Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04805-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04805-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-04805-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
13 de diciembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04805-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: OTTO BAUTISTA GAMBOA
TESIS: SE MODIFICA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ
EL AMPARO Y, EN SU LUGAR, SE DECLARA IMPROCEDENTE LA
PRESENTE SOLICITUD, TODA VEZ QUE NO SE CUMPLE EL
REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LOS
ARGUMENTOS DE LA ACCIÓN DE TUTELA FUERON OBJETO DE
PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDAD JUDICIAL
ACCIONADA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD
SOCIAL, DIGNIDAD HUMANA Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el actor contra la
sentencia de 18 de octubre de 2023, mediante la cual la SECCIÓN
SEGUNDA- SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1
denegó la solicitud de amparo constitucional.
1
En adelante la Sección Segunda - Subsección A.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04805-01
Actor: OTTO BAUTISTA GAMBOA
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor OTTO BAUTISTA GAMBOA, actuando a través de
apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a
la dignidad humana y al acceso a la administración de justicia, los
cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la SECCIÓN SEGUNDA-
SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO2 al proferir la
providencia de 7 de julio de 2022, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 25000-23-42- 000-2018-01164-02.
I.2.- Hechos
Señaló que su esposa la señora ANA FILOMENA GUERRA laboró de
manera simultánea como médica al servicio de la Caja Nacional de
Previsión, la Universidad Pedagógica Nacional, el Instituto
Colombiano del Sistema Nervioso y la Escuela de Medicina, bajo la
2
En adelante la Sección Segunda - Subsección B.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04805-01
Actor: OTTO BAUTISTA GAMBOA
coexistencia de contratos suscritos desde el año 1972 hasta el año
2002.
Aseguró que debido a la multiplicidad de empleadores a la señora
ANA FILOMENA GUERRA le reconocieron dos pensiones de vejez,
una a cargo del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y, la otra, a
cargo de la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL- CAJANAL3.
Indicó que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP-4 adelantó
una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad contra la
señora ANA FILOMENA GUERRA, con el fin de que se declarara la
nulidad de la Resolución núm. 0020731 del 22 de octubre de 2003,
expedida por la extinta CAJANAL, mediante la cual se le reconoció
una segunda pensión de vejez que asumió la UGPP, así como el
reintegro de los dineros que le fueron pagados por concepto de dicha
prestación pensional.
Manifestó que al mencionado proceso le fue asignado el número
3
En adelante Cajanal.
4
En adelante la UGPP.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04805-01
Actor: OTTO BAUTISTA GAMBOA
único de radicación 25000-23-42-000-2018-01164-00 y le
correspondió en primera instancia a la SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN “E”- del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA5 que, mediante sentencia de 24 de enero de
2020, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda y, en
consecuencia, declaró la nulidad del acto administrativo que
reconoció el pago de la pensión mensual vitalicia por vejez a la señora
ANA FILOMENA GUERRA a cargo de la extinta CAJANAL y ordenó
a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -
COLPENSIONES6, previa verificación de la historia laboral y el valor
de las cotizaciones, estudiar si resultaba procedente la reliquidación
de la pensión con la inclusión de los tiempos de servicio prestados en
CAJANAL.
Adujo que COLPENSIONES y la UGPP interpusieron recurso de
apelación, pero estando en trámite la segunda instancia, su esposa
la señora ANA FILOMENA GUERRA falleció y, por lo tanto, asistió
al proceso como sucesor procesal.
Aseguró que los recursos de apelación fueron desatados por la
SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación que, mediante providencia
5
En adelante el Tribunal.
6
En adelante Colpensiones.
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Actor: OTTO BAUTISTA GAMBOA
de 7 de julio de 2022, lo reconoció como sucesor procesal en calidad
de cónyuge sobreviviente de la señora ANA FILOMENA GUERRA;
confirmó parcialmente la decisión del a quo y revocó el ordinal
tercero de la sentencia que ordenó a COLPENSIONES la verificación
de la procedencia de la reliquidación de la pensión con la inclusión de
los tiempos de servicio prestados a CAJANAL.
Resaltó que inconforme con lo anterior, solicitó aclaración del fallo
ante la SECCIÓN SEGUNDA que, mediante providencia de 26 de
enero de 2023, denegó la solicitud.
I.3 Fundamentos de la solicitud
A juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
material, por cuanto desconoció las normas relativas a la sustitución
de la pensión de vejez y anuló la posibilidad de acceder a la
reliquidación de la pensión por parte de Colpensiones.
