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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-05028-01

Fecha
11 de abril de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2023-05028-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

11 de abril de 2024

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05028-01
(Acumulada: 11001-03-15-000-2023-05245-00)
Accionantes: Liliana del Rosario Castro Urresta y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05028-01 (Acumulada: 11001-03-15-000-
2023-05245-00)
Accionantes: Liliana del Rosario Castro Urresta y otro
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros

Tema: Acción de tutela por la no expedición del certificado de
disponibilidad presupuestal para conceder las vacaciones
individuales de empleados de la Rama Judicial adscritos al Juzgado
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto.
Confirma sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación formulada por la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Pasto en contra de la sentencia proferida el 25 de enero de 2024 por la
Sección Primera de esta corporación, mediante la cual amparó el derecho fundamental
al trabajo de los señores Liliana del Rosario Castro Urresta y Eduardo Francisco Leyton
Delgado.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
la señora Liliana del Rosario Castro Urresta, expediente 11001-03-15-000-2023-
05028-01, y el señor Eduardo Francisco Leyton Delgado, expediente 11001-03-15-

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(Acumulada: 11001-03-15-000-2023-05245-00)
Accionantes: Liliana del Rosario Castro Urresta y otros

000-2023-05245-00, promovieron demandas en orden a que se tutelen sus derechos
fundamentales a la salud, a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas y al descanso
remunerado.

Como consecuencia de lo anterior, requirieron ordenar (i) al Consejo Superior de la
Judicatura, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Pasto adelantar, dentro de las cuarenta y ocho
horas siguientes a la notificación de la sentencia, las gestiones administrativas,
logísticas y presupuestales correspondientes para proveer los reemplazos durante el
disfrute de sus descansos remunerados; y (ii) a la jueza primera de ejecución de penas
y medidas de seguridad de Pasto, Ana Patricia Quijano Vodniza, que, una vez
expedido y remitido el certificado de disponibilidad presupuestal por parte de la
Dirección Seccional mencionada, emita una nueva decisión sobre las vacaciones
individuales solicitadas.

1.1.2. Hechos

La señora Liliana del Rosario Castro Urresta y el señor Eduardo Francisco Leyton
Delgado, en síntesis, narraron como hechos relevantes, los siguientes:

i) Se encuentran vinculados, en propiedad, a los cargos de oficial mayor y asistente
jurídico, grado 19, respectivamente, del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Pasto.

ii) El 18 de julio de 2023, solicitaron a la titular del despacho judicial mencionado
conceder sus vacaciones individuales, por lo cual la autoridad precitada requirió a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto expedir el certificado
de disponibilidad presupuestal, para la designación de los respectivos reemplazos.

iii) Sin embargo, el 21 de julio de 2023, el área de presupuesto de la Dirección
Seccional mencionada, por medio del Oficio DESAJPAO23-444, informó que no era
posible acceder a lo peticionado, comoquiera que esa asignación presupuestal solo
procede cuando se trate de empleados del régimen de vacaciones individuales que
laboren en despachos con planta de personal de tres o menos cargos, en virtud de lo

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(Acumulada: 11001-03-15-000-2023-05245-00)
Accionantes: Liliana del Rosario Castro Urresta y otros

dispuesto en la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011 y el Oficio núm.
DEAJRHO17-5287 del 12 de octubre de 2017.

iv) Por lo anterior, el 21 de julio de 2023, la jueza primera de ejecución de penas y
medidas de seguridad de Pasto, mediante las Resoluciones núms. 008 y 009,
respectivamente, negó el disfrute del período vacacional pretendido, por la necesidad
del servicio.

1.1.3. Fundamentos de derecho

La parte accionante consideró que el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, la Dirección Seccional de Administración Judicial
de Pasto y el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Pasto vulneraron sus derechos fundamentales a la salud, a la igualdad, al descanso
remunerado y al trabajo en condiciones dignas, por no disponer los recursos para el
nombramiento y pago de su reemplazo durante el disfrute de su período vacacional.

Al respecto, afirmó que existe una indebida interpretación de la Circular PSAC11-44
del 23 de noviembre de 2011, puesto que aquella busca establecer el orden de disfrute
de las vacaciones de los funcionarios, mas no negar el derecho al descanso de los
empleados judiciales. Además, señaló que dicha exégesis desconoce los lineamientos
trazados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-019 de 2004, frente a esa
garantía fundamental.

Adicionalmente, manifestó que se presenta un trato desigual, comoquiera que los
funcionarios y empleados judiciales con régimen de vacaciones colectivas no reciben
reparto de procesos durante la vacancia judicial, mientras que los que pertenecen al
régimen individual les continúan asignando trabajo, lo que impide que el descanso sea
realmente efectivo. De igual forma, indicó que existe un tratamiento disímil con
respecto a los funcionarios con régimen de vacaciones individuales a quienes se les
nombra reemplazo durante el disfrute de estas.

1.2. Actuación procesal

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1.2.1. El 18 de septiembre de 2023, el despacho del magistrado Oswaldo Giraldo
López de la Sección Primera de esta corporación admitió la acción de tutela núm.
11001-03-15-000-2023-05028-00, formulada por la señora Liliana del Rosario Castro
Urresta en contra del Consejo Superior de la Judicatura, de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto
y del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto.

1.2.2. El 26 de igual mes y año, el despacho precitado admitió la solicitud de amparo
con radicado 11001-03-15-000-2023-05245-00, interpuesta por el señor Eduardo
Francisco Leyton Delgado en contra de las autoridades y entidades mencionadas.

