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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05025-01

Fecha
22 de febrero de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05025-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Nivel Central, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio y el Consejo Superior de la Judicatura, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de vinculación al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: CONFIRMAR la sentencia de 17 de octubre de 2023, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-05025-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

22 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05025-01
Accionantes: LUIS ENRIQUE CABRERA ROJAS Y OTROS
Accionados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – Se confirma el fallo impugnado – Los obstáculos de índole
administrativo no pueden ser una justificación para negar el disfrute de las
vacaciones a que tienen derecho los empleados judiciales.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial contra la sentencia de 17 de octubre de 2023, proferida por
la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Los señores Luis Enrique Cabrera Rojas, Edwin Fernando Sánchez Vargas,
Gisela Inés Suarez Ramírez, Jhasly Elineth Cárdenas Villabón, Nasli Yurani Roa y
María Helena Aguilar Barrios solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales
al descanso, a la dignidad humana, a la igualdad, a la salud y “[…] el derecho a
desempeñarse en un ambiente laboral libre de circunstancias que afecten la salud
física y mental […]”, cuya vulneración le atribuyeron al Oficio núm. DESAJVIO23-
1097 14 de agosto de 20231, proferido por la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Villavicencio, y a la presunta omisión por parte del del Juez Coordinador
del Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Promiscuos Municipales de
Puerto López – Meta de autorizar el disfrute de las vacaciones de la referida
servidora.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

1
Mediante el cual se negó la solicitud de adición presupuestal para la contratación del reemplazo de la escribiente Jhasly
Elineth Cárdenas Villabón.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Accionantes: Luis Enrique Cabrera Rojas y otros

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestaron que la señora Jhasly Elineth Cárdenas Villabón se encuentra
vinculada a la Rama Judicial en el cargo de escribiente nominada en el Centro de
Servicios Judiciales de Puerto López – Meta.

2.2. Indicaron
que el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, mediante el
Acuerdo núm. CSJMEA22-234 de 24 de noviembre de 2022, determinó “[…] el
aplazamiento del disfrute de las vacaciones de diversos juzgados, entre esos, el
Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Puerto López […]”.

2.3. Señalaron que, con ocasión del Acuerdo CSJMEA22-234 de 24 de noviembre de
2022, el “[…] Juez Coordinador del Centro de Servicios Judiciales de la época,
emitió la Resolución No. 09 de 7 de diciembre de 2022, por medio de la cual se
aplazó el disfrute de las vacaciones de la Escribiente Jhasly Elineth Cárdenas
Villabón […]”.

2.4. Refirieron que el 1.° de agosto de 2023, la escribiente Jhasly Elineth Cárdenas
Villabón “[…] elevó solicitud al Juez Coordinador del Centro de Servicios Judiciales
para que, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Acuerdo No
CSJMEA22-234 de fecha 24 de noviembre de 2022, se le autorizara el disfrute de
vacaciones a partir del 23 de octubre de 2023 hasta el 14 de noviembre del mismo
año […]”, teniendo en cuenta que a la señora Cárdenas Villabón le correspondió
apoyar al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Puerto López, para atender el
turno de disponibilidad del Sistema Penal Acusatorio en la cabecera del Circuito de
Puerto López en la vacancia judicial 2022 – 2023.

2.5. Relataron que el 2 de agosto de 2023 “[…] se radicó por [la] Coordinación del
Centro de Servicios Judiciales petición ante el Director Seccional de Administración
Judicial de Villavicencio para que emitiera certificación de asignación presupuestal
para el nombramiento del reemplazo de la empleada durante el periodo de
vacaciones […]”.

2.6. Manifestaron que la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Villavicencio, mediante Oficio núm. DESAJVIO23-1097 de 14 de agosto de 2023,
“[…] contestó que no era posible atender a la solicitud [de asignación presupuestal]
en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6 de la Circular No. PSAC11-44 de
noviembre 23 de 2011 del Consejo Superior de la Judicatura […]”.

2.7. Precisaron que “[…] a la servidora ya le fueron pagadas sus vacaciones, estando
pendiente únicamente [que] se le autorice el disfrute, previa asignación del rubro
presupuestal para nombrarle reemplazo […]”.

2.8. Indicaron que la falta de expedición del certificado de disponibilidad presupuestal
por parte de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio, junto
con la omisión del Juez Coordinador del Centro de Servicios Judiciales de autorizar
el disfrute de las vacaciones de la empleada Jhasly Elineth Cárdenas Villabón,
vulneraron sus derechos fundamentales al descanso, a la igualdad y al trabajo de

