Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04966-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-04966-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04966-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-04966-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
19 de octubre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04966-00
Demandante: Lina Clemencia Duque Sánchez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04966-00
Demandante: LINA CLEMENCIA DUQUE SÁNCHEZ
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ESCUELA JUDICIAL
RODRIGO LARA BONILLA
Temas: Convocatoria 27. Acto que denegó homologación de nota de curso
para carrera judicial
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Lina Clemencia Duque Sánchez
contra el Consejo Superior de la Judicatura, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 13 de septiembre de 2023, en ejercicio de la acción de tutela, Lina Clemencia Duque
Sánchez pidió la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad.
A juicio del demandante, la vulneración se presenta con ocasión de las Resoluciones
No. EJR23-173 del 23 de junio de 2023 y EJR23-285 del 31 de agosto de 2023,
expedidas por la directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que homologaron
el curso de formación judicial de que trata la Convocatoria 27, pero sin aplicar la nota
de calificación de servicios obtenida como procuradora judicial.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. Que se amparen mis derechos constitucionales a la Igualdad y al debido proceso por la
vulneración que se advierte en las Resoluciones EJR23-173 y EJR23-285 proferidas por el
Consejo Superior de la Judicatura, escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, por haber negado mi
petición de tener en cuenta mi última calificación de servicios como Procuradora Judicial 180 para
asuntos administrativos y en calidad de funcionaria de carrera, como factor sustitutivo de
evaluación del IX curso de formación judicial inicial, al igual que a los Jueces de la Republica.
2. Que en garantía de los derechos fundamentales invocados se le ordene al Consejo Superior
de la Judicatura, Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” que proceda a tomar mi última calificación
de servicio en firme, que obtuve como procuradora Judicial para asuntos administrativos,
correspondiente a novecientos sesenta y cuatro puntos (964), como factor sustituto de
evaluación del IX curso de formación judicial inicial y me aplique ese puntaje, dado que ya
adelanté el curso de formación judicial en la convocatoria 22 pasada, tal como lo acredité en el
trámite administrativo. De conformidad con el artículo 280 de la constitución política de Colombia,
el parágrafo del artículo 160 de la ley 270 de 1996 y el artículo 23 del Acuerdo 034 de 1994 del
Consejo Superior de la judicatura.
3. Que se aplique la excepción de inconstitucionalidad de la expresión “judiciales” en el párrafo 2
del numeral 3, capítulo V del Acuerdo PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019 que señala:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04966-00
Demandante: Lina Clemencia Duque Sánchez
“…Por lo tanto, los discentes que sean o hayan sido funcionarios/as judiciales de carrera,
podrán solicitar la exoneración del IX Curso de Formación Judicial Inicial y en tal caso se
tomará la última calificación de servicio como sustitutiva de evaluación para las dos (2)
subfases, siempre que sea superior a 80 puntos.” (subraya y negrilla por fuera de texto).
4. Que se amparen los demás derechos fundamentales que se adviertan vulnerados en el
presente tramite constitucional.
3. Hechos
Del expediente y del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
Mediante Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, el Consejo Superior de
la Judicatura convocó a concurso de méritos para la provisión de los cargos de
funcionarios de la Rama Judicial.
La señora Lina Clemencia Duque Sánchez se postuló al cargo de magistrada de
tribunal administrativo y aprobó las etapas de prueba de conocimientos y de
verificación de cumplimiento de requisitos mínimos. Por consiguiente, se encuentra en
estado admitida y accedió a la etapa correspondiente al curso de formación judicial.
El 28 de abril de 2023, en etapa de homologaciones1 y exoneraciones2, Lina Clemencia
Duque Sánchez solicitó lo siguiente:
(i) Exoneración del curso de formación judicial para jueces y magistrados de la
Rama Judicial y adoptar como calificación de dicho curso la nota obtenida
en la última calificación de servicios obtenida como procuradora judicial para
asuntos administrativos (964 puntos).
