Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-04788-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-04788-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-04788-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
12 de diciembre de 2023
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04788-00
Demandante: María Victoria Andrade Contreras y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04788-00
Demandante: María Victoria Andrade Contreras y otros
Demandado: Consejo de Estado Sección Primera y otros
Tema: Rechazo por incumplimiento del requisito de inmediatez.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por conducto de apoderada, por los
señores María Victoria Andrade Contreras, Emigdio Antonio Cuadrado Franco, Clara
Luz Barrios Alfonso, Gladys Barbosa Flórez, Josefina Bustamante González, Hilda
Solano Rivera, Edelbrando Cerro Castillo, Bethy María Blaquicet de Rivaldo , Marisela
de Jesús Fernández Gutiérrez, Agustina Lorena Eker Rodríguez, Ricardo José
Diazgranados del Castillo, Dilia Francisca Campo Carrasquilla, Mónica Patricia
Collante Montoya, Lorena Patricia Bermúdez Castañeda, Griselda Mercedes García
Bado, María Luisa Méndez Abril, Rusbell Alfonso Peña Castro, Carlos Andrés Peña
Coronado y Rafael Gustavo Tapia Buendía, en su calidad de copropietarios de la
Urbanización Bavaria Country, contra la Sección Primera del Consejo de Estado y el
Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta – Secretaría de Planeación
Distrital y Secretaría de Gobierno Distrital.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud de tutela
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Demandante: María Victoria Andrade Contreras y otros
La parte actora, por conducto de apoderada, promovió acción de tutela
contra la Sección Primera del Consejo de Estado y el Distrito Turístico, Cultural e
Histórico de Santa Marta – Secretaría de Planeación Distrital y Secretaría de Gobierno
Distrital, en orden a que se proteja su derecho fundamental al debido proceso en
consonancia con los principios de congruencia, eficacia y efectividad judicial.
1.2. Pretensiones
La parte accionante formula las siguientes:
«1- Se tutele el derecho fundamental al debido proceso contra lo ordenado por la
PROVIDENCIA JUDICIAL específicamente fallo del 10 diciembre del año 2021
dentro del radicado número: 47001-23-33-000-2018-00155-01 proferido por el
Honorable Consejo de Estado por la violación al derecho fundamental al principio de
congruencia, eficacia y efectividad Judicial.
2- En virtud de los últimos informes, acreditar, que efectivamente existen los soportes
probatorios para adecuar la acción popular en defensa de un derecho colectivo
diferente.
3- En este sentido, revocar la orden de demoler el muro, dado los últimos informes
de la Unidad de gestión de Riesgo y Desastres allegados al comité de verificación
del fallo en el cual ubican a la Urbanización Bavaria Country como una posible zona
de alcance de inundación ante una creciente del río Manzanares, y la determinación
del muro como una segunda barrera de contención que debe ser reforzada a fin que
cumpla con su función de mitigación de riesgo de la Urbanización, en este sentido y
dada la orfandad probatoria, acreditar, que efectivamente existen los soportes
probatorios para fijar que el muro está realmente sobre espacio público, y si es o no
un elemento de resguardo contra el impacto ambiental.
4- Lo anterior bajo la orden precisa del mismo fallo que determina que toda decisión
que adopte la administración y las entidades vinculadas (Distrito Turístico, Cultural e
Histórico de Santa Marta, DADSA, UNGRD, SINA y SNGRD), debe estar en información
concreta y exacta que le permita conocer y entender a ciencia cierta la circunstancia
o problemática que pretende gestionar y soportada en datos técnicos y científicos;
las necesidades, el arraigo y la identidad de la población con el territorio; y la
aplicación de los principios de economía y costo-beneficio en el ejercicio de la función
administrativa».(sic en todo el texto)
1.3. Hechos de la solicitud
La parte accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:
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Demandante: María Victoria Andrade Contreras y otros
i) El 12 de abril de 2016, la Secretaría de Gobierno y Planeación
Distrital adscritos al Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta emitió la
Resolución No. 079, por medio de la cual, se ordenó la demolición del muro limítrofe
entre el conjunto residencial Bavaria Country y un asentamiento.
ii) Más de 60 habitantes de la Urbanización Bavaria Country instauraron acción
popular contra la Secretaría de Gobierno y Planeación Distrital adscritos al Distrito
Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta con ocasión de la citada Resolución No.
