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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04939-00

Fecha
5 de octubre de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04939-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de ampliación de términos elevada por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá. SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación propuestas por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas. TERCERO: NEGAR el amparo constitucional deprecado por el señor Elmer Leonardo Rodríguez Enciso. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. QUINTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-04939-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

5 de octubre de 2023

Demandante: Elmer Leonardo Rodríguez Enciso
Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá y Cundinamarca y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04939-00

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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04939-00
Demandante: ELMER LEONARDO RODRÍGUEZ ENCISO
Demandados: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA Y OTRO

TEMA: Tutela de fondo - derecho fundamental de petición -
procedencia de la acción de tutela para solicitar el pago de
diferencias salariales - niega el amparo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por el señor Elmer Leonardo
Rodríguez Enciso contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá y
Cundinamarca, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Elmer Leonardo Rodríguez Enciso, en nombre propio, presentó acción de
tutela1 contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá y Cundinamarca, con el
fin de que se protejan sus derechos fundamentales a «la salud, al trabajo, mínimo
vital y derecho de petición, como los derechos que tienen los ciudadanos a que
reciban de mi parte, en mi calidad de juez, una efectiva prestación del servicio de
administración de justicia».

1 Con escrito presentado el 24 de agosto de 2023, a través del buzón electrónico
tutelaenlinea1@deaj.ramajudicial.gov.co. El proceso correspondió por reparto al Juzgado Segundo
Civil del Circuito Judicial de Bogotá bajo el radicado 11001-31-03-002-2023-00368-00. Mediante auto
de 25 de agosto del mismo año, la mencionada autoridad judicial ordenó la remisión del expediente
a la Corte Suprema de Justicia, en virtud del numeral 8.° del artículo 1.° del Decreto 333 de 2021.

El proceso fue remitido el 28 de agosto de 2023 y asignado al magistrado Luis Benedicto Herrera
Diaz, de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, autoridad judicial que por auto
de 31 de agosto de 2023, ordenó el envió del expediente al Consejo de Estado. Esta actuación se
surtió el 11 de septiembre del presente año.
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Demandante: Elmer Leonardo Rodríguez Enciso
Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá y Cundinamarca y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04939-00

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Las mencionadas garantías constitucionales las estimó vulneradas con ocasión a
que las autoridades accionadas no le han dado respuesta a las peticiones que
radicó los días 23 de junio; 24 y 26 de julio; 16, 18 y 22 de agosto de 2023, así como
por la omisión en pagarle unas sumas de dinero por concepto de su ejercicio en el
cargo de juez de la República.

1.2. Pretensiones

La parte actora pidió lo siguiente:

1. Que se tutelen mis derechos fundamentales, y, en consecuencia, se ordene a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración de Justicia de Bogotá y
Cundinamarca que:

a. Proceda a pagar mis aportes en seguridad social en salud a Compensar Eps, para
que pueda tener servicio médico.

b. Proceda a pagar la libranza al banco BBVA, correspondiente al mes de julio de
2023, para que así se descongelen mis productos financieros y cese la vulneración
de mi derecho al mínimo vital.

c. Se expida el carnet que me acredite como juez, para poder desempeñar con
idoneidad mi labor de administrar justicia.

d. Se sanee toda irregularidad administrativa en mi vinculación como Juez 86 Civil
Municipal de Bogotá, estrado transformado en Juzgado 68 de Pequeñas Causas y
Competencia Múltiple de Bogotá. Y en consecuencia, se pague, si no se ha hecho,
la diferencia de sueldo entre abogado asesor y juez desde el 16 de junio a 30 de junio
de 2023; la diferencia entre la prima de servicios entre esos dos cargos; el salario
como juez del mes de julio de 2023, como el pago de la bonificación por servicios
prestados que se generaba en julio de 2023.

e. Expida o remita el comprobante de nómina adicional que pudiera haber efectuado
en el mes de agosto de 2023, donde se detalle todo lo pagado y los descuentos
realizados.

f. Responda los derechos de petición presentados el 23, 24 y 26 de julio de 2023 y
los días 16, 18 y 22 de agosto de 2023.

1.3. Hechos

El accionante fundó su escrito de tutela en los siguientes:

Señaló que desde el 20 de junio de 2008 se desempeña en provisionalidad en la
Rama Judicial y allí ha ejercido los cargos de abogado asesor, grado 23, y
profesional especializado 23, en el Tribunal Superior de Bogotá.