(ii) De manera subsidiaria, homologar el curso de formación judicial que aprobó
en el marco de la Convocatoria 22, en el que obtuvo (894.68 puntos). Que
«la homologación se realice para ser aplicada en el IX curso de formación
judicial inicial que se realizará en virtud de la convocatoria 27 para jueces y
magistrados y que en caso de no asignarse mi calificación de servicios como
procuradora judicial con el puntaje de 964 puntos se asigne el de 894.68».
Por Resolución EJR23-173 del 23 de junio de 2023, la directora de la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla homologó el curso realizado en el marco de la Convocatoria 22,
con nota de 894.68. Sin embargo, se denegó la solicitud de exoneración y la aplicación
de la nota obtenida en la calificación de servicios como procuradora judicial, pues se
trata de un beneficio previsto sólo para funcionarios judiciales.
La señora Duque Sánchez interpuso recurso de reposición, pues, a su juicio, de
conformidad con los artículos 280 de la Constitución Política y 160 de la Ley Estatutaria
de Administración de Justicia, todos los funcionarios de carrera tienen derecho a la
exoneración y a la aplicación de la nota obtenida por calificación de servicios.
Por Resolución EJR23-285 del 31 de agosto de 2023, la directora de la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla confirmó la decisión de denegar la exoneración del curso de
formación judicial y la aplicación de la nota obtenida por la actora en la calificación de
servicios como procuradora judicial. En síntesis, advirtió que la exoneración solo está
1 Corresponde a los aspirantes que, sin haber ocupado un cargo de funcionario en carrera judicial, hubiesen cursado
y aprobado un curso de formación judicial inicial como etapa de procesos de selección o convocatorias anteriores,
podrán solicitar la homologación y se tomará la calificación obtenida en el curso de formación judicial inicial cursado
como sustituta de las dos (2) subfases, siempre que la calificación sea superior a 800 puntos.
2 Aplica para los aspirantes que sean o hayan sido funcionarios/as judiciales de carrera, que podrán solicitar la
exoneración del IX Curso de Formación Judicial Inicial y, en tal caso, se tomará la última calificación de servicio
como sustitutiva de evaluación para las dos (2) subfases, siempre que sea superior a 80 puntos.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04966-00
Demandante: Lina Clemencia Duque Sánchez
prevista para funcionarios judiciales (jueces y magistrados) y los procuradores
judiciales no lo son, de conformidad con el artículo 125 de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia.
4. Fundamentos de la acción de tutela
La señora Lina Clemencia Duque Sánchez, preliminarmente, adujo que la tutela es
procedente, porque no existe otro mecanismo de defensa, si se tiene en cuenta que la
Resolución No. EJR23-285 del 31 de agosto de 2023 es un acto de trámite y no es
pasible de control judicial; que la actuación administrativa general, asociada al
concurso, no ha concluido, y que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
no es eficaz, pues la decisión tardaría aproximadamente dos años y para ese momento
ya habrá sido dictada la lista de elegibles.
En cuanto al fondo del asunto, la parte actora adujo que el Acuerdo PCSJA19-11400
del 19 de septiembre de 2019 excedió la facultad reglamentaria que ostenta el Consejo
Superior de la Judicatura, pues, a pesar de que el parágrafo del artículo 160 de la Ley
Estatutaria de Administración de Justicia hace referencia general a funcionarios de
carrera, el aludido acuerdo lo limitó a funcionarios de carrera judicial.
Que la facultad reglamentaria del concurso de méritos no puede desconocer las
limitaciones previstas en la Constitución Política y la ley, concretamente el artículo 280
de la Constitución Política de Colombia y el parágrafo del artículo 160 de la ley 270 de
1996.
Que, incluso, el Consejo Superior de la Judicatura no debía reglamentar ese aspecto,
porque ya había sido reglamentado por el parágrafo del artículo 23 del Acuerdo 034 de
1994, que, según dice, determinó que “el puntaje del curso de formación judicial para
quienes desempeñen un cargo de carrera debe ser la última calificación de servicios”.
