RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-04726-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04726-00

Fecha
20 de octubre de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04726-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia por falta del requisito general de relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-04726-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

20 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-04726-00
Referencia: Acción de tutela
Actores: JORGE ELIÉCER CÓRDOBA MAQUILLÓN Y OTROS.

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR
CARECER DEL REQISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL. LOS ACTORES PRETENDEN QUE EL JUEZ DE
TUTELA HAGA UN NUEVO EXAMEN INTEGRAL DE LA SITUACIÓN
FÁCTICA Y JURÍDICA DEL CASO, CON LA FINALIDAD DE QUE SE
CORRIJA EL ANÁLISIS QUE HIZO LA AUTORIDAD JUDICIAL
ACCIONADA Y SE ACOJA LA INTERPRETACIÓN QUE PROPONEN.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y A LA
IGUALDAD.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por los actores contra

la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE

ESTADO1.

1
En adelante la SECCIÓN TERCERA.

2

Número único de radicación: 110010315000-2023-04726-00
Actores: JORGE ELIECER CÓRDOBA MAQUILLON Y OTROS.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

Los señores JORGE ELIECER, JACINTO, ARMINDA, CONRADO

FIDEL, EDELMIRA, ALIRIO y SERVANDO CÓRDOBA

MAQUILLÓN, REINA CÓRDOBA DE MARTÍNEZ y GLADYS

MARÍA CÓRDOBA ÁLVAREZ, actuando a través de apoderado

judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a los principios de

cosa juzgada, congruencia y no reformatio in pejus, los cuales, a su

juicio, les fueron vulnerados por la SECCIÓN TERCERA al haber

proferido en segunda instancia la sentencia de 29 de julio de 2022,

dentro de la acción de reparación directa identificada con el número

único de radicación 050012331000-2010-00448-01.

I.2.- Hechos

Indicaron que el 1o. de marzo de 2005, la FISCALÍA GENERAL DE

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

3

Número único de radicación: 110010315000-2023-04726-00
Actores: JORGE ELIECER CÓRDOBA MAQUILLON Y OTROS.

LA NACIÓN2 impuso medida de aseguramiento al señor

SERVANDO CÓRDOBA CÓRDOBA, al vincularlo a un proceso penal

en el que se le investigaba por la comisión de los delitos de peculado

por apropiación y falsedad en documento público, en relación con las

funciones que realizó como alcalde del MUNICIPIO DE VIGÍA DEL

FUERTE.

Comentaron que el señor SERVANDO CÓRDOBA CÓRDOBA estuvo

privado de la libertad hasta el 20 de febrero de 2008, fecha en la que

fue absuelto por el JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO

DE TURBO.

Informaron que, debido a lo anterior, promovieron demanda en

ejercicio de la acción de reparación directa contra la RAMA

JUDICIAL y la FISCALÍA, con la finalidad de obtener la reparación

de los perjuicios que les fueron causados con la privación injusta de

la libertad del señor SERVANDO CÓRDOBA CÓRDOBA.

Precisaron que el proceso aludido fue identificado con el número

único de radicación 050012331000-2010-00448-00 y atribuido para

2
En adelante la FISCALÍA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

4

Número único de radicación: 110010315000-2023-04726-00
Actores: JORGE ELIECER CÓRDOBA MAQUILLON Y OTROS.

su trámite en primera instancia al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DE ANTIOQUIA que, mediante sentencia de 27 de junio de 2013,

accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Agregaron que, al igual que su contra parte, interpusieron el recurso

de apelación respectivo, el cual fue resuelto por la SECCIÓN

TERCERA de esta Corporación que, a través de sentencia de 29 de

julio de 2022, revocó la decisión recurrida y, en su lugar, denegó las

pretensiones de la demanda.

Sostuvieron que la SECCIÓN TERCERA estimó que la absolución

había obedecido a la existencia de una duda a favor del procesado,

además que la privación de la libertad cumplió con los requisitos

legales para su imposición.

Comentaron que, con ocasión de los mismos hechos investigados

penalmente, el señor JORGE ELIÉCER CÓRDOBA MAQUILÓN,

hijo del señor SERVANDO CÓRDOBA CÓRDOBA, también fue

privado de la libertad y, posteriormente absuelto, por lo que aquel

promovió una acción de reparación directa identificada con el

número único de radicación 050012331000-2010-00488-00, la cual

fue conocida en segunda instancia por la SECCIÓN TERCERA -

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

5

Número único de radicación: 110010315000-2023-04726-00
Actores: JORGE ELIECER CÓRDOBA MAQUILLON Y OTROS.

SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO que, mediante

sentencia de 10 de noviembre de 2017, accedió de forma parcial a

las pretensiones de la demanda respectiva.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Argumentaron que la decisión cuestionada es incongruente, dado

que si bien la SECCIÓN TERCERA de esta Corporación reconoció

que hubo un daño, lo cierto es que estableció que no había prueba

de que la privación de la libertad fue desproporcionada, irrazonable

o arbitraria.