Recalcó que la SECCIÓN SEGUNDA también incurrió en defecto
factico al no efectuar un análisis razonado y suficiente del material
probatorio, a través del cual se permitiría establecer su condición de
sujeto de especial protección dado que cuenta con 84 años de edad
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y el cumplimiento de los requisitos para acceder a la sustitución
pensional, pues al suprimir el ordinal tercero de la decisión
cuestionada se le negó la posibilidad de acceder a la reliquidación de
la pensión.
Arguyó que la sentencia cuestionada fue proferida sin motivación,
toda vez que al suprimir el ordinal tercero se generó confusión
respecto de las normas en las que se fundamentó tal razonamiento.
Finalmente, aseveró que la SECCIÓN SEGUNDA incurrió en
violación directa de la Constitución, por cuanto al resolver la
segunda instancia desconoció sus garantías procesales como sujeto
de especial protección y, asimismo, vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al acceso a
la administración de justicia.
I.4.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados
como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] 1. Se protejan los derechos fundamentales del señor Otto
Bautista Gamboa a la dignidad humana, seguridad social, acceso
a la administración de justicia y debido proceso, especialmente
considerando que es sujeto de especial protección.
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2. Se revoque el numeral tercero (3°) de la sentencia de
segunda instancia emitida por el Consejo de Estado el 7 de julio
de 2022 y notificada en estado del 7 de septiembre de 2022.
3. En su lugar, se ordene al Consejo de Estado confirmar en su
integridad la sentencia de primera instancia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, permitiendo que
Colpensiones evalúe la reliquidación la pensión conforme a la
historial laboral trasladada por la UGPP […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1. La SECCIÓN SEGUNDA informó que las razones que sirvieron
de fundamento se encuentran consignadas en las motivaciones de la
providencia proferida el pasado 7 de julio de 2022, aquí cuestionada,
razón por la que se atiene a lo que se demuestre durante el trámite
de la presente acción de tutela.
I.6.- Intervinientes
I.6.1.- El TRIBUNAL se limitó a remitir el expediente contentivo del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de
tutela, sin realizar pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto.
I.6.2.- COLPENSIONES aseguró que la acción de tutela debe
declararse improcedente, en tanto no cumple con las causales de
procedibilidad que permiten revocar la decisión judicial cuestionada.
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Afirmó que la SECCIÓN SEGUNDA no incurrió en vicio o defecto al
proferir la sentencia judicial cuestionada y resaltó que la legislación
colombiana ha dispuesto de los mecanismos y recursos judiciales
idóneos para controvertir las decisiones proferidas por los jueces, por
lo tanto, la acción de tutela no puede convertirse en una tercera
instancia.
I.6.3.- La UGPP señaló que la autoridad judicial accionada no
incurrió en los defectos alegados por el actor, teniendo en cuenta que
la providencia judicial cuestionada se encuentra debidamente
motivada y sustentada bajo las normas sustanciales y
procedimentales que regulan el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Aseguró que el actor formuló unas situaciones de hecho con las que
pretende demostrar la vulneración de sus derechos fundamentales,
sin embargo, no demuestra que evidentemente se le hubiere causado
un perjuicio irremediable, razón por la que no se reúnen los
presupuestos jurisprudenciales para considerar la procedencia del
mecanismo constitucional.
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Finalmente, consideró que el actor no puede pretender emplear el
presente mecanismo constitucional como una tercera instancia y
recalcó que el interesado debe formular ante COLPENSIONES la
reliquidación pensional alegada, pues dicho asunto no le compete a
la entidad ni al despacho judicial accionado.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 18 de octubre de 2023, la SECCIÓN
SEGUNDA denegó el amparo solicitado al no evidenciarse las
causales específicas de procedibilidad.
Indicó que al revocar la orden dirigida a COLPENSIONES no se
vulneraron los derechos fundamentales alegados por el actor, toda
vez que lo que se discutió en sede ordinaria fue el reconocimiento de
una pensión de jubilación en favor de la señora ANA FILOMENA
GUERRA y, dicha controversia, fue resuelta bajo una interpretación
razonada en virtud del principio de la autonomía e independencia
judicial.
Finalmente, resaltó que la decisión cuestionada no frustra el derecho
que pudiera tener el actor respecto de la sustitución de la pensión
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que COLPENSIONES pagaba a la causante, pues no se había
presentado alguna reclamación en ese sentido ante dicha entidad.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó
que se revoque, reiterando los fundamentos jurídicos plasmados en
el escrito introductorio.
