Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04916-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04916-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-04916-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
23 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000 2023 04916 01
Referencia: Acción de tutela
Actor: CÉSAR IGNACIO ACOSTA SALAZAR
TESIS: SE MODIFICA EL FALLO IMPUGNADO QUE DENEGÓ EL
AMPARO SOLICITADO Y, EN SU LUGAR, SE RECHAZA POR
TEMERIDAD LA ACCIÓN DE TUTELA DE LA REFERENCIA CON
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 38 DEL DECRETO LEY 2591 DE 1991.
EXISTE IDENTIDAD DE PARTES, HECHOS Y PRETENSIONES EN
RELACIÓN CON UNA SOLICITUD DE AMPARO DECIDIDA POR LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y A LA
DEFENSA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la
sentencia de 28 de septiembre de 2023, proferida en primera
instancia por la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL
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Número único de radicación: 110010315000-2023-04916-01
Actor: CÉSAR IGNACIO ACOSTA SALAZAR
CONSEJO DE ESTADO1 que denegó el amparo solicitado.
I.– ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor CÉSAR IGNACIO ACOSTA SALAZAR, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la defensa, los cuales estima
vulnerados por la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL2 al proferir la sentencia de 17 mayo 2023, dentro del
proceso disciplinario identificado con el número único de radicación
180012502000-2021-00081-01.
I.2.- Hechos
Indicó que ejerció la defensa del señor ELVISANDER VITOVIS
GÓMEZ dentro de un proceso penal que finalizó con sentencia
absolutoria de 4 de mayo de 2016, proferida por el JUZGADO
1
En adelante SECCIÓN SEGUNDA.
2
En adelante la COMISIÓN NACIONAL.
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Actor: CÉSAR IGNACIO ACOSTA SALAZAR
PROMISCUO DE PUERTO RICO.
Comentó que el 23 de febrero de 2017, en el ejercicio de sus
funciones como defensor público en el circuito judicial de Belén de
los Andaquíes, sufrió un atentado contra su vida por un disparo que
le generó pérdida del globo ocular derecho y múltiples fracturas.
Precisó que como consecuencia del atentado aludido padece de
trastorno de estrés postraumático, lo que le impide hacer sus
actividades cotidianas con normalidad.
Anotó que el señor ELVISANDER VITOVIS GÓMEZ y un grupo de
sus familiares decidieron contratarlo para promover un medio de
control de reparación directa por la privación injusta de la libertad
que aquel padeció.
Precisó que en el mes de mayo de 2018 presentó la demanda
respectiva, la cual fue atribuida para su trámite al JUZGADO
TERCERO ADMINISTRATIVO DE FLORENCIA que, a través de
auto de 24 de enero de 2019, inadmitió el escrito introductorio, sin
que se hubiese presentado la subsanación, por lo que el 30 de julio
siguiente el medio de control fue rechazado.
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Sostuvo que, debido a lo anterior, el 5 de junio de 2021 el señor
ELVISANDER VITOVIS GÓMEZ formuló queja disciplinaria en su
contra ante la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
DE FLORENCIA3 que, mediante auto de 7 de julio de 2021, dio
apertura al proceso disciplinario identificado con el número único de
radicación 180012502000-2021-00081-00.
Expuso que, mediante sentencia de 10 de octubre de 2022, la
COMISIÓN SECCIONAL lo declaró responsable disciplinariamente
y le impuso sanción de suspensión por el término de 13 meses en el
ejercicio de la profesión de abogado, por no haber actuado con
diligencia y no haber informado a sus poderdantes sobre el estado
real del proceso, esto último, por cuanto pese a que este había
terminado, seguía informándoles que continuaba en trámite.
Explicó que interpuso el recurso de apelación respectivo alegando
que las actuaciones por las cuales fue sancionado las realizó en
estado de inimputabilidad, debido al cuadro clínico de estrés
postraumático derivado del atentado que sufrió en el año 2017.
3
En adelante la COMISIÓN SECCIONAL.
