Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04765-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04765-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-04765-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
25 de enero de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04765-00
Actor: Unidad Administrativa Especial de Catastro del Valle del Cauca
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04765-00
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DEL
VALLE DEL CAUCA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas: Tutela contra fallo de la misma naturaleza. Requisitos para su
procedencia contenidos en la sentencia SU-627 de 2015. No se
cumplió con la carga de probar el fraude a la ley
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la Unidad Administrativa Especial de Catastro del Valle del Cauca
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la que pide el amparo
constitucional del derecho fundamental al debido proceso, supuestamente
vulnerado con el fallo de tutela de 31 de mayo de 2023, mediante el cual se
modificó la orden relacionada con las entidades que debían realizar las gestiones
referentes a la consulta previa, en el marco de la acción de tutela1 promovida por
el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la vereda de La Garza del
municipio de Dagua y el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra La
Balastrera “El Renacer de un Amanecer” del Queremal, en la que en primera
instancia se ampararon los derechos fundamentales al debido proceso y a la
consulta previa.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La entidad accionante relató que el municipio de Dagua, Valle del Cauca, delegó
la gestión catastral a la Unidad Administrativa Especial de Catastro de la
Gobernación del Valle del Cauca, a quien se le encomendó la tarea de adelantar
una actualización catastral en esa municipalidad, toda vez que contaba con una
desactualización de más de doce años.
Sostuvo que antes de realizar la actividad de actualización catastral solicitó al
Ministerio del Interior que le certificaran cuáles comunidades étnicas tenían
asiento en el municipio y si se requería una actividad de consulta previa, sin
embargo, la cartera ministerial nunca manifestó que existiese dicho deber.
Indicó que adelantó una investigación acerca de las comunidades étnicas que
tenían asiento en el municipio y territorio asignado, para efectos de no adelantar
ningún tipo de actividad catastral, toda vez que siguiendo las instrucciones que
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Acción de tutela con radicado No. 76001-33-33-001-2023-00051-01 acumulada al 76001-31-05-018-2023-00142-00.
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impartió el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, se estaría adelantando
una mesa técnica nacional con los representantes de las etnias, con el fin de
determinar si esta actividad realmente generaba una afectación y debía ser objeto
de consulta previa, por lo que se indicó que se debía excluir dichos territorios de
la actualización catastral, lo cual se hizo.
Mencionó que la actualización catastral desarrollada por la entidad accionante en
el municipio de Dagua, culminó y a la fecha de radicación de la solicitud de
amparo se encuentra vigente.
Señaló que el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la vereda de La
Garza del municipio de Dagua presentó una acción de tutela contra la Dirección
de Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, la Agencia
Nacional de Tierras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, la Unidad Administrativa Especial de Catastro del
Departamento del Valle del Cauca, el municipio de Dagua y el Operador Catastral
Valle Avanza S.A.S., con el fin de obtener la protección de los derechos
fundamentales a la consulta previa, libre e informada, seguridad jurídica del
territorio colectivo, diversidad étnica y cultural, autonomía y autodeterminación,
igualdad material, debido proceso y obligación del Estado a cumplir de buena fe
con el Acuerdo de Paz, la cual le correspondió el radicado No. 76001-33-33-001-
2023-00051-01.
Sostuvo que el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra La Balastrera “El
Renacer de un Amanecer” del Queremal, también presentó acción de tutela
contra las mismas entidades, la cual le correspondió el radicado No. 76001-31-05-
018-2023-00142-00.
Afirmó que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cali en auto de 24
de marzo de 2023, ordenó la acumulación del expediente de tutela No. 76001-33-
33-001-2023-00051-01 al 76001-31-05-018-2023-00142-00, y asumió el
conocimiento.
Aseveró que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cali en sentencia
de 11 de abril de 2023, resolvió, entre otras cosas, i) amparar los derechos
fundamentales al debido proceso y consulta previa de las comunidades
accionantes, ii) ordenó a la Unidad Administrativa Especial de Catastro del
Departamento del Valle del Cauca que realice un nuevo proceso de Actualización
y Formación catastral de las zonas donde habitan las comunidades y iii) ordenar
al Ministerio del Interior, Departamento del Valle del Cauca, Municipio de Dagua y
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para que en el término de tres (3) meses
contados a partir de la notificación de esta sentencia, emprendan las gestiones
relacionadas con el proceso de consulta.
Finalmente, manifestó que impugnó la anterior decisión junto con el municipio de
Dagua, el Operador Catastral Valle Avanza S.A.S., el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi y el Ministerio del Interior- Dirección de Autoridad Nacional de Consulta
Previa- Dirección de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia de 31 de
mayo de 2023, la modificó en el sentido de que las entidades que debían realizar
las gestiones referentes a la consulta previa, además del departamento del Valle
del Cauca mediante la Unidad Administrativa Especial de Catastro, era el
operador catastral y el municipio de Dagua y se excluía al Ministerio del Interior y
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En lo demás, se confirmó el fallo de
primera instancia.
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2. Fundamentos de la acción
La parte actora presentó acción de tutela en defensa del derecho fundamental al
debido proceso, supuestamente vulnerado con la decisión de 31 de mayo de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se
modificaron los ordinales primero, segundo y tercero del fallo de primera instancia
respecto de los encargados de realizar la gestión de la consulta previa.
Afirmó que la actualización catastral del municipio de Dagua ya se efectuó, a
pesar de haber sido sustraídos todos y cada uno de los territorios que fueron
determinados como colectivos, razón por la cual ya estaría consumado el hecho,
por lo que la sentencia de tutela perdería su objeto.
Sostuvo que realizar una nueva actualización catastral, en el entendido de que se
debe realizar una consulta previa constituiría un grave detrimento al patrimonio,
por lo que ordenarla no tiene ningún objeto, puesto que su realización no varía de
forma alguna el resultado de dicha actualización catastral.
Indicó que la realización de una consulta previa a la actualización catastral no
tiene sentido, más aún cuando los territorios en donde se identificó de alguna
manera un territorio considerado étnico, fue omitido para la realización de captura
de información por métodos directos o reconocimiento por barrido predial.
Señaló que “si se llegase a dar aplicación a la parte resolutiva de la sentencia que
nos ocupa, tendríamos que se debería realizar una gestión ante el Ministerio del
Interior, para que este determine la procedencia o no de la consulta previa en el
territorio del Municipio de Dagua, a pesar de que ya se ha surtido la actualización
catastral, pero sin tener en cuenta que el resultado de la misma, es el producto de
unos procedimientos con una metodología técnica específica, la cual tendría el
mismo resultado si se adelanta la consulta previa o no se adelanta, es decir, a
manera de ejemplo, si un predio al cual se le hizo actualización catastral y esta
arrojó que tiene un avalúo catastral de 50 millones de pesos, después de realizada
la consulta previa ordenada por el fallo y repetir la actualización de dicho predio,
su avalúo catastral seguiría siendo el mismo, dado que la realización de una
consulta a la Comunidad, NO MODIFICA en ningún aspecto los factores técnicos
que derivaron en el resultado del avalúo de un inmueble. Lo anterior ocasionaría
que hubiese necesariamente un detrimento patrimonial por el costo que tuvo la
actividad realizada, toda vez que realizándose la consulta previa o no el resultado
técnico va a seguir siendo el mismo”.
