Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05062-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-05062-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05062-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-05062-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
2 de mayo de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05062-01
Demandante: José Mauricio Giraldo Montoya
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., dos (2) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05062-01
Demandante: JOSÉ MAURICIO GIRALDO MONTOYA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B, Y
OTRO
Temas: Contra sentencias de tutela. No se cumple el requisito de inmediatez
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la sentencia
del 26 de enero de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C, que declaró improcedente la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 15 de septiembre de 20231, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de
apoderado judicial, José Mauricio Giraldo Montoya pidió la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la prevalencia del
derecho sustancial.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de las sentencias
proferidas el 28 de abril y 26 de agosto de 2022, dictadas por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, y Sección Tercera Subsección A, dentro de la acción
de tutela con radicado 11001-03-15-000-2022-01797-00/01 que negaron y declararon
improcedente, respectivamente, la acción de tutela presentada por el actor contra la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO. Amparar el derecho constitucional fundamental del debido y la tutela efectiva del derecho
y a la prevalencia del derecho sustancial, vulnerados por la subsección B de la Sección Segunda y
la subsección A de la Sección Tercera, ambas de la Sala de lo Contencioso Administrativa del
Consejo de Estado, cuando profirieron los fallos de tutela dentro del trámite de acción de tutela
formulada por José́ Mauricio Giraldo Montoya contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
calendados los días 28 de Abril y 26 de Agosto del 2022, respectivamente.
SEGUNDO. Ordenar a la subsección la subsección A de la Sección Tercera, ambas de la Sala de
lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, que dentro del término improrrogable de las
cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de la providencia, que resuelva esta solicitud de
tutela, se sirvan dejar sin efecto, las decisiones, proferidas dentro de los citados tramites, los días
28 de Abril y 26 de Agosto del 2022, respectivamente.
TERCERO. Ordenar a la subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativa del Consejo de Estado, que en el término que disponga su Despacho, se profiera una
1 Índice 1 de Samai.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05062-01
Demandante: José Mauricio Giraldo Montoya
nueva decisión atendiendo los argumentos, que su Despacho a bien tenga para resolver esta
solicitud de tutela, atendiendo que debe :
a. Se deje sin efecto la sentencia proferida en segunda instancia, el día 2 de Marzo del 2022, por
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial MP María Victoria Acosta Walteros, dentro del trámite
del proceso disciplinario tramitado en contra del suscrito en primera instancia ante la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia.
b. Se ordene el reintegro de José́ Mauricio Giraldo Montoya, al cargo de Juez Segundo Civil del
Circuito de Bello en propiedad.
c. Se ordene al Tribunal Superior de Medellín, reintegrar al cargo de Juez Segundo Civil del Circuito
de Bello en propiedad al señor, José́ Mauricio Giraldo Montoya. Esta orden se debe cumplir de
manera inmediata una vez efectuada la notificación de esta providencia a la citada Corporación.
d. Se ordene a la Dirección de Administración Judicial de Antioquia, el pago de los salarios, primas
de servicios, vacaciones, bonificaciones, cesantías y todos los conceptos laborales recibidos por
el señor, José́ Mauricio Giraldo Montoya, como Juez Segundo Civil del Circuito de Bello, dejados
de percibir desde el día 25 de Marzo del 2022 y la fecha de reintegro.
e. Así́ mismo ordenar, que se pague las cotizaciones por concepto de seguridad social a saber :
salud, pensiones y riesgos profesionales causados desde el día 25 de Marzo del 2022 y hasta la
fecha el reintegro efectivo del suscrito.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, mediante sentencia del 2 de marzo de 2022,
sancionó disciplinariamente al actor, en su condición de Juez Segundo Civil del Circuito
de Bello, con destitución e inhabilidad general por el término de 10 años, al encontrarlo
responsable, a título de dolo, de un conflicto de intereses al nombrar en el cargo de oficial
mayor de su despacho a una funcionaria con la que tuvo una relación sentimental en la
que procrearon dos hijos.
El 22 de marzo de 2022, el actor presentó acción de tutela contra dicha sentencia y se
adelantó bajo el radicado 11001-03-15-000-2022-01797-00 y correspondió al Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, que, por sentencia del 28 de abril de 2022,
negó el amparo solicitado, al estimar que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no
incurrió en los defectos alegados.
Inconforme con la decisión, el demandante impugnó y el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, mediante sentencia del 26 de agosto de 2022, la revocó y, en su
lugar, declaró improcedente la acción de tutela, porque no se cumplió con los requisitos
de procedibilidad de relevancia constitucional y subsidiariedad.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, el demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencia de tutela. Sostuvo
que la prohibición opera solo contra sentencias proferida por la Corte Constitucional,
pues de manera excepcional procede contra sentencias de tutelas dictadas por otras
autoridades judiciales cuando se presenta el fenómeno de cosa juzgada fraudulenta.
Dijo que la presente acción de tutela no comparte identidad procesal con la solicitud de
amparo cuestionada, porque fueron dirigidas contra distintas autoridades judiciales, por
lo que no operó el fenómeno de cosa juzgada.
