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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-04793-00

Fecha
22 de febrero de 2024
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-04793-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Fiscalía General de la Nación y la Corte Constitucional, por los motivos aquí expuestos. SEGUNDO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo presentada por la señora Claudia Rocío Upegui Carvajal por los motivos aquí expuestos. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2023-04793-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

22 de febrero de 2024

Demandante: Claudia Rocío Upegui Carvajal
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04793-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04793-00
Demandante: CLAUDIA ROCÍO UPEGUI CARVAJAL
Demandado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Temas: Tutela de fondo – declara improcedente – no cumple con el requisito
de subsidiariedad –. Reiteración jurisprudencial1.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve en primera instancia la acción de tutela formulada por Claudia
Rocío Upegui Carvajal contra la Fiscalía General de la Nación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. El 1 de septiembre de 2023, la señora Claudia Rocío Upegui Carvajal,
actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Fiscalía General de
la Nació. El motivo de la interposición de este mecanismo constitucional es obtener
el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo, junto con las
prerrogativas de acceso a la carrera administrativa y a cargos públicos mediante
concurso de méritos.

2. Desde el punto de vista de la accionante, la trasgresión de las citadas
garantías constitucionales se debe a las presuntas irregularidades en el desarrollo
del concurso de méritos para proveer las vacantes definitivas de la planta de

1
Por ser un caso similar, la sala pone de presente que reiterará la regla y estándares establecidos
en el fallo del 12 de octubre de 2023, M.P Luís Alberto Álvarez Parra (Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 12 de octubre de 2023. Rad. 11001-03-
15-000-2023-04792-00).

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Claudia Rocío Upegui Carvajal
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04793-00

personal de la Fiscalía General de la Nación, convocado a través del Acuerdo No.
001 de 2023. La actora afirma que actualmente hay una lista de elegibles –de la que
ella hace parte– para proveer 1056 vacantes de la planta de personal de la entidad
y, por ende, considera que no se puede convocar a un nuevo concurso hasta agotar
dicha lista.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la accionante solicitó:

PRIMERO: Solicito respetuosamente al juez de tutela, amparar mis derechos
fundamentales y conceder la protección requerida como mecanismo transitorio
para evitar un mayor perjuicio y afectación a los derechos vulnerados, a la
IGUALDAD, DE ACCESO A LA JUSTICIA EN FORMA REAL Y EFECTIVA,
CONFIANZA LEGITIMA RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
DECISIONES JUDICIALES, DERECHO DE ACCESO A LAS FUNCIONES
PÚBLICAS; además de aquellos que en su consideración también hayan sido
vulnerados, por la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – COMISIÓN ESPECIAL
DE CARRERA DE LA FISCALÍA.

SEGUNDO: En consecuencia, solicito se ordene a las accionadas FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN – COMOSIÓN ESPECIAL DE CARRERA DE LA
FISCALÍA, que procedan a la SUSPENSIÓN INMEDIATA del concurso de méritos,
correspondiente al Acuerdo No. 001 de 2023 para ofertar 1.056 vacantes
definitivas de la planta de personal de la Fiscalía, hasta tanto:

1. La Fiscalía General de la Nación cese la situación de DESACATO por
incumplimiento del fallo de acción de cumplimiento Rad. 20202-185-00, proferido
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, magistrado ponente: Dr. Oscar
Dimate Cárdenas.

2. Se obtenga decisión definitiva en las acciones constitucionales en trámite:

• ACCIÓN POPULAR – Tribunal Administrativo de Cundinamarca de
radicación 2022 – 0138400- para la protección de la moralidad administrativa
y patrimonio público.
• ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD – Corte Constitucional (…)
Radicación Expediente D-15062 contra el artículo 35 (parcial) del Decreto Ley
20 de 2014 “Por el cual se clasifican los empleos y se expide el régimen de
carrera especial de la Fiscalía General de la Nación y sus entidades adscritas”.
• ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD – Corte Constitucional (…)
Radicación Expediente D – 15424 contra el artículo 24 del Decreto Ley 20 de
2014 “Por el cual se clasifican los empleos y se expide el régimen de carrera
especial de la Fiscalía General de la Nación y sus entidades adscritas”.
• ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD – Corte Constitucional,
Expediente D – 15459 contra el artículo 118 del Decreto Ley 20 de 2014 “Por