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Manifestó que, mediante sentencia de 17 de mayo de 2023, la
COMISIÓN NACIONAL modificó la decisión recurrida y, en su lugar,
lo declaró responsable por el incumplimiento de los deberes previstos
en los numerales 8, 10 y 18 del artículo 28 de la Ley 1123 de 22 de
enero de 20074 y el literal “d” del artículo 34 de la misma norma a
título de culpa y, en consecuencia, le impuso una sanción de
suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de 12 meses.
Expuso que el 17 de julio de 2023 promovió la acción de tutela
identificada con el número único de radicación 110010230000-2023-
00807-00 atribuida para su trámite en primera instancia a la SALA
DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA5 que, a través de sentencia de 3 de agosto siguiente,
denegó el amparo “[…] sin un mayor estudio de los derechos
vulnerados y situación fáctica […]”.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Argumentó que, al proferir la providencia cuestionada, la autoridad
judicial accionada incurrió en el defecto fáctico porque dio una
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“Por la cual se establece el código disciplinario del abogado”.
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En adelante la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
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valoración caprichosa y arbitraria al dictamen pericial en el que se le
diagnosticó el trastorno de estrés post traumático “[…] por cuanto no
se dio estudio, lectura, profundización ni el debido análisis de la base
científica […]”.
Adujo que de igual forma fue configurado el defecto sustantivo
porque la COMISIÓN NACIONAL desconoció el artículo 33 del
Código Penal sobre la inimputabilidad, la cual era aplicable teniendo
en cuenta la situación en la que se encontraba.
Mencionó que la decisión cuestionada no estuvo motivada de forma
suficiente, dado que no da cuenta de los supuestos fácticos y
jurídicos que la soportan.
Destacó que la presente acción de tutela difiere de la presentada ante
la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, comoquiera que ahora se alega
la configuración de los defectos fáctico, la falta de motivación y
sustantivo, no propuestos en aquella oportunidad.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:
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“[…]1. Se REVOQUE LA DECISION contra el abogado CESAR
IGNACIO ACOSTA SALAZAR, identificado con cedula de ciudadanía
No 17.658.221 y T.P. No 156.336 del CSJ, emitida en primera
instancia por el Consejo Seccional de Disciplina Judicial de Florencia
Caquetá y modificada erróneamente por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, según acta No 034 de fecha 17 de mayo de
2023, como consecuencia del análisis objetivo del material
probatorio obrante en el proceso disciplinario radicado
180012502000202100081.
2. Se ABSUELVA DE TODOS LOS CARGOS al abogado CESAR
IGNACIO ACOSTA SALAZAR, identificado con cedula de ciudadanía
No 17.658.221 y T.P. No 156.336 del CSJ.
3. SE ORDENE A LA COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL, y a los Consejos Seccionales de Disciplina Judicial,
adelanten los procesos de forma objetiva, ajustando los
procedimientos y decisiones acorde a los principios rectores de la
Ley 1123 de 2007 y derechos fundamentales de los intervinientes
en estos procesos, ESPECIALMENTE FRENTE A UNA DEBIDA
MOTIVACION […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- La COMISIÓN NACIONAL señaló que el actor actúa con
temeridad, comoquiera que en julio de 2023 tramitó ante la CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA otra acción de tutela sustentada en los
mismos hechos, con idénticas pretensiones y contra la misma parte.
Explicó que no se configura una excepción para la presentación de la
misma solicitud de amparo, dado que no hay ignorancia del
accionante, un asesoramiento errado, no ocurrieron hechos nuevos
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y no hay una sentencia de unificación de la Corte Constitucional,
cuyos efectos se hagan extensivos a la situación debatida.
Agregó que, en todo caso, no se configuraron los defectos alegados,
sin que la acción de tutela pueda utilizarse como una instancia
adicional a la prevista para el proceso disciplinario como lo pretende
el actor, dado que la discusión que propone ya fue resuelta en aquel
trámite.
II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación, mediante sentencia de
28 de septiembre de 2023, denegó el amparo solicitado.
