Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-04815-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-04815-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2023-04815-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
13 de diciembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000-2023-04815-01
Referencia: Acción de tutela
ACTORA: MARÍA VICTORIA FALLÓN MORALES
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA IMPUGNADA. LA AUTORIDAD
ACCIONADA VULNERÓ EL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO DE
LA ACTORA AL NO NOTIFICAR EN DEBIDA FORMA DEL COBRO PERSUASIVO Y
DEL MANDAMIENTO DE PAGO. NO SE CONFIGURA LA CARENCIA ACTUAL DE
OBJETO POR HECHO SUPERADO, SINO LA CESACIÓN DE LA VULNERACIÓN
POR EL CUMPLIMIENTO DE UNA ORDEN JUDICIAL. RECTIFICA POSTURA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL1 contra la sentencia
de 19 de octubre de 2023, mediante la cual la SECCIÓN CUARTA
DEL CONSEJO DE ESTADO2 amparó el derecho fundamental al
debido proceso de la parte actora.
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En adelante DEAJ
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En adelante la Sección Cuarta
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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 110010315000-2023-04815-01
ACTORA: MARÍA VICTORIA FALLÓN MORALES
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
La señora MARÍA VICTORIA FALLÓN MORALES, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su
derecho fundamental al debido proceso, el cual, a su juicio, le fue
vulnerado por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -
DIVISIÓN DE COBRO COACTIVO al no habérsele notificado en
debida forma los oficios por medio de los cuales se realizó el cobro
persuasivo y se citó para notificación personal el mandamiento de pago
dentro del proceso de cobro coactivo número 11001-0790-000-2016-
00138-00.
I.2.- Hechos
Afirmó que, mediante auto de 4 de noviembre de 2015, la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia le impuso sanción
consistente en una multa de 10 SMLMV, por haber presentado un
recurso extraordinario de casación sin sustentarlo.
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ACTORA: MARÍA VICTORIA FALLÓN MORALES
Sostuvo que en la demanda laboral promovida en el 2011, informó
como dirección para notificaciones personales la calle 48ª # 67 - 67
de Medellín; no obstante, la División de Cobro Coactivo del Consejo
Superior de la Judicatura el 20 de abril de 2016 envió el oficio núm.
DEAJJPR16-2227, contentivo del cobro persuasivo, a la calle 48 # 67
• 67 de Medellín, para lo cual la empresa de servicios postales 4-72
certificó que no fue posible la entrega por la causal “no existe
número”.
Indicó que el 15 de marzo de 2019 la misma División de Cobro
Coactivo envió a la calle 48 # 67 - 67 de Medellín aviso por medio
del cual se le citó para notificársele personalmente del mandamiento
de pago dictado dentro del proceso de cobro coactivo, citación que
fue devuelta por la causa de “no existe número”.
Manifestó que, pese a que el mandamiento de pago fue notificado
únicamente por aviso, y el 18 de mayo de 2021 la mencionada
división le envió un mensaje de datos masivo a la dirección
electrónica mariavefallon@yahoo.com, por medio del cual la invitó a
pagar la multa por una sanción impuesta, sin especificar más
detalles.
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Relató que, por lo anterior, solicitó información ante la División de
Cobro Coactivo, sin obtener mayor respuesta sobre el asunto y sin
informarle que ya se había proferido mandamiento de pago.
Refirió que, posterior al haberse enterado del embargo de sus bienes,
el 27 de junio de 2023 presentó solicitud de nulidad de la notificación
del mandamiento de pago, la cual fue negada mediante la Resolución
núm. DEAJGCC23-5165 de 28 de junio de 2023, decisión contra la
cual interpuso recurso de reposición, siendo resuelto
desfavorablemente a través de la Resolución núm. DEAJGCC23-6422
de 9 de agosto de 2023.
Finalmente, mediante escrito de 8 de septiembre de 2023 adicionó
el escrito de tutela, manifestando que le fue notificada la Resolución
DEAJGCC23-7327 de 7 de septiembre de la presente anualidad, por
medio de la cual se ordenó seguir adelante con la ejecución y
proceder al avalúo y remate del inmueble que le fue embargado.
I.3. Fundamentos de derecho
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A juicio de la actora, la autoridad accionada omitió notificar del cobro
persuasivo y del mandamiento de pago a las direcciones física y
electrónica registradas en la Unidad de Registro de Abogados del
Consejo Superior de la Judicatura, lo cual vulneró su derecho
fundamental al debido proceso, toda vez que aun cuando la Corte
Suprema de Justicia informó erradamente su dirección al Consejo
Superior de la Judicatura, dicha situación debió ser corregida y no
trasladarle la responsabilidad, máxime cuando la empresa de
mensajería 4-72 siempre devolvió la comunicación por la causal de
“no existe número”.
Afirmó que la actuación irregular de la accionada le impidió ejercer
sus derechos, toda vez que de haber conocido del trámite, no estaría
asumiendo los intereses de la sanción, ni el embargo de un bien
inmueble ni de su cuenta de ahorros.
Manifestó que se desconoció el procedimiento establecido en la ley
para este tipo de notificaciones, en la medida en que se notificó a
una dirección física que no existía, pese a las advertencias hechas
por la empresa de mensajería, sumado al hecho de que la sanción
fue impuesta en su calidad de abogada con tarjeta profesional
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vigente y registrada en el Consejo Superior de la Judicatura, por lo
que se debió consultar su dirección en la base de datos dispuesta por
la Unidad de Registro de Abogados.
Sostuvo que, además, la accionada desplegó todos sus esfuerzos
para localizar y embargar sus bienes, lo cual no hizo para notificar
en debida forma el cobro persuasivo y el mandamiento de pago.
