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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04877-00

Fecha
21 de marzo de 2024
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04877-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión en lo relacionado con la causal 5ª de revisión, referida a la nulidad originada en la sentencia, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte recurrente en favor del Ministerio de Educación Nacional, en la modalidad de agencias en derecho, por la cantidad de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, las que serán liquidadas por la Secretaría General del Consejo de Estado. TERCERO: ABSTENERSE DE CONDENAR a la parte recurrente por concepto de gastos, expensas y perjuicios, por no aparecer causados.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-04877-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

21 de marzo de 2024

Demandante: María Cristina Restrepo Ayala
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04877-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTISIETE (27) ESPECIAL DE DECISIÓN

Magistrado Ponente (E): LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04877-00
Demandante: MARIA CRISTINA RESTREPO AYALA

Temas: Causal 5ª de revisión - Nulidad originada en la sentencia –
Requisitos para su configuración – Deber de motivación de
la sentencia.

SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO EXTRAORDINARIO

OBJETO DE LA DECISIÓN

No observando causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala resuelve el
recurso extraordinario de revisión, interpuesto por la señora María Cristina
Restrepo Ayala, a través de apoderado judicial1, con el cual pretende infirmar la
sentencia dictada el 28 de julio de 2022 por el Consejo de Estado, Sección
Segunda – Subsección B, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho de carácter laboral, instaurado por la recurrente en contra de la Nación
– Ministerio de Educación Nacional y Departamento de Caldas.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

La señora María Cristina Restrepo Ayala, a través de apoderado judicial,
presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional
y el Departamento de Caldas, en la que se solicitó que se declarara la nulidad de
la Resolución No. oficio 0482/16 del 06 de julio de 2016, expedida por la
Secretaria de Educación del Departamento de Caldas, mediante la cual se negó
el reconocimiento de los intereses moratorios generados con ocasión al pago
tardío del retroactivo de homologación y nivelación salarial.

1 El recurso fue interpuesto por el abogado Jairo Iván Lizarazo Ávila, quien cuenta con poder

especial conferido con los requisitos legales.
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Demandante: María Cristina Restrepo Ayala
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04877-00

1.2. Sentencia de primera instancia

Surtido el trámite procesal, el Tribunal Administrativo de Caldas dictó sentencia
de primera instancia en la que negó las súplicas de la demanda, por considerar
que el Departamento de Caldas carecía de legitimación en la causa por pasiva.

Para arribar a dicha conclusión, consideró que la obligación de la entidad
territorial de pagar los valores relativos a la homologación y nivelación salarial,
no se hizo exigible sino hasta la expedición del acto administrativo que
determinó el derecho de la accionante a percibirlos.

La parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia
de primera instancia, argumentando que a partir de su traslado a la planta de
cargos de la entidad territorial tenía pleno derecho a que se le ajustara su salario
desde la siguiente nómina. En este sentido, considera que se deben reconocer
los intereses moratorios desde el momento del referido traslado.

1.3. Sentencia de segunda instancia

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B resolvió el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandada, en sentencia dictada el 28 de julio
de 2022, en la que confirmó el fallo de primera instancia.

El ad quem valoró en su conjunto las pruebas allegadas a la actuación, de las
cuales se concluyó que “(…)en atención a que en el presente caso se acreditó que
entre la resolución que reconoció el derecho a la demandante y el pago del valor
ordenado, transcurrió un plazo menor a 1 mes, el cual, en atención a la naturaleza del
asunto y las apropiaciones presupuestales que para el efecto debieron hacerse, resulta
ser un plazo razonable que no acarrea una sanción para las entidades públicas
demandadas, por ende, no es procedente el reconocimiento de intereses legales o
moratorios por el no pago inmediato del valor correspondiente a la homologación y
nivelación de la planta de personal administrativo reconocido a la señora María Cristina
Restrepo Ayala, máxime cuando no se observa que la actora haya manifestado su
desacuerdo frente al acto que le ordenó el pago del retroactivo, por lo que no es dable
que a través de un nuevo procedimiento administrativo iniciado en ejercicio de una
petición presentada en interés particular pretenda cuestionar lo reconocido a través de
la Resolución No 2226-6 del 22 de marzo de 2013, en tanto no incluyó los intereses
moratorios.”.

La sentencia de segunda instancia se notificó por edicto electrónico con fecha
del 7 de septiembre de 2022, de tal manera que la sentencia cobró ejecutoria el
15 de septiembre de la citada anualidad.

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II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

2.1. Demanda

Por medio de escrito enviado al correo de la Secretaría General del Consejo de
Estado el 7 de septiembre de 2023, la recurrente, mediante apoderado judicial,
interpuso recurso extraordinario de revisión, en el que incluyó las siguientes
pretensiones:

“PRIMERO. - Solicito se declare la nulidad de la sentencia proferida por el
Consejo de Estado Sección Segunda – Subsección “B”, de fecha 28 de julio
de 2022, que confirmó la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de
Caldas.

SEGUNDO. - Que, como consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto
en el inciso 4° del artículo 255 del C.P.A.C.A., se ordene devolver el
expediente (proceso) a la Sección Segunda – Subsección “B” del Consejo
de Estado, para que dicte nuevamente la sentencia que sea constitucional,
legal y jurisprudencialmente congruente con los hechos y derecho
invocado.”

La parte recurrente precisó las etapas del procedimiento administrativo de
homologación y nivelación salarial y reseñó el trámite judicial que se dio en sede
de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.2. Causal de revisión invocada y sustento

Invocó la consagrada en el numeral 5º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011,
que contempla como supuesto de hecho la nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso.

