Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-05058-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-05058-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-05058-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
12 de octubre de 2023
Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 0 5 05 8- 0 0
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05058-00
Accionante: Fabio Leonardo Espinosa Cárdenas
Accionado: Secretaría de Movilidad de Bogotá
Temas: Acción de tutela por negativa de la administración de declarar la
prescripción de un comparendo.
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
ASUNTO
La Subsección decide la acción de tutela instaurada por el señor Fabio Leonardo
Espinosa Cárdenas contra la Secretaría de Movilidad de Bogotá.
ANTECEDENTES
El señor Fabio Leonardo Espinosa Cárdenas promovió acción de tutela para que se
protejan sus derechos fundamentales a la defensa, legalidad y debido proceso, los
cuales consideró vulnerados por la autoridad accionada.
HECHOS
La parte accionante afirmó que la Secretaría de Movilidad de Bogotá le impuso el
Comparendo 11001000000023332677 hace más de tres años, pero no ha iniciado
cobro coactivo en su contra ni se le ha notificado, en caso de que exista, la decisión
de librar mandamiento de pago, en los términos del artículo 159 del Código Nacional
de Tránsito, por lo que se cumplen los requisitos para declarar la prescripción de
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aquel, de conformidad con la norma precitada y en concordancia con los artículos
162 ejusdem, 100 de la Ley 1437 de 2011 y 818 y 826 del Estatuto Tributario y la
sentencia del 11 de febrero de 2016 con ponencia del magistrado Roberto Augusto
Serrato, radicado 11001-03-15-000-2015-03248-00, según la cual aquella acontece
después de tres años luego de la notificación del mandamiento de pago.
Manifestó que quiso agotar la vía gubernativa, por lo cual solicitó a esa dependencia
aplicar la prescripción del cobro coactivo; sin embargo, esta negó la petición con
argumentos legales, a su juicio, mal interpretados y sin tener en cuenta el artículo
28 constitucional ni la Sentencia C240/94.
Expuso que decidió acudir al medio de control de cumplimiento, de acuerdo con el
artículo 87 de la Constitución Política y la Ley 393 de 1997, para lo cual cumplió la
exigencia de renuencia prevista en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. Indicó
que el juez a quien le correspondió el proceso por reparto consideró que lo
procedente era instaurar el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
Señaló que su pretensión no es que se declare la nulidad de un acto administrativo,
sino que, por el contrario, mediante otro acto simplemente se aplique la figura
jurídica de la prescripción. Añadió que no cuenta con los recursos para contratar un
abogado y que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho tiene unos
tiempos bastante amplios para resolver, período en el cual el organismo de tránsito
puede embargarle los salarios, cuentas bancarias, etc., pese a que legalmente este
no puede hacer uso del cobro coactivo.
Aseveró que instaura esta acción de tutela como último recurso para evitar un
perjuicio irremediable, en tanto ha acudido tanto a la administración como a la vía
judicial y en ambas oportunidades le negaron sus solicitudes sin argumentos
jurídicos válidos, por lo que se han vulnerado sus derechos fundamentales de
acceso a la administración de justicia, debido proceso, legalidad y defensa.
PRETENSIONES
El accionante solicitó que se amparen sus derechos fundamentales precitados y se
ordene a la Secretaría de Movilidad de Bogotá aplicar la prescripción al
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Comparendo 11001000000023332677 y eliminarlo del SIMIT y de todas las bases
de datos de infractores.
ACTUACIÓN PROCESAL
La acción de tutela de la referencia fue admitida el 18 de septiembre de 2023,
mediante proveído, en el que se ordenó notificar a la Secretaría de Movilidad de
Bogotá, como accionada.
POSICIÓN DE LA ACCIONADA
La Secretaría de Movilidad de Bogotá guardó silencio, a pesar de que fue
debidamente notificada del auto admisorio de la presente acción.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I. Requisito de subsidiariedad y II. Caso concreto.
I. Requisito de subsidiariedad
En el artículo 86 de la Constitución Política se establece que la acción de tutela es
un mecanismo subsidiario de protección de los derechos fundamentales cuando
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una entidad
pública de cualquier índole o de los particulares, en los casos previstos en la ley.
Al respecto, en el numeral 1.° del artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991 se señala
como causal de improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios
de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante», en aras de respetar la división de competencias
delineada en la Constitución Política.
