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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04948-01

Fecha
1 de agosto de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04948-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del 23 de octubre de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que negó el amparo de los derechos fundamentales invocados, de acuerdo con lo expuesto en este proveído. Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-04948-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

1 de agosto de 2024

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04948-01
Demandante: Cementos Argos S. A.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., primero (1°) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04948-01
Demandante: Cementos Argos S. A.
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial. Ausencia de los defectos violación
directa de la Constitución, desconocimiento de precedente
jurisprudencial y fáctico.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del
23 de octubre de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, que negó el amparo de los derechos fundamentales invocados.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
la Sociedad Cementos Argos S. A. por intermedio de apoderado, promovió demanda
en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia, en conexidad con los
principios a la seguridad jurídica y confianza legítima.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04948-01
Demandante: Cementos Argos S. A.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se deje sin efectos la sentencia del 26
de enero de 202[3], proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de
Decisión Oral, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación
70001-33-33-004-2018-00053-01 y, en su lugar, que se ordene al Tribunal proferir una
nueva decisión acatando lo expuesto en el fallo de tutela.

De igual forma, solicitó como medida provisional la suspensión de los efectos de la
referida providencia, a fin de que no se concrete la obligación de concurrir a su
cumplimiento hasta tanto no haya sentencia de raigambre constitucional.

1.1.2. Los hechos

El apoderado de la accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

i) La Sociedad Cementos Argos S. A., en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, presentó demanda en contra de la Nación–Ministerio del
Trabajo, Dirección Territorial de Sucre, con el fin de que se declarara la nulidad de las
resoluciones por medio de las cuales se le sancionó con multa de 50 SMLMV,
consecuencia de una investigación administrativa laboral adelantada en su contra por
la Dirección Territorial Sucre del Ministerio del Trabajo y, a título de restablecimiento
del derecho, que se revocara la sanción y se declarara que la sociedad no adeudaba
suma alguna de dinero por dicho concepto o, de manera subsidiaria, que se redujera
el monto de la sanción, aplicando para el efecto los principios de razonabilidad y
proporcionalidad que gobiernan la graduación de las sanciones.

ii) Mediante sentencia del 26 de marzo de 2019, proferida en audiencia inicial, el
Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Sincelejo denegó las
súplicas de la demanda y condenó en costas a la parte demandante.

iii) A través de sentencia del 26 de enero de 202[3], el Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala de Decisión Oral, confirmó la decisión de primera instancia.

1.1.3. Los defectos invocados

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Demandante: Cementos Argos S. A.

En sentir del apoderado de la accionante, el fallo del Tribunal incurrió en los siguientes
vicios o defectos:

1.1.3.1. Violación directa de la Constitución. Por desconocimiento de los principios
de favorabilidad y debido proceso, con sus corolarios de defensa y contradicción.

i) Los hechos y el sustento de la demanda se encaminaron, de forma principal, a alegar
la pérdida de competencia del Ministerio del Trabajo, al resolver sobre el recurso de
apelación presentado en contra de la Resolución 0183 de 27 de julio de 2011, esto es,
mediante la Resolución 3249 de 29 de agosto de 2017, después de seis años, y no en
el término de uno.

ii) El Tribunal aplicó al caso el artículo 38 del CCA, dada la transición y vigencia prevista
en el artículo 308 del CPACA, cuando lo procedente era dar extensión al artículo 52 de
este último estatuto, respecto de la caducidad de la facultad sancionatoria, por ser más
benigna para el caso, ya que lo que se buscó con dicha norma fue, precisamente, dar
garantías respecto al accionar de la administración, así lo refirió la Corte Constitucional
en la sentencia C-875 de 2011, al analizar la exequibilidad de dicho aparte normativo.

iii) Si bien la regla general de la aplicación para la transición normativa es la
irretroactividad de la ley, esta debe ser aplicada en consonancia con el principio de
favorabilidad. Ello, en línea con lo indicado por la Corte Constitucional en las
sentencias C-922 de 2001 y C-022 de 2003, y el Consejo de Estado en las sentencias
del 12 de abril de 1985 proferida por la Sección Cuarta en el expediente 10850 y de 3
de mayo de 2016, expediente 11001-03-15-000-2000-00468-00 (S), como el concepto
1454 del 16 de octubre de 2002.

iv) En conclusión, en aplicación del artículo 52 del CPACA, se hace evidente que el
Ministerio del Trabajo perdió la competencia para sancionar a la sociedad
demandante, y que, por tanto, al resolver sobre el recurso de apelación vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso administrativo y defensa de la
administrada.

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Demandante: Cementos Argos S. A.

1.1.3.2. Desconocimiento de precedente. No aplicó el principio de favorabilidad pese
a que hay casos en los que la jurisprudencia ha establecido su procedencia.

i) El consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en el concepto 2424 del 13
de diciembre de 2019, radicación Interna: 11001-03-06-000-2019-00110-00, se
pronunció respecto de la aplicación del principio de favorabilidad ante la expedición de
normas posteriores más benignas. En tal sentido, se desconoció el precedente judicial
que obligaba a declarar la pérdida de competencia del Ministerio del Trabajo ante su
silencio en resolver el recurso por fuera del término de un año, según lo establece el
artículo 52 del CPACA.

ii) El Tribunal no puede argumentar que la normativa aplicable al caso es el artículo 38
del CCA, por el hecho de que la querella haya sido presentada en vigencia de este
estatuto, cuando lo que se discutió desde el trámite de primera instancia fue la
aplicación del principio de favorabilidad en vista de que la autoridad demoró demasiado
tiempo en resolver el recurso de apelación, procediendo a resolverlo para el momento
en que se encontraba vigente una ley posterior más benigna como lo es el artículo 52
del CPACA, vulnerando de esta manera el derecho al debido proceso de dentro del
trámite de segunda instancia.

1.1.3.3. Defecto material o sustantivo

i) El Tribunal no utilizó una hermenéutica sistemática de la norma, pues se limitó a
aplicar el artículo 308 del CPACA sin tener en cuenta el cumplimiento de las garantías
del debido proceso, a la luz de la constitucionalización del derecho y el rol que tiene el
juez en un Estado Social de Derecho, por lo que no le asiste razón para no declarar la
caducidad de la facultad sancionatoria del Ministerio del Trabajo.

ii) Los jueces tienen la competencia para interpretar y aplicar las normas jurídicas, pero
esta se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y, principalmente, por
los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de
Derecho. Uno de esos derechos, que se relaciona con el presente caso, es el derecho
del debido proceso, del cual se desprende la garantía del principio de favorabilidad que

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Demandante: Cementos Argos S. A.

el Tribunal omitió aplicar por la mera lectura de la norma posiblemente aplicable al
caso, como lo es el artículo 308 del CPACA.

iii) La aplicación del principio de favorabilidad se erige como una de las garantías que
componen el debido proceso, en ese sentido, el Consejo de Estado, Sección Primera,
en la sentencia del 4 de agosto de 2016, radicación 05001-23-33-2013-000701-02,
señaló: «entre las citadas garantías mínimas que integran el debido proceso se
encuentra al principio de favorabilidad, en virtud del cual una situación de hecho puede
someterse a la regulación de disposiciones jurídicas no vigentes al momento de su
ocurrencia cuando, por razón de la benignidad de aquellas, su aplicación se prefiere a
las que en, estricto sentido, regularían los mismos hechos».

iv) Respecto del principio de favorabilidad también puede verse la sentencia del 7 de
noviembre de 2019, emitida por el Tribunal Administrativo de Santander, al resolver un
recurso de apelación en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 68001-33- 33-003-2016-00263-01, demandante: Positiva Compañía de
Seguros, demandando: Ministerio del Trabajo.

