Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04902-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04902-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-04902-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
29 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04902-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: HADER HERNÁN RAMÍREZ ASTAIZA
TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR INCUMPLIMIENTO
DEL REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA
DIVERGENCIA DEL ACTOR OBEDECE A UN DEBATE DE MERA
LEGALIDAD, ADEMÁS, SE EVIDENCIA QUE LO PRETENDIDO ES
CREAR UNA INSTANCIA ADICIONAL DENTRO DEL PROCESO
ORDINARIO.
DERECHO FUNDAMENTAL: AL DEBIDO PROCESO, DEFENSA,
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, IGUALDAD Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la impugnación presentada por el actor
contra la sentencia de 13 de diciembre de 2023, mediante la cual la
SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE
ESTADO1 declaró improcedente el amparo solicitado.
1
En adelante la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”-.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04902-01
Actor: HADER HERNÁN RAMÍREZ ASTAIZA
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor HADER HERNÁN RAMÍREZ ASTAIZA, actuando a través
de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en
el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la
presunción de inocencia, a la igualdad y al acceso a la administración
de justicia, los cuales estima vulnerados por la SECCIÓN TERCERA
-SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO2 al proferir la
sentencia de 31 de octubre de 2022, dentro del medio de control de
reparación directa identificado con el número único de radicación
76001-23-31-000-2011-00411-01.
I.2.- Hechos
Sostuvo que radicó una demanda en ejercicio del medio de control
de reparación directa contra la Rama Judicial, el Departamento
Administrativo de Seguridad - DAS y la Fiscalía General de la Nación
por la privación injusta de su libertad, la cual le correspondió por
reparto al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
2
En adelante la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”-.
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Actor: HADER HERNÁN RAMÍREZ ASTAIZA
CAUCA3 que, mediante sentencia de 16 de mayo de 2014, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, declaró de oficio la
falta de legitimación en la causa por pasiva del Departamento
Administrativo de Seguridad - DAS y declaró la responsabilidad de la
Nación - Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación por su
privación injusta de la libertad y, en consecuencia, las condenó al
pago de perjuicios morales y lucro cesante.
Adujo que el TRIBUNAL sostuvo que la Fiscalía General de la Nación
solicitó la imposición de la medida privativa de la libertad con base
en unas "interceptaciones telefónicas de un número celular que,
aunque pertenece al accionante, no se realizó cotejo de voces
alguno", por lo que no se cumplieron los requisitos exigidos en el
artículo 306 del Código de Procedimiento Penal, circunstancia que
motivó al juez penal a precluir la investigación debido a que "no se
contaba con los elementos materiales probatorios ni la evidencia
física legalmente obtenida que permitiera inferir razonadamente que
el señor Hader Hernán Ramírez Astaiza hubiese sido autor o partícipe
de la conducta investigada".
Advirtió que contra la referida decisión las partes interpusieron
3
En adelante el TRIBUNAL.
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recurso de apelación, el cual fue desatado por la SECCIÓN TERCERA
-SUBSECCIÓN “C”- que, a través de providencia de 31 de octubre
de 2022, revocó la sentencia recurrida y, en su lugar, denegó las
pretensiones de la demanda bajo el argumento de que la medida de
aseguramiento de detención preventiva que le impusieron fue
legalmente adoptada y el juez penal de control de garantías observó
los principios de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad, lo que
significa que aunque se constituyó un daño y un menoscabo a su
libertad física, no se puede predicar la antijuridicidad del mismo.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
A juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en los
defectos sustantivo y fáctico pues vulneró el principio de
presunción de inocencia, omitió el estudio de la necesidad de la
medida de aseguramiento, no argumentó claramente las razones
para determinar que la misma fue proporcional, razonable y
necesaria y se equivocó al valorar los elementos de pruebas
existentes en el proceso penal, en especial, los presentados por la
Fiscalía en la audiencia reservada y en la solicitud de la medida
referida, pues ninguno de los mismos permitía vincularlo como
partícipe de los hechos punibles.
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Agregó que la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- también
incurrió en desconocimiento del precedente judicial, toda vez
que “[…] para la época de los hechos, con respecto a la
responsabilidad objetiva del Estado derivada de la privación injusta
de la libertad, el Consejo de Estado - Sección Tercera había dictado
la sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013 (radicado
52001-23-31-000-1996-07459-01 / 23354) […]”, la cual fue
desconocida.
