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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-05018-01

Fecha
18 de abril de 2024
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-05018-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 20 de octubre de 2023, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2023-05018-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

18 de abril de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05018-01
Demandante: Cooperativa Multiactiva de Profesionales del Caribe- PROCARIBE

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05018-01
Demandante: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALES DEL
CARIBE -PROCARIBE-
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
directa por enriquecimiento sin causa. Indebida escogencia de la
acción. Defecto sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y
error inducido

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte demandante, por conducto de apoderada judicial, contra la
sentencia de 20 de octubre de 2023, dictada por la Sección Primera del Consejo
de Estado dentro de la acción de tutela de la referencia, en la que negó las
pretensiones de la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La parte actora relató que, dentro de la oportunidad legal, reclamó ante la ESE
Hospital San Pablo en liquidación el pago de los servicios prestados por un valor
de mil cuarenta y ocho millones ciento noventa y tres mil doscientos cinco pesos
m/cte ($1.048.193.205), incluidos intereses.

Refirió que mediante Resoluciones Nos. 051 de 19 de mayo de 2008 y 217 de 29
de septiembre de 2008, el liquidador de la ESE Hospital San Pablo en liquidación,
resolvió rechazar la reclamación presentada bajo el argumento de que “no puede
convalidar las irregularidades administrativas efectuadas cuando la ESE HOSPITAL SAN
PABLO DE CARTAGENA desarrollaba su objeto social con violación a normas de orden
público, es decir los hechos cumplidos se produjeron por una inadecuada labor
administrativa en la planeación de procesos contractuales y en la adquisición de
obligaciones” por lo cual evita exponerse a posibles investigaciones disciplinarias, fiscal y
penales”. Agregó que esa decisión fue confirmada por medio de la Resolución No.
305 de 5 de noviembre de 2008.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 - 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05018-01
Demandante: Cooperativa Multiactiva de Profesionales del Caribe- PROCARIBE

Afirmó que, en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentó
demanda contra el Patrimonio Autónomo de la ESE Hospital San Pablo en
liquidación y el departamento de Bolívar por enriquecimiento sin causa, sin que
discutiera la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales se
negó el pago de los servicios prestados.

Aseveró que el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cartagena en
sentencia de 19 de diciembre de 2016, declaró extracontractual y
administrativamente responsable al departamento de Bolívar como subrogatorio
de la ESE Hospital San Pablo en liquidación, porque se configuró un
enriquecimiento sin justa causa a costa de un detrimento patrimonial de la
Cooperativa Multiactiva de Profesionales del Caribe -Procaribe- y, en
consecuencia, condenó a la entidad territorial al pago de trescientos sesenta y tres
millones ochocientos sesenta y cinco mil setecientos cincuenta y cinco pesos
m/cte ($363.865.755).

Finalmente, manifestó que contra la anterior decisión la Cooperativa Procaribe y el
departamento de Bolívar interpusieron recurso de apelación, el cual fue resuelto
por el Tribunal Administrativo de Bolívar en fallo de 30 de noviembre de 2022, en
el sentido de revocar la sentencia favorable de primera instancia y, en su lugar,
declarar probadas las excepciones de indebida escogencia de la acción y de
caducidad, al considerar que el medio de control de reparación directa no es el
procedente para obtener el resarcimiento de los perjuicios causados por actos
administrativos que negaron el pago de las prestaciones solicitadas y, además,
porque encontró probado que la solicitud de conciliación extrajudicial fue
presentada cuando había fenecido el término de caducidad.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la igualdad, a la defensa y al mínimo vital y pensional, los cuales
considera vulnerados con la sentencia de 30 de noviembre de 2022, proferida por
el Tribunal Administrativo de Bolívar que revocó el fallo favorable de 19 de
diciembre de 2016, dictado por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de
Cartagena y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda de reparación
directa tendientes a que se declarara administrativa y patrimonialmente
responsable al departamento de Bolívar y al Patrimonio Autónomo ESE Hospital
San Pablo por los perjuicios causados por el no pago de los saldos adeudados
con ocasión de los servicios prestados.

Comenzó por referirse al cumplimiento de los presupuestos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales. En ese sentido, señaló que el
caso reviste relevancia constitucional porque pretende la protección de sus
derechos fundamentales, los cuales se vulneraron con la decisión judicial
cuestionada por incurrir en los defectos fáctico, sustantivo procedimental,
desconocimiento del precedente judicial y error inducido, al ignorar “el real alcance
de los hechos, pretensiones y fundamentos jurídicos de la demanda”. De igual forma,
consideró que justificó razonadamente la afectación de las garantías
constitucionales, además, indicó que se agotaron todos los mecanismos de
defensa judicial ordinarios (subsidiariedad) y que la solicitud de amparo se formuló

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dentro del término razonable establecido en la jurisprudencia constitucional
(inmediatez).

En ese orden, alegó que la decisión objetada incurre en i) defecto fáctico en su
dimensión positiva por la omisión de valoración de los hechos de la demanda,
los fundamentos jurídicos, las pretensiones y las pruebas allegadas al proceso.
Para el efecto, hizo las siguientes precisiones:

Explicó que en las pretensiones de la demanda no afirmó que el daño ocasionado
era derivado de los actos administrativos que negaron el pago de la remuneración
por los servicios prestados. Así mismo, indicó que en los hechos 12, 13, 14, 15 y
16 del escrito del medio de control argumentó la configuración del enriquecimiento
sin causa, sin hacer referencia a la legalidad de los actos.

Relató que en los fundamentos jurídicos no hizo referencia a normas relacionadas
con la legalidad de los actos administrativos, a lo que agregó que en los alegatos
de conclusión desarrolló la tesis de la configuración de los hechos cumplidos
manifestando que no contaba con otra acción legal que le permitiera “recuperar el
pago de los servicios prestados”.

