Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04727-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04727-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-04727-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
4 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 04727 01
Demandante: María Eugenia Motato Hernández
Demandado: Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca y otros
Temas: Tutela por la presunta vulneración de los derechos al debido proceso, al
acceso real y efectivo a la administración de justicia, a la seguridad social,
al mínimo vital y móvil, a la especial protección constitucional a personas
con grado severo de discapacidad, al no dirimir el conflicto entre las
jurisdicciones ordinaria laboral y contencioso-administrativa para conocer
del medio de control que promovió para que se declare nula la Resolución
211 del 28 de septiembre de 2020, expedida por el Ministerio del Trabajo,
Dirección Territorial del Valle del Cauca. Incumplimiento de requisito de
procedibilidad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandante contra la sentencia
del 21 de noviembre de 2023, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, declaró improcedente la solicitud de amparo.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud de tutela
La señora María Eugenia Motato Hernández, por medio de apoderada, promueve
acción de tutela contra las providencias del 2 de julio de 2021 y del 17 de septiembre
de 2021, proferidas por el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Cali,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: María Eugenia Motato Hernández
del 15 de octubre de 2021, dictada por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Cali,
la sentencia del 26 de octubre de 2021 expedida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, la del 25 de noviembre de 2021, emitida por la Sección Primera del
Consejo de Estado y la actuación de vigilancia judicial administrativa que se surtió ante
el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca.
1.2. Pretensiones
La accionante formula las siguientes súplicas:
PRIMERO: CONCEDER LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA como último mecanismo
de defensa judicial administrativa y ordinaria de la accionante, MARÍA EUGENIA
MOTATO HERNÁNDEZ y DIRIMIR [e]l [c]onflicto de competencias suscitado entre la
[jurisdicción contencioso administrativa] y la [justicia laboral ordinaria] del Circuito
de Santiago de Cali – Valle del Cauca, primera instancia judicial, decidiendo
también, sobre la pérdida automática de la competencia del juez 10 laboral del
[c]ircuito de Cali, en las condiciones del artículo 121 del C.G. del P.
SEGUNDO: ORDENAR, remitir el expediente que contiene el [medio de control de
acción de nulidad y restablecimiento del derecho] instaurado por la accionante […]
al juez y la jurisdicción competentes, ordenándole asumir competencia y proferir
en el término máximo de seis (6) meses, la sentencia de primera instancia judicial
respectiva.
TERCERO: CONCEDER EL AMPARO CAUTELAR Y PROVISIONAL SOLICITADO,
ORDENANDO; la suspensión provisional de la Resolución 0211 del 28 de septiembre
del 2020, expedida por el MINISTERIO DEL TRABAJO, por medio de la cual [resuelve
el recurso de apelación] hasta tanto el juez competente resuelva de fondo y / o el
MINISTERIO DEL TRABAJO, aporte al proceso los actos de radicación, notificación,
admisión y traslado del recurso de alzada a la trabajadora MARÍA EUGENIA MOTATO
HERNÁNDEZ y/o su abogada Dra. ANA RUBY HERRERA V. en el respectivo proceso en
actos de sustanciación de la [s]egunda instancia [a]dministrativa ante el MINISTERIO
DEL TRABAJO, que generó la revocatoria de la Resolución No. 2118 del 12 de agosto
del año 2019, que resolvió una solicitud de autorización de terminación del vínculo
laboral a trabajador con discapacidad.
CUARTO: CONCEDER LA ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA
TRABAJADORA CON GRADO SEVERO DE DISCAPACIDAD ORDENANDO: El pago
inmediato de los salarios dejados de percibir desde el momento de la revocatoria
de la Resolución 2118 del 12 de agosto del 2019 del Ministerio del Trabajo y el
reintegro inmediato de la trabajadora al sistema integral de seguridad social
integral, que garantice la continuidad de sus tratamientos médicos, citas con
especialistas dando la continuidad médica y quirúrgica para de alguna manera
reactivar las cirugías y tratamientos médicos suspendidos desde el momento de la
revocatoria de la Resolución del 12 de agosto del 2019 expedida en [primera
instancia administrativa] por el Ministerio del Trabajo y hasta tanto se profiera el
fallo resolutivo de [primera instancia judicial correspondiente].
QUINTO: FACULTADES EXTRA Y ULTRA PETITA, acudo al […] juez constitucional
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Demandante: María Eugenia Motato Hernández
solicitando se ordene o declare todo lo que le sea favorable a la accionante MARÍA
EUGENIA MOTATA (sic) HERNÁNDEZ en las condiciones de los artículos 53 y 48
constitucionales y que no se haya pedido.
1.3. Hechos de la solicitud
De la confusa narración que a través de su apoderada efectúa la accionante se extrae
lo siguiente:
i) El Ministerio del Trabajo y de la Protección Social expidió la Resolución 2118 del
12 de agosto de 2019, por medio de la cual no autorizó la terminación de su vínculo
laboral con el señor Diego Sanint Peláez, al considerar que se encontraba bajo el
amparo constitucional a la estabilidad laboral reforzada por haber sido calificada con
un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 42.97 %, en aplicación de lo
dispuesto en el literal b) del artículo 7.º del Decreto 917 de 1999 y el sinnúmero de
normas de carácter constitucional y social que protegen a las personas en estado de
discapacidad.
ii) Luego, emitió la Resolución 211 del 28 de septiembre de 2020, a través de la cual
revocó la anterior decisión y facultó a su empleador para que diera por terminada la
relación laboral, sin que se le notificara ni a su apoderada la existencia de trámite
procesal, traslado, término para la interposición de recursos y/o alegatos,
pretermitiendo integralmente la segunda instancia administrativa.
iii) Por medio de apoderada interpuso acción de tutela contra el Ministerio del Trabajo
a la que se le asignó la radicación 76001 33 33 006 2021 00036 01, proceso dentro
del cual se confirmó el fallo de primera instancia que declaró improcedente la tutela
por tener otros medios de defensa judicial ante la jurisdicción ordinaria y no haber
acreditado la configuración de un perjuicio irremediable.
iv) Teniendo en cuenta lo anterior, instauró medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Resolución 211 del 28 de septiembre de 2020,
que le correspondió al Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Cali con radicado
76001 33 33 015 2021 00127 00 en el que solicitó medida cautelar de urgencia.