1.1.3.4. Defecto fáctico. No existió dentro del proceso prueba alguna que permitiera
establecer que la actuación administrativa se adelantó respetando la razonabilidad del
procedimiento administrativo sancionatorio.

i) El juez colegiado no revisó la actuación administrativa adelantada por el Ministerio
del Trabajo, pues aunque señaló que a la sociedad se le concedieron las
oportunidades para garantizar sus derechos de contradicción y defensa, lo cierto es
que no se efectuó un traslado formal de la querella, pues no se le notificó de la
formulación de cargos, ni tampoco se dio un término formal para contestarla,
consecuencia de lo cual no se le dio la oportunidad, como investigada, de solicitar o
aportar pruebas que desvirtuaran las acusaciones por las cuales se le estaba
investigando, y del mismo modo, no se le otorgó una oportunidad para presentar
alegatos finales de conclusión, a partir de las evidencias y pruebas que fueron
recopiladas a lo largo de la actuación administrativa, desconociendo con ello el artículo
3° del CCA, en el que se prevé que el principio de contradicción debe surtirse a lo largo
de todas las actuaciones administrativas.

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ii) El Tribunal argumentó que pese a la inexistencia de etapas para pronunciarse
respecto de las pruebas y/o contradecirlas, el proceso administrativo sancionatorio
adelantado por el Ministerio del Trabajo mantuvo la razonabilidad de la actuación
administrativa, ignorando que el procedimiento administrativo sancionatorio tuvo un
completo desconocimiento del derecho de defensa y contradicción, y que el recurso
de apelación presentado en contra de la Resolución 0183 de 2011 fue resuelto
después de seis años de haber sido interpuesto, con pleno desconociendo del principio
de celeridad establecido el CCA.

iii) Asimismo, omitió aspectos que fueron reconocidos por el a quo, como que, la
apertura del procedimiento sancionatorio se dio con ocasión de una querella
presentada por el Sindicato SUTIMAC, por violación a normas de salud ocupacional,
afirmación contenida en las citaciones del 1° de febrero y 11 de marzo de 2010, que
es genérica y vaga, y que no permitió encausar y estructurar una debida defensa, pues
no se especificó a que normativa de salud ocupacional se estaban refiriendo.

iv) De una simple lectura del expediente administrativo se puede observar que todo el
procedimiento sancionatorio adelantado por el Ministerio de Trabajo fue desarrollado
con violación del derecho al debido proceso, configurándose de esta manera la causal
autónoma de nulidad de desconocimiento del derecho de audiencia y defensa,
contemplada en el artículo 84 del CCA, no apreciado correctamente por el Tribunal.

v) En este entendido, el hecho de que a la sociedad se le concediera como única
oportunidad para ejercer su derecho de defensa y contradicción el momento en que
interpuso el recurso de apelación —contra el acto administrativo objeto de estudio
dentro del proceso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho—
no es suficiente para subsanar el vicio de nulidad que afecta tanto la Resolución 0183
de 2011, como las demás resoluciones que lo confirman.

vi) Todo lo anterior, aunado a que, sobre el monto de la sanción, la autoridad
administrativa no expuso argumento alguno para sustentarla, graduarla o dosificarla,
omitiendo los criterios de proporcionalidad y racionalidad que la comprenden, violando
así lo dispuesto en las normas superiores en que debía fundarse.

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1.2. Actuación procesal

1.2.1. El 15 de septiembre de 2023, el consejero de Estado Cesar Palomino Cortes,
en encargo, admitió la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar del
proveído a los magistrados del Tribunal Administrativo de Sucre, Sala de Decisión
Oral, como demandados, y a la señora ministra del Trabajo, como tercera interesada,
para que, en el término de dos días, se pronunciaran sobre los hechos de la acción y
allegaran las pruebas que consideraran pertinentes; y solicitó al Tribunal
Administrativo de Sucre la copia digital del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicación 70001-33-33-004-2018-00053-01.

De igual forma, negó la solicitud de medida provisional presentada por la accionante,
al no evidenciarse quebranto ni configuración de perjuicio irremediable, pues se
pretendió la suspensión de los efectos de una decisión dictada por autoridades
jurisdiccionales en ejercicio de sus competencias que, en principio, está revestida de
legalidad, de manera que despojarla de aquellos es una consecuencia del juicio de
valor propio del estudio de mérito al momento de decidir el asunto; y reconoció
personería al abogado Alfonso Aníbal Bendek, con tarjeta profesional 240.709 del
Consejo Superior de la Judicatura, para actuar en representación de la actora.

1.2.2. El 19 de septiembre de 2023, la Secretaría General del Consejo de Estado
notificó del proveído a Cementos Argos S. A., al Tribunal Administrativo de Sucre y al
Ministerio del Trabajo.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. El Ministerio del Trabajo. El 21 de septiembre de 2023, la asesora de la Oficina
Asesora Jurídica, Dalia María Ávila Reyes, solicitó negar las pretensiones. Argumentó
que la norma aplicable al proceso objeto de juicio, tanto en sede administrativa como
en sede judicial, es el Decreto 01 de 1984 y no la Ley 1437 de 2011, la cual fue
cumplida a cabalidad, tal y como se puede desprender de los argumentos expuestos
por los jueces en cada una de las instancias.

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1.3.2. El Tribunal Administrativo de Sucre, pese a ser debidamente notificado, dejó
transcurrir el término de traslado en silencio.

1.4. Sentencia impugnada

1.4.1. El 23 de octubre de 2023, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, negó el amparo de los derechos fundamentales invocados, en atención a los
siguientes considerandos:

i) No se configura la causal de violación directa de la Constitución. Si bien el
principio superior de favorabilidad impone observar la disposición más beneficiosa al
sujeto pasivo del derecho sancionador ante un cambio normativo en situaciones no
consolidadas, en materia administrativa es indispensable atender las reglas de
aplicación de la ley en el tiempo, como las previstas en los artículos 40 de la Ley 153
de 1887 y 308 (inciso 3º) del CPACA, habida cuenta de que son de carácter público, por
consiguiente, de obligatorio cumplimiento.

En el caso, aunque las diligencias adelantadas por el Ministerio del Trabajo en contra
de la accionante no están sujetas a normas especiales —porque el Decreto 1128 de
19991 no estipula un trámite particular para las actuaciones que esa cartera surte
contra los empleadores—, en el caso no se cumple con la segunda de las exigencias
señaladas en el ordenamiento jurídico para la aplicación del artículo 52 del CPACA,
consistente en que las actuaciones hayan iniciado después del 2 de julio de 2012, ya
que estas tuvieron como génesis el 25 de enero de 2010, en consecuencia, debían
culminarse en atención al CCA, como lo concluyeron de manera acertada las
autoridades accionadas.

En tal sentido, lo que existe es una indebida interpretación del ordenamiento jurídico,
en particular, de las reglas de aplicación de la ley en el tiempo, contempladas en los
artículos 40 de la Ley 153 de 1887 y 308 (inciso 3º) del CPACA, en la medida en que
las actuaciones administrativas que derivaron en el asunto contencioso-administrativo
con radicación 70001-33-33-004-2018-00053-00 imponen concluir que debían
finalizarse con el CCA porque iniciaron cuando este aún estaba vigente.

1 Por el cual se reestructura el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

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ii) No existió desconocimiento de precedente. En la sentencia C-922 de 2001 no
se analizó la aplicación del artículo 52 del CPACA en asuntos iniciados en vigencia del
CCA, por lo que no se indicó que los artículos 40 de la Ley 153 de 1887 y 308 (inciso

3º) del CPACA no operaban en los procedimientos adelantados por el Ministerio del
Trabajo contra los empleadores por incumplimiento de sus obligaciones. De manera
que la sentencia no se aplica al caso por cuanto lo resuelto en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho enjuiciado no hace parte de la órbita del estudio de
constitucionalidad realizado por la Corte Constitucional.

Tampoco resulta aplicable la Sentencia C-022 de 2003, pues en esta se resolvió una
demanda de inconstitucionalidad promovida en contra del artículo 17 de la Ley 144 de
1994, por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los
congresistas. La Corte, en esa providencia, aunque se pronunció sobre la aplicación
del principio de favorabilidad, no fijó ninguna regla que pueda relacionarse con el caso
que ahora se aborda, sobre todo, frente a la resolución de asuntos iniciados bajo la
vigencia de una norma.

