Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04773-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04773-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-04773-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
8 de febrero de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04773-01
Demandante: John Freddy Mena Cossio y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04773-01
Demandante: JOHN FREDDY MENA COSSIO Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Temas: Tutela contra providencia judicial.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
providencia de 13 de octubre de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, que declaró improcedente el amparo solicitado por la parte
actora.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
John Freddy Mena Cossio, Nella María Cossio Palacios, Jeison Efrén Córdoba
Cossio, en nombre propio y en representación del menor Juan Diego Córdoba
Giraldo, y el señor Óscar Francisco Mena Ramírez, quien igualmente actúa a
nombre propio y en representación del menor Juan Camilo Mena Gamboa,
interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, por
estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia. En consecuencia, formularon las siguientes
pretensiones:
“(…) dejar sin efectos la sentencia proferida dentro del proceso con radicado No
05001333301920150020801, notificada por correo electrónico el 01 de marzo de
2023, ordenando valorar todas las pruebas aportadas por la parte demandante,
haciendo un análisis completo y en conjunto de todo el material probatorio que
reposa en el Expediente Penal y Administrativo, emitiendo una nueva sentencia
que en derecho corresponda, garantizando el respeto del principio de presunción
de inocencia del señor JOHN FREDY MENA COSSIO.”.
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El 7 de julio de 2012, John Fredy Mena Cossio fue capturado en flagrancia, ese
mismo día se llevaron a cabo las audiencias de legalización, imputación e
imposición de medida de aseguramiento ante el Juzgado Cuarenta Penal Municipal
con Función de Control de Garantías de Medellín por el delito de fabricación, tráfico
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Demandante: John Freddy Mena Cossio y otros
o porte de Estupefacientes. En el curso de estas diligencias se le impuso medida
de aseguramiento de detención preventiva domiciliaria.
El Juez Veinticuatro Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, en
audiencia del 16 de octubre de 2013, profirió fallo absolutorio, en aplicación del
principio de in dubio pro reo, porque no se demostró más allá de toda duda que el
imputado cometió la conducta1. Para dictar la sentencia absolutoria el juez penal
puso de presente que existían inconsistencias entre el informe de captura en
flagrancia, suscrito por el Policía que efectuó la captura y el testimonio rendido por
este sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ocurrieron los
hechos y advirtió que no fueron allegados los documentos que validaban el material
incautado, por lo que, no quedó plenamente demostrada la cadena de custodia2.
La parte actora instauró demanda de reparación directa contra la Rama Judicial, la
Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, con fundamento en lo que
consideró la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el señor John
Fredy Mena Cossio. En ella solicitaron que se condene a las demandadas al pago
de perjuicios materiales y morales.
El 6 de julio de 2018, el Juzgado Diecinueve Administrativo de Medellín3, i)
declaró probada de oficio el eximente de responsabilidad de culpa de un tercero
frente a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial y, ii) declaró
responsable a la Policía Nacional por falla en el servicio4.
Consideró que se presentó falla en el servicio por parte de la Policía Nacional,
porque el agente de policía que elaboró el informe de captura, en el cual se basó
la medida de aseguramiento, aceptó que alteró y consignó varias imprecisiones en
ese documento, pues afirmó que la captura se realizó en un lugar público y
posteriormente, en el proceso penal, indicó que se efectuó dentro de un hotel.
Explicó que el comportamiento del agente de policía constituía falla en el servicio
por la cual la Policía Nacional debía responder, porque incurrió en una grave
infracción de los deberes conferidos a esa entidad y actuó en contravía del principio
de protección de la población civil. Anotó que la causa eficiente del daño se
ocasionó por la actuación irregular del ejercicio de la fuerza policial, pues el informe
1
Ello, en atención a la solicitud que realizó, en la audiencia pública del 16 de octubre de 2013, el ente acusador, quien, etre
otros argumentos adujo “(…) estamos ante una etapa en la cual se exige la certeza más allá de toda duda razonable (…)
vemos su señoria el hecho de este joven haber manifestado una realidad hoy de un procedimiento dentro de una instalación
de un hotel y el informe haber suscrito una captura en vía pública ya mancha esa certeza, ya se genera una duda, (…)”. (sic
en toda la cita, transcrita en la demanda ordinaria).
2
El procesado permaneció privado de la libertad, desde el 8 de julio de 2012 hasta el 16 de octubre de 2013, esto es, por el
tiempo de 1 año y 3 meses.
3
En audiencia inicial del 16 de marzo de 2017, fijó el objeto del litigio, en el sentido de señalar que correspondía determinar
si las entidades demandadas con administrativamente responsables por los daños generados al señor Jhon Fredy Mena
Cossio y sus familiares, ahora demandantes, con ocasión de la presunta privación injusta de la libertad, por el presunto delito
de “fabricación, tráfico o porte de estupefacientes”.
4
Al efecto, sostuvo que “Luego, lo determinante en todo caso fue el comportamento del patrullero quien acudiendo a un falso
raciocionio, como el expuesto en su declaración, donde quedó claro que la alteración de los supuestos fácticos en el informe
criminal se hizo (…) es un hecho que no le corresponde asumir al ente investigadosr ni a la Rama Judicial, por cuanto de no
haberse procedido de tal manera, la privación de la libertad no hubiese devenido en injusta. De ahí entonces que el
Ministerio de Defensa – Policía Nacional deba ser llamada a responder por los perjuicios causados a la parte demandante,
en tanto el fallo como el daño, se encuentran causalmente relacionados hasta el punto de que si aquella no se hubiera
presentado, este no se habría producido.