Aseveró que el espíritu del fallo objetado es que la Unidad Administrativa Especial
de Catastro de la Gobernación del Valle del Cauca no use los datos capturados
como resultado de la actualización catastral y, en consecuencia, realice el proceso
de consulta previa, con un fin desconocido.
Resaltó que “en el fallo de segunda instancia, se incurre en una vía de hecho al
ordenar a la Unidad Catastral, el adelantamiento de una consulta previa, siendo
que es una actividad que no es de nuestra competencia y que lo ajustado a
derecho es que se nos hubiese ordenado que le elevemos el cuestionamiento al
Ministerio del Interior, al respecto de la procedencia de una consulta previa en
medio del proceso ya ejecutado, con el fin de que este defina dentro de sus
competencias, si se debe hacer o no la Consulta Previa y lo que es mas curioso
aun, se desvincula a dicho Ministerio del cumplimiento de la Sentencia,
relevándole de sus obligaciones misionales. Como antes se ha mencionado la
realización de la consulta previa no modifica en ningún aspecto la resultante de la
actualización catastral que se adelantó en el municipio de Dagua razón por la cual
no tiene sentido alguno que se adelante la misma por el contrario el hacerlo para
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generar un detrimento en el patrimonio de los (sic) Valle Cauca, con el que sea
contratado la realización de dicha actualización toda vez que el juez pretende que
adelantemos una consulta previa a la comunidad cuando el proyecto de
actualización catastral ya se ha realizado y a sabiendas de que el resultado va a
ser el mismo”.
Mencionó que al no realizar procesos catastrales en los territorios de
connotaciones étnicas, no ha vulnerado ningún derecho colectivo, por lo que se
opuso a cada una de las pretensiones de los Consejos Comunitarios, toda vez que
estas no se encuentran motivadas en fundamentos de hecho y de derecho que
permitan concluir de forma razonada, que se ha presentado la vulneración de los
derechos individuales o colectivos de los habitantes del municipio de Dagua, pues
el proceso de actualización catastral no requiere de adelantar una consulta previa,
pues los predios ocupados por las comunidades étnicas no son objeto de dicha
actividad, en acatamiento de la sentencia SU-123 de 20182 de la Corte
Constitucional.
Afirmó que “la sentencia No. SU 121/22 fijó los tipos de participación dependiendo
del nivel de afectación a la comunidad étnica diferenciada, en ese sentido en
primer lugar se debió evaluar si las comunidades negras de la Balastrera y la
Garza, fueron afectadas por el proceso de actualización catastral atendiendo los
elementos fijados por la Corte”.
Resaltó que el proceso de actualización catastral no afectó las estructuras étnicas,
toda vez que el proceso se realizó mediante el método indirecto, es decir, no hubo
presencia de visitadores para efectuar el proceso de actualización y, por tanto, no
se perturbaron las comunidades asentadas en predios de propiedad privada.
Por último, manifestó que “se debe repetir la actualización catastral en los
territorios étnicos, a sabiendas que una vez realizada la consulta previa, el
resultado de la actividad va ser el mismo, dada su metodología?????? Esto
necesariamente conllevaría detrimento en el patrimonio del Departamento del
Valle del Cauca, toda vez que son estos los recursos que se emplean para pagar
la actualización catastral”.
3. Pretensiones
La entidad accionante formuló las siguientes:
“3.1. Declárase que con las decisiones adoptadas en la sentencia de segunda instancia
No. 21 del 31 de Mayo de 2023, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo
del Valle del Cauca, la cual modificó la sentencia de primera instancia No. 48 del 11 de
Abril de 2023 proferida por el Juzgado 1 Administrativo del Circuito de Santiago de Cali,
se vulnera el derecho fundamental al debido proceso de la Unidad Administrativa
Especial de Catastro de la Gobernación del Valle del Cauca.
3.2. Tutélese el derecho fundamental al debido proceso de la Unidad Administrativa
Especial de Catastro de la Gobernación del Valle del Cauca y en consecuencia, cesen
los efectos del mencionado fallo”.
4. Pruebas relevantes
En correo electrónico de 2 de octubre de 2023, el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito de Cali remitió el enlace de acceso al expediente digital que contiene
las actuaciones de la acción de tutela con radicado No. 76001-33-33-001-2023-
00051-01 acumulada al 76001-31-05-018-2023-00142-00, del Consejo
Comunitario de la Comunidad Negra de la Vereda de La Garza del municipio de
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M.P.: Alberto Rojas Ríos y Rodrigo Uprimny Yepes.
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Dagua y otro contra la Dirección de Autoridad Nacional de Consulta Previa del
Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Tierras del Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Unidad
Administrativa Especial de Catastro del Departamento del Valle del Cauca, el
municipio de Dagua y el Operador Catastral Valle Avanza S.A.S.
5. Trámite procesal
Por auto de 6 de septiembre de 2023, se requirió a la parte accionante para que
indicara con la mayor claridad posible y de manera precisa, i) los hechos, ii) las
pretensiones objeto de tutela y iii) las razones en las que se sustenta la supuesta
vulneración de los derechos fundamentales invocados en el escrito, para lo cual se
concedió el término de tres (3) días.
Luego de que la parte actora atendiera el requerimiento, por medio de auto de 26
de septiembre de 2023 la magistrada sustanciadora admitió la demanda de tutela
y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada, así como al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Cali, a la Nación – Ministerio del Interior - Dirección
de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras,
al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Procuraduría General de la
Nación, a la Defensoría del Pueblo, a la Agencia Nacional de Tierras, al Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, a la Superintendencia de Notariado y Registro, a la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, al municipio de Dagua, al
Operador Catastral Valle Avanza S.A.S., a la Personería Municipal de Dagua, al
Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Vereda La Garza del municipio
de Dagua, al Consejo Comunitario de la Comunidad Negra La Balastrera del
Queremal del municipio de Dagua, al señor Juan Carlos Echeverry Narváez, en
calidad de representante legal y director nacional de la Veeduría Ciudadana
Nacional para la Vigilancia de la Gestión Pública y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 10473 a 104772
de 28 de septiembre de 20233, con el fin de notificar a las partes.
Posteriormente, en escrito de 10 de noviembre de 2023, la consejera Stella
Jeannette Carvajal Basto, manifestó estar impedida para conocer de la presente
acción con fundamento en lo previsto en el numeral 1 del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal, “en consideración a que una de mis sobrinas -tercer grado
de consanguinidad- tiene la condición de servidora pública en el nivel asesor de la
Procuraduría General de la Nación -tercero con interés en las resultas del
proceso”.
Mediante auto de 30 de noviembre de 2023, el consejero Milton Chaves García
declaró infundado el impedimento, toda vez que “no permite evidenciar el interés
directo o indirecto en la presente acción de tutela que le asistiría a la sobrina de la
magistrada”.