Indicó que la sentencia cuestionada pasó por alto la valoración de la
responsabilidad del Estado bajo la teoría del daño especial, al no
estudiar los artículos 309 y 310 de la Ley 906 de 31 de agosto de
20044 para definir si la medida fue legal y tampoco analizó el
precedente constitucional, específicamente, la sentencia C-469 de
2016.
Adujo que es incongruente, contradictorio y violatorio del derecho
fundamental a la igualdad que en su caso la SECCIÓN TERCERA -
SUBSECCIÓN “C” hubiese concluido que la medida de
aseguramiento impuesta fue legalmente adoptada pero en otros
casos como, por ejemplo, en la sentencia proferida en el radicado
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"Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. (Corregida de conformidad con el Decreto
2770 de 2004)".
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76001-23-31-000-2011-00928-01 (51627), sí consideró injusta la
privación de la libertad del señor José Andrés González Gómez, pese
a estar en una situación idéntica a la suya, pues existían “iguales,
hechos, fundamentos, decisiones penales, elementos probatorios”.
I.4.- Pretensiones
El actor pretende que se amparen sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] 1. Se ordene modificar la sentencia de segunda instancia.
2. SE REVOQUE la sentencia de Segunda Instancia y se ordene
hacer nuevo fallo favorable estudiando principalmente la
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, DERECHO A LA IGUALDAD FRENTE
A LA JUSTICIA y el DEBIDO PROCESO acogiendo los argumentos
expuestos en el fallo Constitucional C- 469 de 2016, tal como la ha
hecho la Subsección en otros procesos, en donde sí lo ha hecho y
ha accedido. Se estudie la razonabilidad, proporcionalidad y
necesidad de acuerdo a los artículos 309, 310 de la ley 906 de
2004. […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C” afirmó que no
existió un desconocimiento del derecho a la igualdad, en la medida
en que la jurisprudencia del Consejo de Estado desde el año 2018
dejó atrás la aplicación automática de un régimen objetivo para los
casos de privación injusta de la libertad y ahora aplica un criterio
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conforme al cual es al juez a quien le corresponde determinar el título
de imputación que guarde relación con los hechos y las pruebas de
cada caso, por ende, es apenas comprensible que ya no todos los
asuntos de privación injusta se decidan bajo la fórmula atributiva de
responsabilidad a la que conducía el régimen objetivo en los casos
de absolución por indubio pro reo.
Resaltó que en la decisión objeto de la presente tutela “[…] se
ofrecieron con ponderación y análisis las razones por las cuales se
consideró que el asunto se decantaba por un régimen subjetivo, ya
que, al analizar los elementos de prueba traídos al proceso se
encontró demostrado que para imponer la medida de aseguramiento,
la autoridad judicial tuvo en cuenta las inferencias e indicios
derivados de las pruebas obtenidas en desarrollo de la misión de
trabajo […]”, elementos que hacían mérito para imponer la medida
de aseguramiento; distinto es que esas pruebas no resultaran
suficientes para solicitar la acusación, lo cual se entiende en la
medida en que se trata de estadios procesales diferentes.
Manifestó que no está demostrado que al accionante se le hubiesen
conculcado sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido
proceso, porque en el expediente se dieron las razones para
fundamentar la decisión proferida y tampoco se le violó el derecho a
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la presunción de inocencia, pues las valoraciones que hace el juez de
la reparación no están encaminadas a remover la decisión penal.
Concluyó que aun cuando no se discute que la aplicación de la
sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013 impero hasta el
año 2018, lo cierto es que de ahí en adelante dicha sentencia perdió
vigencia, habida cuenta que se profirieron otras decisiones, tanto del
Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, en las que se
abandonó la postura allí plasmada, razón por la cual cuando se
profirió la sentencia objeto de tutela no estaba atada al precedente
que el accionante cita como vinculante.
I.5.2.- La RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, vinculada en calidad de tercero con
interés directo en las resultas del proceso, advirtió que la acción de
tutela de la referencia no cumple con los requisitos generales para
su procedencia y, de igual forma, puso de presente que no existe
vulneración alguna de los derechos fundamentales del accionante.
Arguyó que lo solicitado por el actor hace parte del trámite de un
proceso judicial que fue resuelto en debida forma y ha hecho tránsito
a cosa juzgada sin que, por lo tanto, merezca ser nuevamente objeto
de debate en esta instancia.
