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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-04807-01

Fecha
15 de abril de 2024
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-04807-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de tutela proferida el 12 de octubre de 2023, por medio de la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente la presente acción de tutela, en el sentido de DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por José Antonio Ríos Santiago, pero, únicamente, frente al reparo de la omisión de correr traslado para alegar de conclusión, y NEGAR lo relacionado con el reparo de falta de congruencia, por las razones expuestas. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin20. TERCERO: Por Secretaría General REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2023-04807-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

15 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 15 de abril de 2024

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04807-01
Demandante: José Antonio Ríos Santiago
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Cuarta –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Subsidiariedad | Defecto
procedimental - niega

Síntesis del caso: La parte demandante enjuició la providencia por medio de la cual la
autoridad judicial demandada se inhibió frente a ciertas pretensiones y negó otras en un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra actos
administrativos proferidos dentro de un procedimiento de cobro coactivo.

De conformidad con el Auto de 26 de febrero de 20241 y la competencia
asignada2, procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la
parte actora contra la Sentencia de 12 de octubre de 2023, mediante la
cual la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente la
presente acción de tutela3.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 1 de septiembre de 2023, José Antonio Ríos Santiago, mediante
apoderado, presentó acción de tutela contra la Subsección B de la
Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por la
presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, con
ocasión de la Sentencia de 16 de junio de 2023, proferida dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 11001-33-37-039-
2019-00254-01. Pese a que la parte actora, de manera expresa, no invocó
1 Por medio del cual, el magistrado Fredy Ibarra Martínez ordenó enviar el expediente de la referencia a este

despacho, (se trascribe) “en la medida que el proyecto de fallo presentado (…) fue derrotado por la posición
mayoritaria en Sala del 22 de enero de 2024”. Es preciso señalar que el mismo ingresó a este despacho el 28 de
febrero de 2024, tal como consta en el Sistema Sede Electrónica para la Gestión Judicial – SAMAI.
2 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
3 “PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por el señor José Antonio Ríos Santiago por

no superarse el requisito general de procedibilidad de subsidiariedad.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04807-01
Demandante: José Antonio Ríos Santiago
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Modifica
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pretensiones, la Sala infiere que lo que solicitó fue que se dejara sin efectos
la mencionada providencia (Sentencia de 16 de junio de 2023).

2. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron narrados los siguientes:

3. 1) Mediante Resolución No. 743 de 20 de septiembre de 1999, la
Empresa de Licores de Cundinamarca le reconoció a José Antonio Ríos
Santiago una pensión convencional anticipada por cuantía de $825.568.

4. 2) A través de la Resolución No. 25018 de 17 de julio de 2012, el extinto
Instituto de Seguro Social (ISS) reconoció al señor Ríos Santiago una pensión
de jubilación financiada con bono pensional por $1.102.974 a partir de 3
de julio de 2011 y $1.144.115 a partir de 1 de enero de 2012. Además,
reconoció un retroactivo por valor de $16.800.206, el cual sería girado a la
Empresa de Licores de Cundinamarca.

5. 3) El 20 de abril de 2018, la Empresa de Licores de Cundinamarca,
mediante Resolución No. 686, dispuso que, a partir de mayo de 2018,
asumiría el mayor valor a pagar por concepto de mesada pensional del
actor, por cuantía de $741.252.

6. 4) En la Resolución No. 613 de 16 de abril de 2019, la Unidad
Administrativa Especial de Pensiones del departamento de Cundinamarca
estableció que el señor Ríos Santiago debía reintegrarle los mayores valores
pagados entre el 1 de agosto de 2012 y diciembre de 2017, lo cual
ascendía a $112.529.164.

7. 5) Mediante la Resolución No. 1922 de 29 de mayo de 2019, la Unidad
Administrativa Especial de Pensiones del departamento de Cundinamarca,
en el procedimiento administrativo coactivo No. 395, libró mandamiento
de pago, por valor de $112.529.164, más los intereses causados.

8. 6) El 5 de septiembre de 2019, el señor Ríos Santiago presentó
demanda, en ejercicio el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, contra las Resoluciones No. 613 de 16 de abril y 1922 de 29 de
mayo de 2019, la cual fue admitida en Auto de 18 de septiembre del
mismo año por el Juzgado 39 Administrativo de Bogotá.