Señaló que las decisiones adoptadas en las sentencias de tutela cuestionadas fueron
producto de fraude – fraus Omnia corrumpit- porque, a su juicio, la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial no tenía competencia para proferir la sentencia de segunda instancia
en la que resultó sancionado, porque había operado la prescripción de la acción
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05062-01
Demandante: José Mauricio Giraldo Montoya
disciplinaria, de acuerdo con el artículo 30 de la Ley 734 del 2002.
Advirtió que la conducta investigada fue atípica porque no hubo conflicto de intereses,
pues no se probó la supuesta relación que tenía el actor con una empleada de su
despacho. Asimismo, dijo que para determinar la sanción que le fue impuesta no se tuvo
en cuenta las calificaciones del servicio que obtuvo mientras se desempeñó como juez.
Afirmó que la sentencia de tutela de primera instancia incurrió en fraude porque sustentó
la decisión en una jurisprudencia que no guarda relación con el caso concreto y porque
no aplicó las normas que correspondía aplicar. Adicionalmente, argumentó que no tuvo
en cuenta que no se configuró un conflicto de intereses porque no se probó la presunta
relación sentimental que sirvió de fundamento para la sanción.
Respecto de la sentencia de tutela de segunda instancia manifestó que no era
procedente presentar solicitud de adición. Adujo que la declaratoria de improcedencia de
la acción de tutela fue una decisión arbitraria. Señaló que tampoco se tuvo en cuenta
que la acción disciplinaria había prescrito.
Finalmente, dijo que la acción de tutela no se presentó por discrepancias con el análisis
de la Comisión Nacional de Disciplina judicial, pues lo que pretendía era la protección de
su derecho fundamental al debido proceso e insistió en que no se probó en el expediente
disciplinario que tuviera una relación con una de sus subalternas, puesto que, “El hecho
de procrear unos hijos, por personas que no tienen vínculo matrimonial o de unión de
marital hecho, no permite concluir razonablemente, que se hubiera presentado uno de
los requisitos del conflicto de interés: el parentesco entre el funcionario y el tercero”.
5. Intervenciones
La magistrada de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, ponente la providencia
del 2 de marzo de 2022 que confirmó la sanción impuesta al actor, pidió que se declarara
la improcedencia de la acción de tutela, porque operó la cosa juzgada constitucional y
no se identificó la cosa juzgada fraudulenta de las sentencias de tutela cuestionada ni se
trasgredieron las garantías del demandante. Que, además, no se satisface el requisito
de inmediatez.
Los magistrados de la Subsección B de la Sección Segunda y de la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado fueron debidamente notificados. Sin embargo,
no se pronunciaron.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante sentencia del 26 de
enero de 2024, declaró improcedente la solicitud de amparo, al estimar que el actor no
señaló los hechos ni aportó las pruebas con las que se evidenciaría que las decisiones
cuestionadas fueron expedidas de forma fraudulenta.
7. Impugnación
La parte demandante manifestó que el fallo de primera instancia no se profirió dentro de
los 10 días que ordena la ley. Sostuvo que no se debió aplicar las sentencias T-093 de
2018, T-073 y T-322 de 2019, porque las sentencias de tutela tienen efecto inter partes.
Insistió en que la acción de tutela no comparte identidad procesal con la solicitud de
amparó cuestionada y que las decisiones de tutela enjuiciadas fueron producto de fraude.
Con relación al fallo de tutela de primera instancia afirmó que fue fraudulento porque
demostró que la acción disciplinaria sí prescribió, además, no se reconoció el principio
de favorabilidad y la decisión se fundamentó en jurisprudencia del Consejo de Estado y
no en la jurisprudencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05062-01
Demandante: José Mauricio Giraldo Montoya
Respecto al fallo de tutela de segunda instancia insistió en que fue producto de fraude
porque declaró la improcedencia de la acción de tutela al estimar que no se cumplió el
requisito de subsidiariedad, porque se debió solicitar la adición de la sentencia
disciplinaria. Sin embargo, a juicio del actor, no era procedente la solicitud de adición
porque la providencia no omitió pronunciarse sobre algún objeto de litis.
Mencionó que la presente acción de tutela es el único medio judicial efectivo para solicitar
la protección de los derechos fundamentales vulnerados con los fallos de tutela
cuestionados, que dieron prevalencia a las formas y no al derecho sustancial. Dijo que
la consecuencia de la presente acción de tutela deber ser su reintegro a la rama judicial,
por lo que se debe ordenar corregir la decisión del 2 de marzo de 2022, proferida por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que omitió analizar la prescripción de la acción
disciplinaria.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por José
Mauricio Giraldo Montoya para dejar sin efecto las sentencias proferidas el 26 de agosto
de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que, en
segunda instancia, declaró improcedente la acción de tutela presentada por el actor
contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
La Sala anticipa que confirmará la decisión de declaratoria de improcedente de la acción
de tutela, pero porque no se cumple el requisito general de inmediatez. En efecto, la
solicitud de amparo fue presentada luego de un año y siete días de haber sido notificada
la providencia de segunda instancia cuestionada.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a: (i) la acción de tutela contra sentencias
o actuaciones de otra acción de tutela (ii) a la inmediatez y, finalmente, (iii) analizará el
caso concreto.
