Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04992-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04992-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-04992-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
26 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintiseis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000-2023-04992-00
Referencia: Acción de tutela
Actores: DIONISIO ENRIQUE SANDOVAL MORENO Y OTROS.
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO
RESPECTO DEL DEFECTO FÁCTICO ENDILGADO, TODA VEZ QUE NO
CUMPLE EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL. TERCERA INSTANCIA. SE DENIEGAN LAS
PRETENSIONES EN CUANTO AL DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE HORIZONTAL ALEGADO, TODA VEZ QUE LAS
DECISIONES INVOCADAS COMO DESCONOCIDAS FUERON
PROFERIDAS POR OTRO TRIBUNAL.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA IGUALDAD.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por los actores contra
el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
2
Número único de radicación: 110010315000-2023-04992-00
Actores: DIONISIO ENRIQUE SANDOVAL MORENO Y OTROS.
DE BARRANQUILLA1 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
ATLÁNTICO2.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
Los señores DIONISIO ENRIQUE3, CARLOS ENRIQUE,
WILFRAN, GLADYS ESTHER y ESTHER GREGORIA SANDOVAL
MORENO, MARYORIS IRINA VILLAREAL DÍAZ, CELINA
ESTHER MORENO DE LA CRUZ, RUTH MARÍA RUA MORENO,
ÁNGELA MARÍA DAZA MORENO, ISABEL MATILDE SANDOVAL
IBARRA y ÁLVARO ENRIQUE DE LA HOZ MORENO, actuando a
través de apoderado especial y en ejercicio de la acción de tutela
prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al principio de
legalidad, los cuales, a su juicio, les fueron vulnerados por el
JUZGADO y el TRIBUNAL al haber proferido las providencias de 20
1
En adelante el JUZGADO.
2
En adelante el TRIBUNAL.
3
Se resalta que el señor Dionisio Enrique Sandoval Moreno en el proceso de reparación directa objeto
de controversia actuó en nombre propio y en representación de sus hijas menores de edad N. P.S.R,
M.P.S.V y M.A.S.A.
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Número único de radicación: 110010315000-2023-04992-00
Actores: DIONISIO ENRIQUE SANDOVAL MORENO Y OTROS.
de enero y 24 de marzo de 2023, respectivamente, dentro del medio
de control de reparación directa identificado con el número único de
radicación 080013333004-2020-00124-01.
I.2.- Hechos
Indicaron que promovieron demanda en ejercicio del medio de
control de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional, con el fin de que se declarara
administrativa y patrimonialmente responsable de los perjuicios
materiales, inmateriales, morales, fisiológicos ocasionados con las
lesiones causadas al señor DIONISIO ENRIQUE SANDOVAL
MORENO en un atentado terrorista por el grupo subversivo Ejército
de Liberación Nacional – ELN, ocurrido el 27 de enero de 2018
mientras se encontraba prestando sus servicios en la Policía
Metropolitana de Barranquilla.
Relataron que por las lesiones causadas al señor DIONISIO
ENRIQUE SANDOVAL MORENO, le fue realizada Junta Médico
Laboral en la que se le calificó la disminución de la capacidad laboral
en un 30.70%.
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Actores: DIONISIO ENRIQUE SANDOVAL MORENO Y OTROS.
Refirieron que las irregularidades y las deficiencias en la Estación de
Policía de San José, llevaron a que se dejaran varios policías muertos
y otros heridos.
Adujeron que a la demanda le fue asignado el número único de
radicación 2020-00124-00 y correspondió por reparto al JUZGADO
que, en sentencia de 20 de enero de 2023, negó las pretensiones al
estimar que al declarar probada la causal de eximente de
responsabilidad “hecho de un tercero”
Señalaron que, inconformes con lo anterior, interpusieron recurso de
apelación, el cual fue desatado por el TRIBUNAL en sentencia de 24
de marzo de 2023, a través de la cual confirmó la decisión del a quo.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Argumentaron que en los fallos cuestionados se incurrió en defecto
fáctico, pues no se hizo una valoración integral de las pruebas de
acuerdo con las reglas de la sana crítica, por lo que no resuelta válido
que no se hayan tenido en cuenta todos los elementos probatorios,
especialmente, las declaraciones rendidas que demostraban
claramente la falla del servicio y el riesgo excepcional.
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Aseguraron que existen seis sentencias proferidas por los Juzgados
Administrativos del Circuito de Bogotá4 y el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca5, en los que accedieron a las pretensiones de la
demanda en casos idénticos al suyo.
Añadieron que el señor DIONISIO ENRIQUE SANDOVAL
MORENO era patrullero de la Policía Nacional, por lo que se infiere
que ingresó voluntariamente a la fuerza pública y asumió los riesgos
que la actividad implica, sin que de ello pueda desconocerse que la
entidad accionada incurrió en fallas del servicio que provocaron un
aumento en el riesgo que debía soportar, lo que evidencia que no se
debió declarar probado el eximente de responsabilidad de “hecho de
un tercero”.
4
Juzgado 37 Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, Sección Tercera, sentencia de 4 de
agosto de 2021, radicación 110013336037-2019-00224-00.
Juzgado 62 Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Tercera, sentencia de 8 de octubre de 2021,
radicación 110013343062-2020-0003-00.
Juzgado 66 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, Sección Tercera, sentencia de 24 de mayo de
2021, radicación 110013343066-2020-00061-00.
Juzgado 38 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, sentencia de 22 de febrero de 2023,
radicación 110013336038-2019-00359-00.
5
Sección Tercera, Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sentencia de 11 de
agosto de 2022, radicación 110013336037-2019-00224-01.