Que en el recurso de reposición propuesto en el concurso demostró «con los
fundamentos legales y constitucionales que el concepto funcionario no solo es para
jueces, magistrados y fiscales, sino que el CSJ usó el término “funcionarios judiciales”
para limitar, en el concurso público y abierto para seleccionar jueces y magistrados, los
derechos de todos los funcionarios de carrera».
Alegó que el Acuerdo PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019 y la Resolución
No. EJR23-285 del 31 de agosto de 2023 vulneran los derechos fundamentales a la
igualdad y al debido proceso, toda vez que, sin justificación, discriminan a los
funcionarios de carrera. Que el artículo 280 de la Constitución Política señala que los
agentes del Ministerio Público (procuradores judiciales) tendrán los mismos derechos
que los magistrados y jueces. Que, en sentencia C-101 de 2013, la Corte Constitucional
resaltó la equivalencia de derechos entre procuradores judiciales y los jueces y
magistrados, en virtud del artículo 280 constitucional.
Insistió en que el parágrafo del artículo 160 de la Ley Estatutaria de Administración de
Justicia se refiere en general a funcionarios de carrera, esto es, no distingue entre
tipologías de funcionarios de carrera. Que, siendo así, no resulta válida la distinción que
hacen los actos cuestionados frente a los procuradores judiciales de carrera. Que «el
parágrafo del artículo 160 se refiere a los funcionarios de carrera sin que pueda limitar
tal expresión solamente a los jueces y magistrados como lo ha pretendido hacer ver la
entidad accionada».
Que «el Consejo Superior fundamenta su posición en que solo son funcionarios los
jueces, magistrados y fiscales, para lo cual se sustenta en el art. 125 de la ley 270 de
1996, sin hacer un análisis extensivo y sistemático de dicha ley, desconociendo las
normas de la Constitución Política de Colombia y olvidando que una interpretación
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04966-00
Demandante: Lina Clemencia Duque Sánchez
errada de la ley estatutaria, no puede restringir el concepto genérico de funcionario
utilizado por el constituyente de 1991 para referirse a los servidores públicos del país».
5. Trámite procesal
Por auto del 15 de septiembre de 2023, el despacho sustanciador admitió la demanda
de tutela y ordenó notificar, en calidad de demandados, al presidente del Consejo
Superior de la Judicatura y a la directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
Además, en calidad de terceros con interés, fue dispuesta la vinculación de los demás
aspirantes inscritos en la Convocatoria 27, mediante publicación en la página web del
Consejo de Estado y de la Rama Judicial
En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría de esta Corporación practicó las
notificaciones correspondientes por correos electrónicos y aviso del 19 de septiembre
de 2023.
6. Intervenciones
La directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla pidió que se declarara
improcedente la acción de tutela, pues la Resolución EJR23-285 del 31 de agosto de
2023 es un acto definitivo y pasible de control judicial, de conformidad con el artículo
43 de la Ley 1437 de 2011. Que lo cierto es que dicho acto decidió de manera definitiva
una solicitud de exoneración y, en subsidio, de homologación realizada por la actora.
Que, siendo así, la actora puede acudir al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y solicitar medidas cautelares, si lo estima pertinente.
Aseguró que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han limitado la intervención
del juez de tutela en los concursos de méritos, pues, en todo caso, existen mecanismos
judiciales ordinarios. Que la intervención del juez de tutela se limita a los casos en los
que se evidencia perjuicio irremediable, pero eso no ocurre en este caso.
Dijo que la decisión contenida en la la Resolución EJR23-285 del 31 de agosto de 2023
está en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400 del
19 de septiembre de 2019, que regula el IX Curso de Formación Judicial Inicial.
Explicó que no es cierto que la señora Duque Sánchez sea funcionaria judicial de
carrera, toda vez que, de conformidad con el artículo 125 de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, esa categoría corresponde exclusivamente a jueces y
magistrados.
