Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04894-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04894-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-04894-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
13 de diciembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04894-01
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D.
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Reconocimiento de pensión de jubilación gracia sin
aplicar prescripción de mesadas pensionales / Defecto
sustantivo y desconocimiento del precedente judicial.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala la impugnación interpuesta por la UGPP en contra de la sentencia
proferida el 12 de octubre de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Primera,
mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud
La UGPP promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, los
cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 23 de marzo
de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, en el medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho con
radicado 11001334205020220003800.
Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
i) María Yolima Rodríguez Gutiérrez interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento de derecho contra la UGPP, con el fin de que se declarara la
nulidad de las Resoluciones RDP 029710 del 4 de noviembre de 2021 y RDP
034770 del 23 de diciembre de 2021, mediante las cuales se le negó el
1
En adelante UGPP
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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reconocimiento y pago de la pensión gracia.
ii) El Juzgado Cincuenta Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante sentencia
del 18 de octubre de 2022 negó las pretensiones de la demanda. Decisión contra la
cual la entonces demandante interpuso recurso de apelación.
iii) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, a
través de sentencia de 23 de marzo de 2023 revocó la decisión del a quo, y en su
lugar, declaró la nulidad de las resoluciones acusadas y ordenó a la UGPP
reconocer y pagar una pensión especial de jubilación gracia en favor de María
Yolima Rodríguez Gutiérrez.
iv) En relación con esa decisión, la parte demandante considera que la
corporación judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, al incurrir en defecto
sustantivo, ya que se omitió «aplicar la figura de la prescripción trienal, [por lo que]
desconoce el Decreto 3135 de 1968 artículo 41 y su Decreto Reglamentario 1848 de 1969
artículo 102».
Así mismo, consideró que se incurrió en desconocimiento de precedente,2 y por elo
en abuso del derecho, «al pasar por alto [aquellos] obligatorios y vinculantes que sobre
el tema de la aplicación de la prescripción trienal a las mesadas pensionales que se
reconozcan, desconocimiento con el cual se violenta el Erario generando esa actuación una
evidente vía de hecho que nos permite incoar la presente tutela, como así lo ha establecido
la Corte Constitucional, como el mecanismo pertinente y eficaz para su acatamiento»
1.1.2. Pretensiones
Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:
«[…] • PRINCIPALES
Primero. AMPARAR los derechos fundamentales deprecados por la UGPP, vulnerados
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN “D” por el evidente detrimento del erario que se genera con el pago del
retroactivo correspondiente al periodo 02 de abril de 2017 hasta el 20 de abril de 2018
por tratarse de mesadas prescritas a los cuales no se tiene derecho.
Segundo. Como consecuencia de lo anterior:
a.- DEJAR PARCIALMENTE sin efectos el fallo del 23 de marzo de 2023, dictada por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN “D”, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No.
11001334205020220003800, en razón a la inaplicación del Decreto 3135 de 1968
articulo 41 y su Decreto Reglamentario 1848 de 1969 artículo 102; el artículo 187 del
CPACA y así mismo por desconocer el precedente jurisprudencial relacionado con la
prescripción de mesadas pensionales.
2 Al respecto mencionó las sentencias C-230 de 1998, C-198 de 1998, T- 217 de 2013, SU 140 de
2019.
2
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b.- Se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
SEGUNDA SUBSECCIÓN “D”, Modificar la sentencia del 23 de marzo de 2023, que
ordenó reconocer y pagar la Pensión gracia en favor de la señora MARÍA YOLIMA
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ sin aplicar la prescripción de mesadas pensionales que en
derecho corresponde, para en su lugar declarar prescritas de mesadas pensionales
anteriores al 20 de abril de 2018.
• SUBSIDIARIAS
En caso de que esa H. Magistratura no acceda a lo anterior en razón a no estar superado
el requisito de subsidiariedad solicitamos:
Primero. Sean amparados TRANSITORIAMENTE los derechos fundamentales
deprecados por la UGPP y vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “D”.
Segundo. Como consecuencia de lo anterior se SUSPENDA PARCIALMENTE y de
MANERA TRANSITORIA el fallo del 23 de marzo de 2023 proferido en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho No. 11001334205020220003800, en lo que se
refiere al pago de porcentaje del retroactivo pensional irregular, hasta tanto se resuelva
el recurso extraordinario de revisión que se iniciaría en virtud de su orden tutelar […]».
1.2. Informes rendidos en el proceso
1.2.1. El Juzgado Cincuenta Administrativo del Circuito de Bogotá3 si bien
allegó copia digital del expediente, guardó silencio frente a la solicitud de amparo.