1.2.3. El 10 de noviembre de la misma anualidad, el despacho del consejero referido
acumuló el expediente de tutela núm. 11001-03-15-000-2023-05028-00 al proceso
núm. 11001-03-15-000-2023-05028-00.

1.2.4. El 13 de diciembre de ese año, el magistrado Oswaldo Giraldo López ordenó
remitir el expediente al despacho del consejero Germán Eduardo Osorio Cifuentes,
debido a que la ponencia presentada no obtuvo una votación mayoritaria.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto

La profesional del derecho Diana Marcela de los Ríos Eraso afirmó que la presente
acción no cumple con el requisito general de subsidiariedad, comoquiera que las
resoluciones mediante las cuales se negó el disfrute de las vacaciones a los
accionantes constituyen actos administrativos de carácter particular, por lo que son
susceptibles de ser demandadas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo
a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Además,
señaló que, con las pruebas aportadas al proceso, tampoco se demostró un perjuicio
irremediable que permita la procedencia transitoria del mecanismo tutelar.

Ahora bien, frente a la negativa en conceder las vacaciones, indicó que, en un caso
similar, el Consejo de Estado resolvió no acceder al amparo solicitado por evidenciar

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una intromisión en el ejercicio de funciones propias de las autoridades administrativas.
En ese sentido, aclaró que el debate del presente asunto no se centra en la actuación
de la entidad, la cual ha cumplido con la ley y los acuerdos del Consejo Superior de la
Judicatura, sino de la jueza primera de ejecución de penas y medidas de seguridad de
Pasto por no conceder al descanso solicitado, so pretexto de las necesidades del
servicio ante la ausencia de reemplazo.

En esa medida, explicó que, de un lado, la facultad de conceder las vacaciones
causadas a favor de servidores judiciales es del resorte del respectivo nominador y,
del otro, que la reglamentación que hasta el momento ha sido emitida prevé de manera
expresa que la expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para
reemplazos de vacaciones del personal titular, están únicamente destinadas para los
funcionarios judiciales y, excepcionalmente, en aras de no afectar la normal prestación
del servicio, en el caso de empleados para los despachos judiciales con plantas de
personal que cuenten con tres o menos cargos, situación que no se aplica a los
accionantes, toda vez que, según la constancia expedida por la coordinadora de
Talento Humano, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y medidas de seguridad
de Pasto cuenta con un funcionario y tres empleados.

Igualmente, señaló que, en el evento en que el nominador decida nombrar un
reemplazo durante las vacaciones del titular con personal de la planta de la Rama
Judicial, debe tener en cuenta la limitación que estableció la Ley 344 de 1996 y, si
pretende el reemplazo con personal ajeno o foráneo a la Rama Judicial, deberá contar
previamente con el CDP que dé cuenta de la existencia de recursos para asumir el
gasto que como nominador va a generar. Además, precisó que el trámite de expedición
del certificado por el rubro de reemplazo por las vacaciones del titular se encuentra
regulado en la Circular PSAC11-44 de 2011 expedida por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura.

En ese orden de ideas, solicitó declarar improcedente la acción de tutela, al contar los
accionantes con otro medio de defensa judicial o, en su defecto, negar las pretensiones
formuladas, ante la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales
invocados.

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1.3.2. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

El abogado de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal Luis Felipe
Delgado Hernández indicó que el derecho al disfrute de un periodo vacacional no es
competencia de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, dado que esas
atribuciones están a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial, tal y
como lo prevé el artículo 99 de la Ley 270 de 1996. Adicionalmente, sostuvo que es
improcedente lo pretendido en esta acción, por cuanto la Circular PSAC11-44 del 23
de noviembre de 2011 solo reglamentó lo relacionado con el disfrute de vacaciones de
los funcionarios judiciales; sin embargo, los accionantes no ostentan esta calidad, sino
la de empleados judiciales, por lo que no podría expedirse el certificado de
disponibilidad presupuestal para ese efecto.

De otra parte, resaltó que es el nominador quien se niega a conceder las vacaciones
solicitadas por los accionantes, sin que le sea nombrado un reemplazo para el
desarrollo de sus funciones, situación que termina afectando los derechos
fundamentales de aquella, debido a que la autoridad judicial ya tiene conocimiento
sobre la imposibilidad de destinar recursos para el nombramiento de los remplazos de
los peticionarios, al no tener este la condición de funcionario, por lo que la orden
conminatoria debe librarse en contra del nominador, para que no condicione la
concesión de las vacaciones de esta a la expedición de un CDP que por norma no es
posible expedir.

En igual sentido, afirmó que el nominador desconoce los principios administrativos de
planeación y de presupuesto, ya que esta situación podría evitarse con un cronograma
que le permitiera a los accionantes el disfrute de sus vacaciones, como conseguir
practicantes o judicantes que ayuden a alivianar la carga que manifestó. Asimismo,
resaltó que no pueden ampararse los derechos reclamados, debido a que el juez de
tutela no puede ordenar a una entidad pública la disposición y destinación de los
recursos públicos.

Finalmente, consideró que la acción de tutela no está llamada a prosperar, debido a
que no es el medio judicialmente idóneo para reclamar la protección del derecho
laboral, ya que ello le corresponde al juez contencioso administrativo o laboral, y los

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accionantes tampoco demostraron la existencia de un perjuicio irremediable que
flexibilice este mecanismo constitucional.

