Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04724-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04724-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-04724-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
15 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202304724-01
Actora: Beatriz Medina Torres
Demandados: Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y otro1
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del
requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) igualdad
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de
tutela de 27 de noviembre de 2023 proferida por la Subsección B Sección Tercera
del Consejo de Estado, por medio de la cual declaró improcedente la solicitud de
tutela.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
1 Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Pasto y el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto.
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Núm. único de radicación: 110010315000202304724-01
Actora: Beatriz Medina Torres
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, a través de apoderado, presentó acción de tutela contra la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y
el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Bogotá, porque, a su juicio: i) el
Tribunal, al proferir el auto de 9 de noviembre de 2022; y ii) el Juzgado, al proferir el
auto de 17 de agosto de 2021, en el proceso ejecutivo identificado con el número
único de radicación 11001-33-35-007-2017-00032-02: vulneraron sus derechos
fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, la actora presentó demanda ejecutiva contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, con el objeto de que se librara mandamiento de pago en
su favor y en contra de la demandada, por el valor de $16.928.985, por concepto de
intereses moratorios causados entre el 4 de febrero de 2009 y el 31 de diciembre
de 2011, derivados de lo resuelto en la sentencia de 21 de enero de 2009 proferida
por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Bogotá. De igual manera,
solicitó que la suma a reconocerse se indexara a partir del 1 de febrero de 2012
(fecha de inclusión en nómina como pensionada).
4. Indicó que, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Bogotá,
mediante auto de 2 de marzo de 2017, libró mandamiento de pago por la suma
solicitada en la demanda ejecutiva.
5. Sostuvo que, la UGPP, en su calidad de demandada, propuso la excepción
de pago, frente a lo cual el Juzgado, el 30 de septiembre de 2017, celebró audiencia
inicial, en la que además profirió sentencia, declaró no probada la excepción
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Actora: Beatriz Medina Torres
alegada por la UGPP, ordenó seguir adelante con la ejecución y ordenó que se
practicara la liquidación del crédito.
6. Manifestó que, la UGPP apeló la sentencia mencionada supra y la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante sentencia de 13 de junio de 2018, modificó la orden de seguir adelante
con la ejecución, en el sentido de indicar que correspondía a los intereses
moratorios causados entre el 13 de febrero de 2009 y el 31 de diciembre de 2011,
y confirmó en lo demás lo resuelto por el Juzgado.
7. Expresó que, el 30 de enero de 2019, la parte demandante presentó la
liquidación del crédito por un valor de $18.750.919.
8. Indicó que, el 18 de diciembre de 2019, el Juzgado modificó la liquidación del
crédito presentada por la parte ejecutante y aprobó una liquidación que realizó ese
despacho judicial por la suma de $16.397.018.
9. Señaló que, la UGPP expidió la Resolución núm. 2168 de 29 de enero de
2020, a través de la que, en cumplimiento de la sentencia proferida por el Juzgado,
ordenó la reliquidación de la pensión de Beatriz Medina Torres y el pago de
$16.397.018, en su favor.
10. Manifestó que, el 17 de agosto de 2021, el Juzgado profirió un auto a través
del cual indicó que, la liquidación del crédito realizada a través del auto de 18 de
diciembre de 2019, había tomado un capital que no correspondía para calcular los
intereses moratorios reclamados y, en esa medida, dejó sin efectos el trámite
impartido al proceso ejecutivo desde el 18 de diciembre de 2019 y aprobó una nueva
liquidación del crédito efectuada por ese despacho, por la suma de $10.967.953.
11. Sostuvo que, la parte ejecutante apeló esa decisión y la Subsección C de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto de
9 de noviembre de 2022, revocó el auto de 17 de agosto de 2021 y, en su lugar,
declaró la nulidad de lo actuado desde el auto de 18 de diciembre de 2019, por la
configuración de la causal prevista en el numeral 2 del artículo 133 del Código
General del Proceso.
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Actora: Beatriz Medina Torres
12. Expresó que, el 30 de junio de 2023, el Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Bogotá, en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, modificó la liquidación del crédito presentada por parte
ejecutante y aprobó una liquidación del crédito elaborada por ese despacho judicial
en cuantía de $10.140.172. en favor de Beatriz Medina Torres.
13. Indicó que, contra el auto de 30 de junio de 2023, se presentó recurso de
apelación, el cual actualmente se encuentra en trámite ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
La solicitud de tutela
Pretensiones
14. La actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] 1. AMPARAR el derecho al DEBIDO PROCESO Y los principios de CONFIANZA
LEGITIMA, LEGALIDAD, IGUALDAD, BUENA FE Y SEGURIDAD JURÍDICA, de la
señora BEATRIZ MEDINA TORRES.
2. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA- SECCIÓN
SEGUNDA – SUBSECCIÓN “C”, en amparo a los derechos enunciados, revocar la
providencia proferida el 09 de noviembre de 2022, que REVOCÓ el auto adiado 17
de agosto de 2021 y DECLARÓ de oficio la nulidad de todo lo actuado desde el auto
del 18 de diciembre de 2019 y, en consecuencia, se ordene Revocar el auto de fecha
17 de agosto de 2021 y dejar en firme la liquidación del crédito de fecha 18 de
diciembre de 2019.
3. Las demás que este Honorable Despacho considere para proteger los derechos
aquí tutelados.[…]”.
15. Como fundamento de su solicitud, la actora señaló lo siguiente:
“[…] El legislador instituyó el proceso ejecutivo como un mecanismo judicial
encaminado a hacer efectivo el cumplimiento de una obligación clara, expresa y
actualmente exigible, que se encuentre contenida en un título ejecutivo. Bajo este
entendido, el cumplimiento de la obligación deviene imperativo y no requiere declarar
la existencia del derecho, pues este ya ha sido constituido en un título valor, contrato
o decisión judicial, que para el presente caso el título ejecutivo es el fallo judicial
proferido en la demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, objeto del
presente proceso.
Es preciso indicar que el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, en la providencia del 17 de agosto de 2021, consideró pertinente reabrir el
debate zanjado el 18 de diciembre de 2019, con fundamento en una errada
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Actora: Beatriz Medina Torres
interpretación dada a la decisión tomada por la sección segunda- Subsección A del
H. Consejo de Estado, de fecha 28 de noviembre de 2018, en la cual se explicó que
« el juez tiene la facultad de modificar el mandamiento de pago, en razón a que el
mismo no se convierte en una situación inamovible para el juez, pues con
posterioridad a la expedición de esta providencia es posible variar el monto de las
sumas adeudadas con el fin de adoptar una decisión que se ajuste a la realidad
procesal », sin embargo, no tuvo en cuenta que la postura citada hacía referencia al
mandamiento de pago y las decisiones previas a la aprobación de la liquidación del
crédito, de modo tal que, no resultaba aplicable al asunto objeto de estudio, ni
guardaba conexidad alguna con la etapa procesal en la que el caso se encontraba,
que no era otra distinta a su “finalización”, toda vez que ya existía aprobación de
liquidación de crédito, resoluciones de pago y un título judicial que se encontraba a la
espera de ser entregado como pago total de la obligación. […]”.
[…]
“[…] Es menester resaltar que, si bien es cierto la señora BEATRIZ MEDINA,
presentó la liquidación de crédito, también lo es, que el despacho hizo una revisión
de la misma y no fue aprobada, en su lugar, el despacho judicial optó por hacer su
propia liquidación y aprobarla. […]”.
[…]
“[…] Ahora, si bien en algunos casos se admite como válido volver sobre etapas o
aspectos ya definidos, lo cierto es que ello ocurre cuando se constatan
circunstancias que verdaderamente lo justifican. Por ejemplo, cuando en el trámite
del proceso se evidencia que hubo vulneración al debido proceso de alguna de las
partes, situación que no se adecúa al caso y ello se infiere puesto que ninguna de
las partes interesadas manifestó oposición. […]”.
[…]
“[…] En ese orden de ideas se vulnera el derecho a la igualdad, cuando el juez
pese a realizar el respectivo control de legalidad en cada etapa procesal,
arbitrariamente decide reabrir un debate que ya fue zanjado y sobre el cual no
existió oposición alguna de las partes que intervinieron en el proceso, a fin de
corregir (en su sentir) decisiones que ya se encontraban en firme, así mismo, se
violenta el debido proceso ya que se cercenan las garantías de obtener una suma
determinada a ser pagada por parte de la entidad demandada a favor de quien tuvo
que iniciar el proceso judicial con ocasión al incumplimiento de la entidad, pese a
la preexistencia de un fallo judicial que debía acatar y que no lo hizo; violenta de
igual manera el derecho a la igualdad al dejar abierta la posibilidad de que la
entidad demandada interponga los recursos pertinente, cuando en principio no lo
había hecho pudiendo oponerse en su momento procesal, situación que deja en
desventaja y violenta los derechos de la parte demandante quien ha tenido que
esperar más de 6 años para el pago efectivo de un fallo judicial, de modo tal, que
el Despacho debe obrar de manera que se materialicen los principios de eficacia y
celeridad procesal. […]”.
Actuación
16. El Despacho sustanciador de la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, mediante auto de 31 de agosto de 2023: i) admitió la acción de
tutela; ii) ordenó notificar a las autoridades judiciales demandadas, y iii) vinculó, en
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calidad de tercero con interés legítimo, a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP,
concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el
particular.