Y en cuanto a las providencias del Consejo de Estado, se evidencia que i) el concepto
1454 del 16 de octubre de 2002, de la Sala de Consulta y Servicio Civil, se emitió con
anterioridad a la expedición del CPACA, por ende, no se pronunció sobre la aplicación
de ese compendio normativo en las actuaciones administrativas iniciadas en virtud del
CCA; y ii) en lo concerniente a la sentencia del 3 de mayo de 2016, se evidenció luego

de consultar en la herramienta electrónica para la gestión judicial Samai que el
expediente 11001-03-15-000-2000-00468-00 no cursó en la corporación, no siendo
posible identificar dicha providencia.

iii) No se incurrió en defecto sustantivo. En criterio de la actora se aplicó el artículo
308 del CPACA, sin armonizarlo con el principio de favorabilidad, sin embargo, dicha
censura carece de sustento jurídico por cuanto la observancia del artículo 52 del CPACA
está supeditada al cumplimiento de las reglas de aplicación de la ley en el tiempo, las
cuales señalan que las actuaciones iniciadas en vigencia de una ley deben culminarse,
según se explicó en el análisis de la causal de violación directa de la Constitución.

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iv) No se configuró un defecto fáctico. En criterio de la demandante no se efectuó
un traslado formal de la querella ni le fue notificada la formulación de cargos, lo cual,
afectó su derecho de defensa, aserción que no es de recibo toda vez que las pruebas
acreditan que la actora conocía del procedimiento seguido en su contra por el
Ministerio el Trabajo. Por un lado, se tiene que el Ministerio del Trabajo remitió a la
actora el oficio 14370-028 del 12 de abril de 2010,2 con el propósito de notificarle de
las diligencias personalmente y, adicionalmente, que le informó sobre la realización de
una inspección a la planta de Tolú, ante lo cual el 15 de abril siguiente, el director de
Gestión Humana de Cementos Argos S. A. sostuvo que no se habían enterado
oportunamente de la decisión administrativa, por lo que pidió aplazarla; y por otro, se
advierte que el 30 de abril de 2010 se practicó la visita, en la que se recibió la
declaración del ingeniero mecánico Alberto Riobo Cortés y el 22 de julio siguiente se
escuchó a la señora Mónica del Pilar Ramírez Muñoz, jefe de Salud y Seguridad
Ocupacional de Cementos Argos S. A., lo cual demuestra que la empresa sí conoció
del respectivo trámite.

1.4.2. El 15 de marzo de 2024, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó
de la sentencia a Cementos Argos S. A., al Tribunal Administrativo de Sucre y al
Ministerio del Trabajo.

1.5. Impugnación

1.5.1. El 20 de marzo de 2024, Cementos Argos S. A., por intermedio de su apoderado,
allegó memorial al expediente en el que impugnó la sentencia de primera instancia,
en orden a que se revoque y, en su lugar, se concedan las pretensiones de tutela, en
atención a los siguientes argumentos:

i) No se realizó una debida valoración de la causal violación directa de la Constitución,
en torno de la aplicación del principio de favorabilidad en el procedimiento
administrativo sancionatorio.

2 Sobre los cuales obran constancias de que fueron recibos, emitidas por conducto de la empresa
Servicios Postales Nacionales S. A. (4-72).

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Aunque en el caso se mencionó el artículo 29 superior para hablar del principio de
irretroactividad de la ley, se dejó de profundizar en la excepción a dicho principio, que
es la aplicación de la ley por favorabilidad ante la promulgación de una ley más
benéfica, comportándose como una esfera adicional del derecho al debido proceso.
Sobre el particular, conviene precisar que la Sala de Consulta y Servicio Civil en el
concepto con radicación 1454 del 16 de octubre de 2002 señaló que el principio de
favorabilidad en materia sancionatoria administrativa constituye un imperativo
constitucional. Dicho concepto termina siendo de necesaria observancia en casos
como el que nos ocupa, pues fue aquel el fundamento utilizado en la sentencia
(24.667) proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, dentro del proceso con
radicación 05001-23-33-000-2015-00782-01, en el que se dio aplicación al principio de
favorabilidad en desarrollo del artículo 29 constitucional.

La inactividad por parte del Ministerio del Trabajo en resolver el recurso de apelación
se presenta como un retraso arbitrario, desprovisto de justificación alguna, el cual viola
el derecho fundamental al debido proceso de la administrada, máxime si se tiene en
cuenta que, para el momento en que lo resolvió ya estaba en vigencia la nueva ley, la
cual es más benéfica para el administrado.

ii) El juez de tutela de primera instancia realizó una lectura parcial o selectiva de la
jurisprudencia citada como fundamento de la acción de tutela, lo cual implicó que no
vislumbrara la configuración del defecto desconocimiento del precedente judicial.

El a quo desconoció lo señalado por la Corte Constitucional en las sentencias C-922
de 2001 y C-022 del 2003, respecto de la aplicación al principio de favorabilidad en
materia sancionatoria y, además, dejó de referirse a la totalidad de sentencias citadas
en el escrito de tutela, dejando por fuera otras de gran importancia para el
planteamiento, como lo es la sentencia T-1087 de 2005 de la Corte Constitucional, la
cual menciona jurisprudencia anterior de la Corte para referirse al derecho
administrativo sancionador y la posibilidad de aplicar el principio de favorabilidad de
manera excepcional. Existe jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional en la
que se predica la posibilidad de aplicar la favorabilidad de una ley posterior a la vigente
para el momento de la actuación judicial o administrativa, siempre y cuando comporte
razones más benignas, situación que no fue tenida en cuenta por el a quo.

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iii) La configuración del defecto sustantivo no fue apreciado de manera correcta, toda
vez que incurrió en iguales errores interpretativos reprochados al Tribunal.

La interpretación plenamente legalista esbozada por el a quo no tuvo en cuenta la
forma en como el Tribunal aplicó las normas en el caso concreto, como es el artículo
308 del CPACA, toda vez que la aplicación del principio de favorabilidad para la pérdida
de competencia del Ministerio de Trabajo resulta ser, la respuesta adecuada frente a
la inactividad arbitraria de este para decidir sobre un recurso, máxime si se tiene en
cuenta los principios que componen el debido proceso consagrado en el artículo 29 de
la Constitución Política.

El principio de favorabilidad se erige como una garantía que compone el debido
proceso, razón por la que no se puede inaplicar por los efectos de la ley en el futuro,
máxime si se tiene en cuenta los pronunciamientos efectuados por las Altas Cortes
respecto a la posibilidad de aplicar esta excepción al principio de irretroactividad de la
Ley. Al respecto, puede consultarse la sentencia del 4 de agosto de 2016, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Primera, en el expediente 05001-23-33-2013-
000701-01 [02].

Nunca se podría llegar a aplicar el principio de favorabilidad para el caso concreto, por
ser un procedimiento iniciado en vigencia del Decreto 01 de 1984, diferente a si se le
diera una interpretación sistemática con el artículo 29 superior, toda vez que con la
constitucionalización del derecho se entiende que los principios señalados en la Carta
Política tienen efectos vinculantes, a pesar de ausencia de regla especial en la ley.

iv) No tuvo en cuenta la forma en como a la sociedad se le pretermitieron etapas
durante la actuación administrativa.

El a quo inobservó que, más allá del conocimiento que tuviera la sociedad frente a la
investigación administrativa laboral adelantada por el Ministerio del Trabajo, no se tuvo
en cuenta que se realizara el procedimiento respectivo con el lleno de los requisitos
para ello. En ningún momento se le determinó formalmente que fuese objeto de alguna
formulación de cargos, ni se le indicó las normas que presuntamente había violado.

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El hecho de que para el momento de la ocurrencia los supuestos fácticos del proceso
estuviese vigente el Decreto 01 de 1984 no implicaba que se violara el derecho
fundamental al debido proceso en la actuación administrativa por parte del Ministerio
del Trabajo, en especial si se tiene en cuenta que a partir de la Constitución de 1991,
la constitucionalización del derecho tiene asidero en cualquier actuación
administrativa. Al respecto, ver la sentencia C-034-2014 de la Corte Constitucional.

Bajo esta nueva égida constitucional, el Ministerio del Trabajo no solo debió haber
informado a la sociedad sobre el objeto del auto 01 del 1° de febrero de 2010, por
expresa disposición del CCA, en concordancia con el artículo 28 ibídem, que señala:
«Cuando de la actuación administrativa iniciada de oficio se desprenda que haya
particulares que pueden resultar afectados en forma directa, a éstos se les comunicará
la existencia de la actuación y el objeto de la misma», sino, además, porque es una
garantía del debido proceso que tiene consagración constitucional.

