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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04829-00

Acción de tutela por mora judicial

Fecha
2 de octubre de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04829-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, en lo atinente a la mora judicial alegada, de acuerdo con lo aquí señalado. SEGUNDO. Declarar improcedente la tutela interpuesta por la señora Zulia María Mena García, respecto de la solicitud de suspensión de los efectos de los fallos 19 Sentencia C-543 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 18 Radicación: 11001-03-15-000-2023-04829-00 Demandante: Zulia María Mena García Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia sancionatorios dictados por la Procuraduría General de la Nación, dentro del proceso disciplinario radicado No. IUS 2016-238296 D-2017-874708 TERCERO. Remitir copia de esta actuación a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Chocó, para que adelante la investigación disciplinaria a que haya lugar, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de esta providencia. CUARTO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-04829-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

2 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., dos (2) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04829-00
Demandante: ZULIA MARÍA MENA GARCÍA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA POR MORA JUDICIAL / CARENCIA ACTUAL DE OBJETO - Dentro
del trámite de la tutela y sin que mediara orden judicial se satisfizo la pretensión
constitucional del accionante respecto al impulso del proceso ordinario, de suerte que se
configura un hecho superado / TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS
SANCIONATORIOS - Por regla general, la acción de tutela es improcedente para solicitar
la suspensión de actos administrativos sancionatorios, ante la existencia de las medidas
cautelares dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Zulia María Mena García
contra el Tribunal Administrativo del Chocó y la Procuraduría General de la Nación.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 5 de septiembre de la presente anualidad1, la señora Zulia María Mena García,
por intermedio apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Chocó y la Procuraduría General de la Nación, porque consideró
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a «acceder al desempeño de funciones y cargos
públicos», con ocasión del trámite de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 27001-23-33-000-2023-00015-00 y de los fallos dictados en
el proceso disciplinario con radicado IUS-2016-238296 D-2017-874708. Formuló las
siguientes pretensiones (se transcriben textualmente):

1. TUTELAR los derechos fundamentales a: 1. Debido proceso; 2. Acceso a la
administración de justicia y, 3. Acceder al desempeño de funciones y cargos

1 Se advierte que, el 19 de septiembre de 2023, el proceso ingresó al despacho de la magistrada

ponente, para elaborar el correspondiente proyecto de sentencia.

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04829-00
Demandante: Zulia María Mena García
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

públicos, de la accionante ZULIA MARÍA MENA GARCÍA, identificada con
cédula de ciudadanía No. 54.252.597 expedida en Quibdó (Ch); vulnerados por
la Procuraduría General de la Nación, mediante los fallos disciplinarios
proferidos dentro del proceso radicado No. IUS 2016-238296 y D-2017-874708,
y por el Tribunal Administrativo del Chocó, por la mora judicial en admitir la
demanda de medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO, y en resolver la medida cautelar solicitada en el proceso radicado
27001233300020230001500, que cursa en ese Despacho.

2. ORDENAR la suspensión provisional de los efectos de los fallos
sancionatorios de primera y segunda instancias, de la Procuraduría
General de la Nación, dentro del proceso disciplinario radicado No. IUS
2016-238296 y D-2017-874708, proferidos en contra de la señora ZULIA
MARIA MENA GARCÍA, identificada con cédula de ciudadanía No.
54.252.597 expedida en Quibdó (Ch) hasta tanto el Tribunal
Administrativo del Chocó o la instancia que corresponda, no se
pronuncié en forma definitiva y fondo, en torno a la controversia
planteada mediante la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, que cursa bajo el radicado 27001233300020230001500.

3. ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación, la suspensión de
la anotación efectuada en el sistema SIRI, de antecedentes disciplinarios
de la ciudadana ZULIA MARÍA MENA GARCÍA, identificada con cédula
de ciudadanía No. 54.252.597 expedida en Quibdó (Ch); por la sanción
proferida dentro del proceso disciplinario radicado No. IUS 2016-
238296 y D-2017- 874708, hasta tanto el Tribunal Administrativo del
Chocó o la instancia que corresponda, no se pronuncié en forma
definitiva y fondo, en torno a controversia planteada mediante la
demanda de nulidad y restablecimiento di derecho, que cursa bajo el
radicado 27001233300020230001500.

4. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Chocó, que cese la mora
judicial y en consecuencia, de impulso al proceso por demanda de
nulidad restablecimiento del derecho radicado
27001233300020230001500, que cursa en ese despacho, a partir de
demanda presentada mediante apoderado, por la ciudadana ZULIA
MARÍA MENA GARCÍA, identificada con cédula de ciudadanía No.
54.252.597 expedida en Quibdó (Ch).

1.2. Hechos

De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas se extraen siguientes hechos
jurídicamente relevantes:

La Procuraduría General de la Nación sancionó a la señora Zulia María Mena
García, en calidad de alcaldesa municipal de Quibdó, con destitución e inhabilidad
general por el término de diez (10) años, mediante los fallos de primera y segunda
instancia dictados, en su orden, el 30 de noviembre de 2018 y el 10 de diciembre
de 2019, en el proceso disciplinario con radicado IUS2016-238296 D-2017-874708.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04829-00
Demandante: Zulia María Mena García
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

El 7 de octubre de 2020, la señora Mena García presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho con solicitud de medida cautelar de suspensión
provisional de los actos administrativos demandados. El proceso correspondió al
Juzgado Cuarto Administrativo de Bogotá, el que, mediante auto del 4 de marzo de
2021, declaró su falta de competencia y ordenó remitir el expediente al Tribunal
Administrativo del Chocó.

