Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04726-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04726-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-04726-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
20 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000-2023-04726-00
Referencia: Acción de tutela
Actores: JORGE ELIÉCER CÓRDOBA MAQUILLÓN Y OTROS.
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR
CARECER DEL REQISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL. LOS ACTORES PRETENDEN QUE EL JUEZ DE
TUTELA HAGA UN NUEVO EXAMEN INTEGRAL DE LA SITUACIÓN
FÁCTICA Y JURÍDICA DEL CASO, CON LA FINALIDAD DE QUE SE
CORRIJA EL ANÁLISIS QUE HIZO LA AUTORIDAD JUDICIAL
ACCIONADA Y SE ACOJA LA INTERPRETACIÓN QUE PROPONEN.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y A LA
IGUALDAD.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por los actores contra
la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE
ESTADO1.
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En adelante la SECCIÓN TERCERA.
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Número único de radicación: 110010315000-2023-04726-00
Actores: JORGE ELIECER CÓRDOBA MAQUILLON Y OTROS.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
Los señores JORGE ELIECER, JACINTO, ARMINDA, CONRADO
FIDEL, EDELMIRA, ALIRIO y SERVANDO CÓRDOBA
MAQUILLÓN, REINA CÓRDOBA DE MARTÍNEZ y GLADYS
MARÍA CÓRDOBA ÁLVAREZ, actuando a través de apoderado
judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a los principios de
cosa juzgada, congruencia y no reformatio in pejus, los cuales, a su
juicio, les fueron vulnerados por la SECCIÓN TERCERA al haber
proferido en segunda instancia la sentencia de 29 de julio de 2022,
dentro de la acción de reparación directa identificada con el número
único de radicación 050012331000-2010-00448-01.
I.2.- Hechos
Indicaron que el 1o. de marzo de 2005, la FISCALÍA GENERAL DE
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LA NACIÓN2 impuso medida de aseguramiento al señor
SERVANDO CÓRDOBA CÓRDOBA, al vincularlo a un proceso penal
en el que se le investigaba por la comisión de los delitos de peculado
por apropiación y falsedad en documento público, en relación con las
funciones que realizó como alcalde del MUNICIPIO DE VIGÍA DEL
FUERTE.
Comentaron que el señor SERVANDO CÓRDOBA CÓRDOBA estuvo
privado de la libertad hasta el 20 de febrero de 2008, fecha en la que
fue absuelto por el JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO
DE TURBO.
Informaron que, debido a lo anterior, promovieron demanda en
ejercicio de la acción de reparación directa contra la RAMA
JUDICIAL y la FISCALÍA, con la finalidad de obtener la reparación
de los perjuicios que les fueron causados con la privación injusta de
la libertad del señor SERVANDO CÓRDOBA CÓRDOBA.
Precisaron que el proceso aludido fue identificado con el número
único de radicación 050012331000-2010-00448-00 y atribuido para
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En adelante la FISCALÍA.
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su trámite en primera instancia al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE ANTIOQUIA que, mediante sentencia de 27 de junio de 2013,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Agregaron que, al igual que su contra parte, interpusieron el recurso
de apelación respectivo, el cual fue resuelto por la SECCIÓN
TERCERA de esta Corporación que, a través de sentencia de 29 de
julio de 2022, revocó la decisión recurrida y, en su lugar, denegó las
pretensiones de la demanda.
Sostuvieron que la SECCIÓN TERCERA estimó que la absolución
había obedecido a la existencia de una duda a favor del procesado,
además que la privación de la libertad cumplió con los requisitos
legales para su imposición.
Comentaron que, con ocasión de los mismos hechos investigados
penalmente, el señor JORGE ELIÉCER CÓRDOBA MAQUILÓN,
hijo del señor SERVANDO CÓRDOBA CÓRDOBA, también fue
privado de la libertad y, posteriormente absuelto, por lo que aquel
promovió una acción de reparación directa identificada con el
número único de radicación 050012331000-2010-00488-00, la cual
fue conocida en segunda instancia por la SECCIÓN TERCERA -
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SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO que, mediante
sentencia de 10 de noviembre de 2017, accedió de forma parcial a
las pretensiones de la demanda respectiva.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Argumentaron que la decisión cuestionada es incongruente, dado
que si bien la SECCIÓN TERCERA de esta Corporación reconoció
que hubo un daño, lo cierto es que estableció que no había prueba
de que la privación de la libertad fue desproporcionada, irrazonable
o arbitraria.
