Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04994-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04994-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-04994-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas
11 de enero de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04994-01
Accionante: Iván Gabriel Lizarazo Tobías
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., once (11) de enero de dos mil veinticuatro (2024).
Radicado número: 11001-03-15-000-2023-04994-01
Accionante: Iván Gabriel Lizarazo Tobías
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela
Tema: acción de tutela contra providencias judiciales.
Subtema 1: requisitos de procedibilidad.
Subtema 2: procedibilidad de la acción/relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación que presentó el señor Iván Gabriel Lizarazo Tobías
en contra de la sentencia de tutela del 12 de octubre de 2023, proferida por la
Sección Quinta de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de tutela
Iván Gabriel Lizarazo Tobías por medio de apoderada1, solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia2, que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de Santander y la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado con ocasión de las
providencias dictadas el 26 de febrero de 2015 y 26 de enero de 2023,
respectivamente, proferidas dentro del medio de control de controversias
contractuales identificado con el número de radicado 68001-23-33-000-2013-
00588-02 (62.400).
1.2. Hechos probados del proceso ordinario
De las pruebas allegadas al expediente de la referencia y lo narrado por el
accionante en el escrito de tutela, la Sala resume los siguientes:
1.2.1. El señor Iván Gabriel Lizarazo Tobías hacía parte del Consorcio Vías La
Paz Chipatá3 y en el marco de la licitación pública convocada por el Instituto
Nacional de Vías — INVÍAS mediante Resolución 04927 del 15 de septiembre de
2008, les fue adjudicado un contrato de obra número 2031 de 2008 por un término
de 4 meses a partir de la firma del acta de inicio, cuyo objeto estaba orientado a la
“Reconstrucción, pavimentación y/o repavimentación de la vía La Paz – Chipatá
1 Archivo electrónico ubicado en el índice 2 del expediente digital de tutela de primera instancia en
el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 1EC2E6F3A8060475 5C8FB922EE7C56AE
F3E8F4744CD3BF7E 0981AC1C757A5754.
2 Archivo electrónico ubicado en el índice 2 del expediente digital de primera instancia en el
aplicativo SAMAI, identificado con certificado: EEDB24EE4CC016DF 459E5984E4717D66
06130862A8CB2F9D D1F5808E301143E8.
3 También hicieron parte los señores Diego Ignacio Arenas y Guillermo Burgos Grillo.
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(segmento) del k9 + 400 al k12+500 con longitud total de 3.1 kilómetros en el
departamento de Santander”4.
Para el desarrollo del contrato, conforme a la licitación, era necesario obtener las
licencias ambientales de INGEOMINAS y de la Corporación Autónoma de
Santander.
El accionante explicó que, en ese escenario, el Ministerio de Minas y Energía
mediante Resolución 181837 del 28 de octubre de 2008 dispuso el “Procedimiento
para la presentación de solicitudes de autorizaciones ambientales”, por lo que
estableció que el acta de inicio del contrato era uno de los documentos necesarios
para tramitar los permisos temporales respecto de la explotación de yacimientos
de materiales para la construcción.
Expuso que antes de firmar el acta de inicio del contrato ocurrió un imprevisto que
obligó a obtener el abastecimiento de la mezcla asfáltica en una planta distinta a la
inicialmente presupuestada, ubicada a 112 kilómetros de distancia del proyecto.
En consecuencia, el acta se firmó el 12 de febrero de 2009 y en ese orden solicitó
a la interventoría, la suspensión del contrato con el fin de obtener las licencias
ambientales temporales; requerimiento que finalmente fue aceptado el 21 de mayo
de 2009 y por ese lapso — indicó—, el Consorcio tuvo que asumir el pago de
valores no presupuestados para la obra. El contrato continuó el 21 de agosto de
2009 pese a no tener las licencias requeridas y estas solo fueron expedidas por
INGEOMINAS hasta el 1 de septiembre del mismo año.
También adujo que el desarrollo de la obra fue aplazado dado que el
departamento de Santander mediante Resolución 15903 del 11 de diciembre de
2008 concedió un permiso para intervenir la vía, en el mismo tramo que estaba
destinado para el desarrollo del contrato, con el fin de instalar tubería de gas para
suministro del municipio de La Paz, sin que les fuera informado.
Agregó que el referido ente territorial mediante Resolución 12976 del 29 de
septiembre de 2009 ordenó el cierre temporal del paso vehicular sobre el puente
La Quebrada- La Gacha por fallas estructurales, lo que derivó en otros gastos que
obligaron la contratación de transporte de material en vehículos livianos con menor
capacidad de carga, lo que incrementó los tiempos de ejecución y los costos.
1.2.2. El Consorcio Vías La Paz Chipatá5, por medio de apoderado, en ejercicio
del medio de control de controversias contractuales, formuló demanda contra el
INVÍAS orientada a reclamar el resarcimiento de los perjuicios causados y lograr el
restablecimiento del equilibrio económico del contrato. El asunto le correspondió
por reparto en primera instancia al Tribunal Administrativo de Santander que
mediante sentencia del 26 de febrero de 2015 negó las pretensiones de la
demanda y liquidó el contrato sin que de ello resultaran valores a favor del
extremo activo. Como fundamento de su decisión la autoridad judicial expuso6:
1.2.2.1. El equilibrio económico del contrato tiene fundamento en el artículo 27 de
la Ley 80 de 1993, que dispone en los contratos estatales mantener la igualdad o
4 Archivo electrónico ubicado en el índice 2 del expediente digital de tutela de primera instancia en
el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 5608489857FE6C38 199EEF08B9F573FB
4D7DC0B0659DFA4F D6445A1093548309. Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas,
mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.
5 Integrantes Iván Gabriel Lizarazo Tobias, Diego Ignacio Arenas y Guillermo Burgos Grillo.
6 Archivo electrónico nombrado “9 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA TRIBUNAL DE
SANTANDER” ubicado en carpeta de anexos en el índice 2 del expediente digital de tutela de
primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 520674E5AC7A6D01
CF7DAF38E8C5B510 2C2B7D6107BD3C71 1592927E04FE27B0.
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equivalencia de derechos y obligaciones que surgen al momento de efectuar las
propuestas o contratación, por lo que, en caso de que la igualdad o equivalencia
entre las partes se rompa por causas no imputables al afectado, deben adoptarse
medidas para su restablecimiento.
En ese sentido el Consejo de Estado7 ha establecido que el desequilibrio
económico se presenta en aquellos eventos en los que durante la ejecución del
contrato se manifiestan situaciones que afectan de forma grave la economía y en
consecuencia la entidad debe adoptar medidas para restablecer a los contratistas
las condiciones inicialmente pactadas, siendo necesario verificar la ecuación
financiera inicial y las obligaciones.
1.2.2.2. De las pruebas obrantes en el expediente, estimó que, con relación a los
estudios y diseños de la obra, estos fueron dispuestos de conformidad con lo
establecido en la licitación y que era el contratista quien tenía la obligación de
suministrar los equipos necesarios y mano de obra, para dar cumplimiento al
objeto del contrato, acatando el plazo pactado entre las partes.