Mediante Auto 170 del 2 de julio de 2021, el despacho declaró su falta de jurisdicción
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Demandante: María Eugenia Motato Hernández
para conocer del asunto y ordenó remitir la demanda a los juzgados laborales del
circuito de Cali e igualmente señaló que provocaba un conflicto negativo de jurisdicción
y, en caso de que al juez al que se le repartiera hiciera igual manifestación, se remitiera
el expediente a la Corte Constitucional con el fin de que dirimiera la controversia.
v) Contra esa decisión interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación para
que se declarara que el juez administrativo es el competente para tramitar el proceso
según lo previsto en el artículo 155 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA) y para decidir sobre la suspensión provisional
de los actos demandados conforme con lo dispuesto en los artículos 29, 83, 84, 85 y
238 de la Constitución Política, en los numerales 4 y 5 del artículo 139 del Código
General del Proceso y el artículo 158 de la Ley 1437 de 2011, los cuales fueron
rechazados de plano mediante Auto 352 del 17 de septiembre de 2021.
vi) Dado que esas providencias resultaban violatorias de sus derechos impetró acción
de tutela —radicación 76001 23 33 000 2021 01015 00— para que se ordenara
resolviera el conflicto de competencias suscitado entre autoridades judiciales, que
como lo prevé el ordenamiento debe ser resuelto de oficio o a solicitud de parte por el
superior del juez desplazado en las condiciones del artículo 158 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) en
concordancia con el artículo 139 del Código General del Proceso.
vii) En forma concomitante el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Cali por medio
de Auto 492 del 15 de octubre de 2021 avocó el conocimiento del medio de control
como lo dispuso el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Cali bajo el
radicado 76001 31 05 010 2021 00492 00, notificado por estado electrónico el 19 de
octubre de 2021, pero sin adjuntar la providencia; en consecuencia, solo se surtió la
notificación el 28 de octubre de 2021, a través de correo electrónico que le fue enviado
tanto a la accionante como a su apoderada.
viii) La solicitud de amparo que formuló contra los autos 170 del 2 de julio y 352 del 17
de septiembre de 2021, se declaró improcedente porque el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca estimó que contaba con todos los medios de defensa ante el juez
décimo laboral que decidió abordar el conocimiento del proceso, así lo resolvió en
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sentencia del 26 de octubre de 2021, confirmada por el Consejo de Estado, Sección
Primera, en fallo del 25 de noviembre de 2021.
ix) A través de apoderada elevó petición de impulso procesal para que se emitiera
pronunciamiento sobre la medida de suspensión provisional del acto demandado y se
diera celeridad a la sustanciación del proceso e igualmente se recurrió ante el Consejo
Seccional de la Judicatura mediante el mecanismo de vigilancia judicial administrativa
al que se le asignó la radicación 76001 11 001 003 2022 00356 00, el cual culminó
negando cualquier tipo de intervención bajo la premisa de la independencia y
autonomía de cada juez de conocimiento.
x) El 2 de octubre de 2022, su apoderada pidió la pérdida automática de la
competencia del juez décimo laboral del circuito de Cali, pues pese a que el proceso
se le repartió el 1.º de octubre de 2021, no ha dictado la respectiva sentencia, como lo
contempla el artículo 121 del Código General del Proceso.
xi) Por lo anterior, presentó nueva solicitud de vigilancia judicial administrativa —
radicación 76001 11 01 003 2023 00080 00—, en la que reitera la primera petición
contra el juez décimo laboral del circuito de Cali, pero ahora con el requerimiento de
que se declare la pérdida automática de la competencia desde octubre de 2022.
1.4. Fundamentos jurídicos
La accionante alega la vulneración de sus derechos al debido proceso, al acceso real
y efectivo a la administración de justicia, a la seguridad social y al mínimo vital y móvil,
por las siguientes razones:
i) Según lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, artículo 155, numeral 2, los jueces
administrativos tienen la competencia para resolver sobre la suspensión provisional de
los actos administrativos.
ii) Entonces, siendo que la Resolución 211 del 28 de septiembre de 2020 fue expedida
por un ente estatal, esto es, el Ministerio del Trabajo debe ser conocida por la
jurisdicción contencioso-administrativa y en virtud de lo establecido en los artículos 155
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y 156 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), la competencia recae en los jueces administrativos del circuito en primera
instancia y no en las autoridades de la jurisdicción ordinaria laboral.
iii) Así las cosas, acude a la solicitud de amparo como «último medio de defensa,
administrativo, contencioso administrativo, ordinario laboral, constitucional y de
vigilancia administrativa» para que se dirima el conflicto de competencias que se
suscita entre la jurisdicción contencioso-administrativa y la ordinaria laboral «en
primera instancia judicial y la [d]eclaración de pérdida de competencia [a]utomática del
[juez 10 laboral del circuito] de Cali, en virtud al artículo 121 del C.G. 3 3 del P y se
ordene, esta vez por el máximo órgano competente para [zanjar] conflictos de
competencia […] entre las jurisdicciones».
1.5. Actuación procesal
1.5.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por medio de auto del 4
de septiembre de 2023 remitió la solicitud de tutela interpuesta por la señora María
Eugenia Motato Hernández a la Oficina de Reparto del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali. A través de proveído del 12 de septiembre de 2023, rechazó por
improcedente la solicitud elevada por la parte actora dirigida a cuestionar esa
providencia y dispuso estarse a lo allí resuelto:
1.5.2. La Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, Sala Civil, por medio de auto del 12
de septiembre de 2023, declaró su incompetencia para conocer del asunto; en
consecuencia, ordenó enviar las diligencias a la Sala Laboral de esa corporación.