Igualmente, quiere resaltar esta agencia judicial que la conducta irregular del agente de policía también está determinada
por fallas de formación, seguimiento y verificación por parte de la institución sobre la actividad que despliegan sus miembros,
todo lo cual hace que la pasividad de ésta permita pasar inadvertidos comportamientos reprochables que deben ser
investigados, pues, tal como milita a folio 313 del expediente, hasta mes de marzo de 2015, no existía investigación ni proceso
disciplinario vigente o cerrado adelantado contra el patrullero Gordillo Mesa, como consecuencia de tales hechos. (…)”.
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con datos falsos fue la base para promover el proceso penal, que resultó con la
privación de la libertad del señor Mena Cossio.
En cuanto a la responsabilidad de los demás demandados, expresó que se
configuraba el eximente de responsabilidad de hecho de un tercero, pues el
comportamiento del agente de policía indujo a error al ente investigador y al juez
de control de garantías.
Los extremos de la litis apelaron esa decisión, con fundamento en los siguientes
argumentos: La Policía Nacional alegó que la causa eficiente del daño no fue la
actuación del agente de la Policía, a su juicio, la causa eficiente del daño fue
ocasionada por las demás demandadas. Además, señaló que el fiscal del caso
aceptó el informe alterado y optó por basarse en ese único documento para solicitar
la medida de aseguramiento, de modo que omitió el deber de aportar otros
elementos probatorios para demostrar la autoría del delito, pues la conducta típica
sí se cometió.
La parte demandante solicitó que se condene de forma solidaria a todas las
entidades demandadas, pues participaron en la comisión del daño antijuridico e
insistió en que en “la captura del señor Mena Cossio se presentó un informe que determinó su detención
y que, en principio, parecía legal, pero, que una vez presentada ante la Fiscalía General de la Nación y en
transcurso de las audiencias penales se constató que ese informe había sido alterado tornándose de esta
manera ilegal, constituyendo tal actuar en causa del daño, también es cierto, que la Rama Judicial. – Consejo
Superior de la Judicatura -a través del Juzgado Cuarenta Penal Municipal de Medellín con función de control
de Garantías impartió aprobación a la legalización de la captura, formulación de imputación e impuso la medida
de aseguramiento con detención preventiva, evidenciándose de esta manera su responsabilidad, donde a su
vez, la Fiscalía General de la Nación como directora de la investigación, siendo la encargada de solicitar la
imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva, le corresponde asumir los perjuicios que
con la privación de la libertad de hayan causado injustamente (…)”.
El 27 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de
Decisión Oral revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda, para lo cual, se refirió a la responsabilidad del Estado,
derivada de la privación injusta de la libertad y, a la falla de la Nación – Ministerio
de Defensa, con fundamento en los siguientes argumentos:
Frente a la responsabilidad del Estado, derivada de la privación injusta de la
libertad
(i) Señaló que el Fiscal y el Juez de Control de Garantías adelantaron el
procedimiento penal, de conformidad con la norma y con fundamento en los
elementos materiales probatorios con los que contaban en ese momento, esto
es, el informe policial suscrito por el patrullero que realizó la captura en
flagrancia. Por lo anterior, afirmó que se ajustaba a la norma la medida de
aseguramiento, pues se encontraba demostrada la probabilidad de la comisión
del ilícito, a pesar de que posteriormente, en el transcurso del proceso, el
patrullero afirmara que alteró los supuestos fácticos en los que ocurrieron los
hechos. En ese punto, precisó que, el elemento material probatorio con el que
se ordenó la captura del hoy demandante se tornó en el elemento mínimo legal
probatorio que sirvió de sustento para la imposición de la medida de
aseguramiento, sin que fuera forzoso o ineludible tener certeza de la
responsabilidad del sindicado, pues, para iniciar la investigación solo se
requería probabilidad de la comisión del ilícito por quien es cobijado con esa
medida.
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(ii) Destacó que, debido a que se declaró la absolución del procesado por el
principio de in dubio pro-reo y que, por lo tanto, no se estructuró la
responsabilidad penal del mismo, resultaba claro que, “la Fiscalía General de
la Nación contó, en el inicio de la investigación, con elementos que le asentían
deducir prudentemente la potencial intervención del demandante en la comisión
de unas conductas delictivas”
(iii) En consecuencia, afirmó que “desde el punto de vista del régimen subjetivo de
la responsabilidad, a la luz de la cual debe analizarse el asunto sub judice, no
existe, o por lo menos no fue acreditado, un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia o un error jurisdiccional capaz de generar
responsabilidad contra las entidades judiciales demandadas”.
(iv) Finalmente, concluyó que la medida de aseguramiento se encontró
debidamente fundamentada, de acuerdo a los elementos materiales
probatorios aportados hasta ese momento del proceso penal y con el tipo de
delito investigado, lo que permitía colegir que “el procesado podría haber
participado de los hechos que se le endosaba, sin perjuicio que,
posteriormente, debido a prueba sobreviniente (…) se procediera a absolverlo
de los cargos que se le imputaban”.
En relación con la falla de la Nación – Ministerio de Defensa
(i) Refirió que, en la etapa de juicio oral, se recibió la declaración del patrullero de
la Policía Nacional, quien para el momento de los hechos trabajaba en la
estación de Policía, donde “reconoció a preguntas que le formulara la Fiscalía que
los hechos narró en audiencia no correspondían a los descritos en el informe de
captura, toda vez que en esta había consignado que los acontecimientos ocurrieron en
vía pública y no en el interior de un inmueble – hotel que, además se apasionó con el
caso, pues creía que no iban a legalizar la captura, por lo que de manera espontánea
cambió la versión sobre el sitio de ocurrencia de los hechos”.
(ii) Sostuvo que, en la sentencia emitida dentro de la causa penal se destacó que
la Fiscalía reconoció que no había certeza para condenar, por existir una “duda
que debe resolverse a favor del prohijado”.
