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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04985-01

Subsidiariedad: no se cumple con el requisito porque se pretende subsanar la

Fecha
5 de febrero de 2024
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04985-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 26 de octubre de 2023 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, de conformidad con las razones expuestas en la presente providencia. duda respecto de los tramites ambientales antes mencionados, puede acercarse a las instalaciones de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, ubicadas en la Carrera 6 # 55A-55 (Piso 3), Barrio Santa Rita de la ciudad de Tunja, en el horario de 08:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 4:30 pm. (…)». 17 Sentencia T-521 de 14 de diciembre de 2020. M.P.: Antonio José Lizarazo Ocampo. 22 Radicación número: 110010315000202304985 01 Accionante: Flor María Martínez Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otros Referencia: Acción de tutela (impugnación) SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-04985-01

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

5 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES (E)

Bogotá D.C., febrero cinco (05) de dos mil veinticuatro (2024).

Radicación número: 110010315000202304985 01

Accionante: FLOR MARÍA MARTÍNEZ

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (IMPUGNACIÓN)

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Presupuestos /
SUBSIDIARIEDAD - No se cumple con el requisito porque se pretende subsanar la
omisión de no ejercer el medio de control de reparación directa dentro de la oportunidad
prevista para ello / DERECHO DE PETICIÓN – No se vulneró porque existen pruebas que
acreditan que a la accionante se le ha suministrado información sobre el pago del
incentivo solicitado.

Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la parte
demandante contra la sentencia de 26 de octubre de 2023, mediante la cual la
Sección Cuarta del Consejo de Estado1 negó las pretensiones de la demanda de
tutela e instó a Corpoboyacá:

… para que comunique a la accionante las actividades que le están permitidas
desarrollar en su predio, en particular, las relacionadas con la explotación
agrícola y ganadera, para que le informe cuáles son consideradas actividades
agropecuarias de bajo impacto y actividades agrícolas de bajo impacto y
ambientalmente sostenibles, así como las acciones que definitivamente no
puede realizar, en el marco de las previsiones de la Resolución 1771 de 2016
y la Ley 1930 de 2018 y demás normas concordantes.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

El 8 de septiembre de 2023, la señora Flor María Martínez, a nombre propio,
instauró demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, el

1
Que ingresó al despacho para fallo el 6 de diciembre de 2023.

1

Radicación número: 110010315000202304985 01
Accionante: Flor María Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otros
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

Juzgado Segundo Administrativo de Sogamoso, la Corporación Regional de
Boyacá – Corpoboyacá y el Ministerio de Medio Ambiente, con el fin de que se
amparen sus derechos fundamentales de petición y de acceso a la administración
de justicia.

2. Hechos relevantes y fundamentos de la demanda de tutela

La señora Flor María Martínez afirmó que es propietaria del predio denominado
“San Luis del Piranchón o el Guayabal”, ubicado en la vereda corales del
municipio de Tota -inscrito en la oficina de registro de instrumentos públicos de
Sogamoso-. Dijo que el inmueble se adquirió como herencia de sus extintos
padres y que “en la actualidad tengo en trámite de legalización”.

Refirió que, desde el 28 de octubre de 2016, aproximadamente, “Corpoboyacá y
los entes ambientales me enviaron agentes de la fuerza pública hasta mi predio a
sacarme a la fuerza todo mi ganado que desde en vida de mis padres era el medio
de ingresos para mi sustento y el de mi familia…”, por estar prohibido realizar
actividades de explotación del predio, según la Resolución 1771 del 28 de octubre
2016, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente.

Mencionó (trascripción literal con posibles errores incluidos):

(…) les he manifestado de mi parte por peticiones vía correo electrónico,
sobre quien me va a responder con el beneficio financiero producto de las
actividades antes mencionadas como lo era la agricultura ganadería, y de
unos nacimientos de carbón y arena minerales que tampoco me es posible
sacarles ningún beneficio económico y financiero por la misma prohibición y
omisión a mis derechos a la propiedad de parte de dichas entidades, y
tampoco me fue posible hacer valer mis derechos al pronto de lo sucedido ya
que desde entonces no contaba con ninguna clase de asesoría, como
tampoco se me notifico la misma resolución ni cuando empezaría a regir por lo
que a todas luces no me fue posible acudir ante la justicia.

Manifestó que por los noticieros y unos comunicados e informes que le envió el
Ministerio del Medio Ambiente se enteró que los Municipios, las gobernaciones y
Corporaciones Autónomas Regionales “deberán pagarnos a los poseedores o
propietarios de estos inmuebles, anterior mencionados en dinero o especie, por
servicios ambientales”. Agregó: “también me han informado por (sic) mediante el
decreto 1007 de 14 de junio - de 2018 expedido por la presidencia de la república
de Colombia. Que, los departamentos deberán destinar en sus planes de

2

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Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otros
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

desarrollo. presupuestos individualizados para el pago por servicios ambientales”
(trascripción literal).

La parte tutelante alegó que se ha “omitido la responsabilidad por la grave
afectación y vació en las partes económica y financiera que me han causado hasta
la hora y fecha presente ya que no me han querido responder económica y
financieramente con absoluta mente nada” (trascripción literal).

Expuso que, tanto ella como su familia, se encuentran en situación de pobreza
extrema, debido a que (trascripción literal con posibles errores incluidos):

… tampoco han accedido a ninguna de tantas peticiones donde les he
solicitado se me sustituya las actividades de agricultura ganadería etc. por una
infraestructura adecuada para fundar una micro empresa de acueducto
veredal rural y así mismo poder acceder y tener derecho al trabajo para
subsistir como lo dice el artículo 25 de la misma constitución política de
Colombia pero claro que como no son los señores ministros los que tienen
que padecer en carne propia la afectación y el daño causado al parecer no les
importa ya que el estado y sus entidades no ha cumplido los beneficios que
habla el decreto 1007 del 14 de junio de 2018, ni mucho menos a
implementado programas de sustitución de actividades para los campesinos
que habitamos en dicho páramo pero si nos han enviado la fuerza pública
(policía) a que nos amenazen de muerte con las armas de dotación para
frenar las actividades que ejercen los campesinos para su propia subxistencia
cosa que no le gustaría a los mismos señores creadores de estas mismas
resoluciones con el fin de violar los derechos humanos de los campesinos que
dependíamos de dichos terrenos ya que los integrantes de los gabinetes del
mismo gobierno ni tampoco a los funcionarios de la misma rama judicial le
gustaría que les hicieran ese tipo de graves afectaciones como para que se
pongan un poquito en el lugar de nosotros los campesinos que habitamos
dentro del complejo de páramo tota bijagual mama pacha.

De otra parte, sostuvo “considero se me está violando el acceso a la
administración de justicia por fenómeno de caducidad manifestación que se
entiende con el derecho de petición elevado ante el juzgado segundo
administrativo del circuito de Sogamoso y tribunal administrativo de Boyacá, por lo
tanto, no cuento con ningún otro medio de defensa judicial para lo de mi caso”.

3. La admisión y la oposición

3.1. Mediante providencia de 18 de septiembre de 2023, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a los

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Referencia: Acción de tutela (impugnación)

accionados. A su vez, se dispuso notificar a la Agencia Nacional de Defensa
Judicial de la Nación.