Adujo que el Tribunal Administrativo de Bolívar desconoció que mediante las
Resoluciones Nos. 217 de 29 de septiembre de 2008 y 305 de 5 de noviembre de
2008, el liquidador de la ESE Hospital de San Pablo en liquidación, reconoce la
configuración de hechos cumplidos al afirmar que “no puede convalidar las
irregularidades administrativas efectuadas cuando la ESE HOSPITAL SAN PABLO DE
CARTAGENA desarrollaba su objeto social con violación a normas de orden público, es
decir los hechos cumplidos se produjeron por una inadecuada labor administrativa en la
planeación de procesos contractuales y en la adquisición de obligaciones” evitando
exponerse a posibles investigaciones disciplinarias, fiscal y penales”.

De otra parte, sostuvo que la decisión objeto de reproche incurrió en ii) defecto
sustantivo, por desconocer que el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 establece
que los actos administrativos que son demandables a través del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho son los que fueron expedidos con
infracción de las normas en que deberían fundarse, sin competencia, en forma
irregular, con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, falsa
motivación o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió,
situación que, en su concepto, no aplicaba en el caso concreto.

Indicó que la ESE Hospital San Pablo en liquidación, al no cancelar las sumas de
dinero adeudadas por los servicios prestados generó un enriquecimiento sin justa
causa y la cooperativa sufrió una disminución patrimonial, por lo que insistió en
que el daño se originó por los hechos cumplidos y no por la legalidad de actos
administrativos.

Refirió las sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 20 de mayo
de 20131 y de 21 de noviembre de 20182, para señalar que el máximo órgano de lo
contencioso administrativo ha sido claro en señalar que los actos administrativos

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Radicado: 25000-23-26-000-2000-01771-02 (27278), C.P. Hernán Andrade Rincón.
2
Radicado: 08001-23-33-000-2016-0889-01(62117), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E)
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ajustados a derecho no son objeto de anulación en el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho.

Mencionó que también se desconoció que la norma vigente para la época en que
se presentó la demanda de reparación directa es el artículo 86 del Código
Contencioso Administrativo, en el que se establece que a través de la acción de
reparación directa se puede pretender el enriquecimiento sin justa causa.

También, sostuvo que la sentencia objetada incurrió en ii) desconocimiento del
precedente judicial, específicamente de la sentencia de 22 de julio de 2008,
proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado3, en la que se indica “(…)
independientemente al hecho de que la acción in rem verso se rija por los postulados
normativos del Código Civil, inclusive en materia de términos de caducidad, esto no
impide que el juez de lo contencioso administrativo pueda conocer de la misma, para
definir, en cada caso concreto, si las pretensiones de desequilibrio patrimonial
injustificado, en las cuales interviene una entidad estatal –en los términos establecidos en
el artículo 82 del C.C.A.- tienen o no vocación de prosperar, con la salvedad específica
que el trámite correspondiente para ventilar ese tipo de pretensiones, será el contencioso
ordinario establecido en los artículo 206 y s.s. del C.C.A (…)”.

Por último, afirmó que la decisión objetada incurrió en iv) error inducido por parte
del departamento de Bolívar, al proponer excepciones de manera extemporánea y
al indicar, en el recurso de apelación, que la demanda versaba sobre
cuestionamientos de la legalidad de actos administrativos expedidos por la ESE
Hospital San Pablo en liquidación.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“PRIMERA: Tutelar el DERECHO FUNDAMENTAL al debido Proceso y al Acceso a la
Administración de Justicia, Igualdad y Derecho de Defensa de la COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE PROFESIONALES DEL CARIBE – PROCARIBE, que fueron
vulnerados por la sentencia judicial emitida el día 30 de noviembre de 2022 por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR – SALA DE DECISIÓN 004 dentro del
medio de control de Reparación Directa, radicado No. 13001-33-33-005-2010-00060-
01.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR – SALA DE DECISIÓN 004, que deje sin efectos la
sentencia judicial de fecha 30 de noviembre de 2022 proferida dentro del medio de
control de reparación directa radicado: 13001-33-33-005-2010-00060-01 y profiera
nueva decisión en la que se valoren los hechos de la demanda y las pruebas
aportadas, relacionadas con el enriquecimiento sin causa, la procedencia de la acción
de enriquecimiento sin causa para la reparación y cobro de prestación de servicio de
salud”.

4. Pruebas relevantes

Se allegó copia digital del medio de control de reparación directa radicado con el
No. 13001-33-33-005-2010-00060-01, actor: Cooperativa Multiactiva de
Profesionales del Caribe- Procaribe.

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Radicado: 85001-23-31-000-2003-00035-01 C.P Enrique Gil Botero.
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5. Trámite procesal

Por auto de 19 de septiembre de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte demandante, a la autoridad
judicial demandada, así como a la ESE Hospital San Pablo en liquidación, a
Fiduprevisora S.A., al departamento de Bolívar y al Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Cartagena, como terceros interesados en el
resultado del proceso.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Bolívar

El magistrado ponente rindió informe en el que solicitó que se declarara la
improcedencia de la solicitud, por cuanto no se cumplen los requisitos para la
procedencia de la acción de tutela. De manera subsidiaria, solicitó que se negaran
las pretensiones de la demandante porque no se configuran los defectos
alegados.

Sostuvo que existe falta de legitimación en la causa por activa, toda vez que la
parte actora se encuentra disuelta y en liquidación desde el 20 de abril de 2017,
por lo que su representación ha de limitarse exclusivamente a actos tendientes a liquidar
definitivamente a su representada, no siendo válido el poder otorgado para interponer la
presente acción constitucional por exceder sus facultades íntimamente relacionadas con
la capacidad jurídica de Procaribe”. Agregó que conforme con el artículo 222 del
Código de Comercio, las sentencias del Consejo de Estado4 y los conceptos de la
Superintendencia de Sociedades, la disolución de una sociedad no solo afecta su
existencia, “sino que restringe su capacidad jurídica, por cuanto estará limitada al
ejercicio de actividades o actuaciones tendientes a su inmediata liquidación y no pueden
continuar desarrollando su objeto social”.