Dado que no se reportaba información de la radicación ni del estado del proceso, la
parte demandante envió diferentes solicitudes al Tribunal Administrativo del Chocó
para conocer de lo ocurrido, pero solo hasta el 23 de mayo de 2023, el secretario
del Tribunal le informó que al expediente se le asignó el radicado 2023-00015 y que
fue repartido a la magistrada Norma Moreno Mosquera.

El mismo 23 de mayo de 2023, la demandante insistió en que se decidiera la medida
cautelar solicitada en la demanda, sin embargo, a la fecha de interposición de la
tutela no ha habido pronunciamiento alguno.

1.3. Argumentos de la tutela

La parte actora argumentó que las autoridades accionadas han vulnerado los
siguientes derechos fundamentales:

1.3.1. Derecho al «desempeño de funciones y cargos públicos», dado que la
sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría General de la Nación violó los
mandatos de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la Constitución
Política, dado que se desconoció que únicamente podía ser impuesta por un juez
en un proceso penal.

Argumentó que aun cuando el «Código General Disciplinario» faculta a la
Procuraduría para investigar y sancionar a servidores públicos de elección popular,
dicha competencia de interpretarse armónicamente con los postulados de la
Convención y en la forma señalada por el Consejo de Estado.

Insistió en que la restricción de sus derechos políticos, viola los derechos a la
participación en política, al debido proceso y las garantías judiciales, según lo ha
contemplado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Adujo que desde hace tres años solicitó la medida cautelar de suspensión
provisional de los actos administrativos sancionatorios, no obstante, el Tribunal
Administrativo del Chocó no se ha pronunciado sobre dicha solicitud, por lo cual, se
cumplen los requisitos para elevar dicha solicitud por vía de tutela.

1.3.2. Vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, en tanto que el Tribunal accionado ha omitido
pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada, a pesar de que han pasado casi
tres años desde que se radicó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra los actos administrativos sancionatorios.

1.3.3. Violación del plazo razonable por mora judicial, por cuanto el Tribunal
Administrativo del Chocó ha incurrido en «excesivo retardo en pronunciarse sobre
la admisión de la demanda y resolver la medida cautelar» que, además, es
procedente dada la probada «inconvencionalidad e inconstitucionalidad de los fallos
disciplinarios cuya anulación se depreca, por vía del medio de control impetrado».

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 7 de septiembre de 2023, el Despacho sustanciador admitió la
demanda de tutela y ordenó que aquel se notificara a la magistrada Norma Moreno
Mosquera y al secretario general del Tribunal Administrativo del Chocó, así como a
los procuradores que integran la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la
Nación, como parte demandada. Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado.

2.1. La magistrada a cargo del proceso ordinario señaló que si bien la demanda fue
radicada desde octubre de 2020 en los juzgados administrativos de Bogotá, solo
hasta el 27 de febrero de 2023 fue repartido a su Despacho, «sin que obre prueba
desde cuándo fue remitido por la Oficina de Apoyo Judicial de Bogotá».

Afirmó que, según los reportes en el SAMAI, «no se observa que… [el expediente]
haya pasado al despacho para su trámite, por lo tanto, una vez fue notificada la
acción de tutela, inmediatamente se procedió a realizar su estudio» y se profirieron
los autos interlocutorios 652 y 653 del 11 de septiembre de 2023, en los que admitió
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, y se ordenó correr traslado
de la solicitud de medida cautelar a la entidad demandada.

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Por último, adujo que los argumentos de la demandante se dirigen a convertir la
acción de tutela en «una vía alterna, por fuera del proceso ordinario, el cual se
encuentra en curso», y, por tanto, debe declararse improcedente porque, además,
se configura la existencia de un hecho superado.

2.2. La Procuraduría General de la Nación alegó la falta de legitimación en la causa
por pasiva del organismo, en lo atinente al trámite del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo del Chocó.

De otra parte, argumentó la carencia actual de objeto por hecho superado, por
cuanto el Tribunal ya «proveyó las decisiones echadas de menos por la
accionante», esto es, admitió la demanda y corrió traslado de la solicitud de medida
cautelar.

Adujo que la tutela es improcedente para solicitar la suspensión provisional
pretendida, dada la existencia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
en el que es posible adoptar la medida cautelar solicitada, además de que se
acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que se derive de la sanción
disciplinaria impuesta a la demandante.

2.3. El secretario general del Tribunal Administrativo del Chocó guardó silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema jurídico

En primer lugar, corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del
Chocó incurrió o no en la vulneración de los derechos fundamentales de la
demandante por la mora judicial alegada sobre el trámite de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho que actualmente cursa bajo el radicado 27001-23-
33-000-2023-00015-00 o si, como alegan las autoridades accionadas, se configura
la carencia actual de objeto por hecho superado.

El segundo aspecto se contrae a definir si la acción de tutela es procedente para
ordenar la suspensión provisional de los fallos que impusieron la sanción
disciplinaria a la señora Zulia María Mena García. De darse una respuesta positiva,
habrá de examinarse si los actos administrativos disciplinarias suponen una

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

vulneración de los derechos fundamentales alegados que justifiquen la necesidad
de suspender sus efectos hasta que se decida el proceso ordinario.