Intervención de la demandada y del tercero con interés legítimo
17. La Subsección C de la Sección Segunda Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó negar el amparo pretendido, al considerar que:
“[…] Con todo respeto, me opongo a los argumentos de la tutela incoada, pues la
decisión proferida mediante auto de fecha nueve (09) de noviembre de dos mil
veintidós (2022), que revocó el auto adiado diecisiete (17) de agosto de (2021),
proferido por el Juzgado Séptimo (7o) Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, y en
su lugar se declaró de oficio la nulidad de todo lo actuado desde el auto adiado 18 de
diciembre de 2019 que aprobó la liquidación del crédito inclusive, ordenando a la a
quo, proferir un nuevo auto, liquidando en debida forma el crédito atendiendo a los
estrictos parámetros establecidos en la sentencia proferida por el Tribunal el 13 de
junio de 2018 y en la parte motiva de dicha providencia, no se ha incurrido en vía de
hecho, defecto fáctico o sustantivo, ni mucho menos en violación alguna de los
derechos fundamentales invocados por la accionante, toda vez que, la decisión se
adoptó con fundamento en las normas pertinentes y con la interpretación que a ellas
corresponde.
La decisión referida fue proferida con prevalencia de los principios de la sana crítica
y la buena fe, después de haberse surtido el procedimiento con garantía de igualdad
e imparcialidad de las partes en contienda, y en ella, se encuentran consignados
ampliamente los motivos que llevaron a la Sala a revocar la decisión de decisión del
a quo y declarar la nulidad de lo actuado como quiera que la liquidación del crédito se
efectuó desconociendo los parámetros dados por el superior para la elaboración de
la misma.
Aunado a lo anterior, es menester precisar que en el presente caso no se configuran
los requisitos dispuestos por la Honorable Corte Constitucional, para que la acción de
tutela proceda contra providencias judiciales, sino que, por el contrario, lo que
pretende la parte accionante es revivir el debate surtido en esta Jurisdicción.[…]”.
18. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP solicitó declarar la improcedencia de
la acción de tutela o, en su defecto, negar el amparo de los derechos fundamentales,
por las siguientes razones:
“[…] Bajo este contexto la presente tutela se torna a todas luces improcedente en
razón a su naturaleza de residual, subsidiaria y de inmediatez, y más cuando no se
probó la excepcional de su procedencia contra providencias judiciales por la no
existencia de una vía de hecho, por cuanto como se indicó en precedencia el
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Despacho no se apartó del precedente judicial, sino que luego del análisis del mismo
determinó la tesis más reciente aplicable al caso haciendo que la inconformidad con
la decisión judicial no pueda ser catalogada como tal y menos como violatoria a
derecho alguno.
Así mismo, se puede establecer que la pretensión de la parte accionante en esta
acción constitucional va en contravía a una orden judicial, que ya reguló de manera
expresa la situación por él planteada, por lo que en este aspecto existe cosa juzgada,
lo cual se puede evidenciar al revisar que la solicitud del tutelante ya fue estudiada
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN “C” por la cual se declaró la NULIDAD de lo actuado desde el auto
que aprobó la liquidación del crédito, y lo que ahora pretende es sustituir una decisión
judicial ejecutoriada proferida por la autoridad que resolvió un recurso de apelación
interpuesto por quien acciona.
Aunado a lo señalado en precedencia, se observa que en ningún caso se cumplen
los presupuestos establecidos por la Corte Constitucional en relación con la existencia
de una vía de hecho por el desconocimiento de un precedente judicial, ni los requisitos
para que proceda la tutela contra la decisión adoptada por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN
“C”, ya que el funcionario judicial que la profirió gozaba de competencia, actuó dentro
del procedimiento establecido, no falló sobre normas inaplicables o inexistentes y
tenía el apoyo probatorio que le permitió adoptar su decisión; siendo pertinente
recordar sobre este aspecto que la Corte Constitucional en sentencia T-567 de 1998
precisó que cuando la labor interpretativa realizada por el juez se encuentra
debidamente sustentada y razonada, no es susceptible de ser cuestionada, ni menos
aún de ser calificada como una vía de hecho, y por lo tanto, cuando su decisión sea
impugnada porque una de las partes no comparte la interpretación por él efectuada a
través del mecanismo extraordinario y excepcional de la tutela, ésta es improcedente.
[…]”.
19. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Bogotá solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto, negar el amparo de los
derechos fundamentales, por las siguientes razones:
“[…] El 28 de julio de 2023, el despacho, dispuso no dar trámite al recurso de
reposición elevado por la parte ejecutante, por improcedente; y, concedió el recurso
de apelación en el efecto diferido, el cual fue remitido al superior el 11 de agosto de
2023, y en este momento se encuentra pendiente de decisión por esa Corporación.