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Accionantes: Luis Enrique Cabrera Rojas y otros

la referida servidora y, adicionalmente, “[…] una vez concedidas las vacaciones
tendrían que redistribuirse las funciones que actualmente ella desarrolla […]”,
situación que “[…] sería una carga insostenible” y tendría “un impacto directo incluso
en la prestación del servicio público […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] Se nos ampare o proteja los derechos fundamentales al descanso, a la
igualdad, al trabajo en condiciones de dignidad humana y a un desempeño
laboral libre de circunstancias que afecten la salud física y mental, y se
ORDENE a la parte accionada que en el término de cuarenta y ocho (48) horas
disponga las acciones pertinentes para que expida el correspondiente
certificado de disponibilidad presupuestal necesario que le permita al Juez
Coordinador del Centro de Servicios Judiciales de Puerto López (Meta)
conceder el disfrute de vacaciones a que tiene derecho Jhasly Elineth Cárdenas
Villabón, en su calidad de Escribiente de la misma Dependencia Judicial, y
pueda nombrar su remplazo en ese cargo por otro empleado o empleada que
cumpla con los requisitos que exige el mismo […]”. (Negrilla original del texto y
mayúscula original del texto)

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 15 de septiembre de 2023, el Magistrado de la Subsección A de
la Sección Tercera del Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso
admitió la presente acción de tutela.

5. En el trámite de la impugnación, mediante auto de 15 de diciembre de 2023, se
puso en conocimiento del Juez Coordinador del Centro de Servicios Judiciales de
Puerto López la ocurrencia de la causal de nulidad prevista en el artículo 133,
numeral 8, del Código General del Proceso.

6. Posteriormente, y a través de auto de 1.° de febrero de 2024, se dispuso remitir el
presente proceso al Despacho del Consejero Germán Eduardo Osorio Cifuentes,
en razón a que la ponencia presentada no obtuvo mayoría.

V. INTERVENCIONES

7. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas, se allegaron
los siguientes informes:

7.1. La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, por conducto de la
magistrada auxiliar de la Oficina del Despacho, solicitó que se declarara la falta de
legitimación en la causa por pasiva respecto a esa entidad y, como consecuencia,
fuese desvinculada del presente trámite constitucional, en razón a que únicamente
ejerce funciones administrativas, por lo que no tiene competencia de ordenador del

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Accionantes: Luis Enrique Cabrera Rojas y otros

gasto, ni pueden expedir certificados de disponibilidad presupuestal para asignar
los reemplazos de los funcionarios y empleados judiciales que quieren disfrutar de
sus vacaciones.

7.2. Agregóque “[…] no es viable endilgar alguna responsabilidad al Consejo
Superior de la Judicatura, toda vez que las acciones u omisiones que atribuye el
accionante como vulneradoras, recaen exclusivamente sobre la Dirección Seccional
de Administración Judicial de Villavicencio, entidad que actúa como ordenador del
gasto de conformidad con los numerales 2 y 6 del artículo 103 de la Ley 270 de
1996 y que tiene a cargo expedir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
(CDP) para designar los reemplazos de los funcionarios y empleados judiciales que
pretenden el disfrute de sus vacaciones […]”.

7.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a través de apoderado
judicial, solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva frente
a esa Dirección, toda vez que “[…] la competente para desatar el asunto es la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio y el Ente nominador
que en el presente caso es el Centro de Servicios Judiciales de Puerto López (Meta)
[…]”.

7.4. Adicionalmente, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela,
toda vez que no cumple con el requisito general de la subsidiariedad, por cuanto la
tutela se encuentra dirigida contra un acto administrativo de carácter general y
abstracto, como lo es la Circular núm. PSAC11-44 de 23 de noviembre de 20112.
Además, tampoco se observa procedente como mecanismo transitorio para
salvaguardar un derecho fundamental.

7.5. También, pidió que se vinculara al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

7.6. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio, a través
de la coordinadora del área de asistencia legal, se opuso a las pretensiones de esta
acción, al considerar que no “se le han vulnerado los derechos” fundamentales a la
accionante, porque el Oficio núm. DESAJVIO23-1097 del 14 de agosto de 2023 “[…]
estuvo ajustad[o] al ordenamiento legal y reglamentario toda vez que tratándose de
vacaciones colectivas existe una prohibición de índole presupuestal para atender
reemplazos de vacaciones […]”.

7.7. Aclaró que “[…] es competencia del nominador del Juzgado Promiscuo Municipal
de puerto López Meta, conceder las vacaciones de los empleados a su cargo y no
de esta Dirección Seccional […]”. Y, en todo caso, “[…] el nominador puede solicitar
apoyo al centro de servicios judiciales de los Juzgados Penales Municipales de
Puerto López, o adoptar cualquier otra medida, sin que vulnere su derecho de
vacaciones […]”.

7.8. Concluyóque “[…] la negativa del otorgamiento de las vacaciones a la
accionante, no es atribuible a esta entidad”, por cuanto “el derecho a las vacaciones
debe ser efectuado por [el] nominador […]”.
2
Asunto: “PROGRAMACIÓN DE VACACIONES DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES DEL RÉGIMEN DE VACACIONES
INDIVIDUALES”.

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Accionantes: Luis Enrique Cabrera Rojas y otros

7.9. Por todo lo dicho, solicitó su desvinculación en la presente acción constitucional.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

8. Mediante fallo de tutela de 17 de octubre 2023, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales de la señora
Jhasly Elineth Cárdenas Villabón, al considerar que, de acuerdo con “lo resuelto por
la Corte Constitucional en la sentencia SU-296 de 2023”, se encontraban vulnerados
los derechos fundamentales invocados, toda vez que a la accionante “le fue negada
su solicitud de vacaciones compensatorias, con fundamento en razones del
servicio”.