Manifestó que las normas que regulan la Convocatoria 27 fueron expedidas en ejercicio
de la facultad reglamentaria reconocida constitucionalmente al Consejo Superior de la
Judicatura. Que las normas que regulan el concurso son obligatorias, pues no han sido
anuladas o suspendidas. Que, de hecho, esas normas están sustentadas en la
Constitución Política y la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, que define
quienes son funcionarios judiciales de carrera.
Aseguró que «la accionante presenta un falso dilema al realizar una lectura insular del
artículo 280 Constitucional, pasando por alto lo estipulado en el artículo 125 de la Ley
270 de 1996, el cual establece quién es funcionario judicial». Que la demandante realiza
una interpretación aislada de los artículos 280 de la Constitución Política y 160 de la
Ley Estatutaria de Administración de Justicia.
Explicó que, de conformidad con la sentencia C-101 de 2013, la expresión «derechos»
del artículo 280 de la Constitución Política se refiere exclusivamente a derechos
salariales y prestacionales.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04966-00
Demandante: Lina Clemencia Duque Sánchez
Sostuvo que lo expuesto también deja clara la improcedencia de aplicar la excepción
de inconstitucionalidad frente a la expresión «judiciales», contenida en el párrafo 2 del
numeral 3, capítulo V del Acuerdo PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019, pues
no se evidencia una evidente vulneración de la Constitución Política o de la Ley
Estatutaria de Administración de Justicia.
La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura no intervino, pese a que, como
se vio, fue notificada de la admisión de la tutela de la referencia.
II. CONSIDERACIONES
1. Problemas jurídicos y solución
Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si procede la tutela presentada por
la señora Lina Clemencia Duque Sánchez contra los siguientes actos:
(i) El Acuerdo PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019 (por el cual se adopta
el Acuerdo Pedagógico que regirá el “IX Curso de Formación Judicial Inicial para
aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las
especialidades, Promoción 2020-2021).
(ii) La Resolución EJR23-285 del 31 de agosto de 2023, que concedió a la actora la
homologación del curso que realizó en la Convocatoria 22 y denegó la
exoneración y la aplicación de la nota obtenida en la evaluación de desempeño
como procuradora judicial.
La Sala anticipa que la acción de tutela es improcedente frente al Acuerdo PCSJA19-
11400, toda vez que se trata de un acto administrativo de carácter general. Además, en
cuanto a la Resolución EJR23-285 del 31 de agosto de 2023, la tutela será denegada,
porque se limitó a aplicar el Acuerdo PCSJA19-11400 y no se evidencia que vulnere
derechos fundamentales.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a: (i) la subsidiariedad de la acción de
tutela en los concursos de méritos, y (ii) el análisis del caso concreto.
2. La subsidiariedad en los concursos de méritos
En el caso de las acciones de tutela interpuestas en el trámite de los concursos
de méritos, convocados para acceder a cargos públicos, esta Corporación ha
sostenido3 que, por regla general, las decisiones dictadas en los concursos de méritos
son actos administrativos de trámite, expedidos justamente para impulsar y dar
continuidad a la convocatoria. Como se sabe, contra los actos de trámite no proceden
los recursos ni las acciones contencioso-administrativas y, por lo tanto, la tutela se ve
como el remedio judicial idóneo y eficaz para la protección de los derechos
fundamentales de los concursantes. Por consiguiente, la Sección ha estudiado de fondo
las tutelas en las que se discuten decisiones de mero trámite.
3 En efecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en sentencia de AC-00698[1],
sostuvo que “las decisiones dictadas durante un concurso docente son actos de trámite, expedidos dentro de la
actuación propia del mismo y las determinaciones que en ellos se adoptan se hacen justamente para impulsar y dar
continuidad al proceso de las convocatorias, en cumplimiento de los deberes legales de las entidades involucradas.