1.5.2. El 1° de abril de 2024, el consejero de Estado Jorge Portocarrera Banguera
concedió la impugnación interpuesta, de conformidad con lo establecido en los
artículos 237 (numeral 6)3 de la Carta Política, 35 (numeral 5)4 de la Ley 270 de 1996
y 255 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,6 expedido por la sala plena del Consejo
de Estado.

3 «Artículo 237: Son atribuciones del Consejo de Estado:

[…]
6. Darse su propio reglamento y ejercer las demás funciones que determine la ley.
[…]».
4 «Artículo 35: ATRIBUCIONES DE LA SALA PLENA. La Sala Plena del Consejo de Estado tendrá las

siguientes atribuciones administrativas:
[…]
5. Distribuir, mediante Acuerdo, las funciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo que no deban
ser ejercidas en pleno, entre las Secciones que la constituyen, con base en un criterio de especialización
y de volumen de trabajo.
[…]».
5 «[…]

Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo
y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto.
[…]».
6 «Reglamento interno del Consejo de Estado».

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1.5.3. El 4 de abril de 2024, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó de
la sentencia a Cementos Argos S. A., al Tribunal Administrativo de Sucre y al Ministerio
del Trabajo.

1.6. Otras actuaciones

1.6.1. El 15 y 24 de abril de 2024, los consejeros Jorge Iván Duque Gutiérrez y Luis
Eduardo Mesa Nieves, respectivamente, manifestaron impedimento para conocer del
asunto de la referencia, por considerar que se encuentran inmersos en la causal
prevista en el numeral 5.º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, al
sostener una relación de amistad íntima y entrañable de muchos años con la
magistrada Martha Tulia Isabel Jarava Cárdenas, quien suscribió la sentencia objeto
de cuestionamiento.

1.6.2. El 29 de abril de 2024, el togado Rafael Francisco Suárez Vargas ordenó
efectuar el sorteo de dos de los conjueces que integran la Sección Segunda del
Consejo de Estado a fin de conformar la Sala de decisión, siendo designados los
doctores José Ascensión Fernández Osorio y Miguel Arcángel Villalobos Chavarro, en
diligencia de sorteo realizada el 7 de mayo hogaño.

1.6.3. El 23 de mayo de 2024, la Sala declaró fundados los impedimentos
manifestados por los consejeros de Estado Jorge Iván Duque Gutiérrez y Luis Eduardo
Mesa Nieves para conocer de la acción de tutela de la referencia y, en consecuencia,
ordenó separarlos del conocimiento del asunto.

1.6.4. El 26 de junio de 2024, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó de
la providencia a Cementos Argos S. A., al Tribunal Administrativo de Sucre y al
Ministerio del Trabajo; y el 5 de julio siguiente allegó el expediente a despacho para
proferir sentencia de segunda instancia.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el inciso 2, artículo 25
del Acuerdo n.º 080 de 20197, según el cual «Las tutelas que sean de competencia del
Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto
por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y
serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien
le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la
presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por la Subsección
B de la Sección Segunda de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad para controvertir la sentencia del 26 de enero de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 70001-
33-33-004-2018-00053-01. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con
la adopción de la referida providencia se vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la parte actora por configuración de los defectos violación directa de la
Constitución, desconocimiento de precedente jurisprudencial, sustantivo y fáctico.

2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional8 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,9 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.

7 Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.
8 Sentencias C-543 de 1992,T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de

1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
9Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de que
para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.

2.4. Hechos probados

Del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 70001-33-33-
004-2018-00053-00 [01], la Sala establece lo siguiente:

i) El 13 de marzo de 2018, la sociedad Cementos Argos S. A., por intermedio de
apoderado, interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de
la Nación-Ministerio del Trabajo, Dirección Territorial de Sucre, en orden a que se
acogieran las siguientes pretensiones:

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Pretensiones Principales

1. Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
1.1. Resolución n°. 0183 del 27 de julio de 2011, por medio de la cual, se resuelve una
querella administrativa laboral y se sanciona a mi poderdante con la suma de cincuenta
(50) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes para la época, esto es, la suma de
veintiséis millones setecientos ochenta mil pesos m/l ($26.780.000).
1.2. Resolución n°. 00272 del 20 de diciembre de 2011, por medio de la cual se resuelve
un recurso de reposición confirmando en todas sus partes la sanción impuesta a mi
procurada.
1.3. Resolución n°. 3249 del 29 de agosto de 2017, por medio de la cual se resuelve un
recurso de apelación contra la Resolución n°. 0183 del 27 de julio de 2011, confirmando
en todas sus partes el acto administrativo previamente relacionado.

2. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se solicita
lo siguiente:
2.1. Se revoque la suma de dinero impuesta a título de sanción mediante los actos
administrativos antes señalados, y se declare que Cementos Argos S. A. no adeuda suma
alguna de dinero por dicho concepto y, en consecuencia, se ordene a la Nación-
Ministerio de Trabajo, Fondo de Riesgos Laborales, a efectuar la devolución de cualquier
suma de dinero pagada o que se llegare a pagar a título de sanción con ocasión de las
resoluciones señaladas anteriormente.
2.2. En el evento en que haya lugar a reembolso de alguna suma de dinero, sobre la
misma deberá ordenarse la indexación y el reconocimiento de intereses corrientes, hasta
la fecha en que se realice efectivamente la devolución del dinero.

Pretensiones Subsidiarias

En subsidio a las anteriores peticiones, solicito que:
1. Se reduzca la multa aplicando para el efecto los principios de razonabilidad y
proporcionalidad que gobiernan la graduación de las sanciones.
2. A título de restablecimiento, que se corrija el valor de la sanción impuesta y se
reembolse la diferencia, si hay lugar a ello, luego de haberse graduado y reducido en su
monto.
3. En el evento en que haya lugar a reembolso de alguna suma de dinero, sobre la misma
deberá ordenarse la indexación y el reconocimiento de intereses corrientes, hasta la
fecha en que se realice efectivamente la devolución del dinero.

ii) El 26 de marzo de 2019, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Sincelejo negó
las súplicas de la demanda y condenó en costas a la parte demandante.

iii) El 26 de enero de 2022, el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de
Decisión Oral, confirmó la sentencia de primera instancia. La decisión se notificó a las
partes el 3 de marzo de 2023.

2.5. Análisis de la Sala

2.5.1. Sobre la procedibilidad de la presente acción de tutela

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La Sala encuentra cumplidos en el caso los requisitos de procedibilidad de la acción,
puesto que «supera el requisito de inmediatez», dado que la providencia objeto de
censura data del 26 de enero de 2023, notificada a las partes el 3 de marzo siguiente,
y la presente acción de tutela fue remitida al correo electrónico de la Secretaría General
del Consejo de Estado el 11 de septiembre de 2023, esto es, en el término de los seis
meses señalados por esta corporación como prudencial para el ejercicio de la acción
de tutela contra providencia judicial;10 y, de igual forma, «cumple con el requisito de
subsidiariedad», por cuanto lo que se cuestiona es una decisión de segunda instancia
que puso fin a una discusión planteada dentro de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

De igual forma, se encuentra que en el escrito de tutela «se identificaron
razonablemente los hechos y argumentos frente a los cuales se alega la
vulneración de derechos fundamentales», pues la parte actora narró de manera clara
los hechos sujetos a examen, los derechos que estima vulnerados y adecuó sus
alegatos a varias de las causales específicas previstas por la Corte Constitucional; «no
se cuestiona una irregularidad procesal» y «tampoco se controvierte una
sentencia de tutela», sino la proferida dentro de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Asimismo, se evidencia que «el caso bajo estudio reviste suficiente relevancia
constitucional», toda vez que el debate gira en torno a la presunta vulneración del
derecho fundamental al debido proceso,11 previsto en el artículo 29 de la Constitución
Política, pues según los alegatos presentados por la sociedad accionante, no se realizó
un adecuado análisis constitucional, jurisprudencial, sustantivo y probatorio, eventos

10El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 5 de agosto de

2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), como
garantía del principio de la seguridad jurídica, acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.
11 El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de

2012, C.P. María Elizabeth García, expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01 (IJ),unificó su
jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso
a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello
los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.