9. Frente a los señores Luis Enrique Cabrera Rojas, Edwin Fernando Sánchez
Vargas, Gisela Inés Suarez Ramírez, Nasli Yurani Roa y María Helena Aguilar
Barrios indicó lo siguiente: “[…] [a] pesar de que en el acta de reparto se identificó
al señor Luis Enrique Cabrera Rojas como actor principal, la señora Cárdenas
Villabón, es quien constituye la verdadera parte actora de la presente acción, pues,
como se extrae de las pretensiones, la razón para solicitar la asignación
presupuestal demandada (para nombrar un remplazo), es el disfrute efectivo de las
vacaciones de la Escribiente Cárdenas Villabón. En coadyuvancia, demandaron
Luis Enrique Cabrera Rojas, Edwin Fernando Sánchez Vargas, Gisela Inés Suárez
y Nasli Yurani Roa Mosquera […]”.

10. Por lo anterior, como medidas de restablecimiento de las garantías
constitucionales vulneradas, dispuso lo siguiente:

“[…] PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales invocados por la
señora Jhasly Elineth Cárdenas Villabón; como consecuencia, se dispone:

ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Villavicencio que, en el término de diez (10) días, contado a partir de la
notificación de la presente providencia -en coordinación con la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial-, realice los trámites financieros y
administrativos necesarios para garantizar la correcta prestación del servicio a
cargo del Juez Coordinador del Centro de Servicios Judiciales de Puerto López,
mientras la señora Jhasly Elineth Cárdenas Villabón -Escribiente del despacho-
disfruta de sus vacaciones.

ORDENAR al Juez Coordinador del Centro de Servicios Judiciales de Puerto
López, que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de
que reciba el certificado de disponibilidad presupuestal para designar el
reemplazo de la señora Jhasly Elineth Cárdenas Villabón, le conceda las
vacaciones solicitadas […]”. (Negrilla original del texto y cursiva original del
texto)

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

11. LaDirección Ejecutiva de Administración Judicial, por conducto de
apoderado judicial, impugnó el fallo de primera instancia indicando que “[…] no

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Accionantes: Luis Enrique Cabrera Rojas y otros

resulta procesalmente legal, la vinculación de esta Entidad, ni librar orden de expedir
un CDP para la contratación del reemplazo del Accionante, máxime cuando no se
ajusta a ningún aspecto o requisitos establecido por la Circular PSAC11-44 del 23
de noviembre de 2011 […]”.

12. Como fundamento de lo anterior, indicó que quedó “[…] suficientemente claro
que la negativa en la concesión de las vacaciones fue dada por el Nominador del
Accionante, y la negativa en la expedición del CDP por la Seccional
correspondiente, y nada tuvo que ver esta Entidad, quien en definitiva recibe la
obligación y carga de la orden de apremio de expedir un Certificado de
Disponibilidad Presupuestal con recursos que no cuenta, que no existen, que no se
tienen, porque termina siendo legal apropiar recursos para algo que está claramente
prohibido por el Consejo Superior de la Judicatura […]”.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

13. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19913, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20154, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20215, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20196.

VIII.2. Cuestión previa

VIII.2.1. Solicitudes de desvinculación

14. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se ha
de resolver, resulta necesario pronunciarse sobre las solicitudes de desvinculación
procesal presentadas por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio y la Presidencia del
Consejo Superior de la Judicatura.

15. La Sala pone de presente, lo preceptuado en el artículo 75, los numerales 2° y 7°
del artículo 99 y el artículo 103 -numerales 2° y 6°- de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, que en su tenor literal disponen:

“[…] ARTÍCULO 75. FUNCIONES BÁSICAS. Al Consejo Superior de la
Judicatura le corresponde la administración de la Rama Judicial y ejercer la
función disciplinaria, de conformidad con la Constitución Política y lo dispuesto
en esta ley.
(…)

3
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
4
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
5
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Accionantes: Luis Enrique Cabrera Rojas y otros

ARTÍCULO 99. DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION
JUDICIAL.

(…)

Son funciones del Director Ejecutivo de Administración Judicial:

(…)

2. Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la
Rama Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización.

(…)

7. Actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones
que correspondan.

(…)

ARTÍCULO 103. DIRECTOR SECCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL.
Corresponde al Director Seccional de la Rama Judicial, ejercer en el ámbito de
su jurisdicción y conforme a las órdenes, directrices y orientaciones del Director
Ejecutivo Nacional de la Administración Judicial

(…)

2. Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la
Rama Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización.
(…)

6. Actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones
que correspondan […]”. (Subrayado fuera del texto)

16. Enese orden de ideas, para la Sala es claro que el Consejo Superior de la
Judicatura tiene funciones relacionadas con la administración de la Rama Judicial, lo
cual está unido con el manejo de los bienes y los recursos para su debido
funcionamiento. Es así, como en cumplimiento de esas atribuciones, esa autoridad
expidió la Circular núm. PSAC11-44 de 2011, con base en la cual se negó la
expedición del CDP.