(iii) Advirtió que, si bien, el informe policial de captura en flagrancia fue
desacreditado por el mismo agente que lo suscribió en la etapa de juicio oral,
esto “no demuestra, por sí mismo, que el delito no se hubiera cometido”, pues “el juez
penal enfáticamente manifestó que los hechos o en otros términos el aspecto material
del delito pudo haberse presentado e incluso llegado a incautar ciertos elementos
prohibidos”.
(iv) Con fundamento en lo cual, afirmó “proceder que no demuestra, por sí mismo, que
el delito no se hubiera cometido”, algo totalmente diferente a la hipótesis que el
delito no existió o no ocurrió.
(v) Además, resaltó que en el expediente constaba que, “en la audiencia de control
de legalidad, el procesado “se allanó a los cargos”, lo que demostraba el actuar
gravemente culposo.
3. Argumentos de la acción de tutela
A juicio de la parte actora, la autoridad judicial demandada incurrió en defecto
fáctico, porque valoró el informe de noticia criminal suscrito por el agente de la
Policía Nacional, a pesar de que en el proceso penal se determinó que el contenido
de esa prueba era falso.
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Resaltó que el Juez Penal y el Juez Administrativo de primera instancia advirtieron
la ilegalidad del informe de captura. No obstante, el Tribunal Administrativo de
Antioquia sustentó su decisión de negar las pretensiones respecto a la Rama
Judicial y a la Fiscalía con sustento en esa prueba. La autoridad judicial afirmó que
ese documento constituía un “elemento mínimo legal probatorio” para que se
dictara medida de aseguramiento.
De igual forma, se configuró defecto fáctico por parte de la autoridad judicial
demandada, porque omitió valorar la sentencia proferida por el juez penal, en la
que consta que: i) fue la Fiscalía, como titular de la acción penal, quien evidenció
la ilegalidad del informe de captura, por lo que solicitó la libertad del señor Mena
Cossió; ii) se advirtió que el material incautado no tenía garantía de autenticidad,
pues no fueron allegados los documentos pertinentes (recolección, el embalaje, los
rótulos, las firmas de las personas o autoridades que tuvieron contacto con esa
evidencia probatoria), por lo que no se garantizó la cadena de custodia, y, en
consecuencia, no se podía imputar ningún tipo de responsabilidad penal.
Aunado a lo anterior, se desconoció el Informe de la Defensoría del Pueblo
aportado el 11 de diciembre de 2012, aportado al proceso, en el cual se realizó un
análisis de los videos del lugar donde presuntamente sucedieron los hechos y se
indicó que “no se observa ningún bote de basura, lo que se concluye al observar
esto que, necesariamente la captura es distante de este sitio que refieren los
policiales en vía pública y desmiente en su totalidad las versiones.”.
De igual forma, se dio una errada apreciación del escrito de acusación, el cual tenía
un error de transcripción. Al respecto, se advierte que, contrario a lo expresado en
la sentencia cuestionada, el procesado no se allanó a cargos. El juez penal (en auto
de 13 de septiembre de 2012) y el juez administrativo de primera instancia advirtió
el error y consignó en sus decisiones que el señor Mena Cossio no se allanó a
cargos.
Resaltó que, en el audio de la audiencia pública celebrada el 8 de julio de 2012,
exactamente al minuto 50:57, consta que el señor Mena Cossio no aceptó los
cargos. Y en el acta de la audiencia suscrita en esa misma fecha se hizo constar
“en la parte en la que se aceptan los cargos por parte del demandante, se corrige
con un (NO).”
Por otro lado y, como consecuencia de lo anterior, la autoridad judicial demandada
incurrió en violación directa de la Constitución Política.
4. Trámite Previo
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en auto de 5 de septiembre
de 2023, admitió la acción de tutela, ordenó notificar al Tribunal Administrativo de
Antioquia y vinculó al Juzgado Diecinueve Administrativo de Medellín, la Nación –
Ministerio de Defensa, Policía Nacional, a la Rama Judicial y a la Fiscalía General
de la Nación, en calidad de terceros.
5. Oposición
El Tribunal Administrativo de Antioquia rindió informe y se remitió a los
argumentos expuestos en la sentencia proferida el 27 de febrero de 2023, objeto
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de cuestionamiento. Además, afirmó que la parte actora pretende que se estudie
nuevamente su caso, que ya fue resuelto en el proceso ordinario.
6. Intervención de los terceros con interés
El Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín solicitó que se niegue la presente solicitud
de amparo, porque la autoridad judicial demandada aplicó los parámetros legales y
jurisprudenciales vigentes al momento de proferir la decisión cuestionada
(sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018) y analizó las pruebas que obraban
en el expediente.
Afirmó que compartía lo señalado por el juez de primera instancia del proceso
administrativo, pues estaba demostrada la ilegalidad de la captura del señor Mena
Cossio, derivada de la falsedad del informe presentado por el patrullero de la Policía
Nacional, pero no la ilegalidad de la medida de aseguramiento, que se encontró en
su momento justificada, sin que fuerza forzoso tener certeza de la responsabilidad
del sindicado, pues, para iniciar la investigación solo se requiere de probabilidad de
la comisión del ilícito.
Además, resaltó que “en la sentencia controvertida la autoridad judicial demandada
advirtió que el sindicado se allanó a cargos”.
La Fiscalía General de la Nación solicitó que se declare la improcedencia de la
acción de tutela, porque la parte actora cuenta con el recurso extraordinario de
revisión para cuestionar la sentencia. Además, afirmó que no se sustentaron las
causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia. De
igual forma, señaló que no se demostró la configuración de defecto fáctico, pues el
Tribunal demandado analizó en debida forma las pruebas aportadas al expediente.
Finalmente, indicó que la decisión cuestionada fue proferida de conformidad con
los parámetros de la sentencia SU-072 de 2018.