2. Análisis de la Sala

2.1. Sobre la mora judicial

La señora Zulia María Mena García interpuso acción de tutela con dos finalidades
concretas: (i) que se ordene cesar la mora judicial del Tribunal Administrativo del
Chocó y se disponga el impulso de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho instaurado contra los fallos disciplinarios sancionatorios dictados por los
agentes de la Procuraduría General de la Nación, y (ii) para que, en sede de tutela,
se suspendan los actos administrativos sancionatorios hasta que el Tribunal emitida
una decisión de fondo.

En lo que concierne a la discusión respecto del plazo razonable y la mora judicial,
la Sala advierte que en la actualidad la tutela carece de objeto para debatir esa
pretensión constitucional, toda vez que, mediante los autos interlocutorios 652 y 653
del 11 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo del Chocó admitió la
demanda ordinaria y corrió traslado a la Procuraduría General de la Nación de la
medida cautelar solicitada, en la forma establecida en el artículo 233 de la Ley 1437
de 2011.

Dichas providencias fueron notificadas el 12 de septiembre siguiente, según consta
en el sistema de gestión judicial de la Jurisdicción Contencioso Administrativo —
SAMAI—. En igual sentido, lo reconoce la Procuraduría en el informe rendido
respecto de la tutela, en el que afirma haber sido notificada de las mencionadas
decisiones judiciales.

Así las cosas, se tiene que el fenómeno de la carencia actual de objeto se
caracteriza principalmente por hacer que la orden impartida por el juez en la
sentencia tutela se torne inocua, es decir, resulta intrascendente que el juez de
tutela se pronuncie de fondo frente a la vulneración o amenaza de derechos
fundamentales. En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha establecido
que la carencia actual de objeto puede presentarse a partir de dos eventos que a
su vez sugieren consecuencias distintas: el hecho superado y el daño consumado2.

2Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007 y T-585 de 2010, ambas con ponencia del
magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, y T-200 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.

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Sin embargo, la Corte también ha dicho que «es posible que la carencia actual de
objeto no se derive de la presencia de un daño consumado o de un hecho superado
sino de alguna otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del/de la
juez/a (sic) de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta
ningún efecto»3.

El hecho superado exige que la pretensión de tutela se satisfaga sin que medie
orden judicial. En el presente caso se configuró dicha figura en cuanto a la mora
judicial alegada dado que, al proferir los actos de admisión de la demanda y traslado
de la solicitud de medida cautelar —actuación respecto de la cual la Sala ahondará
al resolver el segundo problema jurídico propuesto—, el Tribunal Administrativo del
Chocó impulsó el trámite del proceso y, por consiguiente, ningún sentido tendría
resolver sobre la pretensión de la tutela en la que se pidió «ORDENAR al Tribunal
Administrativo del Chocó, que cese la mora judicial y en consecuencia, de impulso
al proceso por demanda de nulidad restablecimiento del derecho radicado
27001233300020230001500, que cursa en ese despacho».

De manera que si se encuentra conjurado el motivo que dio origen a la interposición
de la acción de tutela, no tiene objeto que la Sala se adentre en una orden sobre el
particular, precisamente porque se satisfizo la pretensión constitucional en que se
sustentó el interés de la accionante. Es por ello que se impone declarar la carencia
actual de objeto por hecho superado.

No obstante lo anterior, esta Subsección no puede pasar por alto, según se alega
en la demanda tutela y se acredita con los anexos del expediente ordinario inicial
(11001333400420200024000), allegados al presente trámite, que el 7 octubre de
2020 fue radicado el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ante los
Juzgados Administrativos de Bogotá y, en auto del 4 de marzo de 2021, se ordenó
su remisión por competencia al Tribunal Administrativo del Chocó.

Consta que mediante correo electrónico del 11 de marzo de 2021, la Oficina de
Apoyo de los Juzgados Administrativos de Bogotá remitió al Tribunal Administrativo
del Chocó el enlace con el expediente a las siguientes direcciones electrónicas:
ofapoyojudqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co y
des01tacho@cendoj.ramajudicial.gov.co. A pesar de ello, el proceso sólo apareció
radicado por el Tribunal accionado el 27 febrero de 2023.

3 Sentencia T-585 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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Luego, para la radicación del expediente en la Secretaría del Tribunal Administrativo
del Chocó transcurrieron aproximadamente 2 años, pues fue en febrero de 2023
que se ingresó al sistema, se le asignó el nuevo radicado (27001-23-33-000-2023-
00015-00) y se repartió entre los magistrados de la Corporación. Además, conforme
a la manifestación de la magistrada Norma Moreno Mosquera, aun cuando
expediente le fue asignado en reparto del 27 febrero de 2023, a la fecha de la tutela
no había ingresado al Despacho para trámite, sino que, con ocasión de la
notificación de la acción constitucional, dictó las providencias mencionadas.

La parte actora aportó diferentes comunicaciones enviadas a la Secretaría del
Tribunal para obtener información al respecto; de modo que la Secretaría tenía
conocimiento de las inquietudes sobre lo acontecido con el proceso y el estado de
su trámite. Además, el secretario de dicha Corporación fue vinculado a la tutela y
guardó silencio, es decir, no mostró interés alguno en esclarecer qué ocurrió con el
expediente entre la fecha en que fue remitido desde la Oficina de Apoyo Judicial de
Bogotá al Tribunal Administrativo del Chocó y la fecha de su radicación en el
sistema del Tribunal, ni por qué si se repartió el 27 de febrero de 2023 no había
sido ingresado al Despacho para el trámite a cargo de la respectiva magistrada.

