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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04909-01

Fecha
7 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04909-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de octubre de 2023, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Jorge Ernesto Andrade Demandados: Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-04909-01 TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-04909-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

7 de diciembre de 2023

Demandante: Jorge Ernesto Andrade
Demandados: Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04909-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Paipa, Boyacá, siete (7) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04909-01
Demandante: JORGE ERNESTO ANDRADE
Demandados: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA
PROSPERIDAD SOCIAL Y OTRO

Temas: Tutela de fondo – derecho de petición – confirma.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida en primera instancia el 12 de octubre de 2023, por la Sección
Primera del Consejo de Estado. En esta providencia se negó el amparo del
derecho fundamental de petición.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. El señor Jorge Ernesto Andrade, actuando en nombre propio, presentó
acción de tutela contra la Presidencia de la República y el Departamento
Administrativo Para la Prosperidad Social (en adelante DPS) 1. Con la solicitud
de amparo pretende la protección del derecho fundamental de petición.

2. Estimó que las referidas garantías constitucionales fueron vulneradas con
ocasión a la ausencia de respuesta a la petición que le dirigió a la Presidencia de
la República el 28 de julio de 2023, con el fin de obtener «ayuda de ingreso
solidario o de otra clase de ayuda de acuerdo al nuevo esquema del nuevo
gobierno y de acuerdo al sistema de programación de su campaña en favor de la
tercera edad», la cual fue remitida por dicha autoridad al DPS.

1.2. Pretensiones

3. La parte actora solicitó lo siguiente:

Tutelar mis derechos fundamentales de petición y en donde la PRESIDENCIA DE

1 El 8 de septiembre de 2023.

1
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Demandante: Jorge Ernesto Andrade
Demandados: Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social y otro
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LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, no ha dado ninguna respuesta a mi petición en
donde esta entidad hizo traslados de competencias a otras entidades y estas
entidades no se han interesado, si paso hambre, si paso necesidades y si paso
dificultades y si tengo derechos o no tengo derechos a recibir alguna ayuda de los
diferentes programas de la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.
(Sic a toda la cita).

1.3. Hechos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:

5. El señor Jorge Ernesto Andrade envió una petición el 28 de julio de 2023,
dirigida a la Presidencia de la República. Su solicitud tuvo como fin que se le
ordenara al DPS incluirlo «en los nuevos programas de acuerdo al nuevo modelo
del actual gobierno de inclusión de oportunidades».

6. Mediante oficio 23-00145005/GFPU del 4 de agosto de 2023, la
Presidencia de la República le informó al señor Andrade que, de acuerdo con la
estructura administrativa de la Rama Ejecutiva se crearon entidades que apoyan
la gestión de diferentes funciones. En ese sentido, de acuerdo con la materia de
su solicitud, se la remitió al DPS para que diera contestación2.

7. Aludió que, pese a que la Presidencia de la República le informó que
remitió su petición, no le ha sido contestada.

1.4. Sustento de la vulneración

8. Precisó que es un adulto de la tercera edad de 63 años, que no cuenta
con trabajo ni ingresos económicos y que no recibe ayudas de los programas del
DPS. En virtud de ello, presentó la petición del 28 de julio de 2023, pero la misma
no le ha sido respondida. En su sentir, tal situación demuestra un desinterés
frente a su situación particular por parte de las accionadas.

1.5. Trámite de primera instancia

9. Por auto del 11 de septiembre de 2023, la Primera del Consejo de Estado
admitió la solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar como
demandados al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y
al DPS.

2 En la misma fecha, por medio del oficio 23-00145011/gfpu 13150001.

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1.6. Intervenciones

1.6.1. Presidencia de la República

10. Aseveró que es al DPS al que le corresponde pronunciarse sobre la
solicitud del actor. Asimismo, que le informó sobre tal situación al señor Andrade
mediante el oficio 23-00145005/GFPU del 4 de agosto de 2023 y que le remitió
la petición al DPS en la misma fecha. En ese sentido, consideró que no se
concreta la vulneración del derecho fundamental invocado y que no tiene
injerencia respecto de las funciones del DPS, al no ser la encargada de asignar
los cupos de las ayudas.

11. De conformidad con lo anterior, manifestó que carece de legitimación en
la causa por pasiva, al no tener dentro de sus funciones seleccionar los
beneficiarios de Colombia Adulto Mayor ni otorgar ayudas económicas o la renta
ciudadana.

