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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04841-00

Fecha
23 de octubre de 2023
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04841-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, a la confianza legítima, al debido proceso, a la legalidad, a la igualdad, a la buena fe y a la seguridad jurídica invocados por la señora Alba Cáceres Piñeres, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. 2º.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-04841-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

23 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2023-04841-001
Actor : Alba Cáceres Piñeres
Accionados : Tribunal Administrativo de Santander
Tema : Tutela contra providencia judicial
Derechos : Derechos fundamentales al acceso a la administración de
presuntamente justicia, a la confianza legítima, al debido proceso, a la
vulnerados legalidad, a la igualdad, a la buena fe y a la seguridad jurídica.

Procede la Sala a dictar la sentencia que, en Derecho corresponda dentro del
trámite relacionado con la acción de tutela incoada por la apoderada judicial de la
señora Alba Cáceres Piñeres, en contra del Tribunal Administrativo de Santander,
por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia, a la confianza legítima, al debido proceso, a la legalidad,
a la igualdad, a la buena fe y a la seguridad jurídica.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los hechos probados en el
expediente, así como los argumentos expuestos por el actor frente a la providencia
judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo relativo a la procedencia general de
la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que corresponda en torno a las
pretensiones de la demandante.

Hechos probados.

a) El 25 de noviembre de 2005 la accionante fue nombrada en provisionalidad como
docente en el área de ética y valores en la institución educativa Claveriano Fe y

1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la herramienta
electrónica para la gestión judicial denominada Samai.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-04841-00
Actor: Alba Cáceres Piñeres

Alegría de la planta global de la Secretaría de Educación de Bucaramanga, mientras
se realiza la provisión de los cargos en propiedad o mediante nombramiento en
periodo de prueba de elegibles seleccionados por mérito.

b) Mediante Resolución 1689 del 29 de junio de 2016, la Alcaldía de Bucaramanga
dio por terminado el nombramiento en provisionalidad de la tutelante con el fin de
proveer un cargo en vacancia definitiva con el personal en periodo de prueba.

c) El 11 de enero de 2017 la accionante instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del Municipio de Bucaramanga – Secretaria
de Educación (expediente 680013333005-2017-00003-01) con el propósito de
obtener la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución 1689 del 29
de junio de 2016, solicitando el reintegro al mencionado cargo, el pago de los
salarios y demás emolumentos dejados de percibir.

d) El Juzgado Quinto (5º) Administrativo de Santander, el 19 de enero de 2017 la
admitió y el 28 de marzo de 2019 accedió a las pretensiones, al considerar que la
terminación del nombramiento en provisionalidad de la señora Cáceres Piñeres no
cumplió con lo señalado en la normatividad que regula las situaciones
administrativas ni con lo señalado por la Corte Constitucional, entre otras, en la
Sentencia SU-446 de 2011, en relación con las reglas del concurso de mérito y la
lista de elegibles.

e) El demandado interpuso recurso de apelación, señalando, en esencia, que no se
vulneró el principio de confianza legítima dado que la demandante tenía
conocimiento sobre la naturaleza del cargo, es decir, en provisionalidad y, además,
que sería reemplazada por una persona beneficiada por el concurso de méritos.

f) El Tribunal Administrativo de Santander, el 8 de junio del 2023 revocó la sentencia
de primera instancia, indicando que, contrario a lo señalado por el juez de primer
grado, la Resolución 1689 del 29 de junio de 2016 no fue proferida con falsa
motivación pues en esta se encontraban plasmadas razones suficientes para dar
por terminado el nombramiento en provisionalidad. Adicionalmente, sostuvo que el
acto administrativo fue motivado de manera adecuada, clara y detallada bajo el
amparo del ordenamiento jurídico para el cambio de perfil de los cargos de
docentes, así como la provisión de las vacantes definitivas con las personas que se
encuentran en la lista de elegibles vigentes.

2

Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-04841-00
Actor: Alba Cáceres Piñeres

La demanda de tutela.

La señora Alba Cáceres Piñeres, por conducto de apoderada judicial, presentó
acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales
al acceso a la administración de justicia, a la confianza legítima, al debido proceso,
a la legalidad, a la igualdad, a la buena fe y a la seguridad jurídica.