I.3.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de su derecho fundamental al
debido proceso invocado como violado, en los siguientes términos:
“[…] En correspondencia con todo lo anterior, solicito se tutele
mi derecho al debido proceso y se ordene a la entidad tutelada
que proceda a notificarme conforme a la ley tanto el aviso de
cobro persuasivo como el mandamiento de pago, dejando sin
efecto todo lo actuado desde el Oficio que notificó el cobro
persuasivo o en su defecto desde el que notificó el mandamiento
de pago […]”.
I.4.- Defensa
I.4.1.- La DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL relató que la multa impuesta a la actora tiene como fecha
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de ejecutoria el 10 de noviembre de 2015 y fue remitida a esa
dirección mediante Oficio CSJ/SSCL 1209 de 3 de febrero de 2016,
por lo que en atención a que se constituyó título ejecutivo y que la
autoridad lo remitió para cobro, no ha revocado la multa ni la ha
declarado nula, su deber es continuar con el proceso, en observancia
de lo dispuesto en los artículos 136 de la Ley 6 de 1992 y 10 y 11 de
la Ley 1743 de 2014.
Afirmó que la actora en su calidad de abogada litigante dentro del
proceso ordinario laboral que dio origen a la multa tenia conocimiento
del resultado final de aquel trámite y, por ende, también de haber
sido multada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, además, si sabía que la dirección aportada por la Corte
Suprema de Justicia estaba errada, no dio explicación del por qué no
informó de dicho error ante esa Corporación.
Destacó que la División de Cobro Coactivo desde el año 2016, realizó
gestiones para informar a la sancionada sobre la existencia del
proceso coactivo, lo cual se evidencia del oficio persuasivo; las
citaciones para notificación personal del mandamiento de pago; el
aviso publicado en la página web de la Rama Judicial y los correos
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masivos de reporte al BDME, sin que hubiese existido manifestación
y/o pronunciamiento alguno por parte de la actora en torno al pago
de su obligación y/o intención de suscribir un acuerdo, en el marco
del artículo 814 del Estatuto Tributario.
Por lo anterior, solicitó que se desestimen las pretensiones de la
acción de tutela de la referencia, pues ha sido garante de los
derechos fundamentales y legales que le asisten a la tutelante.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 19 de octubre de 2023, la SECCIÓN CUARTA
de esta Corporación amparó el derecho fundamental al debido
proceso de la actora, por lo que ordenó dejar sin efectos lo actuado
dentro del proceso de cobro coactivo número 11001-0790-000-
2016-00138-00 iniciado por la División de Cobro Coactivo del
Consejo Superior de la Judicatura y, en consecuencia, rehacer la
actuación administrativa, de la siguiente manera:
“[…] 1. Amparar el derecho fundamental al debido proceso de la
señora María Victoria Fallón Morales por las razones expuestas en
la parte motiva. En consecuencia:
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2. Dejar sin efectos lo actuado al interior del proceso de cobro
coactivo número 11001-0790-000-2016-00138-00 adelantado por
el Consejo Superior de la Judicatura – División de Cobro Coactivo
contra la señora María Victoria Fallón Morales a partir del envío del
Oficio DEAJPRO19-0517 del 15 de marzo de 2019, por medio del
cual la citó para notificarse personalmente del mandamiento de
pago.
3. Ordenar al Consejo Superior de la Judicatura – División de Cobro
Coactivo que rehaga la actuación administrativa, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia […]”.
Para el efecto, explicó que si bien quien informó de manera imprecisa
sobre la dirección para notificaciones fue la Corte Suprema de
Justicia, lo cierto es que esa irregularidad no puede recaer en la
peticionaria, más aún si se tiene en cuenta que en la demanda que
se presentó ante el Juzgado Laboral del Circuito de Bogotá se
identificó como dirección de notificaciones judiciales la calle 48ª # 67
• 67 de Medellín.
Indicó que aun cuando la actora conocía del proceso coactivo seguido
en su contra al recibir el mensaje de datos masivo, en el mencionado
correo sólo se le informó que “tienen contraída una obligación con
una entidad pública de cualquier orden o nivel” y, en el oficio, a pesar
de que solicitó información del cobro, únicamente se manifestó que
“la obligación que aquí se persigue, tiene su origen en una multa que
le impusiera la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral,
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en providencia del 4 de noviembre de 2015 dentro del proceso con
radicado No. 05001310501200110115801, en la que figuraba como
apoderada de la parte demandante”, sin hacer mención a que ya se
había proferido un mandamiento de pago en su contra.
Adujo que los oficios DEAJPR16-2227 de 20 de abril de 2016 y
DEAJPRO19-0517 de 15 de marzo de 2019 no le fueron notificados
en debida forma a la actora, pues fueron enviados a una dirección
diferente a la registrada por ella, de tal forma que la indebida
notificación de la citación para notificarse personalmente del
mandamiento de pago le impidió a la misma presentar las
excepciones que considerara pertinentes.
En ese orden, concluyó que la entidad demandada vulneró el derecho
fundamental al debido proceso de la actora, pues no informó de la
existencia de actos administrativos proferidos dentro de un proceso
de cobro coactivo, lo que imposibilitó que se pronunciara al respecto,
por lo que el error en la notificación constituye una irregularidad
sustancial que no le permitió a la accionante presentar excepciones
contra el mandamiento de pago previstas en el CPACA y el Estatuto
Tributario.
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III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La DEAJ impugnó la decisión proferida en primera instancia, para lo
cual solicitó que se declare cumplido integralmente el deber
impuesto.