De otra parte, aseguró que el presente trámite se encuentra viciado de nulidad, puesto
que no se conformó en debida forma la parte accionada, comoquiera que no se vinculó
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien es el ente del Poder Ejecutivo que
establece el presupuesto y hace las asignaciones para el cumplimiento de los fines,
funciones y competencias administrativas del sector público, entre ellos, el servicio de
justicia.

En esos términos, solicitó (i) decretar la falta de legitimación en la causa por pasiva, al
no estar la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial llamada ni obligada a la
disposición de recursos que permitan la contratación del remplazo para la concesión
del periodo de vacaciones; la improcedencia de la acción de tutela y la ausencia de un
perjuicio irremediable; (ii) ordenar a la autoridad nominadora conceder el período de
vacaciones reclamado por los accionantes y (iii) vincular al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.

1.3.3. Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto

La jueza Ana Patricia Quijano Vodniza indicó que negó las vacaciones, en razón a que
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto, a través del Oficio
DESAJPA023-441 de julio 21 de 2023 informó que no era posible realizar trámite de
solicitud de disponibilidad presupuestal, para proceder a nombrar un empleado en su
reemplazo, de acuerdo con las indicaciones dadas a nivel central sobre los casos de
vacaciones individuales.

Adicionalmente, explicó que la anterior determinación también tuvo como sustento la
situación de congestión en el despacho, lo cual ha sido informado al Consejo Superior
de la Judicatura, sin ningún tipo de solución, por lo que de aceptarse las solicitudes de
descanso, al resto de empleados les correspondería asumir los asuntos urgentes que
los accionantes tramitan, lo que conllevaría a una sobrecarga laboral e inequitativa
para ellos, que afectaría incluso los derechos de dichas personas al trabajo en

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condiciones justas y a una remuneración proporcional a la cantidad de trabajo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política.

Por tanto, manifestó que no se opone al amparo de los derechos fundamentales a la
igualdad y al trabajo de los peticionarios, siempre y cuando se adopten decisiones que
permitan la designación de los reemplazos para los cargos que aquellos ocupan.
Añadió que los accionantes no explicaron en qué forma esa autoridad judicial vulneró
su derecho a la salud, por lo que este no debe ser tutelado.

1.3.4. Consejo Superior de la Judicatura

La magistrada auxiliar de la Oficina del Despacho de la Presidencia del Consejo
Superior de la Judicatura Margarita María Becerra Dawson requirió la desvinculación
del presente trámite constitucional, debido a que no se encuentra legitimada en la
causa por pasiva, comoquiera que las acciones u omisiones que atribuye la parte
accionante como transgresoras recaen exclusivamente en la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Pasto, entidad que actúa como ordenador del gasto,
conforme a los ordinales 2.° y 6.° del artículo 103 de la Ley 270 de 1996, y que tiene a
cargo expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para designar los
reemplazos de los empleados judiciales que pretenden el disfrute de sus vacaciones.

1.4. Sentencia impugnada

El 25 de enero de 2024, el Consejo de Estado, Sección Primera, dispuso lo siguiente:

«[…] PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Presidencia
del Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente decisión.

SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental al trabajo de los señores Liliana del
Rosario Castro Urresta y Eduardo Francisco Leyton Delgado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto,
que, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la notificación
de la presente sentencia, si aún no lo hubiere hecho, adelante todas las gestiones
tendientes a expedir los certificados de disponibilidad presupuestal para garantizar la
provisión de los recursos necesarios con el propósito de autorizar el reemplazo de las
vacaciones de la señora Liliana del Rosario Castro Urresta y del señor Eduardo
Francisco Leyton Delgado. Una vez cuente con los recursos necesarios deberá

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COMUNICAR tal novedad de manera inmediata al titular del Juzgado Primero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto.

CUARTO: ORDENAR al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Pasto, que una vez se disponga de los certificados de disponibilidad
presupuestal para nombrar en provisionalidad el reemplazo de la señora Liliana del
Rosario Castro Urresta y el del señor Eduardo Francisco Leyton Delgado deberá
PRONUNCIARSE, en un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de
dicha comunicación, sobre la concesión del disfrute de las vacaciones de los tutelantes
[…]».

Para soportar la anterior decisión, en primer lugar, afirmó que la acción de tutela
constituye un mecanismo idóneo para proteger la posible afectación de una garantía
constitucional, comoquiera que las vacaciones deben ser entendidas como un derecho de
naturaleza fundamental y una garantía mínima del trabajador, pues a través de este se
busca la recuperación de las energías del empleado afectadas con ocasión del desgaste
físico y mental producto del cumplimiento de las labores asignadas por el empleador.

En segundo lugar, frente al caso en concreto, advirtió que, de acuerdo con la línea
argumentativa trazada por esa Sección y por las Secciones Segunda, Cuarta y Quinta,
los asuntos de índole administrativo no pueden afectar el derecho al goce y disfrute
del período vacacional que legalmente les asiste a los trabajadores, por lo que, como
medida de protección del derecho, resulta procedente que el juez constitucional ordene
adelantar las gestiones pertinentes para obtener la expedición del CDP.

En tercer lugar, precisó que recientemente, la Corte Constitucional en la Sentencia SU-
296 de 2023, puntualizó que para garantizarle al empleado el disfrute de su derecho
fundamental al descanso, es necesario que durante el tiempo que duren las
vacaciones se le asignen las funciones a otra persona, para evitar que cuando este se
reincorpore a sus labores tenga tareas represadas que afecten su salud física y mental.