9. 7) En el procedimiento administrativo coactivo No. 395, la Unidad
Administrativa Especial de Pensiones del departamento de Cundinamarca,
mediante Resolución No. 2090 de 9 de octubre de 2019, declaró no
probadas las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago4 y

4 Las establecidas en los numerales 3 y 5 del artículo 831 del Estatuto Tributario, esto es, falta de ejecutoria del

título e interposición de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Sustentó su solicitud en la

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Demandante: José Antonio Ríos Santiago
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Modifica
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ordenó que se siguiera adelante con la ejecución, se practicara la
liquidación del crédito con sus intereses y se decretara el remate y avalúo
de los bienes embargados.

10. 8) En contra de la decisión anterior, el demandante interpuso recurso
de reposición5, y esta fue confirmada en la Resolución No. 2130 de 25 de
noviembre de 2019, en la cual, a su vez, aclaró que no levantaría la
medida cautelar decretada.

11. 9) El 3 de febrero de 2020, la parte actora reformó la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho y, en consecuencia, solicitó,
además, la nulidad de las Resoluciones No. 2090 de 9 de octubre y 2130 de
25 de noviembre de 2019. Esta fue admitida mediante Auto de 5 de
febrero de 2020.

12. 10) El 27 de julio de 2021, el Juzgado 39 Administrativo de Bogotá
profirió sentencia de primera instancia, en la que declaró la nulidad de las
Resoluciones demandadas6, tras determinar que, como el demandante
probó la interposición de la demanda con el acta de radicación y reparto
y, posteriormente, aportó el auto admisorio con el recurso de reposición en
contra de la decisión de las excepciones, la administración debió declarar
probada la excepción del numeral 5 del artículo 831 del ET y no seguir
adelante con la ejecución.

13. 11) La parte demandada formuló recurso de apelación7 y la
Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en Sentencia 16 de junio de 2023, decidió revocar la
decisión apelada. En su lugar, se declaró inhibida frente a la Resolución
No. 613 de 16 de abril de 2019 porque (se trascribe) “con ocasión del
proceso de cobro coactivo el juez no está facultado para estudiar la
legalidad de dicho acto administrativo al haber operado el fenómeno de
la caducidad del medio de control”, y negó las pretensiones respecto de
las Resoluciones No. 2090 de 9 de octubre de 2019 y 2130 de 25 de
noviembre de 2019, al concluir que la excepción de interposición de
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho no afecta la

presentación de dicha demanda contra del acto que constituye título ejecutivo, situación que llevó a que el
mismo no tuviera el carácter de ejecutorio.
5 En el que solicitó que se declarar probada las excepciones presentadas y, en consecuencia, se terminara el

procedimiento de cobro coactivo No. 395 de 2019, pues (se trascribe) “(…) una vez se allegó memorial
acompañado del auto admisorio de la demanda, se debía incorporar tal documento y declarar la terminación
del proceso de cobro coactivo, ¡no lo contrario!”.
6 Concretamente, la No. 613 de 16 de abril, 2090 de 9 de octubre y 25 de noviembre de 2019.
7 En el que manifestó (se trascribe) “(…) con relación a la interposición de la demanda de nulidad y

restablecimiento del derecho, el Consejo de Estado en Sentencia de fecha 17 de marzo de 2016, radicado
25000-23-27-000-2011-00217-01, dijo lo siguiente: Debe tenerse en cuenta que para que la excepción de
interposición de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho prospere es necesario que esta hubiese
sido admitida con anterioridad a la presentación del escrito de excepciones (…), requisito que en este caso no
cumplió la parte actora. Adicionalmente es importante señalar que, al aceptar los argumentos del Juzgado, se
contraviene abiertamente el artículo 48 de la Constitución Nacional (…). Lo anterior significa que se debe
garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional (…)”.

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Demandante: José Antonio Ríos Santiago
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Modifica
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ejecutoriedad de los actos administrativos de contenido no tributario que
constituyen el título ejecutivo que se ordenó ejecutar.

14. El fundamento de la vulneración radicó, a juicio de la parte actora,
en la configuración de los defectos fáctico y procedimental absoluto. El
primero, lo sustentó en la presunta falta de congruencia entre lo alegado y
lo decidido en el proceso ordinario, tal y como se advirtió en el salvamento
de voto de la decisión enjuiciada, pues, según la parte actora, no se limitó
al recurso de apelación, sino que se centró en analizar su actuar para
concluir que el acto cobró firmeza, pese a que trascurrieron más de 3 años
y, en consecuencia, operó la prescripción de las mesadas pensionales
causadas y pagadas entre el 1 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de
2017.