Contra los actos de trámite no proceden los recursos de la vía gubernativa ni las acciones contencioso-
administrativas, por lo tanto, en el caso objeto de estudio, la actora no cuenta con otros medios de defensa para
lograr la continuidad en el concurso docente y las acciones de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, no
son eficaces para lograr la protección a los derechos fundamentales invocados”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04966-00
Demandante: Lina Clemencia Duque Sánchez
Sin embargo, en los casos en los que han culminado las etapas del concurso y existe
un acto administrativo que establece la lista de elegibles para proveer los cargos
ofertados, esta Sección ha sostenido que la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho sí se erige como el mecanismo judicial idóneo y eficaz para la protección de
los derechos de las personas que se someten a un concurso de méritos4, pues se trata
de un acto administrativo definitivo, que establece el número de plazas a ocupar y el
orden de elegibilidad, según el puntaje. A la misma conclusión ha llegado la Sala frente
a los actos que excluyen a los participantes del concurso de méritos, por cuanto también
se trata de un acto administrativo definitivo5. En esos casos, se ha determinado que la
tutela es improcedente, habida cuenta de que existe otro medio para la protección de
los derechos fundamentales violados o en situación de amenaza: la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho.
En conclusión, la acción de tutela es procedente contra las decisiones que se dicten en
un concurso de méritos, siempre que se trate de actos de trámite. Empero, si se discute
una decisión definitiva (como el acto que contiene el registro de elegibles o el acto que
excluye a un participante de un concurso, por ejemplo) la acción de tutela es
improcedente, porque existen otros medios de defensa judicial, como los medios de
control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en los que se puede hacer
uso de las medidas cautelares.
No sobra advertir que, en materia de concursos de méritos, la competencia del juez de
tutela es extremadamente restringida. Por eso, debe ser cuidadoso en examinar la
vulneración de los derechos fundamentales de los concursantes. Solo en los casos en
que aparezca bien probada la vulneración o amenaza puede adoptar medidas
razonables y pertinentes para conjurarla. El cuidado que debe tener el juez de tutela lo
obliga a prevenir que la protección que concede no haga traumático el concurso de
méritos, al punto de volverlo interminable. Esto es, las decisiones que adopte no pueden
llegar a afectar las condiciones normales en que se desarrolla el concurso ni afectar los
derechos fundamentales de los demás concursantes.
3. Análisis del caso concreto
3.1. De la subsidiariedad
En los términos de la demanda de tutela, la señora Lina Clemencia Duque Sánchez
cuestiona dos actos: el Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de
2019 (por el cual se adopta el Acuerdo Pedagógico que regirá el “IX Curso de
Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la
República en todas las especialidades, Promoción 2020-2021) y la Resolución EJR23-
285 del 31 de agosto de 2023 (que concedió a la actora la homologación del curso que
realizó en la Convocatoria 22, pero denegó la exoneración y la aplicación de la nota
obtenida en la evaluación de desempeño como procuradora judicial).
Respecto del Acuerdo PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019, la Sala
advierte la acción de tutela resulta improcedente, pues, por regla general, no procede
contra actos de carácter general, impersonal y abstracto. En efecto, el numeral 5 del
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dice:
Artículo 6º.- Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
[…]
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.
4 Al respecto ver, entre otras, las sentencias del 10 de junio de 2010. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
Expedientes No. 2010-00475-01, 2010-00496-01 y 2010-00583-01.
5 Sentencias del 1° de julio de 2021, expedientes 11001-03-15-000-2021-03087-00 y 11001-03-15-000-2021-02796-
00, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04966-00
Demandante: Lina Clemencia Duque Sánchez
Esta causal de improcedencia se fundamenta en que, en principio, los actos
administrativos de carácter general, impersonal y abstracto no afectan de manera
directa derechos subjetivos. Y si llegaran a afectar el ordenamiento jurídico en
abstracto, pueden ejercerse las acciones judiciales correspondientes. En el mismo
sentido, la Corte Constitucional ha explicado que esta causal: “se funda en el hecho
que el sistema jurídico ha dispuesto medios ordinarios de control judicial aptos para
cuestionar actos administrativos de carácter general, a lo cual se suma que la acción
de tutela fue concebida como remedio excepcional ante acciones u omisiones que
puedan amenazar o vulnerar derechos subjetivos o personales de estirpe
fundamental”3.