Afirmó que la decisión del a quo carece de motivación, pues, a su
juicio, la sentencia carece de análisis crítico de los hechos y pruebas
aportadas, toda vez que pasó por alto que fue reconocido como
sucesor procesal de su esposa y, por lo tanto, podía ejercer las
mismas actuaciones judiciales dentro del proceso objeto de tutela y
no debería sometérsele a un nuevo proceso judicial para solicitar la
reliquidación de la pensión pagada por COLPENSIONES.
Refirió que el a quo interpretó indebidamente el amparo solicitado,
por cuanto lo que se pretende con la acción de tutela es cuestionar
las razones de derecho que sustentaban la exclusión del ordinal
tercero de la sentencia cuestionada, lo que lo afecta de manera grave
y desconoce la normatividad en aplicación del principio de
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favorabilidad.
Finalmente, indicó que “[…] el a-quo realmente no resolvió el
problema jurídico planteado o, por lo menos; no dirigió su análisis
por la vía de estudio adecuada que permitiera llegar a una conclusión
jurídica razonable y acorde a lo planteado en el escrito de amparo,
lo que lo llevó a la lamentable conclusión de dar por hecho que no
existe vulneración a los derechos fundamentales […]”.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las Secciones.
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La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
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la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
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probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
h. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
deje sin efecto la providencia de 7 de julio de 2022, proferida por
la SECCIÓN SEGUNDA mediante la cual se confirmó parcialmente
la decisión del TRIBUNAL que accedió a las pretensiones de la
demanda formulada por la UGPP, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad,
identificado con el número único de radicación 25000-23-42- 000-
2018-01164-02.
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A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales deprecados, habida cuenta que, a juicio del actor, la
autoridad judicial accionada incurrió en el defecto material por
cuanto desconoció las normas relativas a la sustitución de la pensión
de vejez y anuló su posibilidad de acceder a la reliquidación de la
pensión por parte de COLPENSIONES.
Asimismo, recalcó que la SECCIÓN SEGUNDA también incurrió en
defecto factico, al no efectuar un análisis razonado y suficiente del
material probatorio, a través del cual se permitiría establecer su
condición de sujeto de especial protección dado que cuenta con 84
años de edad y el cumplimiento de los requisitos para acceder a la
sustitución pensional.
Arguyó que la sentencia cuestionada fue proferida sin motivación,
pues al suprimirse el ordinal tercero se generó confusión respecto de
las normas en las que se fundamentó tal razonamiento.
Finalmente, aseveró que la SECCIÓN SEGUNDA incurrió en
violación directa de la Constitución, por cuanto al resolver la
segunda instancia desconoció sus garantías procesales como sujeto
de especial protección y, asimismo, vulneró sus derechos
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fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al acceso a
la administración de justicia.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación que, a través de
providencia de 18 de octubre de 2023 denegó el amparo solicitado,
por considerar que la controversia fue resuelta bajo una
interpretación razonada en virtud del principio de la autonomía e
independencia judicial.
El actor impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó
que se revoque, reiterando los fundamentos jurídicos plasmados en
el escrito introductorio y, afirmando que “[…] realmente no resolvió
el problema jurídico planteado o, por lo menos; no dirigió su análisis
por la vía de estudio adecuada que permitiera llegar a una conclusión
jurídica razonable y acorde a lo planteado en el escrito de amparo
[…]”.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la
SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación vulneró los derechos
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deprecados e incurrió en los defectos alegados.
Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional7, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».8
7
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
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Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación9, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [10]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [11].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [12].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[10] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[11] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[12] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
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Actor: OTTO BAUTISTA GAMBOA
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [13].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [14]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
[13] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[14] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
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relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [15].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [16]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
[15] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[16] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó
que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el
requisito de relevancia constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
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como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir
las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la
independencia del juez ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente
controversia es de carácter meramente legal, además de recaer
sobre aspectos que ya fueron resueltos por el juez natural del asunto,
sin que se observe que su actuar haya sido arbitrario.