Agregaron que, por lo mismo, aquella autoridad incurrió en el
defecto fáctico porque, por una parte, afirmó que el daño estuvo
probado dada la privación de la libertad, mientras que, por otra,
indicó que no había prueba sobre la ilicitud.
Adujeron que la autoridad judicial también desconoció que en el
proceso del señor JORGE ELIÉCER CÓRDOBA MAQUILÓN, el cual
estuvo basado en los mismos hechos y fundamentos jurídicos, sí se
accedieron a las pretensiones de la demanda.
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Precisaron que la SECCIÓN TERCERA también desconoció la
sentencia SU-072 de 2018 proferida por la Corte Constitucional, que
establece que el juez debe determinar “[…] si objetivamente existió
la necesidad de soportar una medida de aseguramiento o no, lo que
necesariamente conlleva a “observar” no a volver a decidir sobre
responsabilidad penal, que no le compete y además es ajeno a su
función […]”.
Apuntaron que de igual forma la SECCIÓN TERCERA desconoció la
sentencia de “[…] 5 de agosto de dos mil dieciocho (2018), radicado
66001- 23-31-000-2010-00235 01 (46.947), CONSEJERO PONENTE:
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA […] que dispone sobre la
responsabilidad estatal cuando la persona no cometió la conducta
punible, o el hecho no existió, que es nuestro caso, o cuando la
misma es atípica […]”.
Expusieron que la autoridad judicial accionada desconoció el derecho
a la igualdad porque decidió el caso con base en reglas
jurisprudenciales “[…] no expuestas ni admitidas por el Consejo de
Estado al momento de presentación de la demanda y de la misma
apelación, lo que implica una desigualdad en las “armas” para las
partes y un desconocimiento de los derechos legalmente
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conquistados […]”.
Explicaron que fue probado que el señor SERVANDO CÓRDOBA
CÓRDOBA fue detenido por hechos que no existieron, “[…] lo que
consecuencialmente debió generar en el ad quem a proceder
considerando la responsabilidad objetiva como lo tiene bien definido
la instancia superior de lo contencioso administrativo […]”.
Anotaron que la autoridad judicial accionada desconoció los principios
de no reformatio in pejus y cosa juzgada “[…] que limita a la segunda
instancia en este tipo de procesos declarativos, en los que sólo debe
reconocer las excepciones claramente establecidas en la ley y no
otras que debieron proponerse y no se hicieron […]”.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, los actores pretenden lo siguiente:
“[…] PRIMERA PETICIÓN : Que se declare que la sentencia de
segunda instancia proferida por la Sección Tercera, Subsección
C, del honorable Consejo de Estado, de fecha notificada por
edicto el 30 de junio de 2023, se expidió por vías de hecho
causando perjuicios irremediables con violación al debido
proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución
Nacional, en varios aspectos a este derecho fundamental pues
su decisión, de forma incongruente, se apartó de la realidad
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procesal, resultado del proceso penal que deriva en establecer
la injusta privación de la libertad, y del proceso administrativo
en el que se reconoció en primera instancia la responsabilidad
objetiva por esa injusta privación de la libertad, y no obstante
esa realidad procesal, la segunda instancia negó las
pretensiones, la misma fue ajena a la obligación del ente de la
Fiscalía de confirmar las denuncias antes de proceder, siendo
esa una obligación sustancial de la entidad accionada quien no
lo hizo, siendo contraria la decisión entonces, a la sentencia de
unificación vigente del Honorable Consejo de Estado, sobre la
responsabilidad derivada de la privación injusta de la libertad,
desconociendo entonces también el antecedente
jurisprudencial, la prohibición de no reformatio in pejus,
de ajustarse a la ratio decidendi, que limita a la segunda
instancia a pronunciarse sobre lo que es objeto de apelación y
no más allá de lo propuesto, en procesos declarativos, violación
al Derecho a la Igualdad y desconocimiento de la jurisprudencia
de unificación y el antecedente jurisprudencial pertinente,
conforme quedó expuesto.