17. Igualmente, la Dirección Ejecutiva asigna los recursos a cada una de las direcciones
seccionales, y a estas últimas le corresponde expedir el certificado de disponibilidad
presupuestal necesario para la contratación del reemplazo durante las vacaciones de
la accionante.

18. Por lo anterior, se negarán las solicitudes de desvinculación elevadas, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

VIII.2.2. Solicitud de vinculación

19. Frente a la solicitud de vinculación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
esta Sala la negará, en tanto no se observa que dicha cartera ministerial tenga interés
en el resultado del proceso, por cuanto no se le atribuyó la afectación de los derechos
fundamentales de la parte actora o el incumplimiento de alguna orden.

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Accionantes: Luis Enrique Cabrera Rojas y otros

VIII.3. Problemas jurídicos

20. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado12, la Sala debe establecer si existe una
vulneración de los derechos fundamentales de la señora Jhasly Elineth Cárdenas
Villabón, con ocasión del Oficio núm. DESAJVIO23-1097 de 14 de agosto de 2023,
que dispuso no expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para la
contratación de su reemplazo; y con ocasión de la presunta omisión por parte del
del Juez Coordinador del Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados
Promiscuos Municipales de Puerto López – Meta de autorizar el disfrute de sus
vacaciones.

21. Conel fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: (i) derecho al trabajo en conexidad con el disfrute de las
vacaciones de los empleados judiciales; para luego proceder a (ii) resolver el caso
concreto.

VIII.4. Derecho al trabajo en conexidad con el disfrute de las vacaciones de los
empleados judiciales

22. La Constitución Política prevé, en su artículo 25, que el trabajo es un derecho y
una obligación social que goza de especial protección por parte del Estado.
Asimismo, señala que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas.

23. Por su parte, el artículo 53 superior detalla varias garantías fundamentales de
obligatoria e ineludible observancia, entre las que se encuentran: el derecho a la
igualdad de oportunidades y la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales. Igualmente, establece como una garantía mínima
en favor de los trabajadores, la concerniente al descanso remunerado, el cual tiene
como propósito que el empleado recupere las energías ante el desgaste normal de
las mismas originado por la actividad laboral.

24. Al respecto, la Corte Constitucional ha definido las vacaciones como:

“[…] [U]n derecho del que gozan todos los trabajadores, como quiera que
el reposo es una condición mínima que ofrece la posibilidad de que el
empleado renueve la fuerza y la dedicación para el desarrollo de sus
actividades. Las vacaciones no son entonces un sobre sueldo sino un derecho
a un descanso remunerado. Por ello, la compensación en dinero de las
vacaciones está prohibida, salvo en los casos taxativamente señalados en la
ley, puesto que la finalidad es que el trabajador efectivamente descanse. Una
de las situaciones de excepción es en caso de que los trabajadores se
desvinculen del servicio, y no hayan gozado de su derecho al descanso
remunerado, pueden recibir una indemnización monetaria […]”7. (Negrilla fuera
del texto)

7
Corte Constitucional. Sentencia C-598 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero; 20 de noviembre de 1997.

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Accionantes: Luis Enrique Cabrera Rojas y otros

25. Aunado a lo anterior, la citada corporación ha sostenido que: “[…] uno de los
derechos fundamentales del trabajador, es el descanso, el cual está definido por el
Diccionario de la Real Academia como quietud o pausa en el trabajo o fatiga […]”8.

26. En efecto, la naturaleza iusfundamental de este derecho se deduce de la
interpretación sistemática9 de los artículos 1.º, 25 y 53 de la Constitución Política,
en tanto el descanso es una consecuencia necesaria de la relación laboral y
constituye uno de los principios mínimos fundamentales del trabajo.

27. Ahora bien, el régimen de vacaciones de los funcionarios y empleados de la
Rama Judicial se encuentra establecido en el artículo 146 de la Ley 270 de 7 de
marzo de 199610, en los siguientes términos:

“[…] Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial serán
colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores
y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados
Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales
Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades
del servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la
Judicatura por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el
respectivo nominador en los demás casos, por un término de veintidós días
continuos por cada año de servicio […]”.

28. Cabe resaltar que la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del citado
artículo, precisó lo siguiente:

“[…] Según se señaló a propósito del artículo 12 del presente proyecto de ley,
el ejercicio de la función pública y permanente de administrar justicia deberá
realizarse “con las excepciones que establezca la ley” (Art. 228). Significa ello,
como se explicó, que el legislador tiene plena competencia para determinar
los casos en que la rama judicial pueda cesar transitoriamente sus
actividades, en las mismas condiciones que las normas laborales lo
establecen para los demás funcionarios del Estado y los particulares. Así,
entonces, puede la ley -o en su defecto la autoridad competente- fijar o
modificar, dentro de unos márgenes razonables, los horarios de trabajo,
disponer los días de descanso y determinar los períodos de vacaciones -
individuales o colectivas-, sin que ello atente o comprometa el carácter de
permanente que la Carta Política le ha dado a la administración de justicia […]”.
(Negrilla fuera del texto)

