Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04805-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04805-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-04805-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
18 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D. C. dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitrés (2023).
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04805-00
Accionante: OTTO BAUTISTA GAMBOA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B
Tema: Tutela contra providencias judiciales / derechos
fundamentales a la dignidad humana, seguridad
social, acceso a la administración de justicia y debido
proceso / defecto sustantivo / defecto fáctico / falta
de motivación / violación directa de la Constitución /
evaluación de reliquidación pensional
Sentencia de primera instancia
La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por el señor
Otto Bautista Gamboa, quien actúa por conducto de apoderado, en
contra de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
por la presunta vulneración de derechos fundamentales ocurrida con
ocasión de la expedición de la providencia del 7 de julio de 2022,
proferida en el curso del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado núm. 25000-23-42- 000-2018-01164-02.
I. ANTECEDENTES
La solicitud de protección de los derechos fundamentales a la dignidad
humana, seguridad social, acceso a la administración de justicia y
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ACCIÓN DE TUTELA
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Accionante: Otto Bautista Gamboa
debido proceso formulada por el accionante, se fundamenta en los
siguientes:
1. HECHOS
La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal - UGPP demandó a través
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho la
Resolución núm.0020731 del 22 de octubre de 2003, expedida por la
extinta Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL, por medio de la cual
se reconoció y ordenó el pago de una pensión mensual vitalicia de
jubilación a la señora Ana Filomena Guerra Baquero (q.e.p.d).
En primera instancia, el proceso correspondió a la Subsección E de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual
en sentencia del 24 de enero de 2020 declaró la nulidad del acto
administrativo demandado; ordenó a la UGPP remitir a la
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones el valor de las
cotizaciones y la información historial laboral de la demandada y, por
último, ordenó a Colpensiones verificar si resultaba procedente
reliquidar la pensión.
Apelada la decisión por Colpensiones y la UGPP, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado a través de la sentencia del 7
de julio de 2022, resolvió i) aceptar como sucesor procesal al señor
Otto Bautista Gamboa en razón del fallecimiento de la señora Ana
Filomena Guerra Baquera; ii) confirmar parcialmente lo resuelto por el
a quo y iii) revocar el ordinal tercero en el que se le ordenó a
Colpensiones verificar si resultaba procedente reliquidar la pensión.
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Accionante: Otto Bautista Gamboa
Inconforme con lo anterior, el accionante solicitó aclaración de la
sentencia mencionada, el cual fue resuelto de manera negativa
mediante providencia del 26 de enero de 2023.
2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
La parte accionante sostiene que la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, al proferir la sentencia del 7 de julio de 2023,
incurrió en la vulneración de sus derechos fundamentales a la dignidad
humana, seguridad social, acceso a la administración de justicia y
debido proceso.
Señala que con la decisión acusada se configuró un defecto
sustantivo al no confirmar en su totalidad lo decidido en primera
instancia y de esta forma desconocer lo previsto en el artículo 68 del
Código General del Proceso – CGP1, reconociéndole al sucesor procesal
la posibilidad de que Colpensiones estudie si era procedente o no la
reliquidación pensional.
Adicionalmente, alega un defecto fáctico, teniendo en cuenta que al
negar la posibilidad de que Colpensiones estudie la reliquidación
pensional desconoció las pruebas obrantes dentro del proceso de las
que se evidencia que el accionante es el sucesor procesal de especial
protección constitucional por su edad (84 años).
Por otro lado, señala que la autoridad judicial accionada incurrió en una
decisión sin motivación, toda vez que «(…) no es ostensible la razón
de derecho o norma que llevó a determinar la procedencia de la
supresión del indicado numeral en el fallo de primera instancia(…)».
1
ARTÍCULO 68. SUCESIÓN PROCESAL. <Inciso modificado por el artículo 59 de la Ley 1996 de
2019. El nuevo texto es el siguiente:> Fallecido un litigante o declarado ausente, el proceso continuará con
el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el correspondiente curador. (…)
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Asimismo, argumenta que se incurrió en una violación directa de la
Constitución al desconocer los derechos fundamentales a la igualdad,
debido proceso, seguridad social y acceso a la administración de
justicia.