Sección Tercera, Subsección “C” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sentencia de 1o. de
febrero de 2023, radicación 110013343062-2020-0003-01.
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Actores: DIONISIO ENRIQUE SANDOVAL MORENO Y OTROS.
Afirmaron que si bien es cierto que quienes implantaron el artefacto
explosivo fueron el grupo guerrillero ELN, también lo es que el Estado
facilitó ese resultado con su actuar omisivo y desinteresado, pues
pese a advertir de la posible ocurrencia de un hecho así, no se
realizaron gestiones para reforzar la seguridad de los uniformados ni
las medidas necesarias para evitar el riesgo.
Así las cosas, aseveraron que los policías de la Estación San José no
estaban en un lugar seguro para llevar a cabo sus formaciones, lo
cual sin lugar a dudar fue una carga excesiva y desigual que tuvieron
que soportar, máxime cuando hay múltiples evidencias que dan
cuenta de la previsibilidad e inminencia de un posible atentado en
contra de la Policía Nacional.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, los actores pretenden lo siguiente:
“[…] SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se revoque
o deje sin efectos las Sentencias proferidas por el JUZGADO
CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DE BARRANQUILLA JUEZ
MILDRED ARTETA MORALES Y TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO SALA DE DECISION ORAL-
SECCIÓN “B” MAGISTRADO PONENTE DR. LUIS EDUARDO
CERRA JIMENEZ; de fechas 20 de enero de 2023 y 24 de marzo
de 2023, respectivamente, notificada esta ultima el 15 de mayo
de 2023, dentro del RADICADO 08-001-33-33-004-2020-
00124-00 (1), Medio de Control de Reparación Directa,
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Actores: DIONISIO ENRIQUE SANDOVAL MORENO Y OTROS.
Demandante DIONISIO ENRIQUE SANDOVAL MORENO Y
OTROS, Demandado Nación-Ministerio de Defensa Nacional-
Policía Nacional, que negaron injustificadamente las
Pretensiones de la Demanda, conforme a lo expuesto en esta
Tutela.
TERCERO: Se dicte por parte del Consejo de Estado que
corresponda conocer de esta Tutela o se ordene al JUZGADO
CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DE BARRANQUILLA JUEZ
MILDRED ARTETA MORALES Y/O TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO SALA DE DECISION ORAL-
SECCIÓN “B” MAGISTRADO PONENTE DR. LUIS EDUARDO
CERRA JIMENEZ; se profiera una nueva Sentencia en derecho,
respetando los derechos fundamentales de igualdad, debido
proceso, valoración integral de las pruebas, legalidad,
precedentes judiciales y acceso a la administración de justicia,
vulnerados a los Demandantes DIONISIO ENRIQUE SANDOVAL
MORENO, MARYORIS IRINA VILLARREAL DIAZ, CELINA ESTHER
MORENO DE LA CRUZ, RUTH MARÍA RÚA MORENO, ANGELA
MARÍA DAZA MORENOCARLOS ENRIQUE SANDOVAL MORENO,
WILFRA SANDOVAL MORENO, GLADYS ESTHER SANDOVAL
MORENO, ESTHER GREGORIA SANDOVAL MORENO E ISABEL
MATILDE SANDOVAL IBARRA, teniendo en cuenta las pruebas
que obran el plenario y las aquí aportadas, para que en
consecuencia se acceda favorablemente a las pretensiones de la
Demanda.
CUARTO: Que para resolver el asunto, se tengan en cuenta las
pruebas que obran el plenario y las aquí aportadas, para que en
consecuencia se acceda favorablemente a las pretensiones de la
Tutela y la Demanda […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El JUZGADO se limitó a indicar que en el proceso de
reparación directa objeto de tutela, profirió sentencia de primera
instancia negando las pretensiones de la demanda, decisión frente a
la cual la parte actora interpuso recurso de apelación que fue
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desatado por el TRIBUNAL.
I.5.2.- El TRIBUNAL solicitó declarar improcedente el amparo
solicitado o, en su defecto, denegar las pretensiones, comoquiera que
en la presente acción de tutela no se cumplen los requisitos generales
ni específicos establecidos por la jurisprudencia para que se pueda
controvertir una providencia judicial por intermedio de la acción de
tutela.
Destacó que la parte actora no describió con precisión o claridad los
hechos que dieron origen a la presunta violación de derechos
fundamentales, pues se limitó a hacer una transcripción de los
hechos expuestos en los fallos de primera y segunda instancia sin
exponer argumentos de fondo que controviertan lo expuesto en las
providencias acusadas.
Aseveró que los hechos descritos carecen de relevancia
constitucional, comoquiera que ninguno de estos expone algún
reparo en concreto que implique la afectación de un derecho
fundamental, máxime cuando tales inconformidades fueron resueltas
por el juez natural, de tal forma que lo pretendido es que la acción
de tutela se convierta en una instancia adicional dentro del proceso
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ordinario.
Alegó que en la providencia de segunda instancia acusada, luego de
un análisis probatorio y jurisprudencial, no se logró acreditar la falla
de servicio alegada ni el riesgo excepcional o mayor al que
comúnmente estaría expuesto como miembro de la Policía Nacional
por haber realizado formación en una estación de policía distinta a la
que se encontraba inscrito, en razón a que de acuerdo con los
testimonios recepcionados la institución realiza formaciones en
espacios abiertos y públicos, y sus actividades se ejecutan
principalmente fuera de las instalaciones de las estaciones o
edificaciones institucionales.
Además, sostuvo que si bien se encontraron oficios en los que se
solicitaba activar un plan de defensa y seguridad, de allí no se lograba
desprender amenazas o alertas que fueran conocidas por los
comandantes y que llevaren a suponer que contra esa estación se
perpetraría de forma específica algún acto terrorista.
