Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04720-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-04720-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04720-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-04720-00
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
2 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá, D.C., dos (02) de octubre de dos mil veintitrés (2023).
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04720-00
Actor: MERY LUCY CRUZ MARTÍNEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA)
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Presupuestos
de procedencia / DEFECTO FÁCTICO - No se configura en este caso.
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela
instaurada por la señora Mery Lucy Cruz Martínez1, de conformidad con el Decreto
333 de 2021.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
El 29 de agosto de 2023, la señora Mery Lucy Cruz Martínez, por conducto de
apoderado judicial, instauró demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Boyacá, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso
y a la igualdad.
2. Los hechos que dieron lugar a la demanda de tutela
2.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la
señora Mery Lucy Cruz Martínez solicitó la nulidad del acto administrativo que
1
Que ingresó para fallo el 12 de septiembre de 2023.
Radicación: 110010315000202304720 00
Accionante: Mery Lucy Cruz Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera
instancia)
negó el reconocimiento de la inclusión del sobresueldo del 20% devengado en el
año inmediatamente anterior a que adquiriera su estatus de pensionada.
2.2. Mediante sentencia del 9 de mayo de 2019, el Juzgado 1º Administrativo del
Circuito Judicial de Sogamoso accedió a las súplicas de la demanda.
2.3. A instancias del recurso de apelación interpuesto por la UGPP, en providencia
del 11 de agosto de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá revocó la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda.
3. Fundamentos de la demanda de tutela
La parte actora alegó que se incurrió en un defecto fáctico, toda vez que la
autoridad judicial accionada inobservó el material probatorio obrante en el
expediente “ya que solo le da valor probatorio y determina que el DOCUMENTO
IDÓNEO es el CERTIFCADO DE FACTORES SALARIALES EXPEDIDO POR LA
ENTIDAD NOMINADORA”, desconociendo los documentos expedidos por el
Juzgado 2 Laboral del Circuito de Tunja.
4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela
4.1. Mediante auto del 30 de agosto de 2023, se admitió la demanda de tutela, se
ordenó notificar a la autoridad judicial accionada y se vinculó a la UGPP como
tercero interesado en el proceso.
4.2. El Tribunal Administrativo de Boyacá solicitó que se declarara improcedente la
solicitud de amparo por ausencia de relevancia constitucional, toda vez que lo
pretendido por la parte actora es acudir al mecanismo constitucional como una
instancia adicional para controvertir la decisión adoptada por el juez natural de la
causa.
Adicionalmente, precisó que la negativa de las pretensiones obedeció al hecho
que la parte actora “no aportó documento idóneo en virtud del cual acreditara que
durante el año anterior a la época en que alcanzó el estatus de pensionada
devengó el sobresueldo del 20%, lo anterior, en los términos establecidos en el
2
Radicación: 110010315000202304720 00
Accionante: Mery Lucy Cruz Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera
instancia)
artículo 7 de la Ley 50 de 1886 y bajo los parámetros de los artículos 4 de la Ley 4
de 1966 y 5 del Decreto 1746 de 1966”.
En línea con lo anterior, sostuvo que la referida normativa “a manera de tarifa legal
como excepción a la regla de la sana crítica, calificó la forma en que se debían
probar los hechos relevantes para el reconocimiento de pensiones, entre otros, se
insiste, salarios devengados, con certificado expedido por el Jefe de Personal de
la entidad empleadora”, mientras que la certificación emitida por el Juzgado 2
Laboral del Circuito de Tunja respecto del proceso ejecutivo promovido por la
señora Cruz Martínez “reflejaba solamente la existencia de ese trámite y su
devenir”.
4.3. La UGPP guardó silencio.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
La parte actora alegó que se configuró un defecto fáctico, toda vez que la
autoridad judicial accionada no valoró los documentos expedidos por el Juzgado 2
Laboral del Circuito de Tunja; que sostuvo que no se allegó el “documento idóneo”
para acreditar que percibió el factor salarial de sobresueldo durante el año
inmediatamente anterior a adquirir el status pensional.