En virtud de lo expuesto, respetuosamente considero, que la decisión y las
actuaciones proferidas al interior del proceso ejecutivo No 11001-3335-007-2017-
00032-00, se ajustaron a los preceptos constitucionales y legales, por cuanto era el
que conforme al estudio fáctico, jurídico y probatorio, consideró el Despacho debía
adoptarse en su momento, sin que pueda endilgarse algún tipo de conducta que
afecte o vulnere los derechos fundamentales deprecados por la accionante; máxime,
cuando en el presente asunto se agotaron las instancias respectivas, y se concedió
el recurso de apelación formulado por la parte ejecutante, el cual fue conocido por
esa Corporación, quien consideró que debía declararse la nulidad de todo lo actuado,
desde el auto adiado 18 de diciembre de 2019, que aprobó la liquidación del crédito
inclusive, y ordenó proferir un nuevo auto liquidando en debida forma el crédito,
conforme a los parámetros establecidos, lo cual fue obedecido y cumplido por este
Juzgado, y así se procedió a realizar una nueva liquidación de crédito, decisión contra
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la cual también fue formulado recurso de apelación por la parte ejecutante, que
actualmente se encuentra surtiendo el trámite respectivo ante el H. Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por lo que este Despacho está en espera de dicha
decisión, a fin de hacer entrega del título judicial, por el valor que legalmente
corresponda. […]”.
20. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Bogotá allegó copia digital
del expediente del proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación
11001-33-35-007-2017-00032-02.
La sentencia impugnada
21. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió
sentencia, en primera instancia, el 23 de noviembre de 2023, por medio de la cual
resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por
Beatriz Medina Torres, por las razones expuestas en esta providencia. […]”.
21.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] La Sala se centrará en analizar los reparos invocados respecto del Auto de 9 de
noviembre de 2022 proferido por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo del Cundinamarca, puesto que, pese a que también se enjuició el auto
de primera instancia del Juzgado 7 Administrativo de Bogotá, lo cierto es que, con
ocasión del recurso de apelación, la decisión del tribunal fue la que resolvió el litigio.
Asimismo, ante una eventual decisión favorable a las súplicas de amparo, será la
autoridad que resolvió la controversia en segunda instancia, la encargada de dar
cumplimiento a lo que se ordene.[…]”.
[…]
“[…] La Corte Constitucional ha sostenido que, aunque la acción de tutela no tiene
un término de caducidad, la misma debe presentarse dentro de un “término
razonable y proporcionado”, contado a partir del hecho u omisión generadora de la
vulneración o amenaza de derechos fundamentales, pues, de no ser así, se afectaría
la seguridad jurídica, los derechos de terceros, e incluso, se desnaturalizaría la
acción y, en relación con la acción de tutela contra providencias judiciales, se
comprometería la cosa juzgada y la firmeza de las decisiones judiciales, por lo cual,
según la Corte, aquí, el examen de inmediatez debe ser más estricto.
En ese orden, la Corte Constitucional ha señalado que el estudio y análisis de la
inmediatez se debe efectuar a partir del concepto de razonabilidad, “teniendo en
cuenta las particularidades de cada caso concreto”.
Por su parte, la Sala Plena de esta Corporación, mediante Sentencia de unificación
de 5 de agosto de 20145, estableció, como regla general, que el mecanismo de
amparo debe promoverse en un plazo máximo de 6 meses contados a partir de la
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notificación o ejecutoria de la providencia objeto de reproche constitucional. No
obstante, al igual que la Corte Constitucional, sostuvo que “en cada caso concreto
deberá evaluarse este requisito a fin de que no se desvirtúe la razón de ser de la
acción de tutela”. […]”.
[…]
“[…] De la revisión del escrito de tutela, en contraste con la información reportada en
la página de la Rama Judicial - consulta de procesos y SAMAI, se advirtió que la
misma no se interpuso dentro un plazo razonable, pues, entre la notificación del auto
de 9 de noviembre de 2022 (10/11/20226) y la presentación de la tutela (29/8/2023),
trascurrieron 9 meses y 19 días.
32. Asimismo, la Sala advierte que no se alegó, ni probó alguno de los supuestos
especiales o circunstancias relacionadas en párrafo 30 de esta providencia que
permitan aceptar una interposición después de ese plazo.
33. En gracia de discusión, no puede perderse de vista que, contra la última
liquidación del crédito, esto es, el Auto 30 de junio de 2023, se presentó recurso de
apelación, el cual aún no ha sido resuelto. Esto quiere decir, que, pese a que en esta
acción de tutela se cuestionan las providencias que dejaron sin efectos una primera
liquidación del crédito, lo cierto es que el proceso sigue en curso – trámite y esa
liquidación es lo que precisamente esta aún en discusión ante los jueces de ejecución.
