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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05049-01

Fecha
13 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05049-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia del 26 de octubre de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, acorde con los argumentos expuestos en la parte considerativa. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por telegrama o por cualquier otro medio expedito. 3. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-05049-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

13 de diciembre de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05049-01
Demandante: José Jorge Rivero Gutiérrez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05049-01
Demandante: JOSÉ JORGE RIVERO GUTIÉRREZ
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y OTROS.

Temas: Temeridad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el señor José Jorge Rivero
Gutiérrez contra la sentencia del 26 de octubre de 2023, dictada por el Consejo de
Estado, Sección Quinta, que declaró la temeridad en el trámite de la acción de
tutela de la referencia y negó las pretensiones.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor José Jorge Rivero Gutiérrez, en nombre propio, interpuso acción de tutela
contra la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Fundación Universitaria Área
Andina y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, por considerar
vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a cargos
públicos y trabajo en condiciones dignas. En consecuencia, formuló la siguiente
pretensión:
«Con el debido respeto solicito a su señoría TUTELAR los derechos fundamentales,
AL DEBIDO PROCESO, AL TRABAJO Y EL DERECHO AL ACOESO A CARGOS
PUBLICOS, en consecuencia, se ORDENE a la COMISION NACIONAL DEL
SERVICIO CIVIL CNSC ADMITIR a la suscrita accionante en el proceso de selección
de la convocatoria 1461 de 2020 y en consecuencia CITAR a pruebas escritas para
continuar en el concurso abierto de méritos..»

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Mediante Acuerdo nro. CNT2022AC000008 del 29 de diciembre de 2022, la
Comisión Nacional del Servicio Civil convocó al proceso de selección de ingreso y
ascenso para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al sistema
específico de carrera administrativa de la planta de personal de la DIAN.

La Comisión Nacional del Servicio Civil suscribió con la Fundación Universitaria
Área Andina el contrato nro. 379 de 2023, el cual tuvo por objeto «realizar la

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través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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Demandante: José Jorge Rivero Gutiérrez

verificación de requisitos mínimos, las pruebas escritas y la prueba de valoración
de antecedentes del proceso de selección en las modalidades ascenso e ingreso,
y la prueba de ejecución del proceso de selección en la modalidad de ingreso para
proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema Específico de
Carrera Administrativa de la planta de personal de la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN, proceso de
selección DIAN 2022».

El señor José Jorge Rivero Gutiérrez se inscribió en la convocatoria DIAN 2022,
para participar en la provisión del empleo denominado analista C, código 205
grado 5, nivel técnico, número OPEC198358.

El 2 de agosto de 2023 se publicaron los resultados preliminares de la verificación
de los requisitos mínimos, en la cual se inadmitió al señor Rivero Gutiérrez, por no
acreditar los dos años de experiencia laboral que exigía el cargo.

El actor presentó la respectiva reclamación contra la anterior decisión, la cual fue
resuelta en Oficio nro. RECVRM-DIAN2022-1888 del 25 de agosto de 2023, en el
que se mantuvo la decisión, con los siguientes argumentos:

«El empleo para el cual usted se inscribió establece en su requisito mínimo de
experiencia: tres (3) años de experiencia de los cuales dos (2) años son de
experiencia laboral y un (1) año de experiencia relacionada.
(…)

Para la etapa de Verificación de Requisitos Mínimos se validó únicamente los
documentos de experiencia aportados que reunieran las condiciones de certificación
establecidos en el numeral 3.1.2.2 y las definiciones contempladas en el numeral 3.1.1
del Anexo técnico del presente Proceso de Selección. Verificado el Sistema –SIMO,
se identificó que usted acreditó un total de 24.00 meses de experiencia LABORAL; sin
embargo, RESULTA INSUFICIENTE, toda vez que, NO APORTA los 12.00 meses de
experiencia RELACIONADA para dar cumplimiento al número y tipos de experiencia
requerida por la OPEC.»

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora, la acción de tutela es el único mecanismo procedente
para la protección de sus derechos fundamentales, concretamente para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable, pues fue inadmitido del concurso DIAN
2022, lo que lo excluye del proceso, le impedía presentar el examen y en
consecuencia continuar en el concurso.