Para el efecto, señaló que dio cumplimiento a la orden proferida en
primera instancia mediante Resolución DEAJGCC23-9450 de 30 de
octubre de 2023, por medio de la cual decretó la nulidad de lo
actuado dentro del proceso de cobro coactivo núm.
11001079000020160013800 y, como consecuencia de ello, la
terminación del proceso por prescripción de la acción de cobro.
Adicionalmente, afirmó que en el presente asunto no se evidencia la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, además que, para este tipo
de trámites, la ley ha dispuesto otras vías como la jurisdicción
ordinaria, sin que la actora haya acudido a estos organismos, por lo
cual en el presente asunto se están desconociendo los presupuestos
de la subsidiariedad y la inmediatez.
Por lo anterior, destacó que no es posible endilgársele la vulneración
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de los derechos fundamentales de la accionante.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las Secciones.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
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particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19913. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso Concreto
En el presente caso, la parte actora instauró acción de tutela con el
fin de obtener el amparo de su derecho fundamental al debido
proceso, el cual estimó vulnerado por el CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA - DIVISIÓN DE COBRO COACTIVO al no
habérsele notificado en debida forma los oficios por medio de los cuales
se realizó el proceso persuasivo y se citó para notificación personal el
mandamiento de pago dentro del proceso de cobro coactivo número
11001-0790-000-2016-00138-00.
La acción de tutela de la referencia fue resuelta en primera instancia
por la SECCIÓN CUARTA que, en sentencia de 19 de octubre de
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"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
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2023, amparó el derecho fundamental al debido proceso de la actora
y ordenó dejar sin efectos lo actuado al interior del proceso de cobro
coactivo y, en consecuencia, rehacer la actuación administrativa en
debida forma.
La DEAJ presentó impugnación contra la sentencia de primera
instancia, para lo cual señaló que dio cumplimiento a la orden
proferida por el a quo, mediante Resolución DEAJGCC23-9450 de 30
de octubre de 2023, por medio de la cual decretó la nulidad de lo
actuado dentro del proceso de cobro coactivo núm.
11001079000020160013800 y, como consecuencia de ello, la
terminación del proceso por prescripción de la acción de cobro.
Adicionalmente, afirmó que en el presente asunto no se evidencia la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, además que no se cumplen
los presupuestos generales de la subsidiariedad e inmediatez, por lo
que no era posible endilgársele la vulneración de los derechos
fundamentales de la accionante.
En ese orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si la
accionada vulneró el derecho fundamental invocado por la parte
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actora o si se configura la carencia actual de objeto por hecho
superado.
Antes de abordar el estudio del caso concreto, resulta pertinente
precisar que, contrario a lo afirmado por la DEAJ en el escrito de
impugnación, la acción de tutela de la referencia sí cumple con los
requisitos generales de subsidiariedad e inmediatez.
En primer lugar, la Sala advierte que la controversia planteada por
la actora gira en torno a la indebida notificación del mandamiento de
pago, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101
del CPACA, los actos susceptibles de ser demandados ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo dentro de procesos de
cobro coactivo son los que deciden las excepciones a favor del
deudor, los que ordenan llevar adelante la ejecución y los que
liquiden el crédito, de tal forma que la accionante no cuenta con otro
mecanismo de defensa para la protección de sus derechos
fundamentales invocados.
En segundo lugar, es del caso destacar que la solicitud de nulidad
presentada por la actora por la indebida notificación de los actos
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administrativos dentro del proceso de cobro coactivo fue resuelta
mediante las resoluciones DEAJGCC23-5165 de 28 de junio y
DEAJGCC23-6422 de 9 de agosto de 2023, mientras que la acción de
tutela fue promovida el 6 de septiembre de 2023, por lo que se
encuentra superado el requisito general de la inmediatez en el
asunto.
Ahora, al entrar a estudiar el caso en concreto, se tienen probadas
las siguientes actuaciones surtidas dentro del cobro persuasivo y el
proceso de cobro coactivo:
• Mediante auto de 4 de noviembre de 2015, la Sala Laboral de
la Corte Suprema de Justicia le impuso a la actora sanción por
no haber sustentado el recurso extraordinario de casación
como apoderada dentro de un proceso ordinario laboral4.
• En Oficio CSJ/SSCL 1209 de 3 de febrero de 2016, la Corte
Suprema de Justicia comunicó a la DEAJ – División de Fondos
Especiales y Cobro Coactivo la multa impuesta, para lo cual
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Identificado con el número único de radicación 0500131050220110115800.
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informó como dirección de notificaciones la calle 48 # 67 - 67
de Medellín.
• La División de Cobro Coactivo envió el Oficio DEAJPR16-2227
de 20 de abril de 2016, contentivo del cobro persuasivo, a la
actora a la dirección antes indicada, siendo esta devuelta por
la empresa de servicios postales 4-72 por la causal de “no
existe número”.
• La División de Cobro Coactivo a través de Oficio DEAJPRO19-
0517 de 15 de marzo de 2019 envió a la misma dirección
citación para que la actora se notificara personalmente de la
Resolución núm. 001 de 25 de enero de 2019, por medio de la
cual se libró mandamiento de pago, siendo esta devuelta por
la misma causal de inexistencia del número por parte de la
empresa de servicios postales 4-72.
• A través de la Resolución núm. DEAJGCC20-5628 de 6 de
agosto de 2020, la División de Cobro Coactivo decretó el
embargo del inmueble de propiedad de la actora identificado
con la matrícula inmobiliaria núm. 001-645978.
