Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04870-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04870-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-04870-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
13 de diciembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04870-01
Accionante: EMPLEAMOS S.A.
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN TERCERA
– SUBSECCIÓN «B»
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – Se modifica el fallo impugnado – Se declara
improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con el requisito general
de relevancia constitucional.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la sociedad Empleamos S.A. contra
la sentencia de 19 de octubre de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La sociedad Empleamos S.A., a través de apoderado judicial, solicitó el amparo
de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad en conexidad con
los principios de legalidad y confianza legítima, cuya vulneración le atribuyó a la
sentencia de 2 de junio del 2023, proferida por Sección Tercera -Subsección «B»-
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de reparación
directa con número único de radicación 11001-33-36-031-2014-00283-00/01/02.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Indicó que los señores Arcadio Restrepo Arce, Rosalba Velásquez Vicuña, Luis
Restrepo Velásquez, Nathalia Restrepo Velásquez, Marina Restrepo Velásquez,
Sandra Restrepo Velásquez y Juan Carlos Restrepo Velásquez presentaron la
demanda de reparación directa núm. 11001-33-36-031-2014-00283-00/01/02 en
contra de la Agencia de Renovación del Territorio [sucesora procesal del
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Empleamos S.A.
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social] y la Unidad Administrativa
Especial para la Consolidación Territorial, por las lesiones padecidas por el señor
Arcadio Restrepo Arce como consecuencia de la explosión de una «[…] mina
antipersona […]», mientras participaba en un operativo de erradicación manual de
cultivos ilícitos.
2.2. Informó que el Juzgado Cincuenta y Nueve del Circuito de Bogotá, mediante auto
de 28 de febrero de 20181, vinculó en calidad de litisconsortes necesarios de la parte
demandada a la sociedad Empleamos S.A. y a la Nación – Ministerio de Defensa –
Ejercito Nacional y Policía Nacional.
2.3. Manifestóque, mediante sentencia de 26 de marzo de 2021, el Juzgado
Cincuenta y Nueve del Circuito de Bogotá «declaró pleito pendiente entre las partes
y se abstuvo de pronunciarse respecto de las pretensiones de la demanda».
2.4. Expuso que la parte demandante interpuso recurso de apelación y mediante
sentencia de 2 de junio de 2023, la Sección Tercera -Subsección «B»- del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca revocó el fallo apelado, para en su lugar disponer:
(i) «[…] declarar probada la cosa juzgada respecto de la Nación, Ministerio de
Defensa – Ejercito Nacional y la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
[…]»; y (ii) «[…] declar[ar] a la Agencia de Renovación del Territorio y a Empleamos
S.A., solidariamente responsables por los perjuicios patrimoniales causados a los
demandantes […]».
2.5. Manifestó que la sentencia de 2 de junio de 2023 desconoció sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad en conexidad con los principios de
legalidad y confianza legítima, al haber incurrido, presuntamente, en los defectos
fáctico, sustantivo, de violación directa de la Constitución, de desconocimiento del
precedente y de decisión sin motivación.
2.6. Respeto al defecto fáctico, indicó que el Tribunal omitió valorar las pruebas que
daban cuenta que el señor Arcadio Restrepo Arce leía y escribía en idioma español,
que el demandante en el proceso contencioso administrativo conocía los riesgos
propios de la actividad desarrollada y las pruebas que demostraban que
«Empleamos S.A. cumplió a cabalidad con las exigencias y obligaciones del
contrato según los parámetros, estrategias y estándares de la entidad pública que
diseñó el programa de erradicación».
2.7. Sobre el defecto sustantivo expuso que la autoridad judicial accionada le aplicó
el «[…] régimen de responsabilidad de las entidades públicas […]», cuando
debieron aplicarse las normas laborales por ser «[…] una persona jurídica de
derecho privado […]».
2.8. Frente a la violación directa de la Constitución señaló que se vulneró su derecho
fundamental al debido proceso porque el asunto debió resolverse sin aplicar la figura
1 Disponible en el folio 357 del cuaderno principal del proceso de reparación directa con radicado 11001-33-36-
031-2014-00283-00.
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Accionante: Empleamos S.A.
de litisconsorcio necesario. Igualmente adujo que se desconoció su derecho a la
igualdad porque no se tuvieron en cuenta los precedentes jurisprudenciales2, según
los cuales la responsabilidad por los daños padecidos por erradicadores de cultivos
ilícitos recae sobre Estado.
2.9. En cuanto al desconocimiento del precedente manifestó que se transgredieron
las sentencias de 11 de octubre de 20223 y 24 de agosto de 20234.
2.10. Sobre la decisión sin motivación señaló que la sentencia de 2 de junio de 2023
se abstuvo de explicar las razones por las que le trasladó la responsabilidad de
erradicación manual de cultivos ilícitos y tampoco expuso los motivos por los que
tuvo «[…] por demostrado que Empleamos incumplió las exigencias del contrato o
no cumplió en debida forma con los parámetros definidos por la entidad contratante
[…]».
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
«[…] 1. Acudiendo a esta acción, solicito se me amparen los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y los principios de legalidad y
confianza legítima, además de aquellos que se demuestren o prueben dentro
del trámite constitucional, violados por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, con la Sentencia del 2 de junio
de 2023 proferida en el medio de control con Rad. 11001333603120140028302
con ponencia de la Dra. Clara Cecilia Suárez Vega.
2. Que, como consecuencia del amparo constitucional deprecado, se deje sin
efectos la sentencia proferida en el medio de control con Rad.