En esos términos, consideró que al negarse a los accionantes el disfrute de sus
vacaciones individuales, se transgredió su derecho al trabajo digno en conexidad con
su derecho al descanso, cuya vulneración es imputable a las accionadas.

1.5. Impugnación

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La Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto, por intermedio de su
apoderada judicial Diana Marcela de los Ríos Eraso, impugnó el fallo de primera
instancia, para lo cual indicó que la acción de tutela procede ante la ausencia de otros
medios de defensa judicial o, de manera transitoria, para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable. En ese sentido, frente al caso bajo estudio, afirmó que el juez
constitucional no puede invadir la esfera de la competencia que la ley atribuye al
fallador natural, que para el caso sería el juez de lo contencioso administrativo, ante
quien deberá discutirse la legalidad de los actos administrativos que negaron la
concesión de vacaciones de los accionantes. Aunado a ello, aseguró que en la
sentencia impugnada no se advierte que se materialice la configuración de un perjuicio
irremediable, por lo que dicha providencia contraría lo dispuesto en los artículos 6 y 8
del Decreto 2591 de 1991.

Por otra parte, manifestó que, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el
Consejo Superior de la Judicatura, el disfrute de vacaciones para empleados judiciales
es únicamente para despachos que cuenten con menos de tres funcionarios y se
demostró que, según la constancia expedida por la coordinadora de Talento Humano
de esa entidad, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Pasto cuenta con un funcionario y tres empleados, prueba que ni siquiera es
relacionada por la funcionaria, por lo que es perfectamente posible la redistribución del
trabajo entre todos los empleados de ese despacho judicial.

Finalmente, aclaró que no niega la existencia del derecho fundamental al descanso del
que gozan los empleados y funcionarios de la Rama Judicial, pero la interpretación y
ejercicio de dicho derecho debe armonizarse con las necesidades del servicio del
empleador que incluso, está legalmente facultado para suspender y/o aplazar el
disfrute de vacaciones. En consecuencia, solicitó revocar el fallo de primer grado.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación formulada por la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Pasto en contra de la sentencia proferida el

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25 de enero de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Primera, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del Decreto
2591 de 1991, en cuanto establece que «presentada debidamente la impugnación el
juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente».

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, como lo decidió el juez de primera instancia, la
decisión de negar la concesión de las vacaciones de los señores Liliana del Rosario
Castro Urresta y Eduardo Francisco Leyton Delgado, con ocasión de la falta de
disponibilidad presupuestal para la designación de su reemplazo vulnera su derecho
fundamental al trabajo.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos
fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se
caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos caracteres dan cuenta del ámbito
restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de esta acción,
ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones ordinarias que se
encaminan igualmente a la defensa de los derechos que no se pueden pasar por alto.

Por ello, el artículo 6.º, numeral 1.°, del Decreto 2591 de 1991 establece como causal
de improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable».

La jurisprudencia de la Corte Constitucional1 reitera que el juez de tutela debe analizar
los asuntos que llegan a su conocimiento con observación estricta del carácter

1 Corte Constitucional, sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T-

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subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que sólo procede cuando dentro
de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo para proteger
objetivamente el derecho que se alegue conculcado.

También tiene lugar el amparo cuando a pesar de disponer de otro medio de defensa
judicial idóneo para proteger su derecho, el ciudadano acuda a la acción de tutela
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá
probar. De no atender a estos parámetros se desconocería el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez constitucional en contravía del
sistema jurídico.

2.4.2. Del derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas y justas y su
componente del derecho al descanso

La Corte Constitucional ha considerado que el derecho al descanso debe entenderse
como una de las garantías fundamentales del trabajador, lo cual se deduce de los
artículos 1.º, 25 y 53 de la Constitución Política, puesto que tiene como fines, entre
otros, permitirle recuperar las energías gastadas en la actividad que desempeña,
proteger su salud física y mental, realizar otras tareas que permitan su desarrollo
integral como persona y de esta manera, preservar su capacidad de trabajo que, por
lo general, es su único medio de subsistencia.2

Cabe recordar que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) mediante el
Convenio 52 aprobado mediante la Ley 54 de 1962 estatuyó que «se considerará nulo
todo acuerdo que implique el abandono del derecho a vacaciones anuales pagadas o
la renuncia a las mismas». Además, en el artículo 24 de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos se prevé que «[t]oda persona tiene derecho al descanso, al
disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a
vacaciones periódicas pagadas».

972 de 2006, T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 211, T-890 de 2011 y T-205 de
2012, entre otras muchas.
2 Ver, entre otras, la sentencia de la Corte Constitucional T-076 de 2001. En el mismo sentido, las

sentencias T-009 de 1993, C-024 de 1998, C-710 de 1996, y C-019 de 2004.