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• Mediante mensaje de datos masivo del 18 de mayo de 2021 la
División de Cobro Coactivo informó al correo electrónico de la
actora lo siguiente:
“[…] De manera atenta se le informa, que el Boletín de Deudores
Morosos del Estado – BDME, contiene la relación de las personas
naturales y jurídicas que a cualquier título, a una fecha de corte,
tienen contraída una obligación con una entidad pública de cualquier
orden o nivel, cuya cuantía supera los cinco salarios mínimos legales
mensuales vigentes (SMLMV), que para el año 2021 corresponden
$4.542.630 y más de seis (6) meses de mora, o que habiendo
suscrito un acuerdo de pago, lo haya incumplido.
En virtud del parágrafo 3º del artículo 2º de la Ley 901 de 2004, y
del numeral 5º del art. 2º de la Ley 1066 de 2006, todas las
entidades públicas tienen la obligación de enviar a la Contaduría
General de la Nación - CGN, el Boletín de Deudores Morosos del
Estado - BDME, el cual debe transmitirse en los 10 primeros días del
mes de junio con fecha de corte a 31 de mayo de 2021.
En atención a lo anterior, usted presenta a la fecha, una deuda con
el Consejo Superior de la Judicatura con las características
anteriormente expuestas, por lo tanto, comedidamente se le solicita
antes del 31 de mayo de 2021, ponerse al día con su deuda, realizar
acuerdo de pago y/o aportar los recibos de pago si ya pagó la
totalidad de la deuda y así evitar que sea reportado a la Contaduría
General de la Nación – CGN en los próximos días. Cualquier duda,
aclaración y envío de soportes de pago, será atendida en el correo
electrónico noticoactivo@deaj.ramajudicial.gov.co […]”
• Como consecuencia de lo anterior, la señora FALLÓN
MORALES presentó petición con el fin de que se le rindiera
información respecto del proceso de cobro coactivo que se
seguía en su contra, para lo cual la División de Cobro Coactivo
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mediante Oficio núm. DEAJGCC21-4855 de 9 de junio de 2021,
dio la siguiente respuesta:
“[…] En atención a su solicitud de información del proceso de Cobro
Coactivo que se trámite en su contra en la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, me permito manifestarle que la obligación
que aquí se persigue, tiene su origen en una Multa que le impusiera
La corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, en
providencia del 4 de noviembre de 2015 dentro del proceso con
radicado No. 05001310501220110115801, en la que figuraba como
apoderada de la parte demandante.
El Auto en la que se le impone la multa contiene una obligación clara
expresa y actualmente exigible a favor del Consejo Superior de la
Judicatura - Rama Judicial.
Si es su deseo cancelar la obligación, la cual asciende liquidada al
día de 11 de junio de 2021 a la suma de $16.828.004,52, deberá
tener en cuenta la siguiente información […]”.
• Mediante Resolución núm. DEAJGCC23-3777 de 11 de mayo de
2023, la División de Cobro Coactivo decretó el embargo de
dineros dispuestos en una cuenta bancaria de la cual es titular
la actora.
• El 27 de junio de 2023 la señora FALLÓN MORALES presentó
solicitud de nulidad del proceso de cobro coactivo por indebida
notificación del mandamiento de pago, para lo cual arguyó que
la citación fue enviada a una diferente a la dispuesta en el
Registro Nacional de Abogados.
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• En Resolución núm. DEAJGCC23-5165 de 28 de junio de 2023
la División de Cobro Coactivo negó la solicitud de nulidad,
decisión confirmada a través de la Resolución núm.
DEAJGCC23-6422 de 9 de agosto de 2023.
Pues bien, de conformidad con el Acuerdo núm. PSAA07-3927 de 15
de febrero de 20075 expedido por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, se adoptó el Reglamento Interno de
Recaudo de Cartera a favor de la Nación – Consejo Superior de la
Judicatura y en su artículo 8º dispuso que la DEAJ adoptaría el
Manual de Cobro Coactivo.
Así las cosas, la DEAJ a través de la Resolución núm. 1809 de 29 de
marzo de 2017 adoptó el mencionado manual y estableció el
procedimiento para los procesos de cobro coactivo adelantados por
la Rama Judicial, para lo cual previó la etapa de cobro persuasivo que
tiene como objeto invitar al obligado a pagar la deuda a su cargo,
antes de iniciar con el cobro coactivo, de la siguiente manera:
“[…] ETAPA DE COBRO PERSUASIVO (DURACIÓN MÁXIMA TRES
MESES) Es la etapa administrativa, en la cual se invita a los
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Por el cual se adopta el Reglamento Interno para el Recaudo de Cratera a favor de la Nación – Consejo
Superior de la Judicatura”.
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obligados a cancelar las deudas a su cargo y a favor del Tesoro
Nacional, previo el inicio del cobro coactivo, su duración máxima
será de tres meses, contados a partir de la fecha del oficio de cobro
persuasivo, dirigido al sancionado.
1. Recibida la providencia con todos los requisitos para su
exigibilidad, el abogado ejecutor remite oficio al sancionado a la
dirección o direcciones conocidas. En el oficio se informa al
sancionado el valor de la multa y los datos necesarios para realizar
el pago a través de la constitución de un depósito judicial y se le
invita a la oficina de cobro coactivo, para convenir mecanismos de
pago.
2. En caso que dicha información no haya sido aportada procederá
a solicitarla a la DIAN y a consultar el directorio telefónico. Si se
trata de personas jurídicas, además, se consultará a la Cámara de
Comercio respectiva.
[…]
4. Si no responde a la comunicación o no celebra acuerdo de pago,
se proferirá acto administrativo que disponga iniciar la etapa de
cobro coactivo y allegar las diligencias adelantadas al expediente
respectivo […]”.