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el cual se clasifican los empleos y se expide el régimen de carrera especial de
la Fiscalía General de la Nación y sus entidades adscritas”.
Acciones públicas, las cuales tienen la potencialidad de adoptar una decisión
definitiva sobre el uso de la totalidad de la presente lista de elegibles con efecto
general, pues de lo anterior se produciría un perjuicio irremediable los elegibles y
al interés público.

3. Se obtenga una decisión definitiva de las medidas cautelares del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por mi poderdante
(…) que persigue la nulidad del Acuerdo 001 de 2023, se estaría causando un
perjuicio irremediable al suscrito y la más de 31 mil personas que hoy hacen parte
de las listas elegibles vigentes de la convocatoria No. 01 de 2021.

Si bienes cierto, corresponde al juez natural de lo contencioso administrativo
decidir de fondo el asunto de la nulidad que se plantea, también es cierto que por
más que se insista ese medio no es eficaz no por falta de voluntad de la judicatura,
sino por el gran cumulo de trabajo que se maneja en dicha jurisdicción, sino
necesaria la intervención del juez constitucional de manera transitoria hasta que
los jueces competentes enunciados en las acciones constitucional y del medio de
control decidan lo pertinente.

TERCERO: Se declare el ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL por
desacato a los fallos judiciales y la renuencia de implementar el pilar de la
meritocracia en la Fiscalía General de la Nación.

4. Adicional a ello, la accionante solicitó como medida provisional la suspensión
inmediata del Acuerdo No. 001 de 2023 para ofertar 1.056 vacantes definitivas de
la planta de personal de la Fiscalía.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

5. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Comisión de Carrera Especial
expidió el Acuerdo No. 001 de 16 de julio de 2021 «por el cual se convoca y se
establecen las reglas del concurso de méritos para proveer 500 vacantes definitivas
provistas en provisionalidad, en las modalidades de ascenso e ingreso, de la planta
de personal de la Fiscalía General de la nación pertenecientes al Sistema Especial
de Carrera». Lo anterior, en acatamiento de la orden impartida por la Subsección B
de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, confirmada por
la Sección Quinta de esta Corporación, dentro de la acción de cumplimiento 25000-
23-41-000-2020-00185-00/012.

6. Luego, el 31 de julio de 2022, se llevó a cabo el examen de competencias
funcionales y comportamentales dentro del concurso en mención en el cual,

2
En dicha providencia se ordenó a la Fiscalía General de la Nación adelantar las tareas
administrativas para obtener el presupuesto necesario para convocar a concurso público de méritos
para proveer cargos de carrera que se encuentren vacantes o con nombramientos provisionales o
en encargo, y, una vez cumplido ello, se efectuara la respectiva convocatoria.

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además, participó la tutelante.

7. El 19 de agosto de ese mismo año se publicaron los resultados de las
pruebas realizadas que arrojaron un puntaje aprobatorio en el cargo en el que se
postuló la demandante, esto es, el de Técnico II de Gestión de Talento Humano,
empleo identificado con el código OPECE I-209-43 (22), por lo que quedó en la
posición 158 en la lista de elegibles.

8. Encontrándose en desarrollo la convocatoria aludida, la presidente de la
Asociación de Trabajadores Estatales de la Fiscalía General de la Nación presentó
un incidente de desacato por incumplimiento de la sentencia emitida en la acción de
cumplimiento señalada en párrafos anteriores, pues de la totalidad de los cargos
vacantes solo se ofertaron 500 de estos.