1.5.3. El 18 de octubre de 2023, la Sala Plena de la Corte Constitucional dictó auto
dentro del expediente ICC-4521 en la que dejó sin efectos el auto del 4 de septiembre
de 2023, dictado por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y
dispuso enviar el expediente a esta corporación de manera inmediata para que
continúe con el trámite y adopte la decisión que corresponda.
1.5.4. La acción de tutela se admitió mediante auto del 23 de octubre de 2023, que
ordenó notificar al Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Cali, al Juzgado
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Décimo Laboral del Circuito de Cali, a los magistrados del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca y de la Sección Primera del Consejo de Estado, y al director del
Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, como demandados. Así
mismo, se dispuso la notificación a la Nación (Ministerio del Trabajo, Dirección
Territorial del Valle del Cauca) como terceros interesados en las resultas de esta
acción, para que dentro del término de dos días, y en uso de su derecho de defensa,
rindieran el respectivo informe. Igualmente, se denegó la suspensión provisional de los
efectos jurídicos de la Resolución 211 del 28 de septiembre de 2020.
1.5.5. Por medio de auto del 7 de noviembre de 2023, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, rechazó por improcedente el recurso de reposición interpuesto
por la accionante contra el proveído del 23 de octubre de 2023, que negó la medida
provisional solicitada.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Del Consejo de Estado, Sección Primera. La magistrada Nubia Margoth
Peña Garzón dio contestación a la demanda en los siguientes términos:
i) Mediante sentencia del 25 de noviembre de 2023, se resolvió la segunda instancia
de la acción de tutela identificada con la radicación 76001 23 33 000 2021 01015 01,
cuyo objeto estaba encaminado a que se dirimiera sobre la jurisdicción competente
para conocer del proceso iniciado por la accionante para que se dejara sin efectos la
Resolución 211 del 28 de septiembre de 2020, la cual se declaró improcedente por no
cumplir con el requisito general de la subsidiariedad, comoquiera que no demostró
haber recurrido la decisión mediante la cual el juzgado laboral asumió el conocimiento
de su causa ni su disenso ante dicha instancia judicial.
ii) De las pretensiones e inconformidades expuestas por la actora en la solicitud de
amparo, no se advierte reparo alguno tendiente a controvertir el referido fallo, lo que
releva de hacer pronunciamiento alguno sobre el asunto, sin dejar de lado que, en todo
caso, en dicho proveído se encuentran las razones y fundamentos que lo sustentan.
iii) Sin perjuicio de lo anterior, es del caso resaltar que, si en gracia de discusión se
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pretendiera controvertirla, resultaría improcedente por cuanto no se cumple con el
requisito general de procedibilidad atinente a la inmediatez, habida cuenta que fue
notificada el 13 de diciembre de 2021 y la solicitud de amparo se radicó el 30 de agosto
de 2023, es decir, luego de transcurrido más de un año y ocho meses.
1.6.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el Juzgado Quince
Administrativo del Circuito de Cali, el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Cali y el
Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, pese a que fueron
debidamente notificados guardaron silencio.
1.7. La sentencia que se impugna
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante fallo del 21 de
noviembre de 2023, declaró improcedente la acción de tutela, por los siguientes
motivos:
i) En el presente asunto no se cumple el requisito de relevancia constitucional porque
los planteamientos de la accionante se dirigen de manera exclusiva a discutir
argumentos que ya fueron debatidos, analizados y resueltos en el trámite del proceso
ordinario, la acción de tutela y el proceso de vigilancia judicial administrativa.
ii) La parte actora alegó que una de sus pretensiones es que se declare la nulidad de
la Resolución 211 del 28 de septiembre de 2020 y para ese fin la única competente es
la jurisdicción contencioso-administrativa y no la ordinaria laboral.
iii) Sin embargo, los fundamentos que soportan la interposición de la acción de tutela
se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos, que se repite, fueron
debidamente discutidos, examinados y decididos en los procesos de vigilancia judicial
administrativa, en sede de tutela y en el proceso ordinario.
iv) Ahora bien, en la demanda del proceso de tutela con radicación 11001 03 15 000
2023 01015 00 y en el proceso de vigilancia administrativa, la parte demandante indicó,
en idénticos términos a los que ahora formula, que la jurisdicción contencioso-
administrativa es la única competente para adelantar su demanda de índole laboral y
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que debe dirimirse lo que denomina un «conflicto de competencias» asignándola al
juez administrativo.
v) Por su parte, en la providencia del 2 de julio de 2021 el Juzgado Quince
Administrativo del Circuito de Cali remitió la demanda por competencia a la jurisdicción
ordinaria laboral y en auto del 15 de octubre de 2021, el Juzgado Décimo Laboral del
Circuito de Cali la admitió, porque consideró que la parte actora procura su reintegro y
el pago de las indemnizaciones por la terminación de su contrato laboral.
vi) En esa medida, se advierte que lo alegado tanto en el recurso de apelación del
proceso de vigilancia administrativa judicial como en el escrito de tutela se dirigen a
que se determine que la competencia corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-
administrativa.
vii) Así pues, si bien la accionante pretende darle el cariz de vicio o defecto a dicha
situación es evidente que los fundamentos que soportan la acción constitucional son
una reproducción de las razones expuestas en el trámite de vigilancia judicial
administrativa que se dirigieron de manera exclusiva a que se reconociera que el
asunto es de naturaleza contencioso-administrativa.
viii) En consecuencia, se encuentra acreditado que la acción de la referencia no reviste
relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir un debate jurídico
procesal que era propio del juicio ordinario y al juez de tutela le está vedado
pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia.
ix) Sin perjuicio de lo anterior, se aclara que, si bien uno de los puntos de la tutela es
resolver sobre las presuntas solicitudes de complementación del auto resolutivo y
acciones de saneamiento, lo cierto es que, contrario a lo manifestado por la actora, no
se evidencian peticiones ni recursos pendientes en el trámite de vigilancia
administrativa judicial del 5 de julio de 2023, y de igual forma no se halló requerimiento
alguno por responder.