En ese orden, se tiene igualmente que la solicitud de amparo tampoco cumpliría el
requisito de subsidiaridad.
34. Comoquiera que el requisito de inmediatez no se cumplió, la Sala declarará la
improcedencia de la acción de tutela y se abstendrá de emitir pronunciamiento sobre
los demás requisitos generales y específicos de procedibilidad y sobre el fondo del
asunto […]”.
La impugnación
22. El actor impugnó la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, por las siguientes razones:
“[…] Erróneamente el despacho precisa que, no se cumplió con el principio de la
inmediatez, toda vez que no se presentó dentro de “término razonable y
proporcionado”, sin tener de presente que, tenía que transcurrir y dar curso al
proceso a saber, la decisión tanto del juzgado como del Tribunal, y con ello el
accionar de la demandante.
El Magistrado no tuvo en consideración que el auto con el cual cobró firmeza la
decisión, fue calendada el día 14 de marzo de 2023, mediante el cual se resolvió la
solicitud elevada contra el 09 de noviembre de 2022, ya que el Tribunal accionado
le dio trámite al recurso de apelación, como si se tratara de un recurso contra un auto
que aprobó la liquidación del crédito, cuando lo cierto era que el recurso se enfocó
en precisar que no era procedente la expedición de un nuevo auto que aprobara la
liquidación del crédito.
El auto del 14 de marzo de 2023, el cual fue notificado el día 15 de marzo del mismo
año, fecha sobre la cual se empieza a contar la ejecutoria. Y si se toma en
consideración que la acción constitucional fue radicada el 29 de agosto de 2023, se
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evidencia que no transcurrieron más de 6 meses, sino 5 meses y 14 días, el cual es
un término prudencial según la sentencia señalada por el despacho.
Se contradice el Honorable Magistrado que conoce de esta acción, pues inicialmente
indica que se está fuera de un término razonable para interponer la tutela, y por otro
extremo indica que la acción se está tomando como un mecanismo subsidiario,
porque aun no se ha resuelto la apelación de la que conoce el juzgador de segunda
instancia, verbigracia si el Tribunal niega el recurso interpuesto sería más extenso el
término para
Visto lo anterior, no es razonable la apreciación del despacho de declarar
improcedente la acción instaurada, por cuanto quedó demostrado que sí hubo
inmediatez, y a su vez que si se cumple con el requisito de subsidiariedad, se
contradice el Honorable Magistrado que conoció de esta acción, pues inicialmente
indica que se está fuera de un término razonable para interponer la tutela, y por otro
extremo indica que la acción se está tomando como un mecanismo subsidiario,
porque aún no se ha resuelto la apelación de la que conoce el juzgador de segunda
instancia, verbigracia si el Tribunal niega el recurso interpuesto sería más extenso el
término para acudir a este tipo de mecanismo.
Por otro lado, es menester resaltar la tesis de que el término de caducidad y
prescripción en referencia estuvieron suspendidos por el período anotado, ha sido
reiterada en diversos pronunciamientos del Consejo de Estado, entre ellos, en las
acciones de tutela que se citan a continuación: i) de 23 de agosto de 2018,
radicación: 11001-03-15-000-2018-01733-00; ii) de 15 de noviembre de 2018,
radicación: 11001-03-15-000- 2018-00630-01; y iii) del 28 de marzo de 2019,
radicación: 11001-03-15-000-2018-03532-00. Es por ello que, en el presente asunto
no ha operado el fenómeno de la caducidad, toda vez que, al momento de la
radicación de la demanda, es decir, 28 de enero de 2015, no se había cumplido el
termino de los 5 años de caducidad que indica la norma, si se tiene en cuenta lo
siguiente:
Por último, es preciso reiterar, que la motivación de la presente acción es que no se
genere un perjuicio y prime los derechos fundamentales que fueron violentados por
el operador judicial ante un principio de autonomía judicial.[…]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
23. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19912, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
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Actora: Beatriz Medina Torres
6 de abril de 20213 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20194, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
24. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
25. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción
de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si
se cumplió con el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional.
26. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando
se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental a la igualdad; procediendo posteriormente a v) resolver el
caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se
satisfagan los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
27. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
3 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Plena5, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales
28. Esta Sección adoptó6 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 20057, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.
29. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
30. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
7 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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“dejar sin efecto o modular la decisión”8 que encaje en dichos parámetros.
31. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
32. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto
33. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito
general de procedibilidad de relevancia constitucional.