SEGUNDA PETICIÓN : Como consecuencia de la declaración
derivada de la petición anterior, RESTABLECER EL DERECHO
a los accionantes JORGE ELIECER CORDOBA MAQUILON,
JACINTO CORDOBA MAQUILON, ARMINDA CORDOBA
MAQUILON, CONRADO FIDEL CORDOBA MAQUILON,
EDELMIRA CORDOBA MAQUILON, ALIRIO CORDOBA
MAQUILON, REINA CORDOBA DE MARTINEZ, SERVANDO
CORDOBA MAQUILON y GLADYS MARIA CORDOBA
ALVAREZ, y se ordene a la Sección Tercera, Subsección C, del
Honorable Consejo de Estado, que revoque el fallo contenido en
la sentencia notificada por edicto el 30 de junio de 2023, en el
radicado 05001-23-31-000-2010-00448-00 (Finalizado en
01 en la segunda instancia), disponiendo lo pertinente conforme
a la responsabilidad estatal derivada de una privación injusta de
la libertad en un proceso penal en donde el hecho o conducta
punible no existió, y por tanto el demandante no lo cometió,
declarando en consecuencia, responsable administrativamente a
la Nación-Fiscalía General de la Nación, por la injusta privación
de la libertad del señor SERVANDO CORDOBA CORDOBA,
condenando al ente administrativo por los daños y perjuicios
causados con ocasión de dicha privación injusta de la libertad
acorde a lo pedido y probado y conforme lo reconoce
actualmente el H. Consejo de Estado.
PETICIÓN SUBSIDIARIA: De conformidad con la petición
anterior, se someta la asignación del trámite respectivo, a
reparto de la Sección Tercera del Consejo de Estado, para que
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sea asignada otra sala, quien disponga del fallo a que haya lugar
conforme se decida en esta acción […]”. (sic).
I.5.- Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA, a través del Consejero encargado
del Despacho de quien fue el ponente de la sentencia cuestionada,
indicó que comoquiera que no suscribió esta providencia, se
abstendría de pronunciarse sobre el fondo del asunto, no obstante,
precisó que estaría atento a la decisión respectiva.
I.5.2.- La RAMA JUDICIAL, vinculada en calidad de tercera con
interés directo en las resultas del proceso, manifestó que en razón a
que el juez constitucional no es el juez natural para analizar los
hechos origen de la controversia y, en particular, porque ya la
SECCIÓN TERCERA resolvió el caso, la acción de tutela debía
declararse improcedente.
Destacó que la decisión cuestionada tuvo en cuenta las sentencias C-
037 de 1996 y SU de 2018 proferidas por la Corte Constitucional,
conforme con las cuales el hecho de que una persona privada de la
libertad dentro de un proceso penal resulte absuelta no es suficiente
para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, dado que se
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requiere determinar si la medida fue injusta.
I.5.3.- La FISCALÍA, vinculada en calidad de tercera con interés
directo en las resultas del proceso, indicó que la presente acción de
tutela es improcedente por subsidiariedad, dado que los actores no
han hecho uso de todos los mecanismos judiciales que tienen a su
disposición para controvertir la decisión cuestionada.
Indicó que, en su sentir, los actores no sustentaron de forma
suficiente las causales específicas de procedibilidad de la solicitud de
amparo, además que la providencia cuestionada estuvo basada en el
respeto del debido proceso de las partes y, en particular, en la
aplicación de la sentencia SU-072 de 2018.
I.5.4.- El señor SERVANDO CÓRDOBA CÓRDOBA, vinculado en
calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso,
pese a haber sido notificado en debida forma, guardó silencio.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
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La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
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C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
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sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
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derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
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servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el caso bajo examen, los actores pretenden que se deje sin efecto
la sentencia de 29 de julio de 2022, proferida en segunda
instancia por la SECCIÓN TERCERA de esta Corporación, mediante
la cual se revocó la decisión del a quo y, en su lugar, se denegaron
las pretensiones de la demanda, dentro de la acción de reparación
directa identificada con el número único de radicación 050012331000
2010 00448 01.
La controversia tiene origen en la privación de la libertad del señor
SERVANDO CÓRDOBA CÓRDOBA entre el 1o. de marzo de 2005 y
el 20 de febrero de 2008, como consecuencia de una medida de
aseguramiento que le fue impuesta en el curso de un proceso penal
en el que se le investigaba por los delitos de peculado por apropiación
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y falsedad en documentos públicos y privados, del cual resultó
absuelto.
