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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04872-00

Fecha
30 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04872-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Rechazar por improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Ángela María Gallego Perdomo, conforme a la parte considerativa que antecede. Segundo. En caso de que no fuere impugnada la presente decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-04872-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

30 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 04872 00
Demandante: Ángela María Gallego Perdomo
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Temas: Tutela contra providencia judicial. Solicitud de amparo contra sentencia de
tutela. Presunta vulneración del derecho al debido proceso administrativo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

1. Antecedentes

1.1. La solicitud de tutela

La señora Ángela María Gallego Perdomo interpone acción de tutela contra la
providencia del 4 de septiembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca que confirmó el fallo del 1.º de agosto de 2023 dictado por el Juzgado
Segundo Administrativo de Oralidad del Circuito de Santiago de Cali.

1.2. Pretensiones

La accionante formula las siguientes súplicas:

[…] solicito el amparo a mi[s] derechos al [debido proceso] y en consecuencia, se
ORDENE la revocatoria del fallo proferido por el [Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca] de septiembre 4 de 2023 […] para que se analice de fondo lo expuesto
en este asunto el proceder [de] la [Dirección Ejecutiva de la Administración

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Demandante: Ángela María Gallego Perdomo

Seccional del Valle del Cauca], al negar recibir la licencia año 2023, bajo la
exigencia de retorno al cargo por un día, y problemas de Efinómina, aunado al
desconocimiento del principio inter comunis en caso idéntico donde, se le instaba
no exigir estas condiciones, y por la [Coordinación del Centro de Servicios de los
Juzgados Penales del Circuito Especializados de Cali] al haberse abrogado
envestidura (sic) de [juez administrativa] al dejar sin viabilidad la licencia [no
remunerada otorgada en este año 2023, y que dejó incólume], al considerarla
contraria a la ley estatutaria y no cumplir con unos requisitos que jamás determinó
cuáles, ya que en ejercicio de mi derecho a solicitar la licencia no remunerada a la
luz del artículo 142 de la ley estatutaria, renuncie a ella y nuevamente la requerí
sin que la norma contenga retorno al cargo por un día.

1.3. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, la accionante señala los siguientes:

i) Presentó acción de tutela contra la Dirección Seccional de la Administración
Judicial de Cali (Valle del Cauca) y el Centro de Servicios de los Juzgados Penales del
Circuito Especializados de Cali, que fue asignada al Juzgado Primero Administrativo
de Oralidad de Cali cuya titular fue recusada, por ello el asunto pasó al Juzgado
Segundo Administrativo de Oralidad de Cali bajo la radicación 76001 33 33 002 2023
00135 00 dentro del que se dictó sentencia el 1.º de agosto de 2023, negando el
amparo de los derechos al ascenso laboral, al mejoramiento salarial, al debido proceso
e igualdad.

ii) Esa decisión fue impugnada y le correspondió al Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, que mediante providencia del 4 de septiembre de 2023 confirmó el fallo del
a quo, con fundamento en que la demanda estaba dirigida contra actos administrativos;
por consiguiente, contaba con otro medio de defensa judicial ante la jurisdicción
contencioso-administrativa. Consideró que no se demostró la ocurrencia de un
perjuicio irremediable y además que según lo dispuesto en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), podía
cuestionar la actuación administrativa y solicitar medidas cautelares, inclusive de
urgencia para el restablecimiento de las garantías invocadas.

iii) Su reclamación al instaurar la tutela se dirigía a discutir la negativa de la Dirección
Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial de Cali «al recibo de la licencia no
remunerada otorgada, y consecuente ante la revocatoria que hiciera el [j]uez [Hugo

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Demandante: Ángela María Gallego Perdomo

Fernando Rodríguez Escamilla] quien con el pleno desconocimiento de las normas
administrativas, dispuso la revocación sin el consentimiento, pero que luego es dejada
incólume sin reconocerle los efectos que ella contiene por ser un acto personalísimo».

iv) Acude nuevamente a este medio constitucional para que se verifique la carencia
de análisis por parte de la primera instancia, que basada en jurisprudencia de vieja
data, lejana a lo que actualmente la Corte Constitucional ha establecido en la
Sentencia T-146 de 2019, para determinar la procedencia de la acción de tutela por
violación al derecho al debido proceso y no por perjuicio irremediable como lo decidió.