1.8. Impugnación
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Demandante: María Eugenia Motato Hernández
La accionante, por medio de apoderada, impugna la providencia anterior, para que se
revoque y, en su lugar, se amparen los derechos invocados al respecto aduce lo
siguiente:
i) La primera instancia declara improcedente la acción de tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional señalando que todos los argumentos se
dirigieron de manera exclusiva a discutir temas que ya fueron debatidos, analizados y
resueltos en el trámite del proceso ordinario, la acción de tutela y el mecanismo de
vigilancia judicial administrativa, lo que resulta bastante lejano de la realidad procesal
y legal, toda vez que precisamente la negativa del Juzgado Quince Administrativo del
Circuito de Cali a conocer y decidir sobre la legalidad de la Resolución 211 del 20 de
septiembre de 2020, mediante la cual el Ministerio del Trabajo autorizó a su empleador
para dar por terminado el contrato laboral de más de treinta años, en medio de la
pandemia COVID-19 y, sin tener en cuenta que está calificada por la Junta de Invalidez
Nacional con una pérdida de capacidad laboral del 42.97 %, lo que en nuestro
ordenamiento se conoce como invalidez severa, es lo que la obliga a acudir a la
solicitud de amparo.
ii) Es esa autoridad la que resolvió desconocer el derecho de acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y la especial protección
constitucional por su estado de debilidad manifiesta, la que sí fue reconocida por el
Ministerio del Trabajo en la Resolución 2118 del 12 de agosto de 2019.
iii) Contrario a lo que concluye el a quo, el Juzgado Quince Administrativo del Circuito
de Cali al declarar su falta de competencia desacató lo preceptuado en los artículos
158 de la Ley 1437 de 2011 y 139 del Código General del Proceso, pues lo que se
demanda es la nulidad de un acto administrativo; por tanto, le corresponde a la
jurisdicción contencioso-administrativa y no a la ordinaria laboral.
iv) Además, el juez laboral al que fue remitido el asunto no ha examinado ni ha resuelto
en el trámite del proceso ordinario, los hechos y pretensiones que se plantearon en la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución 211 del 28 de
septiembre de 2020, que decidió el recurso de apelación interpuesto contra la
Resolución 2118 del 12 de agosto de 2019, dictadas por el Ministerio del Trabajo.
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Demandante: María Eugenia Motato Hernández
v) Por su parte el Consejo Superior de la Judicatura se niega a dar trámite a lo reglado
por el artículo 121 del Código General del Proceso alegando arbitrariamente la
autonomía de los jueces en la sustanciación de los procesos a su cargo.
vi) Esta acción constitucional no pretende como lo señala la primera instancia, reabrir
debates legales, sino que se dirima el «conflicto de competencias» suscitado entre las
diferentes jurisdicciones; en consecuencia, se ordene al juez natural, esto es, el
contencioso-administrativo, que en el término perentorio establecido en el artículo 121
ibidem resuelva de fondo y en primera instancia sobre los hechos, pretensiones y la
medida cautelar incoada, para que se garantice su mínimo vital y móvil y la seguridad
social integral, en aplicación del principio constitucional de la confianza legítima y la
prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal por tratarse de una persona en
estado de debilidad manifiesta debido a su alto grado de discapacidad.
2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del
artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,1 según el cual «las tutelas que sean de
competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para
conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela proferido por
la Sección Tercera, Subsección B, de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso, se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para
efecto de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantea la señora
1 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
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Demandante: María Eugenia Motato Hernández
María Eugenia Motato Hernández contra las decisiones adoptadas en los autos del 2
de julio de 2021 y del 17 de septiembre de 2021, proferidos por el Juzgado Quince
Administrativo del Circuito Judicial de Cali y del 15 de octubre de 2021, dictado por el
Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Cali.
2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».
El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40,
estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin
embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la
cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e
independencia judicial y las normas de competencia que fija la Constitución.
No obstante lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad
para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela
procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión
pueda causar un perjuicio irremediable».
Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente,
2T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567
de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de
2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
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Demandante: María Eugenia Motato Hernández
convergieron en la Sentencia C-590 de 2005,3 donde la Corte concentró y diferenció
las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la
oportunidad del amparo.
Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado
a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la
sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los
derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial, siempre
que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: defecto
orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente,
violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que, para que proceda el
amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.
El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,4 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.
Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
agosto de 2014,5 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
3Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez,
expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
14
Radicado: 11001 03 15 000 2023 04727 01
Demandante: María Eugenia Motato Hernández
ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir,
con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los
presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.
2.4. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:
2.4.1. El 12 de marzo de 2021, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de
Cali mediante la Sentencia 018 declaró improcedente la acción de tutela6 que
promovió la señora María Eugenia Motato Hernández contra la Nación (Ministerio del
Trabajo, Dirección Territorial del Valle del Cauca), FINESA Compañía de Financiamiento
Especial, Diego Sanint Peláez e Inés Elvira Micolta de Sanint, para que se declarara
«inválida» la Resolución 211 del 28 de septiembre de 2020, por medio de la cual la
directora territorial del Valle del Cauca del Ministerio del Trabajo autorizó a su
empleador para terminar su contrato laboral, en razón a que existían otros mecanismos
ordinarios y no se acreditó la presencia de un perjuicio irremediable.7
2.4.2. El 15 de abril de 2021, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca resolvió la
impugnación interpuesta por la demandante contra la anterior decisión, así:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia No. 018 del 12 de marzo de 2021, proferida por
el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Cali, de conformidad con lo
expuesto en la parte considerativa del presente proveído.
SEGUNDO. NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
[...]