Argumentó que el fallo adolece de graves deficiencias en su motivación, puesto
que, a su parecer la providencia sostuvo de manera errónea que el surgimiento
de la obligación de reconocerle el retroactivo surgió con la Resolución No. 2226-
6 del 22 de marzo del 2013, y no desde 1997, año en el cual la demandante se
incorporó a la planta de personal de la entidad territorial. Por tanto, advirtió que,
contrario a lo señalado por la subsección, la entidad demandada incurrió en
mora de dieciséis años en el pago de lo debido.

Señaló que no comparte la conclusión según la cual su falta de manifestación de
desacuerdo frente al acto que ordenó el pago del retroactivo respalda la
improcedencia de lo pretendido. En este sentido, indicó que la Resolución No.
2226-6 del 22 de marzo del 2013 no fue objetada en su momento ya que omitió
realizar cálculo alguno de los intereses moratorios. Igualmente, manifestó que el
administrado ostenta la potestad de agotar la instancia administrativa cuantas
veces quiera y cuando lo considere necesario.

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Consideró que al obedecer a distintas finalidades, el reconocimiento de la
indexación y los intereses de mora no son incompatibles; más aún cuando es
deber del juzgador, quien goza de discrecionalidad en su ejercicio, adoptar un
enfoque garantista de los derechos laborales de los trabajadores del Estado.

Manifestó que el ad quem actuó incongruentemente y con graves errores de
motivación al discurrir sobre la causación de intereses de mora desde la fecha
de expedición del acto administrativo que ordenó el pago y la cancelación del
retroactivo, cuando lo solicitado en el libelo inicial fue el reconocimiento y pago
de ese factor desde su incorporación a la planta de personal de la entidad
territorial hasta el momento en el cual se concretó el pago del retroactivo salarial
de que se trata.

2.3. Actuaciones procesales relevantes

2.3.1. Auto admisorio de la demanda

Mediante auto del 3 de octubre de 2023 se admitió la demanda, proveído que se
notificó a las partes, integrándose en debida forma el contradictorio.

También se surtió la notificación al representante del Ministerio Público y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a esta última en los términos y
para los efectos del artículo 610 del Código General del Proceso.

2.3.2. Contestación de la demanda

2.3.2.1. Ministerio de Educación Nacional

Se opuso a las pretensiones de la demanda por considerar que los argumentos
expuestos por la parte recurrente no corresponden a la causal prevista en el
numeral 5º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. Por el contrario, sopesa que
la pretensión del recurrente tiene como fin reabrir el debate jurídico que se surtió
en las instancias del proceso.

Señaló que los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 20012 establecieron el
procedimiento a seguir para incorporar a los docentes, directivos docentes y
administrativos a las plantas de personal financiadas con recursos del Sistema
General de Participaciones, antes situado fiscal, el cual se debía llevar a cabo a
más tardar el 21 de diciembre de 2003. Para ello, se requería un estudio técnico
previo, toda vez que se tenían que fijar las plantas de personal docente, directivo
docente y administrativos de los planteles educativos y luego proveer dichos

2 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad

con los artículos 151,288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001 de 2001) de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación
y salud, entre otros.”
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cargos en las entidades territoriales para la prestación del servicio educativo,
incorporándolos a las mismas.

Indicó que el Ministerio de Educación, mediante la Directiva Ministerial 10 del 30
de junio de 2005, estableció las directrices para llevar a cabo este proceso que
les correspondió adelantar a los entes territoriales. En este orden de ideas,
agregó que la municipalización de la educación se cumplió mediante un proceso
de incorporación y homologación de cargos que, para el caso del personal
administrativo del servicio educativo, implicó la realización de un estudio técnico.
Por medio de este, se determinó tanto el grado de remuneración que
correspondía a las funciones que debían cumplir, como los requisitos exigidos
para el cargo conforme con las necesidades del servicio y con los elementos
estructurales del empleo, siempre amparados en criterios de igualdad y
equivalencia frente al personal que laboraba en las plantas de las entidades
municipales.

A continuación, se refirió ampliamente a la naturaleza del recurso extraordinario
de revisión, a la causal de nulidad originada en la sentencia y al principio de
congruencia. Con la finalidad de demostrar que la providencia recurrida respetó
dicho principio, indicó que sus motivaciones guardaron total congruencia con las
pretensiones de la demanda, por lo que no se configura la causal de nulidad
alegada por la parte recurrente.

Precisó la evolución normativa y jurisprudencial de la homologación y nivelación
salarial dispuesta para los empleados incorporados en las plantas de personal
de los municipios e indicó los pronunciamientos de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado que han determinado con carácter vinculante la
incompatibilidad de condenar concomitantemente al pago de intereses
moratorios e indexación, toda vez que los dos conceptos obedecen a la misma
causa que es evitar la devaluación del dinero.

Finalmente, insistió en la legalidad de la sentencia censurada, por considerar
que es congruente con lo pedido, lo debatido y lo probado en el proceso y que
se encuentra debidamente motivada, contiene un análisis crítico de las pruebas
y de los razonamientos legales, así como la decisión de las excepciones
propuestas.

2.3.2.2. Concepto del Ministerio Público

El representante del Ministerio Público no rindió concepto en el presente asunto.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA ESPECIAL

3.1. Normatividad aplicable

El Título VI Capítulo I de la Ley 1437 de 2011, regula el recurso extraordinario de

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revisión. En él se indican los términos, causales y requisitos que deben
cumplirse para su admisión y procedencia, en los artículos 248 a 2553,
modificados parcialmente por la Ley 2080 de 2021.