Posteriormente, con ocasión a la solicitud de la accionante, por auto de 9 de
octubre de 2023, se vinculó a la Presidencia de la República a la presente
actuación.

3.2. El Juzgado Segundo Administrativo de Sogamoso se opuso al amparo
solicitado, tras considerar que es improcedente.

Como fundamento de lo anterior, informó que los hechos expuestos en la
demanda de tutela se relacionan con el proceso de reparación directa radicado
bajo el número 1575933333002202300087 00, promovido por la señora Flor María
Martínez contra Corpoboyacá y la Nación - Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, con el fin de que se les declare patrimonialmente responsables de los
perjuicios causados “como consecuencia de la restricción de explotación de
actividades agrícolas, ganaderas y mineras en el predio denominado San Luis de
Pirachón o el Guayabal, ubicado en la vereda Corales del municipio de Tota”.

Expuso que, mediante auto de 15 de mayo de 2023, se avocó conocimiento de la
demanda de reparación directa y, posteriormente, por proveído de 27 de junio de
2023, se rechazó, tras encontrarse acreditado que el hecho generador del daño
reclamado tiene génesis en la expedición de la resolución 17712, publicada el 18
de noviembre de 2016, por lo que el cómputo del término de caducidad comenzó
el 19 de noviembre de 2016 y feneció el 19 de noviembre de 2018.

Agregó que la propia accionante manifestó que conoció los efectos de la
resolución aproximadamente desde el 28 de octubre de 2016, por lo que, para el 5
de agosto de 2021 -fecha de presentación de la solicitud de amparo de pobreza
ante el Tribunal Administrativo de Boyacá-, los 2 años del término de caducidad
del medio de control ya estaban superados.

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“Por medio de la cual se delimita el Páramo Tota – Bijagual – Mamapacha y se adoptan otras
disposiciones”.

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Informó que la parte actora interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, el que, en providencia del 24
de agosto de 2023, confirmó el rechazo de la demanda.

Precisó que, si bien la actora acudió al amparo de pobreza para promover la
demanda de reparación directa, lo cierto es que no se le vulneró el derecho de
acceso a la administración de justicia, porque el despacho analizó en debida forma
la configuración del fenómeno de la caducidad.

Finalmente, afirmó que lo pretendido por la accionante es utilizar el mecanismo
constitucional para debatir asuntos sobre los cuales ya se pronunció la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con el fin de obtener por medio de
la acción de tutela el reconocimiento de una indemnización, pese a que no es el
medio idóneo para tal fin.

3.3. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible señaló que se configura su
falta de legitimación en la causa por pasiva, porque lo pretendido por la tutelante
no se encuentra dentro de sus competencias.

Sin perjuicio de lo anterior, precisó que, contrario a lo afirmado por la tutelante, la
Resolución 1771 de 2016 ni la Ley 1930 de 2018 prohíben las actividades
agropecuarias y, por tanto, no puede alegarse la vulneración de los derechos a la
propiedad y al trabajo. Tan es así, que en la Ley 1930 de 2018 se consignó que se
permite la continuación de las actividades agropecuarias de bajo impacto que se
estaban desarrollando en las zonas de páramo delimitados, “haciendo uso de las
buenas prácticas que cumplen con los estándares ambientales y en defensa de
los páramos”.

Lo anterior conllevó a que, en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, se expidieran las Resoluciones 1294 de 2021 “Por la cual se establecen los
lineamientos para el desarrollo de actividades agropecuarias de bajo impacto y
ambientalmente sostenibles en páramos y se adoptan otras disposiciones” y 0249
de 2022 “Por la cual se adopta los lineamientos para orientar el diseño,
capacitación y puesta en marcha de los programas, planes y proyectos de

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reconversión y sustitución de las actividades agropecuarias en páramos
delimitados y se adoptan otras disposiciones”.

Mencionó que, en contraposición, el desarrollo de actividades de exploración y
explotación minera en páramos sí están prohibidas (artículo 5 de la Ley 1930 de
2018) y, en ese sentido, los propietarios de predios dentro del área delimitada
como páramo no pueden desarrollar este tipo de actividades.

Hizo un recuento de los lineamientos y la implementación del pago por servicios
ambientales – PSA3 consagrado en el Decreto 1007 de 2018 y resaltó que ese
Ministerio “viene acompañando a las entidades territoriales, las autoridades
ambientales y a las demás entidades públicas y privadas e interesados en la
conservación de áreas y ecosistemas estratégicos, que así lo requieran, a través
de la socialización del marco normativo reglamentario de los PSA y del apoyo en
la estructuración de proyectos de PSA, a fin de fortalecer la implementación y
desarrollo del Programa Nacional de PSA en el país”.

En línea con lo anterior, informó que el link de la página web del Ministerio de
Ambiente4 en el que se pueden consultar todos los documentos relacionados con
la formulación de proyectos de PSA (guía técnica para el diseño e implementación
del proyecto tipo PSA modalidad hídrica; guía técnica para el diseño e
implementación de proyectos PSA de regulación y calidad hídrica y Programa
Nacional de Pagos por Servicios Ambientales –PNPSA).

Adicionalmente, refirió que para consultar si un predio se encuentra localizado en
áreas ambientales estratégicas o sobre los proyectos de PSA en proceso de
formulación, gestión e implementación en determinado territorio se debe acudir al
Municipio donde se ubica el predio, la Gobernación o la Corporación Autónoma
Regional de la jurisdicción.

3
“Incentivo económico en dinero o en especie que reconocen los interesados de los servicios
ambientales a los propietarios, poseedores u ocupantes de buena fe exenta de culpa por las
acciones de preservación y restauración en áreas y ecosistemas estratégicos, a través de la
celebración de acuerdos, de carácter voluntario, entre los interesados de los servicios ambientales
y beneficiarios del incentivo”.
4
https://www.minambiente.gov.co/negocios-verdes/guias-tecnicas/;
https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/11/Programa-Nacional-dePagos-por-Ser
vicios-Ambientales-2021-.pdf.

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Referencia: Acción de tutela (impugnación)

De otra parte, adujo que la solicitud de la accionante es improcedente porque
cuenta con otros mecanismos de defensa para la protección de sus derechos, bajo
el entendido de que la vulneración alegada deviene de las decisiones contenidas
en el acto administrativo de delimitación Páramo Tota Bijagual Mamapacha
(Resolución 1771 de 2016).

3.4. La Corporación Autónoma Regional de Boyacá precisó que, como ya se lo
manifestó a la accionante en reiteradas oportunidades, las corporaciones no
pueden pagar servicios ambientales a los poseedores o propietarios de inmuebles
de importancia hídrica que no se encuentran vinculados a un proyecto o programa
de pago por servicios ambientales (PSA).

Agregó que, en este momento, Corpoboyacá no cuenta con proyectos PSA que se
estén desarrollando en el páramo Tota – Bijagual – Mamapacha, por lo que no se
puede acceder a un pago de este tipo.

Refirió que la corporación no ha incurrido en omisión alguna que atente contra los
derechos fundamentales de la tutelante y que, por el contrario, “a todas las
actuaciones judiciales que la accionante ha emprendido sin resultado alguno,
hemos estado atentos a emitir las correspondientes respuestas”.

De otra parte, en cuanto a la primera pretensión de la tutelante, dijo que se
configura una carencia actual de objeto por hecho superado porque la petición se
respondió mediante oficio No. 160-002295 del 4 de marzo de 2022.