Agregaron que, por lo mismo, aquella autoridad incurrió en el

defecto fáctico porque, por una parte, afirmó que el daño estuvo

probado dada la privación de la libertad, mientras que, por otra,

indicó que no había prueba sobre la ilicitud.

Adujeron que la autoridad judicial también desconoció que en el

proceso del señor JORGE ELIÉCER CÓRDOBA MAQUILÓN, el cual

estuvo basado en los mismos hechos y fundamentos jurídicos, sí se

accedieron a las pretensiones de la demanda.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

6

Número único de radicación: 110010315000-2023-04726-00
Actores: JORGE ELIECER CÓRDOBA MAQUILLON Y OTROS.

Precisaron que la SECCIÓN TERCERA también desconoció la

sentencia SU-072 de 2018 proferida por la Corte Constitucional, que

establece que el juez debe determinar “[…] si objetivamente existió

la necesidad de soportar una medida de aseguramiento o no, lo que

necesariamente conlleva a “observar” no a volver a decidir sobre

responsabilidad penal, que no le compete y además es ajeno a su

función […]”.

Apuntaron que de igual forma la SECCIÓN TERCERA desconoció la

sentencia de “[…] 5 de agosto de dos mil dieciocho (2018), radicado

66001- 23-31-000-2010-00235 01 (46.947), CONSEJERO PONENTE:

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA […] que dispone sobre la

responsabilidad estatal cuando la persona no cometió la conducta

punible, o el hecho no existió, que es nuestro caso, o cuando la

misma es atípica […]”.

Expusieron que la autoridad judicial accionada desconoció el derecho

a la igualdad porque decidió el caso con base en reglas

jurisprudenciales “[…] no expuestas ni admitidas por el Consejo de

Estado al momento de presentación de la demanda y de la misma

apelación, lo que implica una desigualdad en las “armas” para las

partes y un desconocimiento de los derechos legalmente

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

7

Número único de radicación: 110010315000-2023-04726-00
Actores: JORGE ELIECER CÓRDOBA MAQUILLON Y OTROS.

conquistados […]”.

Explicaron que fue probado que el señor SERVANDO CÓRDOBA

CÓRDOBA fue detenido por hechos que no existieron, “[…] lo que

consecuencialmente debió generar en el ad quem a proceder

considerando la responsabilidad objetiva como lo tiene bien definido

la instancia superior de lo contencioso administrativo […]”.

Anotaron que la autoridad judicial accionada desconoció los principios

de no reformatio in pejus y cosa juzgada “[…] que limita a la segunda

instancia en este tipo de procesos declarativos, en los que sólo debe

reconocer las excepciones claramente establecidas en la ley y no

otras que debieron proponerse y no se hicieron […]”.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, los actores pretenden lo siguiente:

“[…] PRIMERA PETICIÓN : Que se declare que la sentencia de
segunda instancia proferida por la Sección Tercera, Subsección
C, del honorable Consejo de Estado, de fecha notificada por
edicto el 30 de junio de 2023, se expidió por vías de hecho
causando perjuicios irremediables con violación al debido
proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución
Nacional, en varios aspectos a este derecho fundamental pues
su decisión, de forma incongruente, se apartó de la realidad

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

8

Número único de radicación: 110010315000-2023-04726-00
Actores: JORGE ELIECER CÓRDOBA MAQUILLON Y OTROS.

procesal, resultado del proceso penal que deriva en establecer
la injusta privación de la libertad, y del proceso administrativo
en el que se reconoció en primera instancia la responsabilidad
objetiva por esa injusta privación de la libertad, y no obstante
esa realidad procesal, la segunda instancia negó las
pretensiones, la misma fue ajena a la obligación del ente de la
Fiscalía de confirmar las denuncias antes de proceder, siendo
esa una obligación sustancial de la entidad accionada quien no
lo hizo, siendo contraria la decisión entonces, a la sentencia de
unificación vigente del Honorable Consejo de Estado, sobre la
responsabilidad derivada de la privación injusta de la libertad,
desconociendo entonces también el antecedente
jurisprudencial, la prohibición de no reformatio in pejus,
de ajustarse a la ratio decidendi, que limita a la segunda
instancia a pronunciarse sobre lo que es objeto de apelación y
no más allá de lo propuesto, en procesos declarativos, violación
al Derecho a la Igualdad y desconocimiento de la jurisprudencia
de unificación y el antecedente jurisprudencial pertinente,
conforme quedó expuesto.

