Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04812-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04812-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-04812-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
14 de diciembre de 2023
Demandantes: Luz Alba Peña Parra y otros.
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04812-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04812-01
Demandante: LUZ ALBA PEÑA PARRA Y OTROS
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
A Y OTRO
TEMAS: Tutela contra providencia judicial – Reparación directa por
homicidio civil en manos de patrullero de la Policía Nacional -
Defecto fáctico
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.
Resuelve la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra la
providencia de 10 de octubre de 2023, proferido por el Consejo de Estado, Sección
Segunda Subsección B, que negó el amparo de los derechos fundamentales.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo.
Luz Alba Peña Parra y otros promovieron acción de tutela para la protección de
nuestros derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia, los cuales se consideran vulnerados con ocasión de las providencias del
27 de mayo de 2016 y 3 de febrero de 2023 proferidas por el Tribunal Administrativo
del Quindío y del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
respectivamente, en primera y segunda instancia que negaron las pretensiones del
medio de control de reparación directa presentado en contra de la Nación, Ministerio
1
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Demandantes: Luz Alba Peña Parra y otros.
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro
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de Defensa Nacional, Policía Nacional; expedientes que se identificaron bajo los
radicados 6300123310002010001100/1
1.2. Peticiones de amparo constitucional
Las pretensiones son las siguientes:
«[…]1. Que se tutele a nuestro favor los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia.
Como consecuencia de lo anterior, solicitamos que se deje sin efecto las
sentencias del 27 de mayo de 2016 y 03 de febrero de 2023, proferidas por el
Tribunal Administrativo del Quindío y el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección A, respectivamente, en primera y segunda instancia en el expediente
radicado con el número 63001233100020100001100/01
Que se confieren efecto inter comunis a la sentencia para aquellos demandantes
en el proceso de reparación directa que no comparecen a este trámite
constitucional.
Como consecuencia de lo anterior, solicitamos que se ordene al Tribunal
Administrativo del Quindío que profiera una nueva providencia que respete
nuestros derechos fundamentales conforme a los lineamientos de la sentencia
que se dicte en el presente asunto»1
1.3. Hechos
Los supuestos que a continuación se relacionan, son relevantes para la decisión
que se adoptará en este fallo:
Luz Alba Peña Parra y otros2, en ejercicio del medio de control de reparación
directa, presentaron demanda contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
1 Transcripción literal, por lo que puede contener errores.
2 Como demandantes se encuentran: Luz Alba Peña Parra, Kelly Dayan León Menchael, Dolly
Meza Restrepo, Martha Lucía Mesa Restrepo, Elsi Mesa Restrepo, Ana Denis Peña, Nora Mesa
Peña, Argemiro Mesa Peña, Blanca Lucero Morales Mejía, Faiber Yesid Mora Morales, Marisol
Giraldo Ospina y Mónica Melena Camacho Daza.
2
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Demandantes: Luz Alba Peña Parra y otros.
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Policía Nacional, con el fin de que se le declarara responsable por los perjuicios
causados con ocasión de los homicidios de Rubén Antonio Mesa Peña y Larry Troy
Mora Morales acontecidos el 26 de octubre de 2008, a manos del miembro de la
Policía Julián Alberto Grajales Grajales, en compañía del patrullero Alejandro Pérez
Valencia.
El conocimiento del proceso del medio de control de reparación directa por reparto
le fue asignado al Tribunal Administrativo del Quindío, bajo el radicado
63001233100020100001100.
El 27 de mayo de 2006 el Tribunal Administrativo del Quindío, en primera instancia
negó las pretensiones de la demanda, en razón a que encontró acreditado el hecho
exclusivo de un tercero en la medida que el daño tuvo su origen en una conducta
desarrollada en el ámbito personal y privado del agente, razón por la cual no era
imputable a la Policía Nacional.
El 03 de febrero de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
profirió sentencia de segunda instancia en la que confirmó lo fallado por el a quo,
por cuanto no le es imputable a la demandada por estar probada una causa extraña,
la cual reside en la culpa personal del agente Julián Alberto Grajales Grajales.