Agregó que tampoco es procedente acceder a las pretensiones segunda y tercera
porque no existe una norma o directriz del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible que permita usar recursos económicos destinados a la protección del
medio ambiente para pagar indemnizaciones a particulares que se sientan
afectados por la delimitación de páramos. Resaltó que a la accionante se le
explicó de forma detallada y precisa que la corporación no puede efectuar el pago
por servicios ambientales.

Respecto a la pretensión cuarta -adopción de una infraestructura adecuada para la
creación de una microempresa de acueducto veredal rural-, dijo que la creación

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Accionante: Flor María Martínez
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del acueducto fue objeto de estudio en la tutela radicada bajo el número
2022-00059, la que dio lugar a que se llevara a cabo una reunión conjunta entre la
gobernación de Boyacá y Corpoboyacá para socializar los requisitos que se deben
cumplir para su construcción y el trámite necesario para solicitar la concesión de
aguas.

De otra parte, explicó que la acción de tutela es improcedente porque la
accionante puede acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para
que se reparen los daños que se habrían causado por las prohibiciones que se
hicieron en el predio de su propiedad.

Añadió que esta acción constitucional tampoco procede como mecanismo
transitorio, dado que no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable,
urgente y que requiera de medidas urgentes por parte del juez constitucional.

Finalmente, Corpoboyacá mencionó que se configura una falta de legitimación en
la causa por pasiva, porque esa entidad no tiene competencia para indemnizar por
los perjuicios causados por la delimitación de los páramos a cargo de las
autoridades ambientales.

3.5. La Presidencia de la República adujo que carece de legitimación en la causa
porque no ha recibido ningún tipo de petición por parte de la tutelante. Agregó que
las solicitudes a las que se refiere la demanda de tutela fueron formuladas ante el
Ministerio de Ambiente.

De otra parte, mencionó que la señora Martínez cuenta con otros medios de
defensa idóneos y así obtener el fin perseguido, bajo el entendido de que pretende
una indemnización por la prohibición de realizar actividades económicas en su
predio y esto puede ser debatido en el medio de control de reparación directa.

Agregó que la accionante también pudo acudir a la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa para debatir lo decidido en la Resolución No. 1771 del 28 de
octubre de 2016 expedida por el Ministerio de Ambiente.

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4. Intervención de la tutelante en primera instancia

La señora Flor María Martínez manifestó que es una persona de la tercera edad y
que ha recibido “humillaciones y maltratos” por parte de las alcaldías locales, por
lo que solicitó que se analice su situación y “si es posible se efectúe una visita
para que corroboren que en la actualidad ni yo ni mi familia no cuenta con empleo,
ni mucho menos un mínimo vital de ingresos, como para que los señores alcaldes
manifiesten (…) que las ayudas del gobierno nacional (adopción de infraestructura
adecuada o instalada) para crear una empresa o micro empresa de acueducto son
para comunidades que intelectualmente no persiguen fines de lucro…”.

En línea con lo anterior, la tutelante solicitó que “se vinculen a las agencias de
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) agencias europeas
países industrializados en lo relacionado con la posibilidad de generar venta de
bonos de carbono emprendimiento etc. y acceder de forma directa a las ayudas
que por medio de alcaldías y gobernaciones nunca les son entregadas a las
personas que realmente lo necesitamos por condición de pobreza…”.

Posteriormente, la tutelante formuló algunos interrogantes5 y solicitó que “se de
traslado a los entes ambientales de todos los interrogantes aquí expuestos junto
con los siguientes anexos para que digan que es falso, y como acá en Colombia lo
típico de todo aquel que causa daño a otro es negarlo todo para salir bien librado y
ojala con buenas ganancias”.

5
Expuso (trascripción literal con posibles errores incluidos):
1. ¿por qué estas concesiones de aguas las tienen que cobrar las corporaciones autónomas tras del
hecho que prácticamente destierran a los campesinos de sus propiedades negándolo absolutamente
todo y aprovechándose de su estado de indefensión como ocurrió y fue noticia de una una zona de
paramo de Chiquinquirá Boyacá, que sacaron o iban a sacar de sus tierras a los campesinos al igual
que avenido sucediendo con nosotros?
2. ¿por qué si el agua potable domiciliaria es un derecho fundamental se convirtió en un negocio muy
lucrativo para las corporaciones ambientales y una restricción a las personas vulnerables que no
cuentan actualmente con un servicio de acueducto por el simple hecho de no contar con ingresos?
3.¿por qué razón a las empresas petroleras si les otorgan licencias ambientales sin importar el daño
causado, y a los campesinos nos destierran como si fuéramos delincuentes ? des de nuestro punto de
vista y de acuerdo a la libertad de expresión consideramos es que deberían de acabar con esas
corporaciones corruptas que solo persiguen dinero del bolsillo de los campesinos y atentan contra su
bienestar pero en cambio si se tratara de una empresa petrolera hay si les brindarían beneficios a
cambio de dinero? sin importar las consecuencias como el caso de la Resolución 2000 del 16 de
octubre de 2009, el entonces Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en adelante el Ministerio otorgó a la sociedad HOCOL S.A. Licencia
Ambiental para el proyecto “Área de Interés Exploratorio Muisca”, localizado en jurisdicción de los
municipios de Tota y Pesca, en el departamento de Boyacá ¿sera que es falso para los señores de
Corpoboyacá? ¿sera que no existe ninguna demanda en contra de Corpoboyacá por ese daño que
causaron a campesinos habitantes cerca del pozo balsa de los mismos municipios de pesca y tota
Boyacá los cuales hoy no cuentan con agua en sus predios ya que a causa de la perforación del pozo
Balza las fuentes de agua se secaron y ay si todos callados?”.

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5. La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia de 26 de octubre de 2023, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado negó las pretensiones de la demanda y, a su vez, instó a Corpoboyacá
para que “comunique a la accionante las actividades que le están permitidas
desarrollar en su predio, en particular, las relacionadas con la explotación agrícola
y ganadera, para que le informe cuáles son consideradas actividades
agropecuarias de bajo impacto y actividades agrícolas de bajo impacto y
ambientalmente sostenibles, así como las acciones que definitivamente no puede
realizar, en el marco de las previsiones de la Resolución 1771 de 2016 y la Ley
1930 de 2018 y demás normas concordantes”.

En primer lugar, la Sección Cuarta aclaró que se negaría la solicitud de vincular a
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional porque se
evidenció que la petición enviada fue radicada por el señor Luis Martínez y, por
ende, la tutelante “carece de legitimación en la causa por activa para reclamar la
vulneración del derecho de petición frente a una solicitud que ella no ejerció”.

Posteriormente, precisó que la inconformidad de la tutelante radica en la ausencia
de ayudas económicas o medidas de sustitución para las actividades de
explotación agrícola y ganadera que realizaba en el predio de su propiedad, antes
de la expedición de la Resolución 1771 del 28 de octubre 2016, lo que le permitía
acceder a recursos económicos para su sostenimiento y el de su núcleo familiar.

En ese sentido, precisó que la acción de tutela no está prevista para el pago de
ayudas, subsidios o indemnizaciones, pues ello debe ser solicitado ante las
autoridades competentes o en ejercicio del medio de control judicial procedente.

