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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04899-00

Subsidiariedad: no se cumple porque las cuestiones deben ser objeto de estudio por

Fecha
2 de octubre de 2023
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04899-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-04899-00

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

2 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá, D.C., dos (02) de octubre de dos mil veintitrés (2023).

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04899-00

Actor: MICHAEL DAVID GARZÓN SALINAS

Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA)

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Requisitos /
SUBSIDIARIEDAD – No se cumple porque las cuestiones deben ser objeto de estudio por
la autoridad judicial competente - Procedencia excepcional / FALTA DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – Inexistencia de carga argumentativa.

Procede la Sala a pronunciarse, en primera instancia, en relación con la demanda
de tutela instaurada por el señor Michael David Garzón Salinas, de acuerdo con el
Decreto 333 de 20211.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

El 8 de septiembre de 2023, el señor Michael David Garzón Salinas, actuando en
nombre propio, instauró demanda de tutela en contra de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

2. Hechos relevantes

El 20 de enero de 2022, el señor Michael David Garzón Salinas presentó queja
disciplinaria en contra de Carlos Hernando Guzmán como Director Ejecutivo
Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, para que se investigara sus
actuaciones dentro del proceso de convocatoria para conformar el registro de

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Que ingresó para fallo el 22 de septiembre de 2023.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04899-00
Accionante: Michael David Garzón Salinas
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela (Sentencia de Primera Instancia)

establecimientos comerciales dedicados al almacenamiento de los vehículos
inmovilizados por orden judicial para el departamento del Atlántico durante el 2021
y el 2022.

El 10 de junio de diciembre de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina judicial
del Atlántico ordenó la remisión de la queja a la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial por carecer de competencia para conocer del asunto.

A través de providencia del 10 de agosto de 2023 -notificada el 16 del mismo mes
y año–, el magistrado ponente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se
inhibió de pronunciarse de fondo de la queja presentada.

3. Fundamentos de la demanda tutela

La parte actora manifestó que se debía declarar la nulidad por violación al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia por indebida motivación del
auto inhibitorio y ordenar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que se
pronunciara de fondo respecto de la totalidad de los hechos, argumentos y
pruebas aportadas en la queja disciplinaria con radicado
11001080200020220066200.

Adujo que el funcionario contra quien recaía la queja había faltado a los deberes
descritos en la Ley 1952 de 2019, numeral 1, y numeral 39 del artículo 38, además
del artículo 55, en su numeral 11, relacionados con el servicio o la función pública
en el que favorecer intereses propios o ajenos está en contravía del bien común y
del ordenamiento jurídico.

Expresó que se presentó un proceder irregular del funcionario contra quien se
interpuso la queja debido que se presentó un recurso, el cual se admitió en contra
de la resolución de parqueaderos de 2022, sin embargo, se dio fuerza ejecutoria a
dicho acto administrativo sin tener en cuenta el artículo 79 de la Ley 1437 de 2011,
pues se presentaba un efecto suspensivo, pero se notificó a las entidades
correspondientes mediante circular DESAJBAC22-1 del 18 de enero de 2022.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04899-00
Accionante: Michael David Garzón Salinas
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela (Sentencia de Primera Instancia)

Además, se incurrió en el supuesto previsto en el numeral 11 del artículo 9 de la
Ley 1437 de 2011 que tiene como finalidad la prohibición a las autoridades el
ejecutar un acto que no se encuentre en firme, así como en los artículos 39 y 26
de la Ley 1952 de 2019.

4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela

4.1. Mediante providencia de 12 de septiembre de 2023, se admitió la demanda de
tutela, se ordenó notificar al magistrado Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo
como integrante de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, se vinculó a
Carlos Hernando Guzmán Herrera como tercero con interés y se solicitó
comunicar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

4.2. El doctor Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, en calidad de magistrado de
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, manifestó que el amparo debe
declararse improcedente, pues carece de relevancia constitucional por cuanto el
tutelante sustentó la vulneración de sus derechos en premisas subjetivas que
“derivan de la inconformidad que le asiste ante la exclusión del proceso
contractual de la empresa que representaba” y con serias deficiencias
argumentativas que no puede suplir el juez de tutela.

Además, sostuvo que en la providencia cuestionada está fundamentada en el
artículo 209 de la Ley 1952 de 2019, pues a falta de un motivo de reproche con la
característica de ser disciplinariamente relevante y ante la ausencia de elementos
de juicio que permiten encauzarla, resulta necesario abstenerse de iniciar una
investigación disciplinaria.

Sumado a lo anterior, señaló que esa decisión no hace tránsito a cosa juzgada por
lo que si el quejoso presenta nuevamente los hechos y expone de forma razonada
los motivos por los cuales considera que el reproche es disciplinariamente
relevante, será posible generar un nuevo pronunciamiento judicial al respecto.

4.3. Carlos Hernando Guzmán Herrera, como tercero interesado en el proceso,
guardó silencio.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04899-00
Accionante: Michael David Garzón Salinas
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela (Sentencia de Primera Instancia)

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Legitimación en la causa por activa

El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 “por el cual se reglamenta la acción de
tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”, consagra que la
persona que considera amenazados sus derechos fundamentales puede actuar
por sí misma o a través de representante y, además, que se pueden agenciar
derechos ajenos cuando su titular no esté en condiciones de promover su propia
defensa.

En línea con lo anterior, la Corte Constitucional ha precisado y esta Subsección ha
entendido que, cuando se cuestiona una providencia judicial -como ocurre en el
presente asunto-, están legitimados para promover la demanda de tutela las partes
del proceso judicial por ser quienes pueden reclamar la protección de derechos
fundamentales propios.