Por lo tanto, la exigencia de la subsidiariedad constituye un requisito fundamental
para la procedibilidad de la acción de tutela; frente a eso la Corte Constitucional
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estableció que se deben cumplir las siguientes exigencias que: a) el actor no
disponga de otro medio de defensa judicial para proteger de manera inmediata sus
derechos fundamentales vulnerados; o b) existiendo otro medio de defensa
judicial, se presente uno de dos eventos: i) que el mecanismo no sea idóneo o
eficaz para el amparo de los derechos afectados o ii) que la tutela se utilice como
un mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable1.
II. Caso concreto
El señor Fabio Leonardo Espinosa Cárdenas afirmó que la Secretaría de Movilidad
de Bogotá negó su solicitud de prescripción del Comparendo
11001000000023332677 que le fue impuesto, a pesar de que se cumplen los
requisitos para declarar su prescripción, conforme con el artículo 159 del Código
Nacional de Tránsito, en concordancia con los artículos 162 ejusdem, 100 de la Ley
1437 de 2011 y 818 y 826 del Estatuto Tributario y la sentencia del 11 de febrero de
2016 con ponencia del magistrado Roberto Augusto Serrato, radicado 11001-03-15-
000-2015-03248-00.
Sobre el particular, se advierte, luego de revisar las pruebas obrantes en el
expediente, que mediante la Resolución 727066 del 17 de junio de 2019 la aquí
accionada negó la solicitud elevada por el actor tendiente a que declarara la
prescripción del Comparendo referido.
En ese orden de ideas, esta Subsección advierte que el accionante contaba con el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo
138 de la Ley 1437 de 2011 para discutir la legalidad del acto administrativo
señalado y, eventualmente lograr la declaratoria de nulidad de aquel.
Sin embargo, aquel se abstuvo de acudir a ese mecanismo judicial dentro del
término legal, con lo cual dejó vencer la oportunidad para controvertirlo en sede
judicial, como ciertamente lo anotó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B, al resolver el medio de control de cumplimiento que
aquel promovió con el mismo objetivo pretendido en esta sede constitucional.
1 Consultar Sentencias C-1225 de 2004, SU–544 de 2001, SU-1070 de 2003, T-225 de 1993, T–1670 de 2000,
T-827 de 2003, T-698 de 2004 de la Corte Constitucional, entre otras.
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Al respecto, debe recordarse que la acción de tutela es improcedente cuando la
parte accionante acude a ella sin utilizar previamente los demás recursos previstos
en el ordenamiento jurídico que resultan idóneos y eficaces para conseguir la
protección ius fundamental deprecada.
Ahora bien, el señor Fabio Leonardo Espinosa Cárdenas sostuvo que su pretensión
no es que se declare la nulidad de un acto administrativo, sino que, por el contrario,
mediante otro acto simplemente se aplique la figura jurídica de la prescripción.
En esa medida, debe aclararse que la administración ya se pronunció sobre la
petición de prescripción del comparendo que le fue impuesto a aquel, por lo cual lo
procedente era que instaurara la demanda mencionada ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
Adicionalmente, el actor afirmó que no cuenta con los recursos para contratar un
abogado y que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho tiene unos
tiempos bastante amplios para resolver, período en el cual el organismo de tránsito
puede realizar varios embargos, pese a que, legalmente, este no puede hacer uso
del cobro coactivo.
Sobre el particular, resulta suficiente con mencionar que el solicitante del amparo
bien pudo requerir el amparo de pobreza al interior del proceso, conforme al artículo
151 del Código General del Proceso, y las medidas cautelares que estimara
procedentes, en los términos de los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de
2011.
Por último, el señor Fabio Leonardo Espinosa Cárdenas aseveró que instauró esta
acción de tutela como último recurso para evitar un perjuicio irremediable, en tanto
ha acudido tanto a la administración como a la vía judicial y en ambas oportunidades
le negaron sus solicitudes sin argumentos jurídicos válidos.
En cuanto a ello, es necesario aclarar que, si bien el accionante presentó medio de
control de cumplimiento, este no era procedente para discutir la decisión de negar
la prescripción, por lo cual debió instaurar el mecanismo previsto en el ordenamiento
jurídico para ese efecto. Además, se pone de presente que no se evidencia la
probable configuración de la mencionada afectación, no solo porque aquel no
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explicó en qué consistía aquella, sino que tampoco se aprecia con las pruebas
aportadas al expediente.
En consecuencia, se declarará la improcedencia de la acción de tutela de la
referencia, por la insatisfacción del requisito de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Declarar la improcedencia de la acción de tutela de la referencia, por la
insatisfacción del requisito de subsidiariedad, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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