9. El trámite incidental lo conoció la Subsección B de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo, que, en providencia del 25 de agosto de 2022, resolvió
declarar en desacato a los miembros de la Comisión de Carrera Especial de la
Fiscalía General de la Nación y se les sancionó por tal motivo. Esta multa fue
confirmada por la Sección Quinta del Consejo de Estado por vía del grado
jurisdiccional de consulta. Lo anterior porque convocar a 500 cargos no corresponde
con las vacantes en esa entidad, por lo que se determinó que la convocatoria de tan
poco cargos tenía como finalidad eludir la orden del fallo de cumplimiento.

10. La Comisión Especial de Carrera de la Fiscalía General de la Nación profirió
el Acuerdo No. 001 de 2023 para ofertar 1.056 vacantes definitivas en la planta de
personal de la entidad. En su sentir de la actora, este último concurso se está
tramitando en contravía a las órdenes impartidas en las sentencias emitidas en la
acción de cumplimiento.

11. Por tal motivo, se adelantaron tres acciones de inconstitucionalidad contra
los artículos 35 (parcial), 24 y 118 del Decreto Ley 20 de 20143; un medio de control
de protección de derechos e intereses colectivo; y un medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el fin de que se haga uso de la lista de elegibles
vigentes antes de avanzar con nuevos concursos. Estas acciones surtieron los
siguientes trámites:

• Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
promovido por la accionante y otros contra la Fiscalía General de la Nación. Con
esta demanda, los peticionarios pretendían la protección de la moralidad
administrativa y el patrimonio público por las situaciones descritas. El asunto
correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual mediante auto del
4 de octubre de 2023 rechazó la demanda, tras no haber subsanado aquella4.

3
Por el cual se clasifican los empleos y se expide el régimen de carrera especial de la Fiscalía
General de la Nación y sus entidades adscritas.
4
Rad. 25000-23-41-000-2022-01384-00.

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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• Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Acuerdo
001 de 2023 que pretende ejercer el tutelante, está en trámite de conciliación
prejudicial.

• Acciones públicas de inconstitucionalidad a través de las cuales se pretenden
controvertir los artículos 24, 35 y 118 del Decreto Ley 20 de 2014 «Por el cual se
clasifican los empleos y se expide el régimen de carrera especial de la Fiscalía
General de la Nación y sus entidades adscritas», las cuales se encuentran surtiendo
el siguiente trámite:

Expediente Norma demandada Estado actual
D – 15062 Artículo 35 (parcial) En sentencia C-387 de 2023 se declaró
exequible esta norma.
D – 15424 Artículo 24 Mediante auto del 6 de septiembre de 2023
se rechazó la demanda.
D -15459 Artículo 18 El 30 de enero de 2024 se registró proyecto
de fallo.

1.4. Fundamentos de la vulneración

12. La señora Claudia Rocío Upegui Carvajal consideró vulnerados sus derechos
fundamentales por los siguientes motivos:

13. La accionante manifestó que la entidad accionada no podía reproducir o
persistir en las acciones u omisiones que dieron lugar a la declaratoria de desacato
ni contaba con la posibilidad de proveer una mínima parte de empleos vacantes con
el fin de satisfacer el acatamiento de las sentencias proferidas en la acción de
cumplimiento; por el contrario, ello genera una arbitrariedad, un uso desmedido de
las facultades discrecionales y una malversación de recursos, dado que la
demandada pretende realizar múltiples concursos con igual objeto, es decir,
convocatorias de pequeño impacto en donde se oferte un número reducido de
empleos.

14. Planteó que el concurso convocado con el Acuerdo 001 de 2023 se tramita
en oposición a las decisiones judiciales emitidas en la acción de cumplimiento, lo
que constituye fraude a resolución judicial y un vicio de nulidad en tanto, al
encontrarse en situación de desacato, la Fiscalía no podía seguir con el desarrollo
de nuevos procesos de selección.

15. Enunció que, por tales irregularidades, las acciones emprendidas en este
momento pretenden reivindicar la meritocracia y proteger el erario, en el sentido de
buscar que se haga uso de la lista de elegibles vigente por dos años, antes de
avanzar en nuevas convocatorias de concursos públicos para proveer cargos en
carrera.