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La parte accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes
direcciones de correo electrónico: catastrovalle@valledelcauca.gov.co, s01tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co;
s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co; rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co;
vhernand@cendoj.ramajudicial.gov.co, comunidadesnegras.veredalagarza@valleavanza.com,
fundacolectivos@hotmail.com, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, juridica.ant@agenciadetierras.gov.co;
juridica.ant@ant.gov.co, notificacionesjudiciales@cvc.gov.co; crc@crc.gov.co, juridica@defensoria.gov.co;
valle@defensoria.gov.co, judiciales@igac.gov.co; notificaciones.judiciales@igac.gov.co; sigac3@igac.gov.co,
jadmin01cli@notificacionesrj.gov.co; adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co,
notificacionesjudiciales@minagricultura.gov.co, alcaldia@dagua-valle.gov.co; alcalde@dagua-valle.gov.co;
contactenos@dagua-valle.gov.co, servicioalciudadano@mininterior.gov.co; notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co;
notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co; correspondencia@mininterior.gov.co, info@valleavanza.com,
personeriadagua@gmail.com; alcalde@dagua-valle.gov.co; personeria@dagua-valle.gov.co,
procesosjudiciales@procuraduria.gov.co, notificaciones.juridica@supernotariado.gov.co;
oficina.juridica@supernotariado.gov.co y veeduriavigilancionacional@hotmail.com.
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Una vez se agotaron todos los trámites de notificación por parte de la Secretaría
General de esta Corporación, el expediente ingresó al despacho para fallo el 18 de
diciembre de 2023.
6. Oposición
6.1. Respuesta de Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
En escrito de 29 de septiembre de 2023, la magistrada ponente pidió que se
declarara la improcedencia de la acción de tutela, pues la providencia que se
ataca se dictó en un proceso de la misma naturaleza. Adicionalmente, reiteró los
fundamentos de hecho y de derecho expuestos en el fallo de tutela de 31 de mayo
de 2023.
6.2. Respuesta del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cali
En escrito de 2 de octubre de 2023, la titular del despacho informó que en la
actualidad se encuentra pendiente de emitir una decisión definitiva respecto al
cumplimiento de la orden por parte de la Unidad Administrativa Especial de
Catastro del Departamento del Valle del Cauca, el Operador Catastral Valle
Avanza S.A.S. y el municipio de Dagua, toda vez que, en auto de 25 de
septiembre de 2023, se dio apertura a un incidente de desacato.
6.3. Respuesta de Ministerio del Interior
En oficio de 2 de octubre de 2023, la jefe de la Oficina Asesora Jurídica pidió que
se rechazaran las pretensiones de la acción de tutela por resultar improcedentes
cuando se atacan fallos de tutela.
Afirmó que en la solicitud de amparo solo se expone la inconformidad frente a las
decisiones de primera y segunda instancia, sin embargo, no advierte que haya
existido un fraude a la ley que dé lugar a una tercera revisión, por estar en
evidente vulneración de algún derecho fundamental.
Indicó que “el juez después de estudiar el caso concreto, llegó a la conclusión de
que esta autoridad en ningún momento vulneró el derecho fundamental de la
consulta previa, pues como lo hemos indicado y probado, nuestras competencias
están direccionadas a resolver las solicitudes de procedencia o no de la consulta
previa, solicitudes que deben ser presentadas por los ejecutores de los proyectos,
obras o actividades y/o del interesado en la medida Legislativa o administrativa a
tramitar, es así como esta entidad actúa, siempre que se allega una solicitud de
determinación de procedencia de proceso consultivo por parte del ejecutor y
actuamos conforme a nuestras competencia. No obstante, si no se allegó solicitud,
es imposible iniciar algún trámite, pues nosotros actuamos a solicitud de parte,
como se indicó en la contestación de la acción de tutela cuyo fallo se ataca en
esta oportunidad”.
Agregó que la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio
del Interior, únicamente es competente para emitir el concepto de procedencia o
no de la consulta previa para la ejecución de medidas legislativas de carácter
nacional, sin embargo, los procesos consultivos son adelantados por la Dirección
de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías y la Dirección de Asuntos para
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.
Finalmente, mencionó que la determinación de la consulta previa, así como el
proceso consultivo debe estar mediada por una solicitud expresa del ejecutor del
proyecto, obra o actividad, es decir, la Dirección de la Autoridad Nacional de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Consulta Previa no actúa de manera oficiosa, sino que su actuación está
supeditada a la petición que realice el ejecutor del proyecto ante esta autoridad.
6.4. Respuesta de la Superintendencia de Notariado y Registro
En oficio de 3 de octubre de 2023, la jefe de la Oficina Asesora Jurídica se opuso
a la vinculación de la entidad a la acción de tutela, toda vez que no vulneró los
derechos fundamentales invocados por la parte actora.
Relató que las funciones de la Superintendencia de Notariado y Registro están
relacionadas con la orientación, inspección, vigilancia y control de los servicios
públicos que prestan los notarios y los registradores de instrumentos públicos, la
orientación, administración, sostenimiento, vigilancia y control de las Oficinas de
Registro de Instrumentos Públicos con los fines previstos y dentro del marco
legalmente establecido.
Por último, resaltó que en el presente caso existe falta de legitimación en la causa
por pasiva de la Superintendencia de Notariado y Registro, pues al examinar la
tutela no se evidencia que en ningún aparte de esta se estableciera que fuera el
causante de la violación o amenaza alguna de los derechos fundamentales
invocados por la accionante, por lo que no resulta responsable garantizar los
derechos fundamentales presuntamente vulnerados.
6.5. Respuesta de la Procuraduría General de la Nación
En escrito de 2 de octubre de 2023, la asesora de Procuraduría Regional de
Instrucción del Valle del Cauca pidió que se desvinculara al órgano de control, por
configurarse la falta de legitimación en la causa por pasiva.
Indicó que la Procuraduría General de la Nación es respetuosa de las decisiones
judiciales como en el caso que nos ocupa. Así mismo, como quiera que su función
es la de intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o
administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del
patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales, también es cierto
que no puede coadministrar, toda vez que su misión es la de orientar, controlar y
vigilar que las actuaciones de los servidores públicos y de los particulares que
ejerzan funciones públicas y que estén regidas por el marco jurídico colombiano.
Para terminar, resaltó que no es ese organismo de control el vulnerador de los
derechos fundamentales del accionante, lo cual configura una falta de legitimación
en la causa por pasiva.
6.6. Respuesta de la Agencia Nacional del Tierras
En oficio de 4 de octubre de 2023, el apoderado de la entidad pidió que se
desvinculara, en razón a que se configura la falta de legitimación en la causa por
pasiva.
Señaló que ninguna de las facultades otorgadas a la Agencia Nacional de Tierras
se relaciona con el objeto de la acción de tutela, pues la misma se dirige contra la
decisión de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, en el marco de un proceso de la misma naturaleza con radicado No.