El consorcio tuvo la oportunidad de efectuar el estudio y análisis a detalle de las
condiciones de la licitación para determinar los costos y riesgos relacionados con
la obra y así establecer o presentar una propuesta al INVÍAS. Así mismo previo al
inicio de obra debía gestionar las licencias de explotación ambiental y asumir las
consecuencias de las decisiones que generen cambios en el tipo de material
utilizado y la evaluación del terreno para el transporte, adquisición y traslado de
materiales en lugares cercanos a la zona del desarrollo del contrato.
Conforme a los testimonios recibidos en el curso del proceso, fue posible
establecer que el Consorcio hizo caso omiso de la restricción vehicular ordenada
mediante resolución 12976 de 2009, por lo que, tal circunstancia no aportó retraso
alguno a la ejecución de la obra.
La ejecución de la acometida de gas no fue motivo de afectación al tiempo de
ejecución de la obra ya que tal circunstancia fue tenida en cuenta, entre otros
aspectos, en las prórrogas del contrato.
De otra parte, indicó que, en los documentos contentivos de las suspensiones del
contrato de obra consta la manifestación expresa del contratista concerniente a la
renuncia a reclamar judicial o extrajudicialmente mayores costos generados por
«LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE, DESEQUILIBRIO ECONÓMICO
POR INTERVENCIÓN CONSTRUCTIVA […]»8.
Finalmente estableció que el contrato fue liquidado debidamente y no había lugar
a generar prestaciones debidas a favor de las partes.
1.2.3. Inconforme con la decisión el Consorcio vías La Paz Chipatá en calidad de
demandante, interpuso recurso de apelación en contra de la decisión dictada por
el Tribunal Administrativo de Santander en el que manifestó su inconformidad en
relación a que: i) la carga que le fue impuesta para obtener los permisos
ambientales no era su responsabilidad así como los costos adicionales que
7 Cita original: “Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, Sentencia de agosto 25 de 2011, Expediente 14461, C.P. Danilo Rojas Betancurth”.
8 Archivo electrónico nombrado “9 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA TRIBUNAL DE
SANTANDER” ubicado en carpeta de anexos en el índice 2 del expediente digital de tutela de
primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 520674E5AC7A6D01
CF7DAF38E8C5B510 2C2B7D6107BD3C71 1592927E04FE27B0. Esta es una trascripción literal.
Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.
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resultaron de esa circunstancia; ii) estimó erradamente las consecuencias de la
restricción vehicular ordenada por el ente territorial ya que, si bien pudo
transportar material, debió hacerlo con más frecuencia, dado que los vehículos
que contrató no podían ser de carga pesada, por lo que los costos fueron
superados; y iii) la acometida de gas natural causó retrasos en la programación de
actividades e incrementaron la mano de obra y materiales y esto fue debidamente
probado en las prórrogas del contrato.
El recurso le correspondió desatarlo al Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B que, mediante sentencia del 26 de enero de 20239 confirmó la
dictada por el Tribunal Administrativo de Santander. La autoridad judicial referida
en el estudio del caso concreto, concluyó10:
“(…)
a) La demanda se centró en la discusión sobre la ocurrencia de un desequilibrio
económico en cabeza del contratista por cuenta de varias situaciones que
condujeron al aumento de los costos de transporte, de la mano de obra y de la
maquinaria para la ejecución del contrato, así como la mayor permanencia de
maquinaria por el tiempo de suspensión y prórroga del contrato, así como la
definición de la liquidación del contrato.
b) Luego de la revisión de las pruebas que conforman el expediente, no hay duda
alguna de que en la totalidad de las actas de suspensión y prórrogas o adición del
plazo general del contrato, el consorcio contratista expresamente renunció, libre y
autónomamente, a presentar reclamación judicial o extrajudicial por cuenta de
tales hechos, determinación consciente y voluntaria que le impide en esta instancia
pretender el reconocimiento de perjuicios económicos derivados de los hechos
fuente de estas suspensiones y prórrogas, razón por la cual la Sala confirmará la
sentencia de primera instancia.
(…)”11.
1.3. Pretensiones y argumentos de tutela
1.3.1. La parte accionante en el escrito de tutela solicitó12:
“(…) DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de primera instancia del Tribunal
Administrativo de Santander y la sentencia de segunda instancia del Consejo de
Estado – Sección Tercera – Subsección B, por cuanto vulneran los DERECHOS
FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO y al ACCESO EFECTIVO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Y en su lugar, ordenar a las autoridades
accionadas, especialmente el Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección
B, emitir un nuevo fallo en el que se analicen y desaten de manera congruente
9 Archivo electrónico nombrado “9 SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA CONSEJO DE
ESTADO” ubicado en carpeta de anexos en el índice 2 del expediente digital de tutela de primera
instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 520674E5AC7A6D01
CF7DAF38E8C5B510 2C2B7D6107BD3C71 1592927E04FE27B0.
10 Página 17 del archivo electrónico nombrado “9 SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
CONSEJO DE ESTADO” ubicado en carpeta de anexos en el índice 2 del expediente digital de
tutela de primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado:
520674E5AC7A6D01 CF7DAF38E8C5B510 2C2B7D6107BD3C71 1592927E04FE27B0.
11 Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto
original.
12 Página 34 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela ubicado en el índice 2 del
expediente de tutela de primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado:
5608489857FE6C38 199EEF08B9F573FB 4D7DC0B0659DFA4F D6445A1093548309.
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todo lo solicitado y probado en el recurso de alzada, en favor de los derechos
fundamentales de IVÁN GABRIEL LIZARAZO TOBÍAS y demás demandantes.”13.
1.3.2. El señor Lizarazo Tobías indicó que las decisiones cuestionadas vulneraban
sus derechos fundamentales en tanto la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado confirmó la providencia dictada por el Tribunal Administrativo
de Santander “(…) basándose únicamente en la renuncia del contratista a las
reclamaciones judiciales y extrajudiciales, sin hacer un estudio de la realidad de
litigio y de los argumentos planteados en el recurso de apelación, ni se estudió si
realmente hubo o no desequilibrio del contrato, negando de esta manera el acceso
efectivo a la administración de justicia. Por demás, tampoco revisó y decidió, en
gracia de discusión, sobre la renuncia a demandar que hizo el actor o, si todo lo
reclamado fue efectivamente a todo lo que renunció, con lo cual hubiera tomado
una decisión completamente contraria al fallo emitido.”14.
Luego adujo que su solicitud cumplía con los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Finalmente manifestó que las
autoridades cuestionadas en las sentencias objeto de tutela, incurrieron en los
defectos sustantivo y fáctico que sustentó en los siguientes términos:
i) Defecto sustantivo porque las decisiones fueron dictadas en consideración de
la cláusula de renuncia a reclamaciones judiciales y extrajudiciales por parte del
contratista, sin tener en cuenta que el numeral 3 del artículo 5 de la Ley 80 de
1993 dispone la prohibición de manera expresa respecto de estos
condicionamientos o desistimientos de los contratistas.
Agregó que, si bien no hay prueba en el documento de un constreñimiento para
que el contratista procediera a firmar con la inclusión de tal condición, era evidente
que la entidad contratante redactó cada documento de suspensión de la obra con
la inclusión de la referida cláusula, sin que pudiera haber tenido otra opción ya que
no podía arriesgarse a aumentar sus pérdidas.