3.2. Presupuestos procesales de la acción

3.2.1. Competencia

La Sala Veintisiete (27) Especial de Decisión de esta Corporación es competente
para conocer el presente recurso extraordinario de revisión, interpuesto por la
señora María Cristina Restrepo Ayala, con el cual pretende que se infirme la
sentencia dictada el 28 de julio de 2022, por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección “B”, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, instaurado por la recurrente contra el Ministerio de Educación Nacional
y el Departamento de Caldas.

Lo anterior, con fundamento en lo establecido por el artículo 249 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en virtud del
cual las sentencias dictadas por las Secciones o Subsecciones del Consejo de
Estado serán conocidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sin
exclusión de la sección que profirió la decisión4.

Por su parte, el artículo 107 ejusdem creó las Salas Especiales de Decisión para
resolver los procesos sometidos al conocimiento de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que la ley expresamente les
encomiende, disposición con fundamento en la cual se expidió el Acuerdo 321
de 2014 que, en su artículo 2º, señaló los asuntos de su competencia,
asignándoles, entre otros, los recursos extraordinarios de revisión interpuestos
contra las sentencias de las Secciones y Subsecciones del Consejo de Estado,
competencia que quedó expresamente regulada en el artículo 29 del Acuerdo
080 de 2019, expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, actualmente
vigente.

3.2.2. Oportunidad

En el sub examine se encuentra acreditado que la demanda se dirige contra la
sentencia dictada el 28 de julio de 2022, notificada por edicto electrónico el 7 de
septiembre de 2022, la cual cobró ejecutoria el 15 de septiembre del mismo año
3 Las normas citadas fueron modificadas por los artículos 68 al 70 de la Ley 2080 de 2021.
4 Corte Constitucional, Sentencia C-450 del 16.06.2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En

esta sentencia se consideró que “la expresión demandada simplemente implica que no se puede
excluir de plano a todos los Magistrados de la Sección o Subsección, pero en ningún momento
permite concluir que no deba decidirse en cada caso concreto si se presenta una causal de
impedimento, por lo cual es claro que no se afectan los principios de imparcialidad e
independencia judicial.” Conforme al planteamiento anterior, no vulnera el principio de
imparcialidad el conocimiento de un recurso extraordinario de revisión por parte de uno de los
magistrados que aprobó la sentencia recurrida, toda vez que, no es jurídicamente admisible
excluir a todos los consejeros que participaron de la decisión impugnada.
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y el recurso fue interpuesto el 7 de septiembre de 2023, lo que significa que se
interpuso dentro del año al que se refiere la norma aplicable al caso.

3.2.3. Legitimación en la causa

En relación con el presupuesto referido a la legitimación en la causa, debe
expresarse que María Cristina Restrepo Ayala está habilitada por activa, y el
Ministerio de Educación Nacional y el Departamento de Caldas por pasiva,
porque fueron las partes del juicio en el que se dictó la sentencia objeto de la
petición de revisión del vocativo de la referencia.

3.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede infirmar el fallo dictado el 28 de
julio de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurado por la recurrente
contra el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento de Caldas, con el
que se pretendía el reconocimiento y pago de los intereses moratorios que –a
juicio de la accionante– se causaron como consecuencia de la dilación del
procedimiento administrativo de homologación y nivelación salarial que se llevó a
cabo con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de
2001 y en la Directiva Ministerial 10 de 2005.

En consecuencia, partiendo de la situación fáctica señalada por la parte actora,
el material probatorio recaudado y los argumentos expuestos en el libelo
introductorio y en la contestación que realizó el Ministerio de Educación
Nacional, el problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en
establecer si se configura en el sub examine la causal 5ª de revisión,
consagrada en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, referida a existir nulidad
en la providencia que puso fin al proceso y contra la cual no procede recurso
alguno.

Como subproblema jurídico, corresponde establecer si en la sentencia se
incurrió en desconocimiento del principio del debido proceso por deficiencias
graves de motivación que conlleven a invalidar la decisión.

Para resolver el problema y el subproblema planteados, la Sala abordará los
siguientes ejes temáticos: i) generalidades del recurso extraordinario de revisión;
ii) causal de nulidad originada en la sentencia; iii) deber de motivar las
providencias judiciales y su violación como causal de invalidez; y iv) análisis del
caso concreto.

3.4. Generalidades del recurso extraordinario de revisión

Este recurso, regulado en los artículos 248 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es un medio de
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impugnación excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, amparadas por la intangibilidad de
la cosa juzgada e infirmarlas, ante la demostración inequívoca de ser decisiones
injustas, por incurrir en alguna de las causales que taxativamente consagra la
ley5.

Las providencias susceptibles del recurso son “(i) las dictadas por las Secciones y
Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; (ii)
las dictadas en única, primera o segunda instancia por los Tribunales Administrativos y
(iii) las dictadas en primera o segunda instancia por los Jueces Administrativos, cuya
naturaleza permita la interposición de tal recurso.”6

Para la interposición del recurso deben atenderse los requisitos de las
demandas ordinarias, indicados en el artículo 252 de la Ley 1437 de 2011,
especialmente, el recurrente debe señalar, justificar y acreditar en grado de
plenitud probatoria el supuesto de hecho de la causal o causales consagradas
en el artículo 250 ejusdem, en que se funda el recurso.

Constituye un presupuesto de especial trascendencia que la parte actora aporte
las pruebas necesarias, pertinentes e idóneas, encaminadas a acreditar la
causal de nulidad que alega.