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que conducirían a encontrar lesivas sus garantías fundamentales, en caso de
encontrarse acreditados.

2.5.2. Sobre la procedencia del amparo invocado

2.5.2.1. Planteamiento del caso

Insiste la sociedad accionante, en sede de impugnación, en el hecho de que el Tribunal
accionado no analizó en debida forma la aplicación del principio de favorabilidad para
efectos de determinar la pérdida de competencia del Ministerio del Trabajo para
resolver el recurso de apelación interpuesto en contra del acto administrativo que lo
sancionó por incumplimiento de normas de salud ocupacional, al configurarse el
fenómeno de la caducidad de la facultad sancionatoria, puesto que resolvió el recurso
después de seis años, y no en el término de uno. Ello, dando aplicación al artículo 38
del CCA —dada la transición y vigencia prevista en el artículo 308 del CPACA, cuando lo
procedente era dar extensión al artículo 52 de este último estatuto, por ser más
benigno para el caso.

Para soportar su tesis, alega que el juez colegiado incurrió: i) en violación directa de la
Constitución, al no aplicar al caso el artículo 52 del CPACA, de conformidad con lo dicho
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto de la aplicación del principio
de favorabilidad en las actuaciones administrativo sancionatorias; ii) en
desconocimiento de precedente jurisprudencial, al no tomar en cuenta los
pronunciamientos del Consejo de Estado en torno a la aplicación del principio de
favorabilidad; iii) en defecto sustantivo, al no realizar una aplicación sistemática de la
normativa utilizada en el caso; y iv) en defecto fáctico, al no valorar en debida forma el
expediente administrativo que da cuenta que dentro del proceso administrativo se
desconocieron sus derechos de audiencia y defensa, al no haberse brindado las
oportunidades para conocer y controvertir la querella.

2.5.2.2. Criterios para determinar la existencia de los defectos violación directa
de la Constitución, desconocimiento de precedente, sustantivo y fáctico

2.5.2.2.1. Violación directa de la Constitución

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La jurisprudencia constitucional ha señalado que se configura esta causal cuando un
juez ordinario adopta una decisión que desconoce la Carta Política, ya sea porque deja
de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto o porque aplica la ley al
margen de los dictados de la Carta. En el primer evento, la Corte ha dispuesto que
procede la tutela i) cuando en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una
disposición legal de conformidad con el precedente constitucional; ii) cuando se trata
de un derecho fundamental de aplicación inmediata; y iii) cuando el juez en sus
resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de
interpretación conforme con la Constitución12; y en el segundo evento, ha afirmado que
el juez debe tener en cuenta en sus fallos que la Constitución es norma de normas y,
por lo tanto, debe aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia a las
legales mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad13.

La violación directa de la Constitución ha sido tratada como una causal específica
autónoma de procedencia del amparo en contra de una decisión judicial —pese a tener
una relación directa con otros yerros tales como el sustantivo o el desconocimiento del
precedente jurisprudencial— dado el valor normativo que tiene la Constitución Política,
definido en su artículo 4 como «norma de normas», de manera que sus mandatos y
previsiones son de aplicación directa por la distintas autoridades, y en algunos
eventos, por los particulares.

2.5.2.2.2. Desconocimiento del precedente

2.5.2.2.2.1. Precedente constitucional

Esta causal de procedibilidad se justifica a partir del artículo 241 Constitucional, a partir
del cual se le confía a la Corte Constitucional la guarda de la integridad y supremacía
de la constitución; por tanto, se predica únicamente de los pronunciamientos emitidos
por la Corte Constitucional14 y se presenta cuando el funcionario judicial, al resolver un
caso concreto, se aparta de la interpretación sostenida por la Corte15.

12 Sentencia SU-198 de 2013.
13 Ibídem.
14 Ver más en sentencia T-369 de 2015.
15 Ver más en sentencia SU-640 de 2008.

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El desconocimiento de precedente jurisprudencial constitucional puede alegarse, tanto
en sede de control abstracto como en sede de control concreto de constitucional, no
solo porque se debe reconocer que la Constitución es norma superior, sino para
garantizar el derecho a la igualdad de los administrados.16 En tratándose de los fallos
de control abstracto de constitucionalidad, por cuanto la decisión hace tránsito a cosa
juzgada constitucional, evento a partir del cual se ha reconocido su carácter vinculante,
obligatorio y de fuente de derechos; y, en sede de control concreto, por cuanto aunque
en principio tiene efectos inter partes, en ocasiones pueden hacerse extensivos al
resultar relevantes para la unidad y la armonía del ordenamiento jurídico.

Cuando se trata de sentencias de control abstracto de constitucionalidad y de
unificación de tutela, basta una decisión para que exista un precedente, toda vez que
las primeras determinan la coherencia de una norma con la Constitución Política y, las
segundas, unifican el alcance e interpretación de un derecho fundamental para casos
que tengan un marco fáctico similar y compartan problemas jurídicos.

En relación con el precedente jurisprudencial en materia de tutela se ha reconocido el
valor vinculante [de las decisiones adoptadas por la Sala Plena como por las Salas de
revisión], cuando se trata de una línea jurisprudencial constante y uniforme respecto
de problemas jurídicos análogos con presupuestos fácticos idénticos. 17

Esto, por cuanto aunque tienen efectos inter partes, es decir, que la tutela no tiene
efectos más allá del caso objeto de controversia, ocurre diferente con la ratio decidendi,
pues esta define frente a una situación fáctica determinada, la correcta interpretación
y, por ende, la correcta aplicación de una norma18. Por lo que en aras de garantizar el
derecho a la igualdad y al debido proceso, la ratio decidendi se convierte en obligatoria,
para todos los casos que se subsuman dentro de la hipótesis prevista en la regla
judicial.

Ahora bien, se desconoce el precedente constitucional, entre otras hipótesis, cuando
i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles; ii) se

16 Ver más en sentencia T-270 de 2013.
17 A-131 de 2001 y A-153 de 2015.
18 Sentencia C-539 de 2011.

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contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad,
especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que
debe acogerse a la luz del Texto Superior; iii) se desconoce la parte resolutiva de una
sentencia de exequibilidad condicionada; o iv) se desconoce el alcance de los
derechos fundamentales fijado a través de la ratio decidendi de sus sentencias de
control de constitucionalidad o de revisión de tutela.19

La Corte ha sintetizado las premisas bajo las cuales se debe interpretar una decisión
judicial acusada de incurrir en tal defecto, en los siguientes términos: i) determinar la
existencia de un precedente o de un grupo de precedentes aplicables al caso concreto
y distinguir las reglas decisionales contenidas en estos precedentes; ii) comprobar que
el fallo judicial impugnado debió tomar en cuenta necesariamente tales precedentes
pues de no hacerlo incurriría en un desconocimiento del principio de igualdad; iii)
verificar si el juez tuvo razones fundadas para apartarse del precedente judicial por
encontrar diferencias fácticas entre el precedente y el caso analizado, o por considerar
que la decisión debería ser adoptada de otra manera para lograr una interpretación
más armónica en relación con los principios constitucionales, y más favorable a la
vigencia y efectividad de los derechos fundamentales, de acuerdo con el principio pro
homine.20

Ello no implica, en todo caso, que la obligación de acoger el precedente constitucional
coarte la libertad del juez o la autonomía judicial, pues existe la posibilidad para los
operadores judiciales de apartarse del precedente constitucional si cumple con los
requisitos establecidos para ello, esto es, siempre que cumpla con una carga
argumentativa adecuada y suficiente que justifique su actuar, evento que en palabras
de la Corte, puede darse: «cuando se verifica que existen hechos en el proceso que
hacen inaplicable el precedente al caso concreto», o que «existan elementos de juicio
no considerados en su oportunidad por el superior, que permitan desarrollar de manera
más coherente o armónica la institución jurídica».21

2.5.2.2.2.2. Precedente jurisprudencial

19 Sentencia SU-091 de 2016. Cfr. Sentencias T-1092 de 2007 y T-656 de 2011.
20 Sentencia T-351 de 2011. Reiterada en la sentencia SU-091 de 2016.
21 Ver sentencias T-566 de 1998, T-439 de 2000 y T-569 de 2001.