La Ley 1952 de 2019, en su artículo 109, prevé:

Podrán intervenir en la actuación disciplinaria, como sujetos procesales, el
investigado y su defensor, el Ministerio Público, cuando la actuación se
adelante en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones
Seccionales de Disciplina Judicial, o en el Congreso de la República contra los
funcionarios a que se refiere el artículo 174 de la Constitución Política.

Esta misma condición la ostentarán las víctimas de conductas violatorias de
derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, así como de acoso
laboral.

En ejercicio del poder de supervigilancia administrativa y cuando no se ejerza
el poder preferente por la Procuraduría General de la Nación, esta podrá
intervenir en calidad de sujeto procesal.

De la disposición legal recién transcrita, se desprende que el quejoso, en materia
disciplinaria, no ostenta la condición de sujeto procesal, aspecto corroborado por
la Corte Constitucional, en los siguientes términos: “De acuerdo con lo expuesto,
al quejoso no le asiste la calidad de sujeto procesal, pues se trata de la persona
que pone en movimiento el aparato administrativo o judicial del Estado con miras a
la investigación de una falta disciplinaria y la sanción de los responsables”2.
2
Sentencia C-014 del 20 de enero de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04899-00
Accionante: Michael David Garzón Salinas
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela (Sentencia de Primera Instancia)

No obstante lo anterior, en el presente caso, bueno es precisarlo, la decisión que
se cuestiona es aquella que se abstuvo de iniciar la actuación disciplinaria, por lo
que resulta viable sostener que el proceso no inició y, por consiguiente, no hubo
intervinientes que pudieran ser catalogados como sujetos procesales, razón por la
cual es admisible que quien interpuso la queja pueda y deba ser considerado con
la aptitud necesaria para cuestionar esa decisión.

2. Requisito de subsidiariedad

Según el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política prevé que la acción de
tutela “sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1 del artículo 6 del Decreto Ley
2591 de 1991.

En ese sentido, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que resulten
idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran
amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la acción de tutela.

La Sala observa que, en la decisión cuestionada, además de exponerse las
razones por las que procedía inhibirse, se advirtió sobre la posibilidad de acudir
nuevamente a la jurisdicción disciplinaria bajo los parámetros legales que
condicionen la facultad de denunciar comportamientos que contribuyan a una falta
disciplinaria (transcripción de forma literal):

(…)

Dicho lo anterior, no concurren los argumentos y las razones suficientes
para iniciar la actuación disciplinaria en contra del director ejecutivo
seccional de administración Judicial de Barranquilla, pues los
documentos allegados con la queja permiten concluir que el motivo de
inconformidad del quejoso no recae sobre hechos disciplinariamente
relevantes.

De esa manera, al concurrir una de las circunstancias descritas en el artículo
209 de la Ley 1952 de 2002, en uso de la facultad contenida en la norma
puesta de presente, corresponde dictar decisión inhibitoria.

En ese sentido, es oportuno recordar que esta decisión no hace tránsito a
cosa juzgada, toda vez que no se decidió de fondo el asunto. En ese
sentido, en el caso en el que posteriormente se presente queja

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04899-00
Accionante: Michael David Garzón Salinas
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela (Sentencia de Primera Instancia)

disciplinaria respecto de los mismos hechos, pero con un alcance
disciplinario, debidamente, podrán ser investigados según corresponda
(se destaca).

Dado que la decisión inhibitoria, según los precisos términos del artículo 209 de la
Ley 1952 de 20193, no es pasible de recurso alguno, el quejoso cuenta con la
posibilidad de iniciar una nueva queja disciplinaria por los mismos hechos y suplir,
con ella, las falencias o cuestiones que impidieron que se abriera la respectiva
actuación, es viable considerar que el mecanismo idóneo continúa siendo el
mismo, la queja disciplinaria y no la acción de tutela como mecanismo supletivo.

3. De la falta de relevancia constitucional por ausencia de carga
argumentativa

A lo anterior se adiciona que la parte actora se limitó a señalar que “no se le dio
derecho al debido proceso y al acceso de la administración de justicia” por no
tener en cuenta la Ley 1952 de 2019 y la Ley 1437 de 2011, presentándose una
omisión y motivando de manera indebida el auto inhibitorio, sin precisar los
aspectos por los cuales, realmente, cuestionaba la providencia proferida por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

En ese sentido, se estima que no se cumplió la carga argumentativa exigida para
promover la acción de tutela contra providencias judiciales, habida cuenta de que
no se edificó ni se desarrolló una argumentación dirigida a establecer, de un lado,
una causal específica de procedibilidad y, del otro, razones que sustentan un
defecto y/o violación de derechos fundamentales.

En este caso, no se precisó de forma clara y razonable los fundamentos jurídicos
que sustentan las pretensiones respecto de la referida providencia, sin tener en
cuenta que la Corporación ha indicado que “no basta con manifestar
inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de
instancia, sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia

3
ARTÍCULO 209. DECISIÓN INHIBITORIA. Cuando la información o queja sea manifiestamente
temeraria o se refiera a hechos disciplinariamente irrelevantes o de imposible ocurrencia o sean
presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa, o cuando la acción no puede iniciarse,
el funcionario de plano se inhibirá de iniciar actuación alguna. Contra esta decisión no procede
recurso (se destaca).

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04899-00
Accionante: Michael David Garzón Salinas
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela (Sentencia de Primera Instancia)

cuestionada ha incurrido en alguna de las causales específicas para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario,
la tutela carecería de relevancia constitucional”4.

Con base en lo expuesto, se declarará la improcedencia del amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 12 de agosto de 2019, radicación número: 110010315000201903205 00, M.P. María
Adriana Marín, entre muchas otras decisiones de la Sala.

7

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