El anterior artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-
132 de 2018, en la que puso de presente que la jurisprudencia de esa corporación ha
desarrollado una línea de interpretación uniforme que, en primer lugar, ratifica la regla
general según la cual la acción de tutela no es el mecanismo idóneo y apropiada para
controvertir actos cuya naturaleza sea general, impersonal y abstracta, resultando en
estos casos improcedente, y, en segundo lugar, admite que, excepcionalmente, sea
posible acudir a la acción de tutela como mecanismo transitorio de protección de los
derechos fundamentales “cuando se compruebe que de la aplicación o ejecución de un
acto de esta naturaleza se origina la vulneración o amenaza de algún derecho
fundamental de una persona determinada o determinable, y siempre que se trate de
conjurar la posible configuración de un perjuicio o daño irremediable en los términos
definidos por la jurisprudencia constitucional”.
La Corte precisó que las excepciones a la regla de improcedencia de la acción de tutela
contra actos administrativos de carácter abstracto y general se relaciona con los
siguientes supuestos: (i) la ausencia de idoneidad del medio ordinario de defensa
judicial y (ii) la inminente configuración de un perjuicio irremediable.
En ese marco, la Corte expuso que ha aceptado las acciones de tutela cuando la
persona afectada carezca de medios ordinarios para procurar la defensa de sus
derechos fundamentales, dado que no tiene legitimación para cuestionar esa clase de
decisiones de la administración o el asunto objeto de debate es de naturaleza
constitucional y cuando la aplicación del acto administrativo general amenace o vulnere
los derechos fundamentales de una persona. Además, reiteró que la acción de tutela
es procedente “contra las determinaciones de orden general en el evento que éstas
causen daños a los derechos fundamentales de las personas y que devengan en
perjuicios irremediables”.
En este caso, la Sala no encuentra que se configuren los presupuestos especiales
previstos para la procedencia excepcional de la acción de tutela como mecanismo
transitorio de protección, por cuanto en el presente asunto la demandante: (i) cuenta
con otros mecanismos idóneo para cuestionar el acto administrativo de carácter general
y (ii) no se advierte la configuración de un perjuicio irremediable. A continuación, se
explicará cada elemento.
El primer medio idóneo de defensa judicial con el que cuenta la actora para efectos
de cuestionar la legalidad del Acuerdo PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019
es el medio de control de simple nulidad, previsto en el artículo 1374 de la Ley 1437 de
2011. Conviene precisarse que la señora Garzón Rodríguez se encuentra legitimada
en la causa por activa para controvertir ese acto administrativo de carácter general, en
razón al carácter público del medio de control –cualquier persona puede presentarlo–
El segundo medio idóneo es el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad,
que está previsto para cuestionar actos administrativos generales que vulneren la
Constitución Política y hayan sido dictados por el Gobierno Nacional o por cualquier
otra entidad que pueda expedir actos de carácter general por expresa disposición de la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04966-00
Demandante: Lina Clemencia Duque Sánchez
Constitución Política, como ocurre con el Consejo Superior de la Judicatura, de
conformidad con los artículos 256 y 257 de la Constitución Política, 75, 79, 85
[numerales 5, 9, 17] y 101 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
De hecho, el proceso contencioso administrativo (sea simple nulidad o nulidad por
inconstitucionalidad) prevé mecanismos como las medidas cautelares, que permiten al
juez adoptar las decisiones pertinentes para que, por ejemplo, no se vulneren derechos
fundamentales. De modo que, en el proceso ordinario, la actora podrá pedir la
suspensión provisional de los efectos jurídicos del Acuerdo PCSJA19-11400 del 19 de
septiembre de 2019, medida cautelar que resulta un medio de defensa ágil y efectivo,
en cuanto permite proteger y garantizar, de manera provisional, el objeto del proceso
y la efectividad de la sentencia. Incluso, la demandante puede solicitar medidas
cautelares de urgencia, que pueden decretarse sin correr traslado al demandado, en
el evento de que se evidencie urgencia en el caso objeto de discusión, como lo dispone
el artículo 2346 del CPACA.