76001-33-33- 001-2023-00051-00, situación que torna improcedente el amparo
solicitado, tal como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia SU-128 de
2021.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04765-00
Actor: Unidad Administrativa Especial de Catastro del Valle del Cauca
6.7. Respuesta de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
En escrito de 2 de octubre de 2023, la coordinadora del Grupo Jurídico de la
Oficina Asesora solicitó que se desvinculara a la entidad, pues carece de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no tiene ninguna incidencia en la
materia objeto de debate ni en el proceso primigenio.
6.8. Respuesta del municipio de Dagua
En escrito de 2 de octubre de 2023, la alcaldesa solicitó que se deje sin efecto la
sentencia de 31 de mayo de 2023 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
que ordenó que se practicara una consulta previa.
Afirmó que el Consejo Comunitario de La Balastrera se encuentra en un predio
que no cuenta con título ni solicitud de titulación ante las entidades competentes.
Sostuvo que existe un conflicto entre ambos consejos comunitarios, toda vez que
el Consejo Comunitario de La Balastrera ocupa el territorio solicitado por parte del
Consejo Comunitario del Queremal.
Indicó que el Consejo Comunitario de La Balastrera se encuentra inmerso en un
área protegida conocida como la Reserva Protectora Nacional del Río Anchicayá,
la cual debe propender por procesos de conservación y restauración, situación
que este consejo ha venido afectando con sus prácticas de ocupación, área que
hace parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP, así como del
sistema municipal y constituye determinante ambiental en el ordenamiento
territorial. Agregó que la ocupación de estos consejos se traslapa en una pequeña
parte con el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, área protegida de mayor
relevancia en el SINAP y con mayor restricción frente a sus usos.
Señaló que la ocupación que hoy realiza y efectúa el Consejo Comunitario de La
Balastrera se encuentra en propiedad privada, quiere decir con ello que la
afectación directa que predican y que por tanto debe efectuarse la consulta previa
como derecho fundamental, no tiene razón alguna, toda vez que el impuesto
predial que es la medida final del proceso de actualización, ni siquiera es asumido
por estas personas sino por los propietarios de los predios.
Resaltó que la consulta previa es un derecho que tienen estas comunidades frente
a la afectación directa de su territorio, de su cosmovisión, prácticas tradicionales,
entorno, entre otros casos, y que no existe ni está demostrada una afectación
frente a las comunidades étnicas.
Por último, resaltó que está ante una imposibilidad jurídica de materializar la
consulta previa, pues la misma no es procedente frente a una afectación no
demostrada. Además, que no se alteraron las condiciones de la comunidad y, por
tanto, se estaría ante un escenario incierto para las entidades involucradas, pues
deberán presupuestar recursos económicos, técnicos y jurídicos para la
materialización de un proceso de consulta sobre el cual se desconoce su
afectación.
6.9. Respuesta de la sociedad de Avances Tecnológicos para el Desarrollo
del Departamento del Valle del Cauca – Valle Avanza S.A.S.
En escrito de 2 de octubre de 2023, el representante legal solicitó que se
desestimaran las pretensiones de la acción de tutela y se desvincule del trámite
constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva.
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Afirmó que no realizó intervención en ninguno de los territorios étnicos, pues el
Gobierno Nacional y la mesa permanente de concertación, se encuentran
realizando las gestiones pertinentes para llevar a cabo la consulta previa para la
implementación del catastro multipropósito en los territorios étnicos formalizados
sin que a la fecha haya un resultado definitivo, razón por la cual estos territorios no
han sido afectados catastralmente mediante el proceso de actualización,
conservación ni formación catastral, y menos aun no existe evidencia que se haya
generado un impacto catastral en alguno de los territorios colectivos.
Sostuvo que mediante ningún proceso de actualización, formación y conservación
que haya ejecutado la sociedad se ha visto afectada o alterada la información de
los predios que conforman los territorios colectivos, y tampoco acredita si quiera
prueba sumaria de tal transgresión, por lo que no existe amenaza ni vulneración
de derechos colectivos para las comunidades étnicas formalizadas y no
formalizadas en el municipio. Añadió que la amenaza y vulneración que enrostra la
autoridad judicial accionada queda sin argumento al exigir a la sociedad un
proceso administrativo de consulta previa, pues no se encuentra entre sus
obligaciones contractuales.
Señaló que el tribunal accionado omitió que el procedimiento de consulta previa
debe surtir unas etapas previas y pese a que desconoció que no se debía hacer,
se adelantaron las solicitudes de procedencia de estas ante el Ministerio del
Interior.
Indicó que “la actualización catastral incide en la realidad física de los predios,
cuyo interesado directamente son los propietarios con dominio completo de los
predios, argumento que también olvidó el tribunal superior del Valle del Cauca,
que ninguno de los accionantes representados en la actuación procesal de tutela
la cual fallo en su momento, posee Dominio sobre predios registrados en la
ventanilla única de registro SNR”.
Aseveró que no sería procedente ningún proceso de actualización catastral en los
municipios cuya presencia de territorios colectivos existe y, por lo tanto, procesos
de actualización como el del municipio de Palmira no habrían sido viables, toda
vez que es de conocimiento público que en su territorio se encuentran asentadas
comunidades indígenas y negritudes.
Finalmente, manifestó que “se vislumbra en el fallo de segunda instancia
demandado, que el tribunal desconoció el proceso y procedimiento consultivo de
la consulta previa, ya que no tiene en cuenta que los predios señalados que
motivaron la sentencia condenatoria, no fueron afectados por la actualización
catastral, en el marco de una orden impartida por la máxima autoridad catastral
IGAC, y accedió a las pretensiones de la tutela de entonces, sin tener en cuenta
que el inicio de la consulta previa se decanta a partir de la solicitud de procedencia
ante el Ministerio de Interior, que fue efectuada por el gestor catastral y accionante
Unidad Administrativa Especial de Catastro”.
6.10. Respuesta de la Veeduría Ciudadana Nacional para la Vigilancia de la
Gestión Pública, el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra La
Balastrera el Renacer de un Nuevo Amanecer del Corregimiento Queremal y
el Consejo Comunitario de la comunidad negra de la Vereda la Garza del
Municipio de Dagua
En escrito conjunto de 2 de octubre de 2023, los señores Juan Carlos Echeverry
Narváez4, Oswaldo Neira Alomia5 y Arali Narváez6 solicitaron que se declare la
4
Director de la Veeduría Ciudadana Nacional para la Vigilancia de la Gestión Pública.
5
Representante del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra La Balastrera El Renacer de un Nuevo Amanecer.
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improcedencia de la acción de tutela, por presentarse de manera temeraria y de
mala fe.
Afirmaron que la Corte Constitucional ha entendido que la acción de tutela contra
providencias judiciales procede como un juicio de validez y no como un juicio de
corrección del fallo cuestionado.
Agregaron que el mecanismo constitucional no se puede utilizar indebidamente
como una instancia adicional para poder entrar a discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que le dieron origen a la controversia
judicial por omisión de consultas previas.
