Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-05091-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-05091-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-05091-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
26 de octubre de 2023
Demandante: Margarita Inés Poveda Castellanos y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05091-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05091-00
Demandantes: MARGARITA INÉS POVEDA CASTELLANOS Y OTRO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN B
Temas: Mora judicial – carencia actual de objeto por hecho superado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la demanda interpuesta por los
señores José Domingo Piñeros y Margarita Inés Poveda Castellanos contra el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en ejercicio de la acción de
tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86, y desarrollada por el
Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito enviado el 15 de septiembre de 2023 al correo electrónico de la
Secretaría General del Consejo de Estado, los señores José Domingo Piñeros y
Margarita Inés Poveda Castellanos, en nombre propio, ejercieron acción de tutela
en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B con el fin de
que le sean amparados sus derechos fundamentales al «mínimo vital, salud,
seguridad social, debido proceso, igualdad y de acceso a la administración de
justicia».
2. Los accionantes consideraron vulneradas las referidas garantías
constitucionales, con ocasión de la presunta mora judicial derivada de la omisión
en dar trámite al recurso de apelación promovido por los actores contra el auto
de primera instancia que resolvió incidente de liquidación de perjuicios en el
proceso de reparación directa con radicado 25000-23-26-000-1997-05432-02.
1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:
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Demandante: Margarita Inés Poveda Castellanos y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
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(…) suplico que se reconozca el principio constitucional de inmediatez en la
ley adjetiva, ya que el tiempo transcurrido en el desarrollo del proceso ha
sido suficiente y razonable para la toma de una decisión en concreto
respecto de la indemnización que les fue reconocida en sentencia de
segunda instancia.
(…) solicito protección del principio de acceso a la recta e imparcial y
cumplida administración de justicia que en virtud de los derechos
fundamentales violados se pronuncie en un plazo razonable a fin de conocer
de fondo la decisión y no ver reducida por culpa de la administración de
justicia los derechos constitucionales y legales de los accionantes, para que
de forma urgente se pueda conjurar el perjuicio irremediable y precisar una
decisión pronta y efectiva respecto de la indemnización a pagar.
Ordenándose modificar el turno de ingreso de dicho proceso al despacho del
magistrado sustanciador o de haber ya ingresado el mismo dándosele
aplicación al principio de prelación legal conforme al art. 18 de la Ley 446 de
1998 y el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009 y sea resuelto de fondo el
recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 13 de diciembre
de 2017 que decidió sobre el incidente de regulación de perjuicios, decisión
que fue proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera – Subsección A; poniendo fin así de esta manera a la mora judicial
injustificada en la cual ha recaído la Subsección “B” de la Sección Tercera
del Consejo de Estado.1
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para
la decisión que se adoptará en la sentencia:
4. Los actores promovieron demanda de reparación directa en contra del
Distrito Capital de Bogotá para que se declarara la responsabilidad patrimonial
extracontractual de la entidad demandada. Ello, a raíz de la expedición del
Decreto 791 del 10 de diciembre de 19952 que produjo perjuicios a los
demandantes, quienes se dedicaban a la comercialización de las mercancías
prohibidas por dicha norma.
5. Mediante sentencia del 19 de septiembre de 2002, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A negó las
pretensiones de la demanda. Inconformes con ello, los accionantes interpusieron
recurso de apelación y, a través de fallo del 28 de mayo de 2015, el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B revocó la providencia cuestionada y
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
6. Dentro del término previsto en el artículo 172 del Código Contencioso
Administrativo, la parte actora interpuso incidente de liquidación de perjuicios.
1 Transcripción textual con posibles errores.
2 «Por el cual se prohíbe la venta de artículos pirotécnicos, fuegos artificiales y globos, así como
el uso de los mismos productos en el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá DC».
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Por medio de auto del 13 de diciembre de 2017, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A fijó el monto de los perjuicios
materiales a título de daño emergente en favor de los demandantes.