Acerca del requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional
34. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5
de agosto de 201410, al referirse al requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional, sostuvo lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
8 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
10 Ut supra página 6.
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Actora: Beatriz Medina Torres
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [11]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [12].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [13].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar
en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [14].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
[11] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[12] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[13] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[14] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
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constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [15]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [16].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [17]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]” (Resaltado fuera del texto).
35. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado18:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”19
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
[15] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[16] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[17] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
18 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
19Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”20
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
36. En ese orden de ideas, el requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales,
y esa presunta afectación no tiene su origen en un debate estrictamente legal y
económico, ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una
carga argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial accionada incurrió en algunas de las causales especiales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; y iii) cuando se
demuestra que el amparo presentado no se utiliza como una instancia procesal
adicional.
37. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202221
precisó, en relación con el alcance del requisito general de procedibilidad de
relevancia constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:
[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
20 Ibidem.
21 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción
de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no
a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales
69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental,
producto de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar
18
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una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia,
(ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]». (Resaltado por la Sala).
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso
38. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
39. Atendiendo a que, la Corte Constitucional22 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.
22 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
19
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Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
40. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán.
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
41. Atendiendo a que la Corte Constitucional ha entendido que el derecho a la.
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Análisis del caso concreto
42. La actora, a través de apoderado, presentó acción de tutela contra la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Bogotá, porque, a su juicio: i) el
Tribunal, al proferir el auto de 9 de noviembre de 2022; y ii) el Juzgado, al proferir el
auto de 17 de agosto de 2021, en el proceso ejecutivo identificado con el número
único de radicación 11001-33-35-007-2017-00032-02: vulneraron sus derechos
fundamentales invocados supra.
20
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Actora: Beatriz Medina Torres
43. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
44. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
45. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
46. Copia del expediente del proceso ejecutivo identificado con el número único
de radicación 11001-33-35-007-2017-00032-02.
Solución del caso concreto
Análisis del cumplimiento del requisito general de procedibilidad de
relevancia constitucional
47. Previamente a abordar el análisis del caso objeto de estudio, la Sala precisa
que confirmará la improcedencia de la acción de tutela, pero por falta de
cumplimiento del requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional,
en la medida en que:
i) Si bien las providencias cuestionadas por la actora son el auto de 9 de noviembre
de 2022 y el auto de 17 de agosto de 2021, lo cierto es que, en cumplimiento de lo
ordenado por el Tribunal en auto de 9 de noviembre de 2022, el Juzgado profirió el
auto de 30 de junio de 2023, mediante el cual se modificó la liquidación del crédito
presentada por la parte ejecutante y se aprobó una liquidación del crédito
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Actora: Beatriz Medina Torres
elaborada por ese despacho judicial en cuantía de $10.140.172; decisión contra la
cual se presentó recurso de apelación; es decir que, para la fecha de la sentencia
de tutela de primera instancia, la controversia jurídica relacionada con la liquidación
del crédito no había finiquitado.
ii) Por otra parte, revisada la Sede Electrónica para la Gestión Judicial – Samai, se
advierte que el Tribunal accionado, mediante auto de 12 de enero de 2024, se
pronunció sobre el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 30 de junio
de 2023, proferido por el Juzgado, que modificó la liquidación del crédito efectuada
por la actora y aprobó la misma en la suma $10.140.172,87, por lo que, a la fecha,
no habría lugar a la consideración del A quo relacionada con que “[…] no puede
perderse de vista que, contra la última liquidación del crédito, esto es, el Auto 30
de junio de 2023, se presentó recurso de apelación, el cual aún no ha sido resuelto.
Esto quiere decir, que, pese a que en esta acción de tutela se cuestionan las
providencias que dejaron sin efectos una primera liquidación del crédito, lo cierto
es que el proceso sigue en curso – trámite y esa liquidación es lo que precisamente
esta aún en discusión ante los jueces de ejecución. En ese orden, se tiene
igualmente que la solicitud de amparo tampoco cumpliría el requisito de
subsidiaridad […]”
48. En ese orden de ideas, pese a las circunstancias previamente expuestas,
para la Sala, en todo caso, la acción de tutela es improcedente, toda vez que no
se encuentra comprendida dentro de los asuntos que la jurisprudencia
constitucional ha identificado como de clara relevancia constitucional. La actora en
su escrito de tutela indicó que lo siguiente:
“[…] El legislador instituyó el proceso ejecutivo como un mecanismo judicial
encaminado a hacer efectivo el cumplimiento de una obligación clara, expresa y
actualmente exigible, que se encuentre contenida en un título ejecutivo. Bajo este
entendido, el cumplimiento de la obligación deviene imperativo y no requiere declarar
la existencia del derecho, pues este ya ha sido constituido en un título valor, contrato
o decisión judicial, que para el presente caso el título ejecutivo es el fallo judicial
proferido en la demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, objeto del
presente proceso.
