Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-04933-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-04933-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2023-04933-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
30 de mayo de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04933-01
Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-04933-01
Demandante HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA Y TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN PRIMERA,
SUBSECCIÓN A
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Naturaleza de la
pretensión invocada. Juez competente. Defecto procedimental.
Solicitud de modificación del amparo concedido en primera instancia.
Cambio de ponente como garantía del derecho al debido proceso.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la «impugnación parcial» interpuesta por la parte accionante contra la
sentencia del 19 de octubre de 2023, proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, que dispuso:
«1º. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso invocado por el señor Harold
Eduardo Sua Montaña, por las razones expuestas en la parte motiva del presente fallo.
2º. DEJAR SIN EFECTOS el auto del 16 de junio de 2023, y las demás decisiones
judiciales adoptadas como consecuencia de este, por cuyo conducto el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A” declaró su falta de
competencia para conocer de la demanda de nulidad electoral formulada por el
accionante, así como las providencias dictadas con posterioridad dentro de esas
diligencias (expediente 25000-23-41-000-2023-00752-00), conforme a la motivación.
3º. En consecuencia, ORDENAR al magistrado ponente de la Subsección “A” de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, dentro del término
de diez (10) días siguientes al recibo del expediente ordinario, dictar un nuevo proveído
con el fin de que decida sobre su admisibilidad, en atención a las consideraciones
planteadas en esta decisión.
Para tal efecto, la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
deberá enviar el expediente ordinario al magistrado ponente de la Subsección “A” de
la Sección Primera de esa corporación dentro de los dos (2) días siguientes a la
notificación de esta providencia, con el propósito de que dicha autoridad judicial acate
la orden impartida en precedencia.».1
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 11 de septiembre de 20232, Harold Eduardo Sua Montaña interpuso acción de
tutela contra la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, porque considera
que los autos del 16 de junio y del 7 de septiembre de 2023, proferidos dentro del
1 Páginas 16 y 17 de la sentencia de tutela de primera instancia.
2 Samai, índice 2.
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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
medio de control de nulidad electoral nro. 25000-23-41-000-2023-00752-00/01,
vulneraron su derecho fundamental al debido proceso.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERO: Dejar sin valor y efecto las decisiones de la Subsección A de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el consejero Luis Alberto Álvarez Parra
relacionadas con la nulidad de la elección de William Rene Salamanca como director de la
Policía Nacional de Colombia interpuesta por el accionante.
SEGUNDO: Provéase una nueva decisión sobre la competencia para conocer la mencionada
nulidad electoral en cabeza de funcionario judiciales distintos a quienes ya han proferido
decisiones al respecto en aras de la garantía de imparcialidad objetiva desarrollada en
sentencia Gustavo Petro vs Colombia.»3 (Subraya la Sala)
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor Harold Eduardo Sua Montaña promovió medio de control de nulidad
electoral contra el Decreto 694 de 2023, expedido por el Ministerio de Defensa
Nacional, en el cual la Policía Nacional reincorporó al Mayor General René
Salamanca Ramírez y lo designó como Director General de esa institución.
Al proceso se le asignó la radicación nro. 25000-23-41-000-2023-00752-00/01 y
su conocimiento correspondió a la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y fue asignado al despacho del
magistrado Luis Manuel Lasso Lozano.
2.2. En auto del 16 de junio de 2023, la Sala de decisión correspondiente declaró
que la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no tenía
competencia para conocer de la demanda propuesta. Precisó que el
fundamento de las pretensiones era el hecho de que el Mayor General René
Salamanca Ramírez no se encontraba en servicio activo (variación del estatus),
por lo que no podía ser designado en el cargo de Director General de la Policía
Nacional.
Expuso que la variación del estatus constituyó el elemento central de la
manifestación de la voluntad de la administración en el acto atacado, por lo
que estimó que se trataba de un asunto laboral y dispuso su remisión a la
Secretaría de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca para que fuera sometido a reparto.
2.3. El demandante radicó escrito en el que solicitó la aplicación del saneamiento
del proceso al amparo del artículo 207 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Esto porque el auto del 16
de junio de 2023 que declaró la falta de competencia para conocer el asunto
por tratarse de una controversia laboral fue proferido por la Sala de Decisión,
cuando en su consideración se trataba de una providencia de ponente.