Que, la Comisión Nacional del Servicio Civil desconoció los documentos
aportados, con los cuales se evidencia que cumple los requisitos de educación y
experiencia. Por ello, solicitó que, en sede de tutela se evaluara su hoja de vida
para verificar que sí cumple los requisitos exigidos en la convocatoria.

Aseguró que las accionadas transgredieron su derecho al debido proceso, al
desconocerse las pruebas allegadas, la reclamación y la ley de la convocatoria.
Que aportó los documentos exigidos para acreditar la formación académica y
experiencia laboral, que fue evaluada por la Fundación Universitaria del Área
Andina, contratista que no tuvo en cuenta los fundamentos de la reclamación.

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Demandante: José Jorge Rivero Gutiérrez

En cuanto a la medida provisional adujo que se daban los presupuestos para que
fuera decretada, ya que con la inadmisión se le vulneraron sus derechos al debido
proceso, al trabajo y al acceso a cargos públicos. Por tanto, requiere que se
adopte la medida y se le extienda la citación al examen escrito.

4. Oposición

La Comisión Nacional del Servicio Civil informó que el señor Rivero Gutiérrez
incurrió en una actuación temeraria, porque promovió una acción de tutela con
identidad de hechos, partes y pretensiones, la cual fue declarada improcedente
por el Juzgado 30 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.

Afirmó que, el actor cuenta con otros mecanismos de defensa para cuestionar la
etapa de verificación de requisitos de un proceso.

Aseguro que, en el Acuerdo de la convocatoria se establecieron de forma clara y
detallada los requisitos del cargo, los cuales eran de pleno conocimiento del actor,
por lo tanto, no se le puede trasladar a la Comisión Nacional del Servicio Civil la
responsabilidad del aspirante frente a la acreditación de estudio y experiencia que
quieren le sean tenidas en cuenta.

Que, no ha vulnerado los derechos fundamentales del actor, pues según el
informe que presentó la Fundación Universitaria del Área Andina, no acreditó el
requisito de experiencia relacionada requerida para el cargo, por lo tanto, no se
puede acceder a sus pretensiones.

La Fundación Universitaria del Área Andina aseguró que el tutelante había
promovido otra acción de tutela con identidad de partes, hechos y pretensiones, la
cual había sido de conocimiento del Juzgado 30 de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Bogotá, con radicado nro.110013187030202300049.

Señaló que no ha transgredido los derechos fundamentales deprecados por el
actor. Que, el hecho de haber participado en el proceso de selección, por si solo
no genera derechos adquiridos para los aspirantes.

Refirió que la competencia del ente universitario se limitó a atender reclamaciones,
peticiones y acciones judiciales dentro de las etapas de verificación de requisitos
mínimos, pruebas escritas y valoración de antecedentes del proceso de selección
de ingreso y ascenso del concurso de la DIAN.

Precisó que la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos para el
empleo no es una prueba o un instrumento de selección, sino una condición
obligatoria de orden constitucional y legal que de no cumplirse genera el retiro del
aspirante en cualquier etapa del proceso.

Que, ha dado estricto cumplimiento al contrato suscrito con la Comisión Nacional
del Servicio Civil y lo ha desarrollado en debida forma, al punto que, el 2 de agosto
de 2023, publicó los resultados preliminares de la verificación de los requisitos
mínimos y dio apertura a la etapa de reclamaciones en los dos días siguientes.

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Demandante: José Jorge Rivero Gutiérrez

Para el caso concreto del actor, señaló que la reclamación presentada fue resuelta
en Oficio nro. RECNRM-DIAN2022-1888 del 25 de agosto de 2023, en el cual se
le indicó que el empleo al que aspiraba exigía 3 años de experiencia, de los cuales
2 años eran de experiencia laboral y 1 año de experiencia relacionada. Sin
embargo, al estudiar la documentación aportada, «no se evidencian relación o
similitud entre las funciones ejecutadas y las funciones descritas en la OPEC y
establecidas por la DIAN», en esa medida, solo encontró acreditados 24 meses de
experiencia laboral, los cuales eran insuficientes para acceder al empleo.