La Sala tampoco encuentra que se configure un perjuicio irremediable. Por el
contrario, lo que se evidencia es que la autoridad demandada aceptó la homologación
y que la actora continúa en el concurso de que trata la Convocatoria 27. Otra cosa es
que la demandante estime más conveniente que se apruebe la exoneración y la nota
del curso de formación judicial, porque le otorgaría un puntaje más alto.
Es más, la Sala no pasa por alto que el acuerdo cuestionado se expidió el 19 de
septiembre de 2019 y solo cuatro años después la actora vino a alegar que dicho
acuerdo vulneró sus derechos fundamentales, circunstancia que desvirtúa la urgencia
en la intervención del juez de tutela.
Por consiguiente, como se anunció, frente al Acuerdo PCSJA19-11400 del 19 de
septiembre de 2019 será declarada la improcedencia de la acción de tutela.
Ahora bien, frente a la Resolución EJR23-285 del 31 de agosto de 2023, la Sala
estima procedente la acción de tutela, toda vez que se trata de una decisión dictada en
el marco de un concurso de méritos que aún no ha concluido.
En este caso, la urgencia de la intervención del juez de tutela tiene como fundamento
que, según el cronograma, el 17 de octubre de 2023 inició el IX Curso de Formación
Judicial, correspondiente a la fase III de la Convocatoria 27. De ahí que la intervención
se torne esencial para verificar si la decisión de denegar la exoneración del curso de
jueces y magistrados de la Convocatoria 27 garantizó los derechos fundamentales de
la concursante.
Siendo así, la Sala tiene por cumplido el requisito de subsidiariedad solo respecto de la
Resolución EJR23-285 del 31 de agosto de 2023 y procede a verificar si hubo
vulneración de derechos fundamentales.
3.2. De los cuestionamientos contra la Resolución EJR23-285 del 31 de agosto de
2023, que homologó el curso realizado por la actora en la Convocatoria 22, pero
denegó la solicitud de exoneración del curso de jueces y magistrados de la
Convocatoria 27 y la aplicación de la nota correspondiente a la calificación de
servicios obtenida como procuradora judicial
En el sub lite, la Sala advierte que la señora Lina Clemencia Duque Sánchez cuestiona
la Resolución EJR23-285 del 31 de agosto de 2023, pues, a su juicio, fue dictada con
desconocimiento de los artículos 280 de la Constitución Política y 160 de la Ley
Estatutaria de Administración de Justicia. A juicio de la demandante, esas normas
permiten que los procuradores judiciales de carrera se beneficien de la exoneración del
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04966-00
Demandante: Lina Clemencia Duque Sánchez
curso para jueces y magistrados y que para efecto de la calificación se tenga en cuenta
la de servicios.
Debe decirse que, en síntesis, la Resolución EJR23-285 del 31 de agosto de 2023 se
limitó a aplicar el Acuerdo PCSJA19-11405 del 25 de septiembre de 2019, que
estableció lo siguiente: «los discentes que sean o hayan sido funcionarios/as judiciales
de carrera, podrán solicitar la exoneración del IX Curso de Formación Judicial Inicial y
en tal caso se tomará la última calificación de servicio como sustitutiva de evaluación
para las dos (2) subfases, siempre que sea superior a 80 puntos. Así mismo, los
discentes que, sin haber ocupado un cargo de funcionario en carrera, hubiesen cursado
y aprobado un curso de formación judicial inicial como etapa de procesos de selección
o convocatorias anteriores, podrán solicitar la homologación y se tomará la calificación
obtenida en el curso de formación judicial inicial cursado como sustituta de las dos (2)
subfases, siempre que la calificación sea superior a 800 puntos».
El acto en cuestión indicó que «se considera que para establecer el alcance del
concepto de funcionarios que se emplea en el artículo 160 de la Ley 270 de 1996, debe
interpretarse esa norma en armonía con lo dispuesto en el artículo 125 transcrito, de
cuyo contenido literal se establece que tienen la calidad de funcionarios los
“Magistrados de las Corporaciones Judiciales, los Jueces de la República y los
Fiscales”». En consecuencia, concluyó que «no es procedente el argumento que
expuso la aspirante sobre la misma calidad de los procuradores judiciales, para que le
sea reconocida la exoneración del IX CFJI».