1.2.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, y los demás vinculados por interés directo en el resultado del
proceso guardaron silencio.4
1.3 Sentencia de primera instancia5
El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia del 12 de octubre de
2023 declaró la improcedencia de la solicitud de tutela al considerar que no cumple
con el requisito de subsidiariedad, comoquiera que los argumentos que la
sustentaron son susceptibles de plantearse a través del recurso extraordinario de
revisión, o a través de la solicitud de adición al fallo objeto de controversia.
1.4. Escrito de impugnación6
La UGPP interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia,
para lo cual reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela.
3
Ver índice 8 de SAMAI del expediente 11001-03-15-000-2023-04894-00. Actuación denominada
RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1_2692023(.zip) NroActua 8
4 Mediante auto del 18 de septiembre de 2023, se admitió la tutela de la referencia y se ordenó
notificar a la señora María Yolima Rodríguez Gutiérrez.
5 Ver índice 12 de SAMAI del expediente 11001-03-15-000-2023-04894-00. Actuación denominada
SENTENCIA(.pdf) NroActua 11
6Ver índice 15 de SAMAI del expediente 11001-03-15-000-2023-04894-00. Actuación denominada
RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_2023110006209591_169(.pdf) NroActua 15
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2. Consideraciones
En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20007 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20198, esta Sala es
competente para conocer las presentes impugnaciones contra el fallo de tutela
proferido por el Consejo de Estado, Sección Primera.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado9 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.10 Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[Resalta la Sala]. […]»
Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena,11 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
7
Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
8 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01,
M.P. María Elizabeth García González.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.:
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios.
Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.
Ahora bien, la Corte Constitucional12 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante en la constitución; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y
iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se
cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar
improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos,13 el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales.14
Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
La Sala deberá definir si: ¿la presente solicitud de tutela cumple con los requisitos
de procedibilidad adjetiva, en especial, el de la subsidiariedad?
Solo de superar lo anterior, se determinará si: ¿El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, vulneró los derechos
fundamentales de la UGPP con ocasión de la sentencia del 23 de marzo de 2023 a
través de la cual, en segunda instancia, ordenó el reconocimiento y pago de una
pensión de jubilación gracias en favor de María Yolima Rodríguez Gutiérrez pero
sin aplicar lo pertinente a la prescripción trienal, con lo cual incurrió, presuntamente,
en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente?
2.4. Análisis de la Sala
12 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de
2005.
13 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva – De la subsidiariedad
El artículo 86 constitucional señala que: «[…] Esta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6
del Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:
«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»
Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido
la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia15, es decir, no es un mecanismo
de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un
último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho,
pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.
2.4.2. Caso concreto
La UGPP acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos
fundamentales y, en consecuencia, se dejará parcialmente sin efectos la sentencia
del 23 de marzo de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 11001334205020220003800, por medio de la
cual, en segunda instancia, se ordenó el reconocimiento y pago de una pensión de
jubilación gracias en favor de María Yolima Rodríguez Gutiérrez pero sin aplicar lo
pertinente a la prescripción trienal
Lo anterior, al considerar que se inaplicó el Decreto 3135 de 1968 (art. 41) y su
Decreto Reglamentario 1848 de 1969 (Art. 102), y el artículo 187 del CPACA, así
como el precedente jurisprudencial existente relacionado con la prescripción de
mesadas pensionales.
Para mayor claridad del asunto, la Sala recuerda la orden emitida por el tribunal
demandado respecto de cara al derecho pensional reconocido en favor María
Yolima Rodríguez Gutiérrez, así:
«[…] 1. Decláranse la nulidad de las Resoluciones Nos. RDP 029710 dei 4 de noviembre
de 2021, suscrita por el Subdirector de Determinación de Derechos Pensionales de la
15 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-
1121 de 2003.
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UGPP; y RDP 034770 del 23 de diciembre de 2021 , expedida por el Director de
Pensiones de la UGPP.
2.Como consecuencia de la declaratoria de nulidad, y a titulo de restablecimiento del
derecho, ordénase a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP. reconocer y pagar una
pensión especial de jubilación gracia en favor de María Yolima Rodríguez Gutiérrez,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.556.668 de Bogotá, liquidada en una
cuantía equivalente al 75% del salario mensual promedio devengado durante el año
anterior a la consolidación de su estatus pensional, comprendido entre el 2 de abril de
2016 y el 2 de abril de 2017. Las sumas que arroje la presente liquidación deberán ser
reconocidas, a partir del 2 de abril de 2017, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de este proveído. […]
Así, al revisar la situación en concreto y en concordancia con lo expuesto por el juez
de tutela de primera instancia, resulta evidente que la inconformidad expuesta por
la parte demandante respecto a la falta de pronunciamiento acerca de la declaratoria
de la prescripción trienal del derecho pensional reconocido en favor de María Yolima
Rodríguez Gutiérrez, debió ser alegada ante en el marco del proceso contencioso-
administrativo a través del mecanismo de la solicitud adición de la sentencia
acusada, regulado en el artículo 287 del Código General del Proceso y aplicable en
virtud del artículo 306 del CPACA, referente a los aspectos no regulados, así:
Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los
extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser
objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria,
dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma
oportunidad.