7. Los actores apelaron la decisión al no estar conformes la cantidad fijada.
De manera que, por auto del 19 de febrero de 2018, el tribunal concedió el
recurso de apelación interpuesto y, el 18 de abril del mismo año, ingresó el
expediente al despacho sustanciador del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B para dar trámite a dicho mecanismo.
8. Los actores afirmaron que, desde la fecha, no se ha proferido la
providencia respectiva que resuelva la apelación presentada contra el auto del
13 de diciembre de 2017.
1.4. Sustento de la vulneración
9. Los actores consideraron que se vulneraron sus garantías fundamentales,
ante la presunta mora judicial derivada de la falta de trámite al memorial de
apelación presentado contra el auto que resolvió incidente de liquidación de
perjuicios en el proceso de reparación directa con radicado 25000-23-26-000-
1997-05432-02.
10. Informaron que la señora Poveda Castellanos tiene 57 años y ha
presentado enfermedades tales como «fibromalgias y poliartrialgias, depresión,
entre otras» relacionadas con la atención recibida como beneficiaria de la Nueva
EPS. Pusieron de presente su situación económica y que está pendiente de que
el recurso presentado se resuelva por la autoridad judicial demandada, de
manera que ello le permita solventar sus gastos. Esto, pues lleva más de 25 años
a la espera de recibir la indemnización que le fue reconocida.
11. Indicaron que el señor Domingo Piñeros tiene 69 años, ha presentado
afecciones cardiacas y ha padecido dificultades económicas y de salud.
Añadieron que se encuentra a la espera de que se dé trámite a la apelación
presentada con el fin de percibir la indemnización de perjuicios dictada a su favor.
12. Alegaron que dentro del deber de garantizar el goce efectivo del derecho
a la administración de justicia se encuentra la solución célere de los asuntos
adelantados ante los funcionarios judiciales y, por ello, la Corte Constitucional ha
prohibido las dilaciones injustificadas en los procesos de los cuales conocen.
13. Argumentaron que en la sentencia T-230 de 2013, reiterada en la
providencia T-186 de 2017, el alto tribunal expuso las circunstancias en las
cuales se configura la mora judicial injustificada. Sostuvieron que la definió como
aquella que se presenta ante el incumplimiento de los términos señalados en la
ley para adelantar alguna actuación judicial, sin que exista motivo razonable que
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justifique dicha tardanza como lo es la congestión judicial o la carga laboral.
14. En tal sentido, afirmaron que el juez constitucional debe amparar los
derechos invocados ante una mora judicial injustificada, por lo que este está
facultado para ordenar que se proceda a resolver o se observen con diligencia
los plazos previstos en la normatividad aplicable al caso.
15. Agregaron que el operador constitucional puede excepcionalmente alterar
el orden para proferir la providencia, cuando el juez está ante un sujeto de
especial protección constitucional o cuando se superan los plazos razonables y
tolerables, en contraste con la condición particular del afectado.
16. Señalaron que, ante la evidencia de un caso donde exista una protección
urgente, el juez debe desatar la controversia propuesta con la mayor celeridad
posible, de manera que se atienda a los «principios del plazo razonable y la
igualdad material que ordena la adopción de medidas afirmativas para asegurar
la vigencia del principio de igualdad ante circunstancias fácticas desiguales».
17. Aseguraron que el artículo 8.1. de la Convención Americana de Derechos
Humanos, que conforma el bloque de constitucionalidad en consonancia con el
artículo 93 de la Constitución Política, establece que toda persona tiene derecho
a ser oída por el juez o tribunal competente, con las debidas garantías y dentro
de un plazo razonable para la determinación de sus derechos de orden civil,
laboral, fiscal o de cualquier otra naturaleza.
18. Expusieron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en
reiteradas ocasiones, ha considerado que una demora prolongada en proferir una
decisión judicial puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las
garantías al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. Lo
anterior, debido a que corresponde al Estado exponer y probar la razón por la
que se ha requerido más tiempo para dictar la decisión a que haya lugar en un
caso en concreto.
