente en actividad y con posterioridad
a la vigencia de la Ley 100 de 1993, pueden beneficiarse de la pensión de sobrevivientes prevista
en el régimen general contenido en la Ley 100 de 1993, artículos 46, 47 y 48, el cual deberá aplicarse
en su integridad para efectos del reconocimiento de la prestación, esto es, lo relativo al monto de la
pensión, el ingreso base de liquidación y el orden de beneficiarios». Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación del 12 de abril de 2018. Rad.
81001-23-33-000-2014-00012-01.
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14. Como fundamento de su decisión, el juez de segunda instancia señaló que,
en virtud de lo previsto en la sentencia de unificación del 12 de abril de 2018, en el
caso concreto se debía analizar si era procedente o no el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes de acuerdo a los requisitos previstos en la Ley 100 de
1993 para acceder a su pago, los cuales no encontró acreditados en el caso
concreto, pues la accionante no demostró la afiliación del causante por un periodo
igual o superior a las 50 semanas. Por esto, consideró que la decisión de primer
grado debía ser confirmada.
15. La anterior decisión fue notificada el día 26 de septiembre de 2022.
1.4. Fundamentos de la vulneración
16. La accionante alegó que las autoridades judiciales vulneraron sus derechos
fundamentales, por cuanto incurrieron en un «defecto sustancial» por fundar las
decisiones reprochadas en una norma contraria, esto es, el artículo 46 de la Ley
100 de 1993. En concreto, consideró que dicho precepto era inadecuado,
desproporcional y regresivo para el asunto en cuestión.
17. Además de lo anterior, indicó que de acuerdo con la jurisprudencia de esta
Corporación –sin hacer alusión a unas sentencias en particular–, es procedente el
reconocimiento de la sustitución pensional, en lugar de la indemnización
consagrada en el Decreto 2728 de 1968. Esto, por ser contrario al principio de
igualdad.
18. Luego, señaló que no es procedente exigir el requisito mínimo de las 50
semanas previstas en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 por cuanto tal exigencia
resultaba desproporcionada.
19. Al punto, indicó que esta Corporación, en diferentes oportunidades, ha
considerado que para efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a
favor de los familiares de las personas que prestan el servicio militar obligatorio,
solo se debe acreditar que el causante haya estado afiliado al sistema de seguridad
social.
20. También, señaló que la protección del núcleo familiar del causante es la
finalidad del otorgamiento de la pensión de sobrevivientes a los beneficiarios de un
soldado profesional o voluntario muerto en combate y póstumamente ascendido.
Por esto, consideró que se justificaba desde el punto de vista constitucional el
otorgamiento de dicha prestación a los beneficiarios de una persona que ha dado la
vida por la patria, la defensa del territorio y su soberanía.
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21. Por otro lado, trajo a colación un pronunciamiento de la Corte Constitucional3,
en el que se amparó los derechos fundamentales de una madre cuyo hijo falleció
durante la prestación del servicio militar y estuvo afiliado al sistema de seguridad
social solo por 26 semanas, razón por la que era procedente el reconocimiento y
pago a su favor de una pensión de sobrevivientes.
22. Finalmente, solicitó que se inaplicara por inconstitucionalidad, el artículo 46
de la Ley 100 de 1993 y se ordenara el reconocimiento y pago de la pensión de
sobreviviente, por cuanto se trata de una madre sin recursos económicos para
sobrevivir, no se encuentra pensionada y no cuenta con otros ingresos en estos
momentos.
1.5. Trámite de la acción de tutela
23. En auto del 31 de agosto de 2023, el magistrado ponente de la decisión
admitió la acción de tutela y dispuso la notificación del Tribunal Administrativo del
Meta – Sala de Decisión Uno y el Juzgado 8.º Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Villavicencio.
24. Además, ordenó la vinculación como terceros con interés de: i) la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional; y ii) de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.