Por consiguiente, dada la fecha de ocurrencia de los hechos (entre marzo de 2021
y febrero de 2023), la Sala ordenará remitir las presentes diligencias a la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Chocó, con el fin de que se investigue al
secretario general de dicha Corporación o a quienes desempeñaron ese cargo
durante los años 2021 y 2023, para que se esclarezca lo ocurrido con el expediente
objeto de tutela.

Lo anterior teniendo en cuenta que, con la expedición del Acto Legislativo 2 de
2015, se suprimió la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, se creó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que ejerciera
«la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la
Rama Judicial» y, de paso, se transformaron las Salas Disciplinarias de los
Consejos Seccionales de la Judicatura en Comisiones Seccionales de Disciplina
Judicial. La competencia del nuevo organismo quedó diferida al inicio de las
funciones, lo cual ocurrió el 13 de enero de 2021 —día de posesión de los
magistrados—, ya que el parágrafo transitorio 1° del artículo 257 A de la
Constitución dispuso que la entidad subrogada ejercería sus funciones «hasta el

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día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial».

Sobre este punto, en sentencia C-120 de 2021, aunque referida a la competencia
para investigar y sancionar a los empleados de la Fiscalía General de la Nación, la
Corte Constitucional recordó:

54. Como se puede observar, el principal cambio introducido por el AL. 2
de 2015 en relación con el ámbito de las funciones del órgano que ejerce la
función jurisdiccional disciplinaria en la rama judicial se presentó al incluir a los
empleados como sujetos disciplinables.

[…]

60. Esta decisión es de gran importancia porque cambia sustancialmente el
anterior régimen y, con excepción de quienes gozan de fuero constitucional
especial en materia disciplinaria, en adelante todo empleado de la Rama
Judicial y todo empleado de la Fiscalía General de la Nación, así como de sus
instituciones adscritas o vinculadas, será investigado disciplinariamente por la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial y la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, a diferencia de lo que ocurría hasta la fecha. Una de las consecuencias
relevantes tiene que ver con privar a la Procuraduría General de la Nación de
ejercer su poder preferente sobre los empleados de la rama judicial, en la
medida en que la competencia disciplinaria sobre estos ha pasado de ser
administrativa a jurisdiccional.

[…]

66. De acuerdo con el parágrafo transitorio 1, del artículo 257A4 y la sentencia
C-373 de 2016, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones
Seccionales de Disciplina Judicial son competentes para ejercer la función
disciplinaria respecto de los empleados judiciales de la Fiscalía General de la
Nación en relación con los hechos ocurridos con posterioridad a la entrada en
funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial5. Dado que esto
ocurrió el 13 de enero de 2021 las conductas cometidas por dichos empleados
con anterioridad a dicha fecha continuarán siendo competencia de la Oficina
de Control Disciplinario Interno de la Fiscalía General de la Nación y de las
demás autoridades a las que correspondía la competencia en el momento en
que ocurrieron los hechos objeto de investigación y hasta su terminación.
67. En estos términos, corresponderá a la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial o a las Comisiones Seccionales el trámite de las actuaciones que
inicien a partir del 13 de enero de 2021.

4 Cita original de la providencia: Los Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial

deberán ser elegidos dentro del año siguiente a la vigencia del presente acto legislativo. Una vez
posesionados, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial asumirá los procesos disciplinarios de la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Los actuales Magistrados de
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones
hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura serán transformadas en
Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial. Se garantizarán los derechos de carrera de los
Magistrados y empleados de las salas disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura
quienes continuarán conociendo de los procesos a su cargo, sin solución de continuidad. (negrillas
fuera del texto original.
5 Cita original de la providencia: Corte Constitucional. Sentencia C-373 de 2016. “…de la lectura de

la disposición constitucional se desprende… (ii) que los Magistrados del Consejo Superior de la
Judicatura ejercerían sus funciones hasta el momento que los integrantes de la Comisión tomarán
posesión de su cargo”.

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2.2. Procedencia de la tutela para solicitar la suspensión de los actos
administrativos

A fin de dar respuesta al segundo problema jurídico, esto es, el relativo a la
posibilidad de que el juez de tutela ordene la suspensión provisional de los fallos
disciplinarios expedidos por la Procuraduría General de la Nación, la Sala reitera
que el artículo 86 de la Constitución Política establece que la pretensión de amparo
constitucional procede ante la ausencia de otro mecanismo de defensa judicial para
la protección de los derechos fundamentales, a menos que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Esta condición se reafirma en el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991
y en la jurisprudencia constitucional6, las que, en general, insisten en la
improcedencia de la tutela para propiciar debates respecto de los cuales existen
otros recursos o instrumentos judiciales7, salvo que se acredite la falta de eficacia
de esos mecanismos, previa ponderación y análisis de las condiciones de cada
caso.