16. Agregó que la renuencia prolongada con respecto a la implementación de la

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carrera especial en la Fiscalía General de la Nación en este caso es inadmisible,
porque desconoce las decisiones judiciales y conllevan a la necesidad de que se
declare el estado de cosas inconstitucional provocado por la inaplicación del sistema
meritocrático, la malversación de los recursos públicos y la negativa de acceso a la
función pública a los elegibles, actualmente titulares de dicho derecho.

1.5. Trámite de la acción de tutela

17. El asunto inicialmente correspondió al despacho del consejero de Estado,
Martín Bermúdez Muñoz, quien mediante auto del 11 de septiembre de 2023
dispuso la admisión de la acción de tutela de la referencia y negó la medida
provisional solicitada por la parte actora. Además, ordenó la vinculación de todos
los participantes del concurso de méritos realizado en el marco del Acuerdo No. 001
de 2023, así como de la Corte Constitucional y del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

18. Con posterioridad, el magistrado Martín Bermúdez Muñoz ordenó la remisión
del expediente al despacho del consejero Luis Alberto Álvarez Parra (E) con el fin
de que se estudiara su posible acumulación con la tutela rad. 11001-03-15-000-
2023-04792-00 (actor: Andrés Alejandro Corredor Marín). En efecto, se constató
que ambas acciones están dirigidas contra las mismas autoridades, comparten las
mismas pretensiones y se fundamentan en los mismos hechos.

19. Posterior a ello, el despacho del doctor Luis Alberto Álvarez Parra mediante
auto del 27 de octubre de 2023 dispuso la remisión del expediente al magistrado
Omar Joaquín Barreto, en tanto que el citado proceso se encuentra asignado a este
último, quien asumió la titularidad del despacho del exconsejero Carlos Enrique
Moreno Rubio.

20. Mediante escrito enviado el 1º de noviembre de 2023, el magistrado Omar
Joaquín Barreto Suárez manifestó su impedimento para conocer y decidir el
presente mecanismo constitucional, con fundamento en la causal contemplada en
el numeral 1º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal5. Sin embargo, este
fue declarado infundado en auto del 30 de noviembre de 2023 por la sala integrada
por el ponente, el magistrado Luis Alberto Álvarez, así como por el conjuez Germán
Lozano Villegas6.

5
ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento: (…)
1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente
suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la
actuación procesal.
6
En auto del 15 de noviembre de 2023, el despacho ponente de esta decisión ordenó a la Secretaría
General del Consejo de Estado para que procediera a realizar el correspondiente sorteo de conjuez
principal y uno suplente (este último para que actuara en caso de que existiera empate en la sala o
el principal no pueda actuar).
En virtud de lo anterior, resultó designado como conjuez principal, el doctor Germán Lozano Villegas
y suplente, el doctor Jesús Vall de Rutén Ruiz.

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21. Posterior a ello, mediante escrito del 16 de enero de 2024, el Dr. Barreto
Suárez manifestó nuevamente su impedimento para conocer del asunto porque
considera estar incurso en la causal prevista en el numeral 1º del artículo 56 del
Código de Procedimiento Penal. Esto, por cuanto a él y a su cónyuge les asiste un
interés directo en las resultas del proceso, en tanto que esta última participó en el
concurso de méritos objeto de la presente acción de tutela.

22. La sala conformada por los magistrados de la Sección Quinta, Pedro Pablo
Vanegas Gil y Luis Alberto Álvarez Parra, así como por el conjuez Germán Lozano
Villegas en auto del 25 de enero de 2023 resolvió declarar fundado el impedimento
presentado por el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez y dispuso separarlo del
conocimiento del proceso de la referencia.

23. Lo anterior, por cuanto la sala encontró configurado el supuesto de hecho del
numeral 1º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. Lo anterior porque la
cónyuge del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez tiene un interés personal en
las resultas de este trámite constitucional. Esto, en la medida que esta última
participó en los concursos de méritos, objeto de esta acción de tutela y fue vinculada
como tercero con interés.