1.4. Fundamentos de la solicitud
Según el análisis realizado por el tutelante, las autoridades judiciales cuestionadas
incurrieron en un defecto fáctico, debido a la omisión de la valoración de las
pruebas3 por parte del juez de conocimiento del medio de control de reparación
directa. Al respecto, mencionó que los despachos judiciales accionados
consideraron que los daños consistentes en la muerte de Rubén Antonio Mesa Peña
y Larry Troy Mora Morales no resultaban imputables a la Policía Nacional, por lo
3 Las pruebas en las que los accionantes indican la indebida valoración por parte del juez son: El
oficio Nro. 171/SUSAP del 22 de mayo de 2009 suscrito por el subcomandante de la estación de
San Pedro, la entrevista practicada el 26 de octubre de 2008 a Jorge Alirio Arroyave Mazo, las
declaraciones rendidas el 30 de octubre de 2008 y 27 de octubre de 2008 por parte de Roberto Jairo
Montoya Quintero e Israel Montoya Prado, ante la Oficina de Control Disciplinario Interno de la
Inspección Delegada Región de Policía No. 3 de la Policía Nacional, la declaración rendida el 25 de
octubre por el patrullero Diofanor Grajales Ciro y la declaración de la señora María Doralba Vásquez.
3
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que, se consideró que los operadores judiciales desconocieron las obligaciones
legales y reglamentarias que la institución demandada debía cumplir.
Por lo que, explicó que el defecto fáctico que se alega consistió en que:
Se realizó una indebida interpretación del libelo introductorio, lo cual lo llevó a
resolver de manera incompleta el litigio, puesto que únicamente descaró la
imputación a la demandada con base en la culpa personal del agente, sin que
hubiera analizado la falla en el servicio consistente en el deber de vigilancia y control
que recaía sobre la Policía Nacional respecto de sus agentes.
Ahora bien, señaló que el ad quem en sentencia de segunda instancia, no valoró
debidamente las pruebas, puesto que:
Se insiste en que estas fallas en la valoración probatoria que se alega en este
numeral 2.3. se deriva de una indebida compresión por parte del Consejo de Estado
de las obligaciones a cargo de la Policía Nacional, pues a pesar de que varias de
esas pruebas aparecen enunciadas en la sentencia de segundo grado, estas no
fueron analizadas para determinar las fallas de control en que había incurrido allí la
demandada.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 6 de septiembre de 2023, el a quo constitucional admitió la acción
de tutela y ordenó notificar a los demandantes y a los magistrados del Tribunal
Administrativo del Quindío, en calidad de accionados.
Como tercero con interés vinculó, a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, a
la Policía Nacional, y a Santiago Mesa Peña, Gustavo Mesa Restrepo, Rodrigo
Osorio Almeida, Claudia Milena Palomino Correa, Carlos Fernando Mesa Tabares
Sebastián Salazar Mesa, Rodrigo Osorio Mesa, Joshua Steven Mesa Mino, Nathaly
Escarlet Mesa Mino, Argemiro Mesa Palomino, Daniela Mesa Palomino y Jissel
Valentina Mora Camacho [demandada y demandantes en el proceso ordinario objeto de
reproche], para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en la presente acción,
dentro de la misma oportunidad concedida a la parte demandada.
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Finalmente, requirió al Tribunal Administrativo del Quindío y al Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A para que remitieran el expediente del proceso del
medio de control de reparación directa.
1.6. Contestaciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Tribunal Administrativo del Quindío
Aportó la copia digital del expediente con radicado 6300123331000201000011-01.
1.6.2. Policía Nacional
Solicitó declarar improcedente la tutela ante la inexistencia de vulneración alguna
de los derechos fundamentales de los actores.
De igual forma, manifestó dar atención a la discrecionalidad del juez natural al
momento de emitir un fallo, por lo que resalta que el Consejo de Estado dictó
sentencia conforme a la certeza producida por el material probatorio allegado al
plenario del medio de control de reparación directa, el cual determinó la culpa
exclusiva y determinante del agente, y como consecuencia de ello, la inexistencia
de un nexo de causalidad entre el daño alegado y la presunta acción u omisión del
Estado.