La Policía Nacional pidió que se declare improcedente el amparo requerido por la
parte actora, porque el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió la sentencia
controvertida con fundamento en las pruebas allegadas al expediente. Además,
anotó que el juez administrativo no se encuentra limitado por lo decidido en un
proceso penal.
7. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en sentencia de 13 de
octubre de 2023, declaró improcedente la solicitud de amparo por falta de
relevancia constitucional e incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
Respecto a la falta de relevancia constitucional, expresó que el tribunal demandado
justificó debidamente que la Rama Judicial y la Fiscalía no tenían responsabilidad
por la presunta privación injusta, porque realizó un estudio minucioso de los
antecedentes del expediente penal, a partir de las cuales constató que la medida
de aseguramiento se impuso con base en los elementos materiales probatorios con
que contaba el ente acusador al momento de la audiencia de imposición de la
referida medida. Además, el Tribunal encontró que la absolución del procesado no
se debió a que no se hubiese cometido la conducta imputada, sino al actuar
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reprochable del agente de la Policía que modificó en el informe el lugar donde
ocurrió la captura.
De modo que los accionantes pretenden utilizar el mecanismo de tutela como una
instancia adicional.
En cuanto al incumplimiento del requisito de subsidiariedad, advirtió que si la parte
actora consideraba que la autoridad judicial demandada erró al apoyarse en una
supuesta aceptación de cargos por parte del señor Mena Cossio, en tanto este no
se allanó a la imputación que fue hecha por la Fiscalía, contaba con las figuras de
“aclaración, corrección o complementación de la sentencia para solicitarle al juez natural que
estudiara esta situación, además, si consideraban que se configuró una nulidad en la sentencia,
podían, a través de la causal prevista en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA, acudir al
recurso extraordinario de revisión.”.
8. Impugnación
La parte actora insistió en que se configuró defecto fáctico porque la autoridad
judicial demandada:
i) Valoró el informe de captura en flagrancia para proferir la sentencia, a pesar de
que en el proceso penal se demostró la falsedad de este.
ii) Omitió el análisis de los documentos que sustentaban que en el fallo penal se
evidenció que el señor John Fredy Mena Cossio no se había allanado a los
cargos.
iii) Desconoció que la Fiscalía General de la Nación evidenció la ilegalidad del
informe de captura, quien solicitó el fallo penal absolutorio.
iv) Desconoció el material probatorio del expediente penal, en el cual, el Juez dejó
sin valor el supuesto material incautado, indicando que el mismo, no tenía
ninguna garantía de autenticidad, pues no conoció de los documentos que
contenían el tema de recolección, el embalaje, los rótulos, las firmas de las
personas o autoridades que tuvieron contacto con esa evidencia probatoria.
v) No valoró el Informe de la Defensoría del Pueblo de 11 de diciembre de 2012,
donde se hace un análisis del video aportado de las cámaras de seguridad en
el sector donde ocurrieron los hechos y se concluye que no se observa ningún
bote de basura, lo que se concluye al observar esto que, necesariamente la
captura era distante del sitio que refirieron los policiales en vía pública y
desmiente en su totalidad las versiones.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
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Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional5, para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
6 7
amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales y específicas de
procedencia de la acción de tutela.
Problema jurídico
En el escrito de impugnación la parte actora cuestiona la decisión de primera
instancia que declaró improcedente la acción de tutela por falta de cumplimiento del
requisito general de relevancia constitucional y por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad. En tal sentido, corresponde estudiar si se debe confirmar la decisión
de tutela impugnada.
Cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional
El requisito general de relevancia constitucional, como lo ha reiterado esta Sección,
tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el
juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones, por lo cual, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y de la Sala Plena del Consejo de Estado, para que un asunto goce
de relevancia constitucional deben verificarse algunos presupuestos8.
5
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa
oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
6
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i)
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de
una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
7
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno
de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido;
(vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho
fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
8
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio,
la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el
interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión
propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de
la propia decisión cuestionada.
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La Sala anticipa que, tal como lo concluyó el a quo, en lo referente a la configuración
de defecto fáctico por la valoración del informe policial de captura, en punto al
análisis de la responsabilidad de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación,
la acción de tutela no cumple con el requisito general de relevancia constitucional,
porque la parte actora empleó como fundamento del escrito de tutela los mismos
argumentos que expuso para sustentar el recurso de apelación contra el fallo de
primera instancia.
Al respecto, la Sala pasa a dejar en evidencia que los argumentos propuestos en
el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia son iguales o similares
a los que planteó como fundamento de la acción de tutela, así:
En la apelación la parte actora solicitó que se condenara solidariamente a la Fiscalía
General de la Nación y a la Rama Judicial por la privación injusta a la que fue
sometido el señor Mena Cossio, porque el informe de captura en flagrancia fue
determinante para imponer la medida de seguridad. Sin embargo, en el proceso
penal se constató que aquel había sido alterado, por lo que el daño era imputable
a todas las entidades demandadas.
Por su parte, en la presente solicitud de amparo, los actores afirman que el Tribunal
Administrativo de Antioquia incurrió en defecto fáctico al valorar el informe policial
de captura y con fundamento en esa prueba negar las pretensiones respecto de la
Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, pues en el proceso penal se
demostró que los datos de ese documento fueron alterados.