Adujo que las autoridades cuestionadas no consideraron que pactar cláusulas de
ese tipo en contratos estatales, era una forma arbitraria y abusiva que condiciona
el derecho de acceso a la administración de justicia, además que para el caso, el
INVÍAS tenía una posición dominante al tener a su cargo la redacción de las actas
para solicitar las prórrogas y suspensiones, sin advertir, además, que el motivo de
estas se refería a los perjuicios ocasionados en el sobrecosto del desarrollo del
contrato.
Explicó que el INVIAS en su pagina web oficial tiene un formato preestablecido
para las actas de suspensión de los contratos, en el que está incluida la cláusula
de renuncia a reclamaciones judiciales y extrajudiciales, por lo que no era una
opción como contratista dejar de firmar tales documentos ya que estaba en riesgo
el cumplimiento del contrato, circunstancia que plantea una evidente posición de
abuso del contratante sobre el contratista.
En ese contexto, indicó que “debió el fallador hacer un pronunciamiento respecto a
todo el asunto y las pretensiones de fondo de las partes, sin limitarse a señalar la
cláusula de renuncia a futuras reclamaciones judiciales o extrajudiciales,
13 Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto
original
14 Página 8 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela ubicado en el índice 2 del
expediente de tutela de primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado:
5608489857FE6C38 199EEF08B9F573FB 4D7DC0B0659DFA4F D6445A1093548309. Esta es
una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.
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precisamente porque esta no permite evidenciar el rompimiento del equilibrio
económico del contrato. (…)”15.
Finalmente expuso que, en todo caso, de la lectura de la cláusula no se puede
entender una dimisión frente a la pretensión de pago de los sobrecostos
ocasionados por el desplazamiento de materiales, por la mano de obra para la
excavación de la vía, por el transporte ante la restricción del flujo vehicular en la
zona, el acarreo de mezcla asfáltica desde otra planta a la inicialmente pactada,
siendo esta una de las pretensiones más importantes dentro del proceso ordinario,
que no fue estudiada conforme al acervo probatorio allegado al expediente.
ii) Defecto fáctico porque “la decisión de negar las pretensiones de la demanda
respecto del desequilibrio económico del contrato se fundó en un flagrante
desconocimiento del material probatorio obrante en el expediente, en tanto
hubo una precaria valoración de las pruebas aportadas al proceso y un mal
entendimiento de las pretensiones”16.
Manifestó que las autoridades cuestionadas no analizaron la Resolución 181837
del 28 de octubre de 2008 expedida por el Ministerio de Minas y Energía en la que
está dispuesto el procedimiento para la presentación de solicitudes de
autorizaciones ambientales y el requerimiento del acta de inicio del contrato como
requisito para obtener las licencias que, para el caso de explotación de material de
las canteras, debían tramitarse ante INGEOMINAS.
Al respecto explicó que, la referida resolución fue expedida con posterioridad al
acta de adjudicación de la licitación y previo al acta de inicio del contrato, por lo
que el requerimiento de esta última para tramitar las licencias necesarias y
acordadas en el pliego de condiciones, plantearon un escenario que no había sido
previsto al presentar la propuesta ante el INVIAS y tal circunstancia fue el motivo
para radicar la primera solicitud de suspensión del contrato, que fue negada y en
consecuencia, para evitar sanción por incumplimiento, el Consorcio tuvo que
realizar la extracción del material desde otro sitio más lejano, ocasionando costos
de transporte adicionales.
Adujo que tal situación no fue analizada en la sentencia del Tribunal ni en el fallo
dictado por el Consejo de Estado, por lo que, el análisis del acervo probatorio, los
hechos y pretensiones planteados en la demanda, fue erróneo.
Sostuvo que era una obligación del INVÍAS aprobar la suspensión del contrato
desde la primera solicitud radicada por el Consorcio, sin embargo, esto solo
ocurrió hasta el 21 de mayo de 2009, esto es, después de más de 3 meses de
haber empezado la ejecución del proyecto, por lo que, durante ese lapso se
incrementaron los costos de la obra, por los hechos ya expuestos. Aunado a lo
anterior, adujo que durante el plazo de suspensión que fue aprobado,
INGEOMINAS tampoco emitió la licencia y el contrato tuvo que ser reanudado el
21 de agosto de 2009, al igual que los costos adicionales.
En ese sentido adujo que “la prueba anterior no fue debidamente valorada ni por el
Tribunal Administrativo de Santander ni por el Consejo de Estado, quienes, de
15 Página 19 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela ubicado en el índice 2 del
expediente de tutela de primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado:
5608489857FE6C38 199EEF08B9F573FB 4D7DC0B0659DFA4F D6445A1093548309. Esta es
una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.
16 Página 21 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela ubicado en el índice 2 del
expediente de tutela de primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado:
5608489857FE6C38 199EEF08B9F573FB 4D7DC0B0659DFA4F D6445A1093548309. Esta es
una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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haber analizado la nueva Resolución No. 181837 del Ministerio de Minas y
Energía, habrían llegado a la conclusión que el contratista no podía haber previsto
esta situación”17.
Agregó que los costos adicionales fueron manifestados por el Consorcio en el
oficio PC-201-2008, así como por la interventoría en los oficios 711 del 10 de
marzo y 1379 del 12 de junio de 2010 y el perito en el dictamen pericial,
documentos que no fueron analizados por las autoridades cuestionadas.
En ese sentido, también indicó que el Consejo de Estado en la sentencia de
segunda instancia vulneró el principio de congruencia por indebida valoración
probatoria, en la medida en que, le restó valor a las pruebas documentales
presentadas por el Consorcio que daban cuenta del desequilibrio económico
causado por situaciones no imputables a este y que no fueron atendidas en debida
forma por el INVIAS.
Resaltó que en el recurso de apelación el Consorcio puso de presente las pruebas
que el Tribunal omitió valorar para que fueran analizadas en conjunto en segunda
instancia de tal forma que llegara a hacerse un pronunciamiento sobre estas, no
obstante, el ad quem se limitó a concluir que hubo una cláusula de renuncia a las
reclamaciones sin realizar ningún análisis respecto de los cuestionamientos
planteados en el recurso de alzada. Al respecto enunció varias pruebas que a su
juicio confirmaban el rompimiento del equilibrio económico del contrato18.
En este punto adujo que “[n]o podía el Consejo de Estado limitarse a negar un
derecho por la suscripción de una cláusula abusiva de renuncia a reclamaciones
de derechos judicial o extrajudicialmente, sin antes analizar si hubo o no un
desequilibrio económico del contrato, si es válida o no la cláusula y si la misma
aplica a todas las pretensiones, porque como lo ha manifestado la jurisprudencia
citada debe haber una congruencia entre las pretensiones, excepciones y el fallo
del despacho; luego entonces, no podía limitarse a emitir su pronunciamiento
basado únicamente en una cláusula del acta de suspensión del contrato, sin tener
a consideración las demás pretensiones y pruebas obrantes dentro del proceso”19
y en ese orden, “es violatoria del principio de congruencia la sentencia del Consejo
de Estado, pues dejó de analizar los argumentos de defensa del recurso de
apelación y el material probatorio que apuntaban al acaecimiento del desequilibrio
económico del contrato No. 2031 del 2008, basado únicamente en una cláusula
que es contraria a ley, con lo cual desconoció el derecho fundamental al acceso a
administración de justicia y debido proceso del Consorcio Vía La Paz – Chipata”20.