SEGUNDA PETICIÓN : Como consecuencia de la declaración
derivada de la petición anterior, RESTABLECER EL DERECHO
a los accionantes JORGE ELIECER CORDOBA MAQUILON,
JACINTO CORDOBA MAQUILON, ARMINDA CORDOBA
MAQUILON, CONRADO FIDEL CORDOBA MAQUILON,
EDELMIRA CORDOBA MAQUILON, ALIRIO CORDOBA
MAQUILON, REINA CORDOBA DE MARTINEZ, SERVANDO
CORDOBA MAQUILON y GLADYS MARIA CORDOBA
ALVAREZ, y se ordene a la Sección Tercera, Subsección C, del
Honorable Consejo de Estado, que revoque el fallo contenido en
la sentencia notificada por edicto el 30 de junio de 2023, en el
radicado 05001-23-31-000-2010-00448-00 (Finalizado en
01 en la segunda instancia), disponiendo lo pertinente conforme
a la responsabilidad estatal derivada de una privación injusta de
la libertad en un proceso penal en donde el hecho o conducta
punible no existió, y por tanto el demandante no lo cometió,
declarando en consecuencia, responsable administrativamente a
la Nación-Fiscalía General de la Nación, por la injusta privación
de la libertad del señor SERVANDO CORDOBA CORDOBA,
condenando al ente administrativo por los daños y perjuicios
causados con ocasión de dicha privación injusta de la libertad
acorde a lo pedido y probado y conforme lo reconoce
actualmente el H. Consejo de Estado.

PETICIÓN SUBSIDIARIA: De conformidad con la petición
anterior, se someta la asignación del trámite respectivo, a
reparto de la Sección Tercera del Consejo de Estado, para que

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

9

Número único de radicación: 110010315000-2023-04726-00
Actores: JORGE ELIECER CÓRDOBA MAQUILLON Y OTROS.

sea asignada otra sala, quien disponga del fallo a que haya lugar
conforme se decida en esta acción […]”. (sic).

I.5.- Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA, a través del Consejero encargado

del Despacho de quien fue el ponente de la sentencia cuestionada,

indicó que comoquiera que no suscribió esta providencia, se

abstendría de pronunciarse sobre el fondo del asunto, no obstante,

precisó que estaría atento a la decisión respectiva.

I.5.2.- La RAMA JUDICIAL, vinculada en calidad de tercera con

interés directo en las resultas del proceso, manifestó que en razón a

que el juez constitucional no es el juez natural para analizar los

hechos origen de la controversia y, en particular, porque ya la

SECCIÓN TERCERA resolvió el caso, la acción de tutela debía

declararse improcedente.

Destacó que la decisión cuestionada tuvo en cuenta las sentencias C-

037 de 1996 y SU de 2018 proferidas por la Corte Constitucional,

conforme con las cuales el hecho de que una persona privada de la

libertad dentro de un proceso penal resulte absuelta no es suficiente

para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, dado que se

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

10

Número único de radicación: 110010315000-2023-04726-00
Actores: JORGE ELIECER CÓRDOBA MAQUILLON Y OTROS.

requiere determinar si la medida fue injusta.

I.5.3.- La FISCALÍA, vinculada en calidad de tercera con interés

directo en las resultas del proceso, indicó que la presente acción de

tutela es improcedente por subsidiariedad, dado que los actores no

han hecho uso de todos los mecanismos judiciales que tienen a su

disposición para controvertir la decisión cuestionada.

Indicó que, en su sentir, los actores no sustentaron de forma

suficiente las causales específicas de procedibilidad de la solicitud de

amparo, además que la providencia cuestionada estuvo basada en el

respeto del debido proceso de las partes y, en particular, en la

aplicación de la sentencia SU-072 de 2018.

I.5.4.- El señor SERVANDO CÓRDOBA CÓRDOBA, vinculado en

calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso,

pese a haber sido notificado en debida forma, guardó silencio.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

11

Número único de radicación: 110010315000-2023-04726-00
Actores: JORGE ELIECER CÓRDOBA MAQUILLON Y OTROS.

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

12

Número único de radicación: 110010315000-2023-04726-00
Actores: JORGE ELIECER CÓRDOBA MAQUILLON Y OTROS.

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

13

Número único de radicación: 110010315000-2023-04726-00
Actores: JORGE ELIECER CÓRDOBA MAQUILLON Y OTROS.

sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

14

Número único de radicación: 110010315000-2023-04726-00
Actores: JORGE ELIECER CÓRDOBA MAQUILLON Y OTROS.

derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

15

Número único de radicación: 110010315000-2023-04726-00
Actores: JORGE ELIECER CÓRDOBA MAQUILLON Y OTROS.

servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el caso bajo examen, los actores pretenden que se deje sin efecto

la sentencia de 29 de julio de 2022, proferida en segunda

instancia por la SECCIÓN TERCERA de esta Corporación, mediante

la cual se revocó la decisión del a quo y, en su lugar, se denegaron

las pretensiones de la demanda, dentro de la acción de reparación

directa identificada con el número único de radicación 050012331000

2010 00448 01.

La controversia tiene origen en la privación de la libertad del señor

SERVANDO CÓRDOBA CÓRDOBA entre el 1o. de marzo de 2005 y

el 20 de febrero de 2008, como consecuencia de una medida de

aseguramiento que le fue impuesta en el curso de un proceso penal

en el que se le investigaba por los delitos de peculado por apropiación

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

16

Número único de radicación: 110010315000-2023-04726-00
Actores: JORGE ELIECER CÓRDOBA MAQUILLON Y OTROS.

y falsedad en documentos públicos y privados, del cual resultó

absuelto.