079. Dicha acción cursó bajo el radicado No. 47001-23-33-000-2018-00155-01 en el
Tribunal Administrativo del Magdalena.
iii) El 20 de noviembre de 2020, la citada autoridad judicial emitió fallo de primera
instancia, por el cual amparó los derechos colectivos y, entre otros, consideró: «que el
conjunto residencial Bavaria Country es abierto y que el muro limítrofe que lo separa
del asentamiento El Mayor constituye una vía pública».
iv) El 10 de diciembre de 2021, la Sección Primera del Consejo de Estado profirió
sentencia de segunda instancia, mediante la cual, entre otras decisiones, ordenó
modificar y revocar el fallo de primera instancia, para lo cual emitió algunas órdenes.
v) En el mes de abril de 2023, ninguna de dichas órdenes se había empezado siquiera
a desarrollar por alguna de las entidades vinculadas, a excepción de la Alcaldía Distrital
de Santa Marta y sus entidades adscritas Secretaría de Gobierno y Planeación
Distrital, entes públicos que visitaron la zona en orden a ejecutar la demolición de un
muro.
vi) El 11 de abril del año 2023, un propietario de la urbanización Bavaria Country radicó
ante la Sala 01 del Honorable Tribunal Administrativo del Magdalena, magistrada
María Victoria Quiñonez, solicitud de verificación del fallo y de las incongruencias
evidenciadas en el dictamen pericial practicado.
vii) El 27 de junio de la presente anualidad, en respuesta a la petición anterior, el
Tribunal proyectó audiencia de verificación de fallo, en la que se puso de presente lo
siguiente:
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«Entidades presentes mediante apoderados, estaba la Alcaldía Distrital, Unidad de
Riesgo y Prevención de Desastres, DAGMA, CORPAMAG, Procuraduría, defensoría,
un miembro del asentamiento y planeación Distrital, instalada la audiencia, la
abogada de la Alcaldía empezó por rendir un informe de sus gestiones tendientes al
cumplimiento del fallo el cual fue complementado por la Unidad de Riesgo, pero su
exposición fue suspendida porque el material no contaba con el zoom suficiente para
determinar la zona de riesgo, además no se les había corrido traslado de los informes
y estudios allegados por las entidades vinculadas con la debida antelación a todos
los participantes.
Como certero, encontramos que el funcionario de la unidad de Riesgo en la primera
audiencia, se pronunció declarando al asentamiento EL MAYOR como zona de alto
riesgo no mitigable».
viii) El 8 de agosto del 2023, instalada la segunda audiencia para verificación de
fallo con los estudios e informes de las entidades vinculadas, después de otras
intervenciones, la magistrada terminó por abrir incidente de desacato a todas las
entidades involucradas en la sentencia, para lo cual corrió traslado.
1.4. Fundamentos jurídicos
La parte actora expone los siguientes fundamentos jurídicos:
i) El fallo de segunda instancia se profirió con falta de pruebas, incongruencia,
contradicciones e incluso trasgresiones de las leyes superiores, falencias que saltan a
la vista no solamente en el cuerpo de la decisión sino en las órdenes proferidas en la
parte resolutiva, motivo por el cual se afectaron principios rectores tales como el
respeto por las normas superiores, valoración debida de las pruebas, principio de
efectividad y eficacia procesal.
ii) Viola derechos fundamentales a la seguridad y protección del riesgo de los
accionantes y, por el contrario, defiende los derechos colectivos al espacio público de
un asentamiento denominado El Mayor cuando son sus habitantes los que realmente
violan este derecho, dado que de acuerdo con los informes allegados al comité de
verificación del cumplimiento del fallo, se observa que las personas ubicadas en ese
sitio no deben estar ahí, por cuanto son ocupantes de una zona de alto riesgo no
mitigable, por tanto, no les asiste derecho alguno al espacio público que invocan.