Explicó que desde el 16 de junio de 2023 se posesionó como juez sesenta y ocho
Civil Municipal del Circuito Judicial de Bogotá y que posteriormente dicho despacho
se transformó en el Juzgado Sesenta y Ocho de Pequeñas Causas y Competencia
Múltiple de Bogotá.

Indicó que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá no
actualizó oportunamente su sistema de información con su nombramiento como
juez de la República, lo cual le ha generado a la fecha una serie de problemas en el
ámbito laboral, personal, económico, financiero, entre otros.

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Manifestó que, si bien para agosto de 2023 el sistema Efinómina certificaba su
nombramiento como juez, lo cierto es que en ese mes no se le había pagado: (i) la
diferencia entre los cargos de abogado asesor y juez, por los conceptos de sueldo
y prima de servicios; (ii) el salario como juez del mes de julio de 2023, y (iii) la
bonificación por servicios prestados.

Alegó que, con base en el mencionado retraso, elevó las siguientes peticiones al
correo de la entidad accionada, esto es,
atencionusuariobogota@cendoj.ramajudicial.gov.co, sin que a la fecha estas hayan
sido contestadas:

• 23 de junio de 2023: pidió la expedición del carnet que lo certifique como
juez.
• 24 de julio de 2023: solicitó la inclusión en nómina, el pago de la diferencia
del sueldo y de la prima de servicios entre el cargo de abogado asesor y el
de juez, y el pago del salario como juez del mes de julio de 2023.
• 26 de julio de 2023: pretendió la corrección del certificado de tiempos de
servicios que se expide en el aplicativo Efinómina.
• 16 y 18 de agosto de 2023: requirió la actualización de la nómina adicional
en el aplicativo Efinómina.
• 22 de agosto de 2023: demandó la corrección del certificado de ingresos y
retenciones.

1.4. Fundamentos de la solicitud

El señor Elmer Leonardo Rodríguez Enciso consideró vulnerados sus derechos
fundamentales a la salud, al trabajo, al mínimo vital, de petición y a la efectiva
prestación del servicio de administración de justicia, toda vez que las autoridades
accionadas no actualizaron oportunamente su nombramiento como juez en el
sistema de la Rama Judicial, situación que ha generado que a la fecha de
interposición de este mecanismo de amparo no se le hubiera pagado la diferencia
entre el salario de abogado asesor y de juez, la prima de servicios, el salario como
juez del mes de julio de 2023 y la bonificación por servicios prestados.

Explicó que aun cuando a la fecha dicha actualización ya fue realizada, la entidad
aun está en mora de pagarle las sumas adeudadas.

Alegó que la entidad no le ha sufragado los aportes en seguridad social, por lo que
actualmente no cuenta con servicios médicos, pese a que presenta algunos
quebrantos de salud debido a una luxación.

Puso de presente que tiene varias obligaciones crediticias como, por ejemplo, con
el Banco BBVA posee un crédito por libranza que requiere que se haga un
descuento mensual por $1.234.999. En ese sentido, expuso que en su nómina de
julio de 2023 debió descontársele tal valor a más tardar el 10 de agosto de 2023,
sin que hasta el momento de radicación de la acción de tutela tenga certeza si se le
descontó dicho monto.

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Comento que, con fundamento en lo anterior, la entidad financiera congeló el saldo
de su cuenta de nómina «y actualmente me aparece en $0», lo que afecta su
economía y su mínimo vital «puesto que no tengo un peso para solventar mis
necesidades personales, familiares, los deberes que tengo para con mi hija de 3
años. Incluso, no tengo recursos para movilizarme y poder desempeñar en debida
forma mi cargo como juez».

Trajo a colación el artículo 6.°2 de la Ley 1527 de 2012, con el fin de resaltar la
obligación que ostentan las entidades accionadas de girar las sumas que le deben
pagar.

De otro lado, aclaró lo que se transcribe a continuación:

5. Debo reconocer que a mediados del mes de agosto fue pagado en mi cuenta de
ahorros unos dineros, al parecer producto del pago mediante nómina adicional, pero
que sucede, en el aplicativo Efinomina no aparece reporte alguno de nómina
adicional en el que yo pudiera ver con certeza que fue lo que se pagó, por qué
concepto, si se descontaron los valores por parafiscales, pago de salud; tampoco se
con certeza si la dirección ejecutiva descontó el dinero de la libranza con el BBVA.
En esencia, todo es un mar de dudas que me tienen en una incertidumbre sobre mi
situación laboral3.