Como consecuencia de lo anterior, pide revocar el fallo del 8 de junio de 20232,
dictado por el Tribunal Administrativo de Santander que revocó la sentencia de
primera instancia proferida el 28 de marzo del 2019 por el Juzgado Quinto Oral del
Circuito de Bucaramanga y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra el Municipio de
Bucaramanga – Secretaria de Educación (expediente 680013333005-2017-00003-
01). En consecuencia, solicita ordenar al Tribunal Administrativo de Santander emitir
una nueva sentencia confirmando el fallo de primera instancia.

Hechos.

Relató la accionante que, por más de quince (15) años prestó sus servicios como
docente en trabajos temporales y en provisionalidad en instituciones educativas del
orden departamental y municipal, en educación primaria, básica y secundaria, en
entidades de carácter oficial.

Que, por medio de Resolución No. 4331 del 25 de noviembre de 2015, dictada por
el alcalde del municipio de Bucaramanga, fue nombrada provisionalmente para el
cargo de docente en el área de ética y valores en la I.E Claveriano Fe y Alegría, en
razón a la vacancia definitiva que subsistía en el cargo al haberse agotado la lista
de elegibles para dicha plaza.

Que el 22 de julio de 2016 la Secretaria de Educación le comunicó del acto
administrativo 1689 de 2016, expedido por el alcalde del municipio de Bucaramanga
que dio por terminado su nombramiento en provisionalidad y nombró al señor Oscar
Jesús Pinzón Hernández, que participó en la Convocatoria 148 de 2012 para el área
de filosofía y ocupó el puesto No. 9 de la lista de elegibles.

2
M. P. Iván Fernando Prada Macías.

3

Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-04841-00
Actor: Alba Cáceres Piñeres

La accionante que tiene 58 años y que tiene problemas de salud con patología de
diabetes, hipertensión, artrosis y glaucoma, además que es madre cabeza de familia
de una hija mayor de edad que cursa estudios universitarios.

Expone que instauró demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho,
correspondiéndole el radicado 680013333005-2017-00003-00, al Juzgado Quinto
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, que dictó sentencia
favorable a las pretensiones el día 28 de marzo de 2019, al considerar que logró
desvirtuar la presunción de legalidad de la Resolución 1689 del 29 de junio de 2016.

Sostuvo que, el día 8 de junio de 2023 la alzada fue desatada por el Tribunal
Administrativo de Santander, en el sentido de revocar la sentencia de primera
instancia al considerar que no tiene derecho a ser reintegrada dado que el acto
administrativo no fue proferido con falsa motivación. Además, porque se plasmaron
razones suficientes para dar por terminado el nombramiento en provisionalidad, por
lo tanto, la actuación estuvo amparada en el ordenamiento jurídico, en la medida en
que los rectores pueden realizar el cambio de perfil de los cargos de docente, así
como la provisión de las vacantes definitivas con las personas de la lista de elegibles
vigente.

Adicionó que la providencia cuestionada comporta un defecto fáctico por la indebida
valoración de los elementos probatorios, al advertir los pormenores de la literalidad
del acto administrativo donde se desprende una falta y falsa motivación, legalidad
desvirtuada al nombrarse un profesor de lista de elegibles diferente al cargo que
desempeñaba, pues la vacante era para ser profesor de ética y no de filosofía.

Afirma que la sentencia atacada configura un defecto sustancial, por cuanto se
presenta una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos de hecho, las
normatividad vigente y la decisión tomada, señalando que la resolución que dio por
terminada la provisionalidad y nombró al señor Oscar Jesús Pinzón Hernández,
posee una falsa motivación, cambiando la vacante que realmente existe en el área
de ética y valores en el colegio Claveriano Fe Y Alegría, denominándola como plaza
del área de Filosofía.

Aunado a esto, agregó que el fallo censurado incurre en desconocimiento del
precedente de la Corte Constitucional dado que el acto administrativo no está

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-04841-00
Actor: Alba Cáceres Piñeres

motivado con razones de hecho y derechos reales, al nombrar a un profesional de
una lista de elegibles de un cargo específico de otra vacante diferente cambiando
el nombre de las asignaturas.