29. A partir de lo anterior, se puede concluir que, en atención al contenido del artículo
146 de la Ley 270 de 1996, el régimen de vacaciones de los empleados de la Rama
Judicial se escinde en dos modalidades, a saber: a) los servidores que disfrutan sus
vacaciones de manera colectiva, y b) los empleados cuyo régimen vacacional es
individual y que pertenecen a la “[…] Sala Administrativa de los Consejos Superiores
y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados
Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales

8
Corte Constitucional. Sentencia C-710 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía; 9 de diciembre de 1996.
9
Al respecto, también puede consultarse las sentencias T-09 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-024 de 1998 M.P.
Hernando Herrera Vergara.
10
“Estatutaria de la Administración de Justicia”.

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Accionantes: Luis Enrique Cabrera Rojas y otros

Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses […]”.

30. Sin embargo, en ambos supuestos, el empleado de la Rama Judicial se hace
merecedor del derecho a disfrutar de sus vacaciones, el cual se considera
fundamental e irrenunciable y, por tanto, su afectación debe ser protegida a través
de la acción de tutela.

VIII.5. El caso concreto

31. Los señores Luis Enrique Cabrera Rojas, Edwin Fernando Sánchez Vargas,
Gisela Inés Suarez Ramírez, Jhasly Elineth Cárdenas Villabón, Nasli Yurani Roa y
María Helena Aguilar Barrios solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales
al descanso, a la dignidad humana, a la igualdad, a la salud y “[…] el derecho a
desempeñarse en un ambiente laboral libre de circunstancias que afecten la salud
física y mental […]”, cuya vulneración le atribuyeron al Oficio núm. DESAJVIO23-
1097 14 de agosto de 202311 proferido por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Villavicencio – Meta, mediante el cual se afectó el disfrute
de las vacaciones de la señora Jhasly Elineth Cárdenas Villabón, y a la presunta
omisión por parte del del Juez Coordinador del Centro de Servicios Judiciales de los
Juzgados Promiscuos Municipales de Puerto López – Meta de autorizar el disfrute
de las vacaciones de la referida servidora.

32. Se debe precisar que en el fallo de primera instancia la Sección Tercera -
Subsección A- del Consejo de Estado consideró que los señores Luis Enrique
Cabrera Rojas, Edwin Fernando Sánchez Vargas, Gisela Inés Suarez Ramírez,
Nasli Yurani Roa y María Helena Aguilar Barrios actuaron en el presente proceso
constitucional en calidad de coadyuvantes de las peticiones presentadas por la
señora Jhasly Elineth Cárdenas Villabón.

33. Este
aspecto de la decisión de primera instancia no fue controvertido en la
impugnación, por lo que no se hará un análisis al respecto.

VIII.5.1. De la vulneración al derecho al trabajo en conexidad con el disfrute de
las vacaciones de los empleados judiciales en el sub lite

34. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que la señora Jhasly Elineth
Cárdenas Villabón solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al descanso,
a la dignidad humana, a la igualdad y a la salud, cuya vulneración le atribuyó al
Oficio DESAJVIO23-1097 de 14 de agosto de 202312, proferido por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Villavicencio, mediante el cual se
negó la solicitud de adición presupuestal para la contratación de su reemplazo; y a
la omisión del Juez Coordinador del Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados

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Mediante el cual se negó la solicitud de adición presupuestal para la contratación del reemplazo de la escribiente Jhasly
Elineth Cárdenas Villabón.
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Mediante el cual se negó la solicitud de adición presupuestal para la contratación del reemplazo de la escribiente Jhasly
Elineth Cárdenas Villabón.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05025-01
Accionantes: Luis Enrique Cabrera Rojas y otros

Promiscuos Municipales de Puerto López – Meta de autorizar el disfrute de sus
vacaciones.

35. La autoridad judicial de primera instancia concedió el amparo solicitado, luego de
considerar, en síntesis, que la actora tenía derecho a disfrutar de sus “[…]
vacaciones compensatorias (…) en cumplimiento del Acuerdo No. CSJMEA22-234
del 24 de noviembre de 2022 […]” y que para ello debía, previamente, autorizarse
la contratación de una persona que la reemplace, mientras disfruta de su periodo
vacacional.

36. Como consecuencia de lo expuesto, se ordenó a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Villavicencio que, en coordinación con la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, adelanten los trámites administrativos y
presupuestales para asignarle, en el término de 10 días contados a partir del día
siguiente a la notificación de esa decisión, los recursos necesarios al Juez
Coordinador del Centro de Servicios Judiciales de Puerto López destinados a
contratar el reemplazo de la empleada Jhasly Elineth Cárdenas Villabón.

37. La entidad impugnante solicitó que se revocara el fallo de primera instancia frente
a las órdenes que le fueron impuestas, toda vez que es contrario a la ley,
específicamente a la Circular núm. PSAC11-44 de 2011, expedir un certificado de
disponibilidad presupuestal para la contratación del reemplazo de la empleada
Jhasly Elineth Cárdenas Villabón.