Así las cosas, concluyó que la providencia de 24 de marzo de 2023
se encuentra ampliamente fundamentada en argumentos
probatorios, constitucionales, legales y jurisprudenciales que
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respaldan la juridicidad de la decisión.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
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violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
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de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
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e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
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d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el caso bajo examen, los actores pretenden que se dejen sin
efecto las sentencias de 20 de enero y 24 de marzo de 2023,
proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL, respectivamente,
mediante las cuales se denegaron las pretensiones de la demanda
promovida dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 2020-00124-01.
La controversia tiene origen en una demanda de reparación directa
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presentada por los actores contra la Nación – Ministerio de Defensa
– Policía Nacional, en la que solicitaban que se declarara a la entidad
responsable administrativa y patrimonialmente de los perjuicios
sufridos con ocasión de las lesiones padecidas por el señor
DIONISIO ENRIQUE SANDOVAL MORENO como consecuencia de
un atentado ocurrido el 27 de enero de 2018, mientras se encontraba
prestando sus servicios en la Policía Metropolitana de Barranquilla.
Los actores estiman que las providencias cuestionadas vulneraron
sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y al principio de legalidad,
dado que, en su sentir, las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente
horizontal.
En este punto es del caso advertir que aun cuando la parte actora
pretende que se dejen sin efecto tanto la providencia de 20 de enero
como la dictada el 24 de marzo de 2023, la Sala concentrará su
análisis en la sentencia de segunda instancia proferida por el
TRIBUNAL, comoquiera que en esta se confirmó la decisión del a
quo y fue la que dio por terminado el proceso.
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Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL
vulneró los derechos deprecados e incurrió en los defectos fáctico y
desconocimiento del precedente horizontal, al haber proferido la
sentencia de 24 de marzo de 2023 dentro del medio de control de
reparación directa identificado con el número único de radicación
2020-00124-01.
Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito general de la relevancia constitucional.
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene
dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio
constitucional de la autonomía funcional de los jueces
(artículos 228 y 230 de la Carta)”; por otro, evita que la acción
de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”.
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del
actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de
relevancia constitucional por la afección de sus derechos
fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de
derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo
constitucional.
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no
puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
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consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida
para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial
que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de
relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que
se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una
cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en
cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a
una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios,
es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras
palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un
asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad. Si bien no
siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional
de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha
sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de
diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los
antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de
1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al
debido proceso. El primero que emerge de la propia Constitución y
que es el denominado debido proceso constitucional, y otro que
es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente
debido proceso.
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29
CN-, aboga por la protección de las garantías esenciales o básicas
de cualquier proceso. En criterio de la Corte, tales garantías
esenciales son el derecho al juez natural; el derecho a presentar y
controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el
derecho a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en
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el proceso penal; el principio de predeterminación de las reglas
procesales o principio de legalidad; el derecho a la publicidad de
los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de juicios
secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos y
arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa y
contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de
manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales impone un estudio riguroso de los requisitos de
procedibilidad y de prosperidad de la acción, más cuando se
trata de atacar las providencias de las altas Cortes, tal como
lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917
de 2013. […]” (Destacado fuera del texto).
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir
las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la
independencia del juez ordinario.
En el caso bajo examen, la solicitud de tutela se fundamentó en el
hecho, según el cual, el TRIBUNAL omitió analizar de forma integral
las pruebas obrantes en el expediente, las cuales, a juicio de los
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actores, daban cuenta de que la entidad accionada incurrió en falla
del servicio que provocó un aumento en el riesgo que debían soportar
los patrulleros, lo que evidencia que no se debió declarar probado el
eximente de responsabilidad de el “hecho de un tercero”.
En efecto, a juicio de la parte actora, si bien es cierto que quienes
implantaron el artefacto explosivo fue el grupo guerrillero ELN,
también lo es que el Estado facilitó ese resultado con su actuar
omisivo y desinteresado, pues pese a advertir de la posible
ocurrencia de un hecho así, no se realizaron gestiones para reforzar
la seguridad de los uniformados ni las medidas necesarias para evitar
el riesgo.
Aseveró la parte actora en el escrito de tutela que los policías de la
Estación San José no estaban en un lugar seguro para llevar a cabo
sus formaciones, lo cual sin lugar a dudar fue una carga excesiva y
desigual que tuvieron que soportar, máxime cuando hay múltiples
evidencias que dan cuenta de la previsibilidad e inminencia de un
posible atentado en contra de la Policía Nacional.
Conforme con lo anterior, la Sala advierte que las inconformidades
descritas por la parte actora pretenden retrotraer asuntos que fueron
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objeto de análisis por el juez de lo contencioso administrativo, sin
que se evidencie relevancia constitucional que permita estudiar el
fondo del asunto, toda vez que la fundamentación del escrito
introductorio de la acción de tutela está encaminada a controvertir
las conclusiones a las que arribó el TRIBUNAL respecto de la
responsabilidad estatal por daños causados por actos violentos de
terceros.
En efecto, al revisar la providencia cuestionada, la Sala advierte que
el TRIBUNAL precisamente discurrió sobre la responsabilidad estatal
en estos casos y también hizo una relación y análisis de las pruebas
que obraban en el expediente, lo cual estuvo ampliamente motivado,
de la siguiente manera:
“[…]
Sea lo primero indicar que la responsabilidad patrimonial del
Estado fue contemplada en el artículo 90 Constitucional, cuyo tenor
preceptúa:
[…]
Tanto la jurisprudencia como la doctrina indican que, para la
configuración de la responsabilidad estatal, se requieren los
siguientes elementos:
-Que la actuación atribuible al Estado se pueda calificar de
irregular, vale decir, que sea por culpa, falta, o falla en el servicio;
o lo que es igual, que el servicio público funcionó mal, se ejecutó
de manera tardía o no funcionó.