II. TRÁMITE PROCESAL

Por satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a través de auto del 7
de septiembre de 2023 admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión (i)
ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Santander, y (ii) dispuso vincular a la
Alcaldía Municipal de Bucaramanga, en los términos del artículo 13 del Decreto
2591 de 1991.

1.3 Contestaciones de la acción.

1.3.1 Tribunal Administrativo de Santander. Señala que los hechos relatados
en la acción de tutela no reúnen los requisitos de procedencia del amparo
constitucional, por cuanto la actuación procesal en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho observó los parámetros de interpretación del Consejo
de Estado, por lo cual solicita declarar la improcedencia de la acción de tutela.

1.3.2 El Municipio de Bucaramanga y el señor Óscar Jesús Pinzón Hernández,
guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

En virtud de los artículos 323 del Decreto ley 2591 de 19914 y 255 del Acuerdo 80 de
12 de marzo de 20196 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta
Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

2.2 Análisis general de procedencia de la acción de tutela.

3
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente […]».
4
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
5
«[…]
Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán a reparto por
igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección
de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto.
[…]».
6
«Reglamento interno del Consejo de Estado».

5

Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-04841-00
Actor: Alba Cáceres Piñeres

Para determinar la procedencia de esta acción constitucional, se debe precisar que
la jurisprudencia constitucional7 ha establecido para tal propósito los siguientes
requisitos generales:

Requisito Explicación
Que la tutela no se emplee como una instancia adicional del juicio
ordinario ni que comporte discusiones meramente legales y/o
económicas, es decir, se debe fundamentar porqué la cuestión
planteada afecta derechos fundamentales.

Al respecto, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-573 de
20198, determinó que este presupuesto tiene 3 finalidades: «(i)
1. Relevancia constitucional preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional9 y, por tanto, evitar
que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad10; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales11 y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir
las decisiones de los jueces 12».
Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona
2. Subsidiariedad
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable.
Que la tutela se interponga en un término razonable y
3. Inmediatez
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración
Se debe demostrar, en caso de alegarse alguna irregularidad
Irregularidad procesal
procesal, que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la
4. debe tener impacto en la
providencia objeto de reproche y que afecta garantías superiores
sentencia que se ataca
de la parte actora.
Que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos
Identificación de hechos y
que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y
5. exponerlos en sede
que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
ordinaria
hubiese sido posible.
6. Que no se trate de Que la providencia reprochada no haya decidido un trámite de
sentencias de tutela tutela.

Adicionalmente, es necesario precisar que, el Consejo de Estado, mediante
sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-0113,
en cuanto al presupuesto de la inmediatez, precisó como término razonable para
ejercer la acción de tutela contra providencias judiciales dictadas por la jurisdicción
contencioso-administrativa, seis (6) meses contados a partir de su notificación o
ejecutoria.

7
Corte Constitucional, SU-128 de 2021, M. P. Cristina Pardo Schlesinger.
8
M. P. Carlos Bernal Pulido.
9
Sentencia C-590 de 2005.
10
Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610 de 2009, T-896 de
2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-
406 de 2014.
11
Sentencia C-590 de 2005.
12
Sentencia T-102 de 2006.
13
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S. A., Accionada: Sección Primera, Consejo de Estado, C. P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.

6

Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-04841-00
Actor: Alba Cáceres Piñeres

Para arribar a la anterior conclusión, el Consejo de Estado sostuvo que, aunque el
presupuesto de inmediatez es exigible para todas las acciones de tutela, lo cierto es
que, cuando se trata de un recurso de amparo contra providencias judiciales, el
lapso de seis (6) meses se justifica como resultado de la garantía de los principios
de cosa juzgada y seguridad jurídica, sin contar que, con ello se pueden vulnerar
derechos de terceros.

Sin perjuicio de lo expuesto, en dicha providencia se advirtió que resulta
indispensable analizar la situación concreta sometida al juez de tutela, en particular,
«(…) (i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la
inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros
afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la
acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado;14 (iv) si el
fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria
de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de
la fecha de interposición15.”16».