Sobre el particular, la autoridad judicial accionada, en la sentencia del 11 de
agosto de 2023, se pronunció en los siguientes términos (transcripción literal):
56. La Sala advierte que en forma pacífica y unificada el Consejo de Estado
ha expuesto que la pensión gracia, dada su especial regulación (i) se liquida
con promedio de todos los factores salariales devengados en el año
inmediatamente anterior a la consolidación de su status pensional; y (ii) no
puede ser reliquidada con valores percibidos con posterioridad a la
adquisición del derecho, pues tal condición, vulnera las normas especiales
que rigen la materia.
57. Ahora, desde el punto de vista probatorio, la liquidación de la pensión
gracia, está atado a que el aspirante demuestre que devengó el factor salarial
que pretende se incluya en la mesada final, debiéndose acreditar que durante
el año anterior al status percibió tal emolumento, a través del medio de prueba
conducente.
58. En principio, tal cuestión, puede ser acreditada mediante cualquier medio
probatorio conforme con el Capítulo IX de la Ley 1437 de 2011, en
concordancia con el artículo 165 del Código General del Proceso.
3
Radicación: 110010315000202304720 00
Accionante: Mery Lucy Cruz Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera
instancia)
59. No obstante, esa libertad probatoria en el caso de los haberes salariales
que deben hacer parte de la pensión gracia, se limita conforme con lo previsto
en el artículo 7° de la Ley 50 de 1886 “Que fija reglas sobre concesión de
pensiones y jubilación”, en donde establece:
‘Art. 7°. No es admisible la prueba testimonial para comprobar hechos
que debe constar por documentos o por pruebas preestablecidas por las
leyes. Así los servicios de un militar, los cuales deben comprobarse con
su hoja de servicios debidamente formada y calificada; los empleos que
haya tenido un ciudadano, los cuales deben constar de los respectivos
nombramientos; los servicios de un individuo, que deben constar en los
actos oficiales que ejecutara y de que debió quedar prueba escrita; y
todos los hechos de la misma naturaleza, deben probarse con los
respectivos documentos o sus copias auténticas.’
60. Así, lo atinente a los hechos relacionados con el servicio prestado por un
individuo y los actos de la misma naturaleza, incluyendo los factores salariales
devengados deben ser acreditados a través de la certificación expedida por la
entidad respectiva (jefe de personal) o con los actos administrativos
expedidos por el respectivo pagador.
61. Si bien, tal disposición normativa es antigua, lo cierto es que, no se ha
modificado o derogado tácitamente por el Código de Procedimiento Civil,
actualmente el Código General del Proceso.
62. Adicionalmente, la Ley 50 de 1886, regula de manera especial lo relativo a
los requisitos que deben acreditarse para el reconocimiento de las pensiones,
por lo que, dicha disposición normativa prima sobre la general en virtud del
criterio de especialidad, que implica que: “no se está propiamente ante una
antinomia, en razón a que se entiende que la norma general se aplica a todos
los campos con excepción de aquél que es regulado por la norma especial,
con lo cual las mismas difieren en su ámbito de aplicación” (sentencia C-439
de 2016).
63. En ese orden, en sede administrativa o judicial, en la medida en que las
dos disposiciones refieren a cómo se demuestra una circunstancia relevante
para el reconocimiento del derecho pretendido, pues, de un lado, está la regla
general de la libertad probatoria (C.G.P.) y de otra parte, la de la tarifa legal
aplicable a la forma de acreditar los factores salariales que han de hacer parte
de la pensión gracia (Ley 50 de 1886), debe en todo caso, aplicarse lo
previsto en el artículo 176 del C.G.P. cuando define que la apreciación de las
pruebas se hará conforme a las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de la
solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de
ciertos actos.
64. El referido precepto normativo, establece en forma implícita la tarifa legal
aplicable a los asuntos en que la norma sustancial así lo exija, como una
limitación a la libertad probatoria, dentro de los cuales se encuentra la
acreditación de los actos que por su naturaleza contribuyen a la formación de
las pensiones, como sería el caso de los factores salariales a ser incluidos en
la liquidación de las mismas.
65. Tal postura, ha sido avalada y explicada por el Consejo de Estado, así en
la sentencia del 16 de julio del 2002, consideró que ‘la ley 50 de 1886 regula
las eventualidades en las cuales los hechos que deben ser demostrados
mediante prueba documental, puedan ser objeto de prueba supletoria en
forma excepcional’, no encontrándose dentro de tales supuestos, la
demostración de los requisitos necesarios para el reconocimiento pensional.