38. LaSala empieza por advertir que, en el caso de autos, lo pretendido por la
accionante, señora Jhasly Elineth Cárdenas Villabón, es gozar de las vacaciones
previstas en la “vacancia judicial 2022-2023”, toda vez que el disfrute de esas
vacaciones fue aplazado mediante la Resolución núm. 9 de 202213.

39. En ese sentido, las vacaciones, de acuerdo a los pronunciamientos de la Corte
Constitucional, deben ser entendidas como un derecho de naturaleza fundamental
y una garantía mínima del trabajador, pues a través de este se busca la
recuperación de las energías del empleado afectadas con ocasión del desgaste
físico y mental producto del cumplimiento de las labores asignadas por el
empleador. Significa lo anterior, que en esta ocasión la acción de tutela constituye
un mecanismo idóneo para proteger la posible afectación de una garantía
constitucional.

40. En múltiples ocasiones esta Sección14 ha desatado asuntos similares al presente
accediendo a las solicitudes de amparo y, como consecuencia de ello, se ha emitido
órdenes para que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – DEAJ asigne
los recursos necesarios, para que las Direcciones Seccionales de

13
“Por medio de la cual se aplaza el disfrute de vacaciones a la Escribiente [Jhasly Elineth Cárdenas Villabón] del Centro de
Servicios Judiciales de los Juzgados Promiscuos Municipales”.
14
Ver, entre otras, las siguientes sentencias: i) de 5 de julio de 2019, expediente número 11001-03-15-000-2019-02681-00,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; ii) de 11 de octubre de 2019, expediente número 11001-03-15-000-2019-04170-00,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; iii) de 8 de mayo de 2021, expediente número 11001-03-15-000-2021-01627-00, C.P.
Hernando Sánchez Sánchez; iv) de 1° de julio de 2021, expediente número 11001-03-15-000-2021-01869-01, C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón; v) de 11 de noviembre de 2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-04335-01, C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón; vi) de 20 de enero de 2022, expediente número 11001-03-15-000-2021-10377-00, C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés y vii) de 9 de junio de 2022, expediente número 25000-23-15-000-2022-00451-01, Hernando Sánchez
Sánchez.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05025-01
Accionantes: Luis Enrique Cabrera Rojas y otros

Administración Judicial puedan expedir el certificado de disponibilidad
presupuestal que permita la vinculación de una persona que cubra la ausencia de
los actores, por encontrarse disfrutando sus vacaciones.

41. Valga mencionar que el fundamento del amparo en dichas oportunidades
consistió en que: “[…] los asuntos de índole administrativo no pueden afectar el
derecho al goce y disfrute del período vacacional que legalmente les asiste a los
trabajadores […]”15. En efecto, en sentencia de 1° de julio de 2021, esta Sala de
Decisión explicó lo siguiente:

“[…] [V]isto el marco normativo y jurisprudencial aplicable al asunto bajo estudio,
la Sala también comparte el criterio de la Sección Cuarta, en el sentido de que
las circunstancias administrativas no se compadecen con el derecho al
goce y disfrute del período vacacional que legalmente le asiste al actor,
teniendo en cuenta la injerencia del derecho a las vacaciones en el
derecho al trabajo en condiciones dignas, donde el descanso constituye una
garantía fundamental del empleado, además de una prestación social y un
derecho económico relacionado con la salud y la seguridad social de las
personas.
(…)

En efecto, impedir el derecho al goce de las vacaciones por cuenta de
restricciones administrativas, no es una carga que deba soportar el
tutelante, por cuanto ello no implica que se puedan soslayar las
dificultades que la carga laboral, la insuficiencia de recursos, y algunas
veces, la acción desprendida y descuidada de quienes tienen a su cargo
la organización de los asuntos administrativos, de recursos humanos y
presupuestales de la rama, puedan proyectarse sobre los derechos de quienes
laboran en los despachos judiciales […]”16. (Negrilla fuera del texto)

42. Siguiendo esa misma línea argumentativa, esta Sección17 así como la
Subsección B de la Sección Segunda18, la Sección Cuarta y la Sección Quinta del
Consejo de Estado, han venido sosteniendo el criterio consistente en que los
asuntos de índole administrativo no pueden afectar el derecho al goce y disfrute del
período vacacional que legalmente les asiste a los trabajadores, por lo que, como
medida de protección del derecho, resulta procedente que el juez constitucional
ordene adelantar las gestiones pertinentes para obtener la expedición del CDP.

43. Ahora bien, es de advertir que los anteriores pronunciamientos de esta
Corporación fueron proferidos en el marco de controversias promovidas por
servidores judiciales que sus vacaciones se encontraban reguladas por el régimen
individual; sin embargo, esta Sala de Decisión encuentra que tal criterio, asociado
a que los asuntos de índole administrativo no pueden afectar el derecho al goce y
disfrute del período vacacional que legalmente les asiste a los trabajadores, también
resulta aplicable a la situación de la aquí accionante -en el que sus vacaciones se
regulan por el régimen colectivo-, en razón a que, tal como se explicó en el acápite
VIII.4. numerales 29 y 30 de esta providencia, el derecho a las vacaciones

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de enero de 2022, expediente
número 11001-03-15-000-2021-10377-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de julio de 2021, expediente
número 11001-03-15-000-2021-01869-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
17
20 de agosto de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-04569-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 16 de junio de
2021, expediente número 05001-23-33-000-2021-00738-01, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05025-01
Accionantes: Luis Enrique Cabrera Rojas y otros

constituye una prerrogativa de que gozan todos los trabajadores, sin distinción
alguna.