11001333603120140028302 el 2 de junio de 2023, notificada el 30 de junio de
2023, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, con ponencia de la Dra. Clara Cecilia Suárez Vega.
3. Que se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, con ponencia de la Dra. Clara Cecilia Suárez Vega, que
atendiendo a la vulneración de los derechos fundamentales de la empresa
Empleamos S.A., profiera una nueva decisión teniendo en cuenta los
argumentos que se definan en la decisión que ponga fin a esta acción y por
medio de la cual, se aspira, se defiendan las garantías conculcadas.
4. Prevenir al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, con ponencia de la Dra. Clara Cecilia Suárez Vega, para que en
lo sucesivo no incurran en el desconocimiento de los derechos fundamentales
deprecados […]».
2 «Rad. 11001333603620240017500. Rad. 11001333603220150030500. Rad. 11001333672220140001900.
Rad. Rad. 11001333603320140027500. Rad. 11001333671520140020800. Rad. 11001333603120140025200.
Rad. 11001333603720130050400. Rad. 11001333603220150012500».
3 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, Radicación: 11001-33-36-722-
2014-00019-00, sentencia de 11 de octubre de 2022. Magistrado Ponente: Dr. Fernando Iregui Camelo.
4 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Radicación: 11001-33-36-032-2015-00125-00,
sentencia de 24 de agosto de 2023. Magistrado Ponente: Dr. José Élver Muñoz Barrera.
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Accionante: Empleamos S.A.
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 26 de septiembre de 2023, el magistrado a cargo de la
sustanciación del proceso de la Sección Quinta -Subsección «B»- del Consejo de
Estado admitió la presente acción de tutela y negó la medida provisional solicitada.
Asimismo, vinculo como terceros con interés en las resultas del proceso al «[…]
Juzgado Cincuenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, D.C., al
Departamento para la Prosperidad Social, a la Agencia de Renovación del Territorio,
a la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial, a la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional, a la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional, a la Nación – Ministerio del Interior, y a los señores Arcadio
Restrepo Arce, Rosalba Velázquez Vicuña, Luis Restrepo Velásquez, Nathalia
Restrepo Velásquez, Marina Restrepo Velásquez, Sandra Restrepo Velásquez y
Juan Carlos Restrepo Velásquez […]».
V. INTERVENCIONES
5. Realizadas las notificaciones a la autoridad judicial accionada y a los vinculados,
se allegaron los siguientes informes:
5.1. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social manifestó que
carecía de legitimación en la causa por pasiva porque mediante auto de 16 de junio
de 2017, proferido por el Juzgado Cincuenta y Nueve Administrativo del Circuito de
Bogotá en la audiencia inicial, se tuvo a la Agencia de Renovación del Territorio
como su sucesora procesal.
5.2. La Sección Tercera -Subsección «B»- del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, a través de la magistrada ponente de la sentencia objeto de tutela,
se opuso a las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que en la sentencia
de 2 de junio de 2023 se expusieron los fundamentos los que existió responsabilidad
solidaria entre la sociedad accionante y la Agencia de Renovación del Territorio.
5.3. Indicó que en el caso objeto de controversia, la responsabilidad solidaridad de la
accionante «[…] surgió (…) por la falta de coordinación de sus competencias en la
ejecución de la política de erradicación de cultivos ilícitos, dado que ejercieron sus
funciones de manera negligente desconociendo el derecho de las poblaciones
indígenas a recibir un trato diferencial que garantice la protección eficaz en materia
de condiciones de empleo […]».
5.4. Precisóque en la sentencia objeto de esta acción se aplicó un «enfoque
diferencial étnico», que permitió concluir que existía una responsabilidad de la
sociedad Empleamos S.A., porque no le informó al señor Arcadio Restrepo Arce los
riesgos asociados con la actividad de erradicación.
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Accionante: Empleamos S.A.
5.5. El Ministerio del Interior solicitó su desvinculación «[…] por no haber sido la
entidad pública (…) que vulneró por acción y por omisión los derechos que alega la
accionante como vulnerados […]».
5.6. Además, solicitó que se declare improcedente la presente acción de tutela
porque no hubo vulneración de los derechos fundamentales del accionante por parte
de la cartera ministerial.
5.7. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional indicó que el Tribunal
accionado efectuó un «[…] análisis totalmente coherente en el sentido de verificar
que (…) la parte accionante había acudido a la jurisdicción contenciosa
administrativa a través del medio de control de reparación directa con radicado
número 2012-00383 […]», por lo que era razonable declarar la «[…] configuración
del fenómeno de la cosa juzgada […]».
5.8. Agregó, que no existió vulneración al derecho a la igualdad porque se pretende
la aplicación de unas sentencias donde «no tuvo participación directa, ni de ninguna
otra índole, resultando inviable jurídicamente la aplicabilidad de los efectos inter-
partes de sentencias derivadas de diferente litis donde se careció de vinculación
procesal».
5.9. Losseñores Arcadio Restrepo Arce, Rosalba Velásquez Viscuña, Luis
Restrepo Velásquez, Nathalia Restrepo Velásquez, Mariana Restrepo
Velásquez, Sandra Restrepo Velásquez y Juan Carlos Restrepo Velásquez,
actuando a través de apoderado, indicaron que la presente acción de tutela debía
ser declarada improcedente por no cumplir con el requisito general de procedencia
de relevancia constitucional.