v) Así mismo, no es dable que en segunda instancia el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca le indique que tiene a su alcance la vía contencioso-administrativa, a
través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, porque estimó
que censura actos administrativos, cuando lo que depreca es la protección al debido
proceso ante el desconocimiento de la Coordinación de los Jueces Penales del Circuito
Especializados de los efectos de las decisiones de la administración, sin orden judicial
de un juez competente, y de paso confirmar el fallo del a quo en relación con la señora
María del Rosario Colonia Miranda, actual secretaria del Centro de Servicios, que
también lo impugnó, bajo la consideración de que planteaba similares argumentos, lo
cual no se ajusta a la realidad porque se trata de una situación personal y laboral
completamente disímil a la suya.

vi) Aunado a lo anterior, el Tribunal nada dijo sobre la aplicación inter comunis del
«fallo de tutela [dictado por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartago –Valle
del Cauca] en donde, se le hizo la advertencia a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial, por ser un caso idéntico […] no exigir retorno al cargo y menos
problemática de registro en Efinómina, basada en una circular que es informativa y no
una norma».

1.4. Fundamentos jurídicos

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Demandante: Ángela María Gallego Perdomo

La accionante alega que con la providencia objeto de censura se vulnera su derecho
fundamental al debido proceso administrativo y se incurre en defecto fáctico y ausencia
de motivación, por lo siguiente:

i) Es un hecho notorio que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no hizo tan
siquiera la valoración de las pruebas allegadas, pues se limitó a traer a colación lo
dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia T-187 del 2010, sobre los
aspectos generales de la acción de tutela, la procedencia frente a actos
administrativos, el debido proceso y la licencia no remunerada.

ii) Lo anterior configura un defecto fáctico absoluto, porque no se analizó el único
aspecto que se reclamaba como vulnerador del debido proceso contenido en el
numeral cuarto de la Resolución 20 del 30 de junio de 2023 y no de todas las
decisiones como erradamente lo estimó para declarar la improcedencia, ya que la
suspensión de los efectos de la Resolución 12 del 5 de junio de 2023, desconoce la
seguridad jurídica, al exigirle el retorno al cargo por un día, así como aducir problemas
en el sistema Efinómina para no recibir y tramitar la novedad por la licencia no
remunerada renunciable que le fue otorgada.

iii) Las autoridades judiciales adoptaron decisiones sin contar con el sustento jurídico,
efectuando una valoración errónea de la carga probatoria, dando por sentado que se
reclamaba para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable cuando lo que se
pretendía era la protección del debido proceso administrativo, además los argumentos
expuestos en nada se pueden comparar, como se hizo, con los de la otra impugnante
señora María del Rosario Colonia Miranda, actual secretaria del Centro de Servicios
porque no se relacionan ni fáctica, laboral y personalmente con su caso, lo que
demuestra el defecto por falta de motivación que dan lugar a la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales.

1.5. Actuación procesal

Por medio de proveído del 13 de septiembre de 2023, se requirió a la señora Ángela
María Gallego Perdomo para que allegara memorial aclaratorio en el que indicara de

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Demandante: Ángela María Gallego Perdomo

acuerdo con el caso en concreto, cuáles son las causales especiales de procedibilidad
—defectos— en las que incurre la providencia atacada, y sustentara con precisión
conceptual y jurídica, su aplicabilidad dentro del presente trámite constitucional. El 19
de septiembre de 2023, se allegó memorial de subsanación de la demanda.

La acción de tutela se admitió mediante auto del 3 de octubre de 2023, que se ordenó
notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al Consejo
Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, a la Dirección Ejecutiva de
Administración Seccional del Valle del Cauca y a la Coordinación del Centro de
Servicios de los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Cali, como
demandados. Así mismo, se dispuso la notificación a todas las personas que
intervinieron dentro de la acción de tutela con radicación 76001 33 33 002 2023 00135
00 [01], como terceros interesados en las resultas de este proceso, para que dentro
del término de tres días y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo
informe.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Del Consejo Superior de la Judicatura. La señora Claudia Marcela Granados
Romero directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial solicita rechazar
por improcedente o negar la acción de tutela, por las siguientes razones:

i) No se encuentra legitimado en la causa por pasiva, toda vez que no tiene
competencia para intervenir en las decisiones de tutela proferidas por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca que se encuentran en firme.

ii) La concesión de las licencias no remuneradas para ocupar otro cargo en la Rama
Judicial compete exclusivamente a la autoridad nominadora, en este caso, al juez
coordinador del Centro de Servicios de los Juzgados Penales del Circuito de Cali.

iii) Es improcedente la tutela contra fallos de tutela.