En este orden, la técnica del recurso exige correspondencia entre los
argumentos en que se fundamenta, la causal invocada y las alegaciones
expuestas por el recurrente, de forma tal que no le es dable a éste realizar
elucubraciones dirigidas a atacar las motivaciones jurídicas o los juicios de valor
que soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida ni pretender
subsanar o corregir errores u omisiones de la propia parte en el ejercicio del
derecho de contradicción y el agotamiento de los mecanismos ordinarios de
defensa, como si se tratara de una nueva instancia.

En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la
sentencia, siendo riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a las
causales enlistadas. Por ello, en este escenario, la labor de la Sala no puede
exceder la demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de

5 El marco teórico y conceptual del recurso extraordinario de revisión con las características
esenciales que se indican ha sido construido por esta Corporación, entre otras, en las siguientes
sentencias: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de
2.03.2010, Rad. REV-2001-00091, 6.04.2010, Rad. REV-2003-00678, 20.10.2009, Rad. REV-
2003-00133, 12.07.2005, Rad. REV-1997-00143-02, 14.03.1995, Rad. REV-078, 16.02.1995,
Rad. REV-070, 20.04.1993, Rad. REV-045 y 11.02.1993, Rad. REV-037; Sección Tercera,
sentencia del 22.04.2009, Rad. 35995 y Sección Quinta, sentencia de 15.07.2010, Rad. 2007-
00267.
6 Corte Constitucional, Sentencia C-520 del 4.08.2009, M.P. María Victoria Calle Correa

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revisión, que deberá ser examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito
interpretativo7.

Tampoco es posible que se cuestione la valoración probatoria efectuada por el
juez ordinario, pues no se trata de corregir “los errores de apreciación de los hechos
y de las pruebas, en que a juicio del recurrente hubiera podido incurrir el fallador, pues
eso equivaldría a convertir el recurso en un juicio contra el fondo de la sentencia,
discutiendo nuevamente los hechos, ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada; sino
de la inobservancia de las reglas propias de la sentencia, que vician su validez.”8

En virtud de lo expuesto, se advierte que este recurso tiene como finalidad
principal la revisión de las decisiones adoptadas injustamente, es decir, por
medios ilícitos o irregulares, pero no para tratar de enmendar los errores
judiciales como los casos de inadecuada valoración de las pruebas (error de
hecho), falta de aplicación de la norma correspondiente, o indebida aplicación de
esta (error de derecho)9.

3.5. La causal de revisión por nulidad originada en la sentencia que puso
fin al proceso

El numeral 5.º del artículo 250 del CPACA, establece «[e]xistir nulidad originada

7 Así se desprende de las normas que lo consagran y lo ha desarrollado esta Corporación en

varios pronunciamientos de los que cabe destacar: Al respecto, la Sala Plena de esta
Corporación, en sentencia de 27.01.2004. Rad. (REV) 2003-0631, M.P. Rafael E. Ostau de
Lafont Pianeta, precisó que: “… no constituye una nueva instancia, razón por la cual no es
admisible en él la continuación del debate probatorio o sobre el fondo del asunto, debiendo
circunscribirse únicamente a las precisas causales señaladas en la ley, cuyo examen y
aplicación obedecen a un estricto y delimitado ámbito interpretativo. (....)”. En ese mismo sentido,
en sentencia de 11 de octubre de 2005. Rad. (REV) 2003-0794. M.P. Ligia López Díaz, se
manifestó que con el recurso extraordinario especial de revisión "(...) No se trata de controvertir
el juicio de valoración propio del juzgamiento, ni es otra instancia que permita a las partes
adicionar o mejorar las pruebas y los argumentos ya expuestos y debatidos en las etapas
anteriores del proceso, puesto que ello equivaldría a convertir el recurso especial de revisión en
un juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos ya dilucidados con
fuerza de cosa juzgada (...)". Sobre la naturaleza taxativa del recurso extraordinario de revisión
ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del
29.04.2015, M.P. Danilo Rojas Betancourt; 25000-23-26-000-1999-00319-01(26239); Sección
Primera, Sentencia de 26.11.2018, radicado 11001-03-24-000-2009- 00616-00(REV), M.P. Nubia
Margot Peña Garzón Sala Cuarta Especial de Decisión, Sentencia del 13.10.2020, M.P. Alberto
Montaña Plata, Rad. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV). Esta última sentencia cuenta con la
siguiente cita original “Al respecto consultar sentencias de Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de: 17 de julio de 2013, rad. 11001- 03-15-000-2009-00062(REV); 26 de febrero
de 2013, rad. 11001-03-15-000-2008- 00638-00(REV) y de 18 de octubre de 2005, rads. 11001-
03-15-000-1998-00173- 00(REV) y 11001-03-15-000-1999-00226-00(REV).”
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión,

Sentencia del 3.03.2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro (E); Sala Veintisiete (27) Especial de
Revisión, Sentencia del 3.04.2018, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2017-
02091-00 (REV);
9 De cualquier forma, será forzoso analizar con cuidado los argumentos esgrimidos por la parte

actora, con el fin de detectar si lo que se cuestiona es, realmente, una actuación contraria a la
ley o carente de justificación o, si el propósito del demandante es que se revise la decisión, como
si el proceso en sede de lo contencioso administrativo pudiera constituirse en una nueva
instancia. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia
del 14.08.2008, Rad. 16.594
9
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Demandante: María Cristina Restrepo Ayala
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en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación» 10. De acuerdo con lo anterior, la causal comprende los siguientes
presupuestos:

(i) Que se dirija contra una sentencia respecto de la cual no proceda
recurso de apelación, «… porque entonces sería el juez ad quem quien
debe concurrir a desplegar la actividad judicial que permita enervar y
solucionar el hecho constitutivo de nulidad o en dado caso dejárselo
explícito al a quo si corresponde a éste implementar la solución, campo de
acción que es totalmente ajeno al juez del recurso extraordinario de
revisión …, es decir, ya superó las instancias del juez natural …»11.

ii) Que exista una nulidad procesal o constitucional, «… pero este segundo
supuesto pende del siguiente y (iii) que esta tenga nacimiento en la
sentencia que puso fin al proceso, o en su defecto, que la parte afectada,
bajo motivo invencible, no hubiera podido alegarla …»12.