Ahora, frente a la procedencia de la tutela respecto de ciertos actos administrativos,
como aquellos que imponen sanciones, la Corte Constitucional ha reiterado que
mecanismo es improcedente, dado que existe el contencioso subjetivo de validez
con posibilidad de solicitar medidas cautelares, salvo que se pretenda evitar un
perjuicio irremediable. Particularmente, en la sentencia SU-712 de 2013 el Tribunal
Constitucional hizo un recuento de los eventos de procedencia e improcedencia de
la tutela procede para discutir actos administrativos sancionatorios disciplinarios
—no exclusivamente de los congresistas—:

En varias ocasiones la Corte ha declarado improcedentes las solicitudes de
amparo en las que se pretenden controvertir decisiones disciplinarias, cuando
no se ha hecho uso de los medios ordinarios de defensa o no se advierten
circunstancias fácticas especiales que reclamen una intervención directa e
inmediata del juez constitucional8. Ha aclarado que la sanción disciplinaria no
implica en sí misma la existencia de un perjuicio irremediable, porque de lo
contrario se despojaría de sus atribuciones al juez ordinario ante una decisión
que prima facie es consecuencia de la conducta del servidor público y por lo
tanto afectación legítima de sus derechos.

6 Al respecto, existen numerosos pronunciamientos de la Corte Constitucional, entre los que se

destacan las sentencias T-222 de 2017, T-317 de 2017, T-372 de 2017, T-048 de 2018, T-464 de
2019 y T-451 de 2022.
7 En tal sentido puede consultarse la sentencia T-242 de 2019 y T-114 de 2020, entre otras.
8 Cita original de la providencia. Corte Constitucional, Sentencias T-262 de 1998, T-215 de 2000, T-

596 de 2001, T-743 de 2002, T-143 de 2003, T-737 de 2004, T-954 de 2005, T-193 de 2007, T-161
de 2009, T-629 de 2009 y T-191 de 2010.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04829-00
Demandante: Zulia María Mena García
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

En otras oportunidades, por el contrario, la tutela sí resulta procedente
precisamente porque se cumplen los presupuestos que configuran un perjuicio
irremediable, o porque el mecanismo ordinario no resulta materialmente
idóneo, de manera que ha abordado los problemas de fondo planteados.

Como primera medida la jurisprudencia ha explicado que la posibilidad de
solicitar la suspensión provisional de ciertos actos en la jurisdicción contencioso
administrativa, en los términos de los artículos 238 de la Constitución y 152 del
CCA, no hace improcedente per se el ejercicio de la acción de tutela, sino que,
como siempre, es necesario examinar las particularidades de cada caso9.

[…]

3.2.7.- Los precedentes reseñados permiten a la Sala concluir que la acción de
tutela puede ser excepcionalmente ejercida como medio para controvertir actos
administrativos por medio de los cuales se impone una sanción disciplinaria, en
especial cuando se involucra el ejercicio de prerrogativas o garantías
institucionales de los parlamentarios.

Si bien es cierto que en principio existe la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho, puede ocurrir que las circunstancias del caso ameriten la
intervención directa del juez constitucional cuando se acrediten los elementos
de un perjuicio irremediable o en general cuando la vía ordinaria no se refleje
como idónea para asegurar una protección oportuna de los derechos
fundamentales del peticionario. Así ocurre, por ejemplo, tratándose de la
restricción de derechos políticos que se ejercen en momentos constitucionales
preestablecidos y que por su naturaleza no pueden ser objeto de aplazamiento
o prórroga de ninguna clase, especialmente cuando se cuestiona la existencia
de competencias constitucionales para investigar y sancionar a Congresistas
de la República10.

En esa línea de pensamiento, el doctrina constitucional ha orientado que, para la
procedencia de la tutela contra actos administrativos sancionatorios deben
acreditarse los siguientes supuestos11: (i) la existencia de dudas fundadas de que

9 Cfr., Corte Constitucional, Sentencia SU-039 de 1997.
10 Cfr., Corte Constitucional, Sentencias SU-047 de 1999 y T-544 de 2004.
11 Corte Constitucional, sentencia SU-712 de 2013:

«(i) Es necesario que existan “motivos serios y razonables que indiquen que una determinada
providencia sancionatoria en materia disciplinaria puede haber sido adoptada con desconocimiento
de las garantías constitucionales y legales pertinentes y, por ende, con violación de los derechos
fundamentales de los afectados, en particular al debido proceso”.

(ii) El perjuicio que se deriva de la providencia sancionatoria ha de amenazar “con hacer nugatorio
el ejercicio de uno o más derechos fundamentales de los sujetos disciplinados”.

(iii) La imposición de una sanción disciplinaria “que conlleva la imposibilidad jurídica para el afectado
de acceder al ejercicio de cargos públicos puede ocasionar un perjuicio irremediable en ciertos
eventos”. En tal sentido, debe tratarse de un daño que cumpla con los requisitos de certeza,
inminencia, gravedad y urgente atención, todos ellos característicos de lo que se denomina perjuicio
irremediable.

(iv) Se cumplen los requisitos de certeza e inminencia cuando “cada día que pasa equivale a la
imposibilidad absoluta de ejercer la representación de quienes votaron para elegir a una persona
para que los represente en una corporación pública” 11. Asimismo, existe un perjuicio irremediable
grave “cuando se trata de derechos fundamentales cuyo ejercicio está delimitado temporalmente por
la Constitución, por ejemplo, el derecho a la representación política o el derecho a ser elegido
miembro de corporaciones públicas”.

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Demandante: Zulia María Mena García
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

el acto administrativo haya desconocido garantías constitucionales y legales del
investigado, (ii) que amenece con hacer nugatorios el ejercicio de algún derecho
fundamental del disciplinado, (iii) que la sanción imposibilite al interesado acceder
al ejercicio de cargos públicos y con ello se pueda generar un perjuicio irremediable,
(iv) esto es, que el paso del tiempo implique la imposibilidad de representar a los
votantes del elegido o cuando se trata del ejercicio de cargos de naturaleza
temporal, y (v) que los medios ordinarios no sean eficaces para el control de la
sanción disciplinaria.