De igual modo, aceptó que, conforme a la jurisprudencia constitucional17, existen
dos excepciones a la aplicación del requisito de inmediatez, estas son:
«(i) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que,
pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación es continua y actual. Y (ii) cuando la especial
situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos
fundamentales, hace desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir
a un juez; por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de
edad, incapacidad física, entre otros». Situaciones que deberán ser analizadas en
cada caso, en el evento en que se acuda a la tutela en un término superior al
mencionado (6 meses).

Esbozado el anterior panorama, debe examinarse si los anteriores presupuestos se
configuran en el presente asunto, con el fin de proseguir con el estudio de las
causales específicas de procedibilidad (que se explicarán más adelante), de la
siguiente manera:

14
Sentencia SU-961/99.
15
Sentencia T-814/05. Ver también, Sentencia T-728/02.
16
Corte Constitucional. Sentencia T-189 de 2009.
17
Sentencia T-584 de 2011.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-04841-00
Actor: Alba Cáceres Piñeres

Requisito Cumplimiento Si - No
1. Sí. Por cuanto la discusión contra la sentencia del 8 de junio de
2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander
tiene fundamento en la falta de valoración de las pruebas, la
indebida aplicación de la normatividad vigente y el
Relevancia constitucional desconocimiento del precedente jurisprudencial sobre la
motivación del acto administrativo, aspectos que, para la parte
accionante son el origen de la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración
de justicia, a la confianza legítima y a la buena fe.
2. Sí. Contra el proveído acusado no procede recurso alguno,
Subsidiariedad
toda vez que, se emitió en segunda instancia.
3. Sí. el requisito de inmediatez se satisface, comoquiera que la
determinación judicial atacada18 quedó ejecutoriada al 26 de
Inmediatez junio de 2023 y la solicitud de amparo se instauró el 05 de
septiembre siguiente, es decir, dentro de un término prudencial
(2 meses y 9 días)
4. Irregularidad procesal
debe tener impacto en la Sí. No se alega irregularidad procesal alguna.
sentencia que se ataca
5. Identificación de hechos y
Sí. Se establecieron los hechos que originaron el supuesto
exponerlos en sede
quebranto de las aludidas garantías superiores
ordinaria
6. Que no se trate de
Sí. La providencia acusada no desató una acción de tutela
sentencia de tutela

De lo anterior se evidencia que la presente acción de tutela cumple los presupuestos
generales de procedibilidad contra providencia judiciales, razón por la cual esta Sala
procederá a formular el problema jurídico que deberá resolver en el presente asunto.

2.3 Problema jurídico.

En esta oportunidad, le corresponde a esta Sala determinar si el Tribunal
Administrativo de Santander, a través de la Sentencia del 8 de junio de 2023, que
revocó el fallo del 28 de marzo de 2019 proferido por el Juzgado 5° Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte actora, tras considerar que, en esencia: (i) se presentó una
indebida valoración de los elementos materiales probatorios, (ii) evidente
contradicción en los fundamentos de hecho y la normatividad vigente y (iii)
desconocimiento del precedente judicial, particularmente, de la Sentencia SU-917
de 2010.

Con ese propósito, la Sala se pronunciará, concretamente, sobre los requisitos
específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, a
saber: (i) defecto fáctico, (ii) defecto sustantivo y (iii) desconocimiento del

18
El correo electrónico, mediante el que se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 16 de junio de 2023, motivo por
el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 21 de los mismos mes y año, conforme al artículo 205
(numeral 2) del CPACA.

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Actor: Alba Cáceres Piñeres

precedente.

2.4 La acción.

La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por
los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, fue
concebida como un mecanismo excepcionalísimo para la protección de los
derechos fundamentales de los ciudadanos, en todo tiempo y lugar frente a su
amenaza o transgresión, en principio, frente a la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública, y, en casos concretos respecto a particulares, siempre que no se
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo
transitorio.

El perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas circunstancias
específicas que si bien se analizan en cada caso concreto, deben hallarse
presentes, a saber: (i) que su ocurrencia sea inminente, es decir, no resulta
suficiente que exista una mera posibilidad de que se produzca el daño; (ii) que la
gravedad de los hechos sea de tal magnitud que cause un daño de gran intensidad
sobre la persona afectada; (iii) que resulte urgente la medida de protección para
que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (iv) que la
acción sea impostergable, esto es, que de configurarse el perjuicio no exista forma
de reparar el daño producido a ese derecho19.

2.5 La acción de tutela contra providencias judiciales.

La Sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional sistematizó las denominadas
vías de hecho en las cuales podían incurrir las providencias dictadas por los jueces
de la República en sus distintas especialidades (penal, civil, laboral, contencioso
administrativo, y demás) y, por consiguiente, la procedencia excepcional de la
acción de tutela en contra de estas. Posteriormente, mediante la Sentencia T-217
de 2010 esa misma Corporación rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de
tutela contra sentencias y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales generales y específicas de procedibilidad con el propósito de destacar,
con mayor énfasis, la excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones

19
Corte Constitucional, Sentencia T-003 de 2022, M. P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.

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Actor: Alba Cáceres Piñeres

judiciales, la cual solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional
resulta procedente. Dicha tesis sigue vigente, por ejemplo, entre otras, en la
Sentencia SU-128 de 2021.

En esa medida, la actual doctrina constitucional establece que únicamente procede
la acción de tutela en contra de decisiones judiciales cuando se cumplen, además
de los requisitos generales relacionados en precedencia, los específicos que se
relacionan a continuación, denominados, defectos:

Defecto Explicación
1. Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
Orgánico
providencia impugnada, carece de competencia.
2. Se origina cuando el juez actúa completamente al margen del
Procedimental absoluto
procedimiento establecido.
3. Surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que
Fáctico permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.
4. Cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
Material o sustantivo inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre las consideraciones y la decisión.
5. Se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
Error inducido parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que
afecta derechos fundamentales.
6. Implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales
Decisión sin motivación de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones.
7. En estos casos la tutela procede como mecanismo para
Desconocimiento del
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
precedente
vinculante del derecho fundamental quebrantado.
8. Procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía
Violación directa a la de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está
Constitución ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones
ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

Por otra parte, se destaca que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, en principio había sostenido que la acción de tutela resultaba
improcedente para controvertir decisiones judiciales20, no obstante, rectificó su
posición mediante sentencia del 31 de julio de 201221, en el sentido de disponer que
la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren
derechos fundamentales, con observancia de los parámetros fijados
jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la
jurisprudencia, lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha

20
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C.
P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-
429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2
de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-
01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
21
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.

10

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Actor: Alba Cáceres Piñeres

aplicado en los términos antes expuestos22.

En el sub lite se alega que el fallo acusado incurrió en: (i) un defecto fáctico, (ii) un
defecto sustantivo y (iii) en desconocimiento del precedente.

2.6 Solución al caso concreto.

La parte actora acudió al presente recurso de amparo con la finalidad de solicitar la
protección de sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia,
a la confianza legítima, al debido proceso, a la legalidad, a la igualdad, a la buena
fe y a la seguridad jurídica, los cuales consideró conculcados por el Tribunal
Administrativo de Santander al revocar la sentencia de primera instancia proferida
por el Juzgado 5° Administrativo de Santander y, en su lugar, denegó las
pretensiones de la accionante.

Se recuerda que, los reproches del tutelante, básicamente consisten en que la
sentencia de segunda instancia incurrió en un defecto fáctico por la indebida
valoración de los elementos materiales probatorios, evidente contradicción en los
fundamentos de hecho con la normatividad vigente y desconocimiento del
precedente judicial de la Sentencia SU- 917 de 2010, respecto a la motivación de
los actos administrativos expedidos con el propósito de retirar del servicio a
empleados nombrados en provisionalidad.

Defecto fáctico.

Una providencia judicial se encuentra viciada por defecto fáctico en el evento en
que el juez aplica la norma al caso concreto sin contar con supuestos ciertos, esto
es, “(…) surge cuando carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión”23.