19. Indicaron que dicha Corte, en sentencia del 15 de septiembre de 2005 3,
estableció que es preciso tomar en cuenta 3 elementos para determinar la
razonabilidad del plazo en el que se desarrolla el proceso: i) la complejidad del
asunto; ii) la actividad procesal del interesado y, iii) la conducta de las autoridades
judiciales.
20. Concluyeron que al momento en que se avoca conocimiento de un
proceso que implique la determinación de derechos de una persona con
circunstancias subjetivas que demanden una pronta decisión, los funcionarios
judiciales deberán observar dichos elementos con el fin de evitar dilaciones
3 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia del 15.09.05. Caso de la “masacre de
Mapiripán” contra Colombia.
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injustificadas que impliquen la vulneración de derechos fundamentales.
1.5. Admisión de la demanda
21. La magistrada ponente de la presente decisión, mediante auto del 4 de
octubre de 2023: i) admitió la demanda de tutela, y ii) ordenó notificar al tutelante
y al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B como autoridad
accionada.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentó la siguiente intervención:
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
22. Por medio de escrito enviado el 11 de octubre de 2023 al correo electrónico
de la Secretaría General del Consejo de Estado, la autoridad vinculada solicitó
que se declare la improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto, se
nieguen las pretensiones formuladas.
23. Señaló que en el asunto no se configura una vulneración de los derechos
fundamentales invocados, pues mediante auto del 11 de octubre de 2023 se
resolvió el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la providencia
que decidió el incidente de liquidación de perjuicios en el proceso de reparación
directa. Informó que el proveído ya se encuentra disponible para las partes en el
aplicativo de gestión judicial Samai.
24. Arguyó que a las partes se les han brindado las garantías para el ejercicio
de sus derechos fundamentales en todas las etapas del proceso, pues han
podido intervenir en las oportunidades procesales correspondientes y, de tal
forma, se les ha posibilitado solicitar y controvertir pruebas, impugnar las
decisiones adversas, alegar de conclusión y formular las peticiones que han
considerado pertinentes.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
25. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda
presentada por los señores José Domingo Piñeros y Margarita Inés Poveda
Castellanos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la
Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, el numeral 7.° del artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, el
artículo 2.2.3.1.2.4 del Decreto 1069 de 2015, también modificado por el Decreto
333 de 2021 de 2021 y el artículo 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo
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de Estado No. 080 de 12 de marzo de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de
Estado).
26. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra la Sección
Tercera, Subsección B de esta misma Corporación y, en tal sentido, debe
aplicarse el numeral 7° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 333 de 2021.
2.2. Problema jurídico
27. Tomando en consideración los hechos expuestos, las pretensiones
elevadas por el demandante, el material probatorio recaudado y el informe
allegado por la entidad accionada, corresponde a esta Sala resolver el siguiente
problema jurídico:
• ¿Se configura en el presente caso el fenómeno de carencia actual de
objeto por hecho superado?
28. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes
temas: i) generalidades de la acción de tutela; ii) carencia actual de objeto; y, iii)
estudio del caso concreto.
2.3. Generalidades de la acción de tutela
29. Según el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un
mecanismo preferente e informal que le permite a cualquier persona reclamar la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados por acciones u omisiones de autoridades públicas o,
excepcionalmente, de particulares.
30. Esta acción procede cuando el interesado no tiene más medios de defensa
judicial ordinarios. Si la persona cuenta con tales mecanismos, pero estos no son
idóneos para la defensa de los derechos que reclama, la tutela es procedente
para evitar la consumación de un perjuicio irremediable. En este último caso, su
ejercicio se habilita de forma transitoria, lo que limita sus efectos futuros a la
activación de los instrumentos judiciales pertinentes por parte del peticionario.
31. Por tanto, la tutela requiere que se cumplan determinados presupuestos
procesales como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la
inminencia de un perjuicio irremediable. Sin estos requisitos, el juez
constitucional no puede decidir sobre la controversia propuesta. Esto busca evitar
que esta acción constitucional se use inadecuadamente, pues ello podría
desnaturalizar su valor especial dentro del ordenamiento jurídico y, en este
sentido, atentar contra el fin superior que le dio el constituyente.