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A su turno, en el ámbito internacional, nuestro país ratificó el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)3 que en el artículo 7.º, literal d),
contempló que los Estados Parte garantizan el «descanso, el disfrute del tiempo libre,
la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas, así como
la remuneración de los días festivos». Por otra parte, el artículo 7.º, literal h), del
Protocolo de San Salvador prevé las condiciones justas, equitativas y satisfactorias del
trabajo.4

Igualmente, la Corte en Sentencia C-171 de 20205 hace alusión al Convenio 32 que
establece i) la periodicidad del descanso al establecer que el derecho se causa luego
de un año de servicio continuo (artículo 2.º) y ii) la remuneración del tiempo de
vacaciones al señalar que quien las esté disfrutando deberá percibir la remuneración
habitual (artículo 3.º).6

2.4.3. El régimen de vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama
Judicial

Al respecto es pertinente referir que salvo las excepciones legales, todo empleado
público tiene derecho a disfrutar de un descanso remunerado, por cada año de servicio
prestado en cualquiera de las entidades del Estado (artículos 8.º Decretos 3135 de

3 Ley 74 de 1968 “por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último,
aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación unánime, en Nueva York, el
16 de diciembre de 1966"
4 Suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988. Entró en vigor: 16.11.1999. Ley 319 de 1996.

“por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador",
suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988”. En el literal h) se previó el descanso, el disfrute
del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de los días feriados nacionales.
5 Referencia: expediente RE-252, revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 488 de 2020,

“[p]ir el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica”, magistrado Ponente: José́ Fernando Reyes Cuartas, sentencia del 10 de junio de 2020.
6 «El descanso necesario y las vacaciones como derechos sociales de los trabajadores 46. El descanso

necesario tiene especial relevancia en el ejercicio del trabajo, y es por esta razón que el Constituyente
de 1991 lo incluyó en el artículo 53 como uno de los principios mínimos fundamentales. Así, el derecho
al descanso tiene como propósito que durante un tiempo determinado el trabajador cese sus actividades
laborales y se recupere del desgaste que genera el trabajo; lo cual no solo redunda en el necesario
equilibro de su calidad de vida, sino que además, le permite concretar y avanzar en su proyecto de vida.
47. Este derecho ha sido materializado a través de la limitación de la jornada de trabajo, el otorgamiento
del descanso semanal y la consagración de un periodo de vacaciones anuales. (…) 48. Se ha entendido
que las vacaciones no tienen como único propósito que el trabajador se recupere del desgaste que le
ocasionan las actividades laborales, sino que tiene por objeto permitirle al individuo espacios en los
cuales realice actividades en desarrollo de sus propias expectativas y las de su familia. Lo anterior, ha
llevado a que se reconozca que el derecho a las vacaciones se perfecciona a través del goce del
descanso remunerado.

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1968 y 1045 de 1978).7 Ahora bien, respecto de los servidores judiciales, las
vacaciones se encuentran previstas en el artículo 146 de la Ley 270 de 1996.8 Además,
para efectos de examinar la controversia a la luz de los derechos fundamentales
involucrados, se aprecia que la citada normativa distingue los funcionarios de la Rama
Judicial de los empleados9 y establece que la provisión de cargos se efectúa a través
de nombramientos en propiedad, en provisionalidad y en encargo.10

7 «Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y

se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales».
Artículo 8: Vacaciones. Los empleados públicos o trabajadores oficiales tienen derecho a quince (15)
días hábiles de vacaciones, por cada año de servicio, salvo lo que se disponga por los reglamentos
especiales para empleados que desarrollan actividades especialmente insalubres o peligrosos.
Las vacaciones de los funcionarios de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y del ramo docente
se rigen por normas especiales.
Y el artículo 8 del Decreto 1045 de 1978 «Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación
de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales
del sector nacional.» se estableció:
Artículo 8. De las vacaciones. Los empleados públicos y trabajadores oficiales tienen derecho a quince
(15) días hábiles de vacaciones por cada año de servicios, salvo lo que se disponga en normas o
estipulaciones especiales.
En los organismos cuya jornada semanal se desarrolle entre lunes y viernes, el sábado no se computará
como día hábil para efecto de vacaciones.
8 «Estatutaria de la Administración de Justicia. Artículo 146 Vacaciones. Las vacaciones de los

funcionarios y empleados de la Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa
de los Consejos Superiores y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los
Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de
Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses.
Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio por la Sala
Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del
respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término de
veintidós días continuos por cada año de servicio». La Corte Constitucional mediante sentencia C-037
del 5 de febrero de 1996, magistrado ponente: Vladimiro Naranjo Mesa, revisó la exequibilidad del
Proyecto de Ley 58 de 1994, Senado y 264 de 1995 Cámara, en cumplimiento del artículo 153 de la
Constitución Política y declaró exequible este artículo.
9 «Artículo 125. De los servidores de la Rama Judicial según la naturaleza de sus funciones. Tienen la

calidad de funcionarios los Magistrados de las Corporaciones Judiciales, los Jueces de la República y
los Fiscales. Son empleados las demás personas que ocupen cargos en las Corporaciones y Despachos
Judiciales y en los órganos y entidades administrativas de la Rama Judicial.
La administración de justicia es un servicio público esencial». Artículo condicionalmente exequible bajo
el entendido «de que los magistrados auxiliares que pertenecen a las altas cortes de la rama judicial,
habida cuenta de la naturaleza de las responsabilidades legales que les corresponde desempeñar, se
encuentran facultados para la práctica de las pruebas que les sean comisionadas por el titular del
despacho judicial».
10 Artículo 132. Formas de provisión de cargos de la Rama Judicial. La provisión de cargos en la