5.10. Como fundamento de lo anterior, señalaron que «la discusión planteada parece
más encaminada a cuestionar y reabrir el debate probatorio» y no hubo una
suficiente identificación de los hechos que generaron la supuesta vulneración de
derechos.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante fallo de tutela de 19 de octubre de 2023, la Sección Quinta del Consejo
de Estado decidió declarar la improcedencia del medio de amparo por falta de
relevancia constitucional respecto de los defectos fáctico, sustantivo, de decisión
sin motivación y de violación directa de la constitución. En cuanto al cargo
relacionado con la violación del derecho a la igualdad concluyó que no se superaba
la carga argumentativa mínima, por lo que debían negarse las pretensiones de esta
acción constitucional.
7. Como fundamento de lo anterior, indicó que el asunto carecía de relevancia
constitucional, frente a los defectos fáctico, sustantivo, de decisión sin motivación y
de violación directa de la constitución, porque lo pretendido por la parte actora era
reabrir un debate zanjado por la autoridad judicial accionada.
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Accionante: Empleamos S.A.
8. Respecto al principio de igualdad, consideró que, si bien se cumplía con los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial, lo cierto era que «[…] no se cumplió con la carga argumentativa mínima
[porque] no explicó por qué las providencias traídas a colación versaron sobre
circunstancias fácticas y jurídicas similares a su situación concreta […]».
9. Por último, negó las solicitudes de desvinculación elevadas por el Ministerio del
Interior, el Departamento de Prosperidad Social y la Policía Nacional.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
10. La sociedad Empleamos S.A., a través de apoderado judicial, impugnó el fallo de
primera instancia, por las siguientes razones:
10.1. Expuso que, contrario a lo sostenido por el a quo, en el escrito de tutela «se
explicaron suficientemente los defectos o causales específicas de procedencia de
la acción de tutela frente a providencias judiciales, [donde], si bien se abordan
cuestiones probatorias y de aplicación del derecho, ello sustenta el defecto fáctico,
sustantivo y la violación directa de la constitución, lo que implica transgresión de
derechos y principios constitucionales importantes como el debido proceso y el
principio de legalidad».
10.2. Insistió que la atribución de responsabilidad que le hicieron, con base en un
régimen propio de las entidades estatales, «configura un defecto sustantivo, y
además trasgrede el principio de legalidad, violándose directamente la constitución,
pues se están aplicando fuentes normativas al margen de su texto específico y a
sujetos que no son destinatarios de las disposiciones allí consignadas».
10.3. Reiteró que había una «una violación (…) al derecho a la igualdad» porque la
«jurisdicción de lo contencioso administrativo en múltiples decisiones ha definido,
con fuerza de cosa juzgada, que, aun habiéndose presentado el resultado dañino,
[el particular] no era quien tenía la carga de garantizar la seguridad de los
trabajadores».
10.4. Además, manifestó que el a quo omitió pronunciarse sobre la vulneración del
derecho al debido proceso.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
11. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
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Accionante: Empleamos S.A.
noviembre de 19915, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20156, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20217, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20198.
VIII.2. Cuestión previa
12. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de
desvinculación procesal presentadas por el Departamento de Prosperidad Social, el
Ministerio del Interior y la Policía Nacional.
13. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20069 señaló lo siguiente:
«[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. (…).
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,
el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción […]». (Negrilla fuera del texto)
14. Así las cosas, la Sala estima que la solicitud de desvinculación presentada por la
Policía Nacional no está llamada a prosperar, por cuanto esta entidade fue parte
dentro del proceso de reparación directa en el que se profirió la decisión objeto de
esta acción de tutela, por lo que su vinculación al presente trámite resulta necesaria,
dado el interés que les asiste en las resultas de este proceso.
15. Frente a las peticiones de desvinculación formuladas por el Departamento de
Prosperidad Social y el Ministerio del Interior, la Sala accederá a dichas solicitudes
porque estas entidades no se encontraban vinculadas en calidad de parte al
proferirse la sentencia cuestionada.
5 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
6 «Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho».
7 «Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela».
8 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
9 Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. Exp. T-1412872, M.P. Jaime Araújo Rentería; 30 de noviembre
de 2006.
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Accionante: Empleamos S.A.
16. En consecuencia, se accederá a las solicitudes de desvinculación presentadas
por el Departamento de Prosperidad Social y el Ministerio del Interior y se negará la
solicitud de desvinculación presentada por la Policía Nacional, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
VIII.3. Problemas jurídicos
17. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado o revocado10, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá:
b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido,
presuntamente, en un defecto fáctico, en un defecto sustantivo, en una
violación directa de la Constitución, en un desconocimiento del precedente y
en una decisión sin motivación.
VIII.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
18. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201211, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
19. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
20. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
10 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia
de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
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21. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial12, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución13.
22. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»14 que encaje en dichos
parámetros.
23. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
24. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VIII.5. El caso concreto
25. La sociedad Empleamos S.A., a través de apoderado judicial, solicitó el amparo
de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad en conexidad con
los principios de legalidad y confianza legítima, cuya vulneración le atribuyó a la
sentencia de 2 de junio del 2023, proferida por Sección Tercera -Subsección «B»-
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de reparación
directa con número único de radicación 11001-33-36-031-2014-00283-00/01/02.
12 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado
Jorge Iván Palacio Palacio.
13 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera
absoluta, de jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por
demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o
inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y
ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y
jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado
por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera
directa a las normas establecidas en la Constitución Política.
14 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado
Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
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Accionante: Empleamos S.A.
26. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
VIII.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
27. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental15 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones16.
28. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales17, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces18.
29. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación19, sostuvo lo siguiente:
«[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]».
(Negrilla fuera del texto)
15 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado
Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño.