2. De la acción de tutela contra sentencias o actuaciones de otra acción de tutela
La Corte Constitucional en sentencia SU-627 de 2015 unificó el criterio en relación con
la procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias o actuaciones
adelantadas en una acción de tutela, de acuerdo con tres hipótesis: (i) cuando la tutela
se dirige en contra de la sentencia de tutela en sentido estricto; (ii) cuando se dirige
contra una actuación anterior al fallo, y (iii) cuando se efectúa en contra de decisión
posterior.
En la primera hipótesis, la Corte Constitucional señaló que la regla es la de que no
procede la acción de tutela, la cual no admite excepción si la sentencia ha sido proferida
por esa corporación, sea por su Sala Plena o por sus Sala de Revisión de Tutela, caso
en el cual solo procederá el incidente de nulidad de dichas sentencias y deberá
promoverse ante esa Corte.
Ahora, si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República,
la acción de tutela puede proceder de manera excepcional «cuando exista fraude y por
tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando,
además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad
procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y
suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05062-01
Demandante: José Mauricio Giraldo Montoya
situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación» (Resaltado fuera de texto) .
Para la Corte, en cualquiera de las anteriores excepciones a la regla de improcedencia
de la solicitud de amparo contra sentencias o actuaciones adelantadas en procesos de
tutela, sigue siendo exigible el cumplimiento de los demás requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales 3. (Resaltado
fuera de texto).
3. La inmediatez
La inmediatez es un requisito de procedibilidad que el juez debe examinar, antes de
pasar al estudio de las causales específicas de tutela contra providencia judicial, con el
fin de determinar si la demanda se ha presentado de manera oportuna.
La inmediatez, en todo caso, no es un término de caducidad que limite el ejercicio de la
acción de la tutela. Es más bien un requisito que busca que la acción se presente en un
término razonable, esto es, desde el mismo momento en que el afectado tiene
conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales. Justamente, la
exigencia tiene razón de ser porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de derechos fundamentales y, por ende, se espera que el
interesado la ejerza en un tiempo razonable, prudencial, sin demora.
Ese mismo entendimiento ha sido expuesto por la Corte Constitucional, que ha señalado
que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en
riesgo de los derechos fundamentales del interesado y la presentación de la demanda 2,
en la medida en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no solo tiene
que ver con la urgencia, sino también con el respeto a la seguridad jurídica y a los
derechos de los terceros que pudieran resultar afectados.
Ahora, la Sala Plena de esta Corporación estableció que seis meses, contados a partir
de la notificación de la providencia judicial cuestionada, es un término razonable para
ejercer la acción de tutela, en consideración a «la naturaleza del acto jurisdiccional, los
plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra
las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas
resueltas logren certeza y estabilidad»3.
4. Análisis del caso concreto
La Sala considera que la acción de tutela de la referencia no cumple el requisito general
de inmediatez. En efecto, consultado el expediente de tutela
11001031500020220179700/01 en el aplicativo Consulta de Proceso de la página web
de la rama judicial, se advierte que la providencia del 26 de agosto de 2022 (que puso
fin al proceso de tutela) fue enviada por correo electrónico a las partes el 5 de septiembre
de 2022, de modo que fue efectivamente notificada el 7 de septiembre de 2022.
Por su parte, de tutela fue presentada el 15 de septiembre de 2023 4, esto es 1 año y
siete días después de haberse notificado la providencia objeto de la presente tutela,
término que supera el plazo límite previsto por la Sala Plena de esta Corporación.
La Sala no desconoce que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al
juez a concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda vez que pueden existir
circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela no se haya
presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o la omisión que
2 Sentencia T- 123 de 2007.
3 Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014. Ex. Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01, demandante: Alpina
Productos Alimenticios S.A., C P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
4 Índice 1 de Samai.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05062-01
Demandante: José Mauricio Giraldo Montoya
vulnera los derechos fundamentales sean permanentes, persisten en el tiempo y hacen
que la violación sea siempre actual.
En este caso, sin embargo, no se advierte alguna circunstancia de modo, tiempo o lugar
que justifique la demora en presentar la acción de tutela y el demandante tampoco la
expone.
Si la parte demandante estimaba que la providencia 26 de agosto de 2022 vulneró
derechos fundamentales, lo propio era que presentara la acción de tutela tan pronto
como fue notificada. Cuando se cuestionan providencias judiciales, la oportunidad de la
solicitud de amparo se determina a partir del momento en que se notifica la providencia
acusada, pues la notificación supone que las partes tienen conocimiento de las
decisiones judiciales.
Lo anterior es suficiente para que la Sala confirme la decisión de primera instancia que
declaró improcedente la presente acción constitucional, pero porque no cumple el
requisito de inmediatez.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispones el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.