24. Finalmente, el despacho ponente de esta decisión, mediante auto del 25 de
enero de 2024, avocó el conocimiento de la acción de tutela al ser el siguiente en
turno al magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez –respecto de quien se aceptó la
manifestación de impedimento–; y negó la solicitud de acumulación del expediente
rad. 11001-03-15-000-2023-04793-00 al 11001-03-15-000-2023-04792-00, toda
vez que en este último ya se dictó sentencia el pasado 12 de octubre de 2023.

1.6. Intervenciones e informes

25. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se
presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera –
Subsección C

26. La autoridad judicial vinculada a esta acción constitucional informó que en el
trámite impartido al proceso de protección de los derechos e intereses colectivos
rad. 25000-23-41-000-2022-01384-00 se ha obrado de manera diligente, inclusive,
se le ha dado impulso al mismo, con el fin de garantizar los derechos de los sujetos
procesales. Por ello, solicitó que se nieguen las pretensiones de esta acción
constitucional.

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1.6.2. Corte Constitucional – Presidencia

27. La autoridad judicial vinculada rindió informe en el que indicó que no es la
llamada a tramitar o resolver las pretensiones formuladas por la accionante. Por
esto, consideró que no se encuentra legitimada en la causa por pasiva.

28. Además de lo anterior, la Corte Constitucional indicó el estado en el que se
encuentran cada uno de los procesos de constitucionalidad a los que hace
referencia la accionante en su escrito de tutela, los cuales, en su sentir, se han
desarrollado en debida forma y previo agotamiento de cada una de las etapas
previstas en el Decreto 2067 de 1991 que regula la acción pública de
inconstitucionalidad.

29. Por lo anterior, solicitó su desvinculación de este trámite de tutela y que se
nieguen las pretensiones de esta solicitud de amparo, en lo que respecta a las
pretensiones relativas a la Corte Constitucional, en la medida en que no ha
desconocido los derechos fundamentales de la accionante.

1.6.3. Fiscalía General de la Nación – Comisión de la Carrera Especial de la
Fiscalía General de la Nación

30. El secretario técnico de la aludida comisión rindió informe en el que manifestó
que la acción de tutela es improcedente ante la existencia de otros mecanismos de
defensa judicial como lo son el medio de control de nulidad simple, el cual es el
idóneo para cuestionar el acto administrativo que ataca el demandante por vía de
tutela, como lo es el Acuerdo 001 de 2023 y en el que se puede pedir el decreto de
la medida cautelar de suspensión provisional, además de las acciones
constitucionales ejercidas por el tutelante y que se encuentran en curso.

31. Agregó que esta vía constitucional también es improcedente porque se
cuestionan actos impersonales y abstractos.

32. Finalmente, solicitó que se declarara su falta de legitimación en la causa por
pasiva.

33. Los participantes del concurso de méritos vinculados a este trámite
constitucional, pese a ser notificados guardaron silencio.

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

34. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por
la señora Claudia Rocío Upegui Carvajal contra la Fiscalía General de la Nación. Lo
anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta corporación.

2.2. Legitimación en la causa y solicitud de desvinculación

35. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

36. La sala advierte que la señora Claudia Rocío Upegui Carvajal está legitimada
en la causa por activa. Esto porque le asiste un interés directo y personal en las
resultas del proceso, pues considera vulnerados sus derechos fundamentales
debido a que no ha podido acceder al cargo público para el cual resultó elegible.
Esto, debido a las presuntas irregularidades en el desarrollo del concurso de
méritos para proveer las vacantes definitivas de la planta de personal de la Fiscalía
General de la Nación, convocado a través del Acuerdo No. 001 de 2023.