Rama Judicial se podrá hacer de las siguientes maneras:
1. En propiedad. Para los empleos en vacancia definitiva, en cuanto se hayan superado todas las etapas
del proceso de selección si el cargo es de Carrera, o se trate de traslado en los términos del artículo
siguiente.
2. En provisionalidad. El nombramiento se hará en provisionalidad en caso de vacancia definitiva, hasta
tanto se pueda hacer la designación por el sistema legalmente previsto, que no podrá exceder de seis
meses, o en caso de vacancia temporal, cuando no se haga la designación en encargo, o la misma sea
superior a un mes.
Cuando el cargo sea de Carrera, inmediatamente se produzca la vacante el nominador solicitará a la
Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional de la Judicatura, según sea el caso, el envío de

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2.5. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente 11001-03-15-000-2023-
05028-01 y en el proceso acumulado 11001-03-15-000-2023-05245-00, la Sala
establece lo siguiente:

2.5.1. El 18 de julio de 2023, por un lado, la señora Liliana del Rosario Castro Urresta,
quien se encuentra vinculada como oficial mayor, solicitó al Juzgado Primero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto conceder sus vacaciones por
haber laborado de forma continua e ininterrumpida durante el período comprendido
entre el 14 de abril de 2022 y el 13 de abril de 2023, las cuales comenzaría a disfrutar
a partir del 18 de septiembre de 2023; y, por el otro, el señor Eduardo Francisco Leyton
Delgado, en calidad de asistente jurídico, grado 19, requirió a la autoridad judicial
precitada autorizar el disfrute de su período vacacional, desde el 22 de agosto de 2023
hasta el 15 de septiembre de igual anualidad.

2.5.2. La titular del despacho judicial mencionado, Ana Patricia Quijano Vodniza,
requirió a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto para que
expidiera el certificado de disponibilidad presupuestal, a fin de efectuar los
nombramientos de las personas que reemplazarían a los accionantes.

2.5.3. Sin embargo, el 21 de julio de 2023, el profesional universitario Héctor Hugo
Coral Rosales del área de Presupuesto de la Dirección precitada, mediante el Oficio
núm. DESAJPAO23-444, informó que no era viable tramitar la apropiación
presupuestal solicitada, comoquiera que, en primer lugar, la Circular PSAC11-44 del

la correspondiente lista de candidatos, quienes deberán reunir los requisitos mínimos para el
desempeño del cargo.
En caso de vacancia temporal en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte
Constitucional o el Consejo Superior de la Judicatura o los Tribunales, la designación se hará
directamente por la respectiva Corporación.
3. En encargo. El nominador, cuando las necesidades del servicio lo exijan, podrá designar en encargo
hasta por un mes, prorrogable hasta por un período igual, a funcionario o empleado que se desempeñe
en propiedad. Vencido este término procederá al nombramiento en propiedad o provisionalidad según
sea el caso, de conformidad con las normas respectivas.
Parágrafo. Cuando la autoridad que deba efectuar el nombramiento se encuentre en vacaciones, la
Sala Administrativa del respectivo Consejo Seccional, designará un encargado mientras se provee la
vacante por el competente, a quien dará aviso inmediato. La citada norma fue declarada exequible por
la Corte Constitucional.

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23 de noviembre de 2011, solo reglamentó el procedimiento que permite gestionar los
recursos para el nombramiento en provisionalidad de los reemplazos de vacaciones
individuales para los funcionarios judiciales; y, en segundo lugar, el Oficio
DEAJRHO17-5287 del 12 de octubre de 2017, estableció de manera expresa que la
expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal para el remplazo de
vacaciones solo es para funcionarios y, excepcionalmente, en aras de no afectar la
normal prestación del servicio, en el caso de empleados para los Despachos Judiciales
con plantas de personal que cuenten con 3 o menos cargos. Textualmente, sostuvo:

«[…] Como se ha manifestado en ocasiones anteriores, la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Pasto como órgano ejecutor del presupuesto general de la
Nación, sigue las directrices que para el tema de asignación y ejecución presupuestal se
han establecido por parte de su superior que en este caso es la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ); y para el caso específico de reemplazos por vacaciones,
hasta la presente fecha se encuentran vigentes, primero la CIRCULAR PSAC11-44 del
23 de noviembre de 2011, en donde se establece el procedimiento que permite gestionar
los recursos para el nombramiento en provisionalidad de los reemplazos de vacaciones
individuales para los funcionarios judiciales, y segundo, el documento expedido por la
Unidad de Recursos Humanos DEAJRHO17-5287 del 12 de octubre de 2017, el cual
establece en su numeral 5:

“Así las cosas, está claro de una parte, que la facultad de conceder las vacaciones
causadas por servidores judiciales es del resorte del respectivo nominador y de otra que
la reglamentación que hasta el momento ha sido expedida ha previsto de manera
expresa la expedición de CDPs para remplazos de vacaciones personal titular, SÓLO
PARA FUNCIONARIOS y excepcionalmente, en aras de no afectar la normal prestación
del servicio, en el caso de EMPLEADOS para los Despachos Judiciales con plantas de
personal que cuenten con 3 ó menos cargos.”

En este orden de ideas y hasta tanto el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial no expidan un documento en el cual se indique
expresamente que se debe expedir disponibilidad presupuestal para el reemplazo por
vacaciones de todos los despachos judiciales con régimen de vacaciones individuales,
la Dirección Seccional de Pasto no puede tramitar ese tipo de disponibilidad […]».