El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que
la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda
de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que
dicte sentencia complementaria.
Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a
solicitud de parte presentada en el mismo término.
Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la
complementación podrá recurrirse también la providencia principal.
Ello, en razón a que se trató de un argumento alegado como excepción por el ente
previsional, no obstante, tal situación no se cuestionó ante el juez natural del asunto
en segunda instancia. En este punto, es relevante recordar lo dispuesto en el
artículo 187, inciso 2, del CPACA, respecto a la resolución de excepciones
Artículo 187.Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se
hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las
pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente
necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión
y citando los textos legales que se apliquen.
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra
que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior
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estudie y decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no
reformatio in pejus. […]
Por parte, de cara al abuso del derecho en que pudo incurrir el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, según lo alegado por la UGPP, se considera que
tal inconformidad debe ser dilucidada por el juez natural del asunto a través del
Recurso Extraordinario de Revisión, en los términos de los artículos 248 y 250 de la
Ley 1437 de 201116, que señalan:
Artículo 248.Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y
por los jueces administrativos.
Artículo 250.Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, son causales de revisión:
[…]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación. [..:]
En cuanto al recurso extraordinario de revisión en materia de lo contencioso-
administrativo como mecanismo de defensa idóneo y eficaz y la falta de
subsidiariedad, la Corte Constitucional, en sentencia SU – 026 de 2021, sostuvo lo
siguiente:
«[…] 5.1. En la sentencia C-520 de 2009, al estudiar una demanda contra el artículo
57 (parcial) de la Ley 46 de 1998, la Corte Constitucional se refirió a la naturaleza y
finalidad del recurso extraordinario de revisión en el ordenamiento jurídico colombiano.
Expuso que este recurso, previsto por el legislador en la jurisdicción ordinaria –civil,
penal y laboral– y la jurisdicción contencioso-administrativa[36], es una excepción al
principio de cosa juzgada de las sentencias ejecutoriadas, pues busca “enmendar los
errores o ilicitudes cometidos en su expedición, así como restituir el derecho del afectado
a través de una nueva providencia fundada en razones de justicia material, que resulte
acorde con el ordenamiento jurídico”[37].
5.2. El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo de defensa que fue creado
para deshacer las sentencias ejecutoriadas cuando se tiene conocimiento de falencias
que llevaron al juez a emitir un fallo contrario al derecho.[38] En ocasiones, es necesario
dejar sin valor una sentencia ejecutoriada “debido a que, por circunstancias no conocidas
en el momento de adoptar la decisión, o acaecidas con posterioridad a la decisión, se
revela que ésta se fundó en un error, fraude o ilicitud”[39]. Este recurso, entonces,
constituye una excepción necesaria al principio de cosa juzgada, en la media en que
busca restablecer la justicia material al anular una sentencia ilegítima y ordenar emitir un
nuevo fallo acorde con el ordenamiento jurídico.
5.3. En la sentencia C-450 de 2015, esta Corporación reiteró que el recurso de revisión
es una herramienta para restituir los derechos al debido proceso y acceso a la
administración de justicia del afectado a través de una nueva sentencia. Sin embargo,
debido a su naturaleza excepcional, el legislador limitó su ejercicio al cumplimiento de
unas causales taxativas de procedencia. Al respecto, este fallo señaló:
16 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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“La revisión, que no es un recurso sino una acción, pretende, como lo ha señalado la
doctrina y la jurisprudencia, un examen detallado de ciertos hechos nuevos que afectan
la decisión adoptada y el sentido de justicia que de ella emana. La acción de revisión, en
la medida en que afecta la certeza brindada por la cosa juzgada, es no sólo
extraordinaria, sino que además procede por las causales taxativamente señaladas por
la ley, y no es posible aducir otras distintas. Y esta taxatividad es razonable, pues se
trata de una figura que modifica providencias amparadas en el principio de cosa juzgada,
y por ello las causales previstas para la revisión deben ser aplicadas e interpretadas en
sentido restringido”[40]
[…]
5.5. Respecto de la tipología y comprensión particular de estas causales, el Consejo
de Estado precisó que, a excepción del numeral 4°, ninguno de los numerales que
posibilitan la revisión extraordinaria apuntan a reabrir el debate jurídico ni refutan el
criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley. Por el contrario, las causales cuestionan
puntualmente las irregularidades procesales y probatorias que afectaron la integridad de
la decisión y vulneraron los derechos de las partes. Al respecto, dicha autoridad judicial
expuso que “las causales de los numerales 5 y 8 son de índole procesal, mientras que
las causales de los numerales 1, 2, 3, 6 y 7 recaen sobre aspectos que atañen a la
validez o insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron el sentido de la
decisión” [41].