37. Por su parte, esta colegiatura considera que la Fiscalía General de la Nación
se encuentra legitimada en la causa por pasiva, por cuanto es la entidad que expidió
el Acuerdo No. 001 de 2023, del cual de la cual se desprende la posible vulneración
de los derechos fundamentales de la accionante. Por ello, negará la solicitud de
desvinculación por ella presentada.

38. Por otra parte, la sala advierte que negará la solicitud de desvinculación
presentada por la Corte Constitucional. Esto, dado que en aquella Corporación se
encuentran en trámite diferentes acciones públicas de inconstitucionalidad de las
cuales la accionante aduce que tienen la potencialidad de definir el curso sobre la
lista de elegibles de la que ella hace parte.

2.3. Problemas jurídicos

39. Le corresponde a la sala determinar si la acción de tutela es procedente y en
caso afirmativo dar respuesta al siguiente interrogante ¿la Fiscalía General de la
Nación- Comisión Especial de Carrera vulneró los derechos fundamentales a la
igualdad y al trabajo, junto con las prerrogativas de acceso a la carrera

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administrativa y a cargos públicos mediante concurso de méritos de la accionante,
con la expedición del Acuerdo 001 de 2023, a través del cual la mencionada entidad
convocó a concurso de méritos para ofertar 1.056 vacantes definitivas en la planta
de personal de la entidad?.

40. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de tutela; (ii) del carácter subsidiario de la
acción de tutela e improcedencia de la misma cuando existen otras vías judiciales
disponibles y eficaces; y (iii) caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

41. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.

42. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción
a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la
lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar
sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como
mecanismo transitorio.

2.5. Del carácter subsidiario de la acción de tutela e improcedencia de la
misma cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces

43. El inciso 3º del artículo 86 de la Carta Política contempla el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º
del Decreto Ley 2591 de 19917.

44. La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de subsidiariedad, los
conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser resueltos en
principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de manera que
únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas no resultan
idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible
recurrir a esta acción constitucional.

7
«ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que
se encuentra el solicitante».

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Demandado: Fiscalía General de la Nación
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04793-00

45. De modo que el carácter subsidiario de la acción de tutela impone al
interesado la obligación de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos
dentro del ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales,
de los cuales debe hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de
agotamiento de los recursos legales deviene en la improcedencia de este
mecanismo8.

46. El carácter residual o supletorio obedece a la necesidad de preservar las
competencias atribuidas a las diferentes autoridades judiciales en desarrollo de la
independencia y autonomía de la actividad judicial, en los que igualmente se deben
salvaguardar derechos de rango convencional y constitucional, sin que esta acción
pueda convertirse en un mecanismo alternativo, paralelo o complementario de los
procedimientos judiciales «diluyéndose esta exigencia únicamente cuando el juez
constitucional encuentre que se configura un perjuicio irremediable que exige para
el restablecimiento de los derechos involucrados la adopción de medidas
inmediatas, imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo transitorio
mientras la autoridad judicial competente decide de fondo la acción
correspondiente»9.

47. Finalmente, con relación a las acciones de tutela presentadas con ocasión d
los concursos de méritos, tanto la Corte Constitucional como esta Corporación, han
sostenido que, por regla general, el amparo no es el dispositivo judicial apto para
controvertir los actos proferidos en el marco de aquellos, pues son susceptibles de
ser demandados ante los jueces administrativos al involucrar un debate de legalidad
y el cumplimiento de actos normativos (como leyes, reglamentos o la misma
convocatoria). Sin embargo, el Alto Tribunal Constitucional ha identificado algunas
excepciones a la anterior regla, cuando:

• El empleo ofertado en el proceso de selección cuenta con un periodo fijo
determinado por la Constitución o por la ley.

• se imponen trabas para nombrar en el cargo a quien ocupó el primer lugar en la lista
de elegibles.

• el caso presenta elementos que podrían escapar del control del juez de lo
contencioso administrativo, por lo que tiene una marcada relevancia constitucional
y, finalmente,

• cuando por las condiciones particulares del accionante (edad, estado de salud,
condición social, entre otras), al demandante le resulta desproporcionado acudir al
mecanismo ordinario.