Tan es así, que en la demanda de tutela se manifestó que se acudió al medio de
control de reparación directa para obtener la indemnización de perjuicios por los
efectos causados con la expedición del acto administrativo.

Agregó que tampoco proceden las pretensiones dirigidas a ordenar la “adopción
de una infraestructura adecuada para la creación de una microempresa de
acueducto veredal rural”, porque es un asunto que debe estar precedido del

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cumplimiento de requisitos legales (estudios técnicos, autorizaciones de las
autoridades competentes y disponibilidad presupuestal) y que desbordan la
función del juez constitucional.

De otra parte, expuso que, por conducto del apoderado judicial asignado con
ocasión de la solicitud de amparo, la tutelante promovió el medio de control de
reparación directa contra Corpoboyacá y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables de
los perjuicios causados por la expedición de la Resolución 1771 del 28 de octubre
2016, la que prohibió la explotación de actividades agrícolas, ganaderas y mineras
en el predio de su propiedad.

Sin embargo, tanto el Juzgado Segundo Administrativo de Sogamoso como el
Tribunal Administrativo de Boyacá declararon la caducidad del medio de control de
reparación directa.

En ese sentido, concluyó que se garantizó el derecho de acceso a la
administración de justicia de la accionante y otra cosa es que se rechazara la
demanda por no cumplir con los requisitos legales -en este caso, un requisito de
carácter temporal-.

Agregó que esa situación no es imputable a las autoridades judiciales accionadas
y, por ende, no puede atribuírseles la vulneración de los derechos fundamentales
de la señora Flor María Martínez.

En cuanto a la vulneración del derecho de petición, dijo que la tutelante no
acreditó que hubiese radicado alguna petición ante la Presidencia de la República
ni el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible6 -lo que fue corroborado por
esas entidades en sus contestaciones- y, en ese sentido, no puede atribuírseles la
vulneración de ese derecho.

6
Aclaró que las respuestas aportadas por la parte accionante fueron suministradas por: (i) la
Secretaría de Planeación de obras y Servicios Públicos de Tota; (ii) la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá – Corpoboyacá (en tres oportunidades); (iii) el Departamento Nacional de
Planeación; (iv) la empresa departamental de servicios públicos de Boyacá ESP; (vi) la alcaldía de
Tota y, (vii) la Cámara de Comercio de Sogamoso.

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De otra parte, hizo un recuento de las respuestas suministradas por Corpoboyacá
(Oficio 160-00007451 del 3 de junio de 2021, Oficio 160-00007451 del 3 de junio
de 2021 proferida por la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de
Corpoboyacá, Oficio 160 - 002295 del 4 de marzo de 2022 proferido por la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de Corpoboyacá y Oficio
017643 del 7 de diciembre de 2022), y precisó que esta entidad no ha vulnerado el
derecho de petición de la tutelante porque se le han informado los requisitos para
poder acceder al Pago por Servicios Ambientales PSA, bajo el entendido de que
se le explicó que (trascripción literal):

…el desarrollo e implementación de un esquema de PSA, surtirá efecto una
vez se formulen proyectos de PSA en un área determinada, de conformidad
con el artículo 2.2.9.8.1.2. del Decreto 1007 de 2018, por lo que, el pago por
un servicio ambiental determinado sólo será posible, una vez se adelante un
proyecto que beneficie a la zona donde está el predio de propiedad de la
actora y el reconocimiento del incentivo por determinado servicio ambiental,
dependerá de la evaluación técnica y jurídica realizada en el marco de un
posible esquema de PSA y según los lineamientos establecidos en el Decreto
1007 de 2018.

Agregó que esa Corporación también le informó a la señora Flora María Martínez
que las comunidades que habitan el páramo pueden continuar con sus actividades
agropecuarias, siempre y cuando no impliquen la ampliación de la frontera
agrícola y se cumplan los lineamientos previstos en la Ley 1930 de 2018.

En línea con lo anterior, la corporación le aclaró que, en la Resolución 1771 de 28
de octubre de 2016, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estableció la
prohibición para la realización de actividades mineras de hidrocarburos y
construcción de refinerías, pero consagró que la actividad agropecuaria “se
condiciona a actividades de bajo impacto, pues, se conoció el mínimo vital de las
comunidades, las condiciones de vulnerabilidad, arraigo y dependencia”.

En ese sentido, la Sección Cuarta del Consejo de Estado concluyó que es
evidente el “desconocimiento por parte de la señora Martínez de las actividades
respecto a las que tiene o no prohibición de realizar en el predio de su
propiedad…”, por lo que instó a Corpoboyacá para que comunicara a la
accionante cuáles son las gestiones que puede desarrollar en su predio para
generar los recursos económicos con los que aduce no contar; así como las que

12

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Accionante: Flor María Martínez
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Referencia: Acción de tutela (impugnación)

definitivamente no puede realizar en el marco de la Resolución 1771 de 2016 y la
Ley 1930 de 2018.

5. La impugnación

La tutelante7 precisó (trascripción literal con posibles errores incluidos):

… el fallo se centra en mayor parte enfocado en el pronunciamiento de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo omitiendo las responsabilidades
de parte del ministerio del medio ambiente, y Corpoboyacá argumentando que
no se allegó ninguna petición, y así mismo negando su responsabilidad sin
antes emitir siquiera un certificado donde otorgue o autorice libremente el
restablecimiento y reapertura de potreros, sembraderos etc (reapertura de las
fronteras agrícolas y ganaderas sin interferencia la Resolución 1771 de 2016,
ni en la Ley 1930 de 2018 se prohibieron las actividades agropecuarias como
lo manifiesta el fallo para que del mismo modo la policía no valla a decomisar
los tractores ni a prohibir las actividades objeto de reclamación ya que no
quieren responder con nada.

Dijo que no se tuvo en cuenta que la accionante es una persona de la tercera
edad y por eso en algunas peticiones figura su hijo Luis Alexander Martínez
-anexa copia del registro civil de nacimiento-.

Mencionó (trascripción literal con posibles errores incluidos):

… se omite y se inobserva las prácticas de pruebas esto de acuerdo a que los
señores funcionarios de Corpoboyacá han efectuado reuniones en tiempos
pasados en la vereda corales del mismo municipio de tota donde fue un
ingeniero llamado Hugo a manifestar a los campesinos que según el sí
dejaban de sembrar y cuidar ganado en la zona de paramo les otorgarían
muchos beneficios, para después mandarles la policía al momento que
alguien volviera a sembrar cuidar ganado etc. y del mismo modo chantajear a
los campesinos que tienen que vender sus tierras por lo que les quieran dar, y
esos son los supuestos beneficios como la cámara que colocaron en mi predio
debe ser para mandar los policías si volvemos a sembrar.

Adujo que, con la decisión de declarar la caducidad del medio de control de
reparación directa, el Juzgado Segundo Administrativo de Sogamoso desconoció
que “se trata de la violación a los derechos fundamentales a personas campesinas
como en mi caso que soy una persona de la tercera edad actualmente en estado
de vulnerabilidad e indefensión…”.

Agregó que se están vulnerando sus derechos fundamentales al trabajo y a la

7
En escrito suscrito por ella y sus dos hijos.

13

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Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otros
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

propiedad porque no expedir “un certificado donde autorice libremente las
reaperturas de las fronteras agrícolas y ganaderas sobre nuestro inmueble sin
ninguna clase de intervención y restricción de ningún ente ambiental…”.