12. Agregó que no ha vulnerado las garantías constitucionales del actor,
aunado a que el sentido de la respuesta de la petición no abarca el núcleo
esencial del derecho. Asimismo que, para debatir la respuesta otorgada la parte
actora tiene a su alcance otros mecanismos judiciales de defensa.

13. En virtud de lo expuesto, solicitó que se declare improcedente el
mecanismo constitucional de la referencia y que se le desvincule por carecer de
legitimidad por pasiva.

1.6.2. Departamento Para la Prosperidad Social

14. Refirió que no incurrió en ninguna actuación que pudiese resultar
transgresora de los derechos fundamentales de la parte actora. Lo anterior, pues
dio respuesta a la solicitud del accionante mediante el oficio E 2023-0007-321088
y se lo notificó en debida forma el 1.º de septiembre de 2023, al buzón electrónico
dispuesto para tal fin.

15. Adicionó que toda la información sobre los programas que oferta se
publica de forma masiva a través de distintos medios de comunicación. De otro
lado que, para que las acciones de tutela sean procedentes es necesario que las
acciones u omisiones que se aleguen existan. De lo contrario, corresponde
declarar improcedente el mecanismo de amparo, al no hallar ninguna conducta
atribuible a las entidades accionadas. Acto seguido, solicitó su desvinculación del
trámite tutelar.

16. Precisó que lo que pretende la parte actora es que el juez constitucional
despliegue órdenes tendientes a que se le brinde un trato preferencial por parte
de esta autoridad, en detrimento de los derechos de los demás adultos mayores
bajo sus mismas condiciones que pudieron inscribirse al programa y se
encuentran a la espera de un cupo.

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17. Frente al derecho a la igualdad, manifestó que el señor Andrade no
acreditó que en un caso similar al suyo se haya dado un trato diferenciado o
desigual.

18. Refirió que el proceso de focalización se compone por diferentes fases. A
saber, la aprobación del presupuesto, elección de los indicadores territoriales,
selección territorial, identificación y selección poblacional y distribución de
cobertura.

19. Explicó los criterios de selección del programa Familias en Acción e indicó
que el señor Andrade no se encuentra inscrito. Frente al programa Jóvenes en
Acción, señaló que no era participante. Sobre el programa Mi Negocio dispuso
que no se encuentra actualmente disponible por ausencia de recursos y sobre el
de Ingreso Solidario afirmó que estuvo vigente hasta diciembre de 2022.

20. Finalmente, en lo que atañe al programa Colombia Mayor, informó que el
señor Andrade se registra como potencial beneficiario, es decir, en lista de espera
para ingresar al mismo. Expuso que tal beneficio tiene como fin proteger al adulto
mayor en estado de indigencia o extrema pobreza.

1.7 Sentencia de primera instancia

21. Mediante sentencia del 12 de octubre de 2023, la Sección Primera del
Consejo de Estado negó las solicitudes de desvinculación formuladas por las
autoridades accionadas y la protección del derecho fundamental de petición.

22. Frente a la Presidencia de la República indicó que le remitió la petición al
DPS por ser la autoridad competente y con la información para responder lo
solicitado por el actor. De igual forma, que le notificó tal actuación al señor
Andrade al correo electrónico fijado en la petición para dichos efectos.

23. En lo que atañe al DPS, encontró que le respondió de fondo y de forma
clara y concreta al actor, en el sentido de indicarle que se encontraba como pre
seleccionado y en lista de espera. Asimismo que, le notificó tal acto el 4 de
septiembre de 2023 al correo electrónico. En dicha comunicación le informó
sobre los programas de la entidad, los criterios de selección y priorización y que
se encuentra en la base de datos de Colombia Mayor.

24. Por lo expuesto, consideró que no se concretó la vulneración ius
fundamental invocada, pues se atendió la solicitud del actor en debida forma y se
respetaron los criterios del derecho fundamental de petición.

1.8. Impugnación

25. La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia. Aseveró que

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su derecho fundamental de petición va encaminado a que se le incluya dentro de
alguno de los programas para la tercera edad, sin que ello haya ocurrido.