Señalaron que “en el trámite procesal de la “Acción de Tutela de la Referencia”, la
“Unidad Administrativa Especial de Catastro del Valle del Cauca” nunca interpuso
un “Incidente de nulidad” y/o presentó la “Apelación de la Sentencia de Primera
Instancia” alegando que se le hubiese vulnerado su “Derecho Fundamental al
Debido Proceso”. Y, tan solo ahora, después de (4) cuatro meses de proferido el
fallo y cuando ya se le ordenó la apertura de un “Incidente de Desacato en su
Contra por el Incumplimiento del Fallo”, es que la “Unidad Administrativa Especial
de Catastro del Valle del Cauca” corre inmediatamente y el mismo día a presentar
una “Temeraria Acción de tutela” para tratar de “Reabrir el debate legal”, “Dilatar el
Incidente de Desacato” y evitar así una “Grave Sanción Disciplinaria”.
Mencionaron que, en el presente caso, no se cumple con el requisito de la
relevancia constitucional y, en consecuencia, se debe impedir que esta acción de
tutela se convierta en una instancia adicional para tratar de dilatar un incidente de
desacato.
Por último, manifestaron que no se cumple con los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, específicamente,
respecto de la relevancia constitucional indicaron que “la cuestión que se discute
no resulta de evidente “Relevancia constitucional”. Como lo expresamos
anteriormente, el presente asunto “Carece de relevancia constitucional” porque: (i)
La discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales del derecho
fundamental a la “Consulta Previa”, como, por ejemplo, su correcta interpretación
por parte del “Honorable Tribunal Administrativo del Valle” y/o su aplicación en el
caso concreto de (2) dos de la “Comunidades Negras” legalmente reconocidas en
el “Municipio de Dagua Valle”; y, (ii) Es evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas para el “Operador Catastral Valle Avanza
S.A.S.”, que no representan el interés general. Pues, en realidad lo que se quiere,
es reabrir el debate judicial y dilatar los términos procesales para no tener que
asumir esta administración departamental y su contratado “Operador Catastral
Valle Avanza S.A.S.”, todos los costos financieros que ineludiblemente les
ocasionará tener que realizar todos los “Estudios Técnicos” y los “Trámites
Administrativos de las Consultas Previas”, para absolutamente todas y cada una
de las múltiples comunidades “Indígenas” y “Afrodescendientes” del “Municipio de
Dagua Valle”.
6.11. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal de
Dagua, a pesar de que se les notificó en debida forma el auto admisorio de la
acción de tutela, guardaron silencio.
6
Representante del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la vereda la Garza del municipio de Dagua.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Cuestión previa
La Agencia Nacional de Tierras, el Operador Catastral Valle Avanza S.A.S., la
Procuraduría General de la Nación, la Superintendencia de Notariado y Registro y
la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca solicitaron que se
desvincularan de la acción de tutela, por configurarse la falta de legitimación en la
causa por pasiva.
Al respecto, se debe precisar que la acción de tutela, consagrada en el artículo 86
de la Constitución Política, faculta a toda persona para reclamar ante los jueces,
mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, cuando sean vulnerados o amenazados por acción u
omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos en que
así se autoriza.
Este mecanismo constitucional tiene como una de sus características esenciales
la informalidad al momento de presentar la acción, pues no limita su ejercicio a los
sujetos de derecho que pretendan hacerla valer como solicitud de amparo
constitucional.
No obstante, se hace exigible como requisito indispensable, además de la
legitimación e interés del actor de acuerdo como lo estipula el artículo 10º del
Decreto 2591 de 1991, la persona o entidad contra quien se dirige la solicitud de
amparo, de la siguiente manera:
“ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCION E
INTERVINIENTES. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante
del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud”.
Por lo anterior, la Sala advierte que negará las solicitudes de desvinculación, toda
vez que la Agencia Nacional de Tierras y el Operador Catastral Valle Avanza
S.A.S. fueron las entidades demandadas, y la Procuraduría General de la Nación,
la Superintendencia de Notariado y Registro y la Corporación Autónoma Regional
del Valle del Cauca las vincularon como terceros con interés dentro del trámite
constitucional No. 76001-33-33-001-2023-00051-01 acumulada al 76001-31-05-
018-2023-00142-00. Por consiguiente, en el eventual caso de que se dicte
cualquier orden en el curso del presente asunto los puede afectar directamente, lo
que justifica que se deba mantener la vinculación de esas entidades en el
presente asunto.
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3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si se cumple con los requisitos para la
procedencia de la acción de tutela cuando se cuestiona una decisión de la misma
naturaleza.
En caso de que la respuesta a ese interrogante sea afirmativa, la Sala determinar
si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca con la decisión de 31 de mayo de
2023, proferida en segunda instancia en el curso de la acción de tutela con
radicado No. 76001-33-33-001-2023-00051-01 acumulada al 76001-31-05-018-
2023-00142-00, vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la entidad
accionante al ordenar realizar una consulta previa a pesar de que la actualización
catastral en el municipio de Dagua no interfería en territorios étnicos o
comunitarios.
4. Improcedencia general de la acción de tutela contra providencias de la
misma naturaleza
La Sala, en principio, había sostenido que la acción de tutela contra fallos de la
misma naturaleza era improcedente, en virtud de las diferentes sentencias de la
Corte Constitucional que tuvieron como sustento la sentencia SU-1219 de 2001.
Sobre el particular, esa Corporación judicial en la sentencia T-272 de 20147, indicó
“no es procedente la tutela contra tutela porque de lo contrario (i) implicaría instituir
un recurso adicional para insistir en la revisión de tutelas que con anterioridad no
fueron seleccionadas, (ii) supondría crear una cadena interminable de demandas,
con lo cual resultaría afectado el principio de seguridad jurídica, (iii) se afectaría el
mecanismo de cierre hermenéutico de la Constitución, confiado a la Corte
Constitucional, y (iv) la tutela perdería su efectividad, pues ‘quedaría
indefinidamente postergada hasta que el vencido en un proceso de tutela
decidiera no insistir en presentar otra tutela contra el fallo que le fue adverso para
buscar que su posición coincida con la opinión de algún juez. En este evento,
seguramente el anteriormente triunfador iniciará la misma cadena de intentos
hasta volver a vencer”’.
Con posterioridad, en la sentencia SU-627 de 20158 la Corte Constitucional,
rectificó su jurisprudencia e indicó que, excepcionalmente, la acción de tutela
procede contra sentencias de tutela cuando se adviertan casos de fraude,
supuesto que se agrega a los dos que habían sido contemplados por la
jurisprudencia: irregularidad grave en el curso de una acción de tutela e incidente
de desacato, con la precisión de que la improcedencia absoluta, sin ninguna
excepción, recae en las sentencias de tutela que dicte la Sala Plena o las Salas de
Revisión de esa Corporación. En esa ocasión, la Corte expresó:
“4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso de
tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro de él
o contra una actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no
procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la
Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este
evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la
Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la
acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se
7
M. P. María Victoria Calle Correa.
8
Sentencia de 1º de octubre de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
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esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con
los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción
de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii)
se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue
producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario
o extraordinario, eficaz para resolver la situación.
4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la
sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la
sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez
de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la
demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el
asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el
cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero
si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el
trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional.”
Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia T-313 de
20189, consideró que la acción de tutela es procedente, entre otros, contra la
providencia que rechaza la impugnación en un trámite de la misma naturaleza. Al
respecto, sostuvo:
“En el asunto que se examina, la acción de tutela no se dirige contra un fallo de tutela, sino
contra ciertos autos proferidos en el curso del trámite de amparo. La Corte Constitucional unificó
su jurisprudencia en la sentencia SU-627 de 2015, en la que consideró que la tutela sí era
procedente frente a actuaciones arbitrarias de los jueces de tutela, que se hubieran realizado
antes o después de proferir el fallo, por lo que este requisito de procedencia se encuentra
superado”.
El citado criterio jurisprudencial ha sido acogido por esta Sala, teniendo en cuenta
que la unificación realizada por la Corte Constitucional trasciende del caso
concreto y fija reglas de derecho que deben ser acatadas por todas las
autoridades públicas.
Por otra parte, en la sentencia T-322 de 201910, la Corte Constitucional resaltó que
previo a la verificación de la existencia de un fraude, es pertinente constatar si el
fallo de tutela reprochado fue objeto de la eventual revisión que le ha sido atribuida
a esa corporación judicial, pues de lo contrario se tornaría improcedente la
solicitud de amparo.
Al respecto, en la reciente sentencia T-023 de 202311, la misma corporación
sostuvo que “de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, en principio son
improcedentes las acciones de tutela en contra de una decisión de tutela antes de
que el trámite de selección y eventual revisión se haya surtido. Esta regla de
improcedencia, sin embargo, no es absoluta. En casos excepcionales, la acción de
tutela contra decisiones de tutela puede ser procedente si, a pesar de que la parte
accionante no participó en el trámite de selección o este no se ha surtido, las
pruebas practicadas en sede de revisión evidencian prima facie la existencia de
una situación de fraude que se habría materializado en los fallos de tutela de
instancia”.
De conformidad con lo expuesto, es posible identificar dos escenarios: el primero,
en el que la Corte Constitucional selecciona para revisión el caso con el fin de
determinar si existe o no cosa juzgada fraudulenta. El segundo, cuando la
9
M.P. Carlos Bernal Pulido.
10
M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.
11
M.P.: Paola Andrea Meneses Mosquera.
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sentencia de tutela es excluida de revisión, lo que conllevaría que lo resuelto hace
tránsito a cosa juzgada formal y material. Al respecto, esa corporación judicial en
la referida sentencia T-322 de 201912, con el fin de identificar los criterios seguidos
por las diferentes Salas de Revisión, precisó de manera indicativa en qué casos
existe una situación de fraude, para lo cual elaboró el siguiente cuadro:
Jurisprudencia constitucional y cosa juzgada constitucional fraudulenta
Improcedencia de la Procedencia de la acción de tutela
acción de tutela
• La acción de tutela Condiciones necesarias
no se soporta en Actuación prima facie dolosa o Decisión judicial Indicios de la existencia de una
hechos objetivos (T- gravemente culposa. evidentemente incorrecta situación de fraude.
951/13).
Esta calificación puede Esta calificación puede 81. Evidencia de que el
4 El fundamentarse fundamentarse fallo de tutela fue
accionante proferido sin que se
discrepa sobre 63 En la 73. En la verificaran las
una decisión de existencia de condiciones de
interpretación autoridad una procedibilidad de este
sustantiva competente interpretación mecanismo excepcional
o donde se declare normativa (T-218/12, T- 399/13, T-
probatoria (T- laconducta abiertamente 272/14 y T-073/19)
373/14,T- dolosa del juez contraria a los
093/18 y T- (T- 218/12) postulados 82. Ausencia de
470/18) constitucional certeza del derecho
64 En la esy a la reconocido (T-218/12, T-
5 Se apertura de buena fe 399/13)
incumple con la investigaciones judicial (T-
carga de disciplinarias o 073/19). 83. Protección de un
demostrar la penales acerca elevado número de
existencia de de la 74. En la peticionarios, cuya
fraudulenta (T- configuración afectación del situación individual no
072/18). del delito (T- patrimonio alcanza a ser
399/13) público (T- debidamente examinada
218/12, T- dentro del término de
65 En la 399/13, T- diez
materialización del 272/14 y T- (10) días del que dispone el juez para
dolo enla sentencia 073/19). decidir (T-272/14).
judicial (T-218/12,
T- 951/13, T- - Se presenta acción de tutela contra
373/14, T-427/17 y una entidad que, por estar sumida en
T- 470/18) un estado de cosas inconstitucional,
presenta una limitada capacidad para
ofrecer respuesta oportuna a las
demandas de sus afiliados y
beneficiarios (T-272/14).
• El cumplimiento del fallo de tutela
proferido en las circunstancias
descritas amenaza el goce efectivo de
derechos fundamentales de terceros
(T-272/14).
• El reconocimiento de una prestación
de forma manifiestamente ilegal.
Adicionalmente, la Corte Constitucional ha considerado que quien pretenda la
revocatoria de una sentencia de tutela que ha hecho tránsito a cosa juzgada
constitucional debido a su no selección, debe cumplir con una exigente carga
argumentativa dirigida a demostrar i) que el juez de tutela incumplió un deber
básico de conducta que se opone a los requerimientos medulares que se anudan
a la tarea de administrar justicia, manifiesta en una actuación dolosa o
extremadamente negligente y ii) que el fallo de tutela objetado no pueda ser
admitido debido a que resulta evidentemente incorrecto, implicando, además, una
afectación grave del patrimonio público.
Así mismo, “la parte interesada debe demostrar, con base en fundamentos claros,
ciertos, serios y coherentes la situación de fraude alegada, la incidencia en la
decisión adoptada, la evidente violación de un derecho fundamental y que la
afectación sea significativa y trascendental (trasgredir de manera grave el
patrimonio público). En este sentido, no serán de recibo razones o interpretaciones
que obedezcan al disgusto o inconformismo del solicitante por la sentencia
atacada. Ese presupuesto tiene fundamento en el principio de seguridad jurídica y
cosa juzgada constitucional”.
12
M.P: José Fernando reyes Cuartas.
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Con todo, la jurisprudencia constitucional ha precisado las subreglas que
determinan la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
que se dicten dentro de un trámite tutelar, a saber: (i) cuando la providencia
acusada haya sido proferida por otro juez o tribunal diferente a la Corte
Constitucional (ii) que la decisión superó el trámite de la revisión ante esa
corporación judicial, es decir, que no hubiera sido seleccionada para revisión y (iii)
que en ésta se configure el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, a partir de
las particularidades mencionadas en precedencia.
De este modo, se concluye que la jurisprudencia constitucional ha establecido las
subreglas que determinan la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias que se dicten dentro de un trámite tutelar, a saber: (i) cuando la
providencia acusada haya sido proferida por otro juez o tribunal diferente a la
Corte Constitucional (ii) que la decisión superó el trámite de la revisión ante la
mencionada corte, es decir, que no fuese seleccionada para su revisión y (iii) que
en ésta configure el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta.