Explicó que la cooperativa puede ser sujeto procesal pero debe responder a los
límites de su capacidad jurídica, por lo que en su concepto, los procesos deben
versar sobre relaciones que existían previamente entre la sociedad y sus
asociados “o entre aquellas y terceros con interés pero estrictamente para continuar y
concluir las operaciones sociales pendientes al tiempo de la disolución, supuesto que no
corresponde a la acción de tutela objeto de estudio, para lo cual no ostenta capacidad
jurídica”.

Por otra parte, afirmó que el amparo constitucional carece de relevancia
constitucional, por cuanto se acude la acción de tutela como una tercera instancia
para discutir un caso que ya fue decidido por el juez natural en el que se
determinó que la parte actora escogió indebidamente el medio de control y feneció
el término para instaurar la demanda.

Señaló que si bien se alegó la violación de los derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, igualdad y defensa, lo cierto es
que no se demostró tal afectación ya que la demandante controvirtió la decisión de

4
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias de 20 de noviembre de 2014, radicado: 08001-23-33-000-2012-00282-
01(20262), C.P. Carmen Teresa Ortiz Bogotá D.C.; 30 de abril de 2014, radicado: 05001-23-31-000-2007-02998-01(19575);
19 de noviembre de 2020, radicado: 76001-23-31-000-2010-00342-01(25174), C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez y Consejo
de Estado, Sección Primera, sentencia de 25 de febrero de 2000, C.P. Olga Inés Navarrete Barrero.

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primera instancia en la oportunidad establecida para ello y presentó los alegatos
de conclusión, motivo por el cual lo que se evidencia es una inconformidad con la
decisión desfavorable a sus intereses.

Agregó que el debate jurídico que plantea la demandante es eminente legal, toda
vez que pretende el reconocimiento de un derecho económico, consistente en el
pago de los valores económicos que la parte actora considera que se debieron
reconocer por concepto de los servicios facturados y rechazados dentro del
proceso liquidatario de la entidad, por lo que insistió en que no existe afectación
de las garantías iusfundamentales.

Por último, hizo referencia a la sentencia objeto de discusión y concluyó que los
argumentos presentados por la accionante están orientados a atacar el criterio
interpretativo del juez convirtiendo la acción de tutela en una instancia adicional.

6.2. El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cartagena allegó copia
digital del expediente de reparación directa radicado No. 13001-33-31-005-2010-
00060-01, sin embargo, no realizó pronunciamiento alguno.

6.3. La E.S.E. Hospital San Pablo en liquidación, Fiduprevisora S.A. y el
departamento de Bolívar, vinculados al trámite constitucional como terceros con
interés en el resultado del proceso guardaron silencio, aun cuando fueron
debidamente notificados del auto admisorio de la acción de tutela.

7. Sentencia de tutela impugnada

El Consejo de Estado, Sección Primera, por sentencia de 20 de octubre de 2023,
negó las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que la autoridad judicial
accionada no incurrió en los defectos alegados.

En primer lugar, consideró que en el caso no se configuró la falta de legitimación
en la causa por activa, toda vez que pese a que la Cooperativa Procaribe se
encuentra disuelta y en estado de liquidación, está habilitada para solicitar
mediante la acción de tutela, por intermedio de su apoderada judicial, la protección
de sus derechos fundamentales.

De otro lado, negó la solicitud de la parte actora tendiente a ordenar la vinculación
de los trabajadores de la cooperativa, teniendo en cuenta que la acción de
reparación directa fue interpuesta por la Cooperativa Multiactiva de Profesionales
del Caribe -Procaribe-, con la finalidad de reclamar sus propios derechos,
derivados de la falta de pago de los servicios que prestó a la E.S.E. Hospital San
Pablo en liquidación, sin que mediara la existencia de un contrato, por lo que los
derechos de los trabajadores no estuvieron en discusión en el proceso ordinario ni
en la acción de tutela.

En tercer lugar, respecto de los requisitos de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales resaltó que si bien las pretensiones tienen una
implicación económica, lo cierto es que la decisión controvertida “ frustra por
completo el derecho de la actora de acceder a la administración de justicia en relación con
el asunto planteado, y con ello su derecho al debido proceso”, además, sostuvo que los
temas en los que se funda la acción de tutela no fueron objeto de debate en el

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proceso ordinario, por lo que concluyó que el amparo cumple con el requisito de
relevancia constitucional.

Indicó que la demandante no planteó un debate en específico en relación con el
defecto fáctico, toda vez que no aportó elementos de juicio que permitiera concluir
que la decisión cuestionada pudiera incurrir en el mismo.

En relación con el defecto sustantivo sostuvo que en la sentencia atacada no se
configuró una falta de aplicación del artículo 84 del Código Contencioso
Administrativo, toda vez que a partir del análisis del alcance de dicha disposición,
el Tribunal Administrativo de Bolívar, en ejercicio de su autonomía judicial,
concluyó que el origen del daño radicaba en los actos administrativos protegidos
por la presunción de legalidad, motivo por el cual el medio de control para dirimir la
controversia era la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y no la
reparación directa.

Posteriormente, al analizar el desconocimiento del precedente judicial, manifestó
que la parte actora no cumplió con la carga argumentativa mínima necesaria para
determinar la configuración del defecto.

Refirió que no se incurrió en error inducido, en tanto de conformidad con lo
establecido en el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, el tribunal
demandado estaba facultado para decidir en la sentencia sobre las excepciones
propuestas y respecto de cualquier otra que se encontrara probada.