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iii) Los mandatos impartidos en el fallo no precisan una cronología para su
cumplimiento, es decir, no se determina si una orden debe prevalecer a otra, o si debe
ser posterior, o si es necesario definir una antes de desarrollar o aplicar otra, de tal
manera que existen órdenes que resultan contradictorias entre sí.
iv) En la última audiencia de verificación de fallo, se determinó que debía derribarse el
muro, dado que esta era la única orden concreta; no obstante, esa disposición no
puede ejecutarse en virtud de los últimos estudios allegados al comité de verificación
que demuestran que la urbanización está ubicada en una zona de riesgo de inundación
por lo que el muro representa una barrera y resulta necesaria la reubicación del
asentamiento
v) En el caso concreto se cumplen los presupuestos formales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales dado que se configuró el exceso ritual
manifiesto al no decretarse, de forma oficiosa, pruebas que habrían podido conducir a
la demostración de hechos jurídicamente relevantes para el proceso.
1.5. Actuación procesal
1.5.1. Mediante auto del 13 de septiembre de 2023, se inadmitió la acción de la
referencia y, por consiguiente, se ordenó:
«Requerir a la abogada, señora Tanya Milena Jimeno Tejada, para que dentro de los
tres (3) días siguientes a la notificación de la presente providencia allegue lo
siguiente:
i) Memorial aclaratorio en el que indique a) si el señor Emigdio Antonio Cuadrado
Franco también es accionante dentro de esta causa y b) cuáles son los nombres
correctos de las señoras Grimeldina o Grimaldina Diana Hernández y María o Martha
Virginia Castillo.
ii) Poderes especiales, extendidos por los señores María Victoria Andrade Contreras,
Pedro Santiago Bonilla Barreto, Lucy Esther Manjarrez Martínez, Grimeldina o
Grimaldina Diana Hernández, Gladys Barbosa Flores, Josefina Bustamante
González, Hilda Solano Rivera, Edelbrando Cerro Castillo, Bethy María Blanquicet
de Rivaldo, Marisela de Jesús Fernández Gutiérrez, Iván Carlos Rivera Peñaloza,
Sor Amparo Eslait de Orozco, Cesar Augusto Atencio García, Yerli Delgado Cruz,
Agustina Lorena Eker Rodríguez, Ricardo José Diazgranados del Castillo, Dilia
Francisca Campo Carrasquilla, Mónica Patricia Collante Montoya, Gustavo Sierra
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Demandante: María Victoria Andrade Contreras y otros
Martínez, Liliana Forero Camargo, Humberto Ribero Diaz, Héctor Alfonso
Gutiérrez, Hortensia María Pérez, Lorena Patricia Bermúdez Castañeda, Rosana
Diaz De Luque, Rosa Castillo de Daza, Griselda Mercedes García Bado, María Luisa
Méndez Abril, Elvira Jiménez Fandillo, Enilda María Siado de Aguilar, Rusbell Alfonso
Peña Castro, Carlos Andrés Peña Coronado, María o Martha Virginia Castillo y
Emigdio Antonio Cuadrado Franco, para adelantar este trámite de tutela, con el lleno
de los requisitos legales, constituidos, bien sea: a) mediante presentación personal (
como el conferido por la señora Clara Luz Barrios Alfonso) o, en su lugar, b)
acogiéndose a la Ley 2213 de 2022, aportando la prueba de otorgamiento de dichos
poderes, a través de mensaje de datos (a modo de ejemplo, con la captura de
pantalla del envío del poder desde los correos electrónicos de los accionantes, etc.).
Bajo el segundo supuesto, bastará con que adjunte, al expediente de la referencia,
las capturas de pantalla de los mensajes de datos, que acreditan la manifestación de
voluntad y el otorgamiento de los 32 poderes a corregir, sin que sea necesario que
reenvíe, nuevamente, los poderes que ya constan en el expediente Lo anterior, so
pena de rechazo para todos los accionantes, exceptuando a la señora Clara Luz
Barrios Alfonso, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto-Ley
2591 de 1991».
1.5.2. En proveído del 9 de octubre de 2023, por reunir los requisitos legales se admitió
la acción de tutela y, entre otras, decisiones se ordenó notificar a los magistrados del
Consejo de Estado, Sección Primera, quienes conocieron de la acción popular
adelantada bajo el radicado 47001 23 33 000 2018 00155 00 [01] y que dio origen al
presente trámite constitucional.