Adujo que se pretende “… desterrarnos de nuestras tierras ya que algunos
funcionarios de la gobernación y municipio han manifestado en varias ocasiones
que les tenemos que vender por lo que nos quieran dar es eso a tener la policía
encima si llegamos a sembrar o cuidar ganado”.

Por lo anterior, solicitó que se ordene al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y a Corpoboyacá que expidan el referido certificado respecto del predio
de su propiedad, para que “ya no se encuentre inmerso dentro del complejo de
paramo tota bijagual mamapacha por la Resolución 1771 de 2016 o de lo contrario
envíenos a la policía a desterrarnos. en lugar de la adopción de una infraestructura
adecuada para conformar una empresa de acueducto como medio de sustitución
de actividades mencionadas con mi familia…”.

6. Intervención de la tutelante en segunda instancia

La señora Flor María Martínez solicitó:

1. Que se vincule a la Defensoría del Pueblo para que “me asista con un defensor
para mi representación…” y a su familia, la que “también dependía de
actividades objeto de prohibición sobre el mismo inmueble delimitado como
zona de paramo en reclamación…”.

2. Que “se enfoque también la acción de tutela en contra de la Ley 1930 de 2018,
como de la resolución 1771 del 20 de octubre de 2016. dado que mientras
estén vigentes estas normas continuará y se mantendrá el daño ocasionado
con el paso del tiempo”.

3. Que “se enfoque la acción de tutela en contra del fenómeno de caducidad en la
medida que continúen y se mantengan los hechos de prohibición de explotar
recursos en esta zona delimitada con lapso de tiempo…”.

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Referencia: Acción de tutela (impugnación)

4. Que “se enfoque la acción de tutela en contra de la providencia Tunja 24 de
agosto de 2023 auto que rechazo la acción de reparación directa…”.

5. Que “no se falle sin antes resarcir los daños y perjuicios identificados e
interpretados”.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

La Sala estima -al igual que lo hizo el juez de la primera instancia- que lo
pretendido por la señora Flor María Martínez es que le respondan “económica y
financieramente con una reparación e indemnización por la grave afectación por
perdidas que se me ha venido causando por sus prohibiciones en sentido de todas
las actividades económicas que antes de dichas delimitaciones y prohibiciones se
venían efectuando para mi sustento y el de mi familia…”8.

Pues bien, revisadas las pruebas allegadas por el juzgado accionado, se tiene
que:

● La ahora accionante -por conducto de apoderado designado por el Tribunal
Administrativo de Boyacá como consecuencia de la solicitud de amparo de
pobreza- formuló demanda de reparación directa contra Corpoboyacá y el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el fin de que se les

8
Las pretensiones se formularon en los siguientes términos:
1.Con fundamento en lo anteriormente expuesto, le solicito señor juez. que se tutelen mis derechos
fundamentales invocados como violados, y/o vulnerado el derecho de petición, para que se me dé
respuesta al derecho de petición hecho de mi parte en calidad de afectados por parte de los entes
ambientales.
2.De acuerdo a los últimos hechos descritos en la presente acción constitucional les solicito señor juez
ordenar a la corporación autónoma regional de Boyacá, “Corpoboyacá”, ministerio de ambiente y entes
ambientales respondernos económica y financieramente con una reparación e indemnización por la
grave afectación por perdidas que se me ha venido causando por sus prohibiciones en sentido de
todas las actividades económicas que antes de dichas delimitaciones y prohibiciones se venían
efectuando para mi sustento y el de mi familia al no contar con ningún otro mecanismo de defensa
judicial para hacer valer mis derechos ante la justicia ordinaria .
3.Se ordene también el pago por servicios ambientales que habla el decreto 1007 de la misma forma
en que automáticamente llega la policía a amenazar a los campesinos que ejercen actividades
ancestrales de ganadería minería agricultura esto para su sustento y de sus familias ya que el estado
no los mantiene tampoco automáticamente ni nada por el estilo lo cual se considera una violación a los
derechos humanos y fundamentales etc.
4. Se ordene a los entes de competencia del Estado la adopción de una infraestructura adecuada para
la creación de una micro empresa de acueducto veredal rural como medio de acceso al trabajo de
conformidad con el artículo 25 de la constitución política de Colombia y el derecho de petición elevado
de parte nuestra ante el ministerio de agricultura y desarrollo rural del cual no hemos obtenido
respuesta alguna que para corroborar se anexa a la presente acción constitucional
5.y última petición de no surtir efectos le solicito señor juez se me informe que paso a paso debo seguir
para que el estado me responda por la grave afectación causada con sus acciones y omisiones
producto de la Resolución No. 1771 del 28 de octubre 2016 del ministerio del medio ambiente. O
remitir a la corte o comisión interamericana de derechos humanos.

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Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otros
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

declarara patrimonialmente responsables de los daños y perjuicios causados
con ocasión de “la restricción de explotación de actividades agrícolas,
ganaderas y mineras en el predio denominado San Luis de Pirachón o el
Guayabal, ubicado en la vereda Corales del Municipio de Tota”.

● La demanda se radicó ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, que mediante
auto del 17 de marzo de 2023, se declaró incompetente para conocer el asunto
debido a que “la cuantía del proceso no supera los 1.000 salarios que impone la
norma para radicar la competencia en primera instancia en este tribunal”, por lo
que lo remitió a los Juzgados Administrativos de Sogamoso (reparto).

● Efectuado el respectivo reparto, el Juzgado Segundo Administrativo de
Sogamoso, por medio de proveído del 15 de mayo de 2023, avocó el
conocimiento del medio de control.

● Posteriormente, mediante auto del 27 de junio de 2023, el Juzgado Segundo
Administrativo de Sogamoso rechazó la demanda de reparación directa, tras
considerar que:

… el hecho generador del daño cuya indemnización se pretende, en el sub lite
recae en la prohibición de actividades de explotación con ocasión a la
delimitación del Páramo Tota – Bijagual – Mamapacha prevista en la
resolución No. 1771 de 28 octubre de 2016, que empezó a regir a partir del 18
de noviembre de 2016, por lo que el no otorgamiento del incentivo referido,
constituye una mera circunstancia de agravación de dicho daño, en la medida
que se mantiene el hecho de la prohibición de explotar recursos en zona de
páramo, situación que fuerza reiterar que el presente asunto operó el
fenómeno de la caducidad del medio de control de reparación directa…

● Esa decisión se apeló ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, el que, por
medio de proveído del 24 de agosto de 2023, confirmó la decisión de rechazar
la demanda, bajo los siguientes argumentos:

… el cómputo de la caducidad inició el 19 de noviembre del año 2016, día
siguiente a la publicación de la resolución No. 1771, el conteo del término de
caducidad de la acción dos (2) años feneció el 19 de noviembre de 2018, se
impone concluir que la acción se ejerció fuera del término de caducidad
previsto en el ordenamiento jurídico, tal como lo consideró el Juez de primera
instancia.