3. PRETENSIONES
La parte accionante solicita lo siguiente:
«1. Se protejan los derechos fundamentales del señor Otto Bautista Gamboa a la
dignidad humana, seguridad social, acceso a la administración de justicia y debido
proceso, especialmente considerando que es sujeto de especial protección.
2. Se revoque el numeral tercero (3°) de la sentencia de segunda instancia emitida
por el Consejo de Estado el 7 de julio de 2022 y notificada en estado del 7 de
septiembre de 2022.
3. En su lugar, se ordene al Consejo de Estado confirmar en su integridad la
sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, permitiendo que Colpensiones evalúe la reliquidación la pensión
conforme a la historial laboral trasladada por la UGPP.». (sic en toda la cita).
4. INFORMES
Mediante auto del 7 de septiembre de 2023, el despacho sustanciador
admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado como
accionado y a la UGPP, a Colpensiones y a los demás intervinientes
dentro del proceso de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado núm. 25000-23-42-000-2018-01164-02 como terceros
interesados en las resultas del proceso.
4.1. El Consejero de Estado encargado del despacho ponente de
la sentencia acusada, informó que se atiene a lo que se resuelva
dentro del presente proceso constitucional.
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4.2. Colpensiones solicitó que la presente acción de tutela sea
declarada improcedente por cuanto no se ha materializado ninguno de
los defectos alegados por la parte accionante.
4.3. La UGPP solicitó que se rechace por improcedente la acción de
tutela de la referencia, toda vez que la parte actora pretende usar la
acción de tutela como una tercera instancia para revisar las decisiones
adoptadas por el juez competente de la causa.
4.4. No se rindieron más informes.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a establecer si la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, con la expedición de la
sentencia del 7 de julio de 2022, incurrió en un defecto sustantivo2 y,
por consiguiente, en la vulneración de los derechos fundamentales a la
dignidad humana, seguridad social, acceso a la administración de
justicia y debido proceso de la parte accionante.
Previamente a lo anterior se deberá determinar la procedencia de la
acción de tutela contra la providencia judicial cuestionada.
2
Aunque el demandante invoca en el escrito inicial, también, los defectos fáctico, decisión sin motivación
y violación directa de la Constitución, la Sala observa que los argumentos de inconformidad encuadran en
el defecto sustantivo por lo que será sobre dicha causal específica de procedencia de la acción de tutela que
centrará el análisis del asunto.
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2. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales
En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le
impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de
seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.
3
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
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Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se
hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica; y (vi) que
no se trate sentencias de tutela.
En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción resulta procedente únicamente en
aquellos eventos en los cuales se vean afectados derechos
fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes
eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto
fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación
directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.
2.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional cumple
con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que
habilitan su interposición.
2.1.1. En efecto, esta Sala de Subsección considera que los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados se
encuentran plenamente individualizados.
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2.1.2. Asimismo, se encuentra que la sentencia objeto de tutela carece
de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional.
2.1.3. Se observa igualmente que la interposición se dio en un lapso
«razonable y proporcionado», por cuanto la providencia cuestionada se
profirió el 7 de julio de 2022 y quedó ejecutoriada el 8 de marzo de
2023 y la acción de tutela se presentó el 4 de septiembre del mismo
año.
3.1.4. Finalmente, el asunto por resolver es de marcada relevancia
constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible
vulneración iusfundamental como consecuencia de un defecto
sustantivo, un defecto fáctico, una decisión sin motivación y una
violación directa de la Constitución en que presuntamente incurrió la
autoridad judicial demandada.