De otra parte, esta Corporación ha señalado que siempre que se demanden actos
administrativos respecto de los cuales exista la posibilidad de solicitar medidas
cautelares, estas son un medio idóneo y eficaz para obtener la protección de los
derechos fundamentales, dado que se trata de un medio de defensa ágil y efectivo,
en cuanto permite proteger y garantizar, de manera provisional, el objeto del
proceso y la efectividad de la sentencia.

Sobre la eficacia de las medidas cautelares en los procesos ordinarios para la
protección de los derechos fundamentales, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación consideró:

En estos términos, se concluye que: i) lo que ahora se discute a través de la
acción de tutela se podrá discutir promoviendo el proceso de nulidad o nulidad
y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que: ii) que la suspensión
provisional del nuevo código tiene la misma prontitud y eficacia protectora que
la acción de tutela, por varias razones: a) porque se decide al iniciar el proceso,
b) procede para evitar un “perjuicio irremediable”; y iii) porque la contradicción
que se exige para suspender el acto administrativo ya no tiene el rigor y la
exigencia del pasado: que sea ostensible; de hecho se puede hacer un estudio
complejo para concluirlo12.

En el caso particular, la Sala encuentra que no existen razones para exceptuar el
carácter subsidiario de la acción de tutela y discutir la suspensión de las sanciones
disciplinarias impuestas a la señora Zulia María Mena García, la cual está en
posibilidad de esperar la definición de las medidas cautelares, pues, como se sabe,
ya hizo uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que, de
hecho, se encuentra en trámite.

A partir de la jurisprudencia constitucional señalada, esta Subsección no desconoce

(v) Finalmente, para que la acción de tutela sea viable es necesario que los medios ordinarios de
defensa no sean lo suficientemente expeditos como para controlar la legalidad y constitucionalidad
de las medidas sancionatorias impugnadas».
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Providencia del 5 de marzo de 2014.

Expediente No. 25000-23-42-000-2013-06871-01. Demandante: Gustavo Francisco Petro Urrego.

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

que, en ciertos casos, aún bajo la existencia de las medidas cautelares dentro de
los medios ordinarios como el de nulidad y restablecimiento del derecho, pueda
proceder la tutela para analizar actos administrativos disciplinarios; sin embargo,
en esta oportunidad no se satisfacen los presupuestos para predicar la
configuración de un perjuicio irremediable, en la medida en que este no puede
estructurarse a partir de los efectos nocivos de la sanción, pues, de ser así, la
acción de tutela se convertiría en el principal remedio procesal para cuestionar
todos los actos fundados en el legítimo ejercicio del ius puniendi estatal.

Tampoco se acreditó la ineficacia de las medidas cautelares en el proceso
ordinario, en tanto que la tardanza en la admisión de la demanda ordinario fue
producto de unas particularidades específicas y aisladas, que no son propias del
medio de control.

En todo caso, dentro de los presupuestos señalados por la jurisprudencia
constitucional se requiere la afectación grave de los derechos de la accionante y de
sus votantes que, para los efectos de la procedencia de la tutela no se configuran.
De un lado, porque para el momento del ejercicio de la acción no se encontraba
vigente el mandato conferido por los votantes a la señora Mena García, que
pusieran en riesgo el ejercicio del periodo constitucional y legal del cargo, ni la
representación de sus electores. Naturalmente, está vigente la restricción del
derecho a acceder a cargos públicos, pero esa consecuencia es propia de la
sanción objeto de discusión, cuyos efectos pueden conjurarse por otra vía judicial
expedita, luego, la tutela no puede desplazar ese trámite procesal.

Para la Sala, no es suficiente que la tutela contenga argumentos dirigidos a
cuestionar constitucional, convencional y legalmente las sanciones disciplinarias, ni
que estas comporten la restricción de derechos políticos para que el debate
adquiera automáticamente relevancia iusfundamental y revele la existencia de un
perjuicio irremediable que torne este mecanismo en el escenario para estudiar la
suspensión de los efectos de un acto administrativo que goza de presunción de
legalidad y, de todos modos, puede atacarse por vía del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho.

Lo dicho no desconoce que el debate se cierne sobre la limitación de los derechos
políticos de una funcionaria de elección popular, pero con todo y esa circunstancia,
no existe habilitación amplia y automática de la competencia del juez de tutela,

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04829-00
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

porque dentro de la discusión propia del contencioso de validez está la de resolver
todos los puntos discutidos por la demandante. La naturaleza, importancia o
trascendencia constitucional y convencional del debate no excluye la activación de
los mecanismos ordinarios diseñados para debatir sobre el contenido de los temas
propuestos.

Todos los litigios directa o indirectamente tienen conexidad con algún derecho
fundamental y ello no altera el diseño institucional de la Administración de Justicia,
ni el derecho al debido proceso que comprende la necesidad de que los asuntos
sean resueltos por los jueces naturales.