Por otra parte, pidió la vinculación de la totalidad de los sujetos procesales que
hicieron parte del medio de control de reparación directa.
1.6.3. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Solicitó que se declare improcedente la tutela, en tanto que no satisface los
requisitos de procedencia, específicamente, el de relevancia constitucional, puesto
que se establece que los accionantes lejos de buscar la protección de un derecho
fundamental, pretenden instrumentalizar el mecanismo de amparo como una
herramienta que daría paso a una tercera instancia del proceso ordinario en cuyo
trámite se profirió el fallo cuestionado.
5
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De igual forma, señaló la ausencia del defecto fáctico, a pesar de que la parte actora
manifestó que no se analizaron los elementos probatorios que demostraban la falta
de controles y supervisión a los servicios de vigilancia por parte de la Policía
Nacional.
A su vez, la corporación motivó que:
Es claro que la disertación fundante de la acción de tutela no se corresponde con
una argumentación propia y demostrativa del citado cargo de defecto fáctico, puesto
que, los razonamientos que enarbolan no son suficientes para sustentar el
cargo, además que tampoco corresponden a la realidad probatoria, que
demuestra que la muerte de los señores Larry Troy Mora Morales y Rubén
Antonio Mesa Peña no tuvo como causa eficiente o adecuada la actividad de
la administración.4
1.6.4. Sebastián Salazar Mesa, Rodrigo Osorio Mesa, Daniela Mesa Palomino,
Jissel Valentina Mora Camacho y Santiago Mesa Peña.
Coadyuvaron las pretensiones elevadas en la demanda de la tutela.
1.7. Fallo impugnado
La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado en providencia proferida
el 10 de octubre de 2023 negó la solicitud de amparo
Señaló superados los requisitos de procedibilidad de la tutela. De igual manera,
resaltó que la intervención del juez constitucional se justifica cuando respecto al
ejercicio de esta acción constitucional resulta manifiesta la vía de hecho y, como
consecuencia, afecta el sentido de la decisión.
Ahora bien, respecto del daño antijurídico ocasionado, señaló que era relevante
insistir que «el agresor y las víctimas se hallaban desarrollando -se insiste-
actividades ajenas a las funciones asignadas a ese servidor, meramente privadas.
No puede perderse de vista que el hecho se produjo en el vehículo tipo taxi en el
que éstos se movilizaban, por fuera de la jurisdicción que les correspondía a las
subestaciones a las cuales estaban adscritos»
4 Énfasis de la sala
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De tal manera, dejó establecido que, a pesar de que haya una inconformidad con el
resultado de la valoración efectuada por el juez natural, esta no es atacable vía
tutela, en la medida que fue proferida a la luz de las normas que regulan la materia
de fondo junto con el análisis del conjunto de pruebas aportadas al proceso
ordinario, el cual no permitió trasladar de manera automática responsabilidad a la
institución.
1.8. Impugnación
La parte actora planteó su inconformidad con el fallo de primera instancia, para lo
cual, solicitó que se revocara la decisión de primer grado y en su lugar, se
ampararan sus derechos fundamentales invocados.
Así, los accionantes expusieron que el Tribunal Administrativo del Quindío y
Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección A incurrieron en sus respectivas
sentencias en defecto fáctico, debido a que, manifiesta que la materialización del
daño fue causada por la omisión de controles de la Policía Nacional.
Advirtió que la argumentación del fallo debía mostrar que habían sido tomados en
cuenta tanto los alegatos de las partes como el conjunto de pruebas, puesto que
supone una de las debidas garantías para salvaguardar el derecho al debido
proceso y del derecho de acceso a la administración de justicia, conforme a los
postulados presentes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia.
Esta sala es competente para conocer en segunda instancia de la acción de tutela
presentada por la señora Luz Alba Peña Parra y otros contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A y otro, de conformidad con lo establecido en el
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta corporación.