Así mismo, ordenó notificar como tercero interesado en las resultas del proceso al
Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta (Magdalena), al haber actuado
como demandado dentro de la acción popular en mención.
Se comisionó al Tribunal Administrativo de Magdalena, para que notificara del presente
trámite constitucional a todas las personas que intervinieron dentro de la acción
popular.
1.6. Intervenciones
1.6.1. De la Sección Primera del Consejo de Estado
El consejero Germán Eduardo Osorio Fuentes, solicitó que se declare improcedente
la acción de tutela y, para el efecto, señaló lo siguiente:
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i) En el caso concreto, los accionantes aducen que el motivo de la
transgresión de sus derechos fundamentales reside en los efectos de la sentencia de
10 de diciembre de 2021, frente a la cual la parte demandante presentó solicitud de
aclaración que fue negada por la Sección Primera mediante auto de 3 de junio de 2022.
ii) Dicho proveído fue notificado el 24 de junio de 2022, por lo que, contabilizados los
términos previstos en las Leyes 1564 de 2012 y 2080 de 2021, la decisión objeto de la
presente acción de tutela cobró firmeza el 5 de julio de 2022, mientras que la tutela de
la referencia fue radicada el 4 de septiembre de 2023, es decir, habiendo transcurrido
más de un año desde que finalizó el término de ejecutoria.
iii) El mecanismo de amparo supera el plazo razonable para la interposición de la
acción de tutela contra providencias judiciales. Con todo, se destaca que los
accionantes no expusieron ni demostraron alguna condición o circunstancia que
constituyera un verdadero motivo para no haber ejercido oportunamente el reclamo de
sus derechos fundamentales, ni para modular los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica que amparan la sentencia enjuiciada.
iv) De la lectura del escrito de la acción de tutela, se encuentra que varios de los
fundamentos fácticos que exponen los demandantes refieren a que la sentencia carece
de pruebas suficientes, lo cual acusa un recaudo probatorio inadecuado. Sin embargo,
se pasa por alto que el proceso de la acción popular contempla las oportunidades
procesales adecuadas, tanto para solicitar el decreto y práctica de pruebas, como para
manifestar los reparos correspondientes en el devenir de la etapa probatoria.
v) No resulta coherente que los actores le endilguen a la sentencia cuestionada una
presunta ausencia de pruebas, cuando en su posición de demandantes de la acción
popular tenían la carga procesal de acreditar los supuestos que fundamentaban sus
pretensiones.
vi) Se observa que la acción de la referencia -incoada contra la sentencia de 10 de
diciembre de 2021- no identificó de manera clara, detallada y comprensible los hechos
que afectan los derechos fundamentales, toda vez que gran parte de los fundamentos
fácticos invocados aluden a documentos e informes que tuvieron lugar con
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posterioridad a la sentencia controvertida, lo cual resulta impertinente
de cara a los presupuestos de la acción de tutela contra providencias judiciales.
vii) Analizados los argumentos expuestos en el escrito de tutela, se encuentra que los
accionantes manifiestan su mera inconformidad en relación con el sentido de la
decisión, sin señalar de manera clara y suficientemente motivada que la Sección
Primera hubiere incurrido en alguna de las causales específicas de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales.
1.6.2. El Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta – Secretaría de
Planeación Distrital y Secretaría de Gobierno Distrital guardó silencio.
2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia
De acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069
de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, según el cual «[l]as
acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado
serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporación
y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de
conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente
decreto», esta Sala de decisión es competente para conocer del presente asunto.
2.2. Problema jurídico
Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos generales de procedencia para controvertir la providencia del 10 de
diciembre de 2021, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, dentro de
la acción popular No. 47001-23-33-000-2018-00155-01. En caso afirmativo, se
analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida providencia se configura
alguna causal de procedibilidad que amerite la protección del derecho fundamental al
debido proceso en consonancia con los principios de congruencia, eficacia y
efectividad judicial.
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2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
La jurisprudencia constitucional1 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,2 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial,
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».
En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
1 Sentencias C-543 de 1992,T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de
1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
2 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el
hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al
menos una de las anteriores causales o defectos.
2.4. Hechos probados
i) Ante el Tribunal Administrativo del Magdalena, se radicó acción popular, con el núm.