2.4.3. El 21 de abril de 2021, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó la
solicitud de adición del fallo de segunda instancia formulada por la accionante para
que se ordenara enviar copias a la autoridad competente con el fin de que se
6 Radicación 76001 33 33 006 2021 00036 00.
7 Índice 2, del expediente electrónico.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 04727 01
Demandante: María Eugenia Motato Hernández
investigaran las presuntas irregularidades en las que incurrió el Ministerio del Trabajo
al autorizar a su empleador a despedirla con justa causa. Al efecto hizo las siguientes
consideraciones:
Se tiene entonces que, observada la solicitud presentada por la apoderada judicial
de la accionante la Sala estima que no le asiste razón, pues tal como lo señaló la
Corte Constitucional, para que haya lugar a adicionar un fallo de esta naturaleza
éste debe haber omitido decidir de fondo sobre cualquier extremo de la Litis o sobre
cualquier punto que de conformidad con la ley deba ser objeto de pronunciamiento,
relacionado exclusivamente con los derechos fundamentales en discusión.
Por lo tanto, al haberse negado por improcedente la presente acción tutela por no
encontrarse elementos de prueba que acreditaran el cumplimiento de las reglas
fijadas por la jurisprudencia constitucional para que se pudiera estudiar la legalidad
y los efectos de un acto administrativo, no le era dable a la Sala analizar aspectos
de fondo en cuanto al procedimiento que se llevó a cabo para expedir la Resolución
No. 0211 del 28 de septiembre de 2020, mediante la cual se autorizó al empleador
de la accionante a dar por terminado su contrato laboral por justa causa, pues es
claro que no era necesario emitir un pronunciamiento respecto a la solicitud de
compulsar copias, toda vez que, se reitera, no se logró siquiera pasar el filtro de
procedibilidad para estudiar de fondo el asunto y ahí determinar si se presentaron
irregularidades para expedir el acto objeto de controversia.
2.4.2. El 25 de junio de 2021, la accionante por medio de apoderada impetró
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para que se declarara nula la
Resolución 211 del 28 de septiembre de 2020, por medio de la cual el Ministerio del
Trabajo, Dirección Territorial del Valle del Cauca, revocó la Resolución 2118 del 12 de
agosto de 2019; en consecuencia se ordenara su reintegro al cargo que desempeñaba,
así como el pago de salarios, aportes a la seguridad social y todas las prestaciones de
ley.8
2.4.3. El 2 de julio de 2021, el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de
Cali al proveer sobre la admisión del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho de carácter laboral con radicación 76001 33 33 015 2021 00127 00,
resolvió lo siguiente:9
PRIMERO. Declarar que este despacho carece de jurisdicción para conocer del
presente asunto, atendiendo a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Remitir por falta de jurisdicción la presente demanda a los juzgados
laborales del circuito de Cali -reparto-, de conformidad con lo arriba señalado. La
remisión se efectuará por los canales digitales [conque] cuenta la Rama Judicial.
8 Índice 35 y 43, del expediente electrónico.
9 Índice 35 y 43, del expediente electrónico.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 04727 01
Demandante: María Eugenia Motato Hernández
TERCERO. Canc[é]lese la radicación y anótese la salida por el medio físico y/o
electrónico pertinente.
CUARTO. Desde ya se provoca conflicto negativo de jurisdicción, caso (sic) que a
quien corresponda el asunto también se declare incompetente. Por tanto, deberá
remitirlo a la Corte Constitucional a fin de que se dirima la controversia (Artículo 14
del Acto Legislativo 02 de 2015, complementario del artículo 241 de la Constitución
Política).
2.4.4. El 17 de septiembre de 2021, el Juzgado Quince Administrativo del Circuito
Judicial de Cali rechazó de plano por improcedentes los recursos de reposición y en
subsidio apelación interpuestos por la parte demandante contra el auto del 2 de julio
de 2021 y ordenó por Secretaría dar cumplimiento a lo dispuesto en ese proveído.10
2.4.5. El 15 de octubre de 2021, el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Cali, por
medio de providencia dictada dentro del proceso ordinario laboral con radicación
76001 31 05 010 2021 00492 00, dispuso lo siguiente:11
PRIMERO: ADMITIR la presente demanda instaurada por [María Eugenia Motato
Hernández] en contra del [Ministerio del Trabajo Dirección Territorial Valle].
SEGUNDO: REQUERIR a la parte actora para que en el término de cinco (05) días,
adecúe la demanda al trámite reglado en el Procedimiento del Trabajo y de la
Seguridad Social.
TERCERO: VINCULAR al trámite a [Diego Sanint, Inés Elvira Micolta] y FINESSA
C.F.E., en calidad de litisconsortes necesarios por pasiva.
CUARTO: NOTIFÍQUESE personalmente a la parte demandada y a los vinculados la
presente providencia. Córrasele traslado por el término de diez (10) días para que
contesten la demanda por medio de apoderado judicial.
[…]
2.4.6. El 15 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió
la demanda de tutela interpuesta por la accionante contra las providencias del 2 de
julio de 2021 y del 17 de septiembre de 2021, dictadas por el Juzgado Quince
Administrativo del Circuito de Cali y negó la solicitud de medida provisional consistente
en que se ordenara la suspensión provisional de los efectos jurídicos de la Resolución
211 del 28 de septiembre de 2020, expedida por el Ministerio del Trabajo, Dirección
10 Índice 35 y 43, del expediente electrónico.
11 Índice 2, del expediente electrónico.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 04727 01
Demandante: María Eugenia Motato Hernández
Territorial del Valle del Cauca.12
2.4.7. El 26 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió
sentencia dentro de la acción de tutela con radicado 76001 23 33 000 2021 01015 00
declarando improcedente el amparo, por los siguientes motivos: 13
La copia del expediente digital del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho radicado No. 76001-3333-015-2021-00127-00 aportado, permite
inferir que el Juzgado Quince Administrativo al adoptar la decisión de rechazar por
improcedentes los recursos de reposición y en subsidio apelación mediante el
proveído No. 352 del 17 de septiembre de 2021, invocó y sustentó la normatividad
especial aplicable, en primer lugar acudiendo al artículo 242 del CPACA y
posteriormente se remitió a la aplicación del Código General del Proceso, como lo
estable (sic) la Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 2080 de 2021.