8
Al respecto ver, entre otras, las sentencias de 21 de enero de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio, rad. 11001-03-15-000-2020-04371-01, 26 de agosto de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad.
11001-03-15-000-2021-04912-00 y 9 de septiembre de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, rad.
11001-03-15-000-2021-04731-00.
9
Ver, Corte Constitucional, sentencia T-336 de 2009, T-130 de 2010, T-318 de 2017.

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2.6. Caso concreto

48. La sala advierte que reiterará los motivos expuestos en la sentencia proferida
por la Sección Quinta de esta Corporación, el 12 de octubre de 2023 C.P. Luis
Alberto Álvarez Parra. Rad. 11001-03-15-000-2023-04792-00. Esto, por cuanto se
trata de asunto que guarda identidad fáctica y jurídica con la actual solicitud de
amparo.

49. En primer lugar, la sala encuentra que la parte accionante solicita que se
acceda al amparo transitorio de sus derechos fundamentales y se suspenda el acto
administrativo contenido en el Acuerdo 001 de 2023, a través del cual la Fiscalía
General de la Nación convocó a concurso de méritos para ofertar 1.056 vacantes
definitivas en la planta de personal de la entidad, hasta tanto se supere el desacato
a las sentencias proferidas dentro de la acción de cumplimiento 25000-23-41-000-
2020-00185-00/01 y se decidan de fondo las demás acciones y medios de control
instaurados con ocasión del aludido concurso.

50. En otras palabras, la accionante pretende por este mecanismo constitucional
el acatamiento de la orden contenida en las sentencias proferidas dentro de la
acción de cumplimiento en cita; y en consecuencia, se deje sin efectos el Acuerdo
001 de 2023, hasta tanto no se acate la orden contenida en aquellas providencias
judiciales.

51. En ese orden de ideas, la sala considera que la parte accionante puede
adelantar un incidente de desacato en los términos previstos en el artículo 29 de la
Ley 393 de 1997, que establece:

Desacato. El que incumpla orden judicial proferida con base en la presente ley,
incurrirá en desacato sancionable de conformidad con las normas vigentes, sin
perjuicio de las sanciones disciplinarias o penales a que hubiere lugar.

La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental; de no ser
apelada se consultará con el superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres (3)
días siguientes si debe revocar o no la sanción. La apelación o la consulta se hará
en el efecto suspensivo.

52. Este instrumento jurídico tiene la finalidad de lograr el efectivo obedecimiento
de las órdenes impartidas en los fallos que ponen fin a las acciones de cumplimiento

53. En ese orden de ideas, la sala considera que, no es procedente este
mecanismo de amparo, en tanto que la accionante cuenta con el mecanismo idóneo
para solicitar el acatamiento de la ordenes proferidas en el marco de la acción de
cumplimiento antes mencionada, esto es, el incidente de desacato previsto en el
artículo 29 de la Ley 393 de 1997.

54. Por otro lado, tampoco se encuentra demostrada una situación de gravedad
e inminencia que haga procedente la solicitud de amparo como mecanismo

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transitorio para evitar un perjuicio irremediable; y la accionante tampoco hizo alusión
a aquella en los escritos de tutela y de impugnación contra el fallo de primera
instancia.

55. En segundo lugar, la sala nota que la parte actora también considera
vulneradas sus garantías fundamentales por la Fiscalía General de la Nación-
Comisión Especial de Carrera con la expedición del Acuerdo 001 de 2023, a través
del cual la mencionada entidad convocó a concurso de méritos para ofertar 1.056
vacantes definitivas en la planta de personal de la entidad.

56. Al respecto, se observa que la decisión contenida en el Acuerdo 001 de 2023
es un acto administrativo que contiene una decisión pasible de control jurisdiccional,
de manera que la inconformidad que expuso la parte actora respecto de este debe
plantearse ante el juez de lo contencioso administrativo a través de los medios de
control previstos por la Ley 1437 de 2011.