Indicó que la acción de tutela que el actor presentó ante la CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA tiene identidad de partes, causa y objeto
con la de la referencia, dado que si bien en esta oportunidad aquel
alegó de forma adicional la configuración de los defectos fáctico,
sustantivo y decisión sin motivación, lo cierto es que la solicitud se
dirige contra “[…] la misma decisión disciplinaria, sin que pueda
aceptarse la instauración de una nueva acción para subsanar las
omisiones en la defensa que no fueron puestas de presente
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inicialmente, en tanto no se trata de hechos nuevos que habiliten
otra vez el examen del asunto […]”.
Explicó que la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA determinó que los
razonamientos contenidos en el fallo discutido hicieron parte de los
principios de autonomía e independencia judicial y denegó el amparo
deprecado.
Anotó que revisada la página web de la Corte Constitucional no se
advertía que dicha Corporación hubiese definido aún sobre la
selección o no de la acción de tutela decidida por la Corte Suprema
de Justicia, por lo que no podía entenderse configurada la cosa
juzgada.
Expuso que, no obstante, “[…] sí se considera procedente negar el
amparo solicitado, puesto que no es dable analizar nuevamente los
desacuerdos que ya fueron estudiados por otra autoridad judicial en
esta misma sede constitucional […]”.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor impugnó la sentencia proferida en primera instancia
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indicando que solicitaba que la autoridad judicial accionada analizara
su caso sobre la base científica del trastorno de estrés postraumático
que padece, dado que tal aspecto no fue abordado en el curso del
proceso disciplinario origen de la controversia.
Agregó que “[…] no estamos frente a una acción de tutela temeraria
y menos frente a la configuración de la cosa juzgada constitucional,
se está poniendo de presente una nueva situación que no ha sido
analizada, ni estudiada y que no ha sido tomada en cuenta para
decidir si hay o no una trasgresión de derechos fundamentales […]”.
Afirmó que en esta oportunidad propone una nueva situación que
justifica la solicitud de amparo, comoquiera que invoca “[…] un
NUEVO DEFECTO, COMO LO ES LA DECISIÓN SIN MOTIVACION,
como causal autónoma en defectos de decisiones judiciales y
concretamente visible en este caso, DECISIÓN SIN MOTIVACIÓN que
implica el incumplimiento del servidor judicial de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional […]”.
Destacó que no trata de “[…] abrir una tercera instancia, no se
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reclama la valoración de una prueba en particular y menos desde un
determinado punto de vista, simplemente se reclama es, que por
primera vez en este proceso se tenga en cuenta la base científica que
debió servir de soporte a la judicatura para el análisis del conjunto
de pruebas y, en definitiva, decidir motivadamente un fallo judicial
como lo exige la ley […]”.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
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Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
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tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
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d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
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a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el caso bajo examen, el actor pretende que se deje sin efecto la
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sentencia de 17 de mayo de 2023, proferida por la COMISIÓN
NACIONAL6 dentro del proceso disciplinario identificado con el
número único de radicación 180012502000-2021-00081-01.
A través de la referida providencia fue confirmada de forma parcial
una sanción de suspensión por 12 meses impuesta al actor en su
condición de abogado, por falta de diligencia en la gestión judicial de
un proceso de reparación directa que fue rechazado por no haberse
subsanado la demanda, además por haber informado en varias
oportunidades a sus poderdantes que el proceso estaba en trámite,
pese a que ya había terminado.
El disenso del actor deviene del hecho de que, en su sentir, la
autoridad judicial accionada incurrió en los defectos fáctico, decisión
sin motivación y sustantivo porque desconoció las pruebas que
evidenciaban que era inimputable por padecer de estrés post
traumático que le impide ejecutar sus actividades de forma normal.
El actor puso de presente que en el mes de agosto pasado la CORTE
6
Si bien en las pretensiones el actor enuncia también la sentencia de primera instancia del proceso
disciplinario, lo cierto es que la solicitud de amparo fue dirigida solo contra la COMISIÓN NACIONAL,
además que la argumentación de los reproches solo recae sobre la providencia que dicha autoridad
profirió.
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SUPREMA DE JUSTICIA denegó una solicitud de amparo que
instauró con relación a los mismos hechos, pero en la que no alegó
los defectos invocados en la acción de la referencia.