26. Añadió que «dentro del artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, son
funcionarios con competencias, para poder acceder a estos beneficios y dentro
de este artículo, si no estoy inscrito en algún programa para poder recibir la ayuda
a través del programa para poder recibir ayudar a través del programa de
Colombia Mayor y en donde esta entidad esta sujeta a prosperidad social, quien
envía los listados de aprobación de la ayuda del bono que este gobierno dentro
de su voluntad política esta interesado en ayudar aquellas personas que pagan
arriendo, que aguantan hambre por la falta de inclusión laboral y cubrir otras
necesidades (…)».

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

27. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la
parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida el 12 de octubre
de 2023 por la Sección Primera del Consejo de Estado. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

28. La sentencia de primera instancia abordó dos cuestiones. En primer lugar,
negó las solicitudes de desvinculación de las accionadas, en segundo, negó la
protección del derecho fundamental de petición del actor. Teniendo en cuenta
que solamente impugnó el señor Andrade, frente a lo que atañe al derecho
invocado, únicamente se estudiarán dichos argumentos. En ese sentido, se
dejará incólume la decisión de la desvinculación de las autoridades tuteladas.

2.3. Legitimación en la causa

29. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

30. La Sala advierte que el señor Jorge Ernesto Andrade presentó la solicitud
del 28 de julio de 2023, dirigida a la Presidencia de la República y a cuya falta de
respuesta le adjudica la vulneración de la garantía que pretende que se proteja
por esta vía. Por ende, goza de legitimación en la causa por activa.

31. Por otro lado, se evidencia que la Presidencia de la República está
legitimada por pasiva por haber sido la entidad receptora de la petición del 28 de

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julio de 2023. Asimismo lo está el DPS, porque de los anexos allegados por el
tutelante se advirtió que dicha autoridad recibió su solicitud para responderla, e
conformidad con su marco competencial.

2.4. Problema jurídico

32. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; el problema jurídico
a resolver en el caso concreto es el siguiente:

• ¿La Presidencia de la República y el DPS vulneraron el derecho de
petición del señor Andrade por no responder, o no cumplir los criterios de
satisfacción del derecho de petición, respecto de la solicitud del 28 de julio de
2023?

33. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de tutela, (ii) el derecho de petición, y (iii) el
caso concreto.

2.5. Generalidades de la acción de tutela

34. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede
ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata
de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos
en que indica el Decreto 2591 de 1991.

35. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta
acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para
evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y
demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente
la tutela como mecanismo transitorio.

36. En este punto se advierte que, para la protección del derecho fundamental
de petición no se dispone de otro mecanismo de defensa judicial.

2.6. El derecho de petición

70. El derecho fundamental de petición se presenta como un instrumento en
beneficio de los administrados, que más allá de vehiculizar el conjunto de
derechos plasmados en la Carta,3 permite la consecución de los fines esenciales
del Estado Social de Derecho,4 al potenciar «la participación de todos en las

3 Corte Constitucional. Sentencia T-801 del 11 de octubre 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

4 Corte Constitucional. Sentencia T-149 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y
cultural de la Nación».5

71. Es este carácter axiológico del derecho de petición el que explica la carga
obligacional que surge para las diversas ramas del poder público, luego de que
es empleado por los ciudadanos.

72. En efecto, los deberes de las autoridades van más allá de las meras formas.
El contenido mismo de la respuesta debe adecuarse a ciertos presupuestos
fijados por la jurisprudencia, lo que significa que no basta para su concreción que
las entidades públicas, e incluso los particulares, resuelvan, de manera vaga y
superficial, los pedimentos formulados.

73. Se requiere igualmente que la solución procurada satisfaga criterios de
claridad y congruencia en relación directa entre lo pedido y lo resuelto. Lo anterior
no implica que la respuesta tenga que ser positiva frente a lo solicitado.

74. Cuenta de ello da, no solamente el desarrollo normativo del artículo 23
constitucional, sino a la vez su tratamiento jurisprudencial, el cual no escatima
oportunidad para recordar el núcleo complejo que compone el derecho de
petición.

75. Así, del derecho de toda persona a obtener pronta resolución de sus
peticiones, que se relaciona con los tiempos en que deben ser decididas (artículo
23 constitucional), se avanza, en el entendido de que además de oportunas, las
resoluciones deberán ser completas y de fondo (inciso 1º Artículo 13 Ley 1755
de 2015), en una especie de positivización del derecho fijado por la jurisprudencia
constitucional.