1.6. Intervenciones e informes
25. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se
presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Ministerio de Defensa Nacional
26. La entidad vinculada rindió informe en el que solicitó que se nieguen las
pretensiones de la acción de tutela por considerarla improcedente. En efecto, señaló
que la accionante no realizó un estudio de los requisitos de procedencia de este
mecanismo constitucional ni tampoco acreditó la presunta vulneración de los
derechos fundamentales de la peticionaria. En punto, indicó que, si bien aquella
mencionó una vulneración de derechos fundamentales, no argumentó ni justificó tal
afirmación.
1.6.2. Tribunal Administrativo del Meta – Sala de Decisión Uno
27. La autoridad judicial accionada rindió informe en el que se remitió a las
consideraciones de la providencia cuestionada y luego indicó que la peticionaria
3
Corte Constitucional, sentencia T-064 de 2022.
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pretende que este mecanismo constitucional sea una tercera instancia dentro del
medio de control en el que se profirieron las decisiones reprochadas.
28. El Juzgado 8º Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio se limitó a
allegar el expediente ordinario.
29. Finalmente, el Ejército Nacional y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado, pese a que fueron notificados, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
30. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por
la señora María Diodelina Osorio contra el Tribunal Administrativo del Meta – Sala
de Decisión Uno y el Juzgado 8.º Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Villavicencio. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Legitimación en la causa
31. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
32. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que la
señora María Diodelina Osorio se encuentra legitimada en la causa por activa. Esto
porque figura como demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho en el que se profirieron las providencias aquí cuestionadas.
33. Por su parte, esta Colegiatura encuentra que el Tribunal Administrativo del
Meta – Sala de Decisión Uno y el Juzgado 8.º Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Villavicencio están legitimados en la causa por pasiva al ser las
autoridades judiciales que profirieron la decisión reprochada en esta oportunidad.
2.3. Previo a hacer alusión a los problemas jurídicos, la Sala considera importante
precisar que, si bien la parte actora censuró las providencias de primera y segunda
instancia proferidas al interior del proceso contencioso administrativo, de proceder
el análisis de fondo del asunto, la Sala hará el estudio del caso, únicamente frente
a la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Meta, por ser esta la que
puso fin a la litis.
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2.4. Problemas jurídicos
34. El primer problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en
determinar si concurren los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela, en especial la exigencia de la inmediatez.
35. De encontrarse superados los mismos, la Sala analizará lo siguiente:
36. ¿El Tribunal Administrativo del Meta – Sala de Decisión Uno vulneró los
derechos fundamentales de la accionante? Lo anterior, con la expedición de la
sentencia del 22 de septiembre de 2022 en el que confirmó la decisión de primer
grado que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho presentada por la tutelante con el fin de obtener el reconocimiento y pago
de una pensión de sobreviviente?
37. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; y (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad,
en especial el de inmediatez.
2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
38. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20124. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema5. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales6.
39. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20147. En esta sentencia se
4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
5
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
6
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
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establecieron seis requisitos generales de procedencia8 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial9.
40. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:
i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
41. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se
intente reabrir el debate de instancia.
8
Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05
de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de
sentencias de tutela.
9
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.
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42. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
43. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar sí en el caso concreto
concurre el requisito de procedibilidad de inmediatez y, solo en el caso de
encontrarlo superado, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos
aludidos.
2.6. Análisis sobre el requisito general de inmediatez
44. Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe
ejercerse en un plazo razonable10, el cual debe ser ponderado por el juez en cada
caso, pues de lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el
constituyente y se desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual,
inmediato y efectivo11.
45. De acuerdo con lo anterior, esta Sección12 ha considerado como plazo
prudencial el de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador –el cual
es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada- que da lugar a la solicitud de
protección y la presentación de esta, y cuando este es excesivo se declara su
improcedencia.
46. No obstante, se analiza en cada caso concreto si median razones suficientes
que justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar al fondo del
debate jurídico planteado.