2.5.4. Por lo anterior, el 21 de julio de 2023, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Pasto, por medio de las Resoluciones núms. 008 y 009,
negó el disfrute de las vacaciones solicitadas por los señores Eduardo Francisco
Leyton Delgado y Liliana del Rosario Castro Urresta, respectivamente, por la
necesidad del servicio, comoquiera en ese despacho existe una congestión judicial, la
cual ya ha sido informada al Consejo Superior de la Judicatura sin ningún tipo de
solución, por lo que conceder dichos periodos de descanso generaría una sobrecarga
para el resto de los empleados del juzgado, siendo ello inequitativo y atentatorio de los
derechos fundamentales de estos.

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2.6. Caso concreto. Análisis de la Sala

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto impugnó la sentencia del
25 de enero de 2024, que concedió el amparo deprecado por los accionantes, para lo
cual, en primer lugar, afirmó que estos últimos contaban con otro medio de defensa
judicial para discutir la legalidad de los actos administrativos que negaron la concesión
de sus vacaciones individuales, por lo que el juez constitucional no puede invadir la
esfera de la competencia que la ley atribuye al juez natural, que para el caso sería la
autoridad judicial de lo contencioso administrativo y, por tanto, la providencia recurrida
desconoce lo dispuesto en los artículos 6 y 8 del Decreto 2591 de 1991.

Pues bien, del recuento efectuado en el acápite de «hechos probados», la Subsección
advierte que si bien es cierto que la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011,
proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, los Oficios
DEAJRHO17-5287 del 12 de octubre de 2017, expedido por la directora de la Unidad
de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, y
DESAJPAO23-444 del 21 de julio de 2023, emitido por la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Pasto, y las Resoluciones 008 y 009 dictadas en la misma
fecha por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto
son susceptibles de control judicial ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
a través de los medios de control de nulidad o de nulidad y restablecimiento del
derecho, según el caso, también lo es que en el asunto se discute la negativa a
disfrutar del derecho a vacaciones, por la no expedición del certificado de
disponibilidad presupuestal que garantice el nombramiento de los remplazos de los
accionantes, por lo que esos mecanismos judiciales no son eficaces para lograr lo
pretendido en esta instancia constitucional, de tal manera que resulta procedente la
acción de tutela como mecanismo definitivo de protección y, en esa medida, procederá
a analizarse de fondo el asunto en concreto.

Precisado lo anterior, se observa que la Seccional recurrente también alega que no es
posible expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para atender el pago de
los reemplazos de los accionantes, mientras disfrutan de su período vacacional,
comoquiera que la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, la cual se

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encuentra vigente, solo dispuso esa disponibilidad presupuestal para aquellas
personas que ostentan la calidad de funcionarios y no de empleados judiciales.

Al respecto, se advierte que a los señores Eduardo Francisco Leyton Delgado y Liliana
del Rosario Castro Urresta, en calidad de asistente jurídico, grado 19, y oficial mayor,
respectivamente, por medio de las Resoluciones núm. 008 y 009, respectivamente, el
Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto negó el
disfrute de sus vacaciones, con base en la respuesta otorgada, a través del Oficio
DESAJPAO23-444 del 21 de julio de 2023, por el área de Presupuesto de la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Pasto, en la que no se expidió el certificado
de disponibilidad presupuestal para garantizar la provisión de los recursos necesarios
para el nombramiento de los reemplazos de los accionantes, durante el disfrute de sus
vacaciones individuales, en virtud de lo dispuesto en la Circular PSAC11-44 del 23 de
noviembre de 2011.

No obstante, de conformidad con las pruebas y del análisis normativo efectuado, la
Sala estima que la privación del derecho al descanso impuesta a los solicitantes del
amparo, dista del aplicado a los funcionarios judiciales cobijados por el régimen de
vacaciones individuales, respecto de los cuales se desarrolló un procedimiento para
su disfrute, lo que no dignifica el derecho al trabajo y configura un sacrificio que no
tiene respaldo en el ordenamiento jurídico, toda vez que las implicaciones
presupuestales no constituyen un factor desconocido para los ordenadores del gasto,
ya que no es una simple casualidad que los empleados decidan solicitar su derecho al
disfrute de las vacaciones, cuando no se reconocen por haber sido suspendidas por
razones del servicio.

En síntesis, la falta de reglamentación en el goce de las vacaciones de los empleados
de la Rama Judicial en el régimen individual, aunque sería una herramienta necesaria
para el conocimiento del trámite previo y para instrumentalizar el nombramiento que le
corresponde efectuar al titular del despacho, no puede invocarse para impedir la
materialización del derecho a su disfrute y la expedición del certificado de
disponibilidad en orden a designar el reemplazo, en razón a que prevalecen las normas
de rango superior que salvaguardan el derecho al descanso y las disposiciones
internacionales que reconocen para todo servidor público la necesidad de recuperar

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las fuerzas mentales y físicas, que, naturalmente, se han agotado como consecuencia
de la labor que se desempeña.

En virtud de lo anterior, debido a que el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Pasto negó el disfrute de las vacaciones solicitadas por los
accionantes, aduciendo la falta de expedición del respectivo certificado de
disponibilidad presupuestal, se concluye que, como lo determinó el juez de primera
instancia, se vulneró el derecho fundamental al trabajo de los peticionarios del amparo.

Ahora, se repara en que el Congreso de la República expidió la Ley 2159 de 12 de
noviembre de 2022, que en el artículo 2.º, Sección Presupuestal 2701 de 2022, apropió
para la Rama Judicial la suma11 para atender los gastos de funcionamiento, de servicio
de la deuda pública y de inversión. Conforme al Decreto 111 de 1996, 12 artículo 110,
modificado por la Ley 1957 de 2019,13 artículo 124,14 corresponde al Consejo Superior
de la Judicatura ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en
la respectiva sección, lo cual constituye la autonomía presupuestal.