El reproche de los actores subyace del hecho de que, en su sentir, la

decisión: i) es incongruente porque reconoce la existencia de un daño

pero niega su ilicitud; ii) desconoce que otro de los investigados en

el mismo proceso penal sí fue reparado; iii) no tuvo en cuenta la

sentencia SU 072 de 2018 y otras sobre el deber de analizar la ilicitud

de la medida de aseguramiento y la responsabilidad en casos de

absoluciones; iii) inobservó la jurisprudencia aplicable al momento

de la presentación de la demanda y; iv) no podía basarse en

excepciones que no fueron propuestas por la parte demandada.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de

ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados

e incurrió en las irregularidades aludidas, al haber proferido la

sentencia de 29 de julio de 2022.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

17

Número único de radicación: 110010315000-2023-04726-00
Actores: JORGE ELIECER CÓRDOBA MAQUILLON Y OTROS.

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional3, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».4

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación5, en sentencia de unificación de 5 de

3
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
4
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

18

Número único de radicación: 110010315000-2023-04726-00
Actores: JORGE ELIECER CÓRDOBA MAQUILLON Y OTROS.

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [6]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [7].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [8].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

[6] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[7] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[8] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

19

Número único de radicación: 110010315000-2023-04726-00
Actores: JORGE ELIECER CÓRDOBA MAQUILLON Y OTROS.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [9].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela

[9] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

20

Número único de radicación: 110010315000-2023-04726-00
Actores: JORGE ELIECER CÓRDOBA MAQUILLON Y OTROS.

contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [10]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [11].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [12]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los

[10] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[11] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[12] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

21

Número único de radicación: 110010315000-2023-04726-00
Actores: JORGE ELIECER CÓRDOBA MAQUILLON Y OTROS.

requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

22

Número único de radicación: 110010315000-2023-04726-00
Actores: JORGE ELIECER CÓRDOBA MAQUILLON Y OTROS.

desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

Ahora bien, la Sala observa que, a través de la sentencia

cuestionada, la SECCIÓN TERCERA denegó las pretensiones de los

actores dentro de la acción de reparación directa origen de la

controversia, con base en el siguiente análisis:

“[…]

I. Problema jurídico

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

23

Número único de radicación: 110010315000-2023-04726-00
Actores: JORGE ELIECER CÓRDOBA MAQUILLON Y OTROS.

Corresponde a la Sala determinar si la privación de la libertad
fue consecuencia de una actuación abiertamente
desproporcionada y violatoria del procedimiento legal.

II. Análisis de la Sala

5. Como la sentencia fue recurrida por ambas partes, la Sala
resolverá sin limitaciones, en los términos del artículo 357 CPC.

Hechos probados

6. De conformidad con los medios probatorios allegados
oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes
hechos:

6.1. El 26 de julio de 2004, Benicio Murillo Ramírez formuló
denuncia contra Cervando Córdoba Córdoba, alcalde del
Municipio de Vigía del Fuerte, por hechos relacionados con unas
cuentas de cobro por el suministro de gasolina al municipio,
denuncia ampliada el 3 de noviembre siguiente, según da cuenta
copia auténtica de la diligencia (f. 4-5 y 28-30 c. 1).

6.2. El 31 de agosto de 2004, la Fiscalía Unidad Especializada de
Delitos contra la Administración Pública abrió investigación
contra Cervando Córdoba Córdoba por los delitos de peculado
por apropiación y falsedad ideológica en documento público,
según da cuenta copia auténtica de la resolución (f. 10-11 c. 1).

6.3. El 24 de enero de 2005, Cervando Córdoba Córdoba rindió
indagatoria dentro del proceso penal, según da cuenta copia
auténtica del acta de la audiencia (f. 82-86 c. 1).

6.4 El 1 de marzo de 2005, la Fiscalía Unidad Especializada de
Delitos contra la Administración Pública impuso medida de
aseguramiento a Cervando Córdoba Córdoba por los delitos de
peculado por apropiación y falsedad en documento público,
según da cuenta copia auténtica de la providencia (f. 275-292 c.
1).

6.5. El 16 de mayo de 2005, la Fiscalía informó al Director
Regional del INPEC que a partir de esa fecha Cervando Córdoba
Córdoba quedaba en detención domiciliaria en su residencia,
según da cuenta copia auténtica del oficio (f. 1025 c. 2).

6.6. El 22 de agosto de 2005, la Fiscalía Unidad Especializada de
Delitos contra la Administración Pública profirió resolución de
acusación contra Cervando Córdoba Córdoba por los delitos de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

24

Número único de radicación: 110010315000-2023-04726-00
Actores: JORGE ELIECER CÓRDOBA MAQUILLON Y OTROS.

peculado por apropiación y falsedad en documento público,
según da cuenta copia auténtica de la providencia (f. 1389-1404
c. 3).