En el curso de la primera instancia la SECCIÓN SEGUNDA de esta
Corporación denegó el amparo solicitado, dado que encontró que el
asunto ya había sido decidido por la CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA, sin que hubiese cosa juzgada porque la Corte
Constitucional no había decidido sobre su selección para revisión,
además porque el hecho que el actor enunciara nuevos defectos
frente a la providencia cuestionada no constituía un hecho que
justificara la interposición de otra acción de tutela.
En la impugnación el actor insistió en que debe estudiarse su solicitud
porque está fundamentada en nuevos argumentos, en particular, en
el defecto de decisión sin motivación, comoquiera que en su sentir la
autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta el soporte científico
sobre el estrés post traumático que padece y que le impidió adelantar
sus gestiones como abogado de forma normal.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si la presente acción de tutela
tiene identidad de partes, hechos y pretensiones que la decidida por
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la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA en sentencia de 3 de agosto de
2023, dentro del expediente identificado con el número único de
radicación 110010230000-2023-00807-00.
En caso de que no haya la triple identidad aludida, la Sala deberá
determinar si la solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales y, de ser así, establecer si la autoridad judicial incurrió en
los defectos fáctico, decisión sin motivación y sustantivo al haber
proferido la sentencia de 17 de mayo de 2023 aludida.
La temeridad y la cosa juzgada en acciones de tutela
La presentación sucesiva7 o simultánea8 de varias acciones de tutela
sobre un mismo asunto ha sido objeto de análisis de manera
reiterada por la Corte Constitucional, aspecto sobre el cual ha
estudiado la existencia de dos figuras a saber: la cosa juzgada y la
temeridad.
Al respecto, en sentencia T-560 de 2009, con ponencia del
7
La presentación sucesiva de una acción de tutela se entiende en aquellos eventos en que después de
haberse decidido una solicitud de amparo, la misma es presentada nuevamente.
8
La acción de tutela es simultánea cuando la persona la interpone ante varios jueces.
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magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, la Corte Constitucional
precisó que la cosa juzgada constitucional se configura en aquellos
eventos en que de manera sucesiva se presentan acciones de tutela
que guardan identidad de partes, hechos y pretensiones, siempre
que frente a una de ellas ya hubiese un pronunciamiento definitivo e
inmutable por parte del juez constitucional.
Dicho fenómeno opera, cuando: i) quede ejecutoriada la sentencia
emitida por la Corte Constitucional en atención a la revisión que esta
realiza en virtud del artículo 33 del Decreto 2591 de 19 de noviembre
de 19919; o ii) esté ejecutoriado el auto por medio del cual se decide
no seleccionar para revisión el asunto10.
Por su parte, el juez debe entender por temerarias las acciones de
tutela que se presenten, ya sea de manera sucesiva o simultánea,
con identidad de partes, hechos y pretensiones, siempre que
considere que dicha actuación “[…] (i) resulta amañada, en la medida
en que el actor se reserva para cada demanda los argumentos o
pruebas que convalidan sus pretensiones; (ii) denote el propósito
desleal de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa,
9
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
10
Al respecto, ver la Sentencia T-137 de 2014, entre otras.
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jugando con la eventualidad de una interpretación judicial que, entre
varias, pudiera resultar favorable; (iii) deje al descubierto el abuso
del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se
instaura la acción; o finalmente (iv) se pretenda a través de personas
inescrupulosas asaltar la buena fe de los administradores de justicia
[…]”11.
Ahora bien, de la simple comprobación de la duplicidad en la
identidad aducida en precedencia, no puede colegirse la existencia
de la temeridad, dado que de advertirse una justificación expresa en
la formulación de la nueva demanda, se desvirtuaría un actuar doloso
o de mala fe por parte del libelista.
Adicionalmente, el alto Tribunal Constitucional ha previsto unos
supuestos en los cuales, de manera excepcional, puede concluirse
que no se configura la temeridad ante el ejercicio simultáneo o
sucesivo de acciones de tutela con identidad de partes, hechos y
pretensiones. Así en sentencia T-614 de 2015, con ponencia del
magistrado Jorge Iván Palacio Palacio, dicha Corporación reiteró12 los
eventos en que no hay lugar a declarar el fenómeno referido, así:
11
Estas subreglas se puntualizaron en la Sentencia SU-713 de 2006, las cuales se reiteraron, entre
otras, en las Providencias T-560 de 2009, y recientemente, en la SU-439 de 2017.