Finalmente, agregó que ni siquiera tiene un carné que lo acredite como juez, aun
cuando lleva más de dos meses en ese cargo, circunstancia que le ha generado
problemas para identificarse en tal calidad.

1.5. Trámite de la actuación

Con auto de 14 de septiembre de 2023, el magistrado ponente de esta decisión
admitió la tutela y ordenó notificar a la parte actora, así como a la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá y Cundinamarca para que, si lo consideraban del caso,
intervinieran en la presente acción de tutela en calidad de autoridades accionadas.

De otra parte, requirió al tutelante para que allegara los escritos que radicó ante la
parte demandada, en ejercicio de su derecho fundamental de petición.

1.6. Contestaciones

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:

2 «ARTÍCULO 6. Obligaciones del empleador o entidad pagadora. Todo empleador o entidad
pagadora estará obligada a deducir, retener y girar de las sumas de dinero que haya de pagar a sus
asalariados, contratistas, afiliados o pensionados, los valores que estos adeuden a la entidad
operadora para ser depositados a órdenes de esta, previo consentimiento expreso, escrito e
irrevocable del asalariado, contratista, afiliado o pensionado en los términos técnicos establecidos
en el acuerdo que deberá constituirse con la entidad operadora, en virtud a la voluntad y decisión
que toma el beneficiario al momento de escoger libremente su operadora de libranza y en el cual se
establecerán las condiciones técnicas y operativas necesarias para la transferencia de los
descuentos. El empleador o entidad pagadora no podrá negarse injustificadamente a la suscripción
de dicho acuerdo. […]»
3 Transcripción del texto original con posibles errores.

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1.6.1. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá

El Grupo de Apoyo de Acciones Constitucionales de la entidad solicitó la ampliación
del término otorgado para brindar respuesta de fondo al trámite de tutela,
comoquiera que la entidad presenta «un cúmulo de peticiones por las que se hace
necesario verificar en las bases de datos el radicado de dicha petición, esto ante el
abultado número de peticiones que diariamente llegan y el limitado número de
personal a cargo de resolverlas», por lo cual aseguró que es materialmente
imposible atender todas las solicitudes en término.

1.6.2. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

El apoderado de la entidad solicitó que se declare probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva y que se vincule a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá.

Lo anterior, con fundamento en que, según la certificación laboral y desprendible de
pago, el actor labora para los despachos a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Bogotá y, en consecuencia, es esa corporación la que
tiene competencia para conocer del asunto, por cuanto tiene a su cargo las
funciones propias de empleador y pagador del accionante, conforme el artículo 103
de la Ley 270 de 1996.

Informó que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no ha sido notificada
de la reclamación del tutelante, pues tal petición fue presentada ante la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, entidad llamada y
obligada a responder la solicitud del actor.

1.6.3. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Cundinamarca y Amazonas

El director de la entidad pidió que se declare la improcedencia de la acción de tutela
en relación con la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Cundinamarca y Amazonas, por falta de legitimación en la causa por pasiva, dado
que no tiene alguna obligación o responsabilidad en los hechos que fundamentan
el mecanismo de amparo ni ha vulnerado o amenazado los derechos fundamentales
del accionante.

Explicó que se realizó una verificación en el aplicativo de nómina Efinómina y se
evidenció que en la actualidad la vinculación del actor corresponde al de juez
municipal, «en el Juzgado 86 Civil Municipal de Bogotá, con fecha de cierre el 13
de junio de 2025».

Indicó que esa dirección no es la competente para tramitar las novedades de nómina
ni para pagar los salarios y demás emolumentos que constituyen remuneración a
favor de servidores o funcionarios judiciales adscritos a los despachos que hacen
parte de otro circuito judicial «como lo es el Juzgado 86 Civil Municipal de Bogotá»
(artículo 103 de la Ley 270 de 1996).

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Finalmente, reiteró que la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Cundinamarca – Amazonas no recibe las novedades de nómina de los servidores y
funcionarios adscritos a la Seccional de Bogotá y, además, puso de presente que
no tenía conocimiento de la petición radicada por el actor, por lo que no puede
predicarse una vulneración al derecho que ejerció el tutelante.

1.6.5. Elmer Leonardo Rodríguez Enciso

El accionante allegó los escritos de petición requeridos en el auto admisorio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor Elmer Leonardo Rodríguez Enciso contra la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá y Cundinamarca, de conformidad con lo
establecido por el artículo 2.2.3.1.2.1., del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la Sala Plena de
esta corporación.