16 Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de
agosto de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
17 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para
efectos de atacar y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
18 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
19 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04870-01
Accionante: Empleamos S.A.
30. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202220
precisó, en relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:
«[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental.
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal.
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
(…)
20 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04870-01
Accionante: Empleamos S.A.
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]». (Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto).
31. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202321.
32. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que asunto tenga relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión atacada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales22.
33. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte actora invoque el texto
constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que dicho atentado
debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.
34. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte actora alega que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad, en conexidad con los principios de
legalidad y confianza legítima, porque incurrió en un defecto fáctico, en un defecto
sustantivo, en una violación directa de la Constitución, en un desconocimiento del
precedente y en una decisión sin motivación.
35. Sobre el defecto fáctico sostuvo que no se valoraron las pruebas que demostraban
que el demandante sí hablaba español, que conocía los riesgos que conllevaba la
actividad de erradicación de cultivos ilícitos y aquellas que demostraban que la
sociedad Empleamos S.A. cumplió «con las exigencias y obligaciones del contrato
según los parámetros, estrategias y estándares de la entidad pública que diseñó el
programa de erradicación».
36. Respecto al defecto sustantivo indicó que la autoridad judicial le aplicó el régimen
de responsabilidad de las entidades estatales, cuando debió ser juzgado «bajo el
derecho laboral privado», específicamente, con el «régimen subjetivo de
21 Corte Constitucional. Sala Séptima de Revisión. Exp. T-8.943.494, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera;
22 de marzo de 2022.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 8 de octubre de
2015 (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2015-00283-01); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección primera, Sentencia del 3 de noviembre de 2016, (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad.
núm.: 2016-002244-00); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia
del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-01063-00); Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo
Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-02862-00); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
primera, Sentencia del 9 de febrero de 2017 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Rad. núm.: 2016-03249-
00).
13
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04870-01
Accionante: Empleamos S.A.
responsabilidad de culpa probada» del artículo 216 del Código Sustantivo del
Trabajo23.
37. En cuanto a la violación directa de la Constitución, manifestó que se vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso al aplicarse de manera indebida la figura
del litisconsorcio necesario y a la igualdad porque se desconoció la línea
jurisprudencial sostenida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, según la
cual la responsabilidad en casos como el presente recae sobre el Estado.
38. Sobre el desconocimiento del precedente indicó que se desconocieron las
sentencias de 11 de octubre de 2022 y 24 de agosto de 2023, en las que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca eximió de responsabilidad a la empresa Empleamos
S.A., en casos similares.
39. Finalmente, frente al defecto de decisión sin motivación, manifestó que la autoridad
judicial accionada no explicó las razones por las que se endilgó la responsabilidad por
a la sociedad Empleamos S.A.; y explicó cuáles fueron las pruebas que la llevaron a
«a tener por demostrado que Empleamos incumplió las exigencias del contrato o no
cumplió en debida forma con los parámetros definidos por la entidad contratante».
40. El juez de primera instancia en este proceso constitucional concluyó, en primer
lugar, que la acción de tutela carecía de relevancia constitucional porque la accionante
buscaba, a través de esta acción de amparo, continuar el debate jurídico sobre la
existencia, o no, de responsabilidad de la sociedad Empleamos S.A., a causa de un
riesgo de carácter excepcional en el que colocó al señor Arcadio Restrepo Arce al
momento de ejercer la actividad de erradicación.
41. En segundo lugar, respecto a la presunta vulneración al derecho a la igualdad,
decidió negar la acción de tutela por este cargo porque no cumplió con la carga
argumentativa mínima, por cuanto «no explicó por qué las providencias traídas a
colación versaron sobre circunstancias fácticas y jurídicas similares a su situación
concreta».
42. Resumido el objeto de la presente controversia, esta Sección considera que la
presente acción de tutela carece de relevancia constitucional, por las siguientes
razones: (i) la acción de tutela está siendo utilizada como una tercera instancia dentro
del proceso contencioso administrativo; (ii) los defectos denunciados no superan la
carga argumentativa mínima; y, (iii) el objeto de debate no versa sobre el núcleo
esencial de algún derecho fundamental.
43. Principalmente, se observa que los argumentos que sustentan la presente acción
de amparo fueron objeto de análisis por la autoridad judicial accionada en sentencia
de 2 de junio de 2023. Al respecto se señaló en la decisión cuestionada:
«[…] 2.2. Problema jurídico
23 «ARTICULO 216. CULPA DEL EMPLEADOR. Cuando exista culpa suficiente comprobada del {empleador}
en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total
y ordinaria por perjuicios, pero del monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero
pagadas en razón de las normas consagradas en este Capítulo».
14
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04870-01
Accionante: Empleamos S.A.
En atención a los argumentos del recurso de apelación, la Sala debe establecer:
sí se encuentra demostrado que en el presente proceso se configuró la
excepción de pleito pendiente, o, en su lugar se debe decidir de fondo el asunto;
en el segundo evento habrá de determinarse si las demandadas son
responsables por el presunto daño antijurídico ocasionado a un indígena
Embera Katío contratado para el programa de erradicación de cultivos ilícitos,
que en dicha actividad fue víctima de una mina antipersonal.
2.3. Análisis jurídico
(…)
• Vinculación de población indígena al proceso de erradicación manual de
cultivos ilícitos
Las comunidades indígenas han padecido daños excesivos por cuenta del
conflicto armado, si bien la Corte Constitucional advirtió sobre la protección que
necesita esta población para garantizarles la vida, dignidad, integridad,
territorio, preservación de sus valores culturales y evitar su exterminio; lo cierto
es que, pese a los esfuerzos realizados, hasta la fecha sus territorios continúan
siendo escenarios de confrontación armada.