47. En relación con aquellas circunstancias que justifican el retardo para
promover la acción de tutela en un término razonable, la Corte Constitucional en
sentencia T-256 de 201513, cuya tesis es acogida por esta Sala como criterio
auxiliar, indicó que la acción de tutela será procedente “cuando fuere promovida en
un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que: i) exista
un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado de
indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre
otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de
10
Dicho criterio fue expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 05.08.14,
Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios, M.P. Jorge Octavio Ramírez- Así mismo, reiterado entre otras en: Consejo
de Estado, Sección Quinta, Sentencia 26.02.15, Rad. 11001-03-15-000-2015-00045-00, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 15.10.15, Rad. 11001-03-15-
000- 2015-01605-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
11
Corte Constitucional, Sentencia T-290 de 2011.
12
Ver, entre otras, Sentencia 18.04.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P. Susana
Buitrago Valencia; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01891-01, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-01, M.P. Alberto Yepes
Barreiro; Sentencia 21.09.16, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
13
Corte Constitucional, Sentencia T-256 de 2015.
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terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv)
cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a
que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela,
la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa
y es actual”14.
48. En el caso concreto, la Sala advierte que la parte actora cuestiona el fallo
proferido el 22 de septiembre de 2022 en el que confirmó la decisión de primer grado
que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
presentada por la tutelante. Esta decisión fue notificada mediante mensaje de datos
el día 26 de septiembre de 2022 al correo de quien figuraba como apoderado
judicial del demandante como se observa en el siguiente gráfico:
49. Ahora, en aplicación del inciso tercero del artículo 8º de la Ley 2213 de
15
2022 , la Sala entenderá que la notificación de la sentencia cuestionada se surtió
14
Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de
2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.
15
Por medio de la cual se estableció la vigencia permanente del Decreto 806 de 2020.
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Demandante: María Diodelina Osorio
Demandados: Tribunal Administrativo del Meta – Sala de
Decisión Uno y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04714-00
debidamente el 28 de septiembre de 2022. Luego la decisión quedó ejecutoriada16
el 3 de octubre de 2022.
50. Sin embargo, la radicación de la tutela ocurrió el 28 de agosto de 2023, es
decir, luego de transcurridos más de 10 meses entre la ejecutoria de la sentencia
reprochada y el ejercicio de este mecanismo constitucional, lo cual implica que se
promoviera por fuera del término razonable que la jurisprudencia de esta Sección
del Consejo de Estado ha considerado.
51. Finalmente, la Sección nota que la parte actora no demostró ninguna
condición especial que pueda ser analizada por este juez de tutela para establecer
si es procedente flexibilizar el requisito de procedibilidad de la inmediatez para
superarlo y estudiar la presunta vulneración de sus garantías fundamentales. En
punto, la Sala encuentra que la accionante goza del sistema de salud bajo el
régimen subsidiado17, no está acreditado que se encuentre en una condición de
pobreza extrema18 ni tampoco se trata de un sujeto de especial protección
constitucional.
52. Planteado así el asunto, para la Sala no concurre alguna de las
circunstancias que justifiquen el retardo de los usuarios de la administración de
justicia para acudir a alegar en sede de acción de tutela la trasgresión de sus
garantías fundamentales.
53. De conformidad con lo anterior, esta Sección declarará improcedente el
amparo constitucional. Esto por cuanto no se encuentra superado el requisito
general de procedibilidad de inmediatez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
III. FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo presentada por la
señora María Diodelina Osorio al no encontrar acreditado el presupuesto de la
inmediatez.
16
Ley 1564 de 2012. Artículo 302. Ejecutoria: Las providencias proferidas en audiencia adquieren
ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos. No obstante,
cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una
vez resuelta la solicitud. Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres
(3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse
interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que
resuelva los interpuestos.
17
Según consulta realizada al ADRES.
18
Según el certificado del SISBEN adjunto al escrito de tutela se videncia que la señora María
Diodelina Osorio se encuentra en el grupo de Sisbén IV – vulnerable.
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Demandados: Tribunal Administrativo del Meta – Sala de
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con
lo establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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