Aseguró que, los documentos que se aportaron con el escrito de tutela no se
pueden tener en cuenta, toda vez que, sólo se consideran los cargados en el
sistema a la fecha de inscripción y los que allí reposan no cumplen con los
lineamientos exigidos en el anexo técnico.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN pidió que se
declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva y se negaran las
pretensiones de la acción de tutela, por inexistencia en la vulneración de los
derechos reclamados.

Precisó que, en la etapa de verificación de requisitos en el concurso DIAN 2022,
está a cargo en forma exclusiva de la Comisión Nacional del Servicio Civil,
mientras que la intervención de la DIAN en el proceso de selección inicia con las
actuaciones administrativas de nombramiento y periodo de prueba.

Que, acorde con lo previsto en el Acuerdo de la convocatoria, en virtud del artículo
30 de la Ley 909 de 2004, la Comisión Nacional del Servicio Civil podía suscribir
contratos o convenios interadministrativos para adelantar las diferentes etapas del
proceso, con universidades públicas o privadas o instituciones de educación
superior acreditadas para tal fin.

5. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia del 26 de octubre de
2023, declaró la temeridad de la acción de tutela y negó las pretensiones
invocadas por el señor Rivero Gutiérrez.

Aseguró que, la tutela que conoció el Juzgado 30 de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá, con radicado nro.110013187030202300049,
tiene identidad de partes, hechos y pretensiones al recurso de amparo invocado
en esta oportunidad por el actor, sin ninguna justificación aceptable para ello, en
diferentes fechas. Que, en dicho contexto, se considera que su conducta fue
dolosa y actuó de mala fe

Que, mediante fallo del 5 de octubre de 2023, el Juzgado referido declaró
improcedente el recurso de amparo, al considerar que no cumple el requisito de
subsidiariedad, porque el actor cuenta con otros mecanismos de defensa para la
protección de sus derechos y no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable
que hiciera procedente el recurso de amparo de manera transitoria.

Afirmo que, con posterioridad a que se rindieran los informes de las entidades
vinculadas en las que informaron de la posible temeridad, el actor informó que la

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Demandante: José Jorge Rivero Gutiérrez

existencia de las dos acciones de tutela obedecía el jaqueo que sufrió la página
entre el 14 y el 20 de septiembre de 2023. Sin embargo, señaló que esa situación
no impidió que el curso normal de los trámites de tutela ante el Consejo de Estado
y el actor no informó al despacho que el juzgado ya había proferido sentencia.

6. Impugnación

El señor José Jorge Rivero Gutiérrez impugnó el fallo de primera instancia. Para el
efecto, indicó que informó al Juzgado 30 de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá sobre la acción de tutela que se tramitaba ante el Consejo
de Estado.

Adujo que, la situación se generó «POR EL JAQUEO DE LA RAMA JUDICIAL DEL 14
AL 20 SEPTIEMBRE DE 2023». Además, señaló que «TODO SE GENERO PORQUE
EL CONSEJO DE ESTADO DESDE EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HASTA EL
DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SIN NINGUN PRONUNCIAMIENTO SOBRE MI
TUTELA»

Que el a quo se limitó a comparar la declaración juramentada de las dos acciones
de tutela, pero no tuvo en cuenta el documento con el cual le informó al Juzgado
sobre la existencia de la acción de tutela ante el Consejo de Estado. Situación que
consideró violatoria del derecho al debido proceso y los principios de buena fe y
favorabilidad.

Además, indicó:

«POR FALTA DE COMUNICACION ENTRE EL JUZGADO 30 Y EL CONSEJO DE
ESTADO
POR FALTA DE TENER ENCUENTA QUE EL JUZGADO SABIA DE LA TUELA
QUE EL CONSEJO DE ESTADO DEL 15 SEPTIEMBRE AL 25 DE SEPTIEMBRE
2023 NO REALIZAO NINGUNA ACTUACION
NO TENER EN CUENTA EL PRINCIPIO DE BUENA FE Y FAVORABILIDAD NO
IMPORTANDO SI NO ES MATERIA PENAL POR PRONUNCIAMIENTOS DE LA
CORTE CONSTITUACIONAL

ESPERAR 48 PARA DECIR QUE HAY O EXITIAN 2 O MAS ACCIONES DE TUTELA

ESO YA LO SABIA EL JUZGADO 30
EL RESPOSABLE DE DECIRLE AL CONSEJO DE ESTADO ERA EL JUZGADO 30
NO MI RESPONSABILIDAD.