1.6.2. Del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. El magistrado Jhon Erick

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Demandante: Ángela María Gallego Perdomo

Chaves Bravo rinde informe en los siguientes términos:

i) Dentro del proceso promovido por la señora Ángela María Gallego Perdomo se
valoraron en su integridad los documentos aportados con la demanda y, en especial,
los actos objeto de litigio, los cuales fueron determinantes para establecer su situación
laboral; por tanto, resulta contradictorio lo alegado por la demandante, en el sentido de
que se tomó una decisión sin soporte probatorio alguno.

ii) La confirmación del fallo de primera instancia que declaró improcedente la acción
se adoptó con base en las siguientes razones: 1) no se evidenció la presencia de un
perjuicio irremediable, 2) los actos administrativos fueron notificados en debida forma
y pudieron impugnarse en su momento y 3) la accionante contaba con la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 138 de la Ley 1437 de
2011; por ende, no se evidenciaba la transgresión de ningún derecho fundamental.

iii) Tampoco se cumplen los requisitos que señala la Corte Constitucional en la
Sentencia T-072 de 2018, para que proceda excepcionalmente la tutela contra
sentencias de tutela; en consecuencia, la solicitud de amparo interpuesta por la
accionante no es viable.

1.6.3. Del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. El magistrado Franklin
Torres Cabrera solicita se mantengan incólumes las decisiones de instancia adoptadas
dentro del proceso de tutela, por lo siguiente:

i) Esa corporación fue vinculada al trámite en primera instancia en la acción
constitucional con radicado 76001 33 33 002 2023 00135 01, formulada por la
accionante contra la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Valle,
que adujo en esa oportunidad la vulneración del derecho fundamental al debido
proceso administrativo, toda vez que ostenta la condición de juez octava municipal de
pequeñas causas de Cali, en provisionalidad y se le pidió reintegrarse al menos por un
día al cargo que ocupa en propiedad como empleada de un despacho judicial, en el
cual se le concedió licencia no remunerada para desempeñar otro cargo en el que se

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Demandante: Ángela María Gallego Perdomo

le nombró en mayo de 2016. Esa solicitud se negó por improcedente, decisión
confirmada en segunda instancia.

ii) Ahora acude en una nueva acción de amparo, alegando la posible violación del
debido proceso y dirige sus pretensiones contra el fallo del 4 de septiembre de 2023.

iii) Por lo anterior, se deben dejar indemnes las decisiones de instancia en el asunto
de tutela contra el cual la accionante dirige sus embates, toda vez que contrario a lo
que alega no se presentó violación de sus derechos fundamentales y se respetaron
sus garantías en el trámite constitucional, ya que el acto cuestionado, tiene respaldo
legal, concretamente en el artículo 142 de la Ley 270 de 1996.

iv) Desconoce si la tutela expedida dentro del trámite radicado 76001 33 33 002 2023
00135 01, ya fue objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional, presupuesto
que de no haberse superado, constituiría una razón suficiente para denegar la acción,
al no superar el requisito de subsidiariedad.

1.6.4. Del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales del
Circuito Especializados. La juez coordinadora, Sandra Liliana Portilla López da
contestación a la demanda, así:

i) Sobre el defecto fáctico absoluto reclamado, en el proceso tanto la demandante
como esa dependencia en calidad de accionada, aportaron con detalle cada uno de
los documentos y actos administrativos que fueron objeto de debate, por lo que los
jueces constitucionales contaron con la totalidad de los elementos probatorios para
tomar sus decisiones, al punto que no se echó de menos alguna pieza procesal, por
tanto, ese yerro como vulnerador del debido proceso no debe ser tenido en cuenta.

ii) En cuanto a la ausencia de motivación se debe asumir una postura de respeto
frente a la autonomía del juez y las resoluciones constitucionales que se adoptaron
tanto en primera como en segunda instancia. El juez y magistrados dentro de su
sapiencia se pronunciaron considerando que no les asistía razón a los reclamos que
por vía de tutela efectuó la parte actora.