47001233300020180015500.
ii) El 20 de septiembre de 2019, transcurridas las etapas de rigor, el citado Tribunal
profirió sentencia por medio de la cual se ampararon los derechos a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente, y a la realización de
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada y, además, dando prevalencia al beneficio de la calidad
de vida de los habitantes, amenazados por la conducta del Distrito de Santa Marta,
etc.
iii) El 13 de febrero de 2020, la apoderada judicial del Distrito Turístico, Cultural e
Histórico de Santa Marta –Magdalena-, mediante escrito, interpuso recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia.
iv) El 10 de diciembre de 2021, la Sección Primera del Consejo de Estado profirió fallo
de segunda instancia, por medio del cual, entre otras decisiones, ordenó, por un lado,
modificar el ordinal primero de la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2019 por
el Despacho 01 del Tribunal Administrativo del Magdalena; y por el otro, revocar los
ordinales segundo, tercero y quinto de la sentencia recurrida y, en su lugar, emitió unas
órdenes a cargo del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, del
Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental de Santa Marta -
Dadsa- de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD.
v) Dicha providencia, de conformidad con los soportes visibles en la página de la Rama
Judicial, fue notificada a cada una de las partes el 11 de enero de 2022, mediante los
respectivos correos electrónicos aportados al expediente.
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vi) El 14 de enero de 2022, la parte actora presentó solicitud de aclaración del fallo de
segunda instancia, en consonancia con el artículo 285 del CGP, por considerar que
presentaba una contradicción, por cuanto en la parte resolutiva se ordenó la realización
de un estudio técnico y la elaboración de un plan de gestión del riesgo y estrategias
de respuesta para el sector de la carrera 18 A, aledaña al río Manzanares, con el ánimo
de establecer si es procedente la reubicación del barrio El Mayor. Sin embargo, dicho
el estudio técnico elaborado por la Oficina de Planeación de CORPAMAG de fecha 21 de
febrero de 2019 señaló que el barrio El Mayor se encontraba en zona de inundación,
tal y como lo contempla el Plan de Ordenamiento Territorial «Jate Matuna».
vii) El 3 de junio de 2022, la Sección Primera del Consejo de Estado denegó la
solicitud de aclaración, por estimar, lo siguiente:
«(…)
Como puede apreciarse, en los considerandos expuestos en el capítulo XI.2. de
la providencia objeto de la solicitud de aclaración, la Sala examinó, a la luz de las
disposiciones jurídicas aplicables, la totalidad de informes y medios de prueba
pertinentes al problema jurídico planteado y, específicamente, los relativos al
riesgo de inundación del barrio El Mayor, concluyendo que el documento
elaborado el 21 de febrero de 2019 por la Oficina de Planeación de Corpamag no
reúne los requisitos legales para ser considerado estudio técnico, ni para
categorizar el nivel de riesgo ni para precisar el alcance de la zona de ronda hídrica
del río Manzanares. Por tal motivo, dicho medio de convicción no contaba con la
idoneidad necesaria para conceder la pretensión de reubicación del barrio El
Mayor.
43. Pues bien, en atención a que, como se explicó, la providencia cuestionada no
contiene conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, la solicitud
de aclaración será negada.
III.6. Aclaración sobre «medidas de seguridad y no depreciación de los inmuebles
de la zona»
44. Por último, el referido apoderado solicitó «que el despacho clarifique las
medidas con las que el Distrito de Santa Marta deberá garantizar la seguridad, la
integridad física y la no depreciación de los inmuebles de los moradores de la
Urbanización Bavaria Country con ocasión de la ejecución de las medidas de
recuperación del espacio público a las que haya lugar». El texto de la solicitud es
el siguiente:
“[…]. Para finalizar, consideramos pertinente que el despacho clarifique las medidas
con las que el Distrito de Santa Marta deberá garantizar la seguridad, la integridad física
y la no depreciación de los inmuebles de los moradores de la Urbanización Bavaria
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Country con ocasión de la ejecución de las medidas de recuperación del espacio
público a las que haya lugar”.