15. El segundo, lo fundamentó en que la Subsección B de la Sección
Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no corrió traslado a
las partes para alegar de conclusión, de conformidad con los artículos 179
a 182A del CPACA, previo a dictarse sentencia, por lo que no tuvo la
oportunidad para haber solicitado la declaratoria de prescripción.

1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación

16. Mediante Sentencia de 12 de octubre de 2023, la Sección Quinta del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

17. Estimó que los reproches aducidos por la parte actora podían
invocarse mediante el recurso extraordinario de revisión como mecanismo
de defensa para sentencias que han hecho tránsito a cosa juzgada, bajo
la causal 5 del artículo 250 del CPACA relativa a nulidad originada en la
sentencia, por pretermitir una instancia y por faltar al principio de
congruencia.

18. Sobre la falta de congruencia, citó la Sentencia de 29 de agosto de
2023, proferida por la Sala No. 8 Especial de Decisión del Consejo de
Estado8, y en relación con la omisión de correr traslado a las partes para
alegar de conclusión, refirió que el numeral 6 del articulo 133 del CGP
prevé como causal de nulidad (se trascribe) “cuando se omita la
oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o
descorrer su traslado”, lo que habilitaba la procedencia del recurso
extraordinario de revisión.

8 Radicado No. 11001-03-15-000-2020-04-000314-00.

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Demandante: José Antonio Ríos Santiago
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Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
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19. En esa medida, estableció que se debía acudir, de manera
preferente, al mencionado recurso para alcanzar la validez del derecho al
debido proceso9 y para evitar que la tutela reemplazara aquellos recursos
previstos por el legislador para tal efecto, máxime cuando no se advirtió la
existencia de un perjuicio irremediable que hiciere procedente la tutela
como mecanismo transitorio.

20. El demandante impugnó la decisión de primera instancia. En su
escrito, reiteró que la decisión de la Subsección B de la Sección Cuarta del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en los defectos fáctico y
procedimental, y que el juez de tutela de primera instancia erró al
considerar que no se cumplía con el requisito de subsidiariedad ni se
advertía un perjuicio irremediable, ya que él se encontraba en una
situación de vulnerabilidad, (se trascribe) “dada su escasa ilustración y
condición de adulto mayor”. En consecuencia, solicitó su revocatoria y, en
su lugar, que se concediera el amparo de su derecho al debido proceso
para dejar sin efectos la Sentencia de 16 de junio de 2023.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Identificación de defectos. 2.2. Fijación de la controversia. 2.3.
Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.4. Verificación de
defectos y/o afectación a derechos fundamentales. 2.5. Conclusión.

2.1. Identificación de defectos

21. Si bien, la parte actora alegó como sustento del defecto fáctico una
“falta de congruencia” porque la providencia enjuiciada no se ciñó a lo
expuesto por el apelante en su escrito, es preciso indicar que dicho reparo
constituye un defecto procedimental absoluto y, por ende, se resolverá
como tal.

2.2. Fijación de la controversia

22. Corresponde determinar si la Subsección B de la Sección Cuarta del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como juez de segunda
instancia, vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la parte
actora por, presuntamente, incurrir en un defecto procedimental al: a)
desconocer el principio de congruencia y b) omitir correr traslado para
alegar de conclusión. Como consecuencia de lo anterior, se procederá a
confirmar, revocar o modificar la sentencia impugnada.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial10

9 Al respecto, hizo alusión a la Sentencia SU-26 de 2021 de la Corte Constitucional.
10 Este análisis se hace conforme a lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-66 de 2019.