6.7. El 11 de octubre de 2005, la Unidad de Fiscales ante el
Tribunal Superior de Antioquia declaró la nulidad de la resolución
de acusación contra Cervando Córdoba Córdoba por los delitos
de peculado por apropiación y falsedad en documento público,
según da cuenta copia auténtica de la providencia (f. 1575-1585
c. 3).

6.8. El 3 de noviembre de 2005, la Fiscalía Unidad Especializada
de Delitos contra la Administración Pública profirió nueva
resolución de acusación contra Cervando Córdoba Córdoba por
los delitos de peculado por apropiación, y falsedad en documento
público y en documento privado, según da cuenta copia
auténtica de la providencia (f. 1604-1619 c. 3).

6.9. El 15 de marzo de 2006, el Juzgado Segundo Penal del
Circuito ordenó la libertad provisional de Cervando Córdoba
Córdoba, según da cuenta copia auténtica del auto (f. 1753-
1756 c. 3).

6.10. El 20 de febrero de 2008, el Juzgado Segundo Penal del
Circuito absolvió a Cervando Córdoba Córdoba por duda a favor
del procesado [in dubio pro reo], según da cuenta copia
auténtica de la providencia (f. 2041-2068 c. 4). La providencia
se notificó personalmente el 6 de marzo de 2008, según da
cuenta copia auténtica de la constancia de notificación (f. 2086
c. 4), y quedó ejecutoriada el 9 de marzo siguiente, según el
artículo 186 de la Ley 600 de 2000.

6.11. Cervando Córdoba Córdoba es esposo de Arminda María
Maquilón de Córdoba, padre de Ciriaca Córdoba Maquilón,
Arminda Córdoba Maquilón, Conrado Fidel Córdoba Maquilón,
Cervando Córdova Maquilón, Jacinto Córdoba Maquilón, Alirio
Córdoba Maquilón, Edelmira Córdoba Maquilón, Jorge Eliecer
Córdoba Maquilón y hermano de Gladys María Córdoba Álvarez,
según da cuenta copia auténtica de los registros civiles de
matrimonio y de nacimiento (f. 2116-2125 c. 4).

La privación de la libertad en la Ley 270 de 1996

7. El daño está demostrado porque Cervando Córdoba Córdoba
estuvo privado de la libertad desde el 16 de mayo de 2005 hasta
el 15 de marzo de 2006 [hechos probados 6.5 y 6.9].

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

25

Número único de radicación: 110010315000-2023-04726-00
Actores: JORGE ELIECER CÓRDOBA MAQUILLON Y OTROS.

La privación injusta de la libertad como escenario de
responsabilidad está regulada en la Ley 270 de 1996, estatutaria
de la administración de justicia, en el artículo 68 que establece
que quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá
demandar al Estado reparación de perjuicios. La Corte
Constitucional, al declarar su exequibilidad condicionada, dejó
en claro que el término «injustamente» se refiere a una
actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los
procedimientos legales.

De acuerdo con ese precepto, tal y como quedó después de su
condicionamiento de constitucionalidad, el estudio de
responsabilidad implica analizar las circunstancias en que se
produjo la privación de la libertad, para determinar si obedeció
a una medida apropiada, razonada, conforme a derecho o si la
conducta de la entidad fue abiertamente arbitraria. En todos los
casos es posible que el Estado se exonere si se acredita que el
daño provino de una causa extraña, esto es, que sea imputable
al hecho determinante y exclusivo de un tercero o a la culpa
exclusiva de la víctima, esta de conformidad con los artículos 67
y 70 de la Ley 270 de 1996.

El artículo 243 CN dispone que los fallos que la Corte
Constitucional dicte, en ejercicio del control abstracto de
constitucionalidad, hacen tránsito a cosa juzgada constitucional.
Una vez en firme y ejecutoriada la decisión, esta tiene fuerza
vinculante, obligatoria para todos, incluidos, por supuesto, los
jueces de la República. Si la Corte condiciona la decisión de
constitucionalidad de un precepto legal, esa interpretación
condicionada descarta expresamente otras interpretaciones
posibles. Las sentencias interpretativas en ejercicio del control
abstracto de constitucionalidad alteran parcialmente el
contenido de la disposición, al tiempo que expulsa del
ordenamiento cualquier otra interpretación que admita la norma
acusada.

8. La Fiscalía Unidad Especializada de Delitos contra la
Administración Pública impuso medida de aseguramiento a
Cervando Córdoba Córdoba por los delitos de peculado por
apropiación y falsedad en documento público [hecho probado
6.4]. La decisión de la Fiscalía se fundamentó en la denuncia
penal presentada por Benicio Murillo Ramírez en la que afirmó
que, en el mes de noviembre de 2003 fue requerido para que
legalizará tres cuentas de cobro por la venta de combustible que
él no suministró. En la ampliación de la denuncia afirmó que las
tres cuentas de cobro las hicieron llegar a su residencia. Así lo
resaltó la providencia al indicar:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

26

Número único de radicación: 110010315000-2023-04726-00
Actores: JORGE ELIECER CÓRDOBA MAQUILLON Y OTROS.