44. Precisamente, esta Sección, en sentencia de17 de junio de 202219, resolvió
amparar los derechos fundamentales del accionante que pertenecía al régimen de
vacaciones colectivas de la Rama Judicial. En esa decisión se consideró lo
siguiente:

“[…] [P]ara la Sala es claro: (i) que las vacaciones del aquí accionante se
encuentran reguladas por el régimen de vacaciones colectivas, y (ii) que la
Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011 no estableció el
procedimiento tendiente a la expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal con miras a cubrir los recursos del nombramiento de reemplazo
para esta situación en particular; lo cierto es que tal omisión administrativa no
puede ser el motivo para negar el disfrute de las vacaciones de los empleados
y funcionarios que están al servicio de la Rama Judicial, máxime cuando está
acreditado que el aquí actor ha laborado desde el 13 de marzo de 2019 sin
haber podido gozar de los respectivos descansos a los que tiene derecho.

39. Sumado el hecho de que, en los actos administrativos por los cuales el
Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca, le asignó
turno de disponibilidad durante la vacancia judicial al Juzgado del cual es titular
el aquí accionante, dispuso que estas le serían reconocidas para la vigencia
siguiente, lo cual en el sub judice no ha ocurrido pese a que ha transcurrido
cerca de tres (3) años desde que se dispuso la primera suspensión de la
vacancia judicial del funcionario aquí tutelante.

40. Con fundamento en todo lo anterior, esta Sala amparará el derecho
fundamental al trabajo del accionante, el cual se encuentra vulnerado por la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta –
Norte de Santander y, en consecuencia, ordenará a la referida entidad que, en
un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la notificación
del presente proveído, adelante las gestiones administrativas para expedir el
certificado de disponibilidad presupuestal que garantice la provisión de los
recursos necesarios con el propósito de autorizar el reemplazo de las
vacaciones del señor Noel Alberto Ramírez Meneses. Una vez cuente con los
recursos necesarios deberá comunicar tal novedad de manera inmediata al
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona […]” (Negrilla original
del texto)

45. Así las cosas, en este caso para la Sala es claro: i) que las vacaciones de la aquí
accionante se encuentran reguladas por el régimen de vacaciones colectivas, y ii)
que la Circular núm. PSAC11-44 de 2011 no estableció el procedimiento tendiente
a la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal con miras a cubrir los
recursos del nombramiento del reemplazo para esta situación en particular. Sin
embargo, y de conformidad con la sentencia de 17 de junio de 202220, tal omisión
no puede ser el motivo para negar el disfrute de las vacaciones de los empleados y
funcionarios que están al servicio de la Rama Judicial, máxime cuando está
acreditado que la aquí accionante no disfrutó de sus vacaciones en el periodo 2022
– 2023, en cumplimiento del Acuerdo núm. CSJMEA22-234 de 24 de noviembre de
2022.

19
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. Número 11001-03-15-000-2022-01465-
01, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 17 de junio de 2022.
20
Ibidem.

14
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05025-01
Accionantes: Luis Enrique Cabrera Rojas y otros

46. Asimismo, se resalta que si bien el Juez Coordinador del Centro de Servicios
Judiciales de los Juzgados Promiscuos Municipales de Puerto López – Meta no ha
negado expresamente el disfrute de las vacaciones solicitado por la aquí
accionante, lo cierto es que no ha autorizado las mismas por la respuesta negativa
de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Villavicencio de
expedir el certificado de disponibilidad presupuestal requerido para atender el
reemplazo de la accionante mientras disfruta de sus vacaciones.

47. Por otro lado, la Corte Constitucional en sentencia SU -296 de 202321 puntualizó
que para garantizarle al empleado el disfrute de su derecho fundamental al
descanso, incluido tanto el régimen individual como colectivo, es necesario que
durante el tiempo que duren las vacaciones se le asignen las funciones a otra
persona, para evitar que cuando este se reincorpore a sus labores tenga tareas
represadas que afecten su salud física y mental. En el comunicado de prensa de la
aludida providencia se señaló:

“[…] A partir de las circunstancias relevantes de cada uno de los casos
analizados, la Sala Plena de la Corte Constitucional planteó dos problemas
jurídicos. El primero, enfocado en determinar si los nominadores de los actores,
las diferentes Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
accionadas y el Consejo Superior de la Judicatura efectivamente vulneraron el
derecho fundamental al descanso de los actores que se desempeñan como
empleados judiciales, al negarse los primeros a conceder las vacaciones
solicitadas por no contar con un certificado de disponibilidad presupuestal, las
segundas a expedir los certificados de disponibilidad presupuestal solicitados
y el tercero al no regular en debida forma el procedimiento para la concesión y
disfrute de las vacaciones de los empleados que hacen parte del régimen
individual de vacaciones.