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Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
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23. Frente al requisito de subsidiariedad, debe indicarse que, si bien la
Sección Quinta del Consejo de Estado, en el fallo de primera
instancia, indicó que este no se satisfizo porque el demandante contaba
con el recurso extraordinario de revisión para alegar tanto la falta de
congruencia como la omisión en correr traslado para alegar de
conclusión, bajo la causal contenida en el numeral 5 del artículo 250 del
CPACA, la Sala precisa lo siguiente: a) Frente a la omisión de correr
traslado para alegar de conclusión, la Sala coincide en que, en efecto, no
se superó el mencionado requisito11, pero no porque no se haya agotado
el recurso extraordinario de revisión, sino porque la parte actora pudo
alegar tal irregularidad en el proceso de nulidad y restablecimiento No.
52001-23-33-000-2020-01027-00, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 208 y 209 del CPACA12 y 133 del CGP13, pero no lo hizo, pues, no
presentó la respectiva solicitud de incidente de nulidad.

24. Ahora bien, la Sala no desconoce que la Corte Constitucional14 ha
señalado que puede haber casos excepcionales en donde se justifique la
procedibilidad de la acción, aun cuando existan otros medios de defensa
judicial. No obstante, en el caso en concreto, es necesario tener en cuenta
que la parte actora no probó la existencia de un perjuicio irremediable y
que el mismo no se puede tener por cierto a partir, únicamente, de la
escolaridad y la edad del señor Ríos Santiago, toda vez que no se acreditó
la afectación de su mínimo vital.

25. b) Sobre la falta de congruencia, esta Sala considera que el recurso
extraordinario de revisión no resulta ser un medio de defensa judicial
idóneo15 y, en consecuencia, puede darse por superado el aludido
requisito, ya que la incongruencia de sentencia entre lo pedido y lo
resuelto, que ha sido objeto de desarrollo jurisprudencial, no se enmarca ni
configura por sí sola en una de las causales de nulidad taxativamente
contempladas en el artículo 133 del CGP y, en esa medida, no sería
procedente el aludido medio de defensa.

26. En relación con este último reparo, la Sala advierte que, se
cumplieron los demás requisitos generales de procedibilidad de la acción

11 En concordancia con lo anterior, resulta preciso recordar que el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, que

desarrolló el artículo 86 Constitucional, señaló que la tutela resulta improcedente cuando existan otros recursos o
medios de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La Corte Constitucional ha sostenido que es un deber de la parte demandante desplegar todos los
mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos, pues de no
ser así, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales. (Sentencias C-590
de 2005 y SU-116 de 2018).
12 Artículo 208: “Serán causales de nulidad en todos los procesos las señaladas en el Código de Procedimiento

Civil y se tramitarán como incidente. Artículo 209 “Solo se tramitarán como incidente los siguientes asuntos: 1. Las
nulidades del proceso.”
13 Artículo 133: “El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: (…) 6. Cuando se omita

la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.”.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-375 de 2018.
15 Revisar, entre otras, las Sentencias proferidas dentro de los expedientes: 11001-03-15-000-2019-04407-01, 11001-

03-15-000-2020-04756-01, 11001-03-15-000-2021-04048-01 y 11001-03-15-000-2021-02892-01.

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de tutela, porque hubo un plazo razonable entre la fecha de notificación
de la providencia enjuiciada (23/6/23)16 y la de interposición de la presente
acción de tutela (1/9/23)17. No se enjuició un fallo de tutela, pues la
controversia se relacionó con una Sentencia de segunda instancia
que revocó la de primera y, en su lugar, el juez de segunda instancia se
inhibió frente a ciertas pretensiones y negó otras dentro de un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho. Se identificaron de manera clara,
detallada y comprensible los hechos y la presunta vulneración derivada de
ellos. Por último, se advierte que la controversia tiene relevancia
constitucional por tratarse de la presunta afectación del derecho
fundamental al debido proceso de la parte actora, con ocasión de una
providencia judicial cuyo debate central gira entorno a la presunta falta
de congruencia entre lo pedido y lo resuelto en segunda instancia.

27. Por lo anterior, existe mérito suficiente para modificar la decisión de
primer grado para que, en su lugar, disponga que la improcedencia por
falta del requisito de subsidiariedad solo recae sobre el reparo relativo a la
omisión de la autoridad judicial de correr traslado para alegar de
conclusión. En lo restante, procede la Sala a estudiar de fondo.