En efecto, los motivos que fundamentan la solicitud de amparo se
sustentan, básicamente, en que, la autoridad judicial accionada no
debió suprimir el ordinal tercero de la sentencia proferida por el
TRIBUNAL el pasado 24 de enero de 2020, mediante la cual accedió
parcialmente a las súplicas formuladas por la UGPP, declarando la
nulidad del acto administrativo que reconoció el pago de la pensión
mensual vitalicia por vejez a la señora ANA FILOMENA GUERRA a
cargo de la extinta CAJANAL y ordenó a COLPENSIONES, previa
verificación de la historia laboral y el valor de las cotizaciones,
estudiar si resultaba procedente la reliquidación de la pensión con la
inclusión de los tiempos de servicio prestados en CAJANAL.
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Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva
constitucional, en la medida en que se limita a una discusión
meramente legal que gira en torno a la inconformidad con la decisión
adoptada por el juez natural del asunto, ya fue resuelto en segunda
instancia por la SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación mediante
la sentencia de segunda instancia y el auto que resolvió la solicitud
de aclaración presentada por el actor, como se observa a
continuación:
• Sentencia de 7 de julio de 2022:
“[…] en el presente caso Colpensiones interpone recurso de
apelación, al estimar que, a pesar de que la Resolución acusada
de nulidad no fue expedida por ella, se le impusieron órdenes
que no le corresponde asumir; además, «[…] de las pretensiones
esbozadas en la demanda […] no ha tenido conocimiento, pues
ante ella no se ha radicado solicitud de reliquidación pensional
alguno y por ende no ha tenido la oportunidad de estudiar y
pronunciarse, sobre los hechos de este proceso» (sic; f. 313).
Sobre el particular, cabe precisar que ciertamente el tercero
vinculado no emitió el acto atacado, de manera que no resulta
acertado, en principio, pregonar que incurrió en algún yerro
susceptible de ser corregido en sede de nulidad y
restablecimiento del derecho y, por ende, destinatario de alguna
orden.
No obstante, aunque el a quo no explicó las razones por las
cuales adoptó medidas a cargo de Colpensiones, no puede
olvidarse que «Las autoridades [judiciales y administrativas] de
la República están instituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y
demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento
de los deberes sociales del Estado y de los particulares»20,
motivo por el cual no deviene irrazonable promover gestiones
que procuraran evitar que la situación de la accionada se viera
afectada por la anulación del acto que le concedió la pensión de
jubilación, máxime cuando ella, para la fecha en que fue
proferido el fallo impugnado, contaba con más de setenta y seis
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(76) años de edad, lo que la hacía sujeto de especial protección
por parte del «[…] Estado, la sociedad y la familia […]»21, dado
que hacía parte de los grupos poblacionales de adultos
mayores22 y de la tercera edad23, a quienes se les debe
garantizar el derecho constitucional fundamental a la seguridad
social, en atención a su estado de indefensión.
Empero, dado que, como ya se dijo, la señora Guerra Baquero
falleció el 1º de septiembre de 2021, la orden que reprocha
Colpensiones pierde su sustento, puesto que, por sustracción de
materia, cualquier análisis sobre los lapsos cotizados en la
desaparecida Cajanal, no va a materializarse a su favor.
En este orden de ideas, se revocará el ordinal tercero de la parte
decisoria del fallo de primera instancia, que ordenó a
Colpensiones «[…] verificar […] si resulta procedente reliquidar
la pensión […] incluyendo los tiempos de servicio […] prestados
[por la demandada] como empleada pública a […]» a la liquidada
Cajanal […]”.
• Auto de 26 de enero de 2023:
“[…] En el asunto sub examine, la entidad accionante deprecó la
nulidad de la Resolución 20731 de 22 de octubre de 2003, por
la que la liquidada Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal)
otorgó pensión de jubilación a la señora Ana Filomena Guerra
Baquero, puesto que tuvo en cuenta varios de los períodos de
servicio incluidos previamente por el entonces Instituto de
Seguros Sociales (ISS) al concederle la de vejez (Resolución
25722 de 26 de noviembre de 1999), esto es, por considerar que
se incurrió en la prohibición de recibir más de una asignación
proveniente del tesoro público, prevista en el artículo 128 de la
Carta Política.
De conformidad con lo anterior, se evidencia que la controversia
planteada estaba orientada a determinar la legalidad o no del
reconocimiento pensional concedido por la desaparecida Cajanal
a la señora Guerra Baquero, sin que sea dable pregonar, como
lo sugiere el sustituto procesal, que la determinación
concerniente a la revocación del ordinal tercero de la parte
decisoria del fallo de primera instancia (que valga decir, fue
emitido antes del fallecimiento de la aludida pensionada), que
ordenó a Colpensiones «[…] verificar […] si resulta procedente
reliquidar la pensión […] incluyendo los tiempos de servicio […]
prestados [por la accionada] como empleada pública a […]»
aquella entidad, haya frustrado la eventual posibilidad de que se
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sustituya en él la de vejez que en vida devengaba su cónyuge.