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-Que sea un daño cierto o futuro real, pues se excluyen aquellos
futuros eventuales, daño que también debe ser particular, anormal
y además debe referirse a una situación jurídicamente protegida.
[…]
-Por último, que haya nexo causal entre el primer y segundo
elemento, en punto a determinar la imputabilidad del daño
antijurídico al Estado, causalidad que debe ser apta, idónea y
determinante del mismo.
[…]
Por tanto, corresponde en primer lugar establecer si en el presente
asunto se ha configurado o no un daño antijurídico y unos
consecuenciales perjuicios a los demandantes. A efectos de
resolver lo que corresponda, la Sala se ocupará, en primer lugar,
de determinar los hechos que se encuentran probados, los cuales
son trascendentales al problema jurídico, y hará el análisis del caso
concreto para establecer si conforme a los hechos probados se
acreditan los elementos que configurarían la responsabilidad que
se le endilga al Ministerio de Defensa – Policía Nacional.
Obran en el expediente los siguientes medios probatorios:
[…]
-Oficio S-2017-0404/DICEH-ESCEH-29.26 de 2 de junio de 2017,
suscrito por el Comandante de la Estación de Policía Centro
Histórico Teniente Jeysson David Pérez Díaz, a través del cual
informa al Comandante de la Estación de Policía San José Elkin
Hernández Herrera, lo siguiente:” que la estación Centro Histórico
se encuentra funcionando en las instalaciones de la Estación San
José desde el mes de agosto del año 2015, teniendo en cuenta que
las instalaciones propias del Distrito II Norte Centro Histórico
estaba en proceso de remodelación […]
-Oficio S-2017-048108/DICEH-ESCE-29.25 de 17 de noviembre de
2017 suscrito por el Comandante Operativo Jeysson David Pérez
Díaz, a través del cual informa al Comandante Operativo de
Seguridad Ciudadana (E) Hugo Fernando Molano Losada, lo
siguiente: "que la Estación de Policía Centro Histórico de la
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Metropolitana de Barranquilla, no cuenta con instalaciones propias
para prestar un buen servicio a la ciudadanía ya que actualmente
solo contamos con una oficina de la Estación de Policía San José
[…]
-Oficio S-2018/DICEH-ESCEH-29.25 de 5 de febrero de 2018
suscrito por el Subteniente Edwin Botia Gómez, Comandante
Estación Centro Histórico (E), dirigido al Comandante Operativo de
Seguridad Ciudadana Mebar (E) Jesús Manuel de los Reyes
Valencia, a través de la cual se rinde el siguiente informe:
“CUANTO PERSONAL SE ENCONTRABA FORMADO EN EL LUGAR DE
LOS HECHOS Y NO DENTRO DE LAS INSTALACIONES POLICIALES”
[…]
-Acta no. 0210-DISOR-ESSAJ-2.25 de 4 de septiembre de 2017”
QUE TRATA SOBRE LA SOCIALIZACIÓN SOBRE ACTIVAR PLAN DE
DEFENSA Y SEGURIDAD A INSTALACIONES, POR PARTE DEL
SEÑOR TENIENTE ELKIN SIGIFREDO HERNÁNDEZ HERRERA
COMANDANTE DE ESTACIÓN. AL PERSONAL POLICIAL QUE
CONFORMA LA ESTRACIÓN DE POLICÍA SAN JOSÉ” […]
-Oficio No. S-2017-0131/COSEC-DISOR-38.10 de 21 de mayo de
2017 del Comandante Tercer Distrito Policía Sur Occidente al
Comandante UNIPOL Otoniel Ávila Ramírez:
“respetuosamente me permito solicitar a mi mayor, que estudie la
posibilidad de ordenar a quien corresponda sea nombrado servicio
en los tres turnos de vigilancia tales como segundo turno de 07:00
a 14:00 horas, tercer turno de 14:00 a 22:00 horas y cuarto primer
turno de 22:00 a 07:00 horas, de 02 centinelas en la parte
posterior por cada una de las estaciones de policía Simón Bolívar y
San José, toda vez que el grupo UNIPOL pernota en estas
estaciones, y esto con el fin de evitar ser objeto de atentado por
parte de cualquier grupo al margen de la ley, teniendo en cuenta
los últimos acontecimientos que se vienen presentando a nivel país
contra la fuerza pública”.
-Oficio No. S-2017/DISOR-ESSAJ-29.25 de 8 de junio de 2017
suscrito por el Comandante Estación de Policía San José y dirigido
al Comandante Estación de Policía Centro Histórico de Barranquilla.
Asunto: Solicitud de personal para reforzar la seguridad.
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“En atención a las vulnerabilidades de seguridad encontradas por
la unidad de análisis de riesgo en la Estación de Policía San José,
me permito solicitar la asignación de tres unidades policiales para
el apoyo a la seguridad de las instalaciones durante los tres turnos
de vigilancia con el fin de salvaguardar la integridad del personal y
las instalaciones, quienes estarán en calidad de comisión del
servicio para la guardia de prevención.