EL CONSEJO DE ESTADO CUANDO SE ENTERA DE LA DOBLE TUTELA DEBIA
COORDICAR CON EL JUZGADO 30 PORQUE NO SI SABIA DE LA DOBLE TUTELA
NO HABIA EJERCIDO EL DEBIDO PROCESO DE CORDINACION Y
COMUNICACIONÇ

PORQUE NO SE PRONUNCIA SOBRE LOS DERECHOS VIOLADOS POR PARTE
DE LA COMISION NACIONAL DL SERVICIO CIVIL».

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05049-01
Demandante: José Jorge Rivero Gutiérrez

actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los
casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

1. Problema jurídico

Conforme con el escrito de impugnación, corresponde a la Sala determinar si el
presente asunto se encuentra configurada la temeridad de la acción de tutela.

En caso contrario, la Sala deberá analizar si las autoridades accionadas
transgredieron los derechos fundamentales del actor, al determinar que no cumple
con el requisito de experiencia relacionada que exige el cargo denominado
analista C, código 205 grado 5, nivel técnico, número OPEC198358, dentro de la
Convocatoria DIAN 2022.

2. Temeridad de la acción de tutela

De acuerdo con el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, la actuación temeraria
ocurre cuando “sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela [es]
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o
tribunales (…)”. La sanción para esa conducta es el rechazo o decisión
desfavorable de todas las solicitudes.

Frente al particular, la Corte Constitucional ha señalado que se configura la
actuación temeraria cuando concurren los siguientes requisitos:

1. Identidad de partes,
2. Identidad de hechos,
3. Identidad de pretensiones; y,
4. Ausencia de justificación frente al ejercicio de la nueva acción de tutela1

Y, en el mismo sentido, la Corporación se refirió a aquellos eventos en los que, a
pesar de que se cumpla con los requisitos señalados anteriormente, no hay lugar
a declarar la existencia de la temeridad, atendiendo los presupuestos
desarrollados por la Corte Constitucional, así:

“i) en las condiciones del actor que lo coloca en estado de ignorancia o
de especial vulnerabilidad o indefensión en que actúa por miedo
insuperable o la necesidad extrema de defender sus derechos, ii) en el
asesoramiento equivocado de los profesionales del derecho, iii) en
nuevos eventos que aparecen con posterioridad a la acción o que se
omitieron en el trámite de la misma u otra situación que no se hubiere
tomado como fundamento para decidir la tutela anterior que involucre la
necesidad de protección de los derechos, y iv) en la presentación de una

1Sentencias T-923 de 2010, T-718 de 2011, T-084 de 2012, T-151 de 2012 y T-181 de 2012, Corte
Constitucional.
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nueva acción ante la existencia de una sentencia de unificación de la
Corte Constitucional , [cuando el actor] en sus actuaciones siempre puso
de presente a los jueces de tutela la previa existencia de una demanda
de igual naturaleza”2.

De lo anterior, se advierte que la actuación temeraria se predica en los eventos en
que, sin motivo justificado, una misma persona presenta acción de tutela ante
varios despachos judiciales de manera sucesiva con base en los mismos hechos y
para obtener la protección de los mismos derechos.

El fundamento de la norma que sanciona la temeridad se encuentra en los
artículos 83 y 95 de la Constitución Política, que, de un lado, obligan a los
particulares y a las autoridades a actuar con base en el principio de buena fe y, de
otro lado, instituyen como deber de las personas el de "respetar los derechos
ajenos y no abusar de los propios" y "colaborar en el buen funcionamiento de la
administración de la justicia".

3. Caso concreto

El a quo determinó que en el presente caso se configuraron los supuestos
previstos en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, referente a la temeridad de la
acción de tutela, en la medida en que el actor promovió un recurso de amparo con
identidad de partes, hechos y pretensiones, la cual fue de conocimiento del
Juzgado 30 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, con
radicado nro.110013187030202300049.