76. En términos de la Corte Constitucional, el contenido esencial del derecho de
petición comprende los siguientes elementos:6

…a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos,
solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se
abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna dentro de los términos
establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o
contestación material, lo que supone que la autoridad entre en el fondo
de la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia,
refiriéndose de manera completa a todos los asuntos planteados
(plena correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo
fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido

5 Artículo 2º Constitucional.

6 Corte Constitucional. Sentencia T-161 de 10 de marzo de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra

Porto.

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al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o
negativo7.

77. Se colige del aparte trascrito que la respuesta de fondo o contestación
material de las peticiones implica, por contera, que la autoridad administrativa:

1. Se inmiscuya activamente en las materias propias de la solicitud.
2. Trate o desarrolle todos los asuntos planteados, de manera particular y
precisa.
3. Conteste de forma congruente, es decir, que exista correspondencia entre
la petición y la respuesta.
4. Excluya de sus respuestas fórmulas o conceptos evasivos o elusivos.
5. Responda con base en su competencia, lo cual supone, por oposición
lógica, que si no lo es, informe inmediatamente al interesado y remita la
petición a la autoridad competente.

78. De igual forma, para que se configure su cumplimiento no basta la resolución
efectiva, sino que, es necesario que ésta se dé a conocer al interesado. Al
respecto, la Corte Constitucional ha señalado:

Una vez tomada la decisión, la autoridad o el particular no pueden
reservarse su sentido, para la efectividad del derecho de petición es
necesario que la respuesta trascienda el ámbito del sujeto que la adopta y
sea puesta en conocimiento del peticionario; si el interesado ignora el
contenido de lo resuelto no podrá afirmarse que el derecho ha sido
observado cabalmente8. (subrayado fuera del texto).

79. De conformidad con el artículo 13 de la Ley 1437 de 2011, cualquier solicitud
que se inicie ante las autoridades se considera como derecho de petición, por lo
que no es necesario que el peticionario indique en su escrito que está ejerciendo
el derecho de petición previsto por el artículo 23 de la Constitución Política.

80. Esa misma norma previó que existen tres modalidades de derecho de
petición: (i) de carácter general, en cuyo caso el término de respuesta debe ser
de quince (15) días; (ii) peticiones de documentos e información, cuya respuesta
debe ser proporcionada en diez (10) días; y, finalmente, (iii) consulta a las
autoridades en relación con las materias a su cargo, (30 días de respuesta); todos
ellos, contados a partir de la fecha en que se reciba la solicitud.

2.7. Caso concreto

37. Como se expuso en precedencia, el señor Andrade acudió ante el juez de
tutela al considerar vulnerado su derecho de petición por parte de la Presidencia
de la República y el DPS, dado que no recibió una respuesta sobre la solicitud

7 «Sentencia T-94/99 reiterada en la sentencia C-510 de 2004 entre muchas».
8 Corte Constitucional. Sentencia T-529 de 1995. M.P. Fabio Morón Díaz.

8
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del 28 de julio de 2023. En el citado documento el actor solicitó ser beneficiario
de «cualquier tipo de ayuda en los programas de prosperidad social» y en sede
de tutela, hizo un énfasis especial en su condición de adulto mayor, por tener 63
años de edad.

38. El a quo consideró, respecto de la Presidencia de la República, que no
transgredió la mencionada garantía, pues respondió la petición mediante oficio
23-00145005 del 4 de agosto de 2023, en el sentido de indicarle al peticionario
que no era de su competencia establecer los subsidios a otorgar y que por ello
remitía su pedimento a la autoridad competente. Dicha comunicación fue remitida
tanto al actor, como lo puso de presente a través de los anexos allegados a este
trámite, como al DPS, por ser la entidad presuntamente competente de expedir
una respuesta de fondo.

39. De conformidad con lo anterior, esta colegiatura comparte la decisión de
primer grado en lo que se relaciona con la Presidencia de la República y estima
que el derecho de petición del señor Andrade no resultó violado por parte de la
misma. Se itera, en la medida en que, al no ser la competente de resolver lo
propuesto, remitió la solicitud, y notificó de tal actuación al peticionario.