2.2. Del defecto material o sustantivo
De conformidad con la jurisprudencia constitucional4, el defecto
material o sustantivo se origina en primer término, cuando la autoridad
judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia, fundamenta su
decisión en normas que son inexistentes o inconstitucionales5, es decir,
se da en los casos en que la autoridad judicial se basa en, «(i) una
norma no aplicable al caso, ya sea, porque la norma, (a) no es
pertinente de aplicación, (b) se empleó cuando fue derogada y como
consecuencia perdió su vigencia, (c) es inexistente, (d) ha sido
declarada contraria a la Constitución, (e) está vigente y es
4
Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-567 de
2015, entre otras.
5
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
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constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó,
(ii) su interpretación no se encuentra dentro del margen de
interpretación razonable o es errada, (iii) no se da aplicación a las
sentencias con efecto erga omnes, que son aquellas de aplicación
general, (iv) la norma aplicada se torna injustificadamente regresiva o
contraria a la Constitución, y finalmente, (v) cuando un poder
concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no
previsto en la disposición»6.
En segundo lugar, el defecto material o sustantivo se origina cuando en
la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción evidente y
grosera entre la decisión y los fundamentos que la explican. En este
orden de ideas, se produce cuando la decisión «(vi) se funda en una
hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con omisión del
análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii) cuando
desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en concreto,
(viii) no se encuentra debidamente justificada y por ende afecta
derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de argumentación
se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el juez no aplica la
excepción de inconstitucionalidad frente a una manifiesta violación de
la Constitución»7.
3. Caso concreto
Ahora bien, de conformidad con las piezas procesales que reposan en
el expediente de tutela, se advierte lo siguiente:
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante sentencia del 7 de julio del 2022, confirmó parcialmente la
sentencia de primera instancia que declaró la nulidad de la Resolución
6
Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
7
Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
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núm.0020731 del 22 de octubre de 2003, por medio de la cual se
reconoció y ordenó el pago de una pensión mensual vitalicia de
jubilación a la señora Guerra Baquero (q.e.p.d) y revocó el ordinal
tercero en el que se le ordenó a Colpensiones verificar si resultaba
procedente reliquidar la pensión, bajo las siguientes consideraciones:
« De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que (i) la accionada nació
el 4 de noviembre de 1943, (ii) prestó sus servicios en Cajanal entre el 1o de enero
de 1972 y el 30 de diciembre de 1993, en condición de médica; y (iii) efectuó
cotizaciones al ISS por 753 semanas computables, motivo por el cual esta entidad
le reconoció pensión de vejez, mediante Resolución 25722 de 26 de noviembre de
1999, bajo la égida del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y el pensional
contenido en el Decreto 758 de 1990, calculada con base en el 60% del respectivo
ingreso base de liquidación, efectiva desde el 1° de diciembre de 1999.
Si bien dicho acto administrativo no especificó los períodos tenidos en cuenta para
el reconocimiento pensional, del reporte de semanas cotizadas se observa que
corresponden a las laboradas, en el sector privado, en el Instituto Colombiano del
Sistema Nervioso (10 de agosto de 1981 a 30 de junio de 1984) y la Escuela
Colombiana de Medicina (7 de mayo de 1987 a 10 de diciembre de 1989, 12 de
febrero a 31 de diciembre de 1990 y 8 de enero de 1991 a 31 de julio de 19998), y
en el servicio oficial, en la Universidad Pedagógica Nacional (septiembre a
noviembre de 1996 y febrero a junio de 1997), lapsos que suman 15 años, 7 meses
y 5 días, que, aproximadamente, equivalen a 753 semanas.