Indicó que el INVIAS quebrantó el principio de planeación en tanto, no tuvo en
cuenta que en el tramo de la obra se realizaría la instalación de acometidas de gas
natural para el municipio La Paz, lo que produjo que la excavación pasara a
17 Página 24 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela ubicado en el índice 2 del
expediente de tutela de primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado:
5608489857FE6C38 199EEF08B9F573FB 4D7DC0B0659DFA4F D6445A1093548309. Esta es
una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.
18 Páginas 28 a 31 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela ubicado en el índice 2
del expediente de tutela de primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado:
5608489857FE6C38 199EEF08B9F573FB 4D7DC0B0659DFA4F D6445A1093548309.
19 Página 31 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela ubicado en el índice 2 del
expediente de tutela de primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado:
5608489857FE6C38 199EEF08B9F573FB 4D7DC0B0659DFA4F D6445A1093548309. Esta es
una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.
20 Página 32 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela ubicado en el índice 2 del
expediente de tutela de primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado:
5608489857FE6C38 199EEF08B9F573FB 4D7DC0B0659DFA4F D6445A1093548309. Esta es
una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Accionante: Iván Gabriel Lizarazo Tobías
realizarse de forma manual, cambiando así lo ítems de costos de maquinaria
inicialmente propuestos en el presupuesto de la obra.
1.4. Trámite de tutela de primera instancia e intervenciones
1.4.1. La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la solicitud de tutela por
auto del 15 de septiembre de 202321. En el mismo proveído vinculó como terceros
con interés a los señores Diego Ignacio Arenas y Guillermo Burgos Grillo
(integrantes del Consorcio Vía La Paz Chipatá), al Instituto Nacional de Vías —
INVÍAS y al Ministerio de Transporte. También ordenó notificar a las partes,
terceros con interés, reconoció personería a la abogada de la parte accionante,
tuvo como pruebas los documentos allegados al escrito de tutela y ordenó la
suspensión de términos hasta tanto se cumpliera lo ordenado.
1.4.2. Una vez surtidas las notificaciones, recibió respuesta del Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B22 y del Instituto Nacional de Vías —
INVÍAS23. El Tribunal Administrativo de Santander y el Ministerio de Transporte
guardaron silencio.
1.4.2.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B a través del
magistrado ponente de la decisión objeto de tutela adujo en primer lugar que, la
solicitud no cumplía el requisito de inmediatez dado que la providencia dictada por
el despacho quedó ejecutoriada el 15 de marzo de 2023 y en contraste el escrito
de tutela había sido presentado el 12 de septiembre de la misma anualidad, por lo
que, ya habían transcurrido mas de 6 meses para interponer la acción, como plazo
razonable para acudir a este mecanismo constitucional.
En segundo lugar, afirmó que la solicitud tampoco superaba el requisito de
relevancia constitucional ya que, contrario a lo afirmado por el accionante, en el
caso concreto fueron estudiadas de forma integral todas las pruebas que fueron
allegadas al expediente, razón por la que fue posible concluir que no acreditó que
la renuncia a las reclamaciones judiciales o extrajudiciales fueran producto de
presión o constreñimiento por parte de la entidad, que viciara su consentimiento
para invalidar la voluntad de las partes.
Agregó que, la acción de amparo era improcedente e injustificada porque el
accionante con los mismos argumentos planteados en sede ordinaria, pretende
que el juez de tutela actúe como una tercera instancia para obtener un nuevo
pronunciamiento sobre la controversia suscitada y ya resuelta en el proceso,
máxime si se tiene en consideración que la Corte Constitucional en sentencias
SU-573 de 2019 y SU-2015 de 2022 exige que en el estudio de una solicitud de
amparo debe valorarse si la decisión estuvo fundada en una actuación arbitraria
que derive en la vulneración de derechos fundamentales, lo que a su juicio, no
ocurre en este asunto, por lo que, pidió negar el amparo.
21 Archivo electrónico ubicado en el expediente digital de tutela de primera instancia, en el índice 4
del aplicativo SAMAI, identificado con certificado 3614934528DAD3EA D388A529B83BB96A
453D143435F3A2E3 05A41AC1E864E177.
22 Archivos electrónicos ubicados en el expediente digital de tutela de primera instancia, en el
índice 13 del aplicativo SAMAI, identificados con certificados 2AB3AE9BB4693C8B
5E4C9494A0EB1FCD 409752F0AEEF1A19 994C89FB7941373F y 5C21150A0DADC61C
7F19B4654AD9640A 4B0CC36478B3E19D F12AFB3C07307E89.
23 Archivos electrónicos ubicados en el expediente digital de tutela de primera instancia, en el
índice 13 del aplicativo SAMAI, identificados con certificados 46800067193A031D
023F48A27F67567C F98183F437DBE771 B447FDA80AFF3BD9 y 59E3B68B3E755C74
631ED76DCEBBA18C 126A77E1C35EBCA9 2A5720716E1A6C5A.
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1.4.2.2. El Instituto Nacional de Vías — INVIAS a través de su apoderado pidió
negar la protección por considerar que la inconformidad del accionante no implica
la trasgresión de sus garantías fundamentales.
Adujo que las decisiones objeto de tutela fueron dictadas en concordancia con la
renuncia libre y voluntaria que en su momento firmaron las partes, por lo que la
solicitud era improcedente.
1.4.3. Los señores Guillermo Burgos Grillo24 y Diego Arenas25 mediante escritos
radicados al trámite de la referencia, manifestaron adherirse a las pretensiones de
tutela en aras de coadyuvar el amparo deprecado en la acción constitucional de la
referencia.
1.5. Sentencia de primera instancia
La Sección Quinta de esta Corporación, en sentencia del 12 de octubre de 2023,
declaró improcedente el amparo por considerar que la solicitud no superó el
requisito de relevancia constitucional26.
Antes de resolver la solicitud de amparo, estableció que el estudio del caso debía
hacerse respecto de la providencia dictada el 26 de enero de 2023 por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por ser esta la
decisión que puso fin a la discusión del proceso ordinario. De otra parte, respecto
de las manifestaciones allegadas al expediente de tutela por los señores Guillermo
Burgos Grillo y Diego Arenas y en consideración al interés que tienen en el
resultado del trámite, se tendrían como coadyuvantes del señor Iván Gabriel
Lizarazo Tobías conforme a lo establecido en el articulo 13 del Decreto 2591 de
1991.
En un primer escenario, indicó que conforme a los pronunciamientos de la Corte
Constitucional en las sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de
2022 una solicitud de amparo supera el requisito de relevancia constitucional
cuando la carga argumentativa justifica la importancia de su estudio a partir de la
exposición de un concepto de violación de una garantía fundamental, lo que
implica un ejercicio explicativo jurídico y lógico que le permita al juez constitucional
advertir una prominente vulneración de garantías fundamentales con ocasión de la
providencia dictada por la autoridad cuestionada.
Luego, respecto del caso concreto, expuso que los argumentos planteados por el
accionante no satisfacen los parámetros dictados por la Corte Constitucional para
efectos de demostrar la trascendencia de la inconformidad a un debate desde la
perspectiva constitucional, pues si bien, expuso las razones por las que consideró
que el asunto era relevante, lo cierto es que no satisfizo la carga requerida para un
estudio en sede de tutela.