[A]l ocuparse de los casos concretos, la Sala tuvo en cuenta que la
situación administrativa a la cual se enfrentan los diferentes nominadores
como directores de los despachos judiciales es compleja y refleja que su
negativa a conceder las vacaciones a los actores no es necesariamente
caprichosa e injustificada, como lo sostuvieron las diferentes Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial. Para arribar a esta
conclusión, tuvo en cuenta que, ante la negativa de las Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial a realizar determinadas
actuaciones administrativas y financieras, el nominador se encuentra
compelido a elegir entre garantizar el adecuado funcionamiento del
despacho a su cargo y la satisfacción de los derechos laborales de los
empleados que lo conforman.

Esto, porque los despachos judiciales cuyo régimen de vacaciones es
individual tienen una característica en común que se refiere a la urgencia,
importancia y volumen de los asuntos que deben tramitar de forma
ininterrumpida, lo cual implica, además, la necesidad de garantizar la
evacuación expedita de los trámites a su cargo. Además, se trata de
despachos que se encuentran altamente congestionados y, sumado a
ello, ven intensificada su carga laboral con ocasión del periodo
vacacional colectivo de los demás despachos de la Rama Judicial, pues
los juzgados cuyo régimen de vacaciones es individual asumen también
la carga laboral en asuntos de tutela cuando los demás despachos se
encuentran en receso por la vacancia judicial.

21
Comunicado núm. 25 de 2 y 3 de agosto de 2023, en la cual se expone en síntesis los fundamentos de la Sentencia SU
296/23, M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar, Expedientes: T-8.735.764 (AC).

15
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05025-01
Accionantes: Luis Enrique Cabrera Rojas y otros

Aunque la Circular PSAC11-44 del Consejo Superior de la Judicatura no
regula el trámite para la concesión de vacaciones individuales a los
empleados judiciales, la Sala destacó que esto no significa que aquellos
no tengan derecho a que se programen sus vacaciones o a ser
eventualmente remplazados durante el periodo en el cual disfrutan de
dicha prestación, pues ni la referida circular reglamenta el asunto ni lo
prohíbe, como parecieran entenderlo las Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial en sus respuestas durante los diferentes trámites
de tutela.

Al proseguir su análisis, la Sala destacó que el tiempo durante el cual el
empleado se encuentra de vacaciones debe ser usado exclusivamente
para que este descanse, recupere sus energías y, en general, para su
propia realización personal y familiar a través de la disposición autónoma
de su tiempo libre, lo cual se encuentra estrechamente relacionado con la
garantía de la dignidad humana. De esta manera, la garantía del derecho
al descanso no solo implica que se observe su dimensión temporal sino
que responde a aspectos sustanciales como la calidad del descanso, el
bienestar físico y mental del trabajador, así como su autonomía en la
gestión del tiempo libre. Por ello, el derecho fundamental al descanso se
vería afectado si durante este periodo se le siguen asignando al
trabajador tareas o se le mantiene en incertidumbre respecto de la
acumulación de las mismas al momento de su reincorporación, lo cual
tiene la capacidad de repercutir, sin duda, en su salud física y mental, así
como en su bienestar general.

Con fundamento en el análisis desarrollado, la Sala también encontró que la
actuación de las accionadas no solo impacta en el derecho fundamental al
descanso de los actores, sino que podría tener incidencia en la garantía de
otros derechos como la salud física y mental, así como en la dignidad humana
de los funcionarios y empleados judiciales a quienes se les ha impedido
acceder a las vacaciones en igualdad de condiciones debido a la imposición de
barreras administrativas. Además, insistió en que esta situación también puede
incidir en el adecuado funcionamiento de la administración de justicia, porque
la vulneración de los derechos de los actores impacta en la cantidad de trabajo
a su cargo, la eficiencia de sus labores y, según lo informado la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, ha repercutido en el aumento de la
litigiosidad en materia de tutela para obtener la garantía de este derecho, por
lo cual es posible señalar que se trata de una situación estructural […]”.
(Negrilla fuera del texto)

48. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que a la actora no se le ha concedido el
disfrute de sus vacaciones colectivas con fundamento en la falta de expedición del
certificado de disponibilidad presupuestal, la Sala concluye, al igual que el a quo,
que se transgredió su derecho al descanso, cuya vulneración es imputable a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Villavicencio porque, tal
como se precisó en el acápite VIII.2.1., esta Dirección Seccional tiene la
competencia de asignarle los recursos a los despachos judiciales de acuerdo con
su jurisdicción.

49. Conbase en las consideraciones expuestas, la Sala confirmará el fallo
impugnado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

16
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05025-01
Accionantes: Luis Enrique Cabrera Rojas y otros

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial – Nivel Central, la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Villavicencio y el Consejo Superior de la Judicatura, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de vinculación al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: CONFIRMAR la sentencia de 17 de octubre de 2023, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Salva voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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