Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04914-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04914-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-04914-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
14 de diciembre de 2023
Demandante: Myriam Stella Ortiz Quintero
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04914-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente (E): LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04914-01
Demandante: MYRIAM STELLA ORTIZ QUINTERO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN D, JUZGADO QUINCE
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ Y
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial –– Revoca, para
declarar improcedencia por subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la señora Myriam Stella
Ortiz Quintero, contra la sentencia 6 de octubre de 2023 del Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, que negó el amparo.
I.ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
La señora Myriam Stella Ortiz Quintero, actuando por medio de apoderado judicial,
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D, el Juzgado Quince Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá y la Procuraduría General de la Nación, al considerar que dichas
autoridades vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa,
acceso a la administración de justicia e igualdad.
Ello al no haber sido vinculada al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho presentado por la señora Paola Andrea Duarte García contra la
Procuraduría General de la Nación, conocido por las autoridades judiciales
accionadas, cuya decisión conllevó a la terminación del nombramiento en
provisionalidad que ocupaba en dicha entidad.
Por tanto, solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en
consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
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Demandante: Myriam Stella Ortiz Quintero
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04914-01
PRIMERO: CONCEDER a favor de la accionada, el amparo al acceso a la
administración de justicia, al debido proceso, y derecho de defensa y
contradicción, por recaer en las causales genéricas de procedibilidad.
SEGUNDO: Se DEJE SIN VALOR Y EFECTO las sentencias proferidas bajo el
radicado No. No. 11001-33-35-015-2020-00345-00, Proferidas por: 1.- el
JUZGADO QUINCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ,
despacho que dio solución al problema planteado mediante sentencia de
Primera Instancia, fechada 10 de marzo de 2022,mediante la cual se declaró la
nulidad del Decreto 475 del 02 de junio de 2020 y ordenó a la Procuraduría
General de la Nación al reintegro de la señora PAULA ANDREA DUARTE
GARCÍA al cargo de Jefe de la División de Documentación, código 2JD, grado
22 en encargo, desde el día 09 de junio de 2020, condicionado hasta que se
posesione un empleado de carrera en el mencionado cargo, o se presente
alguna causa legal para la finalización del respectivo encargo. 2.- el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION SEGUNDA -
SUBSECCIÓN D, que profirió sentencia en segunda instancia el 23 de febrero
de 2023, confirmando la decisión en lo referente a la declaratoria de nulidad del
acto administrativo demandado, Decreto 475 del 02 de junio de 2020 proferido
por la Procuraduría General de la Nación, modificando los numerales segundo,
tercero y cuarto de la parte resolutiva del fallo que fue proferido por el Juzgado
Administrativo.
TERCERO: Se DEJE SIN VALOR Y EFECTO el Decreto No. 0594 del 05 de
mayo de 2023, “por el cual se da cumplimiento a una orden judicial reintegrando
a un servidor a un encargo y en consecuencia se da por terminada una
provisionalidad”, expedido por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
CUARTO: Se disponga en su remplazo, se permita a la señora MYRIAM ORTIZ,
continuar en el cargo que en provisionalidad venía ocupando como Jefe de
División, código 2JD, grado 22, (ID. 0836) de la División de Documentación.
Cuarta subsidiaria: Se disponga que la Procuraduría General de la Nación, le
permita ocupar un cargo de igual o superior categoría, hasta que adquiera el
status de pensionada y esté en nómina para pago.
QUINTO: Se disponga que la Procuraduría General de la Nación le reconozca
los emolumentos salariales y prestacionales que corresponden al cargo que
ocupaba en provisionalidad, como Jefe de División, código 2JD, grado 22, (ID.
0836) de la División de Documentación, desde el momento que la entidad la
desvinculó hasta el día que dé cumplimiento al presente amparo constitucional1.
1.2. Hechos probados y/o admitidos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
Por Decreto 475 del 2 de junio de 2020, la Procuraduría General de la Nación
terminó el encargo en el empleo de jefe de División de Documentación, código 2JD,
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Transcripción literal con posibles errores ortográficos o de digitación.