24 Archivos electrónicos ubicados en el expediente digital de tutela de primera instancia, en el
índice 12 del aplicativo SAMAI, identificados con certificados0071CF9F1547DC49
DCCD03D44ACF8EBD F5DD9BEBD28AA5EA D1B32D4CF115EAAD y 07D47B163E621B38
B3F6077F31C8997E 00571D9736A3C722 16638DF0081F0C81.
25 Archivos electrónicos ubicados en el expediente digital de tutela de primera instancia, en el
índice 17 del aplicativo SAMAI, identificados con certificados F09095C4625E7E9F
454A90914D3EDBB4 FE64494CA92D8BCA DB598D2CC708E7AE y 07B5ADB1CA6FC84B
8433ED8CC8D66641 47E2E26E9626DDC7 EA2A7F907094446D.
26 Archivo electrónico ubicado en el expediente digital de tutela de primera instancia, en el índice 19
del aplicativo SAMAI, identificado con certificado 19913FC1F4A74828 216E22070A985CA1
BC8F789F9052BBF4 BD9D7CE818E2F1BB.
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Al respecto explicó que la controversia propuesta por el accionante se circunscribe
a un debate de interpretación meramente legal y probatorio, al haberse sustentado
en que la autoridad cuestionada en la sentencia del 26 de enero de 2023 incurrió
por un lado, en un defecto sustantivo porque estuvo fundada en la existencia de la
cláusula de renuncia expresa a reclamaciones judiciales y extrajudiciales por parte
del contratista, sin tener en consideración que el numeral 3 del artículo 5 de la Ley
80 de 1993 prohíbe que se condicionen las adiciones o modificaciones a los
contratos o la renuncia o desistimiento de los contratistas. Por otro lado, adujo la
existencia de un yerro fáctico porque a su juicio, no valoró algunos medios
probatorios a través de los cuales la parte demandante del proceso ordinario
pretendía acreditar la existencia de múltiples hechos imprevisibles y frente a los
que tuvo que soportar la carga pese a que no se derivaban de su falta de
diligencia o conocimiento de las condiciones contractuales.
Resaltó que los cuestionamientos de la solicitud están dirigidos a que en sede
constitucional con fundamento a los defectos enunciados, en instancia de tutela
determine si el INVIAS: “ (i) violó el principio de planeación contractual, a partir del
cual se procura una distribución equitativa de las cargas entre las partes; (ii)
ejerció una posición dominante sobre el contratista por cuanto exigió el
cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato pese a
los hechos imprevisibles que ocurrieron y, además, por haberle condicionado a la
renuncia de futuras reclamaciones por cuenta de las solicitudes de suspensión,
prórrogas o modificaciones de las reglas del negocio jurídico; y (iii) la ruptura del
equilibrio económico como uno de los principios del contrato estatal, debido a que
las particularidades del caso derivaron en sobrecostos a cargo del consorcio que
no fueron previstos en la oferta económica efectuada por este en el marco de la
licitación, así como la dilación en la ejecución del proyecto.”27.
Lo anterior — indicó—, con el fin de demostrar que la sentencia debe dejarse sin
efectos, porque a juicio del accionante trasgrede sus garantías fundamentales al
no efectuar un debido análisis normativo y probatorio que deba cuenta de la
marcada posición dominante a la que estuvo sujeto durante la ejecución de la obra
y los perjuicios sufridos con ocasión de la indebida planeación del contrato.
En ese contexto afirmó que la pretensión del accionante era reabrir una discusión
que es propia del juez natural y frente a la que tuvo la oportunidad de ejercer la
defensa de sus derechos en cada una de las etapas procesales de las dos
instancias, sin que el asunto así planteado exponga una trasgresión palmaria de
derechos fundamentales sino una inconformidad respecto de la desestimación de
las pretensiones contenciosas por carecer de elementos relevantes que
acreditaran las irregularidades aludidas en el fallo cuestionado.
Así, consideró que el accionante no presentó un argumento sólido que demostrara
la infracción de las garantías constitucionales invocadas de tal forma que la
solicitud supere el requisito de relevancia constitucional para abordar el estudio de
fondo. De otra parte, estimó que respecto del argumento relacionado con que el
juez de segunda instancia del proceso ordinario no resolvió todos los argumentos
de la demanda y de la apelación, indicó que el accionante tenía a su disposición la
adición de la sentencia dispuesta en el artículo 287 del C.G.P. para efectos de
lograr el pronunciamiento que reclama, una vez le fue notificada la decisión.
27
Páginas 15 y 16 del archivo electrónico ubicado en el expediente digital de tutela de primera instancia, en el índice 19 del
aplicativo SAMAI, identificado con certificado 19913FC1F4A74828 216E22070A985CA1 BC8F789F9052BBF4
BD9D7CE818E2F1BB. Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis
forman parte del texto original.
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Finalmente adujo que la falta de diligencia del accionante no podía ser subsanada
en sede constitucional, dado que el amparo deprecado es un mecanismo
subsidiario y para efectos de evaluar decisiones de instancia, el ordenamiento
jurídico prevé los mecanismos ordinarios y extraordinarios por medio de los que el
interesado puede solicitar la materialización de sus garantías superiores.
1.6. Impugnación
El señor Iván Gabriel Lizarazo Tobías presentó escrito de impugnación28 en el
que manifestó su inconformidad con la decisión del 12 de octubre de 2023 de la
Sección Quinta de esta Corporación, así:
Adujo que el juez constitucional de instancia no realizó una evaluación del asunto
respecto de la indebida valoración probatoria enunciada en el escrito de tutela y de
las consideraciones contenidas en los fallos cuestionados.
Sostuvo que, expuso de forma detallada y cronológica los hechos que debieron
ser parte del análisis de la solicitud de amparo, entre ellos la trasgresión al
principio de planeación, la indebida valoración probatoria y la posición dominante
que INVÍAS ejerció sobre el contratista al haberlo condicionado a la renuncia de
futuras reclamaciones judiciales y que en ese sentido, su pretensión no era acudir
a la acción constitucional como una tercera instancia del proceso ordinario como
equivocadamente lo interpretó el juez de tutela sino acreditar la vulneración de sus
derechos fundamentales y el cumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.
Agregó que el referido requisito quedó satisfecho en la medida en que el debate
jurídico cuestionado gira en torno a la vulneración de sus garantías fundamentales
al fundar las decisiones en la cláusula de renuncia de reclamaciones judiciales y
extrajudiciales por parte del contratista sin tener en cuenta las demás pretensiones
y solicitudes de verificación documental requeridas en el recurso de alzada y la
prohibición dispuesta en la ley de contratación pública, específicamente en el
numeral 3 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993. En este punto, insistió que toda
solicitud de amparo trae implícita una violación a un derecho fundamental por lo
que la relevancia constitucional no puede ser descartada porque a juicio del
despacho no se satisfizo la “suficiente carga probatoria” para acreditarla.
Reiteró los argumentos planteados en el escrito de tutela respecto de la indebida
valoración probatoria que, a su juicio, acreditaba la posición dominante del INVÍAS
y los sobrecostos que le fueron impuestos y no debía soportar para el desarrollo
del contrato configurándose así el desequilibrio económico reclamado.