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Demandante: Ángela María Gallego Perdomo

1.6.5. La señora María del Rosario Colonia Miranda en calidad de tercera
interesada interviene en el asunto y al efecto expone lo siguiente:

i) Ocupa el cargo de secretaria en provisionalidad en el Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Cali, con
ocasión a la licencia no remunerada renunciable otorgada a la accionante, que ostenta
el empleo en propiedad.

ii) El fallo de primera instancia se limitó a resumir a muy grandes rasgos los hechos y
a negar por improcedentes los derechos reclamados por la accionante olvidando las
facultades ultra y extra petita en materia constitucional e ignorando las respuestas
allegadas en forma oportuna; las que de haberse examinado obligaban al juez a
pronunciarse de fondo, ya que en ellas se resalta que la Circular CSJVAC19-3 del 31 de
enero de 2020 contempla casos en los que se haya cumplido el plazo máximo de la
licencia, es decir, dos años, igualmente cuando los empleados que estando en
provisionalidad en disfrute de la licencia asuman otra provisionalidad, pero nada dice
sobre la renuncia para solicitar una nueva.

iii) Desafortunadamente, en la providencia de segunda instancia, también se
desconoció lo alegado en la impugnación y al igual que el a quo efectuó una síntesis
de los hechos de la demanda, se refirió al acontecer procesal, la normativa que
regulaba los temas discutidos y, al final de la página 15, indica que «se debe señalar
que [por ser] similares argumentos sirven para resolver el recurso presentado por la
señora María del Rosario Colonia Miranda», lo que no es admisible, porque nunca
cuestionó las decisiones tomadas por la Coordinación del Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Cali, sino que
aludió concretamente al carácter legal de la Circular CSJVAC19-3.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

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Demandante: Ángela María Gallego Perdomo

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento del presente asunto, de acuerdo
con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, modificado por el
Decreto 333 de 2021, según el cual «[l]as acciones de tutela dirigidas contra los
Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al
respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada» y conforme al
inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,1 que dispone que «las tutelas
que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda
instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de
lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual
haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se cumplen los requisitos
mínimos de procedencia de la acción contra sentencias de tutela para efecto de
estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantea la señora Ángela
María Gallego Perdomo contra la providencia del 4 de septiembre de 2023, que profirió
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso con radicación 76001
33 33 002 2023 00135 00 [01].

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».

1 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

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El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40,
estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin
embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la
cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e
independencia judicial y las normas de competencia que fija la Constitución.

No obstante lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad
para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela
procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión
pueda causar un perjuicio irremediable».

Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente,
convergieron en la Sentencia C-590 de 2005,3 donde la Corte concentró y diferenció
las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la
oportunidad del amparo.

Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado
a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la
sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los
derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial, siempre
que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.

2T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567

de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de
2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
3Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: defecto
orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente,
violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que para que proceda el
amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.

El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,4 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.

Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
agosto de 2014,5 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir,
con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los
presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.3.2. Procedencia de la acción de tutela contra un proceso de tutela

En la Sentencia SU-1219 de 2001, la Corte Constitucional dejó sentado que la acción
de tutela no procede contra sentencias de tutela,6 como tampoco contra las decisiones
que se profieran en el trámite de estas; pues, aunque el juez de amparo no está
exonerado de cometer equivocaciones o errores en el trámite de la acción
constitucional, para tal efecto el ordenamiento jurídico estableció en el artículo 33 del
Decreto 2591 de 1991, la eventual revisión de los fallos de tutela por parte de la Corte

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez,

expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
6 Ver Sentencias, T-200 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-1164 de 2003, M.P. Marco Gerardo

Monroy Cabra y T-582 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

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Constitucional.