Así las cosas, aunque el enunciado normativo es claro, se ha dicho que «… se
trata de una de las causales de revisión que más discusiones ha generado en la
jurisprudencia de lo contencioso administrativo 13 … dado que, en razón de su
redacción, ha correspondido al juez del recurso de revisión establecer su
alcance, por cuanto el legislador omitió determinar las circunstancias que podían
generar la nulidad de la providencia, es decir, se trata de un texto en blanco
…»14. En otras palabras, si bien de la lectura del numeral 5.º del artículo 250 del
CPACA, se advierte que para la configuración de la causal es necesario que la
nulidad se presente al momento de proferir la sentencia, lo cierto es que, el
legislador no definió los eventos constitutivos del vicio.

10 Sobre esta causal pueden verse, entre otras decisiones la siguientes: (i) Consejo de Estado,

Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiuno Especial de Decisión, sentencia de
3 de abril de 2018, radicación n.º 11001-03-15-000-2014-00251-00, MP. Rafael Francisco
Suárez Vargas, (ii) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala
Veinticinco Especial de Decisión, sentencia de 20 de agosto de 2021, radicación n.º 10001-03-
15-000-2020-02925-00, MP. Marta Nubia Velásquez Rico, (iii) Consejo de Estado, Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, Sala Quince Especial de Decisión, sentencia de 10 de marzo de
2021, radicación n.º 11001-03-15-000-2019-03190-00, MP. Hernando Sánchez Sánchez, (vi)
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Quinta Especial de
Decisión, sentencia de 16 de febrero de 2021, radicación n.º 11001-03-15-000-2019-00788-00,
MP. Milton Chaves García y (v) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión, sentencia de 13 de octubre de 2020,
radicación n.º 11001-03-15-000-2019-00119-00, MP. Alberto Montaña Plata.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Quince Especial de

Decisión, sentencia de 3 de marzo de 2020, radicación n.º 11001-03-15-000-2016-02343-00–
acumulado (REV), MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
12 Ibidem.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de

Decisión, sentencia de 7 de abril de 2015, radicación n.º 11001-03-15-000-2013-00358-00
(REV), MP. Alberto Yepes Barreiro.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de

Decisión, sentencia de 7 de febrero de 2017, radicación n.º 11001-03-15-000-2016-02260-
00(REV), MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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En ese sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en un ejercicio
hermenéutico15, ha señalado de manera consistente, que los hechos que la
configuran son aquellos que constituyen las causales de nulidad procesal, esto
es, las previstas en el artículo 133 del CGP16, pero no son figuras idénticas. Se
trata de vicios procesales que surgen al momento de la expedición de la
sentencia, pero no los acaecidos en etapas anteriores, toda vez que, las
nulidades procesales deben seguir la regla de oportunidad prevista en el artículo
134 del CGP17.

Sin embargo, también se ha aceptado la posibilidad de alegar la nulidad
originada en la sentencia, cuando, pese a configurarse el vicio constitutivo de la
causal antes de proferirse el fallo, «… no pudo ser advertida por el recurrente
durante el curso del proceso …»18, caso en el cual, al afectado le asiste la carga
de probar que no tuvo la oportunidad de proponer la nulidad, pues de lo
contrario, la causal se convertiría en una excusa para subsanar las omisiones
cometidas en el proceso ordinario. En este sentido, resulta importante señalar
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
providencia de 31 de mayo de 2011, resumió los supuestos que podrían
configurar el vicio de nulidad en la sentencia, así:

En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de
jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso terminado
normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia
después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento,
aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv) cuando se dicta
sentencia como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, v) cuando se
condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en
la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a
quien no ha sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere
sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de
suspensión o, en éstos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la
sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada
con un número de votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia
carece completamente de motivación.

15 Ver, entre otras, las siguientes providencias (REV) de 20 de abril de 2004, radicación n.º
11001-03-15-000-1996-0132-01; de 18 de octubre de 2005, radicación n.º 11001-03-15-000-
2000-00239-00, de 7 de febrero de 2006, radicación n.º 11001-03-15-000-1997-00150-00; de 2
de marzo de 2010, expediente número 185; de 9 de marzo de 2010, radicación n.º 11001-03-15-
000-2002-1024-01 y de 31 de mayo de 2011, radicación n.º 11001-03-15-000-2008-00294-00.
16 Causales que antes estaban previstas en el artículo 140 CPC.
17 En este sentido puede verse: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, Sala Tercera Especial de Decisión, sentencia de 4 de agosto de 2021, radicación
n.º 11001-03-15-000-2021-00610-00 (REV), MP. Julio Roberto Piza Rodríguez.
18 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 6 de

agosto de 2013, radicación n.º 11001-03-15-000-2009-00687-00 (REV). MP. Hugo Fernando
Bastidas Bárcenas, en la que se cita «Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo. MP. Mauricio Torres Cuervo. Sentencia del 2 de marzo de 2010. Radicación número:
11001-03-15-000-2001-0091-01. Actor: Pedro Antonio Durán Durán. Demandado: Contraloría
General de la República».
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Con posterioridad, en sentencia de 8 de mayo de 201819, con fines de
unificación jurisprudencial20 y a partir del artículo 29 superior, la Sala Plena fijó
un nuevo alcance de la causal de nulidad originada en la sentencia. En dicha
decisión se indicó, que el fallo inhibitorio injustificado también configura la causal
de revisión mencionada por desconocer el debido proceso, la tutela judicial
efectiva y el derecho de acceso a la administración de justicia.