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La Corte Constitucional ha sostenido que este defecto se configura cuando se
desconoce aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con
un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de patrones fácticos problemas
jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la
controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.22

De igual forma, ha diferenciado dos clases de precedentes teniendo en cuenta la
autoridad que profiere la providencia previa, así: precedente horizontal, que hace
referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el
mismo operador judicial; y, precedente vertical, que se relaciona con los lineamientos
sentados por las instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de
la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional. 23

Para la mayoría de asuntos, el precedente vertical que deben seguir los funcionarios
judiciales lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado, como
órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción;24 y en los casos en los que no
son susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas, son los tribunales
los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los operadores judiciales
inferiores.25

Los jueces tienen como deber de obligatorio cumplimiento el de acoger las decisiones
proferidas por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones, cuando éstas
constituyan precedentes, y/o sus propias decisiones en casos idénticos; regla que solo
permite excepción, cuando el caso presenta situaciones no analizadas con
anterioridad en otros fallos judiciales.

Las autoridades judiciales pueden apartarse de los precedentes judiciales en atención
a su autonomía y a su independencia, siempre que se atiendan las siguientes reglas:
«i) debe hacer referencia al precedente que abandona, lo que significa que no puede
omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido (principio de

22Sentencias T-794 de 2011, T-1317 de 2001 y T-292 de 2006, entre otras.
23Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011, T-209 de 2011.
24Corte Constitucional, sentencias T-123 de 1995, T-766 de 2008 y T-794 de 2011.
25Corte Constitucional, sentencias T-211 de 2008, T-161 de 2010 y T-082 de 2011.

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transparencia). ii) En segundo lugar, debe ofrecer una carga argumentativa seria,
mediante la cual explique de manera suficiente y razonada los motivos por los cuales
considera que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas
por un juez de igual o superior jerarquía (principio de razón suficiente)»26

2.5.2.2.3. Defecto material o sustantivo

La Corte Constitucional ha establecido que el llamado «defecto sustantivo» parte del
reconocimiento de que la competencia asignada a las autoridades judiciales para
interpretar y aplicar las normas jurídicas, fundada en el principio de autonomía e
independencia judicial, no es en ningún caso absoluta. En consecuencia, se
materializa cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable
al caso concreto.27

En diferentes decisiones, la Corte ha recogido los supuestos que pueden configurar
este defecto. Así, en las sentencias SU-168 de 2017 y SU-210 de 2017, se precisaron
las siguientes: i) cuando existe una carencia absoluta de fundamento jurídico. En este
caso la decisión se sustenta en una norma que no existe, que ha sido derogada, o que
ha sido declarada inconstitucional; ii) la aplicación de una norma requiere
interpretación sistemática con otras que no son tenidas en cuenta y resultan
necesarias para la decisión adoptada; iii) por aplicación de normas constitucionales
pero no aplicables al caso concreto. En este evento, la norma no es inconstitucional
pero al ser aplicada al caso concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo
que debe ser igualmente inaplicada; iv) porque la providencia incurre en incongruencia
entre los fundamentos jurídicos y la decisión. Esta situación se configura cuando la
resolución del juez no corresponde con las motivaciones expuestas en la providencia;
v) al aplicar una norma cuya interpretación desconoce una sentencia de efectos erga
omnes. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido contraría la ratio decidendi
de una sentencia que irradia sus efectos a todo el ordenamiento jurídico; vi) por
aplicación de normas abiertamente inconstitucionales, evento en el cual, si bien el

26Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011 y T-082 de 2011.
27Corte Constitucional, sentencia SU-632 de 2017.

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contenido normativo no ha sido declarado inexequible, este es abiertamente contrario
a la constitución.28

En igual sentido, se ha señalado que una autoridad judicial puede incurrir en defecto
sustantivo por «interpretación irrazonable», en al menos dos hipótesis: i) cuando le
otorga a la disposición jurídica un sentido y alcance que esta no tiene (contraevidente);
o ii) cuando le confiere a la disposición infraconstitucional una interpretación que en
principio resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece, pero
que en realidad contraviene postulados de rango constitucional o conduce a resultados
desproporcionados.29

2.5.2.2.4. Defecto fáctico

La Corte señaló en la sentencia C-590 de 2005 que el defecto fáctico surge cuando
«el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión», concepción doctrinal que ha sido ampliamente
desarrollada por la jurisprudencia constitucional30, a partir de la cual se ha señalado
que este supuesto de procedibilidad es uno de los más exigentes para su
comprobación como causal de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, toda vez que la valoración probatoria es uno de los campos donde se
expresa en mayor medida el ejercicio de la autonomía e independencia judicial.

Bajo este contexto, refirió de manera primigenia tres casos31 que daban origen al
defecto fáctico; sin embargo, a modo de desarrollo jurisprudencial se han planteado la
existencia de dos dimensiones que dan origen al defecto, que a su vez se traducen en
otras modalidades de configuración, agrupadas en la sentencia T-923 de 2013, de la
siguiente forma:

Dimensión negativa, que ocurre por la valoración defectuosa del material probatorio
debidamente allegado al plenario, que se presenta cuando el funcionario judicial: i)

28Ibídem.
29Ibídem.
30SU-159 de 2002, T-102 de 2006, T-310 de 2009 y T-923 de 2013, entre otras.
31i) omisión en el decreto y práctica de las pruebas; ii) valoración errada de las mismas; y iii) valoración

de las que resultan nulas de pleno de derecho.

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niega la práctica del medio probatorio solicitado, ii) no ordena el que debía recaudar
de oficio u, iii) omite la valoración de elementos de juicio determinantes para identificar
la veracidad de los hechos analizados y sin razón valedera da por no probado el hecho
o la circunstancia que de ella emerge.

Dimensión positiva, por desconocimiento de las reglas de la sana crítica en la
apreciación de los medios de prueba que conducen a valorarlos de manera arbitraria,
irracional y caprichosa, que se da cuando el funcionario judicial: i) fundamenta su
determinación en elementos de juicio que no le es permitido considerar porque fueron
indebidamente recaudados, son totalmente inconducentes al caso concreto, o se trata
de pruebas nulas de pleno derecho y, del mismo modo, y/o ii) apoya la decisión judicial
en material probatorio que no permite llegar a la certeza sobre el supuesto fáctico del
cual parte la conclusión del fallador.

De esta forma, ha concluido que para que el yerro en la apreciación probatoria
configure un defecto fáctico «el error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de
tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una
incidencia directa en la decisión».32

2.5.2.3. Caso concreto

Pues bien, revisada la providencia objeto de censura la Sala advierte que en el caso
no se configuran los defectos endilgados, según se pasa a explicar:

2.5.2.3.1. Respecto de las causales violación directa de la Constitución y
desconocimiento de precedente

En el sub judice se cuestiona el hecho de que el Tribunal no aplicó el artículo 52 del
CPACA, de conformidad con lo dicho por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y

del Consejo de Estado respecto de la aplicación del principio de favorabilidad en las
actuaciones administrativo sancionatorias.

32 SentenciasT-567 de 1998, T-310 de 2009 y T-590 de 2009, entre otras.

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Pues bien, en la providencia cuestionada el Tribunal señaló que como quiera que el
proceso que debe seguir el Ministerio del Trabajo para imponer válidamente una
sanción administrativa no está regulado en alguna ley especial había que remitirse a
las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo —Ley 1437 de 2011— y, para casos anteriores a la vigencia de esta
norma, al Código Contencioso Administrativo —Decreto 01 de 1984—.

Así, al analizar el cargo de aplicación del principio de favorabilidad, para efectos de
determinar la pérdida de competencia del Ministerio del Trabajo al resolver el recurso
de apelación, la Sala de decisión presentó los siguientes considerandos:

Precisa la parte demandante que si bien la querella y la investigación administrativa
tuvieron origen cuando se encontraba vigente el artículo 38 del Decreto 01 de 1984,
según el cual las autoridades administrativas tenían 3 años para imponer sanciones, al
cabo de 3 años de producido el acto que las pudiera ocasionar, lo cierto es que con la
entrada en vigencia del CPACA (artículo 52) es deber de la administración revocar la
sanción impuesta contra Cementos Argos, pues si bien en dicha norma se dio
continuidad al fenómeno de la caducidad, también en ella se indicó que luego de
interpuestos los recursos en contra de un acto sanción se tendría solo un año para
decidirlos, so pena de entenderse fallados a favor del recurrente; situación que en su
caso se configuró, en lo que respecta a la decisión del recurso de apelación presentado
en contra de la Resolución n°. 0183 del 27 de julio de 2011.