2.2. Cuestiones previas

2.2.1. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas pidieron que se
les desvincule del proceso por cuanto carecen de legitimación en la causa por
pasiva para ser parte en este trámite. No obstante, estas peticiones serán negadas
por cuanto es necesario analizar el fondo del asunto para determinar si, en efecto,
los derechos fundamentales del actor, entre ellos el de petición, fueron vulnerados
por estas entidades.

2.2.2. De otro lado, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá solicitó la ampliación del término otorgado para brindar respuesta de fondo
al trámite de tutela, comoquiera que la entidad presenta un cúmulo de peticiones
que hace materialmente imposible atender todas en término.

Sin embargo, no se accederá a esta pretensión, dado que que la acción de tutela
es un mecanismo que busca la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales y se rige por algunos principios, entre ellos, el de la
celeridad, razón por la cual sus plazos son perentorios e improrrogables.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales invocados por el señor Elmer Leonardo
Rodríguez Enciso por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá y
Cundinamarca, al omitir resolver las peticiones que radicó los días 23 de junio; 24 y
26 de julio; 16, 18 y 22 de agosto de 2023, así como por no pagarle unas sumas de
dinero por concepto de su ejercicio en el cargo de juez de la República.

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Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) naturaleza
de la acción de tutela, (ii) del derecho de petición, (iii) procedencia de la acción de
tutela para el pago de prestaciones sociales y salarios, y (iv) el caso concreto.

2.3. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable4.

2.4. Del derecho de petición

La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho fundamental
de petición, en virtud del cual, toda persona tiene la posibilidad de «presentar
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular
y a obtener pronta resolución». El mismo artículo superior precisa que el legislador
podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales.

La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: «El
núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de
la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido».

Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la respuesta a la
petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1755 de 20155, que señala 15 días para resolver la misma, de

4 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
5 Los términos para resolver las peticiones están establecidos en el artículo 14 de la Ley 1755 de

2015, que señala:

«ARTÍCULO 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal
especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15)
días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes
peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días
siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá,
para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la
administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las
materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.
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no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.

Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que:

[…] la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la
persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición.
Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de
evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la
solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado.

Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la
autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses del
peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la
respuesta dada.6

Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
[…] la notificación […] debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el
propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante».

En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la Corte
Constitucional ha explicado que:

[…] i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos
de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la
participación política y a la libertad de expresión7; ii) su contenido esencial comprende
los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos
respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o
se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos
establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación
material, lo que supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud,
sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los
asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta),
excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido
al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo8.9

PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí
señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del
término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo
razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto».
6 Sentencia T-149/13, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
7 Sentencia T-377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. En el mismo sentido ver la sentencia

T-796/01 M.P. Jaime Araujo Rentería.
8 Sentencia T-94/99 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
9 Sentencia C-510/04 M.P. Álvaro Tafur Galvis.

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Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la
satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.

Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha
sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho
a lo pedido, por lo que el primero se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta,
cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo.

2.5. Procedencia de la acción de tutela para el pago de prestaciones sociales
y salarios

La Corte Constitucional ha reiterado que en lo relacionado con el «reconocimiento
de acreencias laborales por medio de la acción de tutela, la jurisprudencia
constitucional ha señalado que por regla general dicha pretensión no es susceptible
de ampararse por esta vía, por cuanto en el ordenamiento jurídico la jurisdicción
ordinaria laboral, o la jurisdicción de contenciosa administrativa tienen mecanismos
idóneos y eficaces de defensa judicial según el caso. Sin embargo, de manera
excepcional, se ha contemplado la procedencia del amparo para obtener el pago de
dicho tipo de acreencias cuando se afecta el derecho fundamental al mínimo vital
del accionante»10.