De lo probado en el proceso es dable inferir que la División de Cobro
Coactivo mediante Oficio DEAJPR16-2227 de 20 de abril de 2016
informó a la señora FALLÓN MORALES del cobro persuasivo iniciado
en su contra como consecuencia de la multa impuesta por la Corte
Suprema de Justicia, lo cual fue remitido a la dirección calle 48 # 67
• 67 de Medellín, esto es, diferente a la dirección para notificaciones
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ACTORA: MARÍA VICTORIA FALLÓN MORALES
judiciales que reposaba en el expediente contentivo del proceso
ordinario laboral6.
Sumado a lo anterior, pese a que dicho oficio fue devuelto por la
empresa de servicios postales 4-72 por la causal de “no existe
número”, la mencionada división envió citación para notificarse
personalmente del mandamiento de pago a la actora a la misma
dirección, siendo nuevamente devuelto y por la misma causal.
De lo anterior se extrae que la actora no fue debidamente notificada
del cobro persuasivo ni de la citación para notificarse personalmente
del mandamiento de pago, de tal forma que aun cuando la Corte
Suprema de Justicia dio información imprecisa sobre la dirección de
la actora, dicha irregularidad no podía ser trasladada a la obligada,
toda vez que esta dio a conocer en debida forma de su dirección en
el proceso ordinario laboral origen de la multa impuesta, además, en
la Unidad de Registro de Abogados reposaban los datos en los cuales
podía ser ubicada la actora, sin haber hecho uso de ellos sino hasta
el 18 de mayo de 2021 cuando se envió el correo masivo.
6
En el proceso ordinario laboral identificado con el número único de radicación
05001310501220110115800 la actora informó como dirección para notificaciones judiciales la calle
48A#67-67 de Medellín.
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ACTORA: MARÍA VICTORIA FALLÓN MORALES
En ese mismo orden de ideas, si bien la señora FALLÓN MORALES
recibió el correo masivo de datos enviado por la División de Cobro
Coactivo el 18 de mayo de 2021, en este no se especificó de ninguna
forma que ya había culminado el trámite del cobro persuasivo y que,
además, ya se había proferido mandamiento de pago en su contra,
información que tampoco fue revelada por la demandada en Oficio
núm. DEAJGCC21-4855 de 9 de junio de 2021 al contestar la petición
de la actora.
De lo anterior es forzoso concluir que la indebida notificación del
cobro persuasivo y del mandamiento de pago impidieron a la actora
presentar un acuerdo de pago o las excepciones que considerara
pertinentes, de tal forma que dicho yerro vulneró el derecho al debido
proceso de la señora FALLÓN MORALES.
En conclusión, para la Sala asistió razón al a quo al declarar la
vulneración del derecho fundamental al debido proceso de la actora,
por lo que es procedente confirmar la sentencia impugnada.
De la carencia actual de objeto por hecho superado
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ACTORA: MARÍA VICTORIA FALLÓN MORALES
Corresponde a la Sala determinar si es del caso declarar la carencia
actual de objeto por hecho superado, por cuanto mediante
Resolución núm. DEAJGCC23-9450 de 30 de octubre de 2023 la DEAJ
“decretó la nulidad de lo actuado y consecuentemente, la terminación
del proceso por prescripción de la acción de cobro”.
Al respecto, la Sala advierte que:
A índice 20 del expediente digital dispuesto en la plataforma de
consulta SAMAI, obra la Resolución núm. DEAJGCC23-9450 de 30 de
octubre de 2023 expedida por la DEAJ “Por medio de la cual se
decreta la nulidad de lo actuado y consecuentemente, la terminación
del proceso por prescripción de la acción de cobro”, en
cumplimiento del fallo de primera instancia, de la siguiente
manera:
“[…] RESOLUCIÓN No. DEAJGCC23-9450
“Por medio de la cual se decreta la nulidad de lo actuado
y consecuentemente, la terminación del proceso por
prescripción de la acción de cobro”
[…]
Que, la señora MARÍA VICTORIA FALLÓN MORALES identificada
con cédula de ciudadanía núm. 42.977.901, interpuso acción
de tutela, ya que en su parecer no se surtieron todas las
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ACTORA: MARÍA VICTORIA FALLÓN MORALES
actuaciones de notificación establecidas en el Estatuto
Tributario, específicamente en lo atinente a la notificación del
mandamiento de pago, puesto que la dirección que reposa en
el expediente tiene una incongruencia y no se encuentra
evidencia que se hubiera efectuado la notificación personal del
mandamiento de pago. En consecuencia, formulo las siguientes
pretensiones ante el Juez Civil del Circuito de Bogotá:
“(…) En correspondencia con todo lo anterior, solicito se tutele
mi derecho al Debido proceso y se ordene a la entidad tutelada
que proceda a notificarme conforme a la ley tanto el aviso de
cobro persuasivo como el mandamiento de pago, dejando sin
efecto todo lo actuado desde el Oficio que notificó el cobro
persuasivo o en su defecto desde el que notificó el
mandamiento de pago (…)”
Que, mediante fallo del 19 de octubre de 2023, el CONSEJO DE
ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA, resolvió:
“(…) 1. Amparar el derecho fundamental al debido proceso de
la señora María Victoria Fallón Morales por las razones
expuestas en la parte motiva. En consecuencia:
2. Dejar sin efectos lo actuado al interior del proceso de cobro
coactivo número 11001-0790-000-2016-00138-00 adelantado
por el Consejo Superior de la Judicatura – División de Cobro
Coactivo contra la señora María Victoria Fallón Morales a partir
del envío del Oficio DEAJPRO19-0517 del 15 de marzo de 2019,
por medio del cual la citó para notificarse personalmente del
mandamiento de pago.
3. Ordenar al Consejo Superior de la Judicatura – División de
Cobro Coactivo que rehaga la actuación administrativa,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
4. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
5. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
6. Publicar la presente providencia en la página web del
Consejo de Estado (…)”.