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2.4. De la carencia actual de objeto
32. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y
sumario, dirigido a la protección de derechos fundamentales que sean
violentados o amenazados de una manera actual e inminente.
33. No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental
desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso. Esto conlleva a
que el instrumento pierda su efectividad y, a su vez, hace que la intervención del
juez constitucional sea vacía, en relación con las órdenes que puedan impartirse
para que cese la vulneración de los derechos fundamentales.
34. Al respecto, la Corte Constitucional, en la sentencia T-481 del 20164, señaló
que la tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de
derechos fundamentales actualmente afectados o amenazados. Por tanto,
señaló la Corte que ante una alteración o desaparecimiento del contexto que dio
origen a la vulneración de los derechos invocados por la accionante, la solicitud
de amparo pierde eficacia y sustento. Esto, pues al desaparecer la situación
sobre la cual recaería una posible decisión del juez de tutela, cualquier
determinación que pueda tomar para salvaguardar las garantías violadas o que
se encontraban en peligro, resultaría vacía5.
35. En tal sentido, dicho tribunal6 destacó que el concepto de “carencia actual
de objeto”, se desarrolló con el fin de identificar este tipo de eventos en los que
el juez se encuentra materialmente imposibilitado para dictar una orden que
permita proteger los intereses jurídicos invocados en la acción de tutela. Así,
dicho Tribunal ha indicado que tal fenómeno puede tener lugar a través de las
siguientes figuras:
I. Hecho superado
II. Daño Consumado
III. Situación sobreviniente
2.4.1. Hecho superado
36. Este evento ocurre cuando en el trámite de una acción de tutela se
demuestra que la autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias
para eliminar la vulneración de los derechos fundamentales, previo a que el juez
4 Corte Constitucional, Sentencia T-481 del 01.09.16, Magistrado Ponente: Carlos Bernal Pulido.
5 La misma referencia a pie de página anterior.
6 Corte Constitucional, Sentencia T-200 del 10.04.13. Magistrado Ponente: Alexei Julio Estrada.
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constitucional profiera alguna orden7. Por tanto, se logra superar la afectación
alegada y resulta inútil cualquier intervención del operador judicial.
37. En tal sentido, resalta esta Sección que, para la aplicación del hecho
superado, es irrelevante determinar si la cesación de la vulneración de las
garantías fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia.
Ello indica que, también en ciertos casos, el juez podría optar por estudiar de
fondo la conducta de la autoridad demandada y así determinar si se vulneraron
o no los derechos invocados a través de la tutela.
38. En efecto, la Corte Constitucional ha empleado la figura del hecho superado
incluso en aquellos casos en los cuales la cesación de la vulneración de los
derechos fundamentales ocurre luego de que se ha proferido la decisión de
segunda instancia, durante el trámite de revisión ante ese Tribunal8. En estas
situaciones, los jueces de primera o segunda instancia no están obligados a
pronunciarse sobre la conducta de la autoridad demandada. Por tanto, dichos
jueces no deben formular un juicio de reproche o advertir sobre la no repetición
de la conducta lesiva de los derechos afectados.
39. No obstante, la Corte Constitucional9 ha afirmado que los jueces de
instancia pueden hacer lo mencionado anteriormente. Esto, sobre todo si se
considera que la decisión debe incluir alguna observación de los hechos del caso
estudiado, incluso para que llame la atención sobre la vulneración de derechos
en la situación analizada, o para condenar lo ocurrido y advertir la inconveniencia
de su repetición bajo el riesgo de las sanciones a que haya lugar10. Lo que sí es
obligatorio para el juez de primera o de segunda instancia, es que en la
providencia incluya la demostración de la reparación del derecho antes del
momento del fallo, es decir, que se acredite el hecho superado11.