En síntesis, en ambas oportunidades, la parte actora argumentó que no debía
tenerse en cuenta el informe policial de captura porque en el proceso penal se
demostró que el contenido de este no correspondió con la realidad de los hechos,
por lo que debía condenarse solidariamente a la Fiscalía General de la Nación y a
la Rama Judicial, quienes concurrieron a que se generara el daño, esto es, la
privación injusta de la libertad del señor Mena Cossio
De hecho, dichos cuestionamientos fueron resueltos por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, en sentencia de 27 de febrero de 2023, de la siguiente forma:
“En cuanto a los hechos fácticos, se tiene que la investigación penal seguida contra el señor JOHN FREDY
MENA COSSIO, se originó en un informe de policía de captura en flagrancia (…)
(…)
Lo anterior significa que, tal como se describió en el informe de policía referido el señor Mena Cossio, fue
capturado en flagrancia, resultando imposible para la Fiscalía y el Juez de Control de Garantías pronosticar o
predecir si el detenido había participado en la ejecución material de los acontecimientos referidos en ese
informe, o determinar su captura bajo esa modalidad asunto que solamente sería esclarecido en la
investigación penal a que habría lugar, sin que en ese momento pudiera anticiparse el resultado de la misma,
ni desligarse de esa averiguación.
Ahora, no puede admitirse que por el simple hecho de que el señor JOHN FREDY MENA COSSIO, a la postre
hubiere sido favorecido con sentencia absolutoria, por el delito de Tráfico, Fabricación o Porte de
Estupefacientes, teniendo en cuenta el relato policivo que sirvió de génesis para la toma de la medida de
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra
providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los
argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la
providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar
las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del
proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues
ya fueron decididos por los jueces competentes.
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aseguramiento, esta no hubiera acontecido en flagrancia, ni despojarlo del contexto o las circunstancias en
que hipotéticamente fue capturado.
(…)
Así que, el elemento material probatorio con el que se ordenó la captura del hoy demandante, se tornó en el
elemento mínimo legal probatorio que sirvió de sustento para la imposición de la medida de aseguramiento,
sin que fuera forzoso o ineludible tener certeza de la responsabilidad del sindicado, pues, para iniciar la
investigación solo se requiere de PROBABILIDAD, de la comisión del ilícito por parte de quien es cobijado con
esa medida.
(…)
En este orden de ideas, tanto la Fiscalía 93 Delegada como el Juez 40 Penal Municipal Con Función de Control
de Garantías, estimaron razonablemente y viable lo señalado en el informe policivo que sirvió de soporte para
dictar una medida de aseguramiento, teniendo en cuenta la hipotética existencia del hecho y la posible
responsabilidad del sindicado como autor, estableciendo que en esta etapa del proceso no se exige plena
prueba de las fases objetiva y subjetiva de los hechos punibles objeto de investigación.
(…)
En ese sentido, desde el punto de vista del régimen jurídico subjetivo de la responsabilidad, a la luz de la cual
se debe analizar el asunto sub judice, no existe, o por lo menos no fue acreditado, un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia o un error jurisdiccional capaz de generar responsabilidad contra
las entidades judiciales demandadas.
(…)
No queda más que indicar que, la medida de aseguramiento impuesta al hoy demandante estuvo
antecedida de una valoración apropiada de los elementos materiales, de acuerdo con el momento
procesal en que se encontraba el proceso penal y con el tipo de delito investigado, que permitía deducir
o colegir, de modo factible o posible, que el procesado podría haber participado de los hechos que se
le endosaba, sin perjuicio a que, posteriormente, debido a prueba sobreviniente, concretamente A LA
RETRACTACIÓN EXPRESA QUE EL POLICÍA ANDRÉS FABIÁN GORDILLO MANCERA, HIZO SOBRE
LAS SINDICACIONES y la forma en que se desarrolló el operativo, se procediera a absolverlo de los
cargos que se le imputaban.”
En resumen, en la decisión cuestionada se expresó que no se evidenciaban errores
jurisdiccionales o defectos en la administración de justicia que generaran
responsabilidad contra la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, pues
dichas entidades actuaron con fundamento en la norma aplicable y las pruebas con
las que contaban, en ese momento.
De acuerdo con lo anterior, resulta evidente que los argumentos en que la parte
actora sustentó el defecto fáctico son los mismos en los que basó su defensa en el
proceso de reparación directa que se cuestiona por esta vía, que ya fueron
resueltos por la autoridad judicial demandada.
Lo anterior, resulta suficiente para advertir que la parte actora emplea el mecanismo
constitucional para insistir exactamente en los mismos argumentos que fueron
expuestos, analizados, debatidos y decididos en el proceso ordinario cuestionado,
sin que la acción de tutela pueda ser empleada para plantear una interpretación
paralela a la que efectuaron los jueces de conocimiento.
Como se anticipó, por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean
la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de
interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones
de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario.
Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el
proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
De acuerdo con lo expuesto, resulta evidente que en el caso objeto de estudio la
acción de tutela es empleada para provocar un nuevo pronunciamiento sobre
exactamente la misma controversia planteada en el proceso ordinario acá
cuestionado lo cual hace improcedente el ejercicio del mecanismo constitucional y,
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por ende, cualquier pronunciamiento de fondo sobre el asunto por parte del juez de
tutela.
En consecuencia, sobre este punto, se confirmará la decisión de primera instancia.
Del incumplimiento del requisito de subsidiariedad
Los actores insisten en que se configuró defecto fáctico por indebida y falsa
valoración probatoria, porque, contrario a lo alegado en la sentencia cuestionada,
estaba demostrado que: i) el señor Mena Cossio no se allanó a los cargos que le
fueron imputados; ii) el juez penal no tuvo en cuenta el material incautado, porque
en ese proceso no se aportaron los documentos que demostraban el cumplimiento
de la cadena de custodia, y; iii) la defensoría del pueblo presentó informes en los
que se concluyó que existieron irregularidades en la captura.