Hay un contenido mínimo sobre derechos fundamentales que es parte del debate y
de los procesos ordinarios que debe definir el juez natural, quien, dicho sea de paso,
es la primera autoridad llamada a garantizarlos. Tanto así que el artículo 103 de la
Ley 1437 de 2011 define como objeto y finalidad del proceso contencioso
administrativo el de lograr «la efectividad de los derechos reconocidos en la
Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico». No hay duda,
pues, de que la discusión sobre la afectación o no de derechos fundamentales no
es exclusiva del juez constitucional.

Todo lo contrario, existe un margen principal que compete al juez ordinario, y en el
que el juez de tutela no puede ni debe intervenir, salvo circunstancias
excepcionalísimas, porque ese aspecto de la definición del litigio y del alcance del
derecho fundamental al que se vincula la causa del proceso, pertenece a la
competencia que dentro del margen de configuración del legislador y de la
consecuencia del sistema adoptado en el ordenamiento jurídico, le fue
encomendada a los jueces de las diferentes especialidades. De no ser así, no se
justificaría ninguna distinción entre los operadores judiciales, y carecería de todo
sentido lógico y coherente la existencia de jurisdicciones o especialidades, las
materias y el objeto de cada uno de ellos, que encuentra raíces en los mismos
postulados constitucionales.

La imposición de sanciones disciplinarias es una restricción de derechos soportada
en el orden jurídico y una manifestación del poder punitivo o sancionatorio del
Estado, que no constituye per se una afectación desproporcionada de derechos que
deba estudiarse en sede de tutela, sino, más bien, a consecuencias jurídicas
negativas previstas en el sistema normativo para aquellas personas que incurren en

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04829-00
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

infracciones al deber funcional. Los debates puntuales y particulares sobre la
juridicidad del acto administrativo sancionatorio, incluidas las alegaciones de
competencia y convencionalidad, se suscitan ante el juez natural y en el proceso
ordinario.

Si bien pareciera que en este caso el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho no fuera idóneo ni eficaz para lograr el fin pretendido, esto es, que se
suspenda la sanción impuesta a la señora Zulia María Mena García, en tanto que
la demanda fue radicada desde octubre de 2020, y solo el 11 de septiembre de
2023 —con ocasión de la notificación de la admisión de tutela— se dictó el auto
admisorio y se corrió traslado de la medida cautelar, lo cierto es que ello obedece
a una circunstancia particular y ajena al respectivo medio de control, que no es
imputable al despacho judicial accionado.

El hecho de que desde el 11 de marzo de 2021 la demanda hubiera sido enviada
al Tribunal Administrativo del Chocó, y que sólo hasta el 27 febrero de 2023 se
hubiera radicado en el sistema, pero sin el respectivo ingreso al Despacho, no debe
entenderse como una falta de idoneidad y eficacia de las medidas cautelares en los
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho. No. La situación administrativa
que se presentó en la Secretaría del Tribunal Administrativo del Chocó es ajena a
la eficacia del medio de control que fue ejercido por la señora Mena García, porque
no se trata de que el procedimiento para resolver medidas cautelares no sea ágil,
ni expedito, ni de que la vía judicial no sea apta para obtener la satisfacción de la
pretensión cautelar.

Ciertamente, fueron circunstancias administrativas —que deben esclarecerse en
las investigaciones disciplinarias que se ordenarán— las que impidieron un
pronunciamiento anterior, dado que la magistrada ponente del proceso ordinario no
tenía conocimiento de su existencia, ni es a quien corresponde la labor de
radicación de los expedientes. Incluso, con la admisión de la tutela fue que tuvo
lugar el conocimiento de su existencia e inmediatamente se dictaron las
providencias que podían proferirse.

En efecto, tan pronto se enteró del retardo administrativo, el Tribunal dictó las
providencias correspondientes al respectivo estadio procesal, sin que pudiera
sustraerse del trámite previsto en el artículo 233 de la Ley 1437 de 2011 para decidir
sobre la medida cautelar, que no fue calificada como de urgencia.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04829-00
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

De modo que, siguiendo la directriz del mencionado artículo, en auto del 11 de
septiembre de 2023, el Tribunal corrió traslado de la solicitud de cautela a la parte
demandada, para que «se pronuncie sobre ella en escrito separado dentro del
término de cinco (5) días», y, en consecuencia, le corresponderá al Tribunal en
estricto apego al inciso cuarto del artículo 233 del CPACA decidir sobre la medida
cautelar «dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del término de que
dispone el demandado para pronunciarse sobre ello».

Si el auto de traslado fue notificado el 12 de septiembre de 2023, según consta en
el SAMAI, la autoridad judicial se encuentra dentro de la oportunidad para decidir
las medidas cautelares, en tanto que el término de cinco días para el
pronunciamiento de la demandada, empezó a correr transcurridos los dos días
siguientes a que se hizo la notificación; sin embargo, el Consejo Superior de la
Judicatura suspendió los términos judiciales entre el 14 y el 20 de septiembre de
2023 (Acuerdo PCSJA23 -12089/C2), por ende, el término se reanudó el 21 de
septiembre de 2023, y vencido este ese es que se contabilizan los diez (10) días
para su definición.

La Sala insiste que las circunstancias particulares de tipo administrativo que
impidieron lograr que el expediente ingresara antes para decisión, no afecta la
eficacia de las medidas cautelares en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, como para que la tutela pueda desplazar ese instrumento, debido a que
ya se encuentra en trámite y el Tribunal está dentro de la oportunidad para resolver
la medida cautelar, respecto de la cual, valga decir, ya se corrió traslado a la parte
contraria.