Es decir, habiéndose recurrido la citada resolución el 5 de septiembre de 2011, no es de
recibo que solo hasta el 22 de septiembre de 2017, esto es, más de 6 años después, se
hubiese notificado el acto administrativo que dispusiera la confirmación de la sanción.

Frente a tal cargo esta Sala comparte el criterio del a quo referente a que al presente
asunto no resulta aplicable el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, invocado por
favorabilidad por la parte actora, ya que el proceso sancionatorio que aquí se revisa se
inició con una querella presentada por el Sindicato SUTIMAC el día 25 de enero de 2010,
esto es, cuando se encontraba vigente el Código Contencioso Administrativo (Decreto
01 de 1984), incluso, véase que cuando fue interpuesto recurso de reposición y en
subsidio apelación —5 de septiembre de 2011—, aún no había entrado en vigencia la
Ley 1437 de 2011, la cual tan solo entró a regir el 2 de julio del año 2012, tal y como se
dispuso en su artículo 308:

ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente código comenzará a
regir el dos (2) de julio del año 2012.

Este código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas
que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con
posterioridad a la entrada en vigencia.

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán
de conformidad con el régimen jurídico anterior.

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En ese sentido, no es de recibo la postura de la parte demandante para pretender que
se declare la caducidad de la facultad sancionatoria, invocando la aplicación al principio
de favorabilidad, dado que la regla de vigencia de la Ley 1437 de 2011 lo impide de
manera meridiana.

Ahora bien, arguye la recurrente que si en gracia de discusión se aceptara que no resulta
procedente dar aplicación al artículo 52 del CPACA, lo cierto es que por haber demorado
más de 6 años para resolver el recurso de apelación se incurre en una violación al debido
proceso constitucional y al derecho de defensa y contradicción, lo que conlleva a la
declaratoria de nulidad de los actos acusados.

Al respecto se señala, que si bien es cierto transcurrió un tiempo considerable entre la
fecha de interposición de los recursos hasta la fecha de resolución de la apelación, lo
cierto es que ello no es motivo suficiente para declarar la nulidad de los actos acusados,
máxime cuando no se trae ni se encuentra fundamento legal o jurisprudencial al
respecto. Así las cosas, se confirma la negativa del cargo invocado. [Se resalta]

Se aprecia del aparte transcrito que el Tribunal Administrativo de Sucre explicó las
razones por las cuales, legalmente, no era procedente aplicar al caso las normas del
CCA, esto es, porque era del caso atender el régimen de transición y vigencia dispuesto

en el CPACA, y, además, refirió que al plenario no se allegó fundamento legal ni
jurisprudencial que permitiera soportar su pretensión.

De esta forma, la presente Sala de decisión procedió a revisar el escrito de apelación
presentado por el apoderado de la Sociedad Cementos Argos S. A., en contra de la
sentencia de primera instancia, evidenciando que este se soportó en dos alegatos: El
primero, en que «el Consejo de Estado ha reconocido la aplicación del mencionado
principio dentro de los procedimientos sancionatorios seguidos por las autoridades
administrativas como un elemento integral del debido proceso y, por ende, el derecho
de defensa de todo investigado por la administración», trayéndose como referentes i)
la sentencia del 12 de abril de 1985 proferida por la Sección Cuarta en el expediente
10850, ii) el concepto 1454 del 16 de octubre de 2002 de la Sala de Consulta y Servicio
Civil, y iii) la sentencia del 3 de mayo de 2016 emitida por la Sala Especial de Decisión
n°.19, en el expediente con radicación 11001-03-15-000-2000-00468-00 (S). En
segundo, que la Corte Constitucional en las sentencias C-922 de 2001 y C-022 de
2003 se pronunció sobre la aplicación del principio de favorabilidad, la última,
específicamente, en materia sancionatoria, y que en la Sentencia C-875 de 2011,
analizó el alcance y constitucionalidad del artículo 52 del CPACA.

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Tales pronunciamientos fueron referenciados, integralmente, en el libelo introductorio
de tutela y que el a quo procedió a analizar encontrando que estos no constituían
precedente para el caso, puesto que en ninguno de ellos se resolvió sobre la aplicación
del principio de favorabilidad en normas procedimentales, lo cual esta Sala procede a
confirmar, pues, luego de su revisión, sin ser necesario traer de referente cada uno los
radicados, ya que de ello se encargó el a quo, puede advertirse que, en efecto, la
aplicación del principio de favorabilidad frente a cambios normativos se dio en torno a
normas de carácter sustantivo y no procedimental.

En tal sentido, se puede concluir que, aunque es cierto que el Tribunal no se pronunció
de manera explícita sobre la jurisprudencia traída de referente por el apoderado de la
demandante, si señaló de manera explícita, al referirse a la aplicación del principio de
favorabilidad, que «no se trajo ni se encontró fundamento legal o jurisprudencial al
respecto», lo cual es cierto, según se explicó de manera antecedente.

De esta forma, la Sala no advierte configurado el defecto violación directa de la
Constitución, pues en la solución del caso no se dejó de interpretar y aplicar el artículo
52 del CPACA, de conformidad con el precedente constitucional, en tanto, como se vio,
la jurisprudencia de la Corte constitucional traída por el accionante no avala la
aplicación del principio de favorabilidad en tratándose de normas de carácter
procedimental; e igual ocurre con el cargo de desconocimiento de precedente
jurisprudencial, pues en ninguno de los pronunciamientos emitidos por el Consejo de
Estado se planteó la teoría del caso expuesta por el apoderado de la sociedad
accionante, a más de que los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil no
tienen el carácter de precedente jurisprudencial.

2.5.2.3.2. Respecto de la causal defecto sustantivo

Se alega en lo referente que el Tribunal no utilizó una hermenéutica sistemática de la
normativa a aplicar, pues se limitó a aplicar el artículo 38 del CCA, dada la transición y
vigencia prevista en el artículo 308 del CPACA, y no el artículo 52 de este último estatuto,
sin tener en cuenta el cumplimiento de las garantías del debido proceso, a la luz de la
constitucionalización del derecho y el rol que tiene el juez en un Estado Social de

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Derecho, por lo que no le asiste razón para no declarar la caducidad de la facultad
sancionatoria del Ministerio del Trabajo.

Si bien es cierto uno de los supuestos a partir de los causales se configura el defecto
sustantivo se da «cuando la aplicación de una norma requiere interpretación
sistemática con otras que no son tenidas en cuenta y resultan necesarias para la
decisión adoptada», esta causal opera en tratándose de normas vigentes y no en
aplicación retroactiva, dada la regla de aplicación de la ley en el tiempo, según lo
explicó el a quo. En tal sentido, lo que se aprecia del alegato del apoderado de la parte
actora es un afán de demostrar, a toda costa, la aplicación de normas procesales que
perdieron vigencia, sin traer justificación legal ni jurisprudencial ajustable
específicamente al caso.

Sumado a lo anterior, se encuentra de la sola lectura de la sentencia de segunda
instancia —objeto de cuestionamiento— que la decisión fue debidamente motivada,
que el sustento en el que se cimentó la decisión fue pertinente y que se abordó con
suficiencia el problema jurídico que se determinó en primera instancia en conjunto con
el estudio detallado de los argumentos de la apelación, sin incurrir en «irregularidades
sustantivas» tal como afirma la parte actora, por lo que no se advierte la configuración
de un defecto sustantivo en el asunto.