45. Frente a esta solicitud se debe puntualizar que, tal y como lo ha reiterado la
jurisprudencia de esta Sección, «la aclaración persigue que se precisen conceptos
o frases que resulten equívocos y que se encuentren contenidos en la parte
resolutiva o que influyan en ella […]. Así las cosas, quien haga uso de estas figuras
jurídicas no debe perder de vista que estos no dan cabida a un nuevo estudio de
fondo sobre lo ya decidido»
46. Conforme a ello, se observa que la solicitud del apoderado judicial de la parte
demandante no aludió a alguna palabra, frase o fragmento de la sentencia que,
por razones semánticas, por su construcción gramatical o por su ubicación en la
estructura de del pronunciamiento, pueda llegar a ofrecer motivo de duda sobre
su adecuada comprensión.
47. Es evidente que las vicisitudes que plantea el apoderado en torno a la
seguridad y la posible desvalorización del suelo de la zona por cuenta del
cumplimiento de las órdenes de la sentencia, no tienen como propósito que se
explique el contenido de esta, sino que están encaminadas a cuestionar su
juridicidad a partir de los efectos que la providencia eventualmente produciría.
48. Pues bien, más allá del uso inadecuado del instituto de la aclaración de
providencias, lo cierto es que, en efecto, la sentencia no contiene comentario
alguno respecto de los puntos que ahora expone el solicitante. Sin embargo, esto
obedeció única y exclusivamente a que dichos aspectos no fueron planteados de
manera expresa y oportuna en el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de primera instancia.
49. Aunado a ello, es de resaltar que el apoderado judicial de los demandantes
tampoco acreditó, con el rigor y la precisión necesarias, que la sentencia de
primera instancia o la demolición del muro divisorio o cualquiera otra circunstancia
concreta conduciría en algún porcentaje específico al aumento de hechos de
inseguridad y a la depreciación de los inmuebles de la zona; fenómenos estos que,
se insiste, fueron advertidos, no como concepto o frase objeto de duda, sino como
argumento en contra de la sentencia misma y en favor de las pretensiones de la
demanda.
50. Pues bien, habida cuenta de que lo manifestado por el solicitante no se ajusta
al presupuesto fáctico del artículo 285 del CGP ni a la jurisprudencia transcrita en
el apartado II de esta providencia, en el sentido de referir a «conceptos o frases
que ofrezcan verdadero motivo de duda que estén contenidas en la parte
resolutiva de la sentencia o influyan en ella», sino que, por el contrario, lo que
busca es reabrir la controversia jurídica de la referencia a partir de nuevos
argumentos, la solicitud de aclaración resulta improcedente».
viii) El 24 de junio de 2022 se notificó dicha decisión, vía correo electrónico, conforme
se vislumbra en el registro de actuaciones visible en la página de la Rama Judicial.
2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04788-00
Demandante: María Victoria Andrade Contreras y otros
En el presente asunto, la parte actora presentó acción de tutela en aras
de obtener la protección del derecho fundamental al debido proceso, en conexidad
con los «principios de congruencia, eficacia y efectividad judicial» que, considera
vulnerados con ocasión de la sentencia del 10 diciembre del año 2021, proferida en
segunda instancia por la Sección Primera del Consejo de Estado.
Al analizar los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales,3 la Sala encuentra insatisfecho el término de inmediatez,4 pues
del expediente digital, visible en la plataforma de la Rama Judicial SAMAI, se observa
que la sentencia objeto de tutela, fue proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado, el 10 de diciembre de 2021, la cual fue notificada por correo electrónico, entre
otros, a los accionantes el día 11 de enero de 2022, vía correo electrónico.
Ahora bien, observa la Sala que la presente acción de tutela se instauró el 4 de
septiembre de 2023, tal como se advierte en el acta de reparto obrante en el
expediente digital y, así las cosas, al efectuar el examen pertinente, se colige que de
acuerdo con el numeral 2 del artículo 205 del CPACA,5 la notificación se entenderá
realizada una vez transcurridos 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje que
ocurrió el 11 de enero de 2022, motivo por el cual la notificación de la sentencia
cuestionada se materializó a partir del día 14 del mes y año mencionado.
El 14 de enero de 2022, la parte actora presentó escrito de aclaración y se aprecia
que la Sección Primera mediante auto del 3 de junio de 2022, la denegó por
considerarla improcedente, decisión notificada el 24 de junio de 2022. Es decir, que
acorde al numeral 2 del artículo 205 del CPACA,6 dicha notificación se materializó a
partir del 30 del mes y año citado.