34. De lo anterior se concluye, que la caducidad ocurre por la inactividad de
quien tiene el deber de demandar en el tiempo permitido para hacerlo, para no
perder el derecho de ejercer la acción. Es por ello que no son de recibo los

16

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Referencia: Acción de tutela (impugnación)

argumentos de la parte actora al solicitar sean contados los términos a partir
de la presentación del amparo de pobreza pues pudo solicitar el mencionado
amparo desde el 28 de octubre de 2016, fecha en la que manifestó conocer
los efectos de dicha resolución.

35. Considera la Sala, que el término de caducidad de dos (2) años del medio
de control de la reparación directa ya se había superado y acceder a los
argumentos del recurso dejaría la puerta abierta para que cualquier persona
en cualquier tiempo solicite un amparo de pobreza para demandar en el medio
de control actos administrativos de carácter general, creando una inseguridad
jurídica para los administrados.

36. Si bien la Sala no puede desconocer que pudieron presentarse situaciones
que tal vez no son claras a la luz de la normatividad vigente, como lo son el
pago de servicios ambientales o beneficios económicos, lo cierto es que, tales
circunstancias por sí solas no constituyen un hecho victimizante como lo alega
la parte actora, si bien se adujo que una vez hizo la solicitud de información a
Corpoboyacá, como señalo el juez de primera instancia, constituye una mera
circunstancia de agravación de dicho daño, en la medida que se mantiene el
hecho de la prohibición de explotar recursos en zona de páramo.

En ese contexto, la Subsección considera que lo pretendido por la tutelante es
subsanar la omisión en la que incurrió al no ejercer en tiempo el medio de control
de reparación directa.

Lo anterior se evidencia porque la accionante insiste en que se ha “omitido la
responsabilidad por la grave afectación y vació en las partes económica y
financiera que me han causado hasta la hora y fecha presente ya que no me han
querido responder económica i financieramente con absoluta mente nada”, cuando
ello no es competencia del juez constitucional sino del Juzgado Segundo
Administrativo de Sogamoso, en su calidad de juez natural de primera instancia
–por ser el primer encargado de la protección de los derechos fundamentales de
los intervinientes en un proceso judicial–.

Así las cosas, corresponde declarar la improcedencia del amparo solicitado por la
señora Flor María Martínez, bajo el entendido de que, como lo ha sostenido el
Consejo de Estado, la acción de tutela “no es un medio que remedie los
desaciertos procesales de las partes”9.

Conviene mencionar que, incluso de considerarse que la inconformidad de la
tutelante radica en las providencias del 27 de junio y el 24 de agosto de 2023,
tampoco habría lugar a realizar un estudio de fondo, dado que no cumplió con la
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, providencia de 31 de
mayo de 2018, exp. 25000-23-42-000-2018-00580-01(AC), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

17

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Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otros
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

carga argumentativa exigida para promover la acción de tutela contra providencias
judiciales.

Esto, bajo el entendido de que la parte actora no atribuyó ningún defecto a la
decisión de rechazar, por caducidad, la demanda de reparación directa formulada
contra Corpoboyacá y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, lo que
desconoce que, como lo ha indicado la Subsección, “… es necesario que el
interesado demuestre que la providencia cuestionada ha incurrido en alguna de
las causales específicas para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. De lo contrario, la tutela carecería de relevancia
constitucional”10.

Conviene mencionar, como lo refirió la Sección Cuarta de la Corporación, que no
se evidencia la vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia
de la señora Flor María Martínez, toda vez que el Tribunal Administrativo de
Boyacá tramitó la solicitud de amparo de pobreza presentada por la mencionada
señora11 y ello le permitió contar con un apoderado, quien radicó la demanda de
reparación directa para reclamar la indemnización por la restricción de explotación
de actividades agrícolas, ganaderas y mineras en su predio.

De otra parte, la Subsección precisa que no se encuentra habilitada para
pronunciarse sobre las pretensiones consistentes en que se ordene “el pago por
servicios ambientales que habla el decreto 1007” y “la adopción de una
infraestructura adecuada para la creación de una micro empresa de acueducto
veredal rural como medio de acceso al trabajo…”.

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 12 de agosto de 2019, radicación número: 110010315000201903205 00, M.P. María
Adriana Marín.
11
Mediante auto del 28 de junio de 2021 (radicado: 15001-23-33-000-2021-00566-00), el Tribunal
Administrativo de Boyacá resolvió:
Primero: Conceder el Amparo de Pobreza solicitado por la señora Flor María Martínez, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Se advierte que la amparada en adelante gozará de los beneficios contemplados en el artículo
154 del Código General del Proceso.
Tercero: Designar como apoderado de la señora Flor María Martínez al doctor Ciro Nolberto Güechá
Medina.
Cuarto: Por Secretaría, comunicar la designación, señalándole que cuenta con el término de diez (10)
días para que se exprese su aceptación.
Quinto: Una vez aceptada la designación por el abogado Ciro Nolberto Güechá Medina, este contará
con el término máximo de tres (3) meses para agotar el requisito de procedibilidad en representación de
la señora Flor María Martínez ante la Procuraduría Judicial para Asuntos Administrativos.
Sexto: Surtido el trámite anterior, el abogado Ciro Nolberto Güechá Medina contará con el término de
treinta (30) días previstos en el inciso 7º del artículo 154 del CGP, para radicar la respectiva demanda de
reparación directa en representación de la señora Flor María Martínez.

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Radicación número: 110010315000202304985 01
Accionante: Flor María Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otros
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

Lo anterior, toda vez que existe un procedimiento específico para para acceder a
dicho incentivo -contemplado en el Decreto 1007 de 201812-. En ese sentido, es
ante la autoridad ambiental debe acreditarse el cumplimiento de los requisitos y
etapas que la ley establece para su pago (identificación, delimitación y priorización
de las áreas y ecosistemas estratégicos; identificación de los servicios
ambientales; selección de predios; estimación del valor del incentivo; identificación
de fuentes financieras y mecanismo para el manejo de los recursos; formalización
de los acuerdos; registro de los proyectos y monitoreo y seguimiento), sin que el
juez constitucional pueda y deba intervenir en el avance y resolución de dicho
proceso.

En cuanto al derecho de petición de la tutelante, la Sala precisa que no se puede
predicar su vulneración porque la señora Flor María Martínez no identificó cuál o
cuáles fueron las peticiones que elevó y que habrían dejado de ser atendidas, ni
precisó y mucho probó ante qué autoridad se radicaron.