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grado 22 de la División de Documentación de ese órgano de control a la señora
Paula Andrea Duarte García, empleada de carrera administrativa de la entidad.
El mismo día, se expidió el Decreto 476, mediante el cual se nombró a la señora
Myriam Stella Ortiz Quintero, en provisionalidad en el cargo denominado jefe de
División de Documentación, código 2JD grado 22 de la División de Documentación
de la referida institución.
La señora Duarte García, instauró el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Procuraduría General de la Nación, en busca de la nulidad del
acto administrativo que dio por terminado su encargo, y a título de restablecimiento
solicitó el reintegro en el empleo en el cual estaba encargada, junto con el
reconocimiento de las diferencias salariales respecto del que ostenta en carrera
administrativa.
El asunto fue conocido por el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, autoridad que profirió sentencia el 10 de marzo de 2022, que accedió a las
pretensiones de la demandante, al encontrar que el acto administrativo enjuiciado
carecía de motivación, tal como lo exigía el artículo 188 de la Ley 262 de 2000.
La anterior decisión fue recurrida por la Procuraduría General de la Nación. Asunto
que en sede de apelación conoció el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda Subsección D, que, en fallo del 23 de febrero de 2023, confirmó
parcialmente la sentencia.
El ad quem agregó que, el reintegro de la señora Duarte García procedería si
aquella cumplía con los requisitos del empleo, siempre que no se presentara
algunas de las razones objetivas que la jurisprudencia ha establecido como válidas
para dar por terminado el encargo. Así mismo, dictó las condenas en contra de la
entidad demandada.
Para dar cumplimiento a la orden judicial, la Procuraduría General de la Nación
profirió el Decreto No. 0594 del 25 de mayo de 2023, mediante el cual se reintegró
al cargo a la señora Duarte García y se dio por terminado el nombramiento en
provisionalidad de la señora Myriam Stella Ortiz Quintero.
1.3. Fundamentos de la vulneración
En síntesis, la accionante señaló que no tuvo conocimiento de la existencia del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado, con el que
se podían afectar sus derechos en relación con el cargo en que estaba nombrada
en la Procuraduría General de la Nación.
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Que sólo se enteró del asunto el 19 de abril de 2023, por cuenta de la información
del Jefe Jurídico de la Procuraduría, quien le indicó que había una decisión de
segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Refirió que la falta de vinculación a la litis le impidió defender su posición de
provisional en la entidad. Razón por la que se debe declarar la nulidad de toda la
actuación en el medio de control en virtud de lo dispuesto en el artículo 133 del
Código General del Proceso.
A juicio de la accionante, le fue quebrantado el derecho al debido proceso, ya que
ni las autoridades judiciales, ni su nominador le informaron de la actuación
adelantada por la señora Duarte García.
Indicó que la Procuraduría General de la Nación, conocía que ella ocupaba el
empleo por el que se generó el proceso contencioso y sólo se lo hizo saber cuando
hubo decisión de segunda instancia.
1.4. Trámite de la acción de tutela
1.4.1. Auto admisorio
Mediante auto del 12 de septiembre de 2023 se admitió la demanda de tutela y se
dispuso su notificación tanto a la parte accionante, al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, al Juzgado Quince Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá y a la Procuraduría General de la Nación, como
demandadas.
Igualmente, se ordenó vincular en calidad de tercero con interés a la señora Paula
Andrea Duarte García.
Así mismo, se reconoció al abogado Ferenc Alain Legitime Julio como apoderado
de la parte actora.
1.5. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes intervenciones:
1.5.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda,
subsección D
Solicitó negar el amparo, por cuanto una vez efectuado el análisis de la legitimación
en la causa en el tema bajo estudio, concluyó que los efectos del acto administrativo
objeto de reproche, solo afectaban los intereses de la señora Paula Andrea Duarte
García.
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1.5.2. Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.
Señaló que las razones para adoptar la decisión dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, se encontraban contenidas en el fallo
proferido el 10 de marzo de 2022.
En lo que respecta a la vinculación de la hoy accionante indicó que no consideró
que sin su comparecencia no pudiera proferirse sentencia, máxime cuando la
demandada no le informó del nombramiento realizado a aquella, en el cargo que
ostentaba la demandante, en el momento en que se terminó el encargo.