La revisión constituye un medio de control dentro del proceso de tutela, y no uno nuevo,
donde la Corte Constitucional determina si la actuación del juez de instancia estuvo
ajustada o no a derecho,7 labor realizada por la Corte Constitucional (i) cuando decide
seleccionar la acción de tutela para la revisión, caso en el cual emite un
pronunciamiento de fondo, o (ii) cuando opta por excluirla del proceso de revisión,
donde se entiende que avala la actuación adelantada en las instancias anteriores,
eventos a partir de los cuales se adquiere el carácter de cosa juzgada constitucional.

La jurisprudencia constitucional posterior superó el anterior examen, y en la Sentencia
T-623 de 2002, precisó que las acciones de tutela instauradas contra sentencias de
tutela, salvo que la protección se invoque contra actuaciones irregulares de los jueces
de tutela, que no hubiesen sido revisadas por esa Corporación, resultan en principio
improcedentes. En la Sentencia T-368 de 2005, admitió la posibilidad de presentar
tutelas contra incidentes de desacato. En la Sentencia T-282 de 2009, reconoció, con
carácter excepcional y restrictivo, la posibilidad de promover incidentes de nulidad
contra las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional, cuando se haya incurrido
en irregularidades que implican la violación del derecho fundamental al debido
proceso. En la Sentencia T-474 de 2011, señaló que es posible ejercer acciones de
tutela «contra las actuaciones judiciales arbitrarias, incluso de los jueces de tutela, pero
no respecto de sentencias de tutela, sino en relación con incidentes de desacato, o
contra autos proferidos en el curso del proceso de tutela».

A su turno, en la Sentencia T-218 de 2012, aceptó la excepcionalísima procedencia de
una acción de tutela contra otra acción de tutela, cuando se evidencia el cumplimiento
de unos elementos específicos, con el fin de revertir o detener situaciones fraudulentas
y graves, generadas por el cumplimiento de una orden proferida en un proceso de
amparo. En esa oportunidad, la Corte utilizó el principio denominado «el fraude lo
corrompe todo», según el cual el derecho no puede reconocer situaciones originadas
en hechos fraudulentos, razón por la cual decidió por primera vez dejar sin efectos la
decisión adoptada en una acción de tutela, frente a la cual se había utilizado igual

7 Sentencia T-200 de 2003

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mecanismo constitucional.

De igual forma, en los autos 188, 325 y 326 de 2014 y 021, 331, 346 y 402 de 2015,
señaló que cuando se trata de fallos de tutela proferidos por la Sala Plena o por las
Salas de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional la regla de improcedencia de
la acción de tutela no admite ninguna excepción, sino que, lo que procede, si se cumple
con los requisitos previstos para ello, es el incidente de nulidad, que debe promoverse
ante ese tribunal conforme a lo previsto en el artículo 86 A del reglamento interno de
la Corte Constitucional8.

La Corte en el fallo SU-627 de 2015, unificó su jurisprudencia sobre el tema y expresó
que, para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un
proceso de tutela, se debe distinguir si esta se dirige contra una decisión de tutela o
contra actuaciones del proceso constitucional diferentes al fallo.

Conforme con lo dispuesto en la mencionada sentencia pueden determinarse las
siguientes circunstancias como reglas para la procedencia de la acción de tutela contra
sentencias de tutela: i) por lo general no procede la acción de tutela contra sentencias
de tutela. Ello no admite excepción cuando la tutela ha sido proferida por la Corte
Constitucional ya sea en su Sala Plena o en las Salas de Revisión. En tal caso solo
procede el incidente de nulidad ante la Corte Constitucional; y ii) si la sentencia ha sido
proferida por otro juez o tribunal, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional cuando exista fraude y, por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta.

No obstante, para que esto ocurra, además de los requisitos generales de
procedencia, se debe tener en cuenta i) que la tutela presentada no comparta identidad
procesal con la solicitud de amparo cuestionada, es decir que no se esté en presencia
de la cosa juzgada; ii) que se pruebe de manera clara y suficiente que la decisión
adoptada en una anterior acción de tutela fue producto de una situación de fraude; iii)
que no exista otro mecanismo legal para resolver tal situación; iv) si la tutela se dirige

8 Acuerdo 5 de 1992, modificado por el Acuerdo 1 del 30 de abril de 2015, que entró en vigor el 1.º de

julio de 2015.