4
Radicación: 110010315000202304720 00
Accionante: Mery Lucy Cruz Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera
instancia)
66. En igual sentido, la Corte Constitucional en la sentencia T-779 de 2014,
analizó el procedimiento a seguir cuando no obra prueba idónea para
acreditar los requisitos necesarios para la formación de las pensiones, en tal
oportunidad precisó que, el artículo 8 de la Ley 50 de 1886 establece que a
falta de prueba principal es procedente recurrir a las pruebas supletorias, que
corresponden a las sucedáneas para comprobar el hecho.
(…).
68. En virtud de lo anterior, la Ley 50 de 1886, definió que los requisitos
necesarios para la formación de las pensiones deben acreditarse a través de
los medios probatorios idóneos, es decir, conforme con los documentos
expedidos por la entidad nominadora.
69. Sin embargo, en los eventos en que por circunstancias excepcionales no
sea posible el recaudo de las pruebas autorizadas por el legislador, el
particular está habilitado para acudir a las pruebas supletorias, a través de las
cuales sea posible demostrar la existencia de los hechos, siempre que las
mismas sean expedidas por la propia entidad.
70. Así, será procedente incorporar pruebas sucedáneas a los hechos que se
pretendan demostrar en aras de acreditar los requisitos necesarios para la
formación de las pensiones o de los componentes que conforman la base de
liquidación de las mismas.
71. En igual sentido, y para demostrar lo concerniente a los requisitos para
ser beneficiario de las pensiones, en el evento en que, los archivos que
contienen la información del solicitante no obren en la entidad por destrucción
o deterioro, en virtud de lo previsto en el artículo 126 del CGP., es procedente
acudir al trámite de la reconstrucción de expedientes, el cual debe ser
promovido por el particular interesado.
72. En suma, conforme con lo establecido en el artículo 4° de la Ley 4 de
1966 y el artículo 5° del Decreto 1743 de 1966, la pensión gracia debe
liquidarse con base en los factores salariales devengados durante el año
anterior a la adquisición del status pensional, los cuales deben acreditarse a
través de los medios de prueba definidos por la Ley 50 de 1886 (norma
especial).
73. A falta de los documentos idóneos para tal finalidad, será procedente,
acudir a las pruebas sucedáneas que tengan la virtud de demostrar el hecho,
siempre que las mismas sean expedidas por la propia entidad, y en los casos
en donde por razones excepcionales como destrucción o deterioro de los
archivos éstas no existan, el particular interesado está habilitado para solicitar
la reconstrucción de los expedientes.
74. Conforme con lo expuesto, los factores salariales que deben hacer parte
de la pensión gracia deben demostrarse mediante los documentos idóneos,
como sería la certificación expedida por el pagador o jefe de personal de la
entidad pública.
5. Caso concreto
75. Con el fin de atender el interrogante planteado, se torna necesario en
primer lugar, atender a lo probado en el proceso.
76. El acervo probatorio se encuentra conformado por las documentales
recaudadas en su integridad en primera instancia, dado que obran en copia
5
Radicación: 110010315000202304720 00
Accionante: Mery Lucy Cruz Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera
instancia)
simple, en virtud de lo dispuesto en el artículo 246 del CGP., y de conformidad
con el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado, al no haber sido objeto
de tacha revisten pleno valor probatorio.
77. De ese modo, la Sala encuentra que revisten relevancia para el debate en
segunda instancia, los siguientes medios de prueba:
78. Que la señora Mery Lucy Cruz Martínez, nació el 17 de febrero de 1958
(Ver Cd que contiene el expediente administrativo, archivo 4).
79. Que mediante Resolución No. 51096 del 09 de octubre de 2008, la Caja
Nacional de Previsión Social EICE reconoció y ordenó el pago de la pensión
gracia a la demandante, bajo los parámetros de la Ley 114 de 1913, Ley 4 de
1966, Decretos 1743 de 1966 y 01 de 1984 (folios 36 a 38).
80. La señora Mery Lucy Cruz Martínez, adelantó proceso ejecutivo laboral
que cursó en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Tunja, Despacho
que certificó que, en auto del 19 de junio de 2007, se libró mandamiento
ejecutivo para obtener el pago del sobresueldo del 20%, durante el periodo
comprendido entre el 1° de enero del 2004 hasta cuando se verifique el pago
total de la obligación, por los intereses moratorios y las costas del proceso
(Folio 14).