Por último, afirmó que el hecho de que departamento de Bolívar en el recurso de
apelación presentara argumentos favorables a sus intereses, no puede
considerarse como una manipulación o engaño a la autoridad judicial, por lo que
consideró que lo que la actora pretende es “controvertir el razonamiento y la decisión
a la que sobre el particular llegó el tribunal accionado, finalidad para la cual no es
procedente este mecanismo excepcional de protección”.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
accionante impugnó el fallo de primera instancia en escrito mediante el que solicitó
que se revocara la decisión de primera instancia, en virtud de los siguientes
argumentos:

En primer lugar, respecto a la falta de carga argumentativa del defecto fáctico,
expuso que argumentó y probó que el Tribunal Administrativo de Bolívar i) “indicó
erradamente que la acción procedente era de nulidad y restablecimiento del derecho, al
exponer en las consideraciones de la sentencia censurada que; “existió una indebida
escogencia de la acción…” al suponer que la demanda versa sobre el cuestionamiento de
actos administrativos”, respecto de los cuales se discute su legalidad”” y ii) “faltó a la
verdad procesal porque cercenó o fraccionó los hechos de la demanda y desconoció que
en dicha demanda no se discutió acto administrativo alguno, omitiendo estudiar en su
integridad la demanda, la cual detalla los fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios que
sustentan el enriquecimiento sin causa y hechos cumplidos”.

Mencionó que aportó el link de donde se evidencia que en los hechos,
pretensiones y fundamentos jurídicos de la demanda, así como en los alegatos de
conclusión indicó que acudió a la reparación directa por el enriquecimiento sin
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justa causa y hechos cumplidos, a lo que agregó que no cuestionó la legalidad de
los actos administrativos.

Por otra parte, en relación con el defecto sustantivo sostuvo que el juez
constitucional de primera instancia desconoció que la autoridad judicial
demandada "faltó a la verdad procesal al exponer lo siguiente: “pues la actio in rem verso
no es procedente para obtener la reparación de perjuicios causados con la expedición de
actos administrativos que rechazaron las facturas presentadas, dentro del proceso de
liquidación de la ESE Hospital San Pablo de Cartagena respecto de los cuales se discute
su legalidad”.

Insistió en que la acción de reparación directa versó sobre el enriquecimiento sin
justa causa por situaciones de hechos cumplidos en la que no cuestionó la
legalidad de actos administrativos, para el efecto citó la sentencia de 20 de mayo
de 2013 del Consejo de Estado5, en la que se indica que “si el daño se produce con
motivo de la expedición de un acto administrativo sobre el cual no se discute la legalidad,
o porque es una operación administrativa por la ejecución fáctica del acto, la acción
6
procedente será la de reparación directa” y el fallo de 21 de noviembre de 2018 que
expuso “… la reparación directa en los casos en los que la causa de la pretensión se
encuadre en un hecho, omisión, operación administrativa o en un acto administrativo,
“siempre que no se cuestione su legalidad”.

Sobre el desconocimiento del precedente judicial mencionó que argumentó que la
acción de enriquecimiento sin justa causa es procedente en casos excepcionales,
como la prestación de los servicios de salud siempre y cuando se encuentre
probado el detrimento patrimonial, por lo que refirió la sentencia de la Sección
Tercera del Consejo de Estado de 22 de julio 2009, radicado 85001-23-31-000-
2003-00035-01 (35026), que indica que “tratándose de servicios relacionados con el
derecho a la salud, es procedente la acción in rem verso para determinar la vocación de
prosperidad de pretensiones de desequilibrio patrimonial injustificado, cuyo fundamento
derive de la ejecución de prestaciones sin soporte presupuestal situación idéntica al caso
en estudio”.

Por último, agregó que en el proceso ordinario se acreditó que los servicios que
prestó no fueron cancelados por la falta de disponibilidad presupuestal, por lo que
acudió a la acción de reparación directa por presentarse enriquecimiento sin justa
causa de la ESE Hospital San Pablo en liquidación.

9. Escritos allegados en segunda instancia

9.1. La Cooperativa Multiactiva de Profesionales del Caribe -Procaribe-, por
intermedio de la apoderada judicial, en escrito de 7 de febrero de 2024, solicitó la
acumulación de la acción de tutela de la referencia con la que se encuentra bajo el
radicado N° 11001-03-15-000-2023-07199-01, en la cual también funge como
demandante, cuyo trámite de primera instancia se estaba surtiendo en la Sección
Primera del Consejo de Estado.

9.2. Las señoras y los señores Omaida Hurtado Baldrich, Julieth Jehudith García
Torres, Anatayde Tejada Tejada, Otto Abel Luna Solar, Matilde Tinoco Mendoza,
Jania Jiménez Peralta, Luz Mary Castro Altamiranda y Bernardo Gustavo Barrios

5
Radicado: 25000-23-26- 000-2000-01771-02 (27278), C.P. Hernán Andrade Rincón.
6
Radicado:. 08001-23-33-000-2016-0889-01 (62117), C.P. ponente Marta Nubia Velásquez Rico,
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Demandante: Cooperativa Multiactiva de Profesionales del Caribe- PROCARIBE

Salgado, manifestaron que en calidad de trabajadores de la Cooperativa
Multiactiva de Profesionales del Caribe -Procaribe-, pidieron que se tuvieran como
coadyuvantes de la parte demandante por cuanto el Tribunal Administrativo de
Bolívar no valoró que prestaron un servicio asistencial a través de la cooperativa
para la atención de pacientes en la extinta ESE Hospital San Pablo, sin recibir
remuneración alguna.