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I.5.3.- La Fiscalía General de La Nación, vinculada en calidad de
tercero con interés directo en las resultas del proceso, adujo que la
presente solicitud de amparo no cumple con el requisito general de
la subsidiariedad, comoquiera que el actor tenía a su disposición el
recurso extraordinario de revisión para controvertir la decisión de
segunda instancia proferida en el medio de control de reparación
directa, herramienta de la cual no hizo uso.
Sostuvo que lo que pretende el actor con la presente acción de tutela
es retrotraer las etapas procesales de un asunto que ya surtió su
trámite, lo cual no es posible por el carácter subsidiario que tiene la
acción constitucional.
I.5.4.- Las señoras CATALINA MERCEDES y OLGA YANETH
ÁLZATE MASSO, KELLY JOHANA y SANDRA LILIANA RAMÍREZ
ASTAIZA, LIZETH MICHEL SALAZAR RAMÍREZ, IVONN
KATERINE VILLALOBOS RAMÍREZ, GLORIA ELENA ASTAIZA
DELGADO, MARÍA BERENICE MAZO PINO y el señor ORLANDO
ÁLZATE BOTERO, vinculados en calidad de terceros con interés
directo en las resultas del proceso, pese a ser debidamente
notificados del presente trámite constitucional, guardaron silencio.
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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 13 de diciembre de 2023, la SECCIÓN
TERCERA -SUBSECCIÓN “A” declaró improcedente el amparo
solicitado.
Afirmó que lo que pretende el actor es convertir el mecanismo de
amparo constitucional en una instancia adicional al litigio contencioso
administrativo tramitado y concluido, al reabrir un debate jurídico ya
zanjado por el juez natural de la causa, por no estar de acuerdo con
la decisión adoptada por la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”
en el proceso objeto de estudio.
Sostuvo que la autoridad judicial accionada valoró adecuadamente el
material probatorio allegado al proceso de reparación directa y
explicó en detalle las razones que dieron lugar a que adoptara la
decisión de revocar el fallo proferido por el TRIBUNAL, por lo que
los reproches del actor solo se fundamentan en que no comparte el
análisis desarrollado en la sentencia objeto de examen, el cual no fue
irrazonable ni arbitrario, lo que lleva a concluir que el asunto carece
del requisito general de la relevancia constitucional y que no se
configuraron ninguno de los defectos invocados en la presente acción
de tutela.
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Finalmente, concluyó que la decisión sometida a examen no
comporta una actuación arbitraria o abusiva y, por el contrario,
encuentra que la misma fue proferida dentro del marco de la sana
crítica, autonomía e independencia judicial, sustentándose en
disposiciones claramente aplicables al caso concreto y con apoyo en
el material probatorio aportado al proceso, sin que pueda decirse que
la decisión vulnera derechos fundamentales de la parte actora.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó revocar
la decisión para que, en su lugar, se acceda al amparo solicitado.
Señaló que el requisito de la relevancia constitucional fue cumplido,
en la medida en que no solo citó unos precedentes, sino que
argumentó claramente la diferencia en la aplicación de los mismos y
explicó contundentemente las reglas de decisión para el caso objeto
de estudio.
Manifestó que en el escrito de la solicitud de amparo mencionó los
derechos fundamentales que fueron vulnerados, al igual que las
sentencias desconocidas por la accionada y las pruebas que se
dejaron de valorar.
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Insistió en que explicó los errores en los que incurrió la sentencia
censurada al no analizar el precedente judicial, específicamente, la
sentencia C-469 de 2016 proferida por la Corte Constitucional.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto núm. 2591
de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de
tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de
2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de negocios entre las Secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
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unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
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debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la |, es decir, que la tutela se
hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años
después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de
resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que
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dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
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como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
deje sin efecto la sentencia de 31 de octubre de 2022, proferida
por la SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “C”- que revocó la
decisión del a quo, dentro del proceso de reparación directa
identificado con el número único de radicación 76001-23-31-000-
2011-00411-01.
A la citada providencia el actor le atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la
presunción de inocencia, a la igualdad y al acceso a la administración
de justicia, habida cuenta que, a su juicio, la autoridad judicial
accionada incurrió en los defectos sustantivo y fáctico pues
vulneró el principio de presunción de inocencia, omitió el estudio de
la necesidad de la medida de aseguramiento, no argumentó
claramente las razones para determinar que la misma fue
proporcional, razonable y necesaria y se equivocó al valorar los
elementos de pruebas existentes en el proceso penal.