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2.2. Problema jurídico
Corresponde a la sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de primera instancia proferida el por la Sección Segunda, Subsección B
del Consejo de Estado, que negó la tutela de la referencia.
Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de
la Sala sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los
requisitos adjetivos de procedibilidad y, en caso de encontrase superados, (iii) el
caso concreto.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 5,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema6.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales7.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.
5 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
7 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
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Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 8, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.3.1 Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva. Relevancia
Constitucional.
En relación con el presupuesto de la relevancia constitucional9, es menester acoger
como antecedente la sentencia de tutela del 12 de octubre de 2023, mediante la
cual se declaró la improcedencia por carecer de este requisito a raíz de que la
demanda no cumplió con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-215 de 202210.
De tal forma, gracias a los derroteros presentados por la Corte Constitucional en
fallos acogidos por la Sección Quinta del Consejo de Estado11, se tiene como
presente que la acción de tutela contra providencias judiciales reviste un carácter
excepcional, por lo que se excluyen:
i) argumentos que no se encaminen a definir el alcance, contenido y goce de las
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00;
Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-
000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia
13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-
05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00
10 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cubo.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 3 de
noviembre de 2022, rad. 11001-03-15-000-2022-05186-00
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garantías iusfundamentales12; ii) las pretensiones que son de contenido
económico13; iii) las discusiones encaminadas a reabrir el trámite procesal o para
agotar una instancia judicial14; iv) los cuestionamientos dirigidos a discutir aspectos
legales15 y v) cuando el recurso de amparo tiene origen en la propia negligencia del
accionante16.
Asimismo, en relación con la acción de tutela contra providencias judiciales, se ha
señalado la importancia del juez constitucional a la hora de entrar en el estudio de
la materia, la revisión de la carga argumentativa de la cual se pretende amparar los
derechos fundamentales citados por el tutelante. De manera que, no se propenda
por una corrección de la actuación impugnada, sino realizar un juicio de validez.
Por tal razón, la Sala advierte que en el sub examine no se cumple con el
presupuesto de la referencia, por lo cual resulta pertinente en primera medida
manifestar que, si bien el tutelante realiza mención de las pruebas para motivar el
cargo de defecto fáctico, el estudio debe basarse en argumentos de raigambre
constitucional, sin perjuicio de recaer en una tercera instancia, violando los
principios de juez natural, cosa juzgada y de autonomía e independencia judicial 17.
12 Corte Constitucional, sentencias SU-215 de 2022, SU-103 de 2022, T-267 de 2021 y SU573 de
2019.
13 Corte Constitucional, sentencias T-240 de 2022, SU-215 de 2022, SU-134 de 2022, SU-103 de
2022, T-267 de 2021, SU-128 de 2021, SU-573 de 2019, entre otras.
14 Corte Constitucional, sentencias SU-134 de 2022, T-131 de 2022, SU-128 de 2021, T-131 de 2021
y SU-573 de 2019, entra otras
15 Corte Constitucional, sentencias SU-215 de 2022, T-140 de 2022, SU-134 de 2022, T-131 de 2022,
SU-103 de 2022, T-267 de 2021, SU-128 de 2021.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.
17
La Corte Constitucional en Sentencia SU-215-2022 ha desarrollado las finalidades de la relevancia
constitucional así: «i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos
de mera legalidad; ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, iii) impedir que la acción de
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces».
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Bajo la misma línea argumentativa se debe citar la sentencia de unificación del 5 de
agosto de 2014 que acompasó los criterios establecidos por la Corte Constitucional,
se debe tener presente que:
«En aras del respeto a los principios de autonomía e independencia judicial, de la
cosa juzgada y de la seguridad jurídica, la Corte también ha enfatizado el carácter
excepcional de la tutela contra providencias judiciales. Basada en lo anterior, esta
Corporación ha indicado que cuando la tutela se dirige en contra de
providencias de las altas cortes, como órganos de cierre, su examen sobre la
procedencia de la tutela debe ser especialmente exigente pues la sustentación
de tales requisitos requiere de una argumentación cualificada»18
En la solicitud de amparo que ocupa la atención de esta colegiatura, la parte
accionante pretende que se dicte una decisión que deje sin efectos el fallo de la
acción de tutela interpuesta, para que en su lugar se reconozca que la autoridad
judicial de conocimiento del proceso de reparación directa no realizó una debida
valoración de las pruebas.