A partir de lo anterior, contrario a lo manifestando (sic) por la accionante, el
Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito de Cali, obró en apego a la
normatividad especial que regula a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa,
rechazando los recursos interpuestos por improcedentes, en razón a que el artículo
243A, bajo remisión normativa consagra como no susceptibles de recursos
ordinarios las providencias previstas en otros estatutos procesales- artículo 139
CGP-, sumado a que el CPACA tampoco consagra el recurso de apelación como
procedente contra el auto que declare la falta de jurisdicción.
En este contexto, no se advierte que exista vulneración al derecho fundamental del
debido proceso, ni al acceso de administración de justicia.
[…]
Tal como lo advirtió el Juzgado accionado en el numeral 4 del auto interlocutorio
No. 170 del 2 de julio de 2021, el conflicto negativo de jurisdicción debe ser resuelto
por la H. Corte Constitucional, de acuerdo a lo previsto en el artículo 241 de la
Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015.
Por ello, el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Cali, a quien le correspondió
la demanda por reparto, pudo generar la colisión, no obstante, se acreditó en la
acción residual, que ese Despacho Judicial, optó por avocar el proceso, admitiendo
la demanda a través de auto No. 590 del 15 de octubre de 2021, ordenado (sic)
vincular como parte pasiva al empleador y otros, atendiendo a la pretensión del
reintegro pedida en la demanda, a su vez le impuso la carga a la parte actora de
adecuar la demanda a la jurisdicción laboral.
En este sentido, le corresponde a la parte actora proceder de conformidad a lo
ordenado por el Juzgado Laboral o en su lugar, si es del caso, formular los recursos
de ley que considere procedentes, aunado a que, dentro del ordenamiento
procesal también se encuentran reguladas las excepciones previas y nulidades
insanables, como mecanismos tendientes a definir la jurisdicción.
[…]
12 Índice 35 y 43, del expediente electrónico.
13 Índice 35 y 43, del expediente electrónico.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 04727 01
Demandante: María Eugenia Motato Hernández
Adicionalmente, no se advierte omisión o arbitrariedad en la actuación que vulnere
o amenace […] derechos fundamentales de la accionante por parte del Juez
Quince Administrativo Oral de Cali, y tampoco la existencia o amenaza de un
perjuicio irremediable, en consideración a que en el escrito de tutela se
afirma que la accionante fue despedida en el mes de noviembre de 2020, es
decir ya hace alrededor de un año, sumado a que conforme lo manifiesta el
Juzgado vinculado, las pretensiones de la accionante corresponden a las
que habrán de ventilarse en el proceso ordinario que ya fue admitido por el
Juzgado Laboral, por lo que ni siquiera con carácter de transitoriedad surge
procedente conceder la tutela y por ello la Sala declarará la improcedencia
de la misma. (Negrilla de la Sala).
2.4.8. El 25 de noviembre de 2021, el Consejo de Estado, Sección Primera, confirmó
el fallo del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con fundamento en las
siguientes consideraciones:14
Ahora bien, en el caso bajo estudio la Sala advierte que la acción de tutela no es
el mecanismo para dirimir el disenso que tiene la actora en relación con la
autoridad judicial que estima que debe conocer la demanda a la que alude, pues
dicho aspecto debe proponerlo al JUZGADO LABORAL que asumió el conocimiento
de su demanda.
En efecto, la Sala no observa que la actora haya recurrido[…] el auto de 15 de
octubre de 2021, mediante el cual el JUZGADO LABORAL admitió la demanda origen
de la controversia, ni que aquella hubiese manifestado sus inconformidades ante
dicha instancia judicial, por lo que no puede pretender que sea en sede de tutela
que se resuelva su disenso.
Cabe precisar que, si bien el JUZGADO ADMINISTRATIVO remitió el expediente origen
de la controversia a la Jurisdicción Ordinaria, el JUZGADO LABORAL no ha suscitado
conflicto alguno de competencia, sino que por el contrario asumió el conocimiento
del litigio y, en todo caso, si este estimara que tampoco es competente dicha
divergencia debe ser dirimida por la Corte Constitucional conforme con el numeral
11 del artículo 241 de la norma superior[…].
Así las cosas, la Sala concluye que el amparo solicitado a través de la presente
acción de tutela es improcedente, toda vez que no se puede aceptar su utilización
automática cuando no se ha hecho uso de los mecanismos establecidos en el
proceso ordinario para la defensa de los derechos que la actora considera
transgredidos.
Ahora bien, el hecho de que la actora sea un sujeto de especial protección,
dada su pérdida de capacidad laboral, no es una circunstancia que implique
que en sede de tutela deba ser dirimida la divergencia que propone, porque
no se advierte la posible configuración de un perjuicio irremediable, en la
medida que, además de haber asumido el conocimiento del fondo del asunto,
el JUZGADO LABORAL en la providencia de 15 de octubre de 2021 advirtió que
en dicho proceso revisaría «[…] la observancia o no del debido proceso por
parte del Ministerio del Trabajo en el trámite de expedición de la resolución
14 Índice 2, del expediente electrónico.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 04727 01
Demandante: María Eugenia Motato Hernández
No. 0211 del 28/09/2020 […]». )
Además, la pérdida de capacidad laboral de la actora no es una situación que
justifique el hecho de que no haya recurrido la providencia mediante la cual el
JUZGADO LABORAL asumió el conocimiento de su litigio, ni una justificación
para que hasta el momento no hubiese propuesto su disenso ante esa
instancia judicial, máxime si se tiene en cuenta que está representada por
una profesional del derecho. (Negrilla de la Sala)
2.4.9. El 9 de agosto de 2023, el secretario del Consejo Seccional de la Judicatura
del Valle del Cauca hizo constar lo siguiente:15
Que el Auto # 68 del 28 de marzo de 2023, expedido por el Despacho No. 003 del
Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, dentro de la vigilancia
judicial 2023-080, mediante el cual se abstuvo de iniciar vigilancia judicial
administrativa al proceso Radicado No. 2021-00492 del Juzgado 10° Laboral del
Circuito de Cali, fue notificado el 29 de marzo de 2023 y se encuentra debidamente
ejecutoriado.