1.5.3. Procuraduría General de la Nación
Solicitó declarar la improcedencia de la acción por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad, ya que consideró que la demandante puede acudir el recurso
extraordinario de revisión previsto en la Ley 1437 de 2011.
1.6. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante sentencia del 6 de
octubre de 2023 negó el amparo invocado.
Lo anterior, al considerar que las autoridades judiciales accionadas no vulneraron
los derechos de la demandante. Advirtió que el acto administrativo demandado por
la señora Paula Andrea Duarte García a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho sólo afectaba sus intereses particulares.
Refirió que si bien en virtud del Decreto 476 del 2 de junio de 2020, la accionante
ocupó el cargo en provisionalidad, no fue afectada por el acto demandado. En lo
que atañe al litisconsorcio necesario e integración del contradictorio adujo el
contenido del artículo 61 del Código General del Proceso y concluyó que la hoy
tutelante no intervino en el acto demandado, ni fue directamente afectada por aquel.
Destacó que mediante sentencia de única instancia del 25 de noviembre de 2021 el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, dentro
del proceso de nulidad electoral adelantado por el sindicato de procuradores
judiciales PROCURAR, declaró la nulidad del Decreto 476 de l 2 de junio de 2020,
por medio del cual se nombró a la señora Ortiz Quintero en provisionalidad en el
empleo de jefe de División de Documentación, código 2JD, grado 22 de la
Procuraduría General de la Nación, situación que evidencia que con anterioridad a
que el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá profiriera fallo,
ya había sido declarada la nulidad del nombramiento en provisionalidad de la actora.
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1.7. Impugnación
Mediante escrito presentado el 3 de noviembre de 20232 la parte actora impugnó el
fallo de primera instancia y reiteró in extenso los argumentos expuestos en el escrito
inicial.
Agregó que, la Procuraduría General de la Nación actuó de mala fe, en la medida
que no le informó a las autoridades judiciales que la accionante ocupaba el empleo,
como lo demuestran los actos administrativos que le prorrogaron su nombramiento.
Indicó que al momento de la notificación del Decreto que dio cumplimiento al fallo
de segunda instancia proferido dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el que se dio por terminado su nombramiento
provisional, aquella estaba en tal cargo, por cuenta de un acto diferente al 476 de
2020.
Finalmente adujo que no hubo pronunciamiento en relación con sus pretensiones
subsidiarias.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
El Consejo de Estado, Sección Quinta es competente para conocer la impugnación
interpuesta por la señora Ortiz Quintero contra la sentencia del 6 de octubre de 2023
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que negó la
protección de los derechos invocados, de conformidad con lo establecido en los
Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080
de 2019.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿hay lugar a
revocar, modificar o confirmar la sentencia de primera instancia proferida por la
Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado el 6 de octubre de 2023?
¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
acción de tutela contra providencia judicial?
De ser positiva, la Sala analizará lo siguiente:
2 En término teniendo en cuenta que la decisión se notificó por medio electrónico el 31 de octubre
de 2023.
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¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el
Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y la Procuraduría
General de la Nación, vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso,
defensa, acceso a la administración de justicia, igualdad con ocasión de la sentencia
proferida en segunda instancia el 23 de febrero de 2023, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, adelantado por la señora Paula Andrea
Duarte García al no haber llamado a la litis a la señora Myriam Stella Ortiz Quintero?
Para resolver los interrogantes planteados, se abordarán los siguientes temas: (i)
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva y; (iii) análisis del
caso concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20123
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema4 y declaró su
procedencia.5
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se trate de
tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los
requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no
observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la
improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
5 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Naturaleza subsidiaria de la acción de tutela e improcedencia de la
misma cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces
En consideración a la subsidiariedad, el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución
consagra este requisito como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º
del Decreto 2591 de 1991.
Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y
no a la tutela.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia6.
Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que
la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos
judiciales deben buscar la defensa de aquellos.