Contrario a ello, la Subsección observa que, en múltiples oportunidades,
Corpoboyacá le suministró información a la señora Flora María Martínez respecto
del pago por servicios ambientales al que considera tiene derecho (oficios
110-00000461 de 23 de enero de 202013, 160-00002244 de 11 de marzo de

12
“Por el cual se modifica el Capítulo 8 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado
con la reglamentación de los componentes generales del incentivo de pago por servicios
ambientales y la adquisición y mantenimiento de predios en áreas y ecosistemas estratégicos que
tratan el Decreto Ley 870 de 2017 y los artículos 108 y 111 de Ley 99 de 1993, modificados por los
artículos 174 de la Ley 1753 de 2015 y 210 de la Ley 1450 de 2011, respectivamente”.
13
En ese oficio se lee:
“Respetada señora Flora María. El Decreto-Ley 870 de 2017 establece las directrices para el
Desarrollo de Pago por Servicios Ambientales, siendo reglamentado a través del Decreto 1007 de
2018, el cual define, los beneficiarios, el ámbito de aplicación, la focalización de áreas, las
modalidades, los criterios para la selección y priorización de predios, las acciones a reconocer para el
pago de servicios ambientales, la estimación del valor del pago por servicios ambientales, la
identificación de fuentes financieras y mecanismos para el manejo de los recursos, la formalización de
los acuerdos, el registro de los proyectos y su respectivo seguimiento, entre otros.
Al tenor de lo dispuesto en el artículo 2.2.9.8.1.2. del Decreto 1007 de 2018, el diseño e
implementación de proyectos de pago por servicios ambientales, aplica para las autoridades
ambientales, entidades territoriales y demás personas públicas o privadas, con la financiación de
recursos públicos o privados.
En el mismo orden de ideas, el artículo 18 del Decreto- Ley 870 de 2017 establece que, para la
financiación de esquema de pago por servicios ambientales, se puede dar uso de los recursos
establecidos en los artículos 108 de la Ley 99 de 1993 modificado por el artículo 174 de la Ley 1753 de
2015 y 111 de la Ley 99 de 1993 modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, así mismo,
pueden ser financiados a través de aportes voluntarios provenientes de personas naturales y jurídicas.
Para el caso concreto de Corpoboyacá, nuestra entidad se encuentra en proceso de formulación del
Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 2020 – 2032; y en su línea estratégica de gobernanza se
tiene previsto liderar la implementación de un esquema de pago por servicios ambientales para la
jurisdicción de la corporación. Entre tanto, esta autoridad, se encuentra dispuesta a apoyar
técnicamente las iniciativas que se puedan presentar por parte del municipio o actores privados que
tengan incidencia en la zona”.

19

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202014, 160-00007451 de 3 de junio de 202115 y 160-002295 del 4 de marzo de

14
En ese oficio se comunicó: Con respecto a sus inquietudes acerca del esquema de Pagos por Servicios Ambientales, a
continuación, nos permitimos dar respuesta: 1. Donde habla los Decretos 1007 de 2018 y la Ley 870 de 2017 por los cuales se establece el pago y
otros incentivos por servicios ambientales, los poseedores de los predios a donde debemos acudir?
El Decreto- Ley 870 de 2017 establece las directrices para el desarrollo de Pago por Servicios
Ambientales (PSA), siendo reglamentado a través del Decreto 1007 de 2018, el cual define, los
beneficiarios, el ámbito de aplicación, la focalización de áreas, las modalidades, los criterios para la
selección y priorización de predios y las acciones a reconocer para el pago de servicios ambientales,
entre otros. Los propietarios, poseedores u ocupantes de buena fe exenta de culpa, de predios ubicados en las
áreas y ecosistemas estratégicos, pueden presentar su propuesta a las autoridades ambientales y
entidades territoriales para ser evaluadas. Lo anterior, no implica que le será otorgado este incentivo,
dado que para efectos de la implementación de los esquemas de pago por servicios ambientales, las
autoridades ambientales deben previamente identificar, delimitar y priorizar las áreas de importancia
estratégica, con base en la información contenida en los planes de ordenación y manejo de cuencas
hidrográficas, planes de manejo ambiental de microcuencas, planes de manejo ambiental de acuíferos
y demás instrumentos de planificación ambiental . De igual manera, la focalización obedece a un análisis de las áreas protegidas y ecosistemas
estratégicos en cuento a su degradación ambiental, el grado de amenaza y el impacto ambiental
producido por las actividades antrópicas; adicionalmente las fuentes financieras necesarias para
soportar este esquema, provienen de entidades, públicas, privadas y de cooperación internacional. Por
lo cual es necesario surtir una serie de etapas para la formulación, diseño, implementación y
seguimiento a proyectos de Pagos a Servicios Ambientales, que involucran las siguientes actividades:
● Identificación, delimitación y priorización de las áreas y ecosistemas estratégicos
● Identificación de los servicios ambientales
● Selección de predios
● Estimación del valor del incentivo
● Identificación de fuentes financieras y mecanismo para el manejo de los recursos
● Formalización de los acuerdos
● Registro de los proyectos
● Monitoreo y seguimiento
Por lo anterior, cuando se ejecuten cada una de las etapas descritas, la Corporación realizara en su
momento, las convocatorias y postulaciones de potenciales predios, a través de reuniones locales y
veredales, en las cuales se realizará la socialización del proyecto para la formalización de los
acuerdos. 2. Cuáles son los requisitos, que documentos debemos llevar y a partir de que fecha se ejecutarán
dichos pagos e incentivos?
Por el momento, la Corporación no esta recibiendo ninguna documentación, ni efectuando ningún pago
por servicios ambientales; actualmente se adelantan gestiones para la implementación del esquema de
pagos por servicios ambientales a través de la formulación de proyectos y la articulación con otras
entidades. Hasta la fecha no se han diseñado los mecanismos de priorización e identificación de los beneficiarios. Para esta etapa, es importante tener en cuenta que la norma contempla que se debe priorizar en las
áreas incluidas en el registro de ecosistemas y áreas ambientales (REAA), en el Registro único
Nacional de áreas Protegidas (RUNAP) y en las áreas del sistema nacional de áreas protegidas
(SINAP). En ese sentido, los pagos por servicios ambientales se aplicaran en estas áreas respetando
su régimen especial de ordenamiento, planificación y manejo(…)
15
En dicho oficio se indicó:
«Respetada señora Flor Marina:

En atención a su solicitud, de manera atenta y para los fines
pertinentes remito informe de visita realizada a su predio, el pasado 15 de marzo de 2021, por
funcionarios de la Gobernación de Boyacá y el Municipio de Tota, informe que fue allegado a esta
entidad mediante radicado No 8849 de fecha 27 de abril de 2021. Por otra parte, y conforme a sus reiteradas solicitudes de efectuar el Pago por Servicios Ambientales
ofrecidos por el predio de su propiedad, denominado comunidad San Luis del Piranchon o Guavabal
identificado con matricula inmobiliaria número 095-65644 y código predial Nacional No
00-02-0005-0316000, vereda Corales jurisdicción del municipio de Tota, el cual se encuentra inmerso
en el Complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha, me permito realizar las siguientes aclaraciones: 1. La normativa vigente para el caso, es el Decreto No. 1007 de 2018, el cual “tiene como por objeto
reglamentar el incentivo de pago por servicios ambientales, de conformidad con lo establecido en el
Decreto Ley 870 de 2017, mediante el cual se 'establece las directrices para el desarrollo de los pagos
por servicios ambientales y otros incentivos a la conservación que permitan el mantenimiento y
generación de servicios ambientales en áreas y ecosistemas estratégicos, a través de acciones de
preservación y restauración”. Por lo anterior, para que un mecanismo de Pago por Servicios Ambientales (PSA) se haga efectivo, es
necesario partir del desarrollo e implementación de un esquema de PSA, el cual surtirá efecto una vez
se formulen proyectos de PSA en un área determinada, lo anterior, queda especificado en el artículo
2.2.9.8.1.2. del Decreto No, 1007 de 2018 que establece: “aplica a las autoridades ambientales,