De esta forma, el estado en que actualmente se encuentra el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, no justifica que el juez constitucional emita una
decisión en reemplazo del juez natural, dado que tanto la Sala Plena de esta
Corporación como la Corte Constitucional han resaltado la eficacia de las medidas
cautelares en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y la
improcedencia de la tutela como mecanismo paralelo a los procesos ordinarios
vigentes.

La Corte Constitucional, en un caso en el que se discutía el derecho a la seguridad
social y el acceso a la pensión, determinó la eficacia de las medidas cautelares para

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Demandante: Zulia María Mena García
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

insistir en el carácter subsidiario de la acción de tutela ante la existencia de un
proceso ordinario vigente:

A partir de lo anterior, la Sala considera que existe un proceso judicial
adelantado donde se resolverá la controversia planteada en sede de tutela. En
efecto, tanto en la acción de tutela como en sede de nulidad y restablecimiento
del derecho se está debatiendo la titularidad del derecho fundamental a la
seguridad social. En ese sentido, prima facie la Sala considera que la acción
de tutela es improcedente al existir un medio judicial de defensa que está en
curso a definir la titularidad de un derecho fundamental.

Además de lo anterior, la Corte evidencia que el medio de control de nulidad y
restablecimiento cumple con los requisitos de eficacia e idoneidad para la
resolución del conflicto planteado en dicha jurisdicción.
[…]

Además de lo anterior, la Sala considera que, en el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, la accionante puede solicitar medidas
cautelares incluso con anterioridad a la realización de la audiencia inicial.
Asimismo, las medidas cautelares pueden ser i) preventivas13; ii)
conservativas14; iii) anticipativas15; o iv) suspensivas16, entre otras, pues estas
medidas, de acuerdo con la norma, no constituyen un listado taxativo y, por
tanto, se podrán decretar por parte del Juez siempre que guarden relación
directa con las pretensiones de la demanda17, razón por la cual, la Corte
Constitucional considera que el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, en el presente caso, cumple con los postulados de idoneidad y
eficacia exigidos por la jurisprudencia constitucional y la Constitución para
verificar la procedencia de la acción de tutela.18

Tanto en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, como en la tutela
formulada por la señora Mena García se pretende discutir la afectación de los
derechos políticos y la procedencia o no de la suspensión de los actos
sancionatorias. En esa dualidad de escenarios, debe primar el principio del juez
natural y del procedimiento preestablecido a cargo del Tribunal Administrativo del
Chocó en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, pues superadas
las deficiencias administrativas que impidieron conocer con mayor premura la
existencia de la demanda ordinaria, sólo resta el vencimiento del término legal para
que se dicte la providencia que se echa de menos.

13 Cita original de la providencia: Corte Constitucional. Sentencia T-733 de 2014. De acuerdo con la

Corte, las medidas preventivas son idóneas cuando se ordene la adopción de una decisión
administrativa, o la realización o la demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un
perjuicio o la agravación de sus efectos.
14 Cita original de la providencia: Ibídem. Las medidas conservativas, de acuerdo con la

jurisprudencia, son idóneas cuando el juez ordena que se mantenga la situación, o que se
restablezca al estado en que se encontraban antes de la conducta amenazante, cuando ello fuere
posible.
15 Cita original de la providencia: Ibídem. Las medidas anticipativas, de acuerdo con la Corte, se

presentan en el evento que se ordene la adopción de una decisión administrativa o se imparta
órdenes o se le imponga a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.
16 Cita original de la providencia: Ibídem. Las medidas suspensivas se identifican cuando se ordene

suspender un procedimiento o una actuación administrativa, inclusive de carácter contractual o se
ordene suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.
17 Cita original de la providencia: Ibídem.
18 Corte Constitucional, sentencia T-242 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Por último, y sin desconocer las particularidades del caso en torno a la diligencia
de la parte demandante y las situaciones de tipo administrativo, la Subsección
resalta en palabras de la Corte Constitucional que la tutela deviene improcedente,
porque esta acción:

[H]a sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de
hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza
de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene
previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto
de lograr la protección del derecho. La tutela no puede converger con vías
judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir
según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo
específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de
tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria.
La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o
complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que
sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la
Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a
la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico
para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales.19

3. Conclusión

La Sala (i) declarará la carencia actual de objeto por hecho superado, respecto de
la pretensión dirigida a que se ordene el impulso del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho; (ii) declarará la improcedencia de la tutela para
ordenar la suspensión de los fallos disciplinarios, y (iii) remitirá copias del
expediente de tutela la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Chocó, para
que investigue a quienes hayan desempeñado el cargo de secretario en el Tribunal
Administrativo del Chocó entre marzo de 2021 y septiembre de 2023, por las
razones anotadas.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, en lo
atinente a la mora judicial alegada, de acuerdo con lo aquí señalado.

SEGUNDO. Declarar improcedente la tutela interpuesta por la señora Zulia María
Mena García, respecto de la solicitud de suspensión de los efectos de los fallos

19 Sentencia C-543 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

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Demandante: Zulia María Mena García
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

sancionatorios dictados por la Procuraduría General de la Nación, dentro del
proceso disciplinario radicado No. IUS 2016-238296 D-2017-874708

TERCERO. Remitir copia de esta actuación a la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial del Chocó, para que adelante la investigación disciplinaria a que haya lugar,
de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de esta providencia.

CUARTO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

QUINTO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de tutela
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
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contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la derecha
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https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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