-Testimonio del capitán ELKIN SIGIFREDO HERNÁNDEZ HERRERA,
quien se encontraba a cargo de la Estación SAN José al momento
de la ocurrencia del atentado […]
-Testimonio del Teniente JEYSSON DAVID PEREZ DÍAZ, quien para
el 27 de enero de 2018, fungía como comandante de la Estación
de Policía Centro Histórico […]
En el caso que nos ocupa se encuentra demostrado que el día 27
de enero de 2018 en el momento en que miembros de la Policía
Nacional realizaban formación matutina en la parte de atrás de la
Estación de Policía San José, se produjo una explosión en donde
resultó lesionado el hoy demandante, a un riesgo que no tenían por
qué soportar, en razón a que la formación la estaban haciendo en
la Estación de Policía San José, debido a que desde el año 2015 las
instalaciones de la Estación de Policía Centro Histórico se
encontraban en remodelación.
La Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de
unificación del 20 de junio de 2017 precisó que para la declaratoria
de responsabilidad estatal por daños causados por actos violentos
de terceros es “necesario que existía una razón de atribución para
imputarle responsabilidad al Estado por los daños padecidos por las
víctimas” y que, en estos casos, “la solidaridad no puede ser el
fundamento único y autosuficiente para atribuir la responsabilidad
al Estado”, pues, de serlo, el juez “estaría no solo desconociendo
sus límites competenciales sino creando una nueva fuente de
responsabilidad del Estado”. El daño derivado de un acto terrorista
es causado por el hecho de un tercero, por lo que en principio no
es atribuible al Estado. Sin embargo, el Estado debe responder si
se demuestra que tal hecho no resultaba imprevisible ni irresistible
y que las autoridades públicas, ejerciendo sus potestades
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constitucionales y legales, o adoptando las medidas a su alcance,
podían evitarlo […]
Por su parte esa misma Sección Tercera en sentencia de 1 de junio
de 2020, en lo concerniente a la responsabilidad del Estado por
afectaciones a la vida o integridad en contra de los miembros de la
fuerza pública, dispuso que, dependiendo del tipo de vinculación
con el que la víctima ejercía su función, esto es, si era de forma
voluntaria u obligatoria, es que debería examinarse el título de
imputación que sería aplicable.
Al respecto, se señaló que cuando se trata de personal que
voluntaria o profesionalmente ingresa a las fuerzas de seguridad
del Estado, se ha estudiado la responsabilidad del Estado desde la
óptica de la falla del servicio, teniendo en cuenta que se debe
constatar la conducta negligente de la administración que coloca al
personal en situación de indefensión o cuando eleva los riesgos
propios del servicio, esto es, cuando se somete al militar o policía
a un riesgo excepcional diferente o mayor al que deban soportar
los demás miembros que ejerzan la misma actividad.
Lo anterior implica que no existe responsabilidad del Estado cuando
el daño antijurídico se presenta bajo la concreción de un riesgo
propio del servicio, es decir, que el agente asume voluntariamente
mediante su vinculación a la fuerza pública o que se produce en
ejercicio de las funciones propias del servicio militar o de policía, el
cual implica peligros superiores a los que ordinariamente asume la
ciudadanía, y se justifican en la necesidad y las condiciones de su
misión.
[…]
De acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente no se logra
acreditar la falla de servicio que alega la parte actora en los cargos
de la demanda y en el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de primera instancia; tampoco se encuentra acreditado
el riesgo excepcional o mayor al que comúnmente estaría expuesto
como miembro de la Policía Nacional por haberse realizado
formación en una estación de Policía (Estación de Policía San José),
distinta a la que se encontraba adscrito (Estación Norte Centro
Histórico), en razón a que de acuerdo a los testimonios
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recepcionados en primera instancia la Institución realiza estas
formaciones en espacios abiertos y públicos, y sus actividades se
ejecutan principalmente fuera de las instalaciones de las estaciones
o edificaciones institucionales. El hecho de que se hiciera en una
estación de policía distinta no conlleva a que el riesgo al que se
encuentran expuestos por el ejercicio mismo de las funciones
propias del servicio de policía aumentara.
Si bien es cierto en las pruebas se encuentran oficios dirigidos por
parte del Comandante de la Estación de Policía San José con
anterioridad a la fecha de ocurrencia del atentado en el que
solicitaba activar un plan de defensa y seguridad a las
instalaciones, de los oficios no se extrae que ya existieran
amenazas o alertas que fueran conocidas por los comandantes y
que llevaren a suponer que contra esa estación se perpetraría de
forma específica algún acto terrorista.
Las consideraciones expuestas acreditan que los supuestos de
hecho, y por lo tanto el daño antijurídico, en razón de los cuales
atribuye a la Policía Nacional responsabilidad patrimonial, se
produjeron como consecuencia del hecho imprevisible e irresistible
de un tercero, circunstancia que rompe el nexo de causalidad […]”.
Conforme con la transcripción en cita, la Sala advierte que el
TRIBUNAL analizó cada una de las pruebas obrantes en el plenario,
entre otras, los testimonios recaudados como los oficios suscritos por
los Comandantes de las Estaciones de Policía de San José y Centro
Histórico en el que solicitaban personal para reforzar la seguridad.
A partir de lo anterior, el TRIBUNAL determinó que no se logró
determinar la falla del servicio ni el riesgo excepcional, toda vez que,
de acuerdo con los testimonios recepcionados, la Policía Nacional
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realiza las formaciones en espacios públicos y abiertos y sus
actividades se ejecutan principalmente afuera de las estaciones de
policía, de tal forma que el hecho de que se hubiese realizado dicha
formación en una estación distinta, no conllevaba que el riesgo al que
están sometidos los miembros de la Policía Nacional aumentara.
Sumado a lo anterior, destacó que aun cuando se encontraron oficios
por medio de los cuáles se solicitó activar un plan de defensa y mayor
seguridad a las instalaciones, de allí no se desprendía que existieran
amenazas o alertas que llevaren a suponer que se perpetraría algún
atentado contra esa estación.