20

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202216) y, por ende, se estima que no se vulneró el derecho de petición de la

entidades territoriales y demás personas públicas o privadas, que promuevan, diseñen o
implementen proyectos de pago por servicios ambientales financiados o cofinanciados con recursos
públicos y privados, o que adelanten procesos de adquisición y mantenimiento de predios”. Teniendo en cuenta lo anterior, en este momento Corpoboyacá no cuenta con proyectos tipo PSA
que se estén desarrollando en el complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha o en el municipio de
Tota, motivo por el cual, el pago por un servicio ambiental determinado en su predio, solo será posible,
una vez que adelante un proyecto que beneficie a esta zona, y el reconocimiento del incentivo por
determinado servicio ambiental, dependerá de la evaluación técnica y jurídica realizada en el marco de
un posible esquema de PSA y según los lineamientos establecidos en el Decreto No 1007 de 2018. 2. El Complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha, fue delimitado por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo sostenible mediante Resolución No. 1771 del 28 de Octubre 2016, dicha delimitación
establece acciones de prohibición para la realización de actividades mineras de hidrocarburos y
construcción de refinerías, sin embargo, frente a la actividad agropecuaria, esta se condiciona a
actividades de bajo impacto, reconociendo el mínimo vital de las comunidades, teniendo en cuenta las
condiciones de vulnerabilidad, arraigo y dependencia. Con base en lo anterior, las comunidades que
hoy habitan este complejo de páramo pueden continuar con sus actividades agropecuarias, siempre y
cuando estas no impliquen la ampliación de la frontera agrícola y se cumplan los lineamientos
establecidos en la Ley 1930 de 2018, por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión
integral de los páramos en Colombia. Adicional a lo anterior, me permito informar que Corpoboyacá está próximo a iniciar el proceso para la
formulación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del complejo de páramos Tota-BijagualMamapacha. De acuerdo a lo lineamientos de la Resolución 0886 del 18 de mayo de 2018. dicho PMA será el
instrumento que permita definir cuáles serán los programas y proyectos que permitan cumplir los
objetivos de conservación y reconocer los derechos y deberes de las comunidades para continuar en el
territorio, mejorando su calidad de vida, ayudando a conservar los servicios ecosistémicos y
biodiversidad de este ecosistema. Finalmente, el PMA permitirá dentro de los diferentes programas, establecer incentivos a la
conservación, dirigidos a las comunidades que habitan el territorio y que en la actualidad no estén
usufructuando el páramo y estén contribuyendo a la protección del territorio, sin embargo, este proceso
debe ceñirse a las condiciones establecidas en la normativa vigente para el caso mencionado
anteriormente». 16
En esa comunicación se indicó:
« En atención al asunto, me permito responder sus solicitudes de la siguiente manera:
• Primera: "Solicitamos de parte de la Gobernación de Boyacá y Corporación Autónoma Corpoboyacá,
Ministerio del Medio Ambiente y entidades de competencia en concordancia a los hechos descritos en
el presente se nos brinde el apoyo y respaldo absoluto para que se nos financié el diseño, ejecución y
puesta en marcha de un proyecto empresarial de acueducto denominado "EL GUAYABAL' ya que por
sus delimitaciones y prohibiciones se nos ha afectado gravemente y de otra parte ya estamos
cansados de pedir ayuda económica al estado y sus entidades para nuestra propia subsistencia sobre
nuestro propio patrimonio familiar derechos que se nos han sido violados. Respuesta: Al respecto, me permito informar que dentro de las funciones establecidas en el artículo 31
de la Ley 99 de 1993, para las Corporaciones Autónomas Regionales, no se encuentra la financiación
de diseños, ejecución o creación de un prestador de servicio de acueducto.

Por lo anterior, la
Corporación no es la entidad competente para brindar ese apoyo.
• Segunda: "Se nos dé respaldo y asesoría para dar inicio y celeridad a la implementación del proyecto
que se denominaría acueducto 'EL GUAYABAL Corpoboyacá "En remplazo del comunitario de
"PANTANO COLORADO" en primer lugar por la no prestación del servicio a todos sus usuarios que
son aproximadamente unos 500 o más, y también por los cobros excesivos y la evasión y omisión de
las responsabilidades jurídicas de parte de la junta administradora de ese acueducto, también con el
nuevo proyecto independiente del acueducto pantano colorado consideramos estaríamos beneficiando
a mucha comunidad tanto del municipio de Tota Como el de pesca con el preciado líquido. Respuesta: En cuanto a la asesoría solicitada, la Corporación solo puede llevar a cabo mesas de
trabajo sobre temas relacionados con el trámite de concesiones de agua o permisos ambientales
requeridos para la prestación del servicio de acueducto y/o alcantarillado, pero no en temas de
creación, conformación o inicio de actividades de un prestador de servicios públicos domiciliarios,
porque no es de competencia de la Autoridad Ambiental.
• Tercero: "Se dé organización de una mesa conjunta de trabajo para la elaboración del proyecto he
iniciado de las respectivas consultorías. Respuesta: Como se manifestó en la respuesta a la solicitud anterior, Corpoboyacá solo puede realizar
mesas de trabajo sobre temas relacionados con el trámite de concesiones de agua o permisos
ambientales requeridos para la prestación del servicio de acueducto y/o alcantarillado. A su vez, la
información y documentación necesaria para solicitar el trámite de las concesiones de agua puede ser
consultado en la página web de la entidad (https://www.corpoboyaca.gov.co/ o a través de los
siguientes enlaces:
a) Concesión de Aguas Subterráneas:
https://www.corpoboyaca.gov.co/ventanilla-atencion/concesion-deaquas-subterraneas/.
b) Concesión de Aguas Superficiales:
https://www.corpoboyaca.gov.co/ventanilla-atencion/concesion-deaguas-superficiales/. Si tiene alguna

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Radicación número: 110010315000202304985 01
Accionante: Flor María Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otros
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

mencionada señora, más aun si se tiene en cuenta que, como lo ha indicado la
Corte Constitucional “una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente
la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la
respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario”17 (se destaca).

Conviene mencionar que, para la Sala no es procedente instar a Corpoboyacá
para que le informe a la accionante las actividades que puede o no desarrollar
porque, como se dijo, esta entidad se ha pronunciado sobre lo solicitado por la
mencionada señora.

Finalmente, la Subsección estima que no hay lugar a atender las solicitudes
formuladas por la tutelante en el trámite de la segunda instancia -que se vincule a
la Defensoría del Pueblo y que la demanda de tutela se “enfoque” contra la Ley
1930 de 2018 y la resolución 1771 del 20 de octubre de 2016; “contra del
fenómeno de caducidad…” y contra la providencia de 24 de agosto de 2023-
porque con ello se aceptaría que se cambie la causa petendi de la demanda de
tutela, lo que implicaría que se transgreda el derecho al debido proceso y
contradicción de los accionados.

Por lo expuesto, la Sala modificará la decisión de primera instancia en el sentido
de declarar improcedente el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 26 de octubre de 2023 por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado. En su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE el amparo solicitado, de conformidad con las razones expuestas
en la presente providencia.

duda respecto de los tramites ambientales antes mencionados, puede acercarse a las instalaciones de
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, ubicadas en la Carrera 6 # 55A-55 (Piso 3),
Barrio Santa Rita de la ciudad de Tunja, en el horario de 08:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 4:30 pm.
(…)».
17
Sentencia T-521 de 14 de diciembre de 2020. M.P.: Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Radicación número: 110010315000202304985 01
Accionante: Flor María Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otros
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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