Indicó que la adición de sentencia dispuesta en el artículo 287 del C.G.P. no era
procedente en la medida que la violación de sus garantías fundamentales se
originó “por la falta de estudio y análisis del acervo probatorio del expediente, no
porque se echara de menos algún pronunciamiento de controversia de la litis” 29.
28 Archivos electrónicos ubicados en el índice 24 del expediente digital de tutela de primera
instancia, en el aplicativo SAMAI, identificados con certificados 22CFD7AA3DE5FF9E
1952BAAAF92C3EC5 9142E6EE00E0345A 9E7860ACEB0017F1, A041B1066571AA8A
C8D2BBE336BF9FC9 D744451FCFC7475A 90219C62EF281209 y 01A8F9CDB860905D
D086ACCB4C13D767 E1195366BD0AD600 C32FD9BEF80295FA.
29 Página 12 del archivo electrónico ubicado en el índice 24 del expediente digital de tutela de
primera instancia, en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado 22CFD7AA3DE5FF9E
1952BAAAF92C3EC5 9142E6EE00E0345A 9E7860ACEB0017F1. Esta es una trascripción literal.
Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.
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Precisó que, al presentar el recurso de apelación contra la sentencia dictada por el
Tribunal Administrativo de Santander, lo procedente era que el juez de segunda
instancia abordara el análisis de los motivos de inconformidad planteados en el
escrito de alzada, circunstancia que tampoco tuvo en cuenta el juez constitucional
y que a su juicio debe ser evaluada para la garantía de sus derechos
fundamentales.
Finalmente adujo que, “(…) la sentencia del Consejo de Estado debe ser revocada
porque: (i) desconoce el alcance del requisito general de relevancia constitucional
de la tutela contra providencia judicial. (ii) Ignora que el asunto de la referencia sí
es de trascendencia para el juez de tutela, desde la perspectiva de principios
como el debido proceso y el acceso a la administración de justicia y (iii) todos los
medios de defensa fueron debidamente agotados.”30.
Por lo expuesto, solicitó la revocación del fallo de tutela de primera instancia, el
amparo de sus derechos fundamentales para lo cual se debe dejar sin efectos las
sentencias dictadas en el proceso ordinario de controversias contractuales.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la impugnación, atendiendo a lo previsto en
los artículos 86 de la Constitución Política y 32 del Decreto 2591 de 1991.
2.2. Procedibilidad de la acción
Como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional y particularmente la
sistematización realizada en la sentencia C-590 de 2005, en los casos en que la
solicitud de amparo se dirige contra una providencia judicial, es pertinente realizar,
primero, un examen de procedibilidad general31 para, luego, en caso de resultar
superado dicho estudio, pasar a hacer el pronunciamiento de fondo en el que se
resuelva el problema jurídico, en los términos del defecto enunciado por la
accionante conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial.
2.2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa,
porque el señor Iván Gabriel Lizarazo Tobías es el titular de los derechos que
afirmó fueron vulnerados, en su condición de demandante dentro del proceso
ordinario objeto de estudio.
La accionada, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, está
legitimada por pasiva dado que, como juez del medio de control de controversias
contractuales, profirió la sentencia que hoy se revisa.
30 Ibid.
31 Antes que todo es necesario (i) verificar la legitimación en la causa como una exigencia
preliminar en cualquier acción de amparo, para, posteriormente, pasar a constatar los demás
requisitos generales de procedibilidad, en los siguientes términos: (ii) que en la solicitud de tutela
se expresen de manera clara los hechos y los fundamentos de la afectación de derechos que se
imputa a la decisión judicial; (iii) que la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional; (iv)
que previo a la solicitud de tutela se hayan agotado todos los medios de defensa judicial con los
que cuenta la persona afectada; (v) que se cumpla con el principio de inmediatez; (vi) que en caso
de que se alegue una irregularidad procesal, la misma tenga la entidad de afectar la decisión; y de
manera general, (vii) no procede elevar una solicitud de amparo contra decisiones proferidas
dentro de procesos de tutela.
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Ahora bien, los cuestionamientos del accionante van dirigidos en contra de las
sentencias que definieron el proceso de controversias contractuales que promovió,
sin embargo, la Sala coincide con la estimación del juez de tutela de primera
instancia y en ese sentido es preciso aclarar que el estudio de la solicitud en esta
sede constitucional, se efectuará respecto de la sentencia de segunda instancia
proferida el 26 de enero de 2023 por la subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por ser esta decisión la que dio fin a la controversia en
concordancia con el requisito de inmediatez.
2.2.3. El cargo que se formule contra una decisión judicial tendrá relevancia
constitucional si presenta un problema constitucional y no se limita a revivir una
controversia estricta y exclusivamente legal32. De ese modo, en sede
constitucional se ponderará entre la finalidad de la acción de tutela como garantía
iusfundamental y los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que gobiernan
las decisiones judiciales33. Así las cosas, el juez de tutela debe resolver asuntos
de dimensión constitucional, con respeto de las competencias legales y del
principio de autonomía de los jueces34.
En suma, el requisito de relevancia constitucional persigue tres fines: (i) preservar
la competencia y la independencia de los falladores ordinarios y, así, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad35; (ii) restringir el
ejercicio del amparo a cuestiones que afecten los derechos fundamentales de las
personas, e (iii) impedir que la tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales36.
Definir lo que es o no relevante en el plano constitucional depende de verificar
que, a primera vista, el cuestionamiento esté dirigido contra una posible afectación
o vulneración de las garantías constitucionales relacionadas con el núcleo de los
derechos fundamentales. En especial, debe hacerse énfasis en el derecho al
debido proceso constitucional37. Para ello, la jurisprudencia constitucional38 ha
definido cuáles son los requisitos específicos de procedencia que pueden ser
alegados como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto.
32 “[L]os fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a
estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez
constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de
un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales de
quien […] se encuentra en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme y
coherente – es decir segura y en condiciones de igualdad – de los derechos fundamentales a los
distintos ámbitos del derecho”. Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.
33 “No se trata de convertir la tutela en un mecanismo ritualista, sino de exigir una actuación
razonable para conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales, con los principios y
valores en juego, al controvertir una providencia judicial”. Corte Constitucional. Sentencia T-066 de
2019.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
Sentencias del 21 de febrero de 2020, expediente n.° 2019-5066-00; 4 de mayo de 2020,
expediente n.° 2020-836-00.
35 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de
2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de
2012, T-1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014, citadas en la sentencia T-
422 de 2018.
36 “[T]eniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera
instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental” Corte
Constitucional. Sentencia T-422 de 2018.
37 Corte Constitucional, sentencia T-102 de 16 de febrero de 2006. En igual sentido: T-075-18, T-
451-18, T-422-18 y T-248-18.
38 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
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El requisito de relevancia constitucional, por tanto, exige que la alegación en la
solicitud de amparo esté dirigida a exponer una valoración en sentido negativo de
la actuación jurisdiccional en clave de los defectos, como han sido definidos por la
jurisprudencia. Así, son improcedentes los argumentos destinados a proponer
fórmulas que habrían podido ser tenidas en cuenta en el proceso ordinario, o
reiterar las ya expuestas en este. En efecto, como lo ha establecido la Corte
Constitucional, “la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia
adicional del procedimiento judicial que se cuestiona39, pues ello desconocería la
competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los jueces
naturales, así como su autonomía funcional”40.