5.6. Lo anterior erige al recurso extraordinario de revisión en materia contencioso-
administrativa como un medio de defensa idóneo y eficaz cuando la vulneración del
derecho al debido proceso tiene origen en un fallo judicial que se encuentra ejecutoriado.
De hecho, la jurisprudencia constitucional ha reconocido la innegable semejanza entre
la acción de tutela y el recurso de revisión cuando se busca proteger este derecho:
“A través de ese medio [recurso extraordinario especial de revisión] se plantearía la
controversia sobre el debido proceso en términos idénticos a los que constituyen el
presupuesto para resolver la acción de tutela, al punto que un pronunciamiento del juez
constitucional dejaría sin oficio al juez competente. Los dos procesos, el extraordinario
especial de revisión y el de tutela, tendrían identidad de causa petendi y de petitum, y
resulta claro que no puede haber, sobre la misma causa, dos pronunciamientos judiciales
concurrentes”[42].
5.7. Estas similitudes entre los dos mecanismos de defensa han llevado a la Corte
Constitucional a establecer la siguiente subregla de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales:
“[E]l recurso de revisión constituye un mecanismo idóneo y eficaz de defensa judicial
dependiendo de la naturaleza de los derechos invocados por el peticionario, y la
cobertura brindada por las causales aplicables al proceso específico. Así, el recurso será
eficaz cuando a) la única violación alegada sea el derecho al debido proceso y,
eventualmente, la de otros derechos que no tienen carácter fundamental, o b) cuando el
derecho fundamental cuya protección se solicita sea susceptible de ser protegido de
manera integral dentro del trámite del recurso, porque concurren en él (i) causales de
revisión evidentemente dirigidas a salvaguardar dicho derecho, y (ii) en caso de
prosperar el recurso, decisiones que restauran de forma suficiente y oportuna el
derecho.”[43]
5.8. Dicho de otro modo, la acción de tutela desplazará el recurso extraordinario de
revisión siempre que (i) el derecho fundamental cuya protección se solicita no sea
susceptible de ser protegido de manera integral dentro del trámite del recurso; y (ii) las
causales de revisión no se encuadren dentro de los hechos denunciados por el
accionante. En síntesis, para la Sala Plena “la acción de tutela se torna improcedente
cuando al interior de un proceso contencioso-administrativo se alega la vulneración al
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04894-01
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Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
debido proceso y este derecho fundamental es susceptible de ser protegido mediante el
trámite del recurso extraordinario de revisión”[44]. […]»
De acuerdo con la normativa y la jurisprudencia en cita, se tiene que contra la
sentencia proferida el 23 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, no procede recurso alguno; y cuya
causal de procedencia del recurso extraordinario de revisión, de acuerdo con los
motivos en que la parte actora sustentó los defectos alegados, se trataría de una
presunta nulidad origina en la sentencia.
Dicho lo anterior, sea lo primero indicar que la exigencia en la interposición de los
recursos de manera oportuna tiene como finalidad evitar que la solicitud de amparo
suplante los mecanismos ordinarios establecidos en nuestro ordenamiento jurídico.
Es decir, se persigue que, en la tutela contra providencias judiciales, no haya
negligencia en el deber de acudir ante la administración judicial, para la concreción
de las garantías otorgadas por la Constitución Política.
A juicio de la Sala el asunto puesto en su conocimiento no cumple con el requisito
de la subsidiariedad, toda vez que la entidad demandante pudo solicitar la adición
de la sentencia acusada si se trataba de un punto de derecho pendiente de
resolución y/o cuenta con el mecanismo judicial idóneo tendiente a satisfacer su
pretensión de «modificar la sentencia del 23 de marzo de 2023, que ordenó reconocer y
pagar la Pensión gracia en favor de la señora MARÍA YOLIMA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
sin aplicar la prescripción de mesadas pensionales que en derecho corresponde, para en
su lugar declarar prescritas de mesadas pensionales anteriores al 20 de abril de 2018»,
consecuencia de un posible nulidad origina en la sentencia.
De acuerdo con lo expuesto, en el caso bajo estudio no se satisface el requisito de
procedencia general de la solicitud de tutela contra providencia judicial de la
subsidiariedad; razón por la cual, la Sala confirmará la decisión de declarar
improcedente la solicitud de tutela interpuesta por la UGPP contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 12 de octubre de 2023 por el Consejo
de Estado, Sección Primera, mediante el cual declaró improcedente la solicitud de
tutela promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social contra el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta decisión judicial.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
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artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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