Así, al cotejar las disposiciones precedentes con la Ley 270 de 1996, se desprenden
las siguientes conclusiones:

i) El Consejo Superior de la Judicatura a través de la Sala Administrativa elabora

11 5.648.197.892.753.
12 Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman

el Estatuto Orgánico del Presupuesto
13 Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz, dictada por el

Congreso de la República dictada por el Congreso de la República en virtud del Procedimiento
Legislativo Especial para la Paz
14 El texto del artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 se transcribe de la página web:

www.secretariasenado.gov.co: «ARTÍCULO 124. El artículo 91 de la Ley 38 de 1989, modificado por el
artículo 51 de la Ley 179 de 1994 quedará de la siguiente manera: Artículo 91. Los órganos que son
una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y
comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte, y ordenar el gasto en
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la
autonomía presupuestal a que se refieren la Constitución Política y la ley. Estas facultades estarán
en cabeza del jefe de cada órgano quien podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo, o quien
haga sus veces, y serán ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas en el Estatuto General
de Contratación de la Administración Pública y en las disposiciones legales vigentes. En la sección
correspondiente a la rama legislativa estas capacidades se ejercerán en la forma arriba indicada y de
manera independiente por el Senado y la Cámara de Representantes; en la sección correspondiente
a la Rama Judicial serán ejercidas por el Consejo Superior de la Judicatura; igualmente en el caso
de la Jurisdicción Especial para la Paz serán ejercidas por la Secretaría Ejecutiva de la misma […]
(énfasis de la Sala).

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el proyecto de presupuesto de la Rama Judicial que deberá remitirse al Gobierno
nacional, el cual se incorpora al que proponga la Fiscalía General de la Nación.15

ii) Esa entidad en la Sección presupuestal correspondiente tiene la competencia
para ordenar el gasto en desarrollo de las respectivas apropiaciones, lo cual constituye
la autonomía presupuestal.

iii) La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ejecuta las actividades
administrativas de la Rama Judicial con sujeción a las políticas y decisiones de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y, en consecuencia, corresponde
al director ejecutivo de Administración Judicial administrar los bienes y recursos
destinados para el funcionamiento de los órganos que la integran y responder por su
correcta aplicación o utilización.16

iv) El director ejecutivo seccional de la Rama Judicial ejerce en el ámbito de su
jurisdicción y conforme a las órdenes, directrices y orientaciones del director ejecutivo
de administración judicial la función de actuar como ordenador del gasto para el
cumplimiento de las obligaciones que le incumban.

Bajo este análisis normativo, como es a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial a quien le corresponde ejecutar las actividades administrativas de la Rama
Judicial y a su director le compete administrar los bienes y recursos destinados para
el funcionamiento de la Rama Judicial y responder por su correcta utilización, se
adicionará la sentencia proferida el 25 de enero de 2024 por la Sección Primera del
Consejo de Estado, en el sentido de ordenar a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial que, en el término de los cinco días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, proceda a apropiar los recursos necesarios, para que la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Pasto, en caso de que no lo hubiere hecho,
emita el certificado de disponibilidad presupuestal con el fin de que el nominador de

15 ARTÍCULO 85. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS. Corresponde a la Sala Administrativa del Consejo Superior

de la Judicatura: 1. Elaborar el proyecto de presupuesto de la Rama Judicial que deberá remitirse al
Gobierno Nacional, el cual deberá́ incorporar el proyecto que proponga la Fiscalía General de la Nación.
[…]
16 ARTÍCULO 103. DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL. ARTÍCULO 99 […]Son funciones del

director ejecutivo de Administración Judicial: 2. Administrar los bienes y recursos destinados para el
funcionamiento de la Rama Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización

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los accionantes pueda efectuar el nombramiento de los reemplazos durante el disfrute
de las vacaciones solicitadas por aquellos el 18 de julio de 2023.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala
concluye que debe adicionarse lo dispuesto en el ordinal tercero, para incluir la orden
a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de apropiar, en el término de los
cinco días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, los recursos necesarios, para
que la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto, en caso de que no lo
hubiere hecho, emita el certificado de disponibilidad presupuestal con el fin de que el
Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto pueda
efectuar el nombramiento de los reemplazos de los accionantes y, adicionalmente,
confirmará en todo lo demás la providencia impugnada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Adicionar el ordinal tercero de la sentencia proferida el 25 de enero de 2024
por el Consejo de Estado, Sección Primera, en el sentido de incluir la orden a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de apropiar, en el término de los cinco
días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, los recursos necesarios, para que
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto, en caso de que no lo
hubiere hecho emita el certificado de disponibilidad presupuestal con el fin de que el
nominador, esto es, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Pasto pueda efectuar el nombramiento de los reemplazos de la señora
Liliana del Rosario Castro Urresta y del señor Eduardo Francisco Leyton Delgado
durante el disfrute de sus vacaciones.

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22

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05028-01
(Acumulada: 11001-03-15-000-2023-05245-00)
Accionantes: Liliana del Rosario Castro Urresta y otros

Segundo: Confirmar en todo lo demás la providencia precitada, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

Tercero: Ejecutoriada esta decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
A.R.F.

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