Por su parte, el juez de primera instancia consideró que la presente solicitud de
amparo no cumple con el requisito de subsidiariedad en lo atinente a la
configuración de defecto fáctico por desconocimiento que en el proceso penal el
señor Mena Cossio no se allanó a cargos, pues la parte actora contó con la
posibilidad de solicitar la aclaración, corrección o complementación de la sentencia
para solicitarle al juez natural el estudio de dichas pruebas o acudir al recurso
extraordinario de revisión. No se pronunció respecto a los demás cargos alegados
por la actora.
Sobre el particular, la Sala considera que los argumentos expuestos en la tutela no
podían ser discutidos mediante las figuras de adición, corrección o
complementación de la sentencia previstas en el Código General del Proceso,
porque el alcance de dichas figuras se limita a la aclaración de aspectos oscuros,
omisiones inadvertidas o errores materiales que no afectan la esencia de lo
decidido.
Respecto al recurso extraordinario de revisión, es pertinente destacar que este
mecanismo se configura como una medida excepcional y de carácter
extraordinario. Su propósito esencial es rectificar decisiones judiciales que han
adquirido firmeza, pero únicamente en situaciones específicamente delimitadas por
la ley. Estas situaciones incluyen, entre otras, el surgimiento de pruebas nuevas o
pruebas recobradas, que pudieran alterar sustancialmente el sentido de la decisión
o la evidencia de errores graves que afecten el debido proceso, circunstancia que
no ocurre en el presente asunto.
Por ello, la Sala encuentra que, ante la discusión sobre la indebida valoración
probatoria y la presunta configuración de un defecto fáctico, la acción de tutela es
el mecanismo idóneo para la revisión de las circunstancias presentadas, en tanto
que los mecanismos ordinarios y extraordinarios no proporcionaban una vía
efectiva para la protección de los derechos fundamentales supuestamente
vulnerados.
Precisado lo anterior, la Sala procede a estudiar de fondo los argumentos con
fundamento en los cuales la parte actora alega la configuración del defecto fáctico,
en lo que tiene que ver con los alegatos en que insiste que en el proceso penal no
se allanó a cargos, no se acreditó la cadena de custodia frente al material incautado
y no valoraron los informes de la defensoría del pueblo en los que se concluyó que
existieron irregularidades en la captura.
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Del defecto fáctico9 en el caso concreto
Establecido lo anterior, es necesario traer en cita lo decidido por el Tribunal
Administrativo de Antioquia en la sentencia controvertida, en lo atinente a la falla
en el servicio por parte de la Policía Nacional, así:
“DE LA FALLA DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL -.
(…) luego de cumplirse innegables etapas del procedimiento penal, se declaró la absolución de toda
responsabilidad penal al señor JHON FREDDY MENA COSSIO, argumentando que no se logró obtener la
certeza de que éste era el autor del punible por el cual era procesado, desenlace al que se llegó entre otros
debido a la retractación que realizó uno de los policiales que efectuó la captura, proceder que no demuestra, por
sí mismo, que el delito no se hubiera cometido.
Entonces, ya que pese a que uno de los agentes estatales que participó en la captura del señor Mena Cossio,
se retractó en relación al lugar donde fue capturado el procesado, el juez penal enfáticamente manifestó que los
hechos o en otros términos el aspecto material del delito pudo haberse presentado e incluso llegado a
incautar ciertos elementos prohibidos, algo totalmente diferente a la hipótesis de que el delito no existió
o no ocurrió como lo plantea la señora apoderada de la parte demandante a folios 467.
Obviamente que tampoco puede perderse de vista, que tal como consta en el escrito de acusación directo, visible
a folios 24 y siguientes del expediente, EL HOY DEMANDANTE SE HABÍA ALLANADO A LOS CARGOS, lo que
a todas luces demuestra su actuar gravemente culposo pues, independiente de si la captura fue en vía pública o
en un hotel que era registrado por la policía, no solo estaba en el sitio donde entonces se realizó el decomiso de
estupefacientes, pues incluso llegó a manifestar que se encontraba allí consumiendo marihuana y teniendo
relaciones sexuales con su compañera, cuando llegaron los policiales y de manera arbitraria allanaron el hotel y
su habitación esposándolo. Además, reveló que los policiales llegaron al lugar para conocer de una riña y del
supuesto hurto de una cámara fotográfica donde él se vio inmiscuido o involucrado.
Así las cosas, en audiencia de control de legalidad de manera expresa el enjuiciado se allanó a los cargos. al
respecto allí se consignó:
“4. Resultado de las Audiencias Preliminares.
LAS AUDIENCIAS PRELIMINARES FUERON CELEBRADAS EL DÍA 8 DE JULIO DE 2012 ANTE EL JUEZ 40
PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS, SE LEGALIZA CAPTURA, SE
FORMULA IMPUTACIÓN Y EL IMPUTADO SE ALLANA A LOS CARGOS, SE SOLICITA IMPOSICIÓN DE
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO EN LA CALLE 61ª Nro 119-13…”
Y es que, frente al allanamiento de los cargos por parte enjuiciado, al juez penal no le era aplicable un proceder
disímil que la de ordenar la medida restrictiva de la libertad en contra del sindicado con fundamento en las
evidencias recolectadas, que sugerían su participación en el delito de porte de estupefacientes y otros.
En este discurrir, considera la Sala que se ha presentado la configuración de una causa extraña que impide que
el daño antijurídico sea imputado a las demandadas.”. (Se destaca)
De manera que, resulta cierto que, el Tribunal determinó que no existió falla en el
servicio por parte de la Policía Nacional, porque no se demostró que la conducta
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Respecto del defecto fáctico, la Corte Constitucional en la sentencia T-015 de 2012, del 20 de enero de 2012, la Corte
Constitucional, señaló que se produce cuando de la actividad probatoria ejercida por el juez se desprende, -en una dimensión
negativa-, que se omitió la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el
juez.