Expuso que esta irregularidad procesal impactó su derecho al debido proceso
porque le impidió recurrir la decisión a través de la súplica (art. 277.1. CPACA).
3 Página 2 del escrito de tutela. Samai, índice 2.
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De manera subsidiaria, en caso de que se negara la anterior petición, pidió
que se concediera el recurso de apelación contra el auto del 16 de junio de
2023 y expuso los argumentos que sustentaban su disenso.
2.4. En auto del 14 de julio de 2023, el magistrado Luis Manuel Lasso Lozano negó
la solicitud de aplicar el artículo 207 del CPACA, porque la solicitud no se
enmarcaba en ninguna de las causales de nulidad del artículo 133 del Código
General del Proceso (CGP).
De otra parte, rechazó por improcedente el recurso de apelación contra el auto
del 16 de junio de 2023.
2.5. El demandante radicó memorial el 18 de julio de 2023, cuyo contenido fue
precisado por solicitud de la Secretaría de la Corporación en escrito posterior,
donde indicó «en resumidas cuentas lo pretendido (…) es ejercer control de legalidad
en subsidio apelación contra el auto de dicho proceso notificado el 21 de junio de 2023
por contener una decisión cuya competencia dejo (sic) el legislador en el sustanciador del
proceso a efectos de hacerla recurrible mediante súplica y al haberla proferido la Sección
en su conjunto se trasgrede el derecho a recurrir atribuido en la ley»
2.6. En auto del 31 de julio de 2023, la autoridad judicial reiteró la decisión de negar
la aplicación del artículo 207 del CPACA. Además, rechazó por improcedente
el recurso de apelación contra el auto del 14 de julio de 2023 y concedió la
queja ante la Sección Quinta del Consejo de Estado.
2.7. En proveído del 7 de septiembre de 2023, la Sección Quinta del Consejo de
Estado estimó bien denegado el recurso de apelación propuesto por el actor
contra los autos del 16 de junio y del 14 de julio de 2023.
3. Fundamentos de la acción
El señor Harold Eduardo Sua Montaña solicitó la protección de su derecho
fundamental al debido proceso frente a la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca porque considera que la decisión de
declarar su falta de competencia en el asunto y remitirlo a otra Sección de esa
Corporación no debió emitirse por la Sala de Decisión, sino por el magistrado
sustanciador del caso.
Mencionó que esa irregularidad procesal impactó su derecho de recurrir el auto del
16 de junio de 2023, porque no permite su cuestionamiento a través de súplica
conforme al artículo 246.1. del CPACA y tampoco fue posible recurrirlo en apelación
porque no está enlistado en el artículo 243 de la misma normativa.
De otra parte, consideró que el magistrado Luis Alberto Álvarez no podía decidir en
providencia de ponente el recurso de queja, sino que el asunto debía ser resuelto
por auto de Sala de Sección.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 15 de septiembre de 2023, el despacho ponente de primera
instancia admitió la acción de tutela interpuesta por Harold Eduardo Sua
Montaña contra la Sección Quinta del Consejo de Estado y contra la
subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
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4.2. La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por conducto del magistrado Luis Manuel Lasso, precisó que
rechazó la improcedencia del recurso de apelación propuesto por el actor
porque así lo exige el artículo 243 del CPACA. También manifestó que el auto
en el que se declaró la falta de competencia de la Sección Primera para
conocer la demanda de nulidad electoral fue emitido por Sala de Decisión
porque así lo dispone el artículo 123.4 del CPACA.
4.3. La Sección Quinta del Consejo de Estado, por conducto del magistrado Luis
Alberto Álvarez Parra, recordó que en el auto acusado expuso las razones por
las que el auto que resuelve la queja es una decisión de Sala y no de ponente.
En concreto porque así lo dispuso el artículo 125.3 del CPACA, modificado por
el artículo 20 de la Ley 2080, que es del siguiente tenor:
«Artículo 125. De la expedición de providencias. La expedición de las providencias
judiciales se sujetará a las siguientes reglas: (…) 3. Será competencia del magistrado ponente
dictar las demás providencias interlocutorias y de sustanciación en el curso de cualquier
instancia, incluida la que resuelva el recurso de queja.»