2.4.1. El accionante en su escrito de tutela y especialmente en el escrito de
impugnación, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia, pues como quedó expuesto en
los numerales 1.3.2. y 1.6. de esta providencia, consideró vulneradas dichas
garantías constitucionales porque — a su juicio—, la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en el fallo del 26 de enero de 2023 incurrió en los
defectos; i) sustantivo porque la decisión se fundamentó en la existencia de una
cláusula de renuncia expresa a reclamaciones judiciales y extrajudiciales por parte
del contratista, sin tener en cuenta la prohibición contenida en el numeral 3 del
artículo 5 de la Ley 80 de 1993 que prohíbe tales condicionamientos; y ii) fáctico
en la medida en que: a) no valoró ninguna de las pruebas que acreditaban los
imprevistos que provocaron varias prórrogas en el desarrollo del contrato y en
consecuencia los sobrecostos en el presupuesto inicialmente programado; b)
porque el INVÍAS vulneró el principio de planeación al no tener en cuenta el
cronograma de instalación de gas natural en el tramo de la vía objeto del contrato,
lo que también ocasionó un incremento de los costos; c) las pruebas allegadas al
expediente acreditaban el rompimiento del equilibrio económico del contrato; y d)
la posición dominante del INVÍAS respecto del Consorcio lo que hacía obligatoria
la firma de las prórrogas y suspensiones del contrato con la cláusula de renuncia
expresa a reclamaciones judiciales y extrajudiciales a fin de no generar un
incumplimiento contractual.
De otra parte, el accionante también indicó que la decisión cuestionada trasgredió
el principio de congruencia en tanto, la autoridad cuestionada no resolvió los
cuestionamientos relacionados con la valoración probatoria realizada por la
primera instancia y en contraste solo fundó su decisión en un asunto que no fue
planteado en el recurso de alzada.
2.4.1.1. En este punto es preciso indicar que, en términos del defecto sustantivo
la Corte Constitucional ha manifestado que, su configuración se presenta cuando
los casos se deciden con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión, o “cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de
la norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de
interpretación razonable o el operador judicial hace una aplicación inaceptable de
la norma al interpretarla de forma contraevidente -interpretación contra legem- o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes o cuando
en una decisión judicial se aplica una norma jurídica de manera manifiestamente
errada, sacando del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable
tal decisión judicial”41.
39 Cita original: “Ver sentencia T-336/04”.
40 Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
41 En las sentencias T-343 de 2011, T-138 de 2011, T-792 de 2010, T-364 de 2009, T-808 de 2007
y T-086 de 2007, la Corte Constitucional se ha referido al defecto sustantivo en el siguiente
sentido:
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De otra parte, en términos del defecto fáctico, la Corte Constitucional ha indicado
que tal exigencia se concreta en la precisa indicación de la dimensión positiva y/o
negativa en que se manifestó el defecto en la providencia. Esto es, referirse (i) a
las circunstancias en las que se valoran pruebas vulnerando reglas legales y
principios constitucionales; o (ii) a las omisiones en la valoración probatoria que
pueden resultar determinantes para el caso. Dicha omisión debe ser arbitraria,
irracional y/o caprichosa.
En ese contexto, de la lectura del fallo objeto de tutela, se puede apreciar que la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en primer lugar
estableció como objeto de la controversia la ocurrencia o no de un desequilibrio
económico a cargo del contratista por cuenta de situaciones que condujeron al
aumento de los costos para la ejecución del contrato, así como la definición de la
liquidación del contrato. También consideró que el recurso de apelación fue
sustentado con base en afirmar que la inexistencia de permisos ambientales para
la explotación de canteras no era un evento imputable al Contratista y que el
incremento de costos con ocasión de restricciones vehiculares y la instalación de
acometida de gas en el tramo de la vía objeto del contrato, constituía un
desequilibrio económico que el Consorcio no debía soportar.
Para definir la controversia, realizó un análisis integral de las pruebas allegadas al
expediente y observó que ninguna de ellas fue cuestionada o tachada su
veracidad por lo que estimó su pleno valor probatorio42. Consecuente con el
acervo probatorio y su estudio, definió que el problema jurídico a resolver era
determinar “si en el presente asunto, con el fin de establecer la liquidación del
contrato, tiene efectos vinculantes la renuncia a reclamar judicial o
extrajudicialmente consignada en las actas de suspensión y adiciones del
contrato, y si es procedente el reconocimiento de desequilibrio económico en favor
del contratista por cuenta del incremento de los costos de transporte, de los costos
“(i)Cuando la decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable, ya
que (i) no es pertinente, (ii) ha perdido su vigencia por haber sido derogada, (iii) es inexistente, (iv)
ha sido declarada contraria a la Constitución, (v) a pesar de que la norma en cuestión está
vigente y es constitucional, no resulta adecuada su aplicación a la situación fáctica objeto
de estudio, así ocurre por ejemplo cuando se le reconocen efectos distintos a los señalados por el
legislador.
(ii). Cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso
concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación razonable o el
operador judicial hace una aplicación inaceptable de la norma al interpretarla de forma
contraevidente -interpretación contra legem- o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes o cuando en una decisión judicial se aplica una norma jurídica
de manera manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y de la hermenéutica
jurídica aceptable tal decisión judicial.
(iii). Cuando no toma en cuenta sentencias que han definido su alcance con efectos erga omnes.
(iv) Cuando la disposición aplicada se muestra injustificadamente regresiva o contraria a la
Constitución.
(v) Cuando un poder concedido al juez por el ordenamiento se utiliza para un fin no previsto en la
disposición.
(vi) Cuando la decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma, omitiendo el
análisis de otras disposiciones aplicables al caso.
(vii) Cuando el operador judicial con una insuficiente sustentación o justificación de la actuación
afecta derechos fundamentales.
(viii) Cuando se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de
argumentación que hubiere permitido una decisión diferente de acogerse la
jurisprudencia.” (Resaltado fuera del texto original).
42 Páginas 10 a 13 del archivo electrónico nombrado “13. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
CONSEJO DE ETADO”, ubicado en el índice 2 del expediente digital de tutela de primera instancia,
en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado 520674E5AC7A6D01 CF7DAF38E8C5B510
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de mano de obra y materiales, y stand by de maquinaria durante los periodos de
suspensión”43.
Así, para dar solución al problema jurídico planteado la mencionada autoridad en
primer lugar, estableció que del material probatorio allegado: i) las 8 actas de
suspensión del contrato, como de las 4 prórrogas del plazo, el contratista,
inequívoca y expresamente renunció a cualquier reclamación judicial o
extrajudicial por los efectos derivados de las respectivas suspensiones o adiciones
en el plazo inicial, ii) el legislador en el numeral 3 del artículo 5 de la Ley 80 de
1993 dispuso la prohibición a las entidades de condicionar, entre otras acciones, la
ampliación en el lapso de ejecución de contratos a la renuncia de presentar
reclamación judicial o extrajudicial por tales conceptos; iii) al expediente no fue
allegada prueba de que el INVÍAS de una u otra forma hubiera ejercido presión,
constreñimiento o fuerza sobre el Consorcio contratista para que fueran incluidas
en las actas y demás documentos la cláusula de renuncia ni tampoco que tal
manifestación hubiera sido condicionada para suscribir tales documentos; y iv)
todas y cada una de las modificaciones del contrato tuvieron origen en la petición
expresa del contratista y respecto de su suscripción no existe ningún medio de
prueba que acredite o sugiera que no fueron acordadas con plena voluntad y libre
disposición de las partes.