12
Al respecto, ver las sentencias T-433 de 2006, T-507 de 2011.
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“[…]”(i) la condición del actor que lo coloca en estado de
ignorancia o indefensión, propio de aquellas situaciones en
que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho y no por mala
fe; (ii) en el asesoramiento errado de los profesionales del derecho;
(iii) en la consideración de eventos nuevos que aparecieron con
posterioridad a la interposición de la acción o que se omitieron en
el trámite de la misma, o cualquier otra situación que no se haya
tomado como base para decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que
implique la necesidad de proteger los derechos fundamentales del
demandante: y por último (iv) se puede resaltar la posibilidad de
interponer una nueva acción de amparo cuando la Corte profiere
una sentencia de unificación, cuyos efectos hace explícitamente
extensivos a un grupo de personas que se consideran en igualdad
de condiciones, incluso si con anterioridad a dicha sentencia
presentaron acción de tutela por los mismos hechos y con la misma
pretensión;[…]” (Destacado fuera de texto).
De todo lo anterior, resulta evidente que la valoración de la
temeridad exige la estimación de un factor subjetivo, de tal forma
que el juzgador logre advertir que la presentación sucesiva de una
acción de tutela tiene una justificación, como lo sería el hecho de que
el actor, en estado de ignorancia o indefensión, obre por miedo
insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho y no
por mala fe.
Precisado lo anterior, la Sala procederá a verificar si en el caso sub
examine se observa identidad de partes, hechos y pretensiones entre
la solicitud de amparo de la referencia y la acción de tutela
identificada con el número único de radicación 2023-00807-00 y,
en consecuencia, si nos encontramos ante la existencia de cosa
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juzgada y/o temeridad:
Identidad de partes: La acción de tutela de la referencia fue
instaurada por el señor CÉSAR IGNACIO ACOSTA SALAZAR contra
la COMISIÓN NACIONAL.
De igual forma, la acción de tutela identificada con el número único
de radicación 2023-00807-00, decidida en sentencia de 3 de agosto
de 2023 por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, también fue
promovida por el señor CÉSAR IGNACIO ACOSTA SALAZAR contra
la COMISIÓN NACIONAL.
Identidad de pretensiones: Sobre este punto, la Sala encuentra
que las pretensiones en las acciones de tutela comparadas en esencia
son idénticas, esto es:
Acción de tutela de la referencia Acción de tutela 2023-00807-
00
1. Se REVOQUE LA DECISION 1. Se REVOQUE LA DECISION
contra el abogado CESAR IGNACIO contra el abogado CESAR IGNACIO
ACOSTA SALAZAR, identificado con ACOSTA SALAZAR, identificado con
cedula de ciudadanía No cedula de ciudadanía No
17.658.221 y T.P. No 156.336 del 17.658.221 y T.P. No 156.336 del
CSJ, emitida en primera instancia CSJ, emitida por la Comisión
por el Consejo Seccional de Nacional de Disciplina Judicial,
Disciplina Judicial de Florencia según acta No 034 de fecha 17 de
Caquetá y modificada mayo de 2023, como consecuencia
erróneamente por la Comisión del análisis objetivo del material
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Nacional de Disciplina Judicial, probatorio obrante en el proceso
según acta No 034 de fecha 17 de disciplinario radicado
mayo de 2023, como consecuencia 180012502000202100081.
del análisis objetivo del material
probatorio obrante en el proceso
disciplinario radicado
180012502000202100081.
2. Se ABSUELVA DE TODOS LOS 2. Se ABSUELVA DE TODOS LOS
CARGOS al abogado CESAR CARGOS al abogado CESAR
IGNACIO ACOSTA SALAZAR, IGNACIO ACOSTA SALAZAR,
identificado con cedula de identificado con cedula de
ciudadanía No 17.658.221 y T.P. No ciudadanía No 17.658.221 y T.P. No
156.336 del CSJ. 156.336 del CSJ.