22
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-
01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-
00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve.
23
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-04841-00
Actor: Alba Cáceres Piñeres

La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos aspectos
o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta cuando el
funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no apta para ello.
Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto negativo que alude a
aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los eventos en
que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar suficiente material
probatorio que lo demuestra24.

En el caso sub examine, la accionante sostiene que la sentencia atacada involucra
un defecto fáctico por la indebida valoración de los elementos materiales probatorios
donde se desprende la falta o falsa motivación del acto administrativo que da por
terminado el nombramiento en provisionalidad, al cambiar el perfil del cargo y
nombrar un profesor del área de filosofía de una lista de elegibles que no
correspondía para el área de ética y valores, cargo que desempeñó la demandante.

En ese sentido, esta Sala observa que el Tribunal Administrativo de Santander, en
la sentencia del 8 de junio de 2023, contrario a lo indicado por la demandante, sí
analizó y se pronunció sobre el cambio de perfil del cargo de docente adscrito a la
Institución Educativa Claveriano Fe y Alegría, particularmente, lo relacionado con el
área de ética y valores, como parte del programa de filosofía a partir de las funciones
y el régimen especial de docentes, especialmente, sobre el contenido del artículo
10 de la Ley 715 de 2001.

Adicionalmente, su decisión se fundamentó en los numerales 10.8 y 10.9 de dicho
artículo, con el fin de comprender la definición de perfiles para la selección del
personal y la respectiva distribución de la asignación académica, lo cual fue
confrontado directamente con el contenido de la Resolución 1689 del 29 de junio de
2016, para concluir que, en efecto, esta se fundó en la necesidad de mejorar el
servicio, en la medida en que la docente Alba Cáceres de Piñeres se encontraba
con mayor asignación académica en el área de filosofía.

En ese orden de ideas, la Sala concluye que la desvinculación de la accionante se
ajustó al ordenamiento jurídico y conforme a la deducción razonable de las pruebas
que reposan en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho expediente

24
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-04841-00
Actor: Alba Cáceres Piñeres

680013333005-2017-00003-01, de manera que la providencia cuestionada no
configura defecto fáctico.

Defecto sustantivo.

En relación con el defecto sustantivo, resulta oportuno precisar que el artículo 230
de la Constitución Política consagra que los jueces se encuentran sometidos al
imperio de la ley. En virtud de ese mandato, las autoridades judiciales deben decidir
las discusiones de acuerdo con las normas que regulan la materia, como expresión
del principio de legalidad.

La jurisprudencia constitucional25 ha precisado que la providencia judicial proferida
con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado defecto
sustantivo, que se configura cuando el litigio es desatado con fundamento en una
disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue derogada, declarada
inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con el decidido, la
interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente se omite
aplicarla.

Sobre el particular, la Corte Constitucional sostuvo que este defecto implica «[…] la
existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial, originada en el
proceso de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas al caso
sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la procedencia de
la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta trascendencia, que
lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
constitucionales»26.

En el sub lite la accionante afirma que el fallo reprochado comporta defecto
sustantivo, señalando una indebida aplicación de la normatividad vigente en el acto
que da por terminado el nombramiento en provisionalidad, no obstante, en el escrito
de tutela no se precisa la supuesta indebida aplicación, dado que solamente se
realiza una mención sin identificar, concretamente, cuál es el error en que incurrió
la autoridad accionada.

25
Sentencias T-781 del 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
26
Sentencia T-259 del 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-04841-00
Actor: Alba Cáceres Piñeres

A pesar de ello, la Sala observa que, el fallo cuestionado identificó el marco
normativo constitucional y legal para resolver el problema jurídico. Para ese efecto,
advirtió que la Constitución Política en el artículo 125 consagra que los empleos de
carrera administrativa deben proveerse mediante concurso de méritos, y, frente al
ingreso al servicio docente, el Tribunal Administrativo de Santander estudió el
Decreto 1278 de 2002, así como las normas referentes a la terminación de un
nombramiento en provisionalidad como consecuencia del nombramiento en periodo
de prueba de quienes hacen parte de la respectiva lista de elegibles vigente.