81. El tesorero General del departamento de Boyacá en certificación expedida
el 06 de enero del 2016, precisó que, en virtud del proceso ejecutivo laboral
con radicado 2007-0176, fueron pagados a la demandante los rubros
correspondientes a capital, intereses y costas respecto del cobro forzado del
sobresueldo del 20% en el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2004
hasta el 30 de noviembre de 2007 (fl 24).
82. Por otro lado, se evidencia que la demandante, el 2 de julio de 2015
solicitó a la entidad demandada UGPP, el reconocimiento, reliquidación y
pago de la pensión gracia con la inclusión del sobresueldo del 20% como
factor salarial para ser tenido en cuenta dentro del año base de liquidación del
status de pensionada (Folios 10 a 12).
83. La entidad demandada UGPP, a través de Resolución No. RDP 031695
del 29 de agosto de 2016, negó la reliquidación de la pensión gracia en los
términos solicitados por la señora Mery Cruz Martínez, al considerar que la
demandante no demostró haber devengado el sobresueldo del 20% a través
de la certificación expedida por la entidad competente (Folio26 y 27).
84. La interesada presentó recurso de apelación contra la Resolución No.
RDP 031695 del 29 de agosto de 20156(Folios 28 a 32).
85. El recurso fue resuelto en forma negativa a través de la Resolución No.
RDP 047424 del 16 de diciembre del 2016 (Folios 34 y 35).
86. En el caso objeto de estudio, se encuentra probado y no es tema en
discusión, que la docente Mery Lucy Cruz Martínez, acreditó los requisitos
exigidos para ser acreedora de una pensión gracia, pues cumplió con 50 años
de edad el 17 de febrero de 2008, fecha en la cual ya contaba con 20 años de
servicio en la docencia en el departamento de Boyacá. Así, el último año de
servicio anterior al status pensional es el comprendido entre el 18 de febrero
del 2007 y el 17 de febrero de 2008.
87. Ahora bien, la extinta Caja Nacional de Previsión Social EICE, reconoció
el derecho pensional a la demandante, través de la Resolución No. 51096 del
6
Radicación: 110010315000202304720 00
Accionante: Mery Lucy Cruz Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera
instancia)
09 de octubre de 2008, equivalente al 75%, sobre el salario promedio de 12
meses inmediatamente anterior a la fecha de consolidación del status
pensional, incluyendo la asignación básica, prima de navidad, prima de
vacaciones, prima de alimentación, auxilio de movilización, prima de grado y
prima rural, con efectividad a partir del 17 de febrero de 2008 (Fls 36 a 38).
88. De acuerdo a la certificación expedida por la profesional de historias
laborales de la Gobernación de Boyacá, en donde allegó el certificado de
salarios y devengados se observa que la demandante estaba en propiedad,
con régimen nacionalizado y para el mes de febrero de 2007 a febrero de
2008 devengó asignación básica, auxilio de movilización, prima de
alimentación, prima de grado, prima rural del 10%, prima de vacaciones y
prima de navidad, según consta a folios 85 a 88.
89. La Sala recuerda que la impugnación de la entidad demandada UGPP se
fundamentó en que, la demandante no acreditó a través de la prueba idónea
que devengó el sobresueldo del 20%, pues ello no es procedente a partir de
la certificación expedida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Tunja, en el cual se demostró que en tal Despacho cursó un proceso ejecutivo
para obtener el pago forzado de tal factor salarial.
90. Consideró que, la prueba que tiene la idoneidad para demostrar que la
demandante percibió el factor salarial que pretende se incluya en la base
prestacional, es la certificación expedida por la entidad nominadora.
91. Indicó además que, el sobresueldo del 20% se reconoció en virtud de
ordenanzas que fueron derogadas y por ello, su reconocimiento y pago
carece de legalidad.