El reproche de los actores subyace del hecho de que, en su sentir, la
decisión: i) es incongruente porque reconoce la existencia de un daño
pero niega su ilicitud; ii) desconoce que otro de los investigados en
el mismo proceso penal sí fue reparado; iii) no tuvo en cuenta la
sentencia SU 072 de 2018 y otras sobre el deber de analizar la ilicitud
de la medida de aseguramiento y la responsabilidad en casos de
absoluciones; iii) inobservó la jurisprudencia aplicable al momento
de la presentación de la demanda y; iv) no podía basarse en
excepciones que no fueron propuestas por la parte demandada.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de
ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados
e incurrió en las irregularidades aludidas, al haber proferido la
sentencia de 29 de julio de 2022.
Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
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Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional3, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».4
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación5, en sentencia de unificación de 5 de
3
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
4
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [6]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [7].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [8].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
[6] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[7] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[8] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
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A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [9].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
[9] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [10]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [11].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [12]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
[10] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[11] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[12] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
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desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
Ahora bien, la Sala observa que, a través de la sentencia
cuestionada, la SECCIÓN TERCERA denegó las pretensiones de los
actores dentro de la acción de reparación directa origen de la
controversia, con base en el siguiente análisis:
“[…]
I. Problema jurídico
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Corresponde a la Sala determinar si la privación de la libertad
fue consecuencia de una actuación abiertamente
desproporcionada y violatoria del procedimiento legal.
II. Análisis de la Sala
5. Como la sentencia fue recurrida por ambas partes, la Sala
resolverá sin limitaciones, en los términos del artículo 357 CPC.
Hechos probados
6. De conformidad con los medios probatorios allegados
oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes
hechos:
6.1. El 26 de julio de 2004, Benicio Murillo Ramírez formuló
denuncia contra Cervando Córdoba Córdoba, alcalde del
Municipio de Vigía del Fuerte, por hechos relacionados con unas
cuentas de cobro por el suministro de gasolina al municipio,
denuncia ampliada el 3 de noviembre siguiente, según da cuenta
copia auténtica de la diligencia (f. 4-5 y 28-30 c. 1).
6.2. El 31 de agosto de 2004, la Fiscalía Unidad Especializada de
Delitos contra la Administración Pública abrió investigación
contra Cervando Córdoba Córdoba por los delitos de peculado
por apropiación y falsedad ideológica en documento público,
según da cuenta copia auténtica de la resolución (f. 10-11 c. 1).
6.3. El 24 de enero de 2005, Cervando Córdoba Córdoba rindió
indagatoria dentro del proceso penal, según da cuenta copia
auténtica del acta de la audiencia (f. 82-86 c. 1).
6.4 El 1 de marzo de 2005, la Fiscalía Unidad Especializada de
Delitos contra la Administración Pública impuso medida de
aseguramiento a Cervando Córdoba Córdoba por los delitos de
peculado por apropiación y falsedad en documento público,
según da cuenta copia auténtica de la providencia (f. 275-292 c.
1).
6.5. El 16 de mayo de 2005, la Fiscalía informó al Director
Regional del INPEC que a partir de esa fecha Cervando Córdoba
Córdoba quedaba en detención domiciliaria en su residencia,
según da cuenta copia auténtica del oficio (f. 1025 c. 2).
6.6. El 22 de agosto de 2005, la Fiscalía Unidad Especializada de
Delitos contra la Administración Pública profirió resolución de
acusación contra Cervando Córdoba Córdoba por los delitos de
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peculado por apropiación y falsedad en documento público,
según da cuenta copia auténtica de la providencia (f. 1389-1404
c. 3).
6.7. El 11 de octubre de 2005, la Unidad de Fiscales ante el
Tribunal Superior de Antioquia declaró la nulidad de la resolución
de acusación contra Cervando Córdoba Córdoba por los delitos
de peculado por apropiación y falsedad en documento público,
según da cuenta copia auténtica de la providencia (f. 1575-1585
c. 3).
6.8. El 3 de noviembre de 2005, la Fiscalía Unidad Especializada
de Delitos contra la Administración Pública profirió nueva
resolución de acusación contra Cervando Córdoba Córdoba por
los delitos de peculado por apropiación, y falsedad en documento
público y en documento privado, según da cuenta copia
auténtica de la providencia (f. 1604-1619 c. 3).