Así las cosas, es claro para la Sala que el plazo para interponer la acción de tutela
feneció hace más de un año, motivo por el cual, no se satisfacen los parámetros fijados
3 Al respecto, ver la sentencia de la Corte Constitucional C-590 de 2005, entre otras.
4 Consejo de Estado. SU de 5 de agosto de 2014. «[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción
de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente».
5 Modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021
6 Modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021
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Demandante: María Victoria Andrade Contreras y otros
por la Sala Plena del Consejo de Estado, sobre el término para su
ejercicio, que no debe sobrepasar los seis meses, puesto que se instauró solamente
hasta el 4 de septiembre de 2023.
En estas condiciones, y de conformidad con el principio de inmediatez, el lapso para
instaurar la acción de tutela claramente supera el término prudencial de seis meses
establecido por la jurisprudencia para la presentación del amparo contra providencias
judiciales. Por lo tanto, la parte accionante desconoció «el término válido y razonable»
que toda vía de amparo debe cumplir como requisito previo para proceder con su
estudio de fondo, el cual no busca otra cosa que garantizar la eficacia de la protección
invocada y evitar satisfacer las pretensiones de aquellos que, por su inactividad,
acudieron a solicitar el amparo constitucional de manera inoportuna.
Como el criterio expuesto no significa que el juez de tutela esté facultado para
considerar incumplido el requisito de inmediatez por el simple paso del tiempo,
corresponde examinar las circunstancias específicas de cada caso concreto, a fin de
determinar si la tardanza en la interposición del amparo estuvo justificada por una
causa válida que hubiera imposibilitado su presentación en un límite razonable.
Así, en aras de determinar si existe una tardanza injustificada o irrazonable al momento
de acudir a la acción de tutela, en la Sentencia T-253 de 2015, la Corte Constitucional
estableció las siguientes reglas:
«[…] (i) [Ante] La existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser,
por ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la
incapacidad o imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término
razonable, la ocurrencia de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere
cambiado drásticamente las circunstancias previas, entre otras.
(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza
de los derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación
desfavorable como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es
actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia de la
inmediatez no es imponer un término de prescripción o caducidad a la acción de
tutela sino asegurarse de que se trate de una amenaza o violación de derechos
fundamentales que requiera, en realidad, una protección inmediata.
(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable
resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se
encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente autorizado por el
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artículo 13 de la Constitución que ordena que ‘el Estado protegerá
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental,
se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ellas se cometan […].»
Conforme a lo anterior, la Sala advierte que en el presente asunto la parte actora no
justificó las razones por las cuales instauró la acción de tutela por fuera del plazo
razonable, ni allegó material probatorio alguno que permitiera evidenciar motivos
válidos de su inactividad, toda vez que los argumentos elevados mediante el presente
mecanismo constitucional se fundamentaron en su desacuerdo con la decisión
proferida en segunda instancia.
Por tanto, en el caso sub examine no procede aplicar criterios de flexibilización, toda
vez que la parte accionante, instauró la acción de tutela transcurrido más de los seis
meses establecidos por la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del
Consejo de Estado como un término prudencial para promover la vía de amparo.
Así las cosas, con fundamento en las consideraciones precedentes y sin que sea
necesario efectuar ningún otro pronunciamiento acerca del asunto, se rechazará el
amparo solicitado.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se rechaza
la acción de tutela de la referencia, por cuanto se presentó por fuera del término
prudencial establecido por la jurisprudencia, sin que, de otra parte, se hubiera allegado
una justificante válida para acreditar la inactividad de la parte accionante para el
ejercicio oportuno de este mecanismo constitucional.
En mérito de lo anterior, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por la autoridad que la ley le confiere,
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Demandante: María Victoria Andrade Contreras y otros
F A L L A:
Primero. Rechazar por improcedente la acción de tutela promovida por la señora
María Victoria Andrade Contreras y otros, contra la Sección Primera del Consejo de
Estado y otros.
Segundo: Si no fuere impugnada, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado Electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
M.E.C.G
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