2.5.2.3.3. Respecto de la causal defecto fáctico

Se alega que juez colegiado no revisó adecuadamente la actuación administrativa
adelantada por el Ministerio del Trabajo, pues aunque señaló que a la sociedad se le
concedieron las oportunidades para garantizar sus derechos de contradicción y
defensa, por el hecho de que se profirió auto mediante el cual se avocó conocimiento
del asunto y se inició con la investigación administrativa laboral, no se especificaran
cuáles fueron las oportunidades procesales en que se concedieron tales garantías. En
el análisis del caso, se echa de menos i) una comunicación o traslado formal de la
querella y la concesión de un término prudencial para contestarla, solicitar y aportar
pruebas, ii) una delimitación o calificación previa de las conductas y normativa
presuntamente trasgredida, iii) una oportunidad para, con base en los hechos y
fundamentos de la investigación, solicitar y aportar pruebas o iv) una oportunidad o

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traslado para pronunciarse sobre el material probatorio finalmente recaudado en
relación con la investigación cursada, entre otras.

Asimismo, que aunque el Tribunal argumentó que pese a la inexistencia de etapas
para pronunciarse respecto de las pruebas y/o contradecirlas, el proceso
administrativo sancionatorio adelantado por el Ministerio mantuvo la razonabilidad de
la actuación administrativa, se ignoró que el procedimiento administrativo
sancionatorio tuvo un completo desconocimiento del derecho de defensa y
contradicción, y que el recurso de apelación presentado en contra de la Resolución
0183 de 2011 fue resuelto después de seis años de haber sido interpuesto, con pleno
desconociendo del principio de celeridad establecido el CCA.

Pues bien, en lo referente al cargo de afectación de los derechos al debido proceso,
defensa y contradicción, el Tribunal refirió lo siguiente:

Manifiesta la demandante que los actos administrativos acusados fueron expedidos con
desconocimiento del derecho de audiencia, defensa y del debido proceso, pues la
Inspectora de Trabajo, sin acreditar comisión alguna, decide avocar la investigación y
decretar pruebas sin dar traslado formal a la empresa de la querella formulada, a fin de
que ejerciera su derecho de defensa y contradicción; y posteriormente, sin que mediara
otro tipo de actuación, procede a proferir la Resolución n°. 0183 de 2011, mediante la
cual le impone sanción. Así, entonces, dice que no se le dio la oportunidad de contestar
la querella, de solicitar o aportar pruebas que desvirtuaran las acusaciones, ni de
presentar unos alegatos de conclusión.

Pues bien, revisado el procedimiento administrativo sancionatorio seguido por el
Ministerio del Trabajo contra Cementos Argos S. A., NO se advierte la alegada
transgresión a los derechos invocados, si se tiene en cuenta que dicho procedimiento
inició con la querella formulada por el sindicato, procediendo la Inspectora de Trabajo de
Tolú a proferir el auto n°. 01 del 1º de febrero de 2010, mediante el cual avoca el
conocimiento e inicia la correspondiente investigación administrativa laboral contra
Cementos Argos, por presunto incumplimiento de normas de salud ocupacional, y
decreta la práctica de pruebas; auto que fue de conocimiento del representante legal de
la empresa cuando fue citado a interrogatorio.

Igualmente, se advierte que dentro del trámite del proceso sancionatorio se recibió el
interrogatorio del gerente de Planta de Cementos Argos S. A. y la declaración
juramentada de la jefe de Seguridad y Salud Ocupacional de Cementos Argos S. A.,
quien, a su vez, tuvo la oportunidad de presentar prueba documental relacionada con el
resultado de mediciones ambientales y socialización de este.

Igualmente se avizora, que se realizó una visita del programa de salud ocupacional a la
empresa Cementos Argos S. A., el día 30 de abril de 2010 por parte de la Inspección del
Trabajo de Tolú.

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Conforme el anterior recuento, se estima que a la empresa demandante sí se le dio la
oportunidad de defensa y contradicción, materializando tales derechos en la posibilidad
de pronunciarse frente a la querella y la recolección efectiva de las pruebas practicadas,
que luego de ser valoradas conllevaron a la sanción que le fue impuesta a la empresa
demandante, sanción respecto de la cual la querellada tuvo la oportunidad de interponer
recurso de reposición y en subsidio de apelación, siendo resueltos y notificadas tales
decisiones.

Así, entonces, se considera que, en el procedimiento sancionatorio seguido contra
Cementos Argos, bajo las directrices contenidas en el Decreto 01 de 1984, se respetaron
las garantías mínimas al concederse la oportunidad de ejercer su derecho de
contradicción y defensa, por lo cual no se prevé la alegada afectación al debido proceso.

Valga precisar, que el anterior código no traía un procedimiento como el establecido
puntualmente por el CPACA para este tipo de trámites, por ello, no es posible que se exija
el curso de una actuación conforme lo plantea la entidad recurrente. Y si bien es cierto
la razonabilidad así lo indica, a la luz del ordenamiento jurídico y, especialmente, de los
principios que lo guían, lo actuado no desatiende tal criterio de razonabilidad en pro de
la defensa y contradicción de la sanción impuesta.

Igualmente, se precisa que no toda irregularidad del proceso apareja la afectación del
derecho fundamental al debido proceso, ya que solo aquellas sustanciales tendrían la
virtualidad de viciar por nulidad los actos administrativos de tipo sancionatorio, razón
suficiente para señalar que el cargo enunciado no prospera.

Se extrae del aparte antecedente que, al analizar el cargo, el Tribunal procedió a
revisar la actuación administrativa adelantada en contra de Cementos Argos S. A.,
determinando de manera específica las ocasiones en las que la empresa intervino en
ella y, a partir de dicho derrotero, encontró que a la sociedad «se le dio la oportunidad
de defensa y contradicción, materializando tales derechos en la posibilidad de
pronunciarse frente a la querella y la recolección efectiva de las pruebas practicadas».

Asimismo, explicó que si bien el CCA no traía un procedimiento como el establecido
puntualmente por el CPACA, resaltó que no era posible exigir el curso de una actuación
conforme lo planteaba la entidad recurrente, puesto que lo actuado no desatendió el
criterio de razonabilidad en pro de la defensa y contradicción de la sanción impuesta,
a más de que solo las irregularidades sustanciales son las que pueden viciar por
nulidad los actos administrativos de tipo sancionatorio.

De esta forma, lo que se extrae del asunto es que el apoderado de la parte actora está
inconforme con la lógica y estudio dado por el fallador y utiliza la acción de tutela para
insistir en el análisis que, en su juicio, es el que se debe dar en torno de las actuaciones
adelantadas en el procedimiento administrativo sancionatorio, estudio que le está

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completamente vedado realizar al juez constitucional, toda vez que el mecanismo de
amparo no es una instancia adicional para requerir un nueva revisión de las pruebas
obrantes en el juicio ordinario.

Los planteamientos del apoderado de la sociedad accionante lo que pretenden es
reabrir el debate probatorio sentado en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, pues replica en tutela lo alegado en sede ordinaria, cuando lo cierto es que
el Tribunal analizó expresamente el cargo, encontrando que no existió vulneración
alguna del derecho al debido proceso, junto con sus corolarios de defensa y
contradicción.

La valoración efectuada por el Tribunal lejos de constituir un defecto fáctico,
corresponde a la manifestación de la autonomía e independencia judicial de que gozan
los jueces al analizar el material probatorio puesto a su disposición, que como lo ha
fijado la Corte Constitucional es el «campo en el que la independencia del juez se
mantiene con mayor vigor […].

Ello, por cuanto el juez de la causa es el que puede apreciar y valorar de la manera
más certera el material probatorio que obra dentro de un proceso», sin que al juez de
tutela le esté permitido «convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto», como lo
pretende la parte actora. De aquí que tampoco se advierta configurado el defecto
factico invocado.

3. Conclusión

Con los anteriores argumentos la Sala encuentra que, al efectuar el estudio del caso,
el Tribunal no incurrió en los defectos endilgados que habiliten la procedencia del
amparo deprecado, por lo que los considera infundados y, en tal sentido, confirmará
la sentencia impugnada que denegó el amparo invocado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

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F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del 23 de octubre de 2023, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que negó el amparo de los derechos
fundamentales invocados, de acuerdo con lo expuesto en este proveído.

Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
consejero de Estado

JOSÉ ASCENSIÓN FERNÁNDEZ OSORIO
conjuez

MIGUEL ARCÁNGEL VILLALOBOS CHAVARRO
conjuez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

YASM

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