Así mismo, la Resolución No. CSJVAR23-516 del 10 de mayo de 2023, expedida
igualmente por el Despacho 003 de esta Corporación, por la cual se decide recurso
de reposición presentado contra el Auto # 68; confirmando el Auto recurrido,
decisión que fue notificada el 17 de mayo de 2023 y se encuentra debidamente
ejecutoriada.
Igualmente, la Resolución No. CSJVAR23-684 del 27 de junio de 2023, por medio
de la cual se rechaza el recurso de súplica, de queja, formulado en contra de la
Resolución CSJVAR23- 516, decisión que fue notificada el 5 de julio de 2023 y se
encuentra debidamente ejecutoriada.
2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala
La señora María Eugenia Motato Hernández alega la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso real y efectivo a la administración de
justicia, a la seguridad social y al mínimo vital y móvil con la adopción de los autos del
2 de julio de 2021 y del 17 de septiembre de 2021, proferidos por el Juzgado Quince
Administrativo del Circuito Judicial de Cali, mediante los cuales declaró la carencia de
jurisdicción para conocer de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que
impetró para que se declarara nula la Resolución 211 del 28 de septiembre de 2020
expedida por el Ministerio del Trabajo; en consecuencia, ordenó su remisión a los
juzgados laborales del circuito de Cali y provocó conflicto negativo de jurisdicción, en
caso de que el juez al que se remitía no asumiera el conocimiento del asunto.
15 Índice 2, del expediente electrónico.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 04727 01
Demandante: María Eugenia Motato Hernández
Pues bien, según se dejó sentado en el acápite de hechos probados las aludidas
decisiones ya fueron objeto de litigio ante el juez constitucional y declaradas
improcedentes por incumplimiento del requisito general de subsidiariedad y porque no
se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable, siendo así, corresponde
entonces a la Sala determinar si en el caso se configura la cosa juzgada constitucional
y/o temeridad de la acción de tutela.
En torno a la simultaneidad de dichas figuras jurídicas, la Corte Constitucional ha
señalado lo siguiente:
La Sala precisa que en los procesos de tutela, en los eventos en que un mismo
asunto presenta sucesivas o múltiples solicitudes de amparo, puede suceder las
siguientes situaciones: i) que exista cosa juzgada y temeridad, por ejemplo en las
circunstancias en que se interpone una acción de tutela sobre un asunto decidido
previamente en otro proceso de igual naturaleza, sin que existan razones que
justifiquen la nueva solicitud; ii) otras en las que haya cosa juzgada, pero no
temeridad, acaece como caso típico, cuando de buena fe se interpone una
segunda tutela debido a la convicción fundada que sobre la materia no ha operado
el fenómeno de la cosa juzgada, acompañada de una expresa manifestación en la
demanda de la existencia previa de un recurso de amparo; y iii) los casos en los
cuales se configure únicamente temeridad, una muestra de ello acontece en la
presentación simultánea de mala fe de dos o más solicitudes de tutela que
presentan la tripe identidad a la que se ha aludido, sin que ninguna haya hecho
tránsito a cosa juzgada.16
Tal como se advierte, existen situaciones que dan lugar a la posible configuración de
la cosa juzgada y/o temeridad de la acción, a saber, cuando se presenta una idéntica
solicitud de amparo frente a otra que ya fue decidida o se radica una misma acción
ante varios jueces simultáneamente.
Sobre la actuación temeraria, el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 establece que:
«[…] el que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del
juramento, que no ha presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos. Al
recibir la solicitud, se le advertirá sobre las consecuencias penales del falso
testimonio». Asimismo, el artículo 38 [ibidem] señala que «Cuando sin motivo
expresamente justificado la misma acción de tutela sea presentada por la misma
persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes».
16 Sentencia T-053 de 2012 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 04727 01
Demandante: María Eugenia Motato Hernández
Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la omisión del legislador
de establecer expresamente lo que constituye un motivo justificado para presentar una
acción de tutela más de una vez implica que el juez debe determinar el carácter de
aquel. Este debe ser expreso, es decir, que el accionante tiene la obligación de
manifestar que ya ha interpuesto otra acción y de exponer las razones por las cuales
lo hace nuevamente. Ello, por cuanto la declaración de temeridad en materia
constitucional está supeditada a una comprobada mala fe del accionante, esto es, que
debe acreditarse que el interesado acudió al juez constitucional con la intención de
hacerlo incurrir en error.
En tal sentido, la Sala no advierte en el expediente que la parte actora haya ejercido
la presente acción de tutela con otras intenciones más que las de procurar el amparo
de los derechos que considera conculcados, por lo que, a juicio de esta Subsección,
el caso no puede ser estudiado bajo la lupa de la temeridad, sino que, en realidad, las
pretensiones hacen parte de la figura denominada cosa juzgada, en tanto ya fueron
puestas en consideración ante el juez de tutela, que, en su momento, advirtió que la
acción de tutela se encontraba afectada por subsidiariedad.
La Corte respecto de la cosa juzgada en materia de tutela ha precisado que esta es
una institución que pretende prevenir las múltiples presentaciones de acciones de
tutela que versen sobre un mismo asunto y bajo iguales presupuestos fácticos y
jurídicos.17 De esta forma, señaló como requisitos para declarar su ocurrencia: i) la
identidad fáctica y de derechos invocados en relación con otra acción de tutela; ii) la
identidad de demandante, en cuanto la otra acción de tutela que se presenta por parte
de la misma persona o su representante; y iii) la identidad del sujeto accionado.18
De igual forma, señaló que la cosa juzgada opera frente a los efectos jurídicos de las
sentencias, en virtud de los cuales aquellas adquieren carácter de inmutables,
vinculantes y definitivas, de tal manera que sobre los asuntos tratados y decididos en
ellas no resulta admisible plantear litigio alguno ni emitir un nuevo pronunciamiento. Lo
17 Sentencia T-001 de 2016.
18 Sentencia T-089 de 2019 M. P. Alberto Rojas Ríos.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 04727 01
Demandante: María Eugenia Motato Hernández
anterior, a efectos de proteger la coherencia de las decisiones, evitar el desgaste
innecesario del aparato judicial y garantizar la seguridad jurídica que brinda este
principio de cierre del sistema jurídico.19
En el asunto sub judice se advierte que tanto la acción de tutela primigenia como la
actual comparten la triple identidad, pues, en primer lugar, existe identidad de partes,
comoquiera que fueron interpuestas por la señora María Eugenia Motato Hernández y
se dirigen en contra del Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Cali.