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Demandante: Ángela María Gallego Perdomo

contra actuaciones del proceso de tutela, diferentes a la sentencia, se debe distinguir
si estas ocurren con anterioridad o con posterioridad a la sentencia; v) si la actuación
ocurre con anterioridad al fallo, y consiste en la omisión del juez de informar, notificar
o vincular a terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte
Constitucional no ha seleccionado el asunto para revisión; y vi) si la actuación sucede
con posterioridad al fallo de tutela, y se trata de lograr el cumplimiento de órdenes
impartidas en ella, la acción no procede. Pero si se trata de obtener la protección de
un derecho fundamental vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se
cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional. La mayoría de
estas actuaciones acaecen con posterioridad a la sentencia de única o de segunda
instancia.

Finalmente, cabe señalar que la Corte ha considerado que con posterioridad a la
sentencia de primera instancia también pueden presentarse actuaciones lesivas de
derechos fundamentales, como es el caso de la negación de la impugnación, frente a
la cual, señala, procede la acción de tutela.9

2.4. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:

2.4.1. El 18 de julio de 2023, la señora Ángela María Gallego Perdomo interpuso
acción de tutela contra la Nación (Rama Judicial, Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial del Valle del Cauca) a la que le atribuye la violación de sus
derechos fundamentales al debido proceso administrativo, al ascenso laboral, al
mejoramiento salarial y a la igualdad, porque no recibió ni le dio trámite a la licencia no
remunerada otorgada por el juez coordinador del Centro de Servicios Administrativos

9 Sentencia T-162 de 1997, se refiere a la decisión de un juez que niega la impugnación de un fallo, la

cual puede ser cuestionada mediante acción de tutela porque el juez de amparo, al igual que cualquiera
otro funcionario judicial, puede realizar una actuación que viole o ponga en peligro un derecho
fundamental como es el de negar el derecho a impugnar un fallo de tutela, evento en el cual procede la
tutela.

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de los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Cali mediante la Resolución
12 del 5 de junio de 2023.10

2.4.2. El 24 de octubre de 2022, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartago
(Valle del Cauca) profirió fallo dentro de la acción de tutela con radicado 76147 31 04
001 2022 00067 00, impetrada por la señora Diana Beatriz Herrera Londoño contra la
Dirección Seccional de Administración Judicial Cali (Valle del Cauca), en la que
resolvió lo siguiente:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela invocada por la doctora
DIANA BEATRIZ HERRERA LONDOÑO, conforme a las consideraciones aducidas en la
parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: PREVENIR a la Dirección de Administración Judicial para que verifiquen
el contenido de la Ley 270 de 1996 y lo conceptuado por la Unidad de Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, en el entendido que para accederse
a la licencia no remunerada del parágrafo del art. 142 de la Ley 270 de 1996, no
es necesario permanecer laborando un día en el cargo como viene exigiéndolo y
en consecuencia, valoren hacer los ajustes necesarios en la base de datos de
EFINÓMINA con el fin de adecuarla, conforme a las consideraciones aducidas en la
parte motiva de este proveído.

[…]

2.4.3. El 1.º de agosto de 2023, el Juzgado Segundo Administrativo de Oralidad del
Circuito de Santiago de Cali dictó sentencia dentro del proceso con radicación 76001
33 33 002 2023 00135 00, en la que dispuso lo siguiente:11

1-. NEGAR por improcedente el amparo de los derechos al «ascenso laboral» o el
«mejoramiento salarial» y a los derechos fundamentes (sic) al debido proceso e
igualdad, por no existir vulneración de tales derechos.

2-. NOTIFÍQUESE la presente decisión en los términos del art. 30 del [D]ecreto 2591
de 1991 y si no fure impugnada, envíese lo actuado a la Corte Constitucional para
lo de su cargo.

2.4.4. El 4 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al
decidir la impugnación formulada por las señoras María del Rosario Colonia Miranda
y Ángela María Gallego Perdomo contra la decisión anterior, resolvió lo siguiente:12

10 Índice 17, del expediente electrónico.
11 Índice 21, del expediente electrónico.
12 Índice 21, del expediente electrónico.