Así las cosas, el TRIBUNAL concluyó que los daños causados fueron
producto de un hecho imprevisible e irresistible de un tercero, lo que
rompía el nexo de causalidad, de conformidad con la jurisprudencia
vigente de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Así las cosas, la Sala encuentra que los argumentos en los cuales la
parte actora sustentó el defecto fáctico, no permiten abordar un
estudio constitucional del mismo, máxime si se tiene en cuenta que
estos ya fueron objeto de pronunciamiento por el TRIBUNAL dentro
del proceso de reparación directa cuestionado, por lo que claramente
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lo pretendido con esta acción constitucional, es reabrir un debate que
ya se surtió por el juez natural del asunto, pretendiendo dársele a las
pruebas una interpretación diferente a la que arribó la autoridad
judicial accionada.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que no se cumple con el
requisito general de la relevancia constitucional, pues la parte
actora pretende que en sede de tutela se estudien las razones y
fundamentos expuestos en la providencia proferida dentro del medio
de control de reparación directa, lo que torna la acción de tutela
improcedente, pues este mecanismo no está instituido para ser
ejercido como una instancia adicional a las establecidas por el
legislador en los procesos ordinarios.
Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado
improcedentes acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no
resulta ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que el
único fin del interesado ha sido reabrir un debate judicial ya
clausurado. Tal fue el caso de la providencia de 29 de agosto de
20187, en la que se sostuvo:
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único de
radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.
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“[…] En torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en el
argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B” del
Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual indicó
de manera clara, que se trataba de un punto nuevo que no
había sido presentado en su momento en el escrito de
apelación, por lo que el recurso extraordinario no estaba
diseñado para convertirse en una tercera instancia. Y se
tiene que estos argumentos resultan válidos y razonables.
Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que sea
de verdadera relevancia constitucional que conlleve la presunta
trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino la
reiteración de planteamientos que, por lo menos en sede de
revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que no pueden
volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues esta acción
constitucional tiene por objeto la protección inmediata de
derechos de rango fundamental que se encuentren
vulnerados, lo cual no sucede en este caso […]” (Destacado
fuera del texto).
Igualmente, en providencia de 9 de febrero de 20178, se indicó:
“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no se
cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual genera
que la solicitud de amparo tutelar se torne improcedente,
toda vez que lo pretendido por la parte actora es reabrir
nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre cuestiones
estrictamente legales que ya fueron discutidas y falladas en el
trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, con
radicado No. 11001-33-31-015-2011-00427-00, por parte
de los jueces de dicha causa, con pleno desconocimiento de
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único de
radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
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que el objeto del juicio de amparo constitucional no es otro
que la defensa de los derechos fundamentales y no la
revisión de la legalidad de las decisiones de la justicia
ordinaria […]”.(Destacado fuera del texto)
Significa lo precedente que no resulta admisible que los accionantes
hagas uso de esta acción por el simple hecho de que la decisión
judicial fue adversa a sus intereses, pretendiendo crear una instancia
adicional, por lo cual la presente acción de tutela resulta
improcedente por carencia del requisito general de la relevancia
constitucional.
Aunado a lo anterior, no se advierte la existencia de algún perjuicio
irremediable en el asunto, esto es, un daño cierto o inminente que
amerite la intervención del juez constitucional en el caso concreto,
razón por la que la Sala declarará improcedente el amparo por
incumplir el requisito general de la relevancia constitucional frente al
defecto fáctico, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva
de la presente providencia.
De la solicitud de amparo frente al desconocimiento del
precedente horizontal endilgado
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De acuerdo con los parámetros planteados en líneas anteriores, la
Sala examinará respecto del alegado desconocimiento del
precedente en las sentencias proferidas por los Juzgados
Administrativos de Bogotá9 y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca10, el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación.
La Sala observa que, en el presente caso se cumple con el requisito
de la relevancia constitucional, por cuanto la parte actora plantea con
suficiente carga argumentativa, las razones por las cuales, en su
criterio, la autoridad judicial accionada desconoció el precedente
9
Juzgado 37 Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, Sección Tercera, sentencia de 4 de
agosto de 2021, radicación 110013336037-2019-00224-00.
Juzgado 62 Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Tercera, sentencia de 8 de octubre de
2021, radicación 110013343062-2020-0003-00.
Juzgado 66 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, Sección Tercera, sentencia de 24 de mayo de
2021, radicación 110013343066-2020-00061-00.
Juzgado 38 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, sentencia de 22 de febrero de 2023,
radicación 110013336038-2019-00359-00.
10
Sección Tercera, Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sentencia de 11 de
agosto de 2022, radicación 110013336037-2019-00224-01.
Sección Tercera, Subsección “C” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sentencia de 1o. de
febrero de 2023, radicación 110013343062-2020-0003-01.
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judicial y vulneró sus derechos fundamentales invocados; contra la
decisión cuestionada no proceden recursos y tampoco se estructuran
las causales de los recursos extraordinarios de revisión (artículo 248
y ss. del CPACA) y unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss.,
ídem); la acción de tutela se interpuso en un plazo razonable11 y, por
último, la solicitud identifica los hechos y derechos que se estiman
lesionados.
Verificado lo anterior, corresponde determinar si la autoridad judicial
accionada incurrió en el desconocimiento del precedente judicial
endilgado a la providencia de 24 de marzo de 2023, proferida dentro
del medio de control de reparación directa identificado con el número
único de radicación 2020-00124-01.