Refirieron que acudieron a la acción de reparación directa por enriquecimiento sin
justa causa y hechos cumplidos “ya que los servicios no fueron cancelados en la etapa
de liquidación por la falta de cumplimiento de requisitos para la ejecución del contrato que
se celebró entre la cooperativa y el mencionado hospital, no obstante, el servicio se prestó
tal como lo reconoció el desaparecido hospital, prueba que no fue valorada”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Cuestiones previas

2.1. De las solicitudes de coadyuvancia

Las señoras y los señores Omaida Hurtado Baldrich, Julieth Jehudith García
Torres, Anatayde Tejada Tejada, Otto Abel Luna Solar, Matilde Tinoco Mendoza,
Jania Jiménez Peralta, Luz Mary Castro Altamiranda y Bernardo Gustavo Barrios
Salgado, solicitaron que se les reconociera como coadyuvantes del Cooperativa
Multiactiva de Profesionales del Caribe -Procaribe-, en calidad de trabajadores de
la misma.

Al respecto, la Sala no los tendrá como coadyuvantes porque no fueron parte
dentro del proceso de reparación directa, además que los escritos presentados se
limitaron a manifestar que tiene interés en coadyuvar a la parte demandante, sin
demostrar el interés legítimo7.

2.2. De la solicitud de acumulación

La Cooperativa Multiactiva de Profesionales del Caribe -Procaribe-, solicitó la
acumulación de la acción de tutela de la referencia con la que se encuentra bajo el
radicado N° 11001-03-15-000-2023-07199-00, en la cual también funge como
demandante, sin que indicaran las razones por las cuales considera que debe
acumularse.

Para la Sala, no procede la acumulación de las acciones de tutela comoquiera que
en la sentencia de primera instancia de la solicitud de amparo con radicado No.
11001-03-15-000-2023-07199-00, se declaró la temeridad de la acción porque

7
Corte Constitucional, sentencia SU-116 de 2018, M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.
9

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05018-01
Demandante: Cooperativa Multiactiva de Profesionales del Caribe- PROCARIBE

encontró probado que la demandante había presentado una acción de tutela con
radicado 11001-03-15-000-2023-05018-00 con identidad de partes, de causa
petendi y de hechos y, además, se instó al apoderado judicial de la parte
demandante con el fin de que evitara presentar de manera repetitiva la misma
acción.

En esas condiciones, la Sala considera que no es procedente la solicitud de
acumulación formulada por la parte actora, en tanto no se trata del supuesto
previsto en el Decreto 1834 de 2015, que contiene las reglas de reparto de las
acciones de tutela que responden al fenómeno de las “tutelas masivas”.

3. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación,
si debe revocar la sentencia de 20 de octubre de 2023, dictada por la Sección
Primera del Consejo de Estado que negó las pretensiones de la acción de tutela y,
en su lugar, acceder al amparo constitucional solicitado porque el Tribunal
Administrativo del Bolívar con el fallo de 30 de noviembre de 2022, vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la igualdad, a la defensa y al mínimo vital y pensional, al incurrir en los
defectos fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y error
inducido, al revocar el fallo de primera instancia que accedió a las pretensiones
de la acción de reparación directa presentada por enriquecimiento sin justa causa
y, en su lugar, no accedió a las súplicas de la demanda por considerar que el
medio de control procedente era el de nulidad y restablecimiento del derecho.

4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos8 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos9, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 201210, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de 5 de agosto de 201411, precisó el
ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que
llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus
máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden

8
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
9
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
10
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
11
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10

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Demandante: Cooperativa Multiactiva de Profesionales del Caribe- PROCARIBE

eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma
decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que
sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200512.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico13; (ii) Defecto procedimental absoluto14; (iii)
Defecto fáctico15; (iv) Defecto material o sustantivo16; (v) Error inducido17; (vi)
Decisión sin motivación18; (vii) Desconocimiento del precedente19 y (viii) Violación
directa de la Constitución20.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo21 y de la Corte
Constitucional22.

12
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
13
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia
para ello.
14
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
15
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.
16
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
17
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la
toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
18
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
19
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
20
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU-114 de 2023 y SU-061
de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.
21
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7
de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de
2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
22
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado,
SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.
P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
11

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En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

5. Estudio y solución del caso concreto

5.1. La Cooperativa Multiactiva de Profesionales del Caribe- Procaribe, quien
actúa por intermedio de apoderada judicial, presentó acción de tutela con el objeto
de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a
la administración de justicia, a la igualdad, a la defensa y al mínimo vital y
pensional, supuestamente vulnerados con la sentencia de 30 de noviembre de
2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar23, en el marco de la
demanda de reparación directa iniciada contra el Patrimonio Autónomo de la ESE
Hospital San Pablo en liquidación y el departamento de Bolívar por
enriquecimiento sin justa causa, por incurrir, a su juicio, en:

i) Defecto fáctico “por la no valoración integra de los hechos de la demanda, los
fundamentos jurídicos y pretensiones de la misma” y de alegatos de conclusión en los
que se evidencia que “no se cuestiona la legalidad del acto administrativo, por lo que
procedía la demanda de reparación directa”.

ii) Defecto sustantivo, “al desconocer las normas aplicables vigentes para la
época de la demanda, como es el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, el
cual regula la acción de reparación directa, definida por el máximo órgano de cierre de
esta jurisdicción, como el medio a través del cual se discuten pretensiones de
enriquecimiento sin causa, el Consejo de Estado enseña: “… Así el asunto resulta claro
que mediante la llamada acción de reparación directa que consagra el artículo 86 del
Código Contencioso Administrativo puede pretenderse el reconocimiento del
enriquecimiento sin causa…”.

iii) Desconocimiento del precedente judicial, específicamente de la
sentencia de 22 de julio de 2008 proferida por la Sección Tercera del Consejo de
Estado24, en la que se indica ““(…) independientemente al hecho de que la acción in
rem verso se rija por los postulados normativos del Código Civil, inclusive en materia de
términos de caducidad, esto no impide que el juez de lo contencioso administrativo pueda
conocer de la misma, para definir, en cada caso concreto, si las pretensiones de
desequilibrio patrimonial injustificado, en las cuales interviene una entidad estatal –en los
términos establecidos en el artículo 82 del C.C.A.- tienen o no vocación de prosperar, con
la salvedad específica que el trámite correspondiente para ventilar ese tipo de
pretensiones, será el contencioso ordinario establecido en los artículo 206 y s.s. del C.C.A
(…)”.

iv) Error inducido, por parte del departamento de Bolívar al proponer
excepciones de manera extemporánea y al indicar en el recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia que la demanda versaba sobre
cuestionamientos de la legalidad de actos administrativos expedidos por la ESE
Hospital San Pablo en liquidación.