5. Estudio y solución del caso concreto
5.1. La entidad accionante manifestó que el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca con la decisión de 31 de mayo de 2023, proferida en segunda instancia en
el marco de la acción de tutela con radicado No. 76001-33-33-001-2023-00051-01
acumulada al 76001-31-05-018-2023-00142-00, vulneró el derecho fundamental al
debido proceso, toda vez que se ordenó realizar una consulta previa a pesar de
que la actualización catastral en el municipio de Dagua no interfería en territorios
étnicos o comunitarios.
5.2. La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción de tutela por las
siguientes razones:
El Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Vereda de la Garza del
municipio de Dagua13 y el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra La
Balastrera “El Renacer de un Amanecer” del Queremal14 presentaron acción de
tutela contra la Dirección de Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio
del Interior, la Agencia Nacional de Tierras del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Unidad Administrativa
Especial de Catastro del Departamento del Valle del Cauca, el municipio de
Dagua y el Operador Catastral Valle Avanza S.A.S., con el fin de obtener la
protección de los derechos fundamentales a la consulta previa, libre e informada,
seguridad jurídica del territorio colectivo, diversidad étnica y cultural, autonomía y
autodeterminación, igualdad material, debido proceso y obligación del estado a
cumplir de buena fe con el Acuerdo de Paz, en razón a la actualización catastral
que se realizó en los territorios donde se asientan esas comunidades.
El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cali en sentencia de 11 de abril
de 2023, resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y consulta previa de la
comunidad Negra De La Vereda De La Garza Del Municipio De Dagua y la Comunidad Negra
La Balastrera el Renacer de un Amanecer del Queremal, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Catastro del Departamento del
Valle del Cauca que realice un nuevo proceso de Actualización y Formación catastral de las
zonas donde habitan la Comunidad Negra De La Vereda De La Garza Del Municipio De Dagua
y la Comunidad Negra La Balastrera el Renacer de un Amanecer del Queremal, previa la
realización de una Consulta Previa con dichas comunidades.
13
Radicado No. 76001-33-33-001-2023-00051-01
14
Radicado No. 76001-31-05-018-2023-00142-00
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TERCERO: ORDENAR al Ministerio del Interior, Departamento del Valle del Cauca, Municipio
de Dagua y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para que en el término de tres (3) meses
contados a partir de la notificación de esta sentencia, emprendan las gestiones relacionadas
con el proceso de consulta previa y convoquen a la comunidad Negra de la vereda de la Garza
del municipio de Dagua y la Comunidad Negra La Balastrera el Renacer de un Amanecer del
Queremal al desarrollo de la misma, en relación con el proyecto de actualización de la
formación catastral con enfoque multipropósito en el municipio de Dagua.
La consulta debe desarrollarse con sujeción a las directrices jurisprudenciales adoptadas por la
Corte Constitucional, y de conformidad con los requisitos legales y reglamentarios en la
materia, en lo que corresponda.
CUARTO: ORDENAR al municipio de Dagua Valle, ante cualquier procedimiento administrativo
que se adopte frente a la Sustracción de Áreas de Reserva Forestales Protectoras Nacionales
que conlleva el reajuste del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio, surta el
trámite de consulta previa ante la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del
Ministerio del Interior con las comunidades negras aquí accionantes.
QUINTO: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Catastro del Departamento del
Valle del Cauca que la información recolectada a través de las actividades del proceso de
actualización de la formación catastral con enfoque multipropósito derivada de la Resolución
No. N00008 del 11 de octubre de 2021 y en virtud del contrato interadministrativo de Gestión
Catastral No. 1.120.50-13-03-110 con la Sociedad Valle Avanza S.A.S, no sea utilizada y
aplicadas a las zonas en donde habitan las comunidades negras accionantes a para a partir de
la notificación de la presente sentencia.
SEXTO: ORDENAR al Instituto Geográfico Agustín Codazzi que expida una nueva circular
indicando que los gestores catastrales no pueden intervenir en los territorios formalizados de
las comunidades negras accionantes hasta tanto no se surta el proceso de consulta previa.
SÉPTIMO: NEGAR las demás pretensiones.
OCTAVO: NOTIFICAR esta decisión a las partes en los términos del artículo 30 del Decreto
No. 2591 de 1991.
NOVENO: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días siguientes a la
notificación, según en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
DECIMO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de no ser
impugnada esta providencia.
DECIMO PRIMERO: ARCHÍVESE lo actuado, una vez se encuentre en firme el presente
proveído, previa anotación en los Sistemas de Registro”.
Lo anterior, con sustento en que ante cualquier procedimiento administrativo que
se adopte en desarrollo de la revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial
en el municipio de Dagua, deberá surtirse el trámite de consulta previa ante la
Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior
con las comunidades negras accionantes.
La Unidad Administrativa Especial de Catastro del Valle del Cauca, el municipio
de Dagua, el Operador Catastral Valle Avanza S.A.S., el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi y el Ministerio del Interior- Dirección de Autoridad Nacional de
Consulta Previa- Dirección de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras, impugnaron la anterior decisión.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en fallo de tutela de 31 de mayo de
2023, modificó la decisión del a quo, en el sentido de precisar que las entidades
que debían realizar las gestiones relacionadas con la consulta previa, además del
departamento del Valle del Cauca mediante la Unidad Administrativa Especial de
Catastro, era el operador catastral y el municipio de Dagua y se excluía al
Ministerio del Interior y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En lo demás, se
confirmó el fallo de primera instancia, con sustento en lo siguiente:
“Como explica en extenso el juez de primera, la Corte Constitucional, en la sentencia T-002 de
2017, sustentó la regla conforme a la cual la acción de tutela es el medio procesal procedente
para estudiar y resolver sobre el derecho fundamental a la consulta previa.
En tal sentido, no prospera el argumento de apelación referido a que el trámite de una acción
popular hace improcedente la tutela. Dijo la Corte:
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04765-00
Actor: Unidad Administrativa Especial de Catastro del Valle del Cauca
(…)
La misma providencia, como bien enunció el juzgado, da sustento y contenido al núcleo esencial
de ese derecho fundamental de las comunidades, y se refiere concretamente a que antes de
iniciar cualquier actuación que las afecte directamente deberá adelantarse una actuación
administrativa dirigida a materializar el derecho a la consulta previa.
Además, la sentencia SU123-2018, que reseña ampliamente el juzgado, es el precedente
necesario al que debió remitirse el gestor catastral para interpretar y aplicar los conceptos
“afectación directa” y “territorio” en el ámbito del derecho fundamental a la consulta previa,
porque únicamente dentro de ese entendimiento es que se garantiza el derecho convencional y
constitucionalmente amparado.
Por lo tanto, el argumento del municipio de Dagua según el cual no procede la consulta previa
porque se trata de predios de propiedad privada y que las comunidades accionantes no cuentan
con un territorio colectivo legalmente reconocido, carece de respaldo dentro del marco de
interpretación ya reseñado.
Bajo ese entendimiento, no prospera la impugnación en este aspecto.