De igual forma, adujo que la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN
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Actor: HADER HERNÁN RAMÍREZ ASTAIZA
“C”- incurrió en un desconocimiento del precedente judicial, por
no tener en cuenta para su decisión la sentencia de unificación del
Consejo de Estado de 17 de octubre de 2013 (radicado 52001-23-
31-000-1996-07459-01 / 23354), los artículos 309 y 310 de la Ley
906 de 31 de agosto de 2004 y la sentencia C-469 de 2016.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- que, mediante fallo de 13
de diciembre de 2023, declaró improcedente el amparo solicitado por
incumplir el requisito general de relevancia constitucional, al
considerar que el actor no explicó con suficiencia argumentativa las
actuaciones que presuntamente vulneraron sus derechos
fundamentales, razón por la cual concluyó que lo que se pretende
con la presente acción de tutela es utilizarla como una instancia
adicional al proceso ordinario de reparación directa.
Inconforme con lo anterior, el actor impugnó la decisión proferida en
primera instancia y adujo que no le asiste razón al a quo, toda vez
que sí cumplió con el requisito general de relevancia constitucional al
desarrollar todos los argumentos relacionados con la procedibilidad
del amparo solicitado, citar los procedentes jurisprudenciales
desconocidos, explicar su aplicabilidad al caso y sustentar los
defectos invocados, por lo que, a su juicio, no se podía decidir el
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asunto sin estudiar de fondo los alcances de su escrito de tutela.
Precisado lo anterior, la Sala circunscribirá su estudio al escrito de
impugnación y considera que el problema jurídico que debe resolver
consiste en determinar si en el presente caso se debe confirmar,
modificar o revocar la decisión de primer grado, para lo cual, en
primer lugar, se debe determinar si el presente caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la SECCIÓN
TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- vulneró los derechos deprecados e
incurrió en los defectos alegados.
Por lo precedente, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
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tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».6
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
5
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [9].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [10].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [11].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [13].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [14]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
[12] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[13] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[14] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
constitucional debía analizarse:
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“[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto).
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
Descendiendo al caso concreto, frente a las inconformidades del
actor relacionadas con que la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN
“C”- incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y
desconocimiento del precedente judicial, la Sala advierte que la
presente acción de tutela no cumple con el requisito general de
la relevancia constitucional, en la medida en que el actor no
explicó en forma clara y concreta en qué consistió el supuesto análisis
indebido o errado de las pruebas allegadas al proceso, el
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desconocimiento de la jurisprudencia alegada o la vulneración de los
derechos fundamentales invocados, pues simplemente se limitó a
manifestar su desacuerdo con la conclusión a la que llegó el ad quem
del proceso contencioso administrativo en la sentencia cuestionada.
En el caso bajo examen, la Sala observa que la autoridad judicial
accionada explicó claramente los motivos por los cuales consideró
que la medida de aseguramiento fue proporcional, razonable y
necesaria, no solo conforme a lo establecido en los artículos 309, 310
y siguientes de la Ley 906 de 2004, sino también con fundamento en
la jurisprudencia actual aplicable al caso y al material probatorio
allegado al expediente, lo que evidencia la carencia de relevancia
constitucional en los defectos sustantivo y fáctico invocados en la
presente acción de tutela, pues simplemente se fundamentan en
argumentos que ya fueron suficientemente resueltos en la sentencia
controvertida, intentando con ello reabrir un debate judicial
debidamente concluido.
En efecto, si bien el actor alega que en la sentencia de segunda
instancia la autoridad judicial accionada omitió estudiar la necesidad,
razonabilidad y proporcionalidad de la medida de aseguramiento, lo
cierto es que fue precisamente dicho análisis lo que llevó a la
SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- a revocar el fallo
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contencioso de primera instancia, pues luego de estudiar el material
probatorio obrante en el expediente consideró que dichos
presupuestos, en el caso particular del actor, sí se encontraban
cumplidos, por lo que concluyó que la medida fue “legalmente
adoptada” y, por ello, no existía daño antijuridico alguno que reparar.
En cuanto al desconocimiento del precedente judicial, cabe señalar
que el actor simplemente hizo mención general de los fundamentos
de algunas providencias, especialmente, de la sentencia C-469 de
2016, proferida por la Corte Constitucional y de la sentencia de
unificación del 17 de octubre de 2013 (radicado 52001-23-31-000-
1996-07459-01 / 23354) dictada por la Sección Tercera del Consejo
de Estado, sin exponer las razones particulares por las cuales éstas
eran aplicables a su caso, pese a las diferencias fácticas existentes y
a los cambios de posición jurisprudencial que ya se habían dado para
el momento en que se profirió la decisión en cuestión, es decir, no
sustentó debidamente las razones por las cuales dichas sentencias,
en efecto, constituyen precedentes aplicable al asunto bajo examen.