2.4. Verificación de defectos alegados y/o vulneración de derechos
fundamentales

28. La Sala negará el amparo frente al reparo sobre la presunta falta de
congruencia, por las siguientes razones:

29. En relación con el defecto procedimental absoluto por el presunto
desconocimiento del principio de congruencia, debe tenerse en cuenta
que, frente a dicho principio, la Corte Constitucional ha sostenido que (se
trascribe):

“(…) la incongruencia que es capaz de tornar en vía de hecho la acción del
juez ‘es sólo aquella que subvierte completamente los términos de referencia
que sirvieron al desarrollo del proceso, generando una alteración sustancial,
dentro de la respectiva jurisdicción, que quiebra irremediablemente el
principio de contradicción y el derecho de defensa’, a tal grado que ‘la
disparidad entre lo pedido, lo debatido y lo probado sea protuberante’, esto
es, ‘carente de justificación objetiva y relativa a materias medulares objeto del
proceso.”18.

30. Así las cosas, la Sala considera que no se está ante el escenario
anterior y, por ende, no se configuró el defecto procedimental. Pues, pese
a que la parte actora alegó que la autoridad judicial demandada no se
ciñó a lo apelado, sino que se declaró inhibida para conocer del acto

16 Información obtenida al consultar el proceso ordinario en la página web de la Rama Judicial.
17 Tal como consta en los documentos que obran en SAMAI.
18 Corte Constitucional, Sentencia T-455 de 2016.

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demandado [Resolución No. 613 de 16 de abril de 2019], la decisión
enjuiciada tuvo sustento fáctico y jurídico19 y, por ende, no fue arbitraria.

31. Es más, se evidenció que, aunque en el recurso de apelación
formulado en el proceso ordinario, la parte demandada [Unidad
Administrativa Especial de Pensiones del departamento de Cundinamarca]
no propuso la excepción de caducidad, esto no imposibilitaba al juez
ordinario de segunda instancia para que lo hiciera.

32. Lo anterior tiene fundamento en el artículo 187 del CPACA, el cual
prevé que en la sentencia se deben decidir sobre las excepciones
propuestas y sobre cualquier otra que el fallador encuentre probadas e,
igualmente, que el silencio del inferior no impide que el superior estudie y
decida todas las excepciones de fondo, propuestas, o no; tal y como
sucedió en la sentencia enjuiciada, en la que la Subsección B de la
Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó
que no emitía un pronunciamiento frente a la Resolución No. 613 de 16 de
abril de 2019, habida cuenta de que había operado la caducidad del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

33. En esa medida, la Sala da cuenta que la decisión que enjuició la
parte actora, esto es, que la autoridad judicial demandada se hubiera
declarado inhibida para emitir pronunciamiento alguno sobre uno de los
actos administrativos demandados [Resolución No. 613 de 16 de abril de
2019], no constituyó una actuación arbitraria, ni mucho menos, el
desconocimiento del principio de congruencia.

2.5. Conclusión

34. La Sala modificará la sentencia impugnada, en el sentido de
declarar improcedente la tutela frente al reparo de omisión de correr
traslado para alegar de conclusión, por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad, y negará el reparo de falta de congruencia, al determinar
que no se configuró el defecto procedimental alegado por este aspecto.

19 El tribunal sostuvo lo siguiente (se trascribe) “Al respecto, el tribunal constata que la Resolución 613 de 16 de

abril de 2019, fue notificada al demandante personalmente el 29 de abril siguiente, lo que quiere decir que el
actor contaba hasta el 30 de agosto de la misma anualidad para interponer la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(…).No obstante, revisado el expediente de la referencia se
percata que el demandante radicó la demanda el 5 de septiembre de 2019, es decir, cuando había precluido
la oportunidad para interponerla, lo que conllevó a que operara el fenómeno de caducidad del medio de
control respecto del mentado acto administrativo, situación que impone que la jurisdicción se encuentre
imposibilitada para emitir pronunciamiento alguno al respecto, de suerte que habrá que revocarse la decisión
de primer grado y, en su lugar, se declarará la sala inhibida para resolver con respecto a la nulidad del título
ejecutivo como lo decidió el a quo.”. Páginas 14 y 15 de la sentencia enjuiciada.

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Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Modifica
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3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de tutela proferida el 12 de octubre
de 2023, por medio de la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado
declaró improcedente la presente acción de tutela, en el sentido de
DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por José Antonio Ríos
Santiago, pero, únicamente, frente al reparo de la omisión de correr
traslado para alegar de conclusión, y NEGAR lo relacionado con el reparo
de falta de congruencia, por las razones expuestas.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin20.

TERCERO: Por Secretaría General REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con salvamento parcial

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

20 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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