(…)
Como pudo evidenciarse en el acápite anterior, de acuerdo con el informe
realizado por la Procuraduría General de la Nación, las condiciones extremas
de pobreza y la falta de conocimiento sobre el riesgo que esto implica, llevan
muchas a veces a poblaciones desprotegidas como campesinos y minorías
étnicas a suscribir contratos laborales para adelantar labores de erradicación
manual de cultivos ilícitos.
Así las cosas, en caso de que miembros de la población indígena resulten
vinculados al proceso de erradicación manual, se deben tener en cuenta
circunstancias adicionales, con el fin de proteger sus derechos humanos y de
cumplir con las obligaciones impuestas en el marco del derecho internacional y
las disposiciones constitucionales mencionadas.
De esta forma, es claro el deber del Estado de garantizar que los miembros de
las poblaciones indígenas que se vinculen laboralmente al proceso de
erradicación manual de cultivos ilícitos comprendan los riesgos a los que se
encuentran expuestos en el desarrollo de dicha labor, sin que esto en ningún
momento signifique que ese conocimiento es equivalente a la asunción del
riesgo.
(…)
Para garantizar dicha comprensión se requiere, acorde con los derechos
fundamentales de los pueblos indígenas y lineamientos de organismos
internacionales encargados de su protección, que se realicen las
capacitaciones, la firma y socialización del contrato laboral, y en general,
cualquier acto que involucre la voluntad y los conocimientos que requieren los
erradicadores para desempeñar su labor, en la lengua de la comunidad
indígena a la que pertenezca el contratado a través de intérprete, o en su
defecto, se garantice la comprensión del castellano.
Lo anterior, en atención a la vulneración de derechos que se puede presentar,
al vincular a una persona que presumiblemente no entiende el castellano, a un
proceso en el que se asume un riesgo a su vida e integridad, de gran entidad,
15
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04870-01
Accionante: Empleamos S.A.
como aquel que involucra artefactos explosivos no convencionales, rechazados
por el derecho internacional humanitario en un marco de conflicto armado.
Para el efecto debe recordarse que en materia de trabajadores indígenas
Colombia ha ratificado el Convenio 169 de la OIT que estipula en materia de
garantías laborales la obligación de adoptar medidas que otorguen la posibilidad
de integrarse de manera activa a la dinámica laboral, pero reconociendo sus
diferencias culturales y respetando su autodeterminación.
Referente a la prohibición de involucrar a los indígenas en el conflicto armado
debe recordarse el auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional que dispuso la
obligación del estado colombiano formular e iniciar la implementación de planes
de salvaguarda étnica ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado para
cada uno de los pueblos identificados en dicha providencia y la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que resaltó
el derecho de estas poblaciones de mantenerse ajenas al conflicto, instando a
la desmilitarización de sus tierras y garantizando el desarrollo de sus
actividades sociales, culturales y económicas en paz.
• Responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados
en accidentes con mina antipersonal, MAP, MUSE y AEI
En cuanto a la responsabilidad del Estado por los daños ocasionados en
accidentes con mina antipersonal, MAP, MUSE y AEI, el Consejo de Estado en
sentencia de unificación ha establecido que para esta se predique se deben
revisar los deberes que ha impuesto la Ley a la entidad demandada y que no
puede fundamentarse únicamente en la posición de garante, como aspecto
general, al respecto estableció:
(…)
En consecuencia, en cuanto al régimen jurídico específico del asunto, el
Consejo de Estado ha sostenido que aplica el título de imputación de falla del
servicio o el daño especial por incumplimiento, omisión y esencialmente por
falta de eficacia en la aplicación e implementación de los medios y herramientas
disponibles por las entidades demandadas y que razonable y
proporcionalmente debían haber atendido la grave, insostenible e irreversible
situación que padecía la víctima.
(…)
De esta forma, se tiene que para analizar los problemas jurídicos que afectan
los derechos de las comunidades indígenas se debe atender el enfoque
diferencial, el cual se funda en el reconocimiento de sus saberes y prácticas
ancestrales como parte de la riqueza cultural de la nación, merecedora de
amparo superior para su conservación y reproducción, lo que significa que
cualquiera de las normas jurídicas que tienen impacto en sus prerrogativas,
necesidades e intereses como grupos minoritarios debe ser interpretada de
modo tal que en su aplicación se otorgue el mayor ámbito de protección a su
dignidad y autonomía, en beneficio de su identidad cultural.
(…)
2.6. Hechos probados
En este caso, la Sala encuentra acreditado que el señor Arcadio Restrepo Arce
pertenece a la comunidad Emberá Katío, específicamente al resguardo GITO
DOCABU, tal como se señala en declaración y certificación allegada al proceso
16
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04870-01
Accionante: Empleamos S.A.
con la demanda y en la base de datos del Ministerio del Interior en su página
web, en la cual fue consultado con el documento de identidad del demandante
y arrojó:
(…)
La lengua oficial de los miembros de dicho pueblo indígena es la emberá que
viene de la familia Chocó:
(…)
El Embera Katío se encontraba vinculado a la empresa Empleamos para la
erradicación de cultivos ilícitos, acorde con oficio incompleto con radicado No.