En suma, la sentencia puede resultar viciada por hechos que, si bien no están
previstos como causales de nulidad procesal, lo cierto es que sí pueden afectar
la legalidad y justicia de la decisión, al punto que desconocería el artículo 29 de
la Constitución. Dentro de estos supuestos, a manera enunciativa, se pueden
citar los siguientes: (i) la sentencia en la que se condena a la parte que no fue
vinculada al proceso; (ii) la sentencia de las corporaciones judiciales que no
cuenta con el número de votos necesarios para la aprobación, o aquella que
aparece firmada con mayor o menor número de magistrados; (iii) la sentencia
que no tiene formal ni materialmente motivación ante la carencia total de
pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho que le
permiten arribar a una decisión; (iv) la sentencia que se dicta con violación al
principio de la non reformatio in pejus; (v) la decisión que desconoce el principio
de congruencia bien sea por una condena extra, ultra o minuspetita21; y (vi)
cuando el juez, sin fundamento válido y razonable, dicta una decisión inhibitoria
que se traduce en denegación de justicia22.

3.6. Deber de motivar las providencias judiciales y su violación como
causal de invalidez

Tal como lo indicó esta Corporación en sentencia del 26 de febrero de 2014 23, el
deber de motivar las providencias resulta exigible desde una perspectiva
convencional y constitucional. En dicha oportunidad, la Sección Tercera, en
mención al Pacto de San José, sostuvo que:

19 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de mayo

de 2018, radicación n.º 11001-03-15-000-1998-00153-01 (REV), MP. Alberto Yepes Barreiro.
[En la providencia se citaron, la sentencia C-739 de 2001 MP. Álvaro Tafur Galvis, que dispuso,
entre otras, «… ESTARSE A LO RESUELTO en las sentencias C-491 de 1995 … y C-217 de
1996 …» y la providencia de 7 de febrero de 2006, radicación n.º 11001-03-15-000-1997-00150-
00 (REV), MP. María Elena Giraldo Gómez].
20 Por auto de 7 de julio de 2015, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo decidió asumir la competencia para decidir el caso con el propósito de unificar
criterios: «…i) En qué casos una sentencia inhibitoria puede dar origen a la procedencia del
recurso extraordinario de revisión por la causal de nulidad originada en la sentencia por violación
al debido proceso …».
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de

Decisión, sentencia de 2 de febrero de 2016, radicación n.º 11001-03-15-000-2015-02342-00
(REV), MP. Alberto Yepes Barreiro.
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de mayo de

2018, radicación n.º 11001-03-15-000-1998-00153-01 (REV) MP. Alberto Yepes Barreiro.
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia del 26.02.2014, Rad 73001-

23-31-000-2001-03445-01(27345), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa
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“(…) los artículos 8 y 25 de la Convención, relativos a las garantías judiciales y la
protección judicial permiten establecer los lineamientos generales a partir de los
cuales se consagra el ejercicio de una labor judicial garante de los Derechos
Humanos. En el campo específico del deber de motivar las decisiones judiciales,
la Corte IDH ha sostenido que “las decisiones que adopten los órganos internos
que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas,
pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. La motivación es la
exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una
conclusión.” (Resaltado propio), justificándose esta exigencia de los funcionarios
judiciales en el derecho que tienen los ciudadanos de ser juzgados “por las
razones que el derecho suministra” además de generar credibilidad de las
decisiones judiciales en un Estado que se precie de ser democrático.”

Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha precisado que el deber de
motivación hace parte de aquellas garantías que en conjunto constituyen el
derecho fundamental al debido proceso establecido en el artículo 29 de la
Constitución. Específicamente, el máximo tribunal constitucional consideró sobre
el asunto en los siguientes términos:

“De manera general, hacen parte de las garantías del debido proceso:

a) El derecho a la jurisdicción, que a su vez implica los derechos al libre e
igualitario acceso ante los jueces y autoridades administrativas, a obtener
decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía
superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo.24 (Negrilla fuera del texto)”

De igual manera, este deber se encuentra regulado en el artículo 280 del Código
General del Proceso, norma que establece el contenido mínimo que debe
contener una sentencia y que es aplicable por remisión a los procesos que se
adelantan en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, según lo dispuesto
por el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.25

Conforme a lo expuesto, el deber del juez de motivar las providencias judiciales
le exige develar el razonamiento jurídico que lo llevó a adoptar el fallo, de
manera que se le garantice al sujeto procesal la ausencia de arbitrariedad en sus
decisiones. En virtud de este deber, las sentencias deben señalar las normas
jurídicas que le sirven de fundamento, los hechos que resultaron probados, y el
procedimiento probatorio surtido para llegar a la convicción sobre los mismos. Es
así como la fundamentación racional del fallo se muestra como límite a la
actividad del juzgador, pues permite constatar que el mismo respondió a criterios
jurídicos, lógicos y razonables.

24 Corte Constitucional, sentencia C-980 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
25 Las citadas normas procesales establecen que “La motivación de la sentencia deberá limitarse

al examen crítico de las pruebas con explicación razonada de las conclusiones sobre ellas, y a
los razonamientos constitucionales, legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios
para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión, con indicación de
las disposiciones aplicadas. El juez siempre deberá calificar la conducta procesal de las partes y,
de ser el caso, deducir indicios de ella.
(…)”
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En particular, alrededor de la falta al deber de motivación como circunstancia
que deriva en la nulidad de la sentencia, el Consejo de Estado, en la
previamente citada sentencia del 5 de abril de 201626, especificó que
únicamente la ausencia absoluta de motivación da lugar a la invalidez de la
providencia.