Del desconocimiento del precedente judicial y el derecho a la
igualdad
En relación con el trato igualitario que deben recibir los administrados
por parte de las autoridades judiciales, la Corte Constitucional en
11 Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero
ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
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sentencia T-267 de 8 de mayo de 201312, puntualizó:
“[…] Es así como, en materia de decisiones judiciales, se
destaca el respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de
la Carta), que supone no solamente la igualdad ante la ley sino
también de trato por parte de las autoridades y concretamente
igualdad en la interpretación y aplicación de la ley por las
autoridades judiciales, garantizándose de esta forma la
seguridad jurídica y con ella la certeza de la comunidad
respecto a la forma en la que se van a decidir los casos iguales.
Como resultado de lo anterior, surge como límite a la
autonomía e independencia de los Jueces el respeto por el
precedente13 […]”.
De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte
Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente
constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela cuando
la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las partes. En
especial, respecto del precedente vertical, la jurisprudencia de esa
Corporación ha sido enfática en sostener que el Juez no sólo está
vinculado por el artículo 13 de la Carta, que impone la igualdad de
trato jurídico en la aplicación de la ley, sino también que su
autonomía se encuentra limitada por la eficacia de los derechos
fundamentales y, en particular, del debido proceso judicial14. Dicha
12
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
13
Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571
de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, de la Corte Constitucional.
14
Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente: doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
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obligación, según la Corte, tiene fundamento en las siguientes
razones:
“[…] i) el principio de igualdad que es vinculante a todas las
autoridades e, incluso, a algunos particulares, exige que
supuestos fácticos iguales se resuelvan de la misma manera
y, por consiguiente, con la misma consecuencia jurídica; ii)
el principio de cosa juzgada otorga a los destinatarios de las
decisiones jurídicas seguridad jurídica y previsibilidad de la
interpretación, pues si bien es cierto el derecho no es una
ciencia exacta, sí debe existir certeza razonable sobre la
decisión; iii) La autonomía judicial no puede desconocer la
naturaleza reglada de la decisión judicial, pues sólo la
interpretación armónica de esos dos conceptos garantiza la
eficacia del Estado de Derecho; iv) Los principios de buena
fe y confianza legítima imponen a la Administración un grado
de seguridad y consistencia en las decisiones, pues existen
expectativas legítimas con protección jurídica; y iv) por
razones de racionalidad del sistema jurídico, porque es
necesario un mínimo de coherencia a su interior […].”15
No obstante lo anterior, la jurisprudencia constitucional también ha
admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio
precedente o del precedente de su superior
jerárquico, siempre y cuando se sustenten debidamente las
razones de su posición (principio de razón suficiente)16.
Ahora bien, en el presente caso, los actores adujeron que el
15
Ídem.
16
Ver sentencia T-292 de 2006.
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TRIBUNAL desconoció el precedente contenido en las sentencias de
los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá17 y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca18.
En primera medida, la Sala advierte que no hay lugar a estudiar el
presunto desconocimiento del precedente judicial establecido en las
sentencias proferidas por los Juzgados Administrativos del Circuito
de Bogotá, toda vez que el TRIBUNAL accionado únicamente estaba
en la obligación de tener en cuenta sus propios pronunciamientos y
acatar los lineamientos que frente al tema particular haya realizado
la Sección Tercera del Consejo de Estado por ser el órgano de cierre
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
17
Juzgado 37 Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, Sección Tercera, sentencia de 4 de
agosto de 2021, radicación 110013336037-2019-00224-00.
Juzgado 62 Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Tercera, sentencia de 8 de octubre de
2021, radicación 110013343062-2020-0003-00.
Juzgado 66 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, Sección Tercera, sentencia de 24 de mayo de
2021, radicación 110013343066-2020-00061-00.
Juzgado 38 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, sentencia de 22 de febrero de 2023,
radicación 110013336038-2019-00359-00.
18
Sección Tercera, Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sentencia de 11 de
agosto de 2022, radicación 110013336037-2019-00224-01.
Sección Tercera, Subsección “C” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sentencia de 1o. de
febrero de 2023, radicación 110013343062-2020-0003-01.
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Ahora, en lo que tiene que ver con los procesos presuntamente
desconocidos proferidos por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, se observa que tal inconformidad no tiene vocación
de prosperidad, habida cuenta que tal como lo ha sostenido esta Sala
en otras oportunidades, para que se configure el desconocimiento del
precedente horizontal, las decisiones que se comparan deben ser
proferidas por los mismos magistrados que integran el TRIBUNAL
o, en todo caso, por los mismos miembros que integran la mayoría
decisoria.
En relación con el desarrollo que ha tenido la posición aludida en esta
Sala, en sentencia de 15 de febrero de 201819, se señaló:
[…] 3.2. Sobre el desconocimiento del precedente horizontal, la
Sala ha precisado que las decisiones que se comparan deben ser
expedidas por los mismos magistrados que integran el Tribunal.
La sentencia del 26 de junio de 2015, radicado 2015 00580 01,
con Ponencia de la Magistrada María Elizabeth García González,
que prohijó la postura decantada por la Sección Quinta de esta
Corporación en el fallo del 23 de abril de 2015, emitido en el
proceso identificado con el número 11001 0315 000 2014 02344
01 con Ponencia de la Magistrada Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, fue clara al determinar que:
No obstante, encuentra la Sala que, así como lo indicó la
autoridad tutelada con la demanda, tal derecho del tutelante
no fue vulnerado porque las decisiones que refirió fueron
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
febrero de 2018, CP Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001-03-15-000-2017-
02082-01.