En el escrito de impugnación, el actor aseguró que la segunda tutela se originó por
los problemas tecnológicos que se presentaron con ocasión al jaqueo que sufrió la
página entre el 14 y el 20 de septiembre de 2023. Que, aunado a ello, informó de
la existencia de la presente acción de tutela al Juzgado 30 de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Bogotá, pero el a quo no valoró dicha situación y
declaró la temeridad del recurso de amparo.

Entonces, es un hecho notorio que no discuten las partes, que ante el Juzgado 30
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá existe otra acción de
tutela con identidad de partes, hechos y pretensiones a las que se invocan en el
presente recurso de amparo, así:

Rad. 20023-00049-00 Rad. 2023-05049-00

Partes: Partes:
Demandante: Rodrigo Cobo Arboleda Demandante: Rodrigo Cobo Arboleda

Demandados: - Comisión Nacional del Servicio Civil Demandados: - Comisión Nacional del Servicio Civil
• Fundación Universitaria del Área Andina - Fundación Universitaria del Área Andina
DIAN DIAN
HECHOS HECHOS
PRIMERO: Mediante la convocatoria 008 de 2022, la PRIMERO: Mediante la convocatoria 008 de 2022, la
CNSC y la DIAN realizaron oferta pública de CNSC y la DIAN realizaron oferta pública de
Empleos para adelantar un proceso de selección y Empleos para adelantar un proceso de selección y
proveer definitivamente plazas vacantes en la UAE proveer definitivamente plazas vacantes en la UAE
DIAN DIAN
SEGUNDO: Adquirí mis derechos de participación SEGUNDO: Adquirí mis derechos de participación
en las fechas establecidas y me correspondió el en las fechas establecidas y me correspondió el

2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-349 de 2013.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05049-01
Demandante: José Jorge Rivero Gutiérrez

número 625933679 de inscripción en el proceso de número 625933679 de inscripción en el proceso de
selección. selección.

TERCERO: Los requisitos mínimos exigidos para el TERCERO: Los requisitos mínimos exigidos para el
empleo ANALISTA V del nivel TECNICO que me empleo ANALISTA V del nivel TECNICO que me
postulé son: “TERMINACIÓN DE MATERIAS, postulé son: “TERMINACIÓN DE MATERIAS,
PENSUL ACADEMI Y 3 AÑOS DE EXPERIENCIA. PENSUL ACADEMI Y 3 AÑOS DE EXPERIENCIA.
CUARTO: EL 25 DE AGOSTO ME DAN CUARTO: EL 25 DE AGOSTO ME DAN
RESPUESTA A MI RECLAMACION DE SER RESPUESTA A MI RECLAMACION DE SER
ADMINTIDOPOR FALTA DE REQUISITOS DE ADMINTIDOPOR FALTA DE REQUISITOS DE
EXPERIENCIA DONDE PIDEN 3 AÑOS DE EXPERIENCIA DONDE PIDEN 3 AÑOS DE
EXPERIENCIA Y TENGO ENINVIAS MAS DE 8 EXPERIENCIA Y TENGO ENINVIAS MAS DE 8
AÑOSDE EXPERIENCIA DONDE POR ERROR DE AÑOSDE EXPERIENCIA DONDE POR ERROR DE
PROCEDIIENTO QUIEREN INCLUIR UNA PROCEDIIENTO QUIEREN INCLUIR UNA
PALABRA PARA DESCARTAR. QUINTA: ANEXO PALABRA PARA DESCARTAR. QUINTA: ANEXO
MIS CERTIFICACIONES LAORALES DE INVIAS. MIS CERTIFICACIONES LAORALES DE INVIAS.
CUARTA: SOLICITO MEDIDA CAUTELAR PARA MI CUARTA: SOLICITO MEDIDA CAUTELAR PARA MI
INCLUSION DE MANERA DE PROTECCION EN LA INCLUSION DE MANERA DE PROTECCION EN LA
APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DEL DIA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DEL DIA
DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023 O LA DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023 O LA
SUSPENSION DEL MISMO ACTA SU SUSPENSION DEL MISMO ACTA SU
RESOLUCION13 RESOLUCION13
PRETENSIONES: PRETENSIONES:
Con el debido respeto solicito a su señoría Con el debido respeto solicito a su señoría
TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO
PROCESO, AL TRABAJO Y EL DERECHO AL PROCESO, AL TRABAJO Y EL DERECHO AL
ACCESO A CARGOS PUBLICOS, en consecuencia ACCESO A CARGOS PUBLICOS, en consecuencia
SE ORDENE a la COMISION NACIONAL DEL SE ORDENE a la COMISION NACIONAL DEL
SERVICIO CIVIL CNSC ADMITIR a la suscrita SERVICIO CIVIL CNSC ADMITIR a la suscrita
accionante en el proceso de selección de la accionante en el proceso de selección de la
convocatoria 1461 de 2020 y en consecuencia convocatoria 1461 de 2020 y en consecuencia
CITAR a pruebas escritas para continuar en el CITAR a pruebas escritas para continuar en el
concurso abierto de méritos. concurso abierto de méritos.
SOLICITO MEDIDA CAUTELAR DE MI INCLUSION SOLICITO MEDIDA CAUTELAR DE MI INCLUSION
EN LAS PRUEBAS DEL DIA DOMINGO 17 DE EN LAS PRUEBAS DEL DIA DOMINGO 17 DE
SPETIEMRE DE 2023 PARA MI CITACION A LA SPETIEMRE DE 2023 PARA MI CITACION A LA
APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS O LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS O LA
SUSPENSION DE LOS MISMOS COMO MEDIDA SUSPENSION DE LOS MISMOS COMO MEDIDA
DE PROTECCION ANTE UN HECHO DE PROTECCION ANTE UN HECHO
IRREMEDIABLE IRREMEDIABLE