“En relación con la nulidad originada en la sentencia por ausencia de motivación,
la jurisprudencia de esta Corporación ha diferenciado la falta absoluta de
motivación de la deficiente o errada, y ha señalado que únicamente la carencia
total de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho
que le permiten arribar a una decisión, es motivo de revisión bajo la causal
sexta. De manera que es improcedente, con fundamento en dicha causal, alegar
situaciones relacionadas con deficiencias en la motivación derivadas, por ejemplo,
de la estimación errada de las pruebas o de los hechos por parte del juez; de la
indebida interpretación de las normas jurídicas aplicadas; o del desconocimiento
del precedente judicial. (Negrilla fuera del texto)”

Efectuadas las anteriores consideraciones sobre la causal de nulidad alegada,
se analizarán las razones expuestas en la demanda, con el fin de establecer si
encuadran en el supuesto de hecho de la causal invocada y los lineamientos que
al respecto ha señalado la Sala Plena de esta Corporación, que tienen carácter
vinculante para las Salas Especiales y las Secciones al momento de resolver un
recurso de esta naturaleza.

3.7. Análisis del caso concreto con fundamento en la causal de revisión
alegada y los supuestos fácticos y jurídicos en que se fundamenta

La parte actora estimó que la sentencia debe ser invalidada por la concurrencia
de graves deficiencias en su motivación, puesto que consideró carentes de
justificación jurídica las conclusiones a las que arribó el ad quem.
Principalmente, aquella según la cual el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios no puede predicarse sobre la duración completa del procedimiento
administrativo de homologación y nivelación de los cargos y desde la
incorporación de la demandante al cargo en la planta de personal del municipio y
que, contrario a ello, el estudio de tal reconocimiento debe circunscribirse al mes
que transcurrió entre la expedición del acto administrativo y el pago
efectivamente realizado que correspondió a un mes y no a dieciséis años.

Para concluir sobre la prosperidad de dicho argumento, es necesario analizar si
la sentencia recurrida materializa el deber de motivación de las providencias
judiciales en los términos reseñados. Es decir, se requiere observar si el fallo se
fundamenta en razonamientos jurídicos ostensibles, y si contiene los elementos
exigidos por el artículo 280 del C.G.P.

26 Consejo de Estado, Sala Catorce Especial de Decisión, M.P. Danilo Rojas Betancourth, Rad.

Radicación: 110010315000 2008 00320 00.
14
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Para la Sala no puede considerarse, como lo afirma la parte recurrente, que la
motivación de la sentencia recurrida fuese insuficiente o defectuosa porque en el
fallo objeto de censura se explicó bajo el principio de razón suficiente y con
fundamento en la línea jurisprudencial clara y univoca de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, porque no procedía el pago de intereses moratorios con
ocasión del procedimiento de homologación y nivelación salarial, con base en la
exigibilidad de la obligación a partir del reconocimiento.

Tal línea jurisprudencial está consignada en las providencias referidas en el fallo
recurrido y que corresponden a las dictadas por la Sección Segunda del Consejo
de Estado el 7 de diciembre de 201727, el 26 de agosto de 201828, y el 19 de julio
de 201929.

En esas sentencias se resolvieron casos con idéntica situación fáctica y en ellas
se expresó que “transcurrió tan solo un mes entre el acto administrativo que reconoció
el derecho y el que ordenó el pago, evidenciándose un lapso mínimo, prudente y
proporcional, teniendo en cuenta la magnitud de los trámites económicos y
administrativos para terminar el proceso de homologación y nivelación salarial.”

Adicionalmente, como se expuso en el acápite anterior, para que la falta de
motivación de lugar a declarar la nulidad de la sentencia tiene que ser total y no
parcial, pues si se dejó de resolver algún extremo de la litis, situación que aquí
no ocurrió, se cuenta con la figura jurídica de la adición del fallo.

Se advierte que en la sentencia recurrida sí se aplicaron las normas jurídicas
que fijaron los lineamientos para el procedimiento de homologación y nivelación,
y se estableció el tiempo que tardó el trámite hasta la decisión definitiva, solo
que del examen de esta normativa no podía derivarse el reconocimiento
automático de intereses moratorios como lo pretendía la parte demandante.

En línea con lo expuesto, tal como lo afirmó el Ministerio de Educación Nacional,
lo pretendido por la parte actora es que se revise nuevamente lo decidido por la
autoridad judicial que resolvió el caso en segundo grado, como si se tratara de
una tercera instancia, pues no se puede predicar que el fallo carezca de
motivación por el solo hecho de no haber accedido a las pretensiones de la
demanda.

Las razones expuestas son suficientes para declarar infundado el recurso por la
causal descrita en el numeral 5º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, toda
vez que la sentencia no incurrió en irregularidad alguna que pueda invalidarla ni
contraría el deber de motivación, en la medida en que exteriorizó las razones

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”,

sentencia de 7.12.2017, M.P. William Hernández Gómez, (0905-2015).
28 Sentencia de 26 de agosto de agosto de 2018, Rad. 73001-23-33-000-2014-00403-01(4589-

15). M.P. César Palomino Cortés
29 Sentencia del 19 de julio de 2019 Rad. 66001-23-33-000-2016-00321-01 M.P. Sandra Lisset

Ibarra Vélez-
15
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fácticas y jurídicas que lo llevaron a concluir que las pretensiones no estaban
llamadas a prosperar.