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dictadas por otras Salas del mismo Tribunal de las cuales
no hacen parte la totalidad de los Magistrados que dictaron la
decisión censurada. Esta sola precisión rompe con la
identidad fáctica y jurídica que alega el actor, pues, a
diferencia de como ocurrió en otro caso en el que esta Sección
amparó los derechos del allí tutelante, lo cierto es que es posible
que diferentes Salas de la misma Corporación adopten uno u
otro criterio frente a un mismo punto, mientras que todos sean
jurídicamente válidos. A lo que debe agregarse que, como lo
estableció está Sección en sentencia de 19 de febrero de 2015,
‘…los juzgados y tribunales tienen el deber de aplicar la regla
creada por el órgano de cierre, pero sus fallos, al carecer del
carácter vinculante que antes fue explicitado, no obligan a sus
pares o a quienes se encuentran en un nivel jerárquico
inferior’…”. (Resaltado de la Sala).”
Más adelante, en sentencia del 17 de noviembre de 2016, la
Sección Primera ratificó la citada postura en el sentido de indicar
que la coincidencia de no ser total en cuanto a los Magistrados
que expidiesen la providencia, sí puede ser en cuanto a que
concurran en la decisión la mayoría de la Sala que profirió la
providencia respecto de la cual se invoca la vulneración del
derecho a la igualdad por desconocimiento del precedente.
Veamos:
“De lo expuesto encuentra la Sala que los fundamentos fácticos
y jurídicos de las demandas promovidas por la señora Carolina
Parra Buendía y por la hoy actora son iguales; sin embargo, el
Tribunal Administrativo del Huila profirió dos fallos diferentes,
uno, el de 21 de julio de 2016, denegando las pretensiones de
la demanda, y otro, el del 20 de agosto de 2014, accediendo a
lo reclamado por la accionante.
Ahora bien, cabe resaltar que las providencias fueron dictadas
por diferentes Salas de Decisión del Tribunal Administrativo del
Huila, en tanto la sentencia del 20 de agosto de 2014 fue
proferida por la Sala Sexta de Decisión Escritural, conformada
por los Magistrados Carmen Emilia Montiel Ortiz, José Miller
Lugo Barrero y Gerardo Iván Muñoz Hermida, mientras que
el fallo del 21 de julio de 2016, lo fue por la Sala Segunda de
Decisión Escritural del mencionado Tribunal, conformada por los
Magistrados José Miller Barrero, Gerardo Iván Muñoz
Hermida y Roberto Mario Chavarro Colpas.
A pesar de ello, resulta relevante poner de presente que, en
relación con el precedente horizontal, la Sala es del criterio
según el cual, no resulta necesario que las Salas de un mismo
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Tribunal tengan una conformación idéntica para que se pueda
predicar desconocimiento de precedente; por cuanto basta con
que la mayoría esté constituida por los mismos magistrados,
para que éstos se vean obligados a seguir el derrotero
establecido en los pronunciamientos anteriores de las Salas de
las que hagan parte.
En ese contexto, y teniendo en consideración que la sentencia
del 20 de agosto de 2014 puede considerarse como precedente
horizontal del fallo del 21 de julio de 2016, corresponde a la Sala
establecer sí, en este último, el Tribunal Administrativo del Huila
hizo alusión al mismo y expresó con suficiencia las razones para
apartarse de él.
En sentencia más reciente, del 16 de febrero de 2017 expedida
dentro del proceso con radicación número 11001-03-15-000-
2016-03353-00, cuya ponencia correspondió al Consejero
Roberto Augusto Serrato Valdés (E), se reafirmó el criterio
mencionado:
“Bajo el anterior contexto, se observa que no existe
desconocimiento de un precedente horizontal, comoquiera que
el proceso con radicación número 05001 33 33 016 2012 00125
01 se tramitó en el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Tercera de Oralidad (Magistrados Doctores Yolanda Obando
Montes, Jairo Jiménez Aristizabal y Martha Cecilia Madrid
Roldán) y el proceso con radicación número 05001 33 33 022
2012 00227 00 se tramitó en el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala de Decisión Oral (Magistrados Doctores Rafael
Darío Restrepo Quijano, Gonzalo Zambrano Velandia y Pilar
Estrada Gómez)” […]”
Corolario a lo anterior, la Sala encuentra que las providencias que la
parte actora considera desconocidas fueron proferidas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mientras que la providencia
cuestionada fue dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico.
De manera que si bien existe un criterio de interpretación y decisión
diferente entre las sentencias puestas en conocimiento, lo cierto es
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que ese solo hecho no es suficiente para endilgarle a la autoridad
judicial demandada el cargo relacionado con el desconocimiento del
precedente horizontal, pues, en virtud de la autonomía judicial, el
TRIBUNAL que aprobó la sentencia cuestionada podía tener criterios
diferentes a los de otros Tribunales Administrativos, porque no
estaba conformada por los mismos magistrados que aprobaron las
decisiones antecedentes.
En ese orden de ideas, para la Sala ni el análisis ni la decisión
contenida en la providencia controvertida resultan caprichosos o
arbitrarios, sino que fueron adoptados a partir del alcance dado a las
fuentes jurídicas aplicables al caso y a un análisis de las
particularidades fácticas de este.
Situación distinta es que los actores no compartan la tesis allí
dispuesta, al ser adversa a sus intereses, lo cual no significa que la
decisión sea arbitraria, sino que de conformidad con la autonomía
judicial de la que goza el juez de conocimiento, el TRIBUNAL decidió
el asunto sometido a su consideración.
De tal suerte que lo que se advierte es la inconformidad de los
accionantes con las razones de la providencia judicial acusada, no así
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la configuración de las falencias que alegan, por lo que el amparo
solicitado será denegado, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de la presente decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional frente al defecto fáctico invocado por no cumplir el
requisito general de la relevancia constitucional, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: DENEGAR el amparo solicitado en cuanto al
desconocimiento del precedente judicial alegado, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
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CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de octubre de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente
Aclara voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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