Ahora bien, además, en el presente caso la Sala evidencia que la providencia
cuestionada concluyó que la Resolución 1689 de 2016 no era contraria al
ordenamiento jurídico, “por cuanto la decisión de la administración cumplió con el
deber de motivación conforme el marco normativo y jurisprudencial atinente a la
materia en razón a que se encuentran configurados para el caso concreto los
requisitos para proceder de acuerdo al instituto jurídico de la conversión de cargos
establecido en el decreto 1075 de 2015”.

De conformidad con lo expuesto en líneas precedentes, se concluye que la
sentencia objeto de reproche no incurre en defecto sustantivo, toda vez que, como
fue demostrado, esta fue proferida en aplicación de las normas vigentes y
procedentes para la solución del caso concreto, básicamente, lo relativo a la
terminación de un nombramiento en provisionalidad para proveer el cargo con
personal en periodo de prueba de la lista de elegibles del concurso.

Desconocimiento del precedente.

El desconocimiento del precedente tiene dos modalidades: (i) como causal
autónoma de procedencia de la tutela contra providencia judicial cuando se trata del
precedente constitucional, y (ii) como defecto sustantivo por el desconocimiento del
precedente judicial. La primera tiene su origen en el artículo 241 superior y se
predica exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte Constitucional en su
jurisprudencia27, y la segunda hace referencia a cuando la autoridad jurisdiccional
se aparta del precedente horizontal o vertical sin justificación suficiente, lo que lleva

27
Sentencia T-360 de 2014: “(…) En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando:
(i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii)
se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto
que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una
sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte
Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela”.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-04841-00
Actor: Alba Cáceres Piñeres

a concluir que la providencia incurre en defecto sustantivo 28 conforme a los
principios del debido proceso, igualdad y buena fe 29.

En este asunto, la accionante afirma que el fallo cuestionado desconoció el
precedente de la Corte Constitucional, contenido en la Sentencia SU-917 de 2010
sobre la motivación de los actos administrativos con razones de hecho y de derecho
reales.

En ese sentido, es preciso recordar que, la Sentencia SU-917 de 2010 señala el
deber de motivar los actos de retiro de servidores públicos nombrados en
provisionalidad en cargo de carrera, en los siguientes términos:

“b.- Contenido de la motivación

Un aspecto de particular importancia en esta materia es el referente a cuáles son las
razones que puede invocar el nominador para desvincular a quien ejerce un cargo en
provisionalidad, tema del que también se ha ocupado la jurisprudencia constitucional.

El acto de retiro no sólo debe ser motivado sino que ha de cumplir ciertas exigencias
mínimas respecto de su contenido material, de modo que el administrado cuente con
elementos de juicio necesarios para decidir si acude o no ante la jurisdicción y
demanda la nulidad del acto en los términos del artículo 84 del CCA. Lo contrario
significaría anteponer una exigencia formal de motivación en detrimento del derecho
sustancial al debido proceso, pues si no se sabe con precisión cuáles son las razones
de una decisión administrativa difícilmente podrá controvertirse el acto tanto en sede
gubernativa como jurisdiccional.

Es por lo anterior por lo que la Corte ha hecho referencia al principio de “razón
suficiente” en el acto administrativo que declara la insubsistencia o en general
prescinde de los servicios de un empleado vinculado en provisionalidad, donde
“deben constar las circunstancias particulares y concretas, de hecho y de derecho,
por las cuales se decide remover a un determinado funcionario, de manera que no
resultan válidas aquellas justificaciones indefinidas, generales y abstractas, que no
se predican directamente de quien es desvinculado”30. En otras palabras, de acuerdo
con la jurisprudencia decantada por esta Corporación, “para que un acto
administrativo de desvinculación se considere motivado es forzoso explicar de
manera clara, detallada y precisa cuáles son las razones por las cuales se prescindirá
de los servicios del funcionario en cuestión” 31.”