Que, de acuerdo a lo anterior, se procede a dar estricto
cumplimiento al fallo de tutela precisando lo siguiente, la
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ACTORA: MARÍA VICTORIA FALLÓN MORALES
División de Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, tiene competencia para adelantar
procesos de cobro en los que se busca recaudar las multas
impuestas a favor de la Rama Judicial […]
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. - DECRETAR la nulidad de todo lo
actuado desde la notificación por aviso del mandamiento de
pago de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
ARTÍCULO SEGUNDO. - DECRETAR la terminación del
proceso de cobro coactivo No. 11001079000020160013800,
por haber operado el fenómeno jurídico de la prescripción de
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del
presente acto.
ARTÍCULO TERCERO. – COMUNICAR de lo anterior, a la
Corporación Judicial que impuso la multa […]”.
De lo trascrito anteriormente se infiere que ello se llevó a cabo en
virtud de la orden de amparo decretada en la sentencia de primera
instancia, por lo que el asunto no se encuadra dentro de la definición
de hecho superado contenida en el artículo 26 del Decreto 2591 de
1991, cuyo tenor indica:
“[…] Artículo 26. Si, estando en curso la tutela, se dictare
resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o
suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la
solicitud únicamente para efectos de indemnización y de
costas, si fueren procedentes […]”.
Empero, para resolver lo concerniente a la solicitud de declarar la
carencia actual de objeto de la presente tutela, por hecho superado,
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ACTORA: MARÍA VICTORIA FALLÓN MORALES
es menester precisar lo que la Jurisprudencia Constitucional ha
sostenido sobre este concepto.
Frente a la carencia actual de objeto por hecho superado, la Corte
Constitucional, en la sentencia T-581 de 2010, expresó:
“[…] El fenómeno de la carencia actual de objeto por un
hecho superado. Reiteración de jurisprudencia.
El artículo 86 de la Constitución Política de 1991 consagró la
acción de tutela con la finalidad de garantizar la efectiva
protección de los derechos fundamentales de las personas
cuando quiera que éstos se vean vulnerados o amenazados por
la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un
particular (en los casos establecidos en la ley), protección que
se ve materializada con la emisión de una orden por parte del
juez de tutela dirigida a impedir que tal situación se prolongue
en el tiempo[33].
Teniendo en cuenta esa finalidad de la acción de tutela esta
Corporación ha señalado que la misma se extingue cuando ‘la
vulneración o amenaza cesa, porque ha ocurrido el evento que
configura tanto la reparación del derecho, como la solicitud al
juez de amparo. Es decir, aquella acción por parte del
demandado, que se pretendía lograr mediante la orden
del juez de tutela, ha acaecido antes de la mencionada
orden’[34]. Cuando la vulneración o la amenaza de los
derechos cuya protección se reclama cesan, se presenta lo que
la jurisprudencia constitucional ha denominado ‘hecho
superado’”. Al respecto, la Corte indicó en Sentencia T- 957 de
2009:
“El ‘hecho superado’, ha dicho esta Corporación, se
presenta cuando por la acción u omisión del obligado,
desaparece la afectación del derecho cuya protección
se reclama, de tal manera que ‘carece’ de objeto el
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ACTORA: MARÍA VICTORIA FALLÓN MORALES
pronunciamiento del Juez Constitucional. La
Jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión
‘hecho superado’, en el sentido obvio de las palabras,
es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo
pedido en tutela.”
Esta situación se puede presentar en dos ocasiones: ‘(i) antes
de iniciado el proceso ante los jueces de instancia o en
el trascurso del mismo o (ii) estando en curso el trámite
de revisión ante esta Corporación[35].En este último
evento, la Jurisprudencia Constitucional ha señalado que la
acción de tutela se torna improcedente[36] por no existir un
objeto jurídico sobre el cual proveer, sin que por ello, pueda
proferir un fallo inhibitorio (por expresa prohibición del artículo
29 del Decreto 2591 de 1991)’[37].
En efecto, esta Corporación ha sostenido que cuando se
presenta este fenómeno el Juez de tutela debe proferir un fallo
de fondo, analizando si realmente existió una amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales invocados y
determinando el alcance de los mismos[38]. En este sentido, por
ejemplo, en la Sentencia T-722 de 2003 la Corte Constitucional
precisó lo siguiente:
‘i.) Así, pues, cuando el fundamento fáctico del amparo
se supera antes de iniciado el proceso ante los Jueces
de tutela de instancia o en el transcurso de este y así
lo declaran en las respectivas providencias, la Sala
de Revisión no puede exigir de ellos proceder distinto
y, en consecuencia, habrá de confirmar el fallo revisado
quedando a salvo la posibilidad de que en ejercicio de
su competencia y con el propósito de cumplir con los
fines primordiales de la Jurisprudencia de esta Corte,
realice un examen y una declaración adicional
relacionada con la materia, tal como se hará en el caso
sub-examine.
ii.) Por su parte, cuando la sustracción de materia tiene
lugar justo cuando la Sala de Revisión se dispone a
tomar una decisión; si se advirtiere que en el trámite
ante los jueces de instancia ha debido concederse el
amparo de los derechos fundamentales invocados y así
no se hubiere dispuesto, la decisión de la Sala
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ACTORA: MARÍA VICTORIA FALLÓN MORALES
respectiva de esta Corporación, de conformidad con la
Jurisprudencia reciente, consistirá en revocar los fallos
objeto de examen y conceder la tutela, sin importar que
no se proceda a impartir orden alguna […]”.