20121100025701 del 30 de julio de 2012 elaborado por la Unidad Administrativa
Especial de Consolidación Territorial (pág. 10 y 11 Archivo Digital
04ExpedienteFisicoDigitalizado (PRUEBAS).pdf)), en el cual consta:
(…)
Para el día 03 de abril de los corrientes, el señor Arcadio Restrepo Arce se
encontraba vinculado a la empresa de servicio temporales -Empleamos S.A-
mediante “contrato de trabajo por el término que dure la realización de la obra
o labor determinada", el cual adjunto para constancia de lo informado.
(…)
La entonces Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional Fondo de Inversión para la Paz – Acción Social – FIP y
Empleamos S.A suscribieron Contrato de Prestación de Servicios No. 52 de
2011 celebrado entre. (pags. 2 a 15 Archivo Digital
21ExpedienteFisicoDigitalizado (PRUEBAS Y CONTESTA).pdf) en el que se
estableció:
(…)
Empleamos S.A. realizó contrato de trabajo por obra o labor con el señor
Arcadio Restrepo Arce el 21 de febrero de 2012, en el cual se contempla (pág.
12 y 13 Archivo Digital 04ExpedienteFisicoDigitalizado (PRUEBAS).pdf)):
OBJETO: El trabajador se vincula laboralmente, con el EMPLEADOR, bajo la
modalidad de TRABAJADOR EN MISION, con el fin de cumplir en las
instalaciones de la EMPRESA USUARIA DEPARTAMENTO PARA LA
PROSPERIDAD SOCIAL D.P.S., las funciones necesarias para DAR
CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 052-2011
FASE I 2012 de conformidad al art. 77 de la ley 50 de 1990.
(…)
DÉCIMA QUINTA CAPACITACIÓN: Los trabajadores en misión previa a la firma
de este contrato fueron capacitados por EMPLEAMOS S.A. sobre las funciones
y las medidas de seguridad que deben guardar mientras desempeñan la labor
como erradicadores. De igual manera conoce y es conciente de todos los
riesgos existentes al momento de ejecutar la labor encomendada.
Por lo anterior el trabajador manifiesta que asistió, conoce y aplicará los
conocimientos dados en la capacitación al momento de realizar la labor
encomendada.
El referido contrato fue suscrito de la siguiente forma:
(…)
17
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04870-01
Accionante: Empleamos S.A.
En el mismo se observa el diligenciamiento del nombre de los asistentes de una
manera uniforme y en los espacios de firma correspondiente al demandante
(línea 14) las letras A R C – Dic
De conformidad con informe de accidente “PUNTO DENOMINADO EL
OREJON” elaborado por el Coordinador Zonal Antioquia del Programa Contra
Cultivos Ilícitos del Grupo Móvil de Erradicación de la Unidad Administrativa
Especial para la Consolidación Territorial, el señor Arcadio Restrepo Arce
resultó herido cuando se encontraba realizando funciones de erradicación
manual de cultivos ilícitos el 3 de abril de 2012 y se activó un artefacto explosivo
instalado por el Frente 36 de las FARC, de la siguiente forma(págs. 5 a 7 Archivo
Digital 04ExpedienteFisicoDigitalizado (PRUEBAS).pdf)):
(…)
Con Dictamen para Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y
Determinación de la Invalidez realizado por la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Antioquia se da cuenta de una pérdida de la capacidad laboral del
42,08% (Págs. 13 – 17 Archivo Digital 02ExpedienteFisicoDigitalizado
(PODERES Y PRUEBAS).pdf y pág. 1 Archivo Digital
03ExpedienteFisicoDigitalizado (PRUEBAS).pdf).), así:
(…)
Por su parte, el Informe para Presunto Accidente de Trabajo del Empleador o
Contratante, de la ARP Positiva Compañía de Seguros S.A. relacionó: (Págs.
11 y 12 Archivo Digital 17ExpedienteFisicoDigitalizado (CONTESTA UAE).pdf):
Descripción del AT :
EL TRABAJADOR SE ENCONTRABA EN SU LABOR HABITUAL DE
ERRADICADOR, DE REPENTE PISA UNA MINA ANTI-PERSONA ESTA SE
ACCIONA Y LE OCASIONA AMPUTACIÓN DE LA PIERNA DERECHA..
F.I.21/02/2012. DIRECC. VEREDA ROBALA. F.N.15/02/1979
Según Oficio No. S-2012027867 del 21 de junio de 2012 de la Dirección
Antinarcóticos: (págs. 2 a 4 Archivo Digital 03ExpedienteFisicoDigitalizado
(PRUEBAS).pdf)):
(…)
3. Del análisis de responsabilidad en el caso concreto
Daño antijurídico
En este asunto está acreditado el daño, que consiste en las lesiones que
padeció el indígena Emberá Katío Arcadio Restrepo Arce en los hechos
ocurridos el 3 de abril de 2012 cuando se encontraba realizando labores de
erradicación manual de cultivos ilícitos y se accionó un artefacto explosivo, que
conllevó a la amputación infracondilea y la pérdida de un 42.08% de su
capacidad laboral.
Imputación fáctica y jurídica a las demandadas
En lo relativo a la imputación del daño a la Agencia de Renovación del Territorio
y Empleamos S.A., la Sala observa lo siguiente:
Para la fecha de los hechos (3 de abril de 2012), y de acuerdo con lo probado
en el presente asunto, el Estado colombiano se encontraba cumpliendo con la
18
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04870-01
Accionante: Empleamos S.A.
obligación de desminar o demarcar las zonas donde se tuviere certeza o
sospecha de presencia de minas antipersonal, tal como se lo imponía la
Convención de Ottawa (1997), ratificada por Colombia a través de la Ley 554
del año 2000.