[...] No es cierto que a Benicio se le haya cancelado esas tres
cuentas por combustible despachado en otras administraciones,
pues en la orden de pago al relacionar el concepto no se dijo que
estaban cancelando vigencias anteriores. No es cierto que se
estaba cancelando por orden judicial, la orden de pago nada dice
al respecto. Los cheques aparecen firmados por él y hasta llevan
los sellos que dijo siempre coloca a cada documento que como
alcalde le corresponde firmar. Firmó los cheques y las cuentas
no llevan su firma, cuando advierte que siempre que firma un
cheque, firma la cuenta y sabe a quién y qué se le está pagando.
Y aunque niega conocer nada sobre estos hechos, el denunciante
afirma que el sobre contenía las órdenes de pago que le fueron
entregadas por el tesorero estando el presente. El tesorero ha
sostenido que todo pago es autorizado por él y si firmó las
cuentas y los cheques es precisamente porque el ordenador del
gasto así los había establecido. El aparente estado de
preocupación por lo que haya podido pasar con esas cuentas es
solo eso, apariencia, pues el escolta ha manifestado que recibía
de la administración y del mismo alcalde sobres sellados con
cheques para cambiar en los bancos de esta ciudad y el dinero
regresaba a vigía a la persona que le había enviado el sobre.
El señor Cervando Córdoba Córdoba si bien es una persona
carente de títulos universitarios, como el mismo lo ha
manifestado, ha trasegado por espacio de más de 30 años en
cargos públicos, que le han dado el bagaje necesario para
conocer de manera directa cómo tiene que ser la inversión social
y que toda actividad ejecutada a costa del erario tiene que estar
además ordenada presupuestalmente.

Pero contrariando sus deberes legales, la eficacia y la eficiencia,
firma cheques sin soportes a nombre de otra persona.

De suerte que, así las cosas, se tiene que con sus actuaciones
los coautores han incurrido en el delito de peculado por
apropiación en su beneficio personal en cuantía de $11.500.00
para lo cual se valieron de las tres órdenes de pago, incurriendo
en falsedad ideológica en documento público, pues así no esté
firmado por el ordenado del gasto, lo firmó el tesorero.

En cuanto a las medidas de aseguramiento es procedente
imponer la detención preventiva para proteger la administración
pública (f. 275-292 c. 1).

Aunque el Juzgado Segundo Penal del Circuito absolvió a
Cervando Córdoba Córdoba por duda a favor del procesado [in
dubio pro reo] [hecho probado 6.10], su privación de la libertad

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

27

Número único de radicación: 110010315000-2023-04726-00
Actores: JORGE ELIECER CÓRDOBA MAQUILLON Y OTROS.

cumplió con los requisitos establecidos en el Código de
Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos, pues
contó con los dos indicios graves necesarios [hecho probado
6.4]. Como además no existe prueba en el proceso que acredite
que la privación de la libertad fue desproporcionada, irrazonable
o arbitraria, se revocará la sentencia apelada y se negarán las
pretensiones.

9. La Sala pone de presente que, en otro proceso, Eliécer
Córdoba Maquilón formuló demanda de reparación directa por
privación injusta de la libertad y la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, por sentencia del 10 de
noviembre de 2017 rad. n°. 54036 –adicionada con providencia
del 13 de noviembre de 2018– accedió a las pretensiones. El
proceso rad. n°. 54036 y este proceso son asuntos diferentes,
porque no son los mismos demandantes y las actuaciones
procesales son distintas. La decisión del proceso rad. n°. 54036
no ata, pues, a la Sala.

Además, cuando se dictó la sentencia del 10 de noviembre de
2017, la Sección Tercera del Consejo de Estado sostuvo, en la
sentencia del 17 de octubre de 2013, rad. n°. 23.353, que en
los eventos de absolución por duda a favor del procesado [in
dubio pro reo], debía aplicarse el régimen objetivo de
responsabilidad por privación injusta de la libertad. La Sección
Tercera, sin embargo, cambió ese criterio. Las controversias por
privación injusta de la libertad deben resolverse en los términos
del artículo 68 de la Ley 270 de 1996-LEAJ, con el
condicionamiento de constitucionalidad de la sentencia C-037 de
1996 [núm. 7] […]”.

Conforme con la transcripción en cita, la Sala advierte que, luego de

enlistar y analizar los elementos de juicio obrantes en el expediente,

la SECCIÓN TERCERA señaló que conforme con lo previsto en el

artículo 68 de la Ley 270 de 199613 y la sentencia C-037 de ese

mismo año, quien fuese privado injustamente de la libertad de

13
“ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

28

Número único de radicación: 110010315000-2023-04726-00
Actores: JORGE ELIECER CÓRDOBA MAQUILLON Y OTROS.

forma abiertamente desproporcionada o violatoria de los

procedimientos legales podía demandar al Estado por la

reparación de los perjuicios causados.