Sobre el mismo asunto, en la sentencia T - 612 de 2012, la Corte
precisó:
“[…] En cuanto al hecho superado, la Corte ha indicado que
se presenta cuando antes de que se profiera el fallo, el
demandado satisface lo solicitado. En efecto, ‘si lo
pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o
dejar de hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de
tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un
hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza
de vulneración de los derechos constitucionales fundamentales
o, lo que es lo mismo, porque se satisface lo pedido en la
tutela, siempre y cuando, se repite, suceda antes de
proferirse el fallo, con lo cual la posible orden que impartiera
el Juez caería en el vacío[7].
En ese sentido, la sentencia T-027 de 1999, estableció que ‘(…)
la protección ofrecida por la acción de tutela pierde sentido, por
innecesaria, cuando durante el curso del proceso desaparece la
amenaza o cesa la vulneración. El Juez queda inhabilitado, por
tanto, para emitir orden alguna tendiente a restablecer el orden
jurídico quebrantado, porque éste ha recobrado su normalidad
sin la intervención de la autoridad del Estado […]” (Negrilla
y subrayas por fuera del texto original).
Mas adelante, en reciente pronunciamiento, el Alto Tribunal
Constitucional dispuso en sentencia T-070 de 2022, lo siguiente:
[7] SU - 540 de 2007
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ACTORA: MARÍA VICTORIA FALLÓN MORALES
“[…] La carencia actual de objeto en los trámites de tutela. La
carencia actual de objeto es un fenómeno jurídico que se presenta
cuando la causa que motivaba la solicitud de amparo se extingue
o “ha cesado”8 y, por lo tanto, el pronunciamiento del juez de tutela
frente a las pretensiones de la acción de tutela se torna innecesario,
dado que “no tendría efecto alguno” o “caería en el vacío”9. Este
fenómeno puede configurarse en tres hipótesis: (i) daño
consumado, el cual tiene lugar cuando “se ha perfeccionado la
afectación que con la tutela se pretendía evitar, de forma
que (…) no es factible que el juez de tutela dé una orden para
retrotraer la situación”10; (ii) hecho sobreviniente, el cual se
presenta cuando acaece una situación que acarrea la “inocuidad de
las pretensiones”11 y que no “tiene origen en una actuación de la
parte accionada dentro del trámite de tutela”12; y (iii) hecho
superado, que ocurre cuando la “pretensión contenida en la
acción de tutela” se satisfizo por completo por un acto
voluntario del responsable13. La Corte Constitucional ha
aclarado que el hecho superado se configura cuando la
satisfacción del derecho parte de “una decisión voluntaria y
jurídicamente consciente del demandado”14, por razones
ajenas a la intervención del juez constitucional15. El
cumplimiento de los fallos de tutela de los jueces de
instancia no configura la carencia actual de objeto en sede
de revisión […]” (Destacado fuera de texto).
8
Corte Constitucional, sentencias T-033 de 1994, T-285 de 2019 y T-060 de 2019.
9
Corte Constitucional, sentencia T-533 de 2009.
10
Corte Constitucional, sentencia SU- 522 de 2019.
11
Corte Constitucional, sentencia T-308 de 2011.
12
Corte Constitucional, sentencias T-149 de 2018 y SU-440 de 2021. Ver también, Corte Constitucional,
sentencia SU-522 de 2019. “El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como
por las distintas Salas de Revisión. Es una categoría que ha demostrado ser de gran utilidad para el
concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud cobija casos que no se enmarcan en los
conceptos tradicionales de daño consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente remite a
cualquier “otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo
solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío”. No se trata
entonces de una categoría homogénea y completamente delimitada. A manera de ilustración, la
jurisprudencia ha declarado un hecho sobreviniente cuando: (i) el actor mismo es quien asume la carga
que no le correspondía para superar la situación vulneradora; (ii) un tercero –distinto al accionante y a
la entidad demandada- ha logrado que la pretensión de la tutela se satisfaga en lo fundamental; (iii)
es imposible proferir alguna orden por razones que no son atribuibles a la entidad demandada; o (iv)
el actor simplemente pierde interés en el objeto original de la Litis”.
13
Corte Constitucional, sentencias T-321 de 2016 y T-154 de 2017.
14
Corte Constitucional, sentencia T-344 de 2019. En el mismo sentido se encuentra la sentencia T-104
de 2020.
15
Corte Constitucional, sentencia T-321 de 2016. En el mismo sentido se encuentran las sentencias T-
154 de 2017, T-715 de 2017 y T-104 de 2020.
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ACTORA: MARÍA VICTORIA FALLÓN MORALES
De lo analizado por la Corte se pueden extraer los siguientes
elementos para declarar la carencia actual de objeto, por hecho
superado:
1. Que se reclame ante el Juez de tutela la protección de un
derecho fundamental, cuando es amenazado o vulnerando por
la acción o la omisión de la autoridad o de un particular.
2. Que antes de que se profiera la decisión del juez, esto es, como
medida cautelar, en la primera instancia, en la segunda
instancia o en sede de revisión, desaparezca la vulneración o
amenaza de vulneración de los derechos fundamentales,
porque se satisface lo pedido en la tutela.
La consecuencia inmediata de estos dos eventos es que la orden que
eventualmente decretaría el juez, carecería de objeto y, por ende,
se torna inoficiosa.