2.5.2. Análisis de la subsidiariedad
En relación con el acatamiento del requisito de subsidiariedad, este no se encuentra
superado. Debe precisarse que acorde con el artículo 86 de la Constitución Política,
6 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución
y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como
objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía
el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones
de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior
de cada una de las jurisdicciones.”
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la tutela es una acción de naturaleza excepcional y subsidiaria que se torna
improcedente ante la existencia de otro mecanismo de defensa judicial. 7
Así mismo, tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional8 como de esta
Corporación ha sostenido que, debido al carácter subsidiario y residual de la acción
de tutela, en principio, este medio de defensa judicial resulta improcedente cuando:
i) el accionante dejó de interponer los recursos judiciales ordinarios que estaban a
su alcance para confrontar la vulneración o amenaza de sus derechos
fundamentales: ii) el accionante acude directamente a la acción de tutela a
pesar de existir otro mecanismo de defensa judicial a su disposición o; iii) el
proceso o asunto se encuentra en trámite.
En síntesis, el reproche de la parte actora consiste en que la sentencia acusada
vulneró su derecho fundamental al debido proceso, pues no se le vinculó al proceso,
pese a que tenía un interés legítimo, esto en aras de poder intervenir en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que las resultas del
mismo la afectaban directamente.
No obstante, se observa que, la señora Myriam Stella Ortiz Quintero no impetró
incidente de nulidad bajo la causal dispuesta en el numeral 8° del artículo 133 del
CGP9, mecanismo judicial idóneo para subsanar irregularidades procesales.
Lo anterior, cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que a juicio de la
accionante solo conoció del trámite de nulidad y restablecimiento del derecho
cuando se profirió el fallo de segunda instancia el 23 de febrero de 2023, sentencia
que confirmó parcialmente la decisión adoptada por el Juzgado 15 Administrativo
del Circuito de Bogotá, de anular el acto administrativo 475 de julio 2 de 2020,
expedido por la Procuraduría General de la Nación, que terminó el encargo de la
señora Paola Andrea Duarte García.
En ese sentido, la Sala reitera que la actora cuenta con la solicitud de nulidad de lo
actuado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 132 a 138 del Código
General del Proceso, incluso después de proferido el fallo de segunda instancia,
trámite que no se encuentra acreditado que hubiese adelantado por aquella.
7 En igual sentido, consultar la sentencia del 16.08.21 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Quinta, rad. 11001-03-15-000-2021-05535-00, M.P Rocío Araújo Oñate.
8 Corte Constitucional, sentencia T-011 de 2007.
9 El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:
(…)
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban
ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes,
cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra
persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.
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Así, se reitera que corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
resolver las inconformidades respecto de vinculación a la litis, pues es el proceso
ordinario el escenario indicado para debatir los argumentos expuestos en el escrito
de tutela.
Se recuerda que la acción de tutela se torna improcedente para suplir mecanismos
idóneos de defensa y/o para revivir términos, pues una interpretación contraria nos
llevaría a que ésta fuera empleada como un instrumento para desplazar las
competencias ordinarias, lo que de suyo desnaturalizaría esta acción que es
eminentemente protectora de derechos fundamentales.
Por último, no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable o una
circunstancia que imponga al juez constitucional adoptar una medida preventiva de
protección de los derechos fundamentales, aunado al hecho que, como ya se
demostró, este tipo de pretensiones escapan al conocimiento del juez de la acción
de tutela y hacen improcedente el amparo como medio principal, porque la actora
cuenta con otros mecanismos judiciales idóneos para conjurar el restablecimiento
de sus derechos fundamentales «a la defensa, debido proceso y acceso a la
administración de justicia e igualdad.»
2.6. Conclusión
La Sala advierte que al no haberse superado en el caso concreto el requisito de
subsidiariedad, no resulta viable realizar un análisis del derecho invocado por la
parte actora en el caso concreto, de tal manera que no se abordará el fondo del
asunto planteado y por tanto, se revocará la decisión de primera instancia, para en
su lugar declarar la improcedencia de la acción.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la decisión proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, que negó el amparo solicitado, para en su lugar
DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela ejercida por la señora Myriam
Stella Ortiz Quintero, de conformidad con la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
11
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