23
La decisión fue notificada por edicto el 7 de junio de 2023 y la acción de tutela se presentó el 13 de septiembre de 2023,
esto es, tres (3) meses y seis (6) días después, dentro del término prudencial precisado por esta corporación.
24
Radicado: 85001-23-31-000-2003-00035-01 C.P Enrique Gil Botero.
12

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En primera instancia, la Sección Primera del Consejo de Estado, por sentencia de
20 de octubre de 2023, negó las pretensiones de la acción de tutela, al considerar
que la parte actora no demostró la configuración de los defectos alegados.

Respecto del defecto fáctico y el desconocimiento del precedente judicial sostuvo
que la demandante no cumplió con la carga argumentativa mínima para
determinar la ocurrencia de los mismos. En relación con el defecto sustantivo
consideró que no se configuraba, en tanto no se desconoció el artículo 84 del
Código de lo Contencioso Administrativo, toda vez que el Tribunal Administrativo
de Bolívar en ejercicio de su autonomía judicial, concluyó que el origen del daño
radicaba en los actos administrativos protegidos por la presunción de legalidad
motivo por el cual el medio de control para dirimir la controversia era la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho y no la reparación directa.

Adicionalmente, afirmó que no se incurrió en error inducido por cuanto la autoridad
judicial demandada estaba facultada para decidir sobre las excepciones
propuestas. Así mismo, afirmó que el hecho de que departamento de Bolívar en el
recurso de apelación presentara argumentos favorables a sus intereses, no puede
considerarse como una manipulación o engaño, por lo que resaltó que lo que la
actora pretende es “controvertir el razonamiento y la decisión a la que sobre el particular
llegó el tribunal accionado, finalidad para la cual no es procedente este mecanismo
excepcional de protección”.

En la impugnación, la parte demandada solicitó que se revocara la decisión de
primera instancia y si bien expresó sus argumentos de inconformidad respecto a la
misma, lo cierto es que fueron los mismos expuestos en la demanda insistiendo en
que se desconoció que instauró la acción de reparación directa por el
enriquecimiento sin justa causa y hechos cumplidos por parte de la ESE Hospital
San Pablo en liquidación, sin que cuestionara la legalidad de los actos
administrativos.

5.2. De manera previa al análisis de la impugnación presentada por la parte
demandante, la Sala considera necesario hacer referencia al proceso ordinario en
el que se dictó la providencia objeto de reproche constitucional.

La Cooperativa Multiactiva de Profesionales del Caribe - Procaribe presentó
demanda de reparación directa en contra el patrimonio autónomo ESE Hospital
San Pablo y el departamento de Bolívar, con el fin de que se declarara
administrativa y patrimonialmente responsable a las entidades demandadas por
los perjuicios causados por el incumplimiento del pago de los saldos adeudados
con ocasión de los servicios prestados.

En primera instancia, por sentencia de 19 de diciembre de 2016, el Juzgado
Noveno Administrativo del Circuito de Cartagena accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y declaró la responsabilidad administrativa y
extracontractual del departamento de Bolívar, como subrogatorio de la ESE
Hospital San Pablo en liquidación por enriquecimiento sin justa causa y ordenó el
pago de la suma de $ 363.865.755.

Inconformes con esa decisión ambas partes la apelaron. El Tribunal Administrativo
de Bolívar mediante sentencia de 30 de noviembre de 2022, revocó el fallo de

13

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primera instancia y, en su lugar, declaró probada las excepciones de indebida
escogencia de la acción y de caducidad. Sobre este particular, expuso:

“Una vez revisada la demanda, se advierte que la demandante argumentó que el daño cuya
indemnización se persigue está dado por el enriquecimiento injustificado de la ESE Hospital
San Pablo de Cartagena en Liquidación, con ocasión de los servicios prestados en su favor,
cuya reclamación y pago fueron rechazadas dentro del proceso liquidatario, por cuanto los
contratos celebrados entre la ESE y Procaribe contaban con un CDP posterior a la fecha de
suscripción de los contratos y excedían el tope presupuestal que los soporta, además,
algunas facturas no tenían sustento contractual. A su vez, definió que el medio de control
procedente para obtener el reconocimiento y pago de los valores adeudados, era el de
reparación directa mediante la actio in rem verso, al estar cumplidos sus requisitos y carecer
de otros mecanismos judiciales para perseguir sus pretensiones.

No obstante, de los hechos y fundamentos de derecho esgrimidos por la accionante
es posible constatar que el hecho alegado como dañoso, realmente consiste en la
expedición de los actos administrativos Nos. 051, 217 y 305 de 2008, que glosaron las
facturas por concepto de servicios prestados, dentro del proceso liquidatorio de la
ESE y negaron su pago. Así mismo, la intención de la actora es controvertir las
consideraciones tenidas en cuenta por el agente liquidador para rechazar las mismas,
pues así se desprende de los folios 12 – 16 de la demanda, en donde se insistió (…).