En segundo lugar, se aprecia que se presenta igualdad de objeto porque lo
cuestionado en las dos acciones de tutela son los autos del 2 de julio y 17 de
septiembre de 2021, proferidos por el Juzgado Quince Administrativo del Circuito
Judicial de Cali, mediante los cuales declaró la carencia de jurisdicción para conocer
de la demanda y, en consecuencia, ordenó remitirla a los juzgados laborales del
circuito de Cali y, provocó conflicto negativo de jurisdicción, en caso de que el juez
laboral así también lo declarara.
Lo anterior, con el fin de que el litigio sea conocido por el juez de lo contencioso-
administrativo y, mientras este se pronuncia de fondo y de manera definitiva en el
asunto, el fallador constitucional suspenda provisionalmente los efectos jurídicos de la
Resolución 211 del 28 de septiembre de 2020, emitida por el Ministerio del Trabajo,
Dirección Territorial del Valle del Cauca.
En tercer lugar y, en relación con la causa petendi, se tiene que, ambas acciones de
tutela discuten la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, a la seguridad social y al mínimo vital.
Ahora bien, ha sostenido esta corporación que, aunque los presupuestos de la cosa
juzgada se evidencien en el caso, el juez constitucional debe hacer un análisis material
entre las acciones de tutela presentadas, con el fin de identificar si existen nuevos
elementos que llevaron al accionante a presentar la solicitud de amparo y que habiliten
al juez para adoptar una nueva decisión, la que ha de remitirse únicamente a esa
situación fáctica.
19 Sentencia T-001 de 2016 M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 04727 01
Demandante: María Eugenia Motato Hernández
En el caso objeto de estudio, la motivación presentada para pretermitir la existencia de
la cosa juzgada se basa en que sobre el asunto no se realizó un análisis de fondo,
porque no se ha dirimido el «conflicto de competencia» y, además, porque se cumple
con uno de los presupuestos para omitir esa exigencia, dada su condición de especial
protección constitucional a la que aduce tener derecho, al estar calificada con un
42.97 % de disminución de su capacidad laboral.
A juicio de la Sala, tales eventos no comportan una justificación razonable para
promover una nueva acción de tutela por idénticos hechos y pretensiones, pues, sin
desconocer las condiciones de especial protección de la accionante, es de indicar que
estas no la eximen del deber de cumplir con los requerimientos legales y las
oportunidades procesales para lograr la protección de las garantías que considera
quebrantadas, ya que, según se avizora, el libelo fue remitido a la jurisdicción que
según el ordenamiento debe conocer y decidir sobre la controversia, esto es, la
jurisdicción ordinaria laboral, donde no se suscitó conflicto de jurisdicción alguno ni
tampoco fue planteado por la demandante, estando el asunto actualmente en trámite
ante el juez décimo laboral del circuito judicial de Cali que profirió auto admisorio de la
demanda el 15 de octubre de 2021, sin que la señora Motato Hernández haya
formulado recurso alguno.
Adicionalmente, la situación de discapacidad aducida no es una circunstancia reciente
que justifique la interposición de otra solicitud de amparo, toda vez que, como se
establece en los hechos probados, dicha condición fue aducida por la accionante ante
el juez constitucional primigenio, que estimó que de ello no se puede establecer que
cumpla alguno de los criterios establecidos para que se configure el perjuicio
irremediable,20 que pretermita la subsidiariedad de la acción.
De esta forma, se encuentra que la conducta de la accionante es contraria al principio
de economía procesal, pues es dable apreciar que un mismo asunto que comparte
identidad de partes, objeto y causa fue puesto en consideración en dos oportunidades,
20 Los requisitos establecidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional
para que proceda la tutela como mecanismo judicial para evitar un perjuicio irremediable son: su
inminencia, su urgencia, su gravedad y su impostergabilidad.
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Demandante: María Eugenia Motato Hernández
sin que la situación de disminución de su capacidad laboral sea causa que excuse la
presentación del nuevo mecanismo de amparo, por lo que en el caso se torna en
improcedente la acción de tutela como lo declaró la primera instancia.
Por otra parte, advierte la Sala que en lo que se refiere a la presunta mora en el trámite
y decisión del asunto, así como la presunta pérdida automática de competencia del
juez décimo laboral del circuito de Cali por el incumplimiento de lo contemplado en el
artículo 121 del Código General del Proceso, que llevaron a la accionante a instaurar
el mecanismo de vigilancia judicial administrativa ante el Consejo Seccional de la
Judicatura del Valle del Cauca, según certificación expedida el 9 de agosto de 2023
por el secretario de esa entidad, esas solicitudes fueron resueltas mediante el Auto 68
del 28 de marzo de 2023 y las resoluciones CSJVAR23-516 del 10 de mayo de 2023 y
CSJVAR23-684 del 27 de junio de 2023, los cuales se encuentra debidamente
ejecutoriados.
3. Conclusión
Con los anteriores argumentos la Sala concluye que en el presente caso se configura
la cosa juzgada constitucional y, en tal sentido, procederá a confirmar el fallo proferido
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio del cual
declaró improcedente la acción de tutela impetrada por la señora María Eugenia
Motato Hernández.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 21 de noviembre de 2023, que dictó el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante la cual declaró improcedente la
acción de tutela interpuesta por la señora María Eugenia Motato Hernández, conforme
a la parte considerativa que antecede.
25
Radicado: 11001 03 15 000 2023 04727 01
Demandante: María Eugenia Motato Hernández
Segundo. Ejecutoriada esta decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Aclaración de voto Aclaración de voto
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
MAM
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