92. Sobre el primer argumento, la Sala advierte que, conforme a la
documental allegada al expediente, no se acreditó que la demandante
devengó el aludido sobresueldo durante el año anterior al status, pues no se
aportó documento idóneo que así lo demostrara, para el efecto, sería la
certificación de factores salariales en la que se demostrara que había
devengado el sobresueldo del 20%, la cual debía ser expedida por el
representante Legal del ente territorial y/o pagador de la entidad, sin embargo,
en dicho documento no se evidencia que la actora haya devengado el
sobresueldo del 20%, pues tan sólo se observa que fue devengado hasta el
año 2009, tal y como se evidencia en el certificado de salarios y devengados
expedido por la Secretaria de Educación de Boyacá. Archivo en formato PDF
denominado CC24148367, folios 62 a 68, obrante en el CD visible a folio 110
del expediente.
93. Lo anterior, por cuanto, fundamentó su solicitud en la certificación
expedida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Tunja, en la que se
indicó que, la demandante adelantó un proceso ejecutivo bajo el radicado
2008-295 para obtener el pago forzado del sobresueldo del 20%, y que, a
través del auto del 19 de junio del 2007, se libró mandamiento ejecutivo por
tal concepto, para que le fuera pagado lo correspondiente al período
comprendido entre el 1° de enero de 2004 y hasta cuando se verifique el pago
total de la obligación, por los intereses moratorios y las costas del proceso.
94. Es así que, la referida providencia libró mandamiento de pago por los
valores que el Despacho referido consideró ajustados a derecho; sin
embargo, tal decisión no tiene la suficiencia para demostrar que la señora
Mery Lucy Cruz Martínez, devengó el sobresueldo que pretende incorporar a
su pensión gracia, dado que, tal cuestión debe ser demostrada a través de los
medios de prueba establecidos en la Ley 50 de 1886, para el presente caso,
7
Radicación: 110010315000202304720 00
Accionante: Mery Lucy Cruz Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera
instancia)
la parte demandante debía haber allegado la certificación de factores
salariales expedido por la persona competente, en donde se demostrará que
en efecto, había devengado para el año inmediatamente anterior a la
adquisición del status el factor salarial del sobresueldo del 20%.
95. En tal virtud, no se acreditó el presupuesto necesario para derivar del
mismo el reconocimiento de la reliquidación de la pensión gracia, al no
demostrarse mediante documento idóneo que la demandante devengó el
sobresueldo del 20% durante el año anterior al status pensional.
Una vez revisada la anterior providencia, se tiene que el razonamiento efectuado
por la autoridad judicial accionada en modo alguno se torna arbitrario o abrupto;
contrario a lo expuesto en la demanda de tutela, sí se analizaron los documentos
que echa de menos la parte actora, al señalar, en ejercicio de la autonomía
funcional que caracteriza la actividad de los jueces, que las providencias
proferidas en el proceso ejecutivo adelantado ante el Juzgado 2 Laboral del
Circuito de Tunja no tenían la virtualidad de acreditar, en los términos del artículo 7
de la Ley 50 de 1896, que la señora Cruz Martínez devengó el factor salarial de
sobresueldo en el año anterior a adquirir su estatus pensional.
En ese sentido, la Sala observa que, efectivamente en la providencia del 11 de
agosto de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá hizo referencia a las pruebas
allegadas al proceso y consideró que la parte actora no cumplió con la carga de
acreditar que devengó el referido factor salarial, con el propósito de que fuese
tenido en cuenta para reliquidar su pensión gracia.
Para la Sala, es el claro propósito de la parte actora de reabrir el debate, por no
estar de acuerdo con la valoración probatoria efectuada por la autoridad
accionada, desconociendo que, como lo ha señalado la Corte Constitucional, “la
acción de tutela contra providencias judiciales es concebida como un ‘juicio de
validez’ y no como un ‘juicio de corrección’ del fallo cuestionado, lo que se opone a
que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los
asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho legislado, que dieron
origen a la controversia, más aun cuando las partes cuentan con los recursos
judiciales, tanto ordinarios como extraordinarios para combatir las decisiones que
estiman arbitrarias o que son incompatibles con la Carta Política”2.
Con base en lo expuesto, se negará el amparo solicitado, toda vez que la
2
Corte Constitucional, sentencia T-327 de 2015, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
8
Radicación: 110010315000202304720 00
Accionante: Mery Lucy Cruz Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera
instancia)
sentencia cuestionada devino de un análisis con una carga argumentativa válida y
razonable, propia de la autonomía del operador judicial frente a la apreciación de
las pruebas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
9
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.