40. En cuanto al DPS, se encuentra que mediante oficio S-2023-2002-
2263924 del 1.º de septiembre de 2023 le explicó al señor Andrade, lo siguiente:

• La caracterización del programa Familias en Acción y le indicó que «no
registra inscrito para la Fase IV Tránsito a Renta Ciudadana».
• La caracterización del programa Ingreso Solidario, respecto del cual le
informó que estuvo vigente hasta diciembre de 2022.
• La caracterización del programa Colombia Mayor del cual le manifestó que
«registra como potencial beneficiario, es decir, en lista de espera para
ingresar al programa». También le comentó sobre los requisitos, criterios
de priorización y causales de retiro. Finalmente, le puso de presente que
el estar inscrito no significaba la entrega inmediata del subsidio, pues se
requieren cupos disponibles y el turno que le corresponda para la
asignación del mismo, de conformidad con la base de datos de otros
posibles beneficiarios.

41. La anterior comunicación le fue remitida al señor Andrade al correo
electrónico andradejorge293@gmail.com, el 4 de septiembre de 2023, siendo
esa la dirección la otorgada para dichos fines, como se observa a continuación:

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42. Se resalta que, a juicio del tutelante se mantiene la conculcación de su
derecho de petición, pues de acuerdo con su escrito de impugnación «los
funcionarios son competentes para poder acceder a estos beneficios». No
obstante, comparte la Sala la conclusión del a quo respecto a que el DPS
tampoco vulneró el derecho de petición del accionante.

43. El núcleo esencial de la citada garantía implica que la respuesta se
relacione con las materias de la solicitud, resuelva todos los temas planteados,
sea congruente con lo pedido y se le notifique a la parte peticionaria. En efecto,
el actor pidió a la Presidencia de la República que le ordenara al DPS incluirlo en
alguno de los programas de ayuda económica teniendo en cuenta su condición
especial de adulto de la tercera edad.

44. Al no ser la entidad competente de resolver o decidir tales beneficios,
acertadamente la Presidencia de la República trasladó la solicitud al DPS. Tal
entidad le informó al actor sobre los beneficios económicos actualmente
existentes y el estado actual en el que él se encuentra en el programa Colombia
Mayor, que corresponde con aquel otorgado a personas en su misma condición.

45. Si bien lo querido por el actor con su petición no se materializó, en el
sentido de que puede que actualmente continúe sin recibir ayudas económicas
por parte de los programas del DPS, ello no quiere decir que a partir de tal

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circunstancia se concrete la vulneración del derecho de petición.

46. En efecto, del análisis del oficio S-2023-2002-2263924 del 1.º de
septiembre de 2023, expedido el 1 de septiembre y notificado al actor el 4 de
septiembre siguiente, se advierte que se superaron todos los criterios del núcleo
esencial del derecho de petición. En primer lugar, se le informó sobre los
beneficios económicos existentes y que se encuentra inscrito en uno de estos,
pero que aún no es posible entregarle la ayuda económica por criterios de turno.

47. Se itera que, la solicitud data del 28 de julio de 2023, la Presidencia de la
República la remitió el 4 de agosto siguiente al DPS y esta última respondió de
fondo mediante oficio del 1 de septiembre que fue notificado el 4 de septiembre
siguiente. Es decir, antes de la interposición de la presente acción constitucional,
la cual se radicó el 8 de septiembre.

48. En vista de lo anterior, comparte la Sala que no se vulneró el derecho de
petición del actor. Situación contraria es que aún no tenga la posibilidad de
acceder al beneficio. Sin embargo, el juez constitucional no es el encargado de
disponer a quién le corresponde recibir tales beneficios o soslayar las
competencias legalmente asignadas a la Rama Ejecutiva.

49. Pese a lo anterior, de encontrarse inconforme con la respuesta brindada
por la parte accionada el actor cuenta con los mecanismos judiciales ordinarios
para cuestionar la respuesta brindada, teniendo en cuenta que esta tiene la
connotación de acto administrativo. Ello la hace viable de ser controvertida con
los medios de control de la Ley 1437 de 2011.

2.8. Conclusión

50. En virtud de lo esbozado, se confirmará la sentencia del 12 de octubre de
2023, que negó el amparo del derecho fundamental de petición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de octubre de 2023, proferida por
la Sección Primera del Consejo de Estado.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

11
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www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jorge Ernesto Andrade
Demandados: Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04909-01

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

12
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