Es preciso indicar que el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, en la providencia del 17 de agosto de 2021, consideró pertinente reabrir el
debate zanjado el 18 de diciembre de 2019, con fundamento en una errada
interpretación dada a la decisión tomada por la sección segunda- Subsección A del
H. Consejo de Estado, de fecha 28 de noviembre de 2018, en la cual se explicó que
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Actora: Beatriz Medina Torres
« el juez tiene la facultad de modificar el mandamiento de pago, en razón a que el
mismo no se convierte en una situación inamovible para el juez, pues con
posterioridad a la expedición de esta providencia es posible variar el monto de las
sumas adeudadas con el fin de adoptar una decisión que se ajuste a la realidad
procesal », sin embargo, no tuvo en cuenta que la postura citada hacía referencia al
mandamiento de pago y las decisiones previas a la aprobación de la liquidación del
crédito, de modo tal que, no resultaba aplicable al asunto objeto de estudio, ni
guardaba conexidad alguna con la etapa procesal en la que el caso se encontraba,
que no era otra distinta a su “finalización”, toda vez que ya existía aprobación de
liquidación de crédito, resoluciones de pago y un título judicial que se encontraba a la
espera de ser entregado como pago total de la obligación. […]”.
[…]
“[…] Es menester resaltar que, si bien es cierto la señora BEATRIZ MEDINA,
presentó la liquidación de crédito, también lo es, que el despacho hizo una revisión
de la misma y no fue aprobada, en su lugar, el despacho judicial optó por hacer su
propia liquidación y aprobarla. […]”.
[…]
“[…] Ahora, si bien en algunos casos se admite como válido volver sobre etapas o
aspectos ya definidos, lo cierto es que ello ocurre cuando se constatan
circunstancias que verdaderamente lo justifican. Por ejemplo, cuando en el trámite
del proceso se evidencia que hubo vulneración al debido proceso de alguna de las
partes, situación que no se adecúa al caso y ello se infiere puesto que ninguna de
las partes interesadas manifestó oposición. […]”.
[…]
“[…] En ese orden de ideas se vulnera el derecho a la igualdad, cuando el juez
pese a realizar el respectivo control de legalidad en cada etapa procesal,
arbitrariamente decide reabrir un debate que ya fue zanjado y sobre el cual no
existió oposición alguna de las partes que intervinieron en el proceso, a fin de
corregir (en su sentir) decisiones que ya se encontraban en firme, así mismo, se
violenta el debido proceso ya que se cercenan las garantías de obtener una suma
determinada a ser pagada por parte de la entidad demandada a favor de quien tuvo
que iniciar el proceso judicial con ocasión al incumplimiento de la entidad, pese a
la preexistencia de un fallo judicial que debía acatar y que no lo hizo; violenta de
igual manera el derecho a la igualdad al dejar abierta la posibilidad de que la
entidad demandada interponga los recursos pertinente, cuando en principio no lo
había hecho pudiendo oponerse en su momento procesal, situación que deja en
desventaja y violenta los derechos de la parte demandante quien ha tenido que
esperar más de 6 años para el pago efectivo de un fallo judicial, de modo tal, que
el Despacho debe obrar de manera que se materialicen los principios de eficacia y
celeridad procesal. […]”.
49. Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por la actora ya
fue objeto de estudio por las autoridades judiciales accionadas y la acción de tutela
contra providencia judicial no constituye una tercera instancia que permita reabrir
el debate resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad
accionada incurrió en la vulneración de derechos fundamentales.
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Núm. único de radicación: 110010315000202304724-01
Actora: Beatriz Medina Torres
50. Además de lo anterior, para la Sala, la actora plantea una afectación de
derechos fundamentales que tienen su origen en últimas en un debate
estrictamente legal y económico, el cual ya fue expuesto dentro del proceso
ejecutivo y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le corresponde
al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que ello
implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y
desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia
adicional.
51. Al respecto, la Corte Constitucional23 ha considerado:
“[…] en el caso planteado se tiene que el asunto que se discute tiene un
marcado carácter patrimonial, pues lo que está discusión es el pago de un
derecho de crédito que se deriva a la imposición de una sanción pecuniaria
por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio a la sociedad
comercial Ponce León S. A. Ingenieros Consultores-en liquidación, lo que
excluiría de plano la relevancia constitucional del asunto y, por lo tanto, la
posibilidad de acudir a la tutela para proteger los derechos que la entidad tutelante
considera afectados. […]”. (Resaltado por la Sala).