En esta situación se incurre cuando se produce la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba,
cuando el juez simplemente la ignora u omite, o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia
que de la misma emerge clara y objetivamente.
Asimismo, la Corte Constitucional ha precisado que para que se constituya una vía de hecho por defecto fáctico es necesario
que “(…) se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al proceso, o que en la valoración de las pruebas
legalmente practicadas se haya desconocido manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos casos, que la
prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal trascendencia que sea capaz de determinar el sentido de un fallo.
Sólo bajo esos supuestos es posible la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, de manera que cuando los mismos no satisfagan estas exigencias, no procede el amparo
constitucional pues se trata de situaciones que se sustraen al ámbito funcional de esta jurisdicción.”
En el mismo sentido, en sentencia T-781 de 2011, estableció que, el defecto fáctico se presenta en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto. Se configura, entre otros, en los siguientes supuestos: (i) cuando el funcionario
judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados
y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de incongruencia entre lo probado y
lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico
claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los hechos y
pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino
porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; (v) cuando el juez
de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso.
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ilícita no existió. Además, destacó que, en el proceso penal, constaba que el señor
Mena Cossio había aceptado los cargos imputados.
En este punto debe decirse que, pese a que, la autoridad judicial demandada
sostuvo que, en la audiencia de 8 de julio de 2012, realizada por el Juzgado
Cuarenta Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, el señor Mena
Cossio “se” allanó a los cargos imputados, lo cierto es que, en el Acta de
Audiencias – Función de Control de Garantías se hizo constar que existió un error
de transcripción y que el señor John Fredy Mena Cossio no aceptó los cargos,
incluso así lo puso de presente el juez de reparación directa en el trámite de la
primera instancia.
Sin embargo, en el presente caso no se puede pasar por alto que, el 16 de octubre
de 2013, el Juzgado Veinticuatro Penal del Circuito con Funciones de conocimiento
resolvió absolver al señor Mena Cossio en aplicación del principio de indubio pro
reo, por existir una “duda que debe resolverse a favor del prohijado” y, que en el
mismo sentido, dijo que, si bien, pudieron haberse incautado “elementos
prohibidos” al imputado, no existía certeza acerca de lo sucedido en la captura,
debido a la contradicción entre el testimonio del agente de policía que realizó la
captura y lo efectivamente consignado en el informe administrativo suscrito y la
omisión de la fiscalía en aportar los documentos que demostraban la cadena de
custodia.
Se transcribe lo pertinente (minuto 24:00 a 29:10, audiencia de 16 de octubre de
2013):
“La fiscalía reconoce que no hay certeza en este caso para condenar, que su testigo dijo
una cosa en el informe y que en el día de hoy dijo otra cosa, que hay una duda que debe
resolverse a favor del prohijado por lo que solicita sentencia o fallo absolutorio (...). El
despacho brevemente entonces debe manifestar que en efecto o reiterando que conforme
al artículo 448 del CPP, el despacho no tiene otra alternativa cuando la fiscalía solicita
absolución que acatar esa petición, en atención a que es la titular de la acción penal y el
principio de congruencia exige entonces que haya congruencia -valga la redundancia entre
lo que se pide y la decisión de condena, si la Fiscalía no pide condena, el juez
necesariamente deberá absolver. Pero adicionalmente a eso (...) realmente aquí hay una
duda inmensa, el único testigo de la Fiscalía y seguramente el otro testigo, el otro patrullero
policial que no declaró (...) pues también tendrá que haber dicho, lo que hoy dijo ANDRES
FABIAN GORDILLO MACERA, reconoció que mintió en el informe, reconoció que los
hechos no ocurrieron en vía pública, sino en un inmueble (...) que se apasionó con el caso,
que pensó que eventualmente si colocaba que los hechos ocurrieron en un inmueble se iba
a declarar ilegal la captura y que sabía lo que estaba haciendo, es decir sabía que estaba
consignando en ese informe de captura hechos que no eran ciertos. Por lo tanto el despacho
ante un testigo en estas condiciones y frente a la gravedad de los hechos, y pues
obviamente no tendría ninguna credibilidad, el despacho considera que si bien pudieron
haber presentado unos hechos en donde se le pudieron haber incautado ciertos elementos
prohibidos a JHON FREDY MENA COSSIO, no hay certeza de lo que realmente sucedió
por la declaración del propio testigo, e incluso la defensa pues resaltó el tema de la
demostración de todo lo correspondiente a la cadena de custodia que es algo fundamental
a pesar de que se estipuló que lo encontrado en ese procedimiento son sustancias
prohibidas, estupefacientes, otra cosa es diferente a la cadena de custodia, a la autenticidad
de esa evidencia que se quedó en el aire porque el despacho no conoció los documentos,
el tema de recolección, el embalaje, los rótulos, las firmas de las personas o autoridades
que tuvieron contacto con esa evidencia probatoria. Por eso el despacho entonces,
reconoce que probatoriamente hay una duda que en esas condiciones es imposible
de tener el convencimiento más allá de esa duda para condenar y que
obligatoriamente hay que hacer prevalecer el principio de in dubio pro reo (…) y se
deberá absolver al señor JHON FREDY MENA COSSIO del cargo que como presunto
autor se le formulara por parte de la Fiscalía.". (Se destaca)
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Con base en lo anterior, esta Sala evidencia que, a pesar de que, la autoridad
judicial demandada incurrió en una imprecisión al afirmar que el señor Mena Cossio
“se allanó” a cargos en la audiencia concentrada celebrada el 8 de julio de 2012,
dicho yerro no tiene la virtualidad de variar la decisión cuestionada y configurar un
defecto que conlleve a la vulneración de derechos fundamentales, como se procede
a explicar.
En primer lugar, porque en la demanda de reparación directa, el señor Mena Cossio
invocó como hecho dañoso la privación injusta de la libertad a la que fue sometido.