No obstante, la autoridad judicial accionada si bien encontró que

existió un daño, por cuanto el señor SERVANDO CÓRDOBA

CÓRDOBA sí estuvo privado de la libertad, estableció que no se

encontraban cumplidos los otros requisitos para exigir la reparación

derivada de la misma, por cuanto la medida de aseguramiento no

fue injusta porque cumplió con los requisitos establecidos en el

Código de Procedimiento Penal aplicable, dado que estuvo basada en

dos indicios graves necesarios, sin que existiera prueba en el proceso

que acreditara que fue desproporcionada, irrazonable o arbitraria.

Asimismo, la SECCIÓN TERCERA determinó que si bien en

sentencia de 10 de noviembre de 2017, se accedió a pretensiones de

reparación en un asunto que se derivaba de los mismos hechos

origen de la presente controversia, pero en el cual la víctima directa

fue el señor ELIÉCER CÓRDOBA MAQUILÓN, lo cierto era que las

actuaciones procesales fueron distintas, además de haber sido

resueltas con base en la anterior posición jurisprudencial conforme

con la cual esos asuntos se juzgaban bajo un régimen de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

29

Número único de radicación: 110010315000-2023-04726-00
Actores: JORGE ELIECER CÓRDOBA MAQUILLON Y OTROS.

responsabilidad objetivo, lo cual había cambiado.

Precisado lo anterior, la Sala advierte que la acción de tutela de la

referencia es improcedente por falta de relevancia

constitucional, porque a través de esta los actores lo que pretenden

es cuestionar una decisión judicial como si este mecanismo se tratase

de un recurso o instancia adicional al proceso ordinario, sin que en

todo caso, se vislumbre que la autoridad accionada pudo haber

actuado de forma abiertamente arbitraria o desbordado los límites

del principio de la autonomía judicial.

Ahora bien, la Sala precisa que si bien los actores aducen que la

providencia cuestionada es incongruente, lo que eventualmente daría

lugar a que sus reproches, en todo caso, debieran ser ventilados a

través del recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que los

argumentos respectivos no corresponden a dicha figura jurídica,

comoquiera que no subyacen de la presunta falta de congruencia

entre la parte motiva y resolutiva de la sentencia o entre lo resuelto

en esta y lo debatido en el proceso14.

14
Respecto de la falta de congruencia de la sentencia como causal de revisión, ver. Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 16, Sentencia de 14 de
2023, CP NICOLÁS YEPES CORRALES, número único de radicación 11001-03-15-000-2022-00718-00,
“[…] debe indicarse que, la congruencia, como principio, tiene dos manifestaciones concretas: la
interna, que se refiere a la correspondencia que debe existir entre la parte motiva y la resolutiva de la
sentencia, y la externa, que propende porque la decisión contenida en su parte resolutiva se encuentre

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

30

Número único de radicación: 110010315000-2023-04726-00
Actores: JORGE ELIECER CÓRDOBA MAQUILLON Y OTROS.

En efecto, en relación con este aspecto los actores señalaron que la

providencia cuestionada era incongruente, además de estar incursa

en un defecto fáctico, porque la autoridad judicial accionada había

reconocido la existencia de un daño, pero había desconocido que este

fue injusto, situación que denota una imprecisión en la lectura de los

elementos de la responsabilidad extracontractual por parte de

aquellos.

Lo anterior, comoquiera que la existencia de un daño no implica una

reparación automática, dado que para tal efecto además se requiere

que aquel sea antijurídico, lo cual en el caso bajo estudio no ocurrió

en criterio de la SECCIÓN TERCERA porque la medida de privación

de la libertad se ajustó a los requisitos legales para su imposición, lo

cual fue argumentado ampliamente en la providencia cuestionada,

sin que los actores hubiesen formulado reproche alguno para

desvirtuar tal afirmación.

De igual forma, el presunto desconocimiento del derecho a la

igualdad, así como los argumentos sobre la aplicación del precedente

en concordancia con lo pedido en la demanda y en su contestación32, es decir, que haya identidad
jurídica entre lo resuelto y las pretensiones y excepciones oportunamente presentadas, salvo por las
competencias oficiosas que la ley otorga al juzgador33. Lo anterior, con fundamento en el artículo 281
del Código General del Proceso34 ꟷque reformó el artículo 305 del CPCꟷ, aplicable por remisión
normativa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 […].

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

31

Número único de radicación: 110010315000-2023-04726-00
Actores: JORGE ELIECER CÓRDOBA MAQUILLON Y OTROS.

vigente al momento en que fue presentada la demanda, carecen del

requisito general de la relevancia constitucional porque fueron

resueltos de forma razonable por la autoridad judicial accionada que

indicó que la sentencia aludida por los actores fue proferida con base

en la anterior posición jurisprudencial sobre la privación injusta de la

libertad, en la que se analizaban esos casos bajo el régimen de

responsabilidad objetivo, lo cual había cambiado.