Por su parte, la entonces Cajanal le concedió pensión de jubilación a partir del 1o
de agosto de 2002, a través de Resolución 20731 de 22 de octubre de 2003, de
conformidad con el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y la Ley 33 de
1985, para cuyo efecto incluyó un tiempo de servicios de 10.728 días (1.532
semanas), entre ellos, los sumados por el ISS para otorgar la pensión de vejez citada
en precedencia:
(…)
En tal virtud, resulta claro que la pensión de jubilación concedida por Cajanal a
través del acto administrativo enjuiciado, incluyó no solo el lapso durante el cual la
accionada trabajó para esa entidad (como servidora estatal), sino también aquellos
que ya había computado el ISS para otorgar la de vejez, que comprendían lapsos
públicos (Universidad Pedagógica Nacional) y privados (Instituto Colombiano del
Sistema Nervioso y Escuela Colombiana de Medicina), que alcanzaban 15 años, 7
meses y 5 días, estos últimos, valga decir, que no podían ser computados para la
asignación de la primera de las citadas prestaciones, dado que al ser reconocida de
conformidad con la Ley 33 de 1985, solo era dable sumar tiempos oficiales. Por
tanto, la situación de la demandada quedó sometida a la prohibición de recibir más
8
Fecha hasta la cual la accionada acreditó cotizaciones (f. 66).
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de una asignación proveniente del tesoro público, prevista en el artículo 128 de la
Carta Política.
Sin perjuicio de lo anterior, en el presente caso Colpensiones interpone recurso de
apelación, al estimar que, a pesar de que la Resolución acusada de nulidad no fue
expedida por ella, se le impusieron órdenes que no le corresponde asumir; además,
«[...] de las pretensiones esbozadas en la demanda [...] no ha tenido conocimiento,
pues ante ella no se ha radicado solicitud de reliquidación pensional alguno y por
ende no ha tenido la oportunidad de estudiar y pronunciarse, sobre los hechos de
este proceso» (sic; f. 313).
Sobre el particular, cabe precisar que ciertamente el tercero vinculado no emitió el
acto atacado, de manera que no resulta acertado, en principio, pregonar que incurrió
en algún yerro susceptible de ser corregido en sede de nulidad y restablecimiento
del derecho y, por ende, destinatario de alguna orden.
No obstante, aunque el a quo no explicó las razones por las cuales adoptó medidas
a cargo de Colpensiones, no puede olvidarse que «Las autoridades [judiciales y
administrativas] de la República están instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes9 sociales del
Estado y de los particulares», motivo por el cual no deviene irrazonable promover
gestiones que procuraran evitar que la situación de la accionada se viera afectada
por la anulación del acto que le concedió la pensión de jubilación, máxime cuando
ella, para la fecha en que fue proferido el fallo impugnado, contaba con más de
setenta y seis (76) años de edad, lo que la hacía sujeto de especial protección por
parte del «[...] Estado, la sociedad y la familia10[...]» , dado que hacía parte de los
grupos poblacionales de adultos mayores y de la tercera edad, a quienes se les debe
garantizar el derecho constitucional fundamental a la seguridad social, en atención
a su estado de indefensión.
Empero, dado que, como ya se dijo, la señora Guerra Baquero falleció el 1o de
septiembre de 2021, la orden que reprocha Colpensiones pierde su sustento, puesto
que, por sustracción de materia, cualquier análisis sobre los lapsos cotizados en la
desaparecida Cajanal, no va a materializarse a su favor.
En este orden de ideas, se revocará el ordinal tercero de la parte decisoria del fallo
de primera instancia, que ordenó a Colpensiones «[...] verificar [...] si resulta
procedente reliquidar la pensión [...] incluyendo los tiempos de servicio [...]
prestados [por la demandada] como empleada pública a [...]» a la liquidada
Cajanal.»
Asimismo, dicha Sala en la providencia del 26 de enero de 2023, que
resolvió la solicitud de aclaración, señaló lo siguiente:
9
Artículo 2.º de la Carta Política.
10
Artículo 46 ibidem.
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«En el asunto sub examine, la entidad accionante deprecó la nulidad de la
Resolución 20731 de 22 de octubre de 2003, por la que la liquidada Caja Nacional
de Previsión Social (Cajanal) otorgó pensión de jubilación a la señora Ana Filomena
Guerra Baquero, puesto que tuvo en cuenta varios de los períodos de servicio
incluidos previamente por el entonces Instituto de Seguros Sociales (ISS) al
concederle la de vejez (Resolución 25722 de 26 de noviembre de 1999), esto es, por
considerar que se incurrió́ en la prohibición de recibir más de una asignación
proveniente del tesoro público, prevista en el artículo 128 de la Carta Política.