Dijo que analizó la procedencia de los recursos promovidos por el demandante
en concordancia con los artículos 243 del CPACA y 321 del CGP y concluyó
que las decisiones consistentes en declarar la falta de competencia y remitir el
proceso a otro despacho no se encontraban allí enlistadas, lo que significa
que, fue voluntad del legislador excluirlas del recurso de alzada.
5. Providencia impugnada
En sentencia del 19 de octubre de 2023, la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado: (i) amparó el derecho al debido proceso del señor Sua
Montaña; (ii) dejó sin efectos el auto del 16 de junio de 2023 y las decisiones
posteriores adoptadas en el proceso sub examine; y como consecuencia de lo
anterior (iii) ordenó al magistrado ponente de la Subsección “A” de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, dentro del término de 10
días siguientes al recibo del expediente ordinario, dicte un nuevo proveído en el que
decida sobre su admisibilidad.
Como fundamento de su determinación, explicó que el auto del 16 de junio de 2023
no debió ser proferido por la integridad de los magistrados que componen la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
sino solo por el ponente, según lo dispuesto en el artículo 246.1 del CPACA (súplica).
El juez de tutela de primera instancia desestimó la tesis de defensa del Tribunal
accionado según la cual, el auto del 16 de junio de 2023 debía ser emitido por la
Sala de Decisión porque así lo disponía el artículo 123.4 del CPACA. Aclaró que en
el proveído no se resolvió un conflicto de competencia por lo que no era aplicable la
norma invocada.
Se relacionan las partes relevantes del fallo de tutela:
«el numeral 1 del artículo 246 del CPACA indica que el auto que declara la falta de
competencia o de jurisdicción, el cual es dictado por el magistrado ponente, es susceptible de
controvertirse a través del recurso de súplica, de lo que se deduce que el auto del 16 de junio
de 2023, al declarar que se carecía de competencia para tramitar la demanda ordinaria
incoada por el actor, debió haber sido adoptada por el magistrado a quien se le asignó ese
asunto.
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Por consiguiente, esta Sala concluye que le asiste razón al tutelante en lo concerniente al auto
del 16 de junio de 2023, puesto que este debió haber sido dictado por el magistrado a cuyo
despacho le correspondió el conocimiento del asunto ordinario y no por la Sala de Decisión,
como en efecto ocurrió.
Así las cosas, como lo adujo el actor, al no proferirse la decisión del 16 de junio de 2023 por
la Sala de Decisión, le impidió interponer en su contra el recurso que resultaba procedente, es
decir, el de súplica»
El fallo de tutela registró salvamento de voto del magistrado César Palomino Cortés
quien consideró que la discusión propuesta constituye un debate sobre la aplicación
de una norma procesal que fue definida en dos instancias por los jueces naturales
de la causa. Luego, se trata de un litigio que no tiene relevancia constitucional en
tanto que las discusiones de orden legal deben ser resueltas a través de los
mecanismos ordinarios dispuestos para tal fin y no por el juez de tutela.
6. Actuaciones posteriores al fallo de tutela
6.1. La sentencia de tutela de primera instancia se notificó a través de mensaje de
datos remitido a las partes e intervinientes el 15 de marzo de 20244.
6.2. En memorial del 20 de marzo de 20245, la parte actora radicó solicitud de
aclaración del fallo de tutela e impugnó parcialmente la sentencia de tutela
de primera instancia.
6.2.1. El señor Sua Montaña sustentó la petición de aclaración de la siguiente
manera: «pido aclarar la decisión de dejar sin efectos (…) al estar enmarcada a
"las providencias dictadas con posterioridad dentro de esas diligencias (…)
habiendo ya estado para la fecha de la misma un nuevo reparto judicial cuyo
radicado es 25000234200020230036100 frente al cual el transcurso de tiempo
entre la mencionada fecha y la de la notificación de ésta suscita en el suscrito la
duda de haber demorado decisión alguna en el mismo y a su vez exigir una
explicación al respecto».
6.2.2. De otro lado, la impugnación parcial se fundamentó en que la orden de
amparo se adoptó sin considerar que el efecto pretendido con la tutela
era que se emitiera una nueva decisión sobre la competencia de la
Sección Primera para conocer la demanda por él promovida, pero «en
cabeza de funcionario judiciales distintos a quienes ya han proferido decisiones al
respecto en aras de la garantía de imparcialidad objetiva desarrollada en sentencia
Gustavo Petro vs Colombia».