Lo anterior también implica que el hecho de que el asunto fuese

resuelto con base en la posición jurisprudencial actual sobre el tema

al momento de proferirse la sentencia, no conllevaba la vulneración

a ninguna garantía constitucional, pues el alcance de un precedente

esta dado para los casos frente a los cuales no ha operado cosa

juzgada, excepto que la sentencia que contenga la regla a aplicar

tenga modulados sus efectos.

Sobre este aspecto, esta Sala ha señalado15:

“[…] Por último, la actora adujó que, en su caso, no se podía dar
aplicación a jurisprudencia que ha proferido con posterioridad a
la fecha en que ella dice haber cumplido con los requisitos para
acceder a la pensión de jubilación, esto es, el 11 de marzo de
2010.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de marzo
de 2019, CP Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001 03 15 000 2018 03272
01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

32

Número único de radicación: 110010315000-2023-04726-00
Actores: JORGE ELIECER CÓRDOBA MAQUILLON Y OTROS.

Tal argumento, tampoco tiene vocación de prosperar en
razón a que el alcance de un precedente jurisprudencial
esta dado para los casos frente a los cuales no ha operado
cosa juzgada, excepto que en la sentencia que contenga
la regla a aplicar, el Tribunal que la profiera haya
modulado sus efectos […]” (Destacado fuera de texto)

Asimismo, los reproches que los actores elevaron para cuestionar el

hecho de que la SECCIÓN TERCERA hubiese denegado las

pretensiones de la demanda, con base en una excepción de mérito

no formulada por su contraparte, lo cual asociaron con un

desconocimiento a los principios de la no reformatio in pejus y cosa

juzgada, tampoco constituyen un asunto de relevancia constitucional

porque se limitaría a un aspecto de mera legalidad derivado de la

interpretación dada por los accionantes al artículo 164 del Código

Contencioso Administrativo, que sí preveía tal posibilidad, así:

“[…] ARTÍCULO 164. Excepciones de fondo En todos los
procesos podrán proponerse las excepciones de fondo en la
contestación de la demanda, cuando sea procedente, o dentro
del término de fijación en lista, en los demás casos.

En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones
propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre
probada.

Son excepciones de fondo las que se oponen a la prosperidad de
la pretensión.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

33

Número único de radicación: 110010315000-2023-04726-00
Actores: JORGE ELIECER CÓRDOBA MAQUILLON Y OTROS.

El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y
decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin
perjuicio de la reformatio in pejus […]”.

Lo anterior significa que lo pretendido por los actores es que el juez

de tutela haga un nuevo examen de la situación fáctica y jurídica del

caso, con la finalidad de que se corrija el análisis que hizo la autoridad

judicial accionada y se acoja la interpretación que proponen.

Esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado improcedentes

acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no resulta ser de

verdadera relevancia constitucional, debido a que se centra en

reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue el caso de

la providencia de 29 de agosto de 201816, en la que se sostuvo:

“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.

16
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

34

Número único de radicación: 110010315000-2023-04726-00
Actores: JORGE ELIECER CÓRDOBA MAQUILLON Y OTROS.

Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).

Igualmente, en providencia de 9 de febrero de 201717, se indicó:

“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).

Cabe anotar que tampoco se cumple el requisito general de la

relevancia constitucional frente a la configuración del defecto por

desconocimiento del precedente jurisprudencial en relación con las

17
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

35

Número único de radicación: 110010315000-2023-04726-00
Actores: JORGE ELIECER CÓRDOBA MAQUILLON Y OTROS.

demás sentencias que citaron los actores en su escrito introductorio,

dado que sus afirmaciones no cumplen con la carga argumentativa

mínima, por cuanto aquellos se limitaron a transcribir apartes de

providencias que hacen alusión a conceptos relacionados con los

vistos en el caso bajo estudio, sin precisar la relación fáctica y jurídica

que pudiese existir entre lo resuelto en esas oportunidades y la

controversia del presente asunto.

Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa del

defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta

Sala18 ha indicado:

“[…]Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple. […]”. (Destacado fuera de texto)

18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
noviembre de 2022, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-
000-2022-04407-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

36

Número único de radicación: 110010315000-2023-04726-00
Actores: JORGE ELIECER CÓRDOBA MAQUILLON Y OTROS.

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de los actores,

sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como

si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en

relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la

autoridad judicial accionada, por lo cual el juez de tutela no puede

inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela

un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la

competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad judicial que conoce un

asunto, se debe respetar por el juez de tutela, quien no puede

desconocer la decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito

de sus competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran

derechos fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró

probado.

En consecuencia, la Sala declarará improcedente la presente acción

de tutela por carencia del requisito general de la relevancia

constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

37

Número único de radicación: 110010315000-2023-04726-00
Actores: JORGE ELIECER CÓRDOBA MAQUILLON Y OTROS.

la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia por falta del requisito general de

relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

38

Número único de radicación: 110010315000-2023-04726-00
Actores: JORGE ELIECER CÓRDOBA MAQUILLON Y OTROS.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 20 de octubre de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.