En segundo lugar, indicó que no era razonable que el demandante pretendiera
fundamentar su solicitud de desequilibrio económico sobre la base de las
consecuencias de las suspensiones y prórrogas del contrato, cuando manifestó y
acordó libremente, sin que exista prueba de lo contrario, que no habría lugar a
reclamar posteriormente ni extrajudicial o judicialmente, por los efectos o
consecuencias adversas que pudieren tener estas.
Agregó que, en el contexto fáctico, normativo y jurisprudencial del caso concreto,
era claro que el comportamiento de las partes durante la ejecución de sus
negocios era determinante para la prosperidad de sus pedimentos en el escenario
judicial y en ese asunto fue el Consorcio quien solicitó la suspensión y prórrogas
del plazo general del contrato, lo que no es consecuente para acudir a instancias
judiciales en procura del reconocimiento económico derivado de sus solicitudes y
acuerdos. Reiteró que el demandante no acreditó ni intentó hacer valer que su
renuncia a reclamar judicial o extrajudicialmente por cuenta de sus solicitudes, se
produjo como consecuencia de condicionamiento, presión o constreñimiento de la
entidad contratante de tal forma que estuviera viciado su consentimiento y en ese
sentido no estaba probada ninguna razón para invalidar la voluntad de las partes.
De lo hasta aquí expuesto, es viable colegir que la autoridad cuestionada realizó el
estudio del caso conforme al material probatorio allegado al proceso y la
aplicación normativa que reclama el accionante, por lo que, pudo concluir en
primer lugar que, de las pruebas allegadas al expediente, el aquí accionante había
pactado la cláusula de renuncia a cualquier reclamación judicial y extrajudicial. En
segundo lugar, que no fue acreditado en el proceso que su voluntad para pactar
tal clausula estuviera viciada y en ese sentido no habría lugar a concluir lo
contrario.
Así las cosas, la parte accionante no dirigió sus argumentos en orden a la
exposición de las razones concretas por las que consideró que la autoridad
cuestionada valoró indebida, irracional o caprichosamente las pruebas, o la
43
Página 13 del archivo electrónico nombrado “13. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA CONSEJO DE ETADO”,
ubicado en el índice 2 del expediente digital de tutela de primera instancia, en el aplicativo SAMAI, identificado con
certificado 520674E5AC7A6D01 CF7DAF38E8C5B510 2C2B7D6107BD3C71 1592927E04FE27B0. Esta es una
trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.
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aplicación de la norma que reclama por lo que, los cuestionamientos dirigidos a la
configuración de los defectos enunciados en realidad plantean opiniones sobre la
manera en que, a su juicio, debió efectuar el juez del proceso ordinario dicho
análisis para determinar la responsabilidad de la demandada y así acceder a sus
pretensiones. Adicionalmente, la crítica al estudio probatorio y su inferencia, la
efectuó el tutelante de manera genérica pues si bien mencionó las pruebas que a
su juicio fueron valoradas indebidamente, lo cierto es que, en realidad cuestionó
que la Subsección B no realizó un estudio del material probatorio para determinar
la responsabilidad de la demandada en razón a los imprevistos que ocasionaron el
incremento de los costos del contrato y que con sustento en la interpretación de la
norma, la cláusula de renuncia a la reclamación no debió tenerse como base para
definir el asunto, ya que a su juicio, estaba debidamente probado que la posición
dominante del INVÍAS daba por acreditado el vicio de su voluntad para no incurrir
en un incumplimiento del contrato y en ese orden estaba probado el desequilibrio
económico con ocasión a los costos adicionales que debió soportar.
La Sala concluye que, lo que pretende el accionante es que el juez de tutela haga
una lectura alternativa del caso concreto y dirima una aparente controversia
fundada en una indebida valoración probatoria y errada aplicación normativa, de
tal forma que la conclusión a la que llegó la autoridad cuestionada sea
desestimada y en su lugar se ordene proferir una decisión entorno a sus
pretensiones, desconociendo así el carácter subsidiario de la acción de tutela y sin
tener en cuenta que, el juez constitucional realiza un juicio de validez de la
providencia objeto de estudio, en función de los derechos fundamentales, y no de
corrección de la misma.
De otra parte, el accionante aclaró en su escrito de impugnación que la
Subsección B incurrió en una trasgresión al principio de congruencia en tanto la
decisión no fue dictada conforme a la situación fáctica, el acervo probatorio, y
conforme a los cuestionamientos planteados en la demanda y el escrito de
impugnación del proceso ordinario.
En este punto es preciso indicar que, por un lado la vulneración del principio de
congruencia ha sido considerada como una causal de nulidad originada en la
sentencia, y por otro, el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, prescribe, como
causal para presentar recurso extraordinario de revisión, la existencia de “nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación” por lo que, el accionante dispone para debatir sus
inconformidades el recurso extraordinario de revisión de que trata el artículo 250
del CPACA, circunstancia que también determina la improcedencia de la acción de
tutela.
En este contexto, es preciso resaltar que la acción de tutela fue concebida como
un mecanismo de carácter excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de
un derecho constitucional fundamental y entre sus características se cuentan su
naturaleza residual y subsidiaria, por lo que, su procedencia está limitada a
determinar la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte
accionante respecto de una posible agresión proveniente de una autoridad judicial
a partir de una decisión proferida por esta, sin que ello implique, como lo pretende
el aquí accionante, un nuevo estudio del caso como si fuera una instancia
adicional a las ya surtidas. El juicio que realiza el juez en sede de tutela, es de
validez y no de corrección de la decisión cuestionada44, lo que se opone a que se
use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de
44
Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009.
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índole probatoria o de interpretación del derecho, que se resolvieron en el curso
del proceso ordinario45.
En suma, las objeciones expuestas por el accionante relacionadas con la
vulneración de sus garantías fundamentales por la supuesta configuración de los
defectos fáctico y sustantivo que atribuye a la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado por no reconocer la suficiencia de las pruebas aportadas al
expediente de controversias contractuales y lo dispuesto en el numeral 3 del
artículo 5 de la Ley 80 de 1993 a fin de determinar la responsabilidad de la entidad
demandada y en consecuencia determinar el desequilibrio económico del contrato,
no supera el requisito de relevancia constitucional, comoquiera que, sus
argumentos no exponen un estudio caprichoso o irracional del material probatorio
y en ese orden la solicitud, no superó el estudio de procedibilidad.
Por consiguiente, la Sala confirmará la sentencia del 12 de octubre de 2023,
proferida por la Sección Quinta de esta Corporación que declaró improcedente la
acción constitucional, por las razones expuestas en esta providencia.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de octubre de 2023, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de
amparo, por las razones aquí expuestas.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por
el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Magistrado
DSR
45
Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2018.
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