Del precedente judicial que antecede, se establece que el acto de retiro del
empleado nombrado en provisionalidad debe ser motivado y cumplir con un mínimo

28
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M. P. Carlos
Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa,
T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M.
P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo.
29
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P. Jorge Iván
Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
30
Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 2005. En la misma providencia la Corte señaló: “Esta regla encuentra su
justificación en el hecho de que la motivación resulta ser necesaria para controvertir dicho acto ante la jurisdicción contencioso-
administrativa, y adicionalmente, porque la desvinculación debe obedecer a un principio de razón suficiente, es decir, que
deben existir motivos fundados para que la administración prescinda de los servicios de su funcionario. La ausencia de
motivación específica, en consecuencia, lesiona los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa del trabajador,
que de manera provisional, ocupa un cargo de carrera administrativa”.
31 Corte Constitucional, Sentencia T-104 de 2009, entre muchas otras.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-04841-00
Actor: Alba Cáceres Piñeres

de exigencias en su contenido material de forma clara, detallada y precisa para la
terminación del servicio del empleado o funcionario.

Sobre el particular y descendiendo al caso concreto, se tiene que la Sentencia del
8 de junio de 2023 del Tribunal Administrativo de Santander no desconoció el
precedente judicial referenciado por la accionante, dado que, del estudio de la
prueba documental contenida en la Resolución No. 1689 de 2016, en el proceso
ordinario se advirtió que la motivación del acto administrativo cumplió con los
requisitos jurisprudenciales y legales tal como se observa en la parte considerativa
de la decisión:

“ (…) de un análisis del acto administrativo demandado, observa la Sala que, contrario
a lo señalado por el Juez de Primera Instancia, la Resolución No. 1689 del 29 de junio
de 2016 no fue proferida con falsa motivación, pues, allí se encuentran plasmadas las
razones suficientes que llevaron al municipio de Bucaramanga a dar por terminado el
nombramiento en provisionalidad en el cargo de docente de la señora Alba Cáceres
Piñeres, debiéndose indicar que, la estabilidad de las personas nombradas en
provisionalidad se refleja en la obligación de la administración de motivar el acto
administrativo en el cual se declara la insubsistencia y/o desvinculación, motivación
que se realizó de manera adecuada en el presente caso, pues los argumentos
señalados en el acto administrativo atacados son claros, detallados y precisos
del porque se dio por terminado el nombramiento de la demandante, además,
que dichas actuaciones estuvieron amparadas en el ordenamiento jurídico que
faculta a los rectores de las instituciones educativas para realizar el cambio de
perfil de los cargos de los docentes, así como la provisión de las vacantes
definitivas con las personas que se encuentran en la lista de elegibles vigentes.”
(negrilla fuera de texto)

En ese sentido, la Sala advierte que, la sentencia cuestionada realizó el estudio de
las normas constitucionales y legales con la respectiva confrontación del acto
administrativo demandado, evidenciando que este se encontraba debidamente
motivado por razones del servicio y la provisión de la vacante con el nombramiento
en periodo de prueba de la lista de elegibles vigente para el cargo.

Con fundamento en lo que antecede no se observa que el fallo judicial haya
desconocido el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional previsto en la
Sentencia SU-917 de 2010, por el contrario, se demostró en el proceso ordinario
que el acto administrativo que retiro del servicio a la accionante en calidad de
docente en provisionalidad fue debidamente motivado, en ese sentido, la Sala

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-04841-00
Actor: Alba Cáceres Piñeres

constata que la sentencia judicial no incurre en la causa específica de
desconocimiento del precedente judicial.

III. DECISIÓN

Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto la parte
actora no acreditó que la providencia cuestionada haya incurrido en alguna de las
causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial invocadas (defecto fáctico, defecto sustantivo y desconocimiento del
precedente), por tal motivo se negará la solicitud de amparo formulada por la señora
Alba Cáceres Piñeres

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

1º. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al acceso a la administración
de justicia, a la confianza legítima, al debido proceso, a la legalidad, a la igualdad,
a la buena fe y a la seguridad jurídica invocados por la señora Alba Cáceres Piñeres,
por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

2º. NOTIFÍQUESE esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

3º. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, envíese el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-04841-00
Actor: Alba Cáceres Piñeres

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

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