Ahora bien, en estos eventos ha explicado la Corte que se debe
diferenciar la labor de los jueces de instancia y la de esa Corporación
en sede de revisión, por cuanto “(…) no es perentorio para los Jueces de
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ACTORA: MARÍA VICTORIA FALLÓN MORALES
instancia “[…] incluir en la argumentación de su fallo el análisis sobre la
vulneración de los derechos fundamentales planteada en la demanda. Sin
embargo, pueden hacerlo, sobre todo si consideran que la decisión debe
incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, incluso para
llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la
situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la
inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, tal
como lo prescribe el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991. Lo que es
potestativo para los Jueces de instancia, se convierte en obligatorio para la
Corte Constitucional en sede de revisión pues como autoridad suprema de
la Jurisdicción Constitucional tiene el deber de determinar el alcance de los
derechos fundamentales cuya protección se solicita. Ahora bien, lo que sí
resulta ineludible en estos casos, tanto para los Jueces de instancia como
para esta Corporación, es que la providencia judicial incluya la
demostración de que en realidad se ha satisfecho por completo lo que se
pretendía mediante la acción de tutela, esto es, que se demuestre el hecho
superado, lo que autoriza a declarar en la parte resolutiva de la sentencia
la carencia actual de objeto y a prescindir de orden alguna, con
independencia de aquellas que se dirijan a prevenir al demandado sobre la
inconstitucionalidad de su conducta y a advertirle de las sanciones a las
que se hará acreedor en caso de que la misma se repita, al tenor del artículo
24 del Decreto 2591 de 1991 […]”.
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ACTORA: MARÍA VICTORIA FALLÓN MORALES
En el mismo sentido, esta Sala, en relación con eventos en los cuales
se ha dado cumplimiento a lo perseguido por la parte actora, ha
indicado lo siguiente:
“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección
efectiva y oportuna de los derechos fundamentales amenazados
o vulnerados. Ello permite entender que si durante su trámite
cesan o desaparecen los motivos que generan la amenaza o la
vulneración, o su consumación impide el ejercicio del derecho,
el objeto o la pretensión perseguida deja de ser exigible o pierde
su efecto necesario, al punto de no existir el motivo u objeto que
justifica la intervención preferente del juez constitucional. Se
sigue de lo dicho, que la carencia actual de objeto se presenta a
través de dos eventos, a saber: el hecho superado y el daño
consumado. El primero acaece cuando se supera la afectación
de tal manera que el pronunciamiento del juez pierde su
finalidad constitucional por cuanto la decisión que pudiere
adoptar sería inocua y contraria al objetivo de protección
inmediata y efectiva constitucionalmente previsto, o en el evento
en que ya no hay lugar a ordenar lo pretendido por cuanto con
ello no se va a lograr el amparo solicitado. La jurisprudencia
constitucional lo explica así: La carencia actual de objeto por
hecho superado se da cuando entre el momento de la
interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se
satisface por completo la pretensión contenida en la demanda
de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial en tal
sentido se torna innecesaria, En otras palabras, aquello que
se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela
ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna
[…]”16 (Destacado fuera de texto).
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente:
Roberto Augusto Serrato Valdés. Bogotá, D.C., 14 abril de 2016. Radicación número: 54001-23-33-
000-2016-00061-01(AC). Actor: Yorman Mauricio Tobos Peñaranda. Demandado: Ministerio de Defensa
Nacional - Ejército Nacional - Dirección de Sanidad.
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ACTORA: MARÍA VICTORIA FALLÓN MORALES
En el presente caso, es claro que no nos encontramos frente a lo que
la Jurisprudencia Constitucional ha denominado hecho superado,
pues aun cuando ya cesó la vulneración, no se puede señalar que la
orden de amparo carezca de objeto, todo lo contrario, como
estuvo ajustada a derecho, lo que corresponde es confirmarla e
incluso, prevenir a la autoridad para que en adelante se abstenga de
dicha conducta, es decir, de la necesidad de que medie una orden de
un Juez para garantizar el derecho fundamental al debido proceso.
En otras palabras, no es que resulte innecesario decretar orden
de amparo -que es el efecto práctico del hecho superado- sino que
debe confirmarse en todas sus partes la que ya se decretó, por
cuanto, además, sirvió para la protección cabal del derecho
reclamado.
Distinto sería si, por ejemplo, el a quo no hubiese concedido el
amparo y aun así la entidad hubiese declarado la nulidad del proceso
de cobro coactivo iniciado contra la actora por indebida notificación
de las actuaciones, ya que en esta instancia sí habría lugar a declarar
el hecho superado, por cuanto, efectivamente, se constató que se
violó el derecho, pero es inane decretar orden alguna, en atención a
que la situación de vulneración ya fue superada.
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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 110010315000-2023-04815-01
ACTORA: MARÍA VICTORIA FALLÓN MORALES
Se insiste entonces en que el evento del hecho superado está
previsto para aquellos casos en los que el Juez Constitucional, en
cualquiera de las instancias, advierte que el hecho vulnerador
desapareció y, por tanto resulta innecesario impartir orden alguna
encaminada a superar una situación que ya fue finiquitada, pero si la
intervención del juez sirvió para la cesación de la vulneración y
estuvo ajustada a derecho, corresponde confirmarla.
Es de aclarar que, en anteriores oportunidades, esta Sala ha tenido
como hecho superado el cumplimiento de las órdenes de amparo
decretadas en primera instancia17, lo cual en esta oportunidad se
hace necesario rectificar y modificar la tesis que venía sosteniendo
esta Sala de Decisión, cambio que obedece y atiende el criterio
jurisprudencial anteriormente reseñado.
Lo anterior, impone para la Sala confirmar la sentencia impugnada,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
17
Sentencia de 28 de enero de 2016, Radicado núm. 2015-00504-01. Consejera ponente: María
Elizabeth García González.
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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 110010315000-2023-04815-01
ACTORA: MARÍA VICTORIA FALLÓN MORALES
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 13 de diciembre de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente
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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 110010315000-2023-04815-01
ACTORA: MARÍA VICTORIA FALLÓN MORALES
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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