Ahora, en lo relacionado con la presunta vulneración del derecho a la
igualdad del actor sustentado en el hecho de que la Sección Tercera
del Consejo de Estado, en casos similares, profirió algunas sentencias
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en las que sí accedió a las pretensiones de la demanda, la Sala
considera que es un argumento que no se encuentra suficientemente
sustentado y por ello también carece del requisito general de
relevancia constitucional, pues aunque en la acción de tutela se
invocan algunas semejanzas fácticas, no se explica ni acredita la
existencia de una identidad probatoria entre los expedientes, por lo
que la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- podía llegar a
conclusiones distintas dadas las particularidades de cada uno de los
casos analizados, como bien lo manifestó en la contestación de la
presente solicitud de amparo constitucional, en la que afirmó que
“[…] las pruebas variaron en razón, entre otros aspectos, de la
función que desempeñaban los servidores públicos, ya que algunos
de ellos tenían acceso directo a las bases de datos, mientras que
otros no, algunos se vieron implicados por la alteración de la
asignación de citas para la expedición del certificado judicial y otros
por la emisión de certificados judiciales falsos […]”.
Teniendo en cuenta lo anterior, cabe reiterar que la jurisprudencia
constitucional ha explicado que la acción de tutela contra
providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia,
ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa
ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse
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a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga
de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del
debido proceso constitucional15, de manera tal que “sólo aquellas
vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente
protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de
tutela”.16
Además, la Sala reitera que la inconformidad descrita por el actor
pretende traer a este debate asuntos que fueron objeto de análisis
por la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”-, sin aportar
argumentos nuevos que evidencien el cumplimiento del requisito
general de la relevancia constitucional que permita estudiar el fondo
de la acción de tutela.
Esta Sala en reiteradas oportunidades, entre otras, mediante
sentencia de 28 de febrero de 201917, sostuvo que aun cuando la
acción de tutela se caracteriza por su informalidad, a los accionantes
les corresponde argumentar, al menos, de forma sucinta, en qué
forma la autoridad judicial incurrió en algún defecto al proferir la
providencia con la cual estiman vulnerados sus derechos
15
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
16
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de
febrero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, identificada con número único de radicación 11001-
03-15-000-2018-03615-01.
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fundamentales.
Así las cosas, la Sala encuentra que los argumentos en los cuales el
actor fundamentó los presuntos defectos no permiten abordar un
estudio constitucional del mismo, máxime si se tiene en cuenta que
lo pretendido con esta acción constitucional, es reabrir un debate que
ya se surtió por el juez natural del asunto.
En ese orden de ideas, la Sala reitera que no se cumple con el
requisito general de la relevancia constitucional, no solo porque la
parte actora no cumplió con el mínimo de carga argumentativa para
explicar la configuración de los defectos endilgados, sino en
particular, porque pretende que en sede de tutela se estudien las
razones y fundamentos de la demanda de reparación directa que dio
lugar a la providencia cuestionada, lo que torna la acción de tutela
improcedente, pues este mecanismo no está instituido para ser
ejercido como una instancia adicional a las establecidas por el
legislador en los procesos ordinarios.
Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado
improcedentes acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no
resulta ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que se
centra en reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue
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el caso de la providencia de 9 de febrero de 201718, en la que se
indicó:
“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).
Igualmente, en providencia de 29 de agosto de 201819, sostuvo lo
siguiente:
“[…] En torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.
Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
18
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
19
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.
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sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).
Significa lo precedente que el actor tenía el deber de sustentar desde
la órbita constitucional los motivos por los cuales estimó que sus
derechos fundamentales fueron transgredidos por la providencia
cuestionada, pues no resulta admisible que haga uso de esta esta
acción por el simple hecho de que la decisión judicial fue adversa a
sus intereses, pretendiendo con ello reabrir un juicio de legalidad ya
culminado, razón por la cual la presente acción de tutela resulta
improcedente por carencia del requisito general de la relevancia
constitucional.
Consecuente con lo anterior, la Sala confirmará la decisión de primera
instancia, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
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FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 29 de febrero de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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