3.7. Conclusiones y decisión

En el asunto sub judice la parte actora no logró acreditar que se presentó una
nulidad originada en la sentencia, pues lo alegado no corresponde a una
circunstancia capaz de invalidar la providencia, sino que equivale a un
cuestionamiento sobre la interpretación razonable de las normas sustanciales y
a la valoración adecuada de las pruebas allegadas.

Lo anterior, por cuanto la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de
Estado aplicó al caso las reglas normativas y jurisprudenciales que regulan la
materia, dictó la providencia con pleno respeto de estas y en armonía con las
pretensiones de la demanda y los argumentos del recurso de apelación.

3.8. Costas y perjuicios

Sobre la procedencia de condenar en costas y perjuicios en el recurso
extraordinario de revisión, la Sala advierte que el inciso final del artículo 255, con
la modificación introducida por el 70 de la Ley 2080 de 2021, según cual “si se
declara infundado el recurso se condenará en costas y perjuicios al recurrente”, es
aplicable al sub examine, por haberse presentado el recurso en vigencia de la
referida disposición.

Sin embargo, dicha norma no consagra los parámetros para su procedencia y
liquidación, por lo que corresponde realizar la integración normativa con el
Código General del Proceso, que lo regula en el artículo 365, canon que en el
numeral 8º establece que “Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.”

Por su parte, el artículo 361 ejusdem prevé que las costas están integradas por
la totalidad de las expensas y gastos sufragados, causados durante el trámite de
la controversia, así como por las agencias en derecho, las cuales, en virtud del
numeral 4º del artículo 366 de la misma normativa, se deben fijar con
observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura
en el artículo 6º del Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016.

Adicionalmente, debe señalarse que, bajo las reglas del C.G.P., la condena en
costas se soporta en un criterio netamente objetivo valorativo; en este caso,
frente a la parte a la que se le declara infundado el recurso extraordinario de
revisión y resultan procedentes, “siempre que exista prueba de su existencia, de su
utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”30.

30 De acuerdo con la Corte Constitucional “La condena en costas no resulta de un obrar
temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su
derrota en el proceso o recurso que haya propuesto, según el artículo 365. Al momento de
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Si bien no aparece en el expediente prueba de gastos y expensas, si resultan
demostradas las agencias en derecho, por cuanto el Ministerio de Educación
tuvo que contestar la demanda, con argumentos que resultaron útiles para el
análisis de la presente decisión.

En consecuencia, la parte actora será condenada al pago de agencias en
derecho, dado que por virtud del artículo 253 del CPACA, en armonía con lo
dispuesto en el artículo 365 del CGP, opera en contra de la parte vencida en el
recurso.

Se fija como agencias en derecho a cargo de la parte recurrente la suma
equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV), a la fecha
de ejecutoria de esta sentencia, a favor del Ministerio de Educación Nacional,
que serán liquidados por la Secretaría General del Consejo de Estado.

Lo anterior en aplicación de los criterios contenidos en el artículo 2º del acuerdo
previamente citado que hacen referencia a la naturaleza, la calidad y la duración
de la gestión realizada por el apoderado de la parte que venció en el juicio. La
cuantía en este caso no está determinada, pero sería determinable a partir del
monto del reconocimiento por concepto de nivelación salarial.

Al respecto, se encuentra acreditado que la entidad compareció al presente
proceso por intermedio de apoderado judicial constituido desde el momento en
que fijó el proceso en lista; es decir, 6 de octubre de 2023, habiendo intervenido
eficazmente con la contestación de la demanda, extendiéndose su gestión
durante el trámite del proceso que, por su naturaleza de recurso extraordinario,
constituye un mecanismo célere.

Se trata en consecuencia de una gestión que tuvo una duración corta y en la
que, por el diseño procesal, la intervención se limita a la contestación de la
demanda y, eventualmente, al debate probatorio sin que resulte necesario alegar
de conclusión o interponer recurso alguno al ser el trámite de única instancia.

Con respecto a la calidad de la actuación profesional, se evidencia que la
defensa judicial de la entidad demandada presentó argumentos jurídicos
encaminados a desvirtuar la configuración de la causal de revisión alegada, por
lo que la suma fijada en esta oportunidad –que es igual al monto mínimo
permitido-responde a criterios de idoneidad, razonabilidad, necesidad y

liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa que tanto las costas como las agencias en
derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el
proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a
actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el
propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni
pueden asumirse como una sanción en su contra”. Sentencia C-157/13. MP. Mauricio González
Cuervo.
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proporcionalidad, según se analizó en precedencia31.

No se condena por concepto de gastos y expensas ni por perjuicios por no
haberse comprobado su causación.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Plena, Sala Especial de Decisión N o 27, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión en lo
relacionado con la causal 5ª de revisión, referida a la nulidad originada en la
sentencia, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte recurrente en favor del Ministerio
de Educación Nacional, en la modalidad de agencias en derecho, por la cantidad
de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia, las que serán liquidadas por la Secretaría
General del Consejo de Estado.

TERCERO: ABSTENERSE DE CONDENAR a la parte recurrente por concepto
de gastos, expensas y perjuicios, por no aparecer causados.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE.

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA (E1) STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Con salvamento parcial de voto

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Con salvamento de voto

MARÍA ADRIANA MARÍN

Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la
providencia oficial con el número de radicación en
http//relatoria.consejodeestado.gov.co.8081

31 El monto de las agencias en derecho se realizó con la aplicación de un test leve de
proporcionalidad con la utilización de los criterios de razonabilidad expuestos.
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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