3. SE ORDENE A LA COMISION 3. SE ORDENE A LA COMISION
NACIONAL DE DISCIPLINA NACIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL, y a los Consejos JUDICIAL, y a los Consejos
Seccionales de Disciplina Judicial, Seccionales de Disciplina Judicial,
adelanten los procesos de forma adelanten los procesos de forma
objetiva, ajustando los objetiva, ajustando los
procedimientos y decisiones acorde procedimientos y decisiones acorde
a los principios rectores de la Ley a los principios rectores de la Ley
1123 de 2007 y derechos 1123 de 2007 y derechos
fundamentales de los intervinientes fundamentales de los intervinientes
en estos procesos, en estos procesos […]”.
ESPECIALMENTE FRENTE A UNA
DEBIDA MOTIVACION […]”
Identidad de Hechos: En este aspecto, la Sala advierte que la
acción de tutela 2023-00807-00, así como la de la referencia,
estuvo basada en la situación fáctica que llevó a que fuera
sancionado como abogado al no haber actuado de forma diligente
dentro del proceso de reparación directa cuya demanda fue
rechazada por falta de subsanación y, además, por haberle mentido
a sus poderdantes sobre el estado del trámite.
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Ahora bien, si bien el actor pudo haber modificado la forma en que
redactó su argumentación en los escritos de tutela, tal situación no
justifica la presentación de la solicitud de amparo de la referencia,
dado que no es un hecho nuevo.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe anotar que si bien en el presente
asunto el actor adujo la configuración de defectos en los términos de
la sentencia C 590 de 2008, el fundamento de estos es el mismo de
la solicitud de amparo decidida por la CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA, esto es, el hecho de que en su sentir la autoridad judicial
accionada desconoció su estado de inimputable en razón al trastorno
de estrés postraumático que padece.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que se encuentra demostrada
la triple identidad entre la solicitud de amparo de la referencia y la
acción de tutela identificada con el número único de radicación 2023-
00807-00.
Por otro lado, la Sala descarta la existencia de la cosa juzgada,
teniendo en cuenta que el expediente 2023-00807-00 fue remitido
a la Corte Constitucional a efectos de determinar su elección para
una eventual revisión, sin que a la fecha se haya proferido auto que
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decida sobre la selección o no de dicha providencia.
Respecto de la actuación temeraria, la Sala debe resaltar que aun
cuando el actor intentó justificar la presentación de la acción de tutela
en la nueva argumentación, lo cierto es que tales razones no
justifican el ejercicio de una segunda solicitud de amparo por unos
mismos hechos y pretensiones que ya habían sido objeto de estudio
por parte de otra autoridad judicial.
Siendo ello así, a juicio de la Sala, la actuación del actor resulta
temeraria, si se tiene en cuenta que no se configura ninguna de las
circunstancias excepcionales a las que hace referencia la Corte
Constitucional en la sentencia analizada en esta providencia que
permita enervar la actuación temeraria ante el ejercicio simultáneo
o sucesivo de dos acciones de tutela.
Así las cosas, en atención a que el actor ya había presentado una
acción de tutela que tiene identidad de partes, hechos y pretensiones
respecto de la acción de la referencia, la Sala considera que en el
presente caso se configuró la temeridad, por lo que en atención al
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artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 199113, la solicitud de amparo
de la referencia será rechazada.
En cuanto a la procedencia de la sanción, la Sala la considera
innecesaria dado que no se evidencia un comportamiento desleal o
de mala fe por parte del actor, máxime cuando fue el quien puso en
conocimiento la existencia de una acción de tutela promovida con
anterioridad a la presente, por lo que aun cuando se configuran los
elementos para calificar esta segunda solicitud de amparo como
temeraria, ello no necesariamente conduce a la imposición de una
sanción.
Consecuente con lo anterior, la Sala modificará la decisión
impugnada que denegó el amparo solicitado y, en su lugar, rechazará
por temeridad la acción de tutela de la referencia, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
13
Decreto Ley 2591 de 1991. “ARTICULO 38.-Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante
varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.”
(Negrillas fuera del texto).
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justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar,
RECHAZAR por temeridad la acción de tutela de la referencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de noviembre de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente
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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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