Estima que solo se garantiza la imparcialidad objetiva si la nueva decisión
se emite por una autoridad judicial diferente a la que inicialmente conoció,
pues estos ya tienen una posición predefinida sobre el «thema decisum».
En línea con lo expuesto, recordó la sentencia T-266 de 1996 y el Auto
475 de 2019, en los que la Corte Constitucional manifestó respecto de
los asuntos por ella estudiados que los jueces de tutela «debieron
declararse impedidos para decidir la primera acción de tutela pues, al resolver la
acción de revisión, ya se habían pronunciado sobre todos los asuntos de derecho
y de hecho alegados por el apoderado del actor en la solicitud de amparo» y «lo
que resulta determinante para poner en duda la garantía de imparcialidad judicial
es que el mismo juez, se pronuncie, nuevamente, sobre asuntos de hecho y de
derecho frente a los cuales, previamente, ya profirió una decisión definitiva"»
4 Samai proceso de tutela en primera instancia. Índice 20.
5 El fallo de tutela de primera instancia se notificó
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6.3. En auto del 2 de abril de 2024, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado negó la petición de aclaración de la sentencia y concedió
la impugnación parcial presentada por el señor Sua Montaña.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19916, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales7
y especiales8 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional9 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.
Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un
mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso
6 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
7 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
8 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
9 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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3. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes, en especial la impugnación del actor,
corresponde a esta Sección decidir si debe modificarse la orden de amparo del a
quo para disponer, además, que el conocimiento del proceso ordinario lo debe
asumir una autoridad judicial diferente a la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en procura de la garantía integral del
derecho fundamental al debido proceso del señor Sua Montaña y del principio de
imparcialidad objetiva que debe regir los procesos judiciales.
4. Análisis de los argumentos de impugnación
4.1. Conviene precisar, en primer lugar, que la acción de tutela promovida por el
actor contra la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca se fundamentó en una irregularidad procesal que, adujo,
afectó su derecho al debido proceso en las facetas del derecho de
contradicción y de juez natural. Esto porque el auto del 16 de junio de 2023,
se profirió por Sala de Subsección y no por ponente como correspondía. El
actor enfatizó que esa irregularidad cercenó su derecho de recurrir la
providencia mediante súplica.
Además, en el acápite de pretensiones, solicitó que en caso de que se
concediera el amparo se dejara sin efectos la providencia acusada y se
dispusiera que un juez diferente al accionado decidiera sobre la admisión de
la demanda de nulidad electoral en garantía del principio de imparcialidad
objetiva, pero no expuso los argumentos que sustentaban su petición.
Ya en el escrito de impugnación parcial, explicó que disponer que la misma
autoridad accionada decidiera sobre la admisión del proceso vulneraba el
principio de imparcialidad porque se trataba de jueces que ya habían conocido
el caso y tenían una posición predefinida sobre el objeto de la litis.
Como sustento de su petición citó la sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el caso Petro Urrego vs. Colombia y las siguientes
providencias de la Corte Constitucional: sentencia T-266 de 1996 y el Auto 475
de 2019.
4.2. Parte esta Sección por precisar que, la orden de amparo dispuesta por el a
quo está en concordancia con el litigio que se analizó en la acción de tutela.
El actor expuso una irregularidad procesal relativa a que el auto que decide
sobre la falta de competencia para conocer un asunto, tratándose de jueces
colegiados, no debe ser proferido por sala de decisión sino por ponente y, en
ese orden, el remedio adoptado por el juez de tutela de primera instancia se
estima idóneo para garantizar el derecho fundamental al debido proceso del
actor.
La orden de amparo consistió en dejar sin efectos el auto del 16 de junio de
2023 por haber incurrido en defecto procedimental al ser emitido por Sala de
Decisión y disponer que el «magistrado a cargo del despacho al cual se le asignó el
conocimiento de ese asunto ordinario, que dentro de los diez (10) días siguientes a la
notificación de esta decisión, decida acerca de la admisibilidad de dicha demanda».