6.9. El 15 de marzo de 2006, el Juzgado Segundo Penal del
Circuito ordenó la libertad provisional de Cervando Córdoba
Córdoba, según da cuenta copia auténtica del auto (f. 1753-
1756 c. 3).
6.10. El 20 de febrero de 2008, el Juzgado Segundo Penal del
Circuito absolvió a Cervando Córdoba Córdoba por duda a favor
del procesado [in dubio pro reo], según da cuenta copia
auténtica de la providencia (f. 2041-2068 c. 4). La providencia
se notificó personalmente el 6 de marzo de 2008, según da
cuenta copia auténtica de la constancia de notificación (f. 2086
c. 4), y quedó ejecutoriada el 9 de marzo siguiente, según el
artículo 186 de la Ley 600 de 2000.
6.11. Cervando Córdoba Córdoba es esposo de Arminda María
Maquilón de Córdoba, padre de Ciriaca Córdoba Maquilón,
Arminda Córdoba Maquilón, Conrado Fidel Córdoba Maquilón,
Cervando Córdova Maquilón, Jacinto Córdoba Maquilón, Alirio
Córdoba Maquilón, Edelmira Córdoba Maquilón, Jorge Eliecer
Córdoba Maquilón y hermano de Gladys María Córdoba Álvarez,
según da cuenta copia auténtica de los registros civiles de
matrimonio y de nacimiento (f. 2116-2125 c. 4).
La privación de la libertad en la Ley 270 de 1996
7. El daño está demostrado porque Cervando Córdoba Córdoba
estuvo privado de la libertad desde el 16 de mayo de 2005 hasta
el 15 de marzo de 2006 [hechos probados 6.5 y 6.9].
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La privación injusta de la libertad como escenario de
responsabilidad está regulada en la Ley 270 de 1996, estatutaria
de la administración de justicia, en el artículo 68 que establece
que quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá
demandar al Estado reparación de perjuicios. La Corte
Constitucional, al declarar su exequibilidad condicionada, dejó
en claro que el término «injustamente» se refiere a una
actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los
procedimientos legales.
De acuerdo con ese precepto, tal y como quedó después de su
condicionamiento de constitucionalidad, el estudio de
responsabilidad implica analizar las circunstancias en que se
produjo la privación de la libertad, para determinar si obedeció
a una medida apropiada, razonada, conforme a derecho o si la
conducta de la entidad fue abiertamente arbitraria. En todos los
casos es posible que el Estado se exonere si se acredita que el
daño provino de una causa extraña, esto es, que sea imputable
al hecho determinante y exclusivo de un tercero o a la culpa
exclusiva de la víctima, esta de conformidad con los artículos 67
y 70 de la Ley 270 de 1996.
El artículo 243 CN dispone que los fallos que la Corte
Constitucional dicte, en ejercicio del control abstracto de
constitucionalidad, hacen tránsito a cosa juzgada constitucional.
Una vez en firme y ejecutoriada la decisión, esta tiene fuerza
vinculante, obligatoria para todos, incluidos, por supuesto, los
jueces de la República. Si la Corte condiciona la decisión de
constitucionalidad de un precepto legal, esa interpretación
condicionada descarta expresamente otras interpretaciones
posibles. Las sentencias interpretativas en ejercicio del control
abstracto de constitucionalidad alteran parcialmente el
contenido de la disposición, al tiempo que expulsa del
ordenamiento cualquier otra interpretación que admita la norma
acusada.
8. La Fiscalía Unidad Especializada de Delitos contra la
Administración Pública impuso medida de aseguramiento a
Cervando Córdoba Córdoba por los delitos de peculado por
apropiación y falsedad en documento público [hecho probado
6.4]. La decisión de la Fiscalía se fundamentó en la denuncia
penal presentada por Benicio Murillo Ramírez en la que afirmó
que, en el mes de noviembre de 2003 fue requerido para que
legalizará tres cuentas de cobro por la venta de combustible que
él no suministró. En la ampliación de la denuncia afirmó que las
tres cuentas de cobro las hicieron llegar a su residencia. Así lo
resaltó la providencia al indicar:
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[...] No es cierto que a Benicio se le haya cancelado esas tres
cuentas por combustible despachado en otras administraciones,
pues en la orden de pago al relacionar el concepto no se dijo que
estaban cancelando vigencias anteriores. No es cierto que se
estaba cancelando por orden judicial, la orden de pago nada dice
al respecto. Los cheques aparecen firmados por él y hasta llevan
los sellos que dijo siempre coloca a cada documento que como
alcalde le corresponde firmar. Firmó los cheques y las cuentas
no llevan su firma, cuando advierte que siempre que firma un
cheque, firma la cuenta y sabe a quién y qué se le está pagando.