De conformidad con los motivos antes expuestos, se reitera que el origen del daño alegado
son las decisiones administrativas contenidas en las Resoluciones Nos. 051, 217 y 305 de
2008, mediante las cuales se rechazaron las facturas Nos. 004, 006, 016, 017, 021, 022.,
023, 024, 040, 041 y 042, por conceptos de servicios prestados, que tenían sustento en los
Contratos No. 018 del 25 de agosto de 2004, No. 01 del 02 de febrero de 2005 y el
celebrado el 09 de febrero de 2006; sino también las facturas Nos. 025, 026, 029, 033, 035,
038 y 039, cuyo pago había sido reconocido y ordenado previamente por la administración,
a través de las Resoluciones Nos. 224 de 2005, 046, 126. y 127 de 2006.

Dada la existencia de una decisión expresa, definitiva y en firme de la administración, que
modificó y extinguió los derechos al pago de los servicios prestados por PROCARIBE en
favor de la ESE demandada (que no ha sido revocada ni anulada y respecto de la cual se
advierten inconformidades); correspondía a la demandante, demandar su nulidad y el
consecuente restablecimiento del derecho para obtener la reparación de los perjuicios
causados con su expedición, pues no es dable, como lo pretende hacer ver, utilizar la actio
in rem verso para dicho fin, debido a que su naturaleza es subsidiaria, tal como quedó
sentado en el numeral 5.4.2 de esta providencia. Así las cosas, no es posible ordenar a
través de la actio in rem verso, el pago de los servicios presuntamente prestados por
Procaribe a la entidad, mientras que exista un acto administrativo cobijado por la presunción
de legalidad, el cual niega los mismos y es pasible de control jurisdiccional.

A partir de lo reseñado, se concluye que, dentro del asunto, se presentó una indebida
escogencia del medio de control elevado ante esta jurisdicción, lo cual obliga al operador
judicial a adecuar el ejercicio del derecho de acción al mecanismo procesal
correspondiente, esto es, al de nulidad y restablecimiento del derecho”. (Negrillas por
fuera del texto original).

En dicha providencia se encontró probado que la Cooperativa Procaribe había
presentado de manera previa demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la ESE Hospital San Pablo de Cartagena bajo el radicado 13001-23-31-
000-2009-00071-00, sin embargo, fue rechazada “por “no cumplir el requisito de
procedibilidad de la acción”, mediante auto del 06 de junio de 2009. Sin perjuicio de lo
anterior, se aclara que, no existe certeza sobre el acto administrativo cuya nulidad se
pretendía, los motivos de su ilegalidad, ni el mentado requisito de procedibilidad que dio
lugar al rechazo de la demanda”.

14

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En relación sobre la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, la autoridad judicial demandada expuso:

“Al respecto, se observa que contra la Resolución No. 051 del 19 de mayo de 2008, solo
procedía el recurso de reposición, habiéndose interpuesto este por Procaribe, sin embargo,
el mismo fue rechazado por extemporáneo mediante Resolución No. 433 del 22 de
diciembre de 2008, notificada por edicto el 13 de enero de 2009, Ello significa, que el plazo
de cuatro (4) meses para demandar el acto, corrió del 14 de enero al 14 de mayo del mismo
año, como quiera que no había otro recurso el día que se fijó el edicto quedó ejecutoriado.

Frente a la Resolución No. 305 del 05 de noviembre de 2008, que confirmó la Resolución
No. 217 del 29 de septiembre de la misma calenda, fue notificada personalmente el 18 de
noviembre de la referida anualidad; es decir, que el lapso de cuatro (4) meses con los que
contaba Procaribe para controvertir las decisiones adoptadas por la administración, corrió
del 19 de noviembre de 2008 al 19 de marzo de 2009.

Sin embargo, se advierte que la solicitud de conciliación extrajudicial solo fue presentada
hasta el 15 de abril de 2009, cuando ya había fenecido el término de caducidad, por lo que
no tuvo la entidad de suspenderlo; la demanda, por su parte, fue radicada el 16 de marzo
de 2010, de forma extemporánea, razón por la cual se genera para el demandante, la
extinción de la facultad de ejercer su derecho de acción, pues no resulta admisible su
ejercicio después de expirado. En consecuencia, se declarará probada la excepción en
estudio”.

5.3. Descendiendo al caso concreto, sobre el defecto fáctico la Sala observa que
en la parte accionante en el escrito de impugnación la demandante manifestó que
el a quo no analizó todos los argumentos expuestos en la demanda sobre dicha
causal e insistió en que la misma se configuró porque no se valoró de manera
íntegra los hechos, fundamentos jurídicos y pretensiones de la demanda así como
los alegatos de conclusión en los que se evidencia que “no se cuestiona la legalidad
del acto administrativo, por lo que procedía la demanda de reparación directa”.

Como cuestión inicial, la Sala observa que, contrario a lo sostenido por el a quo, la
acción de tutela promovida por la parte actora cumple con la carga mínima
respecto de los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial, en
tanto respecto del primero precisa que se dejaron de valorar circunstancias
fácticas que eran determinantes en la decisión para demostrar los elementos de la
responsabilidad del Estado, a lo que se agrega que identifica las decisiones
judiciales que, en su sentir, constituyen precedente judicial desconocido por la
autoridad judicial accionada. Así las cosas, respecto de estos dos defectos se
encuentra cumplido el requisito de relevancia constitucional, a los que no se
realizó estudio de fondo en primera instancia.

De conformidad con la decisión objetada, la Sala observa que la autoridad judicial
accionada sí valoró tanto los hechos, las pretensiones y los fundamentos jurídicos
de la demanda, pues fue con base en estos que encontró acreditado que el hecho
alegado como dañoso provenía de actos administrativos por medio de los cuales
la ESE Hospital San Pablo en liquidación, negó el pago de las facturas por los
servicios prestados, motivo por el cual, concluyó que la acción procedente era la
de nulidad y restablecimiento del derecho y no la de reparación directa.