57. En efecto, si la tutelante considera que con ocasión del precitado acto se
están vulnerando derechos de carácter particular y subjetivo de su titularidad,
cuenta con la posibilidad de ejercer el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011
(CPACA):

ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda
persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma
jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular,
expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se
le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el
inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse
el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular
demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo,
siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro
(4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o
cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la
notificación de aquel.

58. Por otro lado, si lo que pretende es que se restaure la legalidad sin buscar un
restablecimiento del derecho, podrá instaurar el medio de control de nulidad simple,
en los términos del artículo 137 ibídem10.

59. Así las cosas, los escenarios descritos son los idóneos y eficaces para
formular los reparos presentados en esta acción constitucional, bien sea que se
persiga un restablecimiento del derecho o simplemente restaurar la legalidad del

10
ARTÍCULO 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que
se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o
sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o
mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.

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acto administrativo, y por medio de ellos la señora Claudia Rocío Upegui Carvajal
podrá controvertir la decisión de la administración, procesos en los que puede
solicitar las medidas cautelares conforme con los artículos 229 y 230 de la Ley 1437
de 2011.

60. Finalmente, es preciso señalar que, en este caso, tampoco se acreditó alguna
de las circunstancias excepcionales que la jurisprudencia ha admitido como válidas
para superar el requisito de la subsidiariedad. Esto es así porque:

a) Los cargos ofertados en la convocatoria de que trata el Acuerdo 001 de 2023
no son aquellos de periodo fijo determinado por la Constitución o por la ley.

b) En este caso no se imponen trabas para nombrar en el cargo a quien ocupó el
primer lugar en la lista de elegibles, puesto que aún no se ha llegado a esa etapa
de la convocatoria cuestionada, además que no es el objeto de esta acción.

c) Aunque se exhiben circunstancias que podrían afectar los derechos
fundamentales de los concursantes, no hay evidencia de que los fundamentos de
las pretensiones y la afectación puedan escapar del control del juez de lo
contencioso administrativo.

d) La parte actora no demostró ni en el proceso constitucional se observó que esta
se encontrara bajo condiciones particulares de edad, estado de salud, condición
social u otras, por las cuales resultase desproporcionado exigirle acudir al
mecanismo ordinario ante los jueces administrativos.

61. Con tal precisión, la sala considera que la petición de amparo deviene en
improcedente en lo que atañe a definir la legalidad o decretar la suspensión
provisional del Acuerdo 001 de 2023 en la medida en que, para el propósito en
comento, esto es, definir su presunción de legalidad, la parte actora tiene a su
alcance los mecanismos judiciales ordinarios de defensa. Además, como se dijo en
líneas anteriores, la sala no evidencia que en este caso exista un grave riesgo que
se configure un perjuicio irremediable para los derechos fundamentales subjetivos
de la accionante.

62. En este punto, se reitera que la acción de tutela tiene una naturaleza residual
ante la existencia de otros mecanismos de defensa judicial, lo que de suyo
presupone que no es posible el ejercicio concomitante de distintas acciones para
lograr un mismo propósito. Aceptar lo contrario implicaría un desgaste innecesario
de la administración de justicia. Se aclara además que, no se acreditó ninguna de
las excepciones previstas por la Corte Constitucional y esta corporación para la
procedencia de esta acción de amparo ni la posible configuración de un perjuicio
irremediable.

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2.7. Conclusiones

63. Por los motivos aquí expuestos, la sala declarara improcedente la acción de
tutela presentada por la señora Claudia Rocío Upegui Carvajal, por no cumplir con
el requisito de subsidiariedad, por los motivos aquí expuestos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
III. FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Fiscalía
General de la Nación y la Corte Constitucional, por los motivos aquí expuestos.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo presentada por la
señora Claudia Rocío Upegui Carvajal por los motivos aquí expuestos.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo
establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GERMÁN LOZANO VILLEGAS
Conjuez

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081.

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