Por ello, el juez natural, en aplicación de la jurisprudencia constitucional contenida
en las sentencias C-037 de 1996 y SU- 072 de 2018, realizó el análisis de si la
medida de aseguramiento se ajustó a los principios de necesidad, proporcionalidad
y razonabilidad, resultado del cual, indicó que “el elemento material probatorio con el que
se ordenó la captura del hoy demandante se tornó en el elemento mínimo legal probatorio que
sirvió de sustento para la imposición de la medida de aseguramiento, sin que fuera forzoso o
ineludible tener certeza de la responsabilidad del sindicado, pues, para iniciar la investigación
solo se requiere probabilidad de la comisión del ilícito por quien es cobijado con esa medida”.
De modo que, al margen de que el señor Mena Cossio no se hubiese allanado a
los cargos que le fueron imputados en la audiencia 8 de julio de 2012, se demostró
que la medida de aseguramiento cumplió los requisitos para ser decretada, con
fundamento en los elementos materiales probatorios que obraban en el expediente
penal a la fecha en que se profirió dicha decisión.
Como quedó suficientemente expuesto por las autoridades judiciales demandadas,
fue con posterioridad a la imposición de la medida de aseguramiento, esto es, en
la audiencia de juicio, que se estableció que la conducta del miembro de la Policía
Nacional condujo un error en la captura y ello vició el procedimiento. Por lo tanto,
tan pronto como se tuvo conocimiento de esa circunstancia, ello conllevó a que se
profiriera decisión en la aplicación del principio de indubio pro reo.
Esto es, que, en caso de duda sobre la culpabilidad del acusado, la decisión debe
ser resuelta a favor de este, esto significa que, para desvirtuar la presunción de
inocencia, se debía demostrar la culpabilidad del individuo más allá de una duda
razonable, basándose en pruebas que establezcan los elementos del delito y la
conexión del mismo con el acusado10. Es decir, la absolución por aplicación del
referido principio no significa que el hecho no existió, o que el sindicado no la ha
cometido, o que es atípica, sino que no se logró demostrara más allá de toda duda
razonable la culpabilidad de la persona.
En segundo lugar, la parte actora señaló que la autoridad judicial demandada
incurrió en defecto fáctico porque desconoció lo afirmado por el Juzgado
Veinticuatro Penal del Circuito con Funciones en la audiencia de juicio celebrada el
16 de octubre de 2013, respecto al incumplimiento de la cadena de custodia.
En igual sentido, se encuentra que el incumplimiento de la Fiscalía de aportar los
documentos que acreditaban la cadena de custodia derivó del análisis realizado en
la etapa de juicio, esto es, de forma posterior a la audiencia concentrada en la que
el juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento.
10
Corte Suprema de justicia, sentencias de 8 de noviembre de 2023, Exp. SP461-2023 y de 4 de diciembre de 2019, Exp.
SP3221-2021. En igual sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional enlas sentencias C-782 de 2005 y C-003 de 2017.
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Luego, la Sala reitera lo expuesto, pues, el juez de lo contencioso administrativo
debía analizar la configuración de un presunto daño ocasionado por la privación
injusta de la libertad, centrado en si la medida de aseguramiento se ajustó a los
principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, con fundamento en las
pruebas con las que contaba en el momento de su imposición.
Con todo, debe advertirse que, a partir del estudio que hizo el juez de primera
instancia en el proceso ordinario al realizar el estudio de la supuesta falla por
privación respecto a la responsabilidad de la Policía Nacional, la parte actora
pretende que se acceda a las pretensiones de la demanda, acudiendo a la
irregularidad advertida en el informe suscrito por el patrullero de la Policía Nacional
y un presunto desconocimiento de lo expresado en la audiencia de juicio celebrada
el 16 de octubre de 2013 por el Juzgado Veinticuatro Penal del Circuito con
Funciones de Control de Garantías.
No obstante, esos argumentos no fueron alegados en el proceso ordinario y
únicamente fueron desarrollados en el presente amparo constitucional, lo cual no
es de recibo pues dicho tema escapa del ámbito del juez de tutela.
Por lo tanto, es pertinente indicar que no le asiste razón a la parte actora en afirmar
que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto fáctico, porque el presunto
desconocimiento de las pruebas no tiene la virtualidad de modificar el sentido de la
decisión cuestionado. Además, los presuntos yerros, frente a los cuales el actor
pretende ahora fundamentar el origen del daño, no fueron alegados en el proceso
ordinario, por lo que escapan del ámbito de estudio del juez de tutela.
Finalmente, debe señalarse que lo concerniente al cargo por la omisión en la
valoración del Informe de la Defensoría del Pueblo del 11 de diciembre de 2012, la
Sala concluye que esta prueba no era relevante para el análisis realizado por el
Tribunal demandado. Este informe se presentó con el propósito de demostrar que
la detención del señor Mena Cossio no se produjo en un espacio público, sino
dentro de una propiedad privada. Sin embargo, este punto ya había sido
esclarecido en el proceso penal mediante el testimonio del agente de policía
encargado de la detención, quien admitió haber proporcionado información falsa en
el informe administrativo, reconociendo que la detención del actor se llevó a cabo
en un hotel. Como se vio, esas circunstancias fueron debidamente analizadas por
el tribunal.
Así las cosas, el cargo por la valoración del informe de noticia criminal no cumple
con el requisito general de relevancia constitucional y, en lo demás, no se encontró
configurado el defecto alegado. En consecuencia, en el presente caso, se
confirmará la sentencia de primera instancia, por las razones expuestas en esta
decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
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FALLA
1. Confirmar la sentencia de primera instancia del 13 de octubre de 2023, dictada
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por las razones
expuestas en esta decisión.
2. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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