En efecto, el Tribunal Administrativo de Bolívar del análisis probatorio de la
demanda no encontró acreditado que el daño proviniera por enriquecimiento sin
justa causa, sino por el contrario, se reitera, evidenció que fue con ocasión de
decisiones administrativas por lo que al encontrar que existía una decisión
15

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expresa, definitiva y en firme de la administración que modificó y extinguió los
derechos al pago de los servicios prestados, el medio de control idóneo era el de
nulidad y restablecimiento del derecho.

En ese sentido, la Sala no encuentra la configuración del defecto fáctico, en tanto
la autoridad judicial accionada efectuó una valoración de las circunstancias
alegadas como desconocidas de manera razonable y de acuerdo con la
jurisprudencia y normas aplicables al caso.

5.4. Respecto del defecto sustantivo, la parte actora adujo que la autoridad judicial
accionada desconoció que la norma aplicable para la época de los hechos era el
artículo 86 del Código Contencioso Administrativo que regula la acción de
reparación directa.

En contraste, la Sala observa que, en la sentencia cuestionada, sí se hizo el
análisis de la acción a luz del Código Contencioso Administrativo, pues se insiste,
de manera razonable concluyó que le correspondía a la accionante demandar la
nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales se negó el pago de
los servicios prestados para obtener la reparación de los perjuicios causados con
su expedición, por lo que no era dable utilizar la acción de reparación directa para
ese fin.

Así las cosas, la Sala considera que no se configuró el defecto sustantivo en los
términos planteados por la demandante, pues en la decisión objetada se abordó la
diferencia de las acciones de reparación directa y de nulidad y restablecimiento del
derecho indicando que cuando el daño proviene de decisiones de la
administración, la acción procedente es esta última, por lo que no se encuentran
razones para concluir que ese argumento resulte irrazonable.

5.5. Respecto del desconocimiento del precedente judicial, la Sala observa que en
la parte accionante alegó el desconocimiento de la sentencia de 22 de julio de
2008, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado25, en concreto, citó lo
siguiente: “(…) independientemente al hecho de que la acción in rem verso se rija por los
postulados normativos del Código Civil, inclusive en materia de términos de caducidad,
esto no impide que el juez de lo contencioso administrativo pueda conocer de la misma,
para definir, en cada caso concreto, si las pretensiones de desequilibrio patrimonial
injustificado, en las cuales interviene una entidad estatal –en los términos establecidos en
el artículo 82 del C.C.A.- tienen o no vocación de prosperar, con la salvedad específica
que el trámite correspondiente para ventilar ese tipo de pretensiones, será el contencioso
ordinario establecido en los artículo 206 y s.s. del C.C.A (…)”.

En aquella ocasión en el medio de control de reparación directa se discutió el
enriquecimiento sin justa causa del Instituto Nacional De Vías - INVIAS –, por los
perjuicios causados a la sociedad demandante en la omisión del pago de la
interventoría prestada respecto de la ejecución de las obras objeto un contrato.

La Corporación, previo a realizar el estudio del caso concreto, hizo referencia a la
actio in rem verso en materia contencioso administrativa, en donde expuso lo
traído a colación por el demandante.

25
Radicado: 85001-23-31-000-2003-00035-01 C.P Enrique Gil Botero.
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Demandante: Cooperativa Multiactiva de Profesionales del Caribe- PROCARIBE

No obstante, en la decisión cuestionada el Tribunal Administrativo de Bolívar para
establecer la acción procedente se basó en la jurisprudencia de la Sección
Tercera del Consejo de Estado26 que de manera reiterada ha sostenido “que la
fuente o el origen del daño es lo que está llamado a determinar la acción procedente para
desatar la controversia, circunstancia que, de plano, excluye que esa elección se
encuentre reservada al arbitrio o capricho del demandante”.

Así mismo, para estudiar la procedencia de la acción de reparación directa
respecto de las pretensiones relativas al enriquecimiento jun justa causa, trajo a
colación la sentencia de unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera del
Consejo de Estado de 19 de noviembre de 2012 y con base en la jurisprudencia y
en las normas aplicables al caso, determinó que “la escogencia del medio de control
que se pretende ejercer para atacar alguna actuación del Estado considerada lesiva de
derechos, no depende de la discrecionalidad o voluntad del demandante, sino que lo
determina la fuente del daño alegado”.

De acuerdo con lo anterior, la Sala encuentra que la sentencia a la que hizo
referencia la parte actora no permite advertir que en el tribunal incurrió en
desconocimiento del precedente judicial, pues no se evidencia alguna
circunstancia que pueda ser aplicable en la decisión objeto de reproche.

Por el contrario, como se expuso, la autoridad judicial accionada consideró que la
acción procedente para las pretensiones de la demanda era la de nulidad y
restablecimiento del derecho porque el origen del daño alegado provenía de actos
administrativos, decisión que obedeció a un estudio conjunto de las normas y la
jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, aplicables al caso
concreto.

Por lo tanto, la Sala no encuentra criterios de interpretación desconocidos por la
autoridad judicial accionada.

Finalmente, respecto del supuesto error inducido en el que habría incurrido el
departamento de Bolívar al señalar que la demanda versaba sobre
cuestionamientos de la legalidad de actos administrativos expedidos por la ESE
Hospital San Pablo en liquidación, como lo expuso el a quo, la Sala encuentra que
la estrategia de defensa no puede considerarse como una manipulación o engaño
a la autoridad judicial demandada, por lo que tampoco se encuentra configurado
tal defecto.

Por las razones expuestas, la Sala concluye que los defectos fáctico, sustantivo,
desconocimiento del precedente judicial y error inducido, no se configuraron en la
providencia objeto de reproche constitucional, razón por la cual se confirmará el
fallo impugnado.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

26
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia de 14 de junio de 2019,
radicado No. 76001-23-31-000-2003-03093- 02(48843)
17

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05018-01
Demandante: Cooperativa Multiactiva de Profesionales del Caribe- PROCARIBE

RESUELVE:

Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 20 de octubre de 2023, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

18

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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