Como se evidencia, el escrito de tutela presentado ante el Juzgado 30 de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá es exactamente el mismo
que se radicó ante el Consejo de Estado, se invocan los mismos hechos y
pretensiones y se dirige contra las mismas autoridades.

No queda duda de que el objeto en las dos acciones de tutela es que se deje sin
efecto la decisión de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en la cual se excluyó
al señor José Jorge Rivero Gutiérrez del concurso de la DIAN 2022 y, en
consecuencia, se declare que cumple con los requisitos mínimos para acceder al
cargo de analista C, código 205 grado 5, nivel técnico, número OPEC198358,
dentro de la Convocatoria DIAN 2022.

Ahora, la circunstancia que el actor plantea no puede ser considerada una
situación sobreviniente o excepcional que habilite el ejercicio de una nueva acción
de tutela, más aún, porque en el presente caso el mecanismo constitucional de la
referencia es empleado para discutir la misma inconformidad.

Debe precisarse que, el Juzgado 30 de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá, el 5 de octubre de 2023, profirió sentencia dentro de la
acción de tutela con radicado nro. nro.110013187030202300049, en la cual
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05049-01
Demandante: José Jorge Rivero Gutiérrez

declaró se declaró improcedente el recurso de amparo, por no cumplir el requisito
de subsidiariedad, en la medida en que el actor cuenta con otros mecanismos de
defensa, ni probar la existencia de un perjuicio irremediable, que hiciera
procedente el recurso de amparo de manera transitoria.

Así las cosas, en el presente caso se encuentra configurada la cosa juzgada
constitucional, en la medida en que, concurren los presupuestos de identidad de
objeto, causa y pretensiones, en ambas acciones de tutela.

En suma, es improcedente el amparo solicitado por el señor José Jorge Rivero
Gutiérrez contra la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Fundación Universitaria
Área Andina y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.

Aunque el a quo declaró la temeridad del presente recurso de amparo, la Sala no
advierte un actuar temerario o de mala fe, por parte del actor, pues dadas las
circunstancias en que transcurrió la interposición de la acción de tutela, no se le
puede endilgar esa responsabilidad.

Sin embargo, ello no es óbice para declarar la temeridad de la acción de tutela,
toda vez que el asunto puesto a consideración de esta Corporación ya obtuvo un
pronunciamiento por parte de un juez constitucional.

En ese orden, se confirmará la sentencia del 26 de octubre de 2023, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró la temeridad de la acción de
tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia del 26 de octubre de 2023, dictada por el Consejo
de Estado, Sección Quinta, acorde con los argumentos expuestos en la
parte considerativa.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por telegrama o por
cualquier otro medio expedito.

3. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05049-01
Demandante: José Jorge Rivero Gutiérrez

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

10
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