Así, el alto tribunal constitucional en sentencia T-157 de 2014, explicó que se puede
acudir a la acción de tutela de manera excepcional para solicitar el pago de salarios
cuando estos constituyen la única fuente de recursos del trabajador y su falta de
pago afecte el mínimo vital de la persona. Igualmente, en esa providencia estableció
unas «hipótesis fácticas mínimas» que debe verificar el juez constitucional para
ordenar el pago de las acreencias:

En resumen, las hipótesis fácticas mínimas que deben cumplirse para que puedan
(sic) tutelarse el derecho fundamental al mínimo vital mediante la orden de pago
oportuno del salario debido son las siguientes: (1) Que exista un incumplimiento
salarial (2) que afecte el mínimo vital del trabajador, lo cual (3) se presume si el
incumplimiento es prolongado o indefinido, salvo que (4) no se haya extendido por
más de dos (2) meses excepción hecha de la remuneración equivalente a un salario
mínimo, o (5) el demandado o el juez demuestren que la persona posee otros
ingresos o recursos con los cuales puede atender sus necesidades primarias vitales
y las de su familia, (6) sin que argumentos económicos, presupuestales o financieros
puedan justificar el incumplimiento salarial.

2.6. Caso concreto

En el sub examine el señor Elmer Leonardo Rodríguez Enciso alegó que las
entidades accionadas vulneran sus garantías fundamentales a la salud, al trabajo,
al mínimo vital, de petición y a la efectiva prestación del servicio de administración
de justicia, dado que no le han otorgado respuesta a las peticiones que radicó los
días 23 de junio; 24 y 26 de julio; 16, 18 y 22 de agosto de 2023.

10 Sentencia T-043 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Elmer Leonardo Rodríguez Enciso
Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá y Cundinamarca y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04939-00

.
Además, consideró que las accionadas violan sus derechos constitucionales pues
han omitido pagarle unas sumas de dinero por concepto de la diferencia entre el
salario de abogado asesor y de juez, la prima de servicios, el salario como juez del
mes de julio de 2023 y la bonificación por servicios prestados.

2.6.1. Sobre el primer aspecto, esto es, la presunta vulneración del derecho
fundamental de petición, la sala advierte que el actor aportó los documentos que
demuestran la radicación de unas peticiones los días 23 de junio; 24 y 26 de julio;
16, 18 y 22 de agosto de 2023.

Ahora bien, el señor Elmer Leonardo Rodríguez Enciso indicó en su escrito de tutela
que presentó sus peticiones al correo electrónico
«atencionusuariobogota@cendoj.ramajudicial.gov.co», razón por la cual el
despacho sustanciador procedió a verificar el dominio de la mencionada dirección,
ante lo cual se pudo evidenciar que estaba errada, pues a vuelta del correo se
recibió el siguiente mensaje:

No obstante, revisada la prueba documental allegada por el tutelante, se pudo
establecer que los correos de 23 de junio, 26 de julio, 16, 18 y 22 de agosto de 2023
fueron remitidos al buzón electrónico
atencion_usuario@cendoj.ramajudicial.gov.co, mientras que los de 24 y 26 de julio
fueron enviados a la dirección revisionprenominabta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

En relación con la primera, esto es, atencion_usuario@cendoj.ramajudicial.gov.co
se encuentra que esta corresponde al dominio del Consejo Superior de la Judicatura
y es usada para la atención al ciudadano y orientación en micrositios, como se
evidencia a continuación11:

Por su parte, la segunda dirección electrónica
revisionprenominabta@cendoj.ramajudicial.gov.co remite una respuesta
automática inmediatamente se envía una solicitud a tal correo:

11 Ver enlace https://www.ramajudicial.gov.co/web/medidas-covid19/atencion-al-usuario.

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Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá y Cundinamarca y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04939-00

.

Es decir que las direcciones a las cuales el actor remitió sus escritos de petición no
pertenecen al dominio de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá ni de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y mucho
menos de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Cundinamarca y Amazonas.

Para mayor ilustración, se observa que en la página web de la Rama Judicial12 se
han dispuesto unos correos electrónicos para que, tanto la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial como las diferentes seccionales, reciban correspondencia
administrativa.

Para el caso particular, se encuentra que la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y
Amazonas reciben este tipo de documentación en los buzones
mecsjbogota@cendoj.ramajudicial.gov.co, medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co y
mecsjcundinamarca@cendoj.ramajudicial.gov.co, respectivamente.

En ese sentido, la Sala descarta la vulneración del derecho fundamental de petición
de la parte actora, pues no se advierte que el señor Elmer Leonardo Rodríguez
Enciso haya tramitado sus peticiones ante las entidades accionadas, teniendo en
cuenta que los escritos que envió no fueron dirigidos a algún correo electrónico
destinado por estas para efectos de radicación de peticiones, quejas o reclamos.

Sobre este aspecto, en sentencia T-329 de 2011 la Corte Constitucional explicó:

Por lo anterior, es pertinente agregar que si bien toda persona tiene derecho a elevar
solicitudes respetuosas ante la administración o contra particulares, es requisito
indispensable para obtener el fin perseguido con la acción de tutela, demostrar
así sea de forma sumaria, que se presentó la petición.