En efecto, el Estado adquirió determinados compromisos frente al desminado
humanitario, para cuyo efectivo cumplimiento contaba con 10 años a partir de
la fecha de ratificación de la Convención. Ahora bien, es necesario tener en
cuenta que la Ley 554 de 2000, antes citada, fue declarada exequible por la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-991/2000, y entró finalmente en
vigencia el 1º de marzo de 2001, por lo que el plazo de 10 años para desminar
la totalidad del territorio bajo su jurisdicción vencía el 1º de marzo de 2011. Sin
embargo, con posterioridad, el Estado colombiano, a través del Programa
Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (PAICMA), en el
marco de la décima reunión de Estados parte celebrada en 2010 en Ginebra-
Suiza, solicitó una prórroga de diez años para continuar avanzando en el
cumplimiento de las obligaciones que en materia de desminado humanitario
impone el artículo 5 de la Convención; plazo que le fue concedido en virtud de
que el país venía cumpliendo progresivamente con sus deberes, y el cual venció
el 1° de marzo de 2021. Luego, en fecha 20 de noviembre de 2020, en el marco
de la “XVIII Reunión de Estados Parte de la Convención sobre la Prohibición del
Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y
Sobre su Destrucción” -que se realizó de manera virtual-, se otorgó al país una
nueva prórroga por un plazo de 4 años y 10 meses, que van del 1º de marzo de
2021 al 31 de diciembre de 2025.
Sin embargo, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 759 del 2002, que
implementó los procedimientos y medidas para dar desarrollo a Ley 554 del
2000, aprobatoria de la Convención de Ottawa, estableció como función del
Ministerio de Defensa, designar al personal militar especializado en técnicas de
desminado humanitario, para adelantar labores de detección, señalización,
georreferenciación de áreas de peligro, limpieza y eliminación de las minas
antipersonal.
Asimismo, de los documentos aportados al proceso, se determinó que la
erradicación manual forzosa es adelantada por los Grupos Móviles de
Erradicación (GME), el Ejército Nacional, la Armada Nacional y/o la Policía
Nacional. Es importante mencionar que la seguridad de los GME es provista
siempre por la Fuerza Pública, respecto de la cual ya se estudió la
responsabilidad.
(…)
Ahora bien, en desarrollo de la estrategia de los Grupos Móviles de
Erradicación, creados por el Fondo de Inversiones para la Paz adscrito a la
Agencia Presidencial de Acción Social, esta última celebró contrato No. 052 de
2011 con la empresa Empleamos S.A. con el objeto de "El objeto del presente
contrato es proporcionar el personal en misión encargado de la erradicación
para cumplir con las metas de la estrategia de erradicación manual forzosa
adelantada por el Grupo Móvil de Erradicación del Programa contra Cultivos
Ilícitos-PCI”.
De esta forma, Agencia Presidencial de Acción Social asumió las funciones de
verificar que el mencionado acuerdo de voluntades se cumpliera de
conformidad con las normas nacionales, además la obligación internacional de
respetar y garantizar los derechos humanos de las poblaciones indígenas y de
adoptar las medidas especiales que garantizaran a los trabajadores indígenas
una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo. Así
la cláusula tercera del contrato determina que es obligación de Acción Social
19
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04870-01
Accionante: Empleamos S.A.
Exigir a la Empresa de Servicios Temporales la ejecución Idónea y oportuna del
objeto contractual.
Como consecuencia de ello, el señor Arcadio Restrepo Arce suscribió contrato
con la empresa Empleamos S.A. bajo la modalidad de trabajador en misión, con
el fin de cumplir en las instalaciones de la Empresa Usuaria Departamento Para
La Prosperidad Social D.P.S., las funciones necesarias para dar cumplimiento
al contrato de prestación de servicios 052-2011 fase i 2012 de conformidad con
el artículo 77 de la Ley 50 de 1990.
En desarrollo de dicho contrato, el 3 de abril de 2012, en la vereda el Robal del
municipio de Briceño el señor Arcadio Restrepo Arce resultó herido con otros
cuatro erradicadores por la explosión de un artefacto explosivo improvisado,
mientras se encontraba desarrollando actividades de erradicación manual de
cultivos ilícitos.
De esta manera, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional Fondo de Inversión para la Paz (sustituida por el Departamento
Administrativo de la Prosperidad Social), establecía la logística y las
coordinaciones con otras instituciones, en especial con la sociedad Empleamos
S.A., quien servía de puente para realizar la contratación del personal que
realizaba las labores para ejecutar la política pública de erradicación manual de
cultivos ilícitos, por lo que la Sala considera que su responsabilidad no se diluye
por el hecho de subcontratar a los erradicadores a través de empresas de
servicios temporales.
En efecto, es relevante señalar que en el presente caso la responsabilidad del
Estado surge en relación a la Agencia de Renovación del Territorio sucesora
procesal del Departamento Administrativo de la Prosperidad Social antes
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional
Fondo de Inversión para la Paz y la empresa Empleamos S.A. por la falta de
coordinación de sus competencias en la ejecución de la política de erradicación
de cultivos ilícitos y porque ejercieron sus funciones de manera negligente
desconociendo el derecho de las poblaciones indígenas a recibir un trato
diferencial que garantice la protección eficaz en materia de condiciones de
empleo, quienes ante la necesidad de un trabajo asumen esa peligrosa labor
que era liderada y contratada por la Agencia Presidencial, aunado al
desconocimiento de los convenios de la OIT la declaración de derechos
indígenas, en especial de la disposición de adoptar medidas acordes a las
tradiciones y culturas de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus
derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al trabajo, a las
posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios
sociales y a los derechos dimanantes del presente Convenio.