En consecuencia, la sustitución de la pensión de vejez a la que
pudiera tener derecho el señor Otto Bautista Gamboa debe ser
reclamada directamente de Colpensiones, que, con base en la
normativa aplicable, decidirá si hay lugar o no. […]”.
De la lectura de la sentencia objeto de tutela y del auto que resolvió
la solicitud de aclaración, la Sala observa que la SECCIÓN
SEGUNDA al estudiar el recurso de apelación formulado por
COLPENSIONES precisó que no había lugar a imponerle una orden
a dicha entidad, por cuanto no había proferido el acto administrativo
cuestionado y, por lo tanto, no podría endilgársele la responsabilidad
de corregir los yerros advertidos.
Asimismo, señaló que ante el fallecimiento de la señora ANA
FILOMENA GUERRA la orden impuesta en el ordinal tercero perdió
sustento, en tanto la verificación de los tiempos de servicio prestados
por la causante a CAJANAL ya no podría materializarse.
Aunado a lo anterior, en la sentencia cuestionada se determinó que
a COLPENSIONES no podría imponérsele ningún tipo de orden, en
tanto dicha entidad no tuvo injerencia en la expedición del acto
anulado y, por lo tanto, no habría lugar a verificar los tiempos de
servicio, pues la titular de la prestación pensional ya había fallecido.
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Cabe señalar que la SECCIÓN SEGUNDA al estudiar la solicitud de
aclaración de la sentencia formulada por el actor en calidad de
sucesor procesal, reiteró que el problema jurídico abordado en
segunda instancia comprendió el estudio de la legalidad del
reconocimiento pensional concedido a la señora ANA FILOMENA
GUERRA por la extinta CAJANAL, por lo que no habría lugar a
considerar que al actor se le esté privando la posibilidad de acceder
a la sustitución pensional, pues como bien lo reseñó el juez natural
de la causa, el derecho pensional que alega deber ser reclamado
previa y directamente ante COLPENSIONES, pues es la entidad
encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos para
conceder en primer lugar la sustitución pensional y, luego de superar
tal derrotero, sería la facultada para determinar si habría lugar a
reconocer la reliquidación de la pensión por el tiempo de servicio que
cotizó la causante ante CAJANAL.
En ese sentido, de acuerdo con los elementos de juicio allegados al
expediente, que fueron apreciados de forma conjunta y de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, el juez natural de la causa concluyó
que no había lugar a mantener la orden impuesta a
COLPENSIONES en el ordinal tercero de la sentencia cuestionada
y, contrario a lo manifestado por el actor en la solicitud de aclaración,
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no se le estaría frustrando la posibilidad de acceder a la reliquidación
de la pensión, pues dicha situación solo podría ser resuelta en sede
administrativa por COLPENSIONES previa reclamación.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que la SECCIÓN SEGUNDA
se pronunció frente a los aspectos que alude el actor, sin que se
vislumbre que pudo haber actuado de forma abiertamente arbitraria
o desbordado los límites del principio de la autonomía judicial, por lo
que el asunto carece del requisito general de la relevancia
constitucional.
Situación distinta es que el actor no comparta la tesis allí dispuesta,
lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que de
conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de
conocimiento, la SECCIÓN SEGUNDA decidió el asunto sometido a
su consideración.
Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado
improcedentes acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no
resulta ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que se
centra en reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue
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el caso de la providencia de 9 de febrero de 201717, en la que se
indicó:
“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).
Igualmente, en providencia de 29 de agosto de 201818, sostuvo lo
siguiente:
“[…] En torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
17
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
18
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.
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razonables.
Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino
una divergencia que obedece a un debate de mera legalidad y a
aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la SECCIÓN
SEGUNDA, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so
pena de otorgar a la acción de tutela el carácter de una tercera
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales y de paso invadir la competencia y la independencia del
juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
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competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
Consecuente con lo anterior, la Sala modificará la decisión de
primera instancia que denegó el amparo solicitado y, en su lugar,
declarará la improcedencia de la acción de tutela de la referencia por
no cumplir el requisito general de la relevancia constitucional, como
en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar,
DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por carecer del
requisito general de la relevancia constitucional, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 13 de diciembre de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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