A juicio de la Sala, la Resolución EJR23-285 del 31 de agosto de 2023 no vulnera los
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la señora Duque
Sánchez, toda vez que se limita a aplicar las normas del concurso, especialmente el
Acuerdo PCSJA19-11405 del 25 de septiembre de 2019, que limita el beneficio de
exoneraciones a los funcionarios de la Rama Judicial, esto es, jueces, magistrados y
fiscales.
Como se sabe, la convocatoria y los acuerdos que la regulan son normas obligatorias
y reguladoras de los procesos de selección y, por ende, son de perentorio cumplimiento
tanto para la administración como para los participantes, que, con la inscripción,
aceptan las condiciones y términos señalados fijados en tales actos. Al respecto, en
sentencia SU-062 de 2022, la Corte Constitucional dijo lo siguiente: «esta corporación
ha destacado que la principal consecuencia que se sigue de la aplicación de la
confianza legítima en los concursos de méritos es la obligación, que recae en la
Administración, consistente en observar las normas que ella misma se ha impuesto
para la tramitación de estas actuaciones administrativas».
Además, la interpretación adoptada por la autoridad judicial demandada tiene debido
sustento en el artículo 125 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, que
define que son funcionarios judiciales los «Magistrados de las Corporaciones
Judiciales, los Jueces de la República y los Fiscales».
De hecho, la interpretación que asume la demandante desconoce la naturaleza de los
cargos de jueces y magistrados, pues lo cierto es que los criterios de evaluación de
dichos funcionarios son diferentes a los que corresponden a los procuradores judiciales.
En efecto, las funciones de los procuradores judiciales difieren claramente de las
establecidas para los jueces y magistrados, de modo no serían equiparables para
efecto de la evaluación que derivaría en la exoneración del curso de formación previsto
en la Convocatoria 27.
La Sala tampoco encuentra que el artículo 280 de la Constitución Política tenga el
alcance dado por la actora, esto es, que los funcionarios de carrera de la procuraduría
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04966-00
Demandante: Lina Clemencia Duque Sánchez
sean plenamente asimilables a los funcionarios de carrera de la Rama Judicial. Sobre
el particular, basta advertir que la Corte Constitucional, en sentencia C-101 de 2013,
advirtió lo siguiente: «cabe distinguir que una es la carrera judicial administrada por el
Consejo Superior de la Judicatura y otra la carrera administrativa de la Procuraduría
General de la Nación. Por ello, la incorporación que procede respecto de los
“procuradores judiciales” es a la carrera propia de la Procuraduría General de la
Nación». Como se ve, la propia Corte Constitucional distingue claramente entre las
carreras administrativas de la Rama Judicial y de la Procuraduría General de la Nación.
Justamente por lo anterior, la Sala desestima la procedencia de la excepción de
inconstitucionalidad frente a la expresión «judiciales» contenida en el párrafo 2 del
numeral 3, capítulo V, del Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400 del 19 de septiembre
de 2019, pues, prima facie, no se advierte que el acuerdo genere a la actora una
vulneración clara, ostensible y evidente de la Constitución Política. En todo caso, se
reitera, si la actora insiste en que fue vulnerada alguna norma de rango constitucional,
lo procedente es que agote el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad.
Siendo así, como se anunció, la Sala denegará la tutela interpuesta por la señora Lina
Clemencia Duque Sánchez contra la Resolución EJR23-285 del 31 de agosto de 2023.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Lina Clemencia
Duque Sánchez contra el Acuerdo PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019,
por las razones expuestas.
2. Denegar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la señora Lina
Clemencia Duque Sánchez contra la Resolución EJR23-285 del 31 de agosto de
2023, conforme a lo expuesto en esta providencia.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Ausente en comisión Presidenta (E)
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.