Y aunque niega conocer nada sobre estos hechos, el denunciante
afirma que el sobre contenía las órdenes de pago que le fueron
entregadas por el tesorero estando el presente. El tesorero ha
sostenido que todo pago es autorizado por él y si firmó las
cuentas y los cheques es precisamente porque el ordenador del
gasto así los había establecido. El aparente estado de
preocupación por lo que haya podido pasar con esas cuentas es
solo eso, apariencia, pues el escolta ha manifestado que recibía
de la administración y del mismo alcalde sobres sellados con
cheques para cambiar en los bancos de esta ciudad y el dinero
regresaba a vigía a la persona que le había enviado el sobre.
El señor Cervando Córdoba Córdoba si bien es una persona
carente de títulos universitarios, como el mismo lo ha
manifestado, ha trasegado por espacio de más de 30 años en
cargos públicos, que le han dado el bagaje necesario para
conocer de manera directa cómo tiene que ser la inversión social
y que toda actividad ejecutada a costa del erario tiene que estar
además ordenada presupuestalmente.
Pero contrariando sus deberes legales, la eficacia y la eficiencia,
firma cheques sin soportes a nombre de otra persona.
De suerte que, así las cosas, se tiene que con sus actuaciones
los coautores han incurrido en el delito de peculado por
apropiación en su beneficio personal en cuantía de $11.500.00
para lo cual se valieron de las tres órdenes de pago, incurriendo
en falsedad ideológica en documento público, pues así no esté
firmado por el ordenado del gasto, lo firmó el tesorero.
En cuanto a las medidas de aseguramiento es procedente
imponer la detención preventiva para proteger la administración
pública (f. 275-292 c. 1).
Aunque el Juzgado Segundo Penal del Circuito absolvió a
Cervando Córdoba Córdoba por duda a favor del procesado [in
dubio pro reo] [hecho probado 6.10], su privación de la libertad
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cumplió con los requisitos establecidos en el Código de
Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos, pues
contó con los dos indicios graves necesarios [hecho probado
6.4]. Como además no existe prueba en el proceso que acredite
que la privación de la libertad fue desproporcionada, irrazonable
o arbitraria, se revocará la sentencia apelada y se negarán las
pretensiones.
9. La Sala pone de presente que, en otro proceso, Eliécer
Córdoba Maquilón formuló demanda de reparación directa por
privación injusta de la libertad y la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, por sentencia del 10 de
noviembre de 2017 rad. n°. 54036 –adicionada con providencia
del 13 de noviembre de 2018– accedió a las pretensiones. El
proceso rad. n°. 54036 y este proceso son asuntos diferentes,
porque no son los mismos demandantes y las actuaciones
procesales son distintas. La decisión del proceso rad. n°. 54036
no ata, pues, a la Sala.
Además, cuando se dictó la sentencia del 10 de noviembre de
2017, la Sección Tercera del Consejo de Estado sostuvo, en la
sentencia del 17 de octubre de 2013, rad. n°. 23.353, que en
los eventos de absolución por duda a favor del procesado [in
dubio pro reo], debía aplicarse el régimen objetivo de
responsabilidad por privación injusta de la libertad. La Sección
Tercera, sin embargo, cambió ese criterio. Las controversias por
privación injusta de la libertad deben resolverse en los términos
del artículo 68 de la Ley 270 de 1996-LEAJ, con el
condicionamiento de constitucionalidad de la sentencia C-037 de
1996 [núm. 7] […]”.
Conforme con la transcripción en cita, la Sala advierte que, luego de
enlistar y analizar los elementos de juicio obrantes en el expediente,
la SECCIÓN TERCERA señaló que conforme con lo previsto en el
artículo 68 de la Ley 270 de 199613 y la sentencia C-037 de ese
mismo año, quien fuese privado injustamente de la libertad de
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“ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.