Al respecto, si bien, señalan los tutelantes que se omitió la valoración del oficio Nro.
171/SUSA del 22 de mayo de 2009; la entrevista practicada el 26 de octubre de
2008 a Jorge Alirio Arroya Mazo, y las declaraciones rendidas el 30 de octubre de
200819, argumentando que permitían comprobar la configuración de una falla en el
servicio. La Sala trae a colación lo manifestado por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado como el juez de conocimiento en fallo de segunda
instancia, donde respecto del acervo probatorio señaló que:
«De igual forma, aunque varios de los soportes probatorios que fundamentan el fallo
disciplinario fueron trasladados, la valoración probatoria que se hace en esta
jurisdicción es independiente pues lo que se cuestiona es la responsabilidad
del Estado, de manera, que, pese a que se hubiera declarado la responsabilidad
personal de un funcionario, la entidad a la cual éste se encuentre vinculado puede
no ser responsable del daño.»20
18 Énfasis de la sala
19 Declaraciones rendidas por parte de Roberto Jairo Montoya Quintero e Israel Montoya Prado.
20 Énfasis de la Sala
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De modo que, si bien la parte actora intentó exponer las razones por las cuales
considera que la providencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A incurrió en un defecto fáctico, en realidad lo que se evidencia es una
mera inconformidad con los dispuesto por la autoridad judicial accionada.
Asimismo, como se manifestó anteriormente, es deber del accionante exponer
motivadamente cuando se trata de tutelas ejercidas contra providencias judiciales
de las altas cortes, en virtud de garantizar el principio de cosa juzgada, pues se
exige por parte del juez constitucional un estudio propio de la materia.
Así pues, se considera que los tutelantes aseguran que se configuró un defecto
fáctico, por cuanto no se analizaron los elementos probatorios que demostraban la
falta de controles y supervisión a los servicios de vigilancia por parte de la Policía
Nacional, sin embargo, contrario a lo manifestado por la parte actora, ad quem no
ignoró el acervo probatorio determinante en el desenlace del proceso, explicó los
motivos por los cuales no abordaría todas las pruebas, es decir la falta de incidencia
de aquellas y la parte actora no argumentó con suficiencia porque esa
determinación era irracional o arbitraria.
Por todo lo anterior, se considera que en este caso no se acreditaron los criterios
fijados por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 215 de 2022 para
encontrar superado el requisito de relevancia constitucional, puesto que la
controversia se enfocó en intentar, con sustento en la presunta transgresión de
algunos derechos fundamentales, en reabrir el debate probatorio, el cual, a primera
vista, no resulta irrazonable o arbitrario.
En este sentido, para esta sección, resulta claro que este asunto se circunscribe a
una inconformidad de los accionantes, de modo que la situación descrita es «de
competencia exclusiva del juez ordinario» y por ello, al funcionario constitucional no
le corresponde dirimir aspectos de esta naturaleza.
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www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Luz Alba Peña Parra y otros.
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04812-01
2.4. Conclusión
De manera que, se declarará la improcedencia de la acción de tutela porque no se
encontró satisfecho el requisito general de la relevancia constitucional toda vez que
la parte actora pretende que el juez constitucional realice nuevamente el estudio
zanjado en el proceso ordinario, contrario a proponer la vulneración de los derechos
fundamentales sobre los que invocó amparo.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
3. FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la decisión del 10 de octubre de 2023 por la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado y en su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la solicitud de amparo promovida por la señora Luz Alba Peña
Parra y otros por cuanto no se encuentra superado el requisito de relevancia
constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
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Demandantes: Luz Alba Peña Parra y otros.
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04812-01
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081»
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