52. Asimismo, es preciso indicar que, en ese mismo sentido, la Sección Primera
de esta Corporación, en reiterados pronunciamientos24, y en especial, en la
sentencia proferida el 3 de mayo de 2019 consideró lo siguiente:
“[…] La Sala comparte dicho enfoque, en atención a que en el caso sub judice no se
cumplió con el requisito atinente a la relevancia constitucional de la controversia;
motivo por el cual, no es posible ni mucho menos procedente estudiarla de fondo.
Ello toda vez que lo pretendido por la parte actora es reabrir nuevamente el
debate y la discusión jurídica sobre cuestiones estrictamente legales y, de
índole económica, que por cierto ya fueron discutidas y falladas en el trámite del
proceso ejecutivo con radicado 47001-33-33-006-2015-00370-0125, por parte de los
jueces naturales de conocimiento de la acción ejecutiva correspondiente.
Sin embargo, no se puede olvidar que el instituto de la tutela contra providencias
judiciales no busca proporcionar a los sujetos procesales de un juicio ordinario una
23 Corte Constitucional, sentencia T-136 de 27 de marzo de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de diciembre
de 2018, exp. No. 11001-03-15-000-2018-03770-00 (AC). Actor: Ariel Ramiro Novoa Vargas.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de noviembre de
2018, exp. No. 11001-03-15-000-2018-03772-00 (AC). Actor: María Eugenia García Chaparro y otro.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de mayo de 2018,
exp. No. 11001-03-15-000-2018-00808-00 (AC). Actor: Jaime Alfonso Castro Martínez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 15 de junio de 2018,
exp. No. 11001-03-15-000-2018-01143-00 (AC). Actor: E.S.E. Hospital María Inmaculada.
25 Accionante: Francisco Rafael Palacio Valle. Accionado: Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta
(Magdalena).
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Núm. único de radicación: 110010315000202304724-01
Actora: Beatriz Medina Torres
tercera instancia, sino un mecanismo de protección y garantía de sus derechos
fundamentales, eventualmente lesionados por un pronunciamiento judicial. De aquí
que su procedencia sea excepcional26, toda vez que lo contrario atentaría contra la
autonomía de los funcionarios judiciales, la seguridad jurídica y el principio de cosa
juzgada, sin más27.
En ese orden de ideas, con base en las consideraciones expuestas, y ante la
inobservancia del requisito general de procedibilidad atinente a la relevancia
constitucional de la controversia, ésta Sala de Decisión confirmará en su totalidad la
sentencia de tutela impugnada del 18 de marzo de 201928, mediante la cual la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió declarar
improcedente la acción de amparo interpuesta por el señor Francisco Rafael Palacio
Valle […]”.
53. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedibilidad de la relevancia constitucional. A juicio del máximo
Tribunal de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la
“[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el
escrito de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales […]”.
54. Así las cosas, esta Sección, siguiendo el precedente precisado por la Corte
en la sentencia SU – 215 de 2022, considera que la controversia que nos ocupa
carece de relevancia constitucional porque la discusión planteada por la actora no
gira en torno al alcance, aplicación y/o desarrollo de un derecho fundamental; a lo
que se agrega que la actora no justificó el motivo por el cual dicha decisión
constituye una afectación desproporcionada de sus derechos fundamentales.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 17 de noviembre
de 2016, radicación No. 11001-03-15-000-2016-02862-00. Actor: Rosa Gómez Effer (C.P. Dr. Guillermo Vargas
Ayala).
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 3 de noviembre
de 2016, radicación: 11001-03-15-000-2016-02244-00. Actor: Claudia Consuelo Mc’Lauchlin Cobaleda (C.P.
Dr. Guillermo Vargas Ayala).
28 Visible a folios 160 a 164 de la causa constitucional.
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Actora: Beatriz Medina Torres
55. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la actora aduce que fueron
desconocidos sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, lo
cierto es que no existe una mayor explicación acerca de las razones por las cuales
se afectó, en forma desproporcionada, el núcleo esencial de los derechos
fundamentales de la actora con ocasión de los autos de 9 de noviembre de 2022 y
de 17 de agosto de 2021, proferidos dentro del proceso ejecutivo identificado con el
número único de radicación 11001-33-35-007-2017-00032-02.
56. En ese orden de ideas, la Sala considera que la discusión que se expone a
través del escrito de tutela, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la
sentencia antes transcrita, no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo
de la controversia se encuentra limitado a asuntos de mera legalidad y económicos
cuya competencia se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso
administrativo.
Conclusiones de la Sala
57. Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de tutela de
27 de noviembre de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por medio del cual se declaró la improcedencia de la acción
de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 27 de noviembre de 2023
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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Núm. único de radicación: 110010315000202304724-01
Actora: Beatriz Medina Torres
TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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