De conformidad con lo anterior, se evidencia que la controversia planteada estaba
orientada a determinar la legalidad o no del reconocimiento pensional concedido por
la desaparecida Cajanal a la señora Guerra Baquero, sin que sea dable pregonar,
como lo sugiere el sustituto procesal, que la determinación concerniente a la
revocación del ordinal tercero de la parte decisoria del fallo de primera instancia
(que valga decir, fue emitido antes del fallecimiento de la aludida pensionada), que
ordenó a Colpensiones «[...] verificar [...] si resulta procedente reliquidar la
pensión [...] incluyendo los tiempos de servicio [...] prestados [por la accionada]
como empleada pública a [...]» aquella entidad, haya frustrado la eventual
posibilidad de que se sustituya en él la de vejez que en vida devengaba su cónyuge.
En consecuencia, la sustitución de la pensión de vejez a la que pudiera tener derecho
el señor Otto Bautista Gamboa debe ser reclamada directamente de Colpensiones,
que, con base en la normatividad aplicable, decidirá si hay lugar o no.
Por tanto, se observa que la petición de aclaración está orientada a que esta
Colegiatura reconsidere o modifique el referido fallo de 7 de julio de 2022 de
acuerdo con los intereses del accionado y la interpretación de la normativa aplicable
como él la hace, sin que se denote su intención de procurar la corrección de algún
yerro u omisión, real propósito del legislador con el artículo 285 del CGP.
En tales condiciones, se negará la solicitud de aclaración de sentencia, toda vez que
la decisión de 7 de julio de 2022 no contiene en su parte decisoria frases o conceptos
que ofrezcan motivos de duda».
Ahora bien, sobre el reproche del accionante relacionado con que debió
confirmarse la orden contenida en el ordinal tercero de la sentencia que
en su momento profirió el Tribunal, se pronunció la Sección Segunda,
Subsección B de esta corporación en sentido de precisar que con dicha
decisión no se estaba frustrando el derecho que pudiera tener el señor
Bautista Gamboa sobre la sustitución de la pensión que pagaba
Colpensiones a la causante, pues ni siquiera se había presentado
reclamación ante la entidad en dicho sentido.
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Accionante: Otto Bautista Gamboa
Lo expuesto permite a la Sala de Subsección concluir que la decisión de
revocar la orden dirigida a la Administradora Colombiana de Pensiones
no vulneró ninguno de los derechos fundamentales alegados, toda vez
que en el proceso que se cuestiona lo que se discutió fue la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad
instaurada por la UGPP contra el acto administrativo de reconocimiento
de una pensión en favor de la señora Guerra Baquero (q.e.p.d.) y dicho
asunto fue resuelto bajo una interpretación razonable y plausible y que,
por tanto, debe ser respetada en virtud de los principios de autonomía
e independencia judicial.
De este modo se insiste que, en principio, la acción de tutela no procede
para resolver divergencias interpretativas de la ley, pues el criterio de
la autoridad judicial de conocimiento prevalece frente a la opinión del
juez constitucional, no sólo porque es el juez natural del asunto, sino
también porque este se encuentra amparado por los principios de
autonomía e independencia judicial que imponen el respeto por la cosa
juzgada.
En este orden de ideas, al no evidenciarse que se haya incurrido en
ninguna de las causales específicas de procedibilidad, esta Sala de
Subsección negará el amparo solicitado mediante la acción de tutela
instaurada por el señor Otto Bautista Gamboa en contra de la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04805-00
Accionante: Otto Bautista Gamboa
FALLA
PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado mediante la acción de tutela
presentada por el señor Otto Bautista Gamboa en contra
de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitrés (2023).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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