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PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia No. 12 proferida el 01 de agosto de dos mil
veintitrés (2023), por el Juzgado Segundo Administrativo de Oralidad […] de
Santiago de Cali (V) que resolvió negar por improcedente el amparo de los
derechos, pero por lo manifestado en la parte motiva del presente proveído.

[…]

2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala

La señora Ángela María Gallego Perdomo cuestiona la sentencia de tutela del 4 de
septiembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro
del proceso con radicación 76001 33 33 002 2023 00135 01, pues alega que con esa
decisión se vulnera su derecho fundamental al debido proceso administrativo y se
incurre en defecto fáctico y ausencia de motivación.

Pues bien, de conformidad con lo señalado en la sentencia de unificación SU 627 de
2015, cuando la acción de tutela se dirige contra un fallo de tutela emitido por un juez
o tribunal de la República, diferente a la Corte Constitucional, procede de manera
excepcional cuando existan situaciones engañosas y graves y, por tanto, se estaría
ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta.13

A efectos de analizar dicho escenario, el fallador constitucional debe verificar el
cumplimiento de los siguientes supuestos: i) que la tutela presentada no comparta
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; ii) que se pruebe de manera
clara y suficiente que la decisión adoptada en una anterior acción fue producto de una
situación de fraude y iii) que no exista otro mecanismo legal para resolver tal
circunstancia.

En el caso concreto, la Sala en relación con el primero de los presupuestos, encuentra
que la solicitud de amparo no comparte identidad procesal con la sentencia atacada,
por lo siguiente:

13 «En este contexto, es posible que se configure el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta que […]

se predica de un proceso que ha cumplido formalmente con todos los requisitos procesales y que
materializa en esencia un negocio fraudulento a través de medios procesales, que implica un perjuicio
ilícito a terceros y a la comunidad. Este fenómeno es más grave cuando el fraude es cometido
directamente por el juez o con su anuencia».

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Demandante: Ángela María Gallego Perdomo

a. No se está en presencia de una identidad de partes, ya que, aunque en los dos
casos la accionante es la señora Ángela María Gallego Perdomo, lo cierto es que, en
el primero la demandada es la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Cali (Valle del Cauca) y, en el segundo, es el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.

b. Se identifica una similitud de causa petendi, pues los hechos en una y otra acción
están orientados a que se analice la violación de un derecho fundamental, entre otros,
el debido proceso, ante la negativa de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial del Valle del Cauca para registrar la novedad de concesión de
licencia no remunerada renunciable para ocupar otro cargo en provisionalidad dentro
de la Rama Judicial que se le otorgó a través de la Resolución 12 del 5 de junio de
2023 y ratificada en la Resolución 20 del 30 de junio de 2023, porque no regresó al
empleo en propiedad «por renuncia a la situación administrativa».

c. Existe identidad de objeto del litigio, porque se pretende que por este medio se
disponga que no tenía que reintegrarse al cargo que ocupa en propiedad para que se
gestione y registre la novedad de la nueva licencia no remunerada renunciable que se
le confirió para desempeñar otro empleo en la Rama Judicial.

Respecto del segundo supuesto, no se evidencia que la decisión adoptada en la
sentencia de tutela cuestionada sea producto de una situación de fraude.

Según se extrae del plenario, la decisión del Tribunal se encaminó a analizar si la
acción cumplía el requisito de subsidiariedad, en razón a que la parte actora
cuestionaba decisiones contenidas en actos administrativos, por ello se debía
examinar si tenía a su alcance otro medio de defensa judicial ante la jurisdicción
contencioso-administrativa para lograr la satisfacción de sus pretensiones, de lo que
concluyó que no solo contaba con el medio de nulidad y restablecimiento del derecho
establecido en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA) para discutir la actuación administrativa, sino que

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también podía solicitar «medidas cautelares inclusive de urgencia para restablecer sus
derechos».

Ahora bien, lo que se observa en el libelo tutelar es la pretensión de la accionante de
adelantar un debate análogo al que planteó ante el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y atribuir presuntas irregularidades o yerros en la decisión que adoptó para
lograr que se dejen sin efectos las decisiones emitidas por la autoridad administrativa
demandada.