En este sentido, la Sentencia T - 997 de 2005, resaltó:

La carga de la prueba en uno y otro momento del análisis corresponde a las partes
enfrentadas: debe el solicitante aportar prueba en el sentido de que elevó la petición
y de la fecha en la cual lo hizo, y la autoridad, por su parte, debe probar que respondió
oportunamente. La prueba de la petición y de su fecha traslada a la entidad
demandada la carga procesal de demostrar, para defenderse, que, al contrario de lo
afirmado por el actor, la petición sí fue contestada, resolviendo de fondo y
oportunamente. Pero si ante el juez no ha sido probada la presentación de la solicitud,
mal puede ser condenada la autoridad destinataria de la misma, pues procesalmente
no existe el presupuesto del cual se deduzca que, en tal evento, estaba en la
obligación constitucional de responder.

12 Ver enlace https://www.ramajudicial.gov.co/web/centro-de-documentacion-judicial/correos-mesa-

de-entrada
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Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá y Cundinamarca y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04939-00

.
En este orden, no basta por tanto que el accionante afirme que su derecho de petición
se vulneró por no obtener respuesta. Es necesario respaldar dicha afirmación con
elementos que permitan comprobar lo dicho, de modo que quien dice haber
presentado una solicitud y no haber obtenido respuesta deberá presentar copia
de la misma recibida por la autoridad o particular demandado o suministrar alguna
información sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar que acompañaron la
petición, a fin de que el juez pueda ordenar la verificación.13 (Se resalta).

Por lo tanto, se negará el amparo del derecho fundamental de petición invocado por
la tutelante contra las entidades accionadas.

2.6.2. Ahora bien, en lo referente a las demás pretensiones del tutelante,
relacionadas con el pago de aportes a seguridad social, libranzas, diferencias del
sueldo y la prima de servicios entre el cargo de abogado asesor y juez, así como
por la bonificación por servicios, la sala no advierte que se cumplan con los
requisitos establecidos por la Corte Constitucional para ordenar el pago pretendido.

En primer lugar, el actor únicamente aportó junto con su escrito de tutela las
peticiones sobre las cuales reprochó la ausencia de una respuesta, con las cuales
no es posible verificar su nombramiento y posesión como juez Sesenta y Ocho de
Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá. Así las cosas, mal haría el
juez constitucional en ordenar el pago de una acreencia en favor del tutelante quien
ni siquiera probó su calidad como servidor adscrito a la Rama Judicial.

En segundo lugar, si bien el actor indicó que se encuentra desvinculado de los
servicios médicos en salud por la falta de pago de los aportes a seguridad social, lo
cierto es que consulta la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA de la
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(ADRES) se constató que en la actualidad este se encuentra en estado activo:

Igualmente, la sala no advierte que el presunto incumplimiento que reprocha el
accionante sea prolongado e indefinido, pues en su escrito de tutela afirmó que «a
mediados del mes de agosto fue pagado en mi cuenta de ahorros unos dineros, al
parecer producto del pago mediante nómina adicional», con lo cual queda
demostrado que el accionante sí está recibiendo un pago, diferente es que no haya
recibido la diferencia entre el cargo que ejercía antes y el que ostenta en la
actualidad.

13 Sentencia T- 767 del 12 de agosto de 2004 M.P. Álvaro Tafur Galvis

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Esta situación desvirtúa la presunción de la afectación del mínimo vital del actor,
pues como se dijo el tutelante si está recibiendo una remuneración.

De todos modos, como quedó analizado en el numeral 2.6.1. de esta providencia,
el accionante ni siquiera ha acudido directamente a la entidad pagadora de su
nómina para poner de presente las irregularidades que alegó a través de esta acción
constitucional, dado que, se itera, no ha acudido a los canales de atención
dispuestos por las entidades accionadas para tal fin.

En consecuencia, la sala negará el amparo deprecado por el señor Elmer Leonardo
Rodríguez Enciso, comoquiera que no se evidencia la vulneración de sus derechos
fundamentales invocados, ello con fundamento en las razones expuestas en este
proveído.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de ampliación de términos elevada por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá.

SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación propuestas por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas.

TERCERO: NEGAR el amparo constitucional deprecado por el señor Elmer
Leonardo Rodríguez Enciso.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

QUINTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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