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forma abiertamente desproporcionada o violatoria de los
procedimientos legales podía demandar al Estado por la
reparación de los perjuicios causados.
No obstante, la autoridad judicial accionada si bien encontró que
existió un daño, por cuanto el señor SERVANDO CÓRDOBA
CÓRDOBA sí estuvo privado de la libertad, estableció que no se
encontraban cumplidos los otros requisitos para exigir la reparación
derivada de la misma, por cuanto la medida de aseguramiento no
fue injusta porque cumplió con los requisitos establecidos en el
Código de Procedimiento Penal aplicable, dado que estuvo basada en
dos indicios graves necesarios, sin que existiera prueba en el proceso
que acreditara que fue desproporcionada, irrazonable o arbitraria.
Asimismo, la SECCIÓN TERCERA determinó que si bien en
sentencia de 10 de noviembre de 2017, se accedió a pretensiones de
reparación en un asunto que se derivaba de los mismos hechos
origen de la presente controversia, pero en el cual la víctima directa
fue el señor ELIÉCER CÓRDOBA MAQUILÓN, lo cierto era que las
actuaciones procesales fueron distintas, además de haber sido
resueltas con base en la anterior posición jurisprudencial conforme
con la cual esos asuntos se juzgaban bajo un régimen de
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responsabilidad objetivo, lo cual había cambiado.
Precisado lo anterior, la Sala advierte que la acción de tutela de la
referencia es improcedente por falta de relevancia
constitucional, porque a través de esta los actores lo que pretenden
es cuestionar una decisión judicial como si este mecanismo se tratase
de un recurso o instancia adicional al proceso ordinario, sin que en
todo caso, se vislumbre que la autoridad accionada pudo haber
actuado de forma abiertamente arbitraria o desbordado los límites
del principio de la autonomía judicial.
Ahora bien, la Sala precisa que si bien los actores aducen que la
providencia cuestionada es incongruente, lo que eventualmente daría
lugar a que sus reproches, en todo caso, debieran ser ventilados a
través del recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que los
argumentos respectivos no corresponden a dicha figura jurídica,
comoquiera que no subyacen de la presunta falta de congruencia
entre la parte motiva y resolutiva de la sentencia o entre lo resuelto
en esta y lo debatido en el proceso14.
14
Respecto de la falta de congruencia de la sentencia como causal de revisión, ver. Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 16, Sentencia de 14 de
2023, CP NICOLÁS YEPES CORRALES, número único de radicación 11001-03-15-000-2022-00718-00,
“[…] debe indicarse que, la congruencia, como principio, tiene dos manifestaciones concretas: la
interna, que se refiere a la correspondencia que debe existir entre la parte motiva y la resolutiva de la
sentencia, y la externa, que propende porque la decisión contenida en su parte resolutiva se encuentre
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En efecto, en relación con este aspecto los actores señalaron que la
providencia cuestionada era incongruente, además de estar incursa
en un defecto fáctico, porque la autoridad judicial accionada había
reconocido la existencia de un daño, pero había desconocido que este
fue injusto, situación que denota una imprecisión en la lectura de los
elementos de la responsabilidad extracontractual por parte de
aquellos.
Lo anterior, comoquiera que la existencia de un daño no implica una
reparación automática, dado que para tal efecto además se requiere
que aquel sea antijurídico, lo cual en el caso bajo estudio no ocurrió
en criterio de la SECCIÓN TERCERA porque la medida de privación
de la libertad se ajustó a los requisitos legales para su imposición, lo
cual fue argumentado ampliamente en la providencia cuestionada,
sin que los actores hubiesen formulado reproche alguno para
desvirtuar tal afirmación.
De igual forma, el presunto desconocimiento del derecho a la
igualdad, así como los argumentos sobre la aplicación del precedente
en concordancia con lo pedido en la demanda y en su contestación32, es decir, que haya identidad
jurídica entre lo resuelto y las pretensiones y excepciones oportunamente presentadas, salvo por las
competencias oficiosas que la ley otorga al juzgador33. Lo anterior, con fundamento en el artículo 281
del Código General del Proceso34 ꟷque reformó el artículo 305 del CPCꟷ, aplicable por remisión
normativa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 […].