Conforme con lo establecido por la Corte en la sentencia de unificación antes referida
y lo perseguido por la accionante, se avizora la improcedencia del amparo deprecado,
ya que se está en presencia de la formulación de una acción de tutela contra un fallo
de la misma naturaleza, en la que no se configura ninguna de las excepciones
previstas por la jurisprudencia constitucional, en particular, que la decisión censurada
hubiera sido producto de un fraude.

En efecto, según los parámetros de la línea jurisprudencial reiterada en la sentencia
T-322 de 2019,14 relativos a la cosa juzgada constitucional fraudulenta, la situación de
fraude debe tener soporte argumentativo en hechos como: i) la decisión de autoridad
competente que declare la conducta dolosa del juez,15 ii) la apertura de investigaciones
disciplinarias o penales acerca de la configuración del delito;16 iii) la materialización del
dolo en la sentencia judicial;17 iv) la existencia de una interpretación normativa
abiertamente contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe; 18 v) la
afectación al patrimonio público;19 vi) la ausencia de certeza del derecho reconocido;20
vii) la protección de un elevado número de peticionarios, cuya situación individual no
alcanza a ser debidamente examinada dentro del término de diez días del que dispone

14 M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
15 T-218 de 2012 M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
16 T-393 de 2013 M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
17 T-218 de 2012 M. P. Juan Carlos Henao Pérez; T.951 de 2013 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-

373 de 2014 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-427 de 2017 M. P Alejandro Linares Cantillo; y T-470
de 2018 M. P. Alberto Rojas Ríos.
18 T-073 de 2019 M. P. Carlos Bernal Pulido.
19 T-218 de 2012 M. P. Juan Carlos Henao Pérez; T-399 de 2013 M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub;

T-272 de 2014 M. P. María Victoria Calle Correa y T-073 de 2019 M.P. Carlos Bernal Pulido.
20 T-218 de 2012 M. P. Juan C Arlos Henao Pérez; T-399 de 2013 M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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el juez para decidir;21 viii) cuando se presenta acción de tutela contra una entidad que,
por estar sumida en un estado de cosas inconstitucional, presenta una limitada
capacidad para ofrecer respuesta oportuna a las demandas de sus afiliados y
beneficiarios y amenaza el goce efectivo de derechos fundamentales de terceros;22 y
ix) el reconocimiento de una prestación de forma manifiestamente ilegal.

No obstante, ninguno de estos elementos de juicio, de carácter objetivo, fue probado
o siquiera planteado por la accionante, por lo que la acción de tutela deviene en
improcedente.

Ahora en relación con la aplicación inter comunis23 de lo resuelto en la sentencia
proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartago el 24 de octubre de
2022, dentro de la acción de tutela con radicado 76147 31 04 001 2022 00067 00,
impetrada por la señora Diana Beatriz Herrera Londoño contra la Dirección Seccional
de Administración Judicial Cali (Valle del Cauca), tal pretensión no resulta procedente,
por cuanto a esa decisión no se le imprimieron esos efectos, y tampoco se hizo un
pronunciamiento de fondo sobre el asunto.

3. Conclusión

La Sala concluye que la solicitud de amparo interpuesta por la señora Ángela María
Gallego Perdomo contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no cumple con
los requisitos mínimos de procedencia de la acción de tutela contra sentencias de
tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

21 T-272 de 2014 M. P. María Victoria Calle Correa.
22 T-272 de 2014 M. P. María Victoria Calle Correa.
23 «pueden definirse como aquellos efectos de un fallo de tutela que, de manera excepcional, se
extienden a situaciones concretas de personas que, aun cuando no promovieron el amparo
constitucional, se encuentran igualmente afectadas por la situación de hecho o de derecho que lo
motivó, producto del actuar de una misma autoridad o particular, justificado en la necesidad de dar a
todos los miembros de una misma comunidad un trato igualitario y uniforme que asegure el goce efectivo
de sus derechos fundamentales».

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Demandante: Ángela María Gallego Perdomo

F A L L A:

Primero. Rechazar por improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora
Ángela María Gallego Perdomo, conforme a la parte considerativa que antecede.

Segundo. En caso de que no fuere impugnada la presente decisión, remitir el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samái. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

MAM

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