(…)
De esta forma, la Sala evidencia que se encuentra comprometida la
responsabilidad de la Agencia de Renovación del Territorio y de la empresa
Empleamos S.A., puesto que a estas les correspondía garantizar que de
vincularse un indígena dicho programa se le estuvieran respetando sus
derechos fundamentales, en especial el derecho a conocer los riesgos que
estaba asumiendo al desplegar dicha labor por lo cual el debía contar con un
intérprete en su lengua o cerciorarse de que conocía y comprendía el acuerdo
suscrito; esto, en atención al enfoque diferencial que se debe dar a los
miembros de las comunidades indígenas que no siempre comprenden el
español o se encuentran alfabetizadas.
De acuerdo a lo expuesto, obra en el expediente la declaración de parte del
señor Arcadio Restrepo Arce que demuestra las dificultades que este presenta
20
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04870-01
Accionante: Empleamos S.A.
para expresarse y para comprender lo narrado por el apoderado que lo
interrogaba (audiencia de pruebas visible en el enlace CP
02261535590961.wmv). Si ello acontece en una audiencia oral (recordemos
que la tradición de la mayoría por no decir de todos los pueblos indígenas es de
dicha manera) es viable concluir que para un indígena frente a un documento
escrito la dificultad de comprensión es mayor.
Es decir, la Agencia de Renovación del Territorio y la empresa Empleamos S.A.
incurrieron en falla al deber de protección y reconocimiento de los derechos de
la población indígena, en la vinculación de la víctima al proceso de erradicación
manual de cultivos ilícitos, en el cual se concretó un riesgo asociado a dicha
labor y se produjo un daño al demandante.
Aunado a lo anterior, las demandadas sometieron a los eliminadores de cultivos
ilícitos, y en este caso a la víctima concreta, a un riesgo de carácter excepcional
que resultó en la producción del daño (…).
En consecuencia, esta Corporación revocará la sentencia proferida por el a quo,
en el sentido de declarar la cosa juzgada respecto de la Nación - Ministerio de
Defensa - Ejército Nacional y Policía Nacional, declarar la responsabilidad
solidaria de la Agencia de Renovación del Territorio y Empleamos S.A. y negar
las demás pretensiones de la demanda […]». (Negrillas fuera del texto)
44. La transcripción anterior permite observar que la autoridad judicial efectuó un
estudio razonable en el que le explicó a la accionante los motivos por los que le era
imputable el daño padecido por el señor Arcadio Restrepo Arce.
45. En ese sentido, la autoridad judicial accionada consideró que la sociedad
Empleamos S.A., actuó en forma negligente respecto del proceso de vinculación
del Arcadio Restrepo Arce porque esta persona, por sus condiciones particulares
específicas, no tuvo acceso a la información relacionada con los riesgos concito a
la actividad de erradicación manual.
46. En ese orden de ideas, la Sala estima que la discusión planteada a través de
este mecanismo constitucional busca reabrir la discusión que fue debidamente
zanjada por el juez de lo contencioso administrativo.
47. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de «[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]»24.
48. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este «[…]
mecanismo de amparo constitucional» no puede ser «utilizado indebidamente como
una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de
interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial […]»; ya que en
«[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las decisiones
de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos […]»25. En
esa medida, «[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
24 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
25 Ibidem.
21
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04870-01
Accionante: Empleamos S.A.
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]»26.
49. En segundo lugar, se destaca que el defecto por desconocimiento del precedente
carece la carga argumentativa mínima porque la parte accionante se limitó a enlistar
un conjunto de sentencias presuntamente transgredidas sin precisar cuáles fueron:
(i) las reglas y subreglas jurisprudenciales que se fijaron en las providencias que se
aducen desatendidas; y (ii) tampoco se explicaron las situaciones fácticas coligadas
entre este caso y los precedentes presuntamente desconocidos27.
50. Por todo lo dicho, la Sala considera importante resaltar que la Corte
Constitucional ha señalado que además de la obligación de identificar cuáles eran
los derechos fundamentales vulnerados y de explicar los motivos por los cuales se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición a
partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la «[…] entidad de
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de
un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia «[…] no se limite
a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas […]», y (iii) que se «[…] justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales […]».
51. En ese orden de ideas, y siguiendo el precedente precisado por la Corte en la
sentencia SU-215 de 2022, esta Sección considera que el desarrollo argumentativo
de la presente acción constitucional no devela que la presente discusión gire en
torno al alcance, aplicación y desarrollo de un derecho fundamental.
52. Todo lo anterior, le permite a la Sala de Decisión considerar que la discusión que
se expone a través del escrito de tutela no tiene relevancia constitucional porque el
núcleo de la controversia se encuentra limitado a asuntos que fueron debatidos en
su sede natural y no se aprecia que la decisión dictada haya incurrido en una
arbitrariedad judicial.
53. Con base en lo anterior, la Sala modificará el fallo de primera instancia y en su
lugar declarará improcedente la presente acción de amparo por no cumplir el
requisito general de procedencia de relevancia constitucional, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
26 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 DE 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo
Schlesinger; 5 de febrero de 2021.
27 Respecto de la carga argumentativa del defecto de desconocimiento del precedente ver: Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de 2021, expediente número
11001-03-15-000-2021-00999-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
22
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04870-01
Accionante: Empleamos S.A.
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 19 de octubre de 2023, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado. En su lugar disponer:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el
Departamento de Prosperidad Social, el Ministerio del Interior y la Policía
Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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