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vigente al momento en que fue presentada la demanda, carecen del
requisito general de la relevancia constitucional porque fueron
resueltos de forma razonable por la autoridad judicial accionada que
indicó que la sentencia aludida por los actores fue proferida con base
en la anterior posición jurisprudencial sobre la privación injusta de la
libertad, en la que se analizaban esos casos bajo el régimen de
responsabilidad objetivo, lo cual había cambiado.
Lo anterior también implica que el hecho de que el asunto fuese
resuelto con base en la posición jurisprudencial actual sobre el tema
al momento de proferirse la sentencia, no conllevaba la vulneración
a ninguna garantía constitucional, pues el alcance de un precedente
esta dado para los casos frente a los cuales no ha operado cosa
juzgada, excepto que la sentencia que contenga la regla a aplicar
tenga modulados sus efectos.
Sobre este aspecto, esta Sala ha señalado15:
“[…] Por último, la actora adujó que, en su caso, no se podía dar
aplicación a jurisprudencia que ha proferido con posterioridad a
la fecha en que ella dice haber cumplido con los requisitos para
acceder a la pensión de jubilación, esto es, el 11 de marzo de
2010.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de marzo
de 2019, CP Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001 03 15 000 2018 03272
01.
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Tal argumento, tampoco tiene vocación de prosperar en
razón a que el alcance de un precedente jurisprudencial
esta dado para los casos frente a los cuales no ha operado
cosa juzgada, excepto que en la sentencia que contenga
la regla a aplicar, el Tribunal que la profiera haya
modulado sus efectos […]” (Destacado fuera de texto)
Asimismo, los reproches que los actores elevaron para cuestionar el
hecho de que la SECCIÓN TERCERA hubiese denegado las
pretensiones de la demanda, con base en una excepción de mérito
no formulada por su contraparte, lo cual asociaron con un
desconocimiento a los principios de la no reformatio in pejus y cosa
juzgada, tampoco constituyen un asunto de relevancia constitucional
porque se limitaría a un aspecto de mera legalidad derivado de la
interpretación dada por los accionantes al artículo 164 del Código
Contencioso Administrativo, que sí preveía tal posibilidad, así:
“[…] ARTÍCULO 164. Excepciones de fondo En todos los
procesos podrán proponerse las excepciones de fondo en la
contestación de la demanda, cuando sea procedente, o dentro
del término de fijación en lista, en los demás casos.
En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones
propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre
probada.
Son excepciones de fondo las que se oponen a la prosperidad de
la pretensión.
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El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y
decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin
perjuicio de la reformatio in pejus […]”.
Lo anterior significa que lo pretendido por los actores es que el juez
de tutela haga un nuevo examen de la situación fáctica y jurídica del
caso, con la finalidad de que se corrija el análisis que hizo la autoridad
judicial accionada y se acoja la interpretación que proponen.
Esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado improcedentes
acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no resulta ser de
verdadera relevancia constitucional, debido a que se centra en
reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue el caso de
la providencia de 29 de agosto de 201816, en la que se sostuvo:
“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.
16
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.
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Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).
Igualmente, en providencia de 9 de febrero de 201717, se indicó:
“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).
Cabe anotar que tampoco se cumple el requisito general de la
relevancia constitucional frente a la configuración del defecto por
desconocimiento del precedente jurisprudencial en relación con las
17
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
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demás sentencias que citaron los actores en su escrito introductorio,
dado que sus afirmaciones no cumplen con la carga argumentativa
mínima, por cuanto aquellos se limitaron a transcribir apartes de
providencias que hacen alusión a conceptos relacionados con los
vistos en el caso bajo estudio, sin precisar la relación fáctica y jurídica
que pudiese existir entre lo resuelto en esas oportunidades y la
controversia del presente asunto.
Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa del
defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta
Sala18 ha indicado:
“[…]Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple. […]”. (Destacado fuera de texto)
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
noviembre de 2022, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-
000-2022-04407-01.
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En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de los actores,
sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como
si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en
relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la
autoridad judicial accionada, por lo cual el juez de tutela no puede
inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela
un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la
competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad judicial que conoce un
asunto, se debe respetar por el juez de tutela, quien no puede
desconocer la decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito
de sus competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran
derechos fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró
probado.
En consecuencia, la Sala declarará improcedente la presente acción
de tutela por carencia del requisito general de la relevancia
constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
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la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia por falta del requisito general de
relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 20 de octubre de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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