2.5. Caso en concreto
40. La parte actora interpuso recurso de apelación contra el auto del 13 de
diciembre de 2017, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A, que decidió sobre el incidente de liquidación de
7 Corte Constitucional. Sentencia T-038 del 01.02.19. Magistrada Ponente: Cristina Pardo
Schlesinger; Corte Constitucional. Sentencia SU-225 del 18.04.13. Magistrado Ponente: Alexei
Julio Estrada.
8 A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 del 29.11.16. Magistrada Ponente: Gloria Stella
Ortíz Delgado.
9 Corte Constitucional, Sentencia T-112 del 16.02.10. Magistrado Ponente: Mauricio González
Cuervo; Corte Constitucional, Sentencia T-612 del 02.09.09. Magistrado Ponente: Humberto
Antonio Sierra Porto.
10 Corte Constitucional, Sentencia T-612 del 02.09.09. Magistrado Ponente: Humberto Antonio
Sierra Porto.
11 Corte Constitucional, Sentencia T-170 del 18.03.09. Magistrado Ponente: Humberto Antonio
Sierra Porto.
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perjuicios promovido por los demandantes al interior del proceso de reparación
directa con radicado 25000-23-26-000-1997-05432-02. En providencia del 19 de
febrero de 2018, el tribunal concedió el recurso de apelación interpuesto y el 18
de abril del mismo año ingresó el expediente al despacho sustanciador del
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B para dar trámite a dicho
mecanismo.
41. El 15 de septiembre de 2023, los actores interpusieron la presente acción
constitucional pues, a dicha fecha, no se había proferido la respectiva providencia
que resolviera el recurso presentado. En tal sentido, alegaron que la autoridad
judicial demandada incurrió en una mora judicial injustificada ante la tardanza
argüida.
42. No obstante, de conformidad con el informe allegado por la accionada, el
11 de octubre de 2023 se profirió el auto que resolvió el mecanismo en cuestión.
En este orden de ideas, la Sala encuentra que en el presente asunto se configura
el fenómeno de carencia actual de objeto por hecho superado, en razón a que lo
pretendido mediante la acción de tutela fue resuelto durante el trámite de este
trámite constitucional.
43. De conformidad con las actuaciones registradas en Samai, el 11 de
octubre de 2023 el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B profirió
auto que desató el recurso de apelación presentado por la parte actora contra la
providencia de primera instancia que resolvió el incidente de liquidación de
perjuicios en el proceso de reparación directa en cuestión. En este se decidió,
entre otras cosas, lo siguiente: «1º) Modifícase la decisión adoptada el 13 de
diciembre de 2017 por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (…)».
44. En efecto, tal providencia está registrada en la actuación 162 del proceso
con radicado 25000-23-26-000-1997-05432-02 que reposa en Samai. A su vez,
este auto fue debidamente notificado por estado electrónico el 17 de octubre de
2023, según la actuación 166 de tal trámite. De igual forma, la sala pone de
presente que las partes pueden consultar el expediente digital por medio de dicho
aplicativo.
45. Por tanto, y bajo el entendido que lo pretendido en la demanda fue resuelto
en el transcurso del presente proceso constitucional, se declarará la carencia
actual de objeto por hecho superado, toda vez que desapareció la circunstancia
que podía originar algún quebranto de los derechos fundamentales de los
señores Margarita Poveda Castellanos y José Domingo Piñeros. Por tanto,
cualquier orden que se imparta por parte de esta sala carecería de sentido, pues
la posible vulneración cesó debido a la actuación del Consejo de Estado, Sección
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Tercera, Subsección B al interior del proceso de reparación directa con radicado
25000-23-26-000-1997-05432-02.
2.6. Conclusión
46. En este proceso de tutela se configuró el fenómeno de la carencia actual de
objeto por hecho superado, ya que lo pretendido por la parte demandante fue
resuelto a cabalidad en el curso del presente mecanismo constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en la
acción de tutela interpuesta por los señores Margarita Poveda Castellanos y José
Domingo Piñeros, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: de no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme
a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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