Finalmente, a la luz de la misma providencia, no es debatible que el servicio público catastral con
enfoque multipropósito tiene la potencialidad de afectar directamente a las comunidades
accionantes que están reconocidas plenamente dentro del ámbito espacial en que el operador
recogió información para el gestor catastral Departamento del Valle-UAE Catastro.
Lo anterior porque, como explica la Corte Constitucional, la relación de las comunidades con el
territorio es uno de los elementos más importantes de su cosmovisión, y, por lo tanto, la
actualización catastral multipropósito apareja el derecho a que se realice la actuación
administrativa de consulta previa ante la Dirección de la Autoridad Nacional antes de ejecutar
cualquier acción.
En ese contexto, lo adecuado, necesario y proporcional en sentido estricto es ordenar al
Departamento del Valle-UAE Catastro, al operador catastral y al Municipio de Dagua que realicen
la actuación administrativa de consulta previa ante la Dirección de la Autoridad Nacional, y, en
todo caso, se abstengan de utilizar para cualquier fin la información que ya recaudaron respecto
a esas comunidades.
Finalmente se aclara que las órdenes no deben recaer sobre la Dirección de la Autoridad
Nacional o el IGAC, porque en el ámbito legal referenciado es el gestor catastral quien tiene el
deber de iniciar las actuaciones administrativas referidas a la consulta previa, por ser el titular del
servicio público catastral, y consecuencialmente también el operador contratado y el municipio de
Dagua, que si bien no es gestor catastral si es la primera autoridad de ordenación territorial del
municipio.
En cuanto al segundo problema jurídico, la postura de la Sala de Decisión se sustenta en el
siguiente argumento:
Las comunidades accionantes solicitan se ordene en esta acción de tutela que ordene realizar la
solicitud de procedencia y oportunidad de la consulta previa antes de ejecutar procesos
administrativos sobre sustracción de áreas de reservas forestales protectoras nacionales.
Al respecto se resalta que el Consejo de Estado, en segunda instancia, mediante sentencia del
16 de diciembre de 2022, resolvió:
(…)
Argumentó:
305. Todo lo anterior significa que quien desee realizar construcciones sobre cualquier predio
ubicado en una reserva forestal protectora o en una reserva de la Ley 2ª, o desarrollar
actividades económicas en el interior de las mismas, debe solicitar a las autoridades respectivas
el permiso ambiental previo y/o la licencia de construcción, y tendrá que tramitar la sustracción
correspondiente si es una actividad incompatible, pues, de lo contrario, incurrirá en las precitadas
sanciones.
306. Tales infracciones parten de lo dispuesto en el artículo 58 de la Constitución Política, norma
conforme a la cual la propiedad cumple con «una función social que implica obligaciones», y a la
que «le es inherente una función ecológica». De manera que los propietarios tendrán que
sujetarse al régimen de usos de las reservas forestales protectoras, mientras que las citadas
autoridades vigilarán el respeto de estos condicionamientos ambientales.”
Por lo anterior se denota que es una orden que comprende todos los aspectos convencionales,
constitucionales y legales, que no amerita la intervención adicional del juez de tutela”.
De lo anteriormente expuesto, la Sala observa que el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca evidenció que la actualización catastral que se iba a realizar tiene
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Actor: Unidad Administrativa Especial de Catastro del Valle del Cauca
la potencialidad de afectar directamente a las comunidades accionantes y que
dichas comunidades están reconocidas plenamente dentro del territorio en el que
el operador recogió información para la Unidad Administrativa Especial de
Catastro del Valle del Cauca.
5.3. Esta Sala a partir de desarrollo jurisprudencial efectuado por la Corte
Constitucional sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
decisiones de la misma naturaleza, procederá a verificar si en el presente asunto
se cumplen los requisitos para realizar un estudio de fondo, así:
La sentencia de tutela objetada por la entidad accionante fue proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, es decir, que se cumple el primer
requisito, pues no se trata de una decisión dictada por la Corte Constitucional lo
que torna improcedente la solicitud de amparo.
De otro lado, el fallo de tutela objetado no fue seleccionado para la revisión por
auto de 31 de agosto de 202315, tal como se observa continuación:
Ahora bien, al verificarse el requisito relacionado con la configuración de fraude a
la ley, se advierte que la entidad accionante no desarrolló argumento alguno en
ese sentido, pues en el escrito de tutela se limitó a exponer su desacuerdo frente
a la consulta previa ordenada por el juez de tutela, mas no desarrolló alegato
alguno que evidenciara que la sentencia objetada se profirió mediante fraude.
En efecto, la Corte Constitucional en sentencia T-322 de 201916, al referirse al
fraude a la ley estableció una carga relacionada con que “la parte interesada debe
demostrar, con base en fundamentos claros, ciertos, serios y coherentes la
situación de fraude alegada, la incidencia en la decisión adoptada, la evidente
violación de un derecho fundamental y que la afectación sea significativa y
trascendental. En este sentido, no serán de recibo razones o interpretaciones
que obedezcan al disgusto o inconformismo del solicitante por la sentencia
atacada. Ese presupuesto tiene fundamento en el principio de seguridad jurídica y
cosa juzgada constitucional”. (Subrayas y negrillas por fuera del texto original).
Igualmente, en la sentencia T-023 de 2023, se estableció que existen unos
requisitos específicos de procedencia en situaciones de fraude, como el hecho de
que “(i) la acción de tutela presentada no debe compartir identidad procesal con la
solicitud de amparo cuestionada”, “(ii) deben existir pruebas o indicios que
demuestran de manera “clara y suficiente” que la decisión de tutela fue producto
de una situación de fraude” y “iii) el accionante no cuenta con otro mecanismo
legal para revertir la situación de fraude”.
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https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/consultat/consulta.php?campo=rad_actor&date3=2019-01-
01&date4=2023-11-
09&radi=Radicados&palabra=CONSEJO+COMUNITARIO+DE+LA+COMUNIDAD+NEGRA+DE+LA+VEREDA+DE+LA+GA
RZA+&radi=radicados&todos=%25
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M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04765-00
Actor: Unidad Administrativa Especial de Catastro del Valle del Cauca
En ese orden de ideas, la Sala se abstiene de seguir con el estudio de los
requisitos generales, pues se debe recordar que la procedencia de la acción de
tutela contra decisión de la misma naturaleza es excepcional, para lo cual se
requiere que la parte interesada demuestre la existencia de un fraude a la ley,
además de los requisitos generales contra providencias judiciales, para que así el
juez constitucional proceda a estudiar de fondo el asunto. Sin embargo, como se
advirtió en el párrafo anterior, la entidad demandante no expuso argumento en
ese sentido ni allegó pruebas que demostraran dicha situación, lo que torna
improcedente la solicitud de amparo.
Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de
tutela promovida por la Unidad Administrativa Especial de Catastro del Valle del
Cauca.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- NIÉGANSE las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Agencia Nacional de Tierras, el Operador Catastral Valle Avanza S.A.S., la
Procuraduría General de la Nación, la Superintendencia de Notariado y Registro y
la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.
Segundo.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
Unidad Administrativa Especial de Catastro del Valle del Cauca contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por las razones aquí expuestas.
Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
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