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Como se observa, si el error alegado se centró en que el auto del 16 de junio
de 2023 no debió ser proferido por la Sala y que este error afectó el derecho
de contradicción del actor; el amparo consistente en dejar sin efectos el auto
que presuntamente incurrió en error y disponer que el asunto fuera
nuevamente decidido, pero por el ponente, se estima razonable y suficiente.
4.3. Al consultar el trámite del proceso nro. 25000-23-41-000-2023-00752-00,
después del fallo de tutela de primera instancia, se evidencia que el 18 de
marzo de 2024, se emitió auto de ponente suscrito por el magistrado Luis
Manuel Lasso Lozano en el que: (i) obedeció el fallo de tutela del 19 de octubre
de 2023, «en el sentido de que el presente asunto debe ser resuelto por el Despacho
del Magistrado ponente y no por la Sala de decisión.»; (ii) declaró la falta de
competencia de la Sección Primera de ese tribunal administrativo para conocer
la demanda incoada por el señor Sua Montaña; y (iii) remitió el proceso por
competencia a la Sección Segunda del Consejo de Estado. Esta providencia
se notificó en estado del 1° de abril de 2024.
En el sistema de gestión procesal Samai, reporta que el señor Sua Montaña
interpuso recurso de súplica el 3 de abril de 2024 contra el auto que cumplió
la orden de tutela.
Como se observa, la decisión objetada garantizó que la providencia fuera
emitida por ponente y que el actor pudiera presentar el recurso de súplica para
exponer su desacuerdo con la decisión de remisión del proceso para el
conocimiento de la Sección Segunda del Consejo de Estado10.
4.4. Adicional a lo anterior, no se comparte el argumento del actor relativo a que,
para garantizar un amparo integral de su derecho al debido proceso y el
principio de imparcialidad objetiva se requiera que la demanda de nulidad
electoral se asigne al conocimiento de un despacho diferente del que fue
inicialmente repartido.
Las razones que apoyan esta conclusión consisten en que, en primer lugar, la
petición de amparo y en consecuencia el análisis del juez de tutela no se dirigió
a la razonabilidad de los argumentos expuestos en el auto del 16 de junio de
2023 para remitir la demanda a la Sección Segunda del Tribunal, sino en que
el proveído debió proferirse exclusivamente por el ponente.
De otra parte, acceder a la petición del actor por las razones expuestas en la
impugnación implicaría aceptar que ninguna autoridad judicial podría reasumir
el proceso cuando se ha dejado sin efectos una providencia vía de tutela
porque tienen una posición predefinida sobre el litigio y tal afirmación desborda
la naturaleza y finalidad de la acción de tutela.
Conviene recordar que el artículo 23 del Decreto 2591 de 1991 sobre «la
protección del derecho tutelado» dispone que cuando la solicitud de amparo se
dirija contra una acción de la autoridad «el fallo que conceda la tutela tendrá por
objeto garantizar al agraviado el goce pleno de su derecho y volver al estado anterior
10 En el auto, el ponente precisó que el nuevo examen de la cuestión llevaba a variar la decisión respecto de
la autoridad judicial a la que debía remitirse la demanda, pues como se discutía la legalidad de un acto
administrativo emitido por una entidad del orden nacional, su conocimiento correspondía a la Sección
Segunda del Consejo de Estado.
Samai para tribunales administrativos. Proceso nro. 25000234100020230075200. Índice 33.
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a la violación, cuando fuera posible», finalidad que se logró con la decisión
adoptada por el a quo. Lo que corresponde al juez constitucional es dejar sin
efectos la decisión que generó la vulneración de derechos fundamentales y
disponer los parámetros que debe tener en cuenta el juez natural de la causa
para asegurar la garantía de los derechos fundamentales del actor, como
sucedió en este caso. Entonces, de acuerdo con los argumentos de acción de
tutela, se encuentra que el a quo adoptó las medidas para conjurar el defecto
procedimental invocado por el actor.
5. Conclusión
De acuerdo con lo expuesto, esta Sala resuelve el problema jurídico planteado en
el sentido de confirmar la decisión de tutela de primera instancia por considerar que
los argumentos de la impugnación no justifican la modificación de la orden de
amparo contenida en el fallo del 19 de octubre de 2023.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, proferida el 19 de octubre de 2023, por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, conforme a las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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