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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05114-00

Fecha
2 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05114-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela presentada por el señor Edilberto José Altamar Arrieta y otros, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-05114-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

2 de noviembre de 2023

Demandantes: Edilberto José Altamar Arrieta y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de La Guajira
Rad: 11001-03-15-000-2023-05114-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación No: 11001-03-15-000-2023-05114-00
Demandantes: EDILBERTO JOSÉ ALTAMAR ARRIETA Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud formulada por la parte actora en ejercicio de
la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86 y
desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 11 de septiembre de 2023 en el Sistema de
Recepción de Tutelas y Habeas Corpus en línea de la Rama Judicial, los señores
Edilberto José Altamar Arrieta (en nombre propio y en representación de su hijo
Alberto José Altamar Romero), María José Altamar Romero, John Freider Altamar
Sáenz, Karelis Yulieth Altamar Romero, Jeisson José Altamar Sáenz, Esperanza
Arrieta Rivera, Domingo Altamar Berrío, Yeimis Tatiana Altamar Arrieta, Rosibel
Altamar Arrieta, Marilyn Altamar Arrieta y Amarilis Altamar Arrieta, actuando por
conducto de apoderado, interpusieron acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de La Guajira, con el fin de que se amparen sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
reparación de las víctimas.

Consideraron vulneradas dichas garantías constitucionales con ocasión de la
sentencia del 15 de marzo de 2023, que confirmó el fallo del 14 de diciembre de
2021, a través del cual el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Riohacha negó las pretensiones de la demanda de reparación directa con
radicado 44001-33-40-003-2017-00047-01, promovida por los accionantes contra
la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Demandantes: Edilberto José Altamar Arrieta y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de La Guajira
Rad: 11001-03-15-000-2023-05114-00

En concreto, solicitaron a esta Corporación:

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales de mis representados al
debido proceso y al de acceso a la administración de justicia, En
consecuencia, dejar sin efectos la sentencia del 15 de marzo del año 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de la Guajira dentro del proceso de
reparación directa radicado bajo el número 44-001-33-40- 003-2017-00047-
01, mediante la cual se confirmó la sentencia de primera instancia proferida el
día 14 de diciembre de 2021 por medio de la cual el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito judicial de La Guajira negó las pretensiones de la
demanda, orientadas a que se le declarara administrativa y
extracontractualmente responsable de los perjuicios morales y materiales
ocasionados a los demandantes, con motivo de las lesiones corporales
sufridas por el señor EDILBERTO JOSE ALTAMAR ARRIETA, en hechos
ocurridos el día 19 de marzo de 2016 en jurisdicción del municipio de Maicao
(Guajira), incurrió en defecto fáctico por indebida valoración del material
probatorio.

SEGUNDO: Ordenar al Tribunal Administrativo de La Guajira, que dentro del
término que para el efecto se señale, dictar la sentencia de remplazo, por
medio de la cual, se revoque la de primer grado proferida en el proceso de
reparación directa incoado por EDILBERTO JOSE ALTAMAR ARRIETA y
Otros, radicado número 44-001-33-40-003-2017-00047-01 y se declare la
responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación - Ministerio de
Defensa Ejército Nacional, conforme a los lineamientos que su señoría
indique en el fallo que conceda este amparo constitucional. 1

2. Hechos

Los accionantes narraron los siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala,
resultan relevantes para la decisión que se va a adoptar dentro del presente
asunto.

Mencionaron que el 1º de abril de 2016, aproximadamente a las 8:30 de la noche,
el señor Edilberto José Altamar Arrieta se encontraba en el domicilio de su
sobrino, el señor Yainer de la Rada, quien residía en el municipio de Maicao y que
en ese instante se encontraba en un local comercial frente a la vivienda.

Refirieron que mientras departían en la terraza de la casa, uniformados de la
Policía Nacional irrumpieron en el referido establecimiento con la intención de
aprehender a su sobrino.

Indicaron que el señor Altamar Arrieta se subió en la camioneta de la Policía
Nacional intentando reclamar el celular de su familiar, pero uno de los uniformados
lo agarró del cuello y le propinó un golpe en la boca.

Resaltaron que su esposa, la señora Nuris del Carmen Romero Avilés, se
interpuso e intentó forcejear con ellos, pero fue empujada por el uniformado, quien
empezó a disparar al interior del establecimiento comercial al ver que las personas

1
Transcripción literal con énfasis del texto original.
2

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que se encontraban allí le lanzaban objetos contundentes.

Manifestaron que uno de los disparos impactó en la pierna del señor Altamar
Arrieta y tuvo que ser trasladado por sus familiares hasta las instalaciones de la
Sociedad Médica Clínica de Maicao S.A., en donde le brindaron los primeros
auxilies y posteriormente fue diagnosticado con “fractura abierta grado 3 diafisaria
distal fémur derecho”, razón por la cual tuvo que someterse a una cirugía el 24 de
abril siguiente.

Afirmaron que fue sometido a evaluación por parte de la Junta Regional de
Calificación de Invalidez del Cesar, en la que se estableció una pérdida de
capacidad laboral del 28,75%.

Sostuvieron que presentaron demanda de reparación directa contra la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, con el fin de que se le declarara
administrativa y patrimonialmente responsable de los perjuicios causados al señor
Edilberto José Altamar Arrieta y a su familia.

Informaron que el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Riohacha,
mediante sentencia del 14 de diciembre de 2021, negó las pretensiones del medio
de control al determinar que, aunque estaba demostrado el daño, éste no era
imputable a los agentes de policía pues no existía prueba alguna que acreditara
que los uniformados habían accionado sus armas de dotación.

Señalaron que interpusieron recurso de apelación contra la anterior decisión, bajo
la tesis de que la autoridad judicial debió aplicar el régimen jurídico de
responsabilidad objetiva, comoquiera que las lesiones fueron causadas en medio
de un operativo policial.

Advirtieron que el Tribunal Administrativo de La Guajira, a través de fallo del 15 de
marzo de 2023, confirmó en su integridad la sentencia de primera instancia con
base en los mismos argumentos.

3. Sustento de la vulneración

Según los accionantes, el Tribunal Administrativo de La Guajira vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y a la reparación de las víctimas.

Consideraron que la sentencia de segunda instancia incurrió en defecto fáctico por
valoración indebida de las pruebas allegadas al expediente y porque no se estudió
el caso bajo el régimen de responsabilidad objetiva, a pesar de que el daño
provino de una actividad peligrosa a cargo del Estado como es el manejo de
armas.

Sobre el punto, alegaron que hubo un estudio defectuoso del material probatorio
presentado en el proceso, ya que se distorsionó su contenido y se le otorgó un
mérito persuasivo, apartándose de los criterios técnico-científicos y de los
postulados de la lógica, la ciencia y las reglas de la experiencia.

3

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Manifestaron que no se le debió otorgar valor probatorio al “Informe de Policía de
Vigilancia” del 19 de marzo de 2016, atinente al procedimiento de captura del
señor Yeiner Altamar y que daba cuenta del lanzamiento de objetos contundentes
contra los uniformados y disparos de los que presuntamente fueron víctimas.

Explicaron que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha
indicado que los informes de Policía Judicial carecen de valor probatorio2, según el
inciso final del artículo 319 de la Ley 600 de 2000, antiguo Código de
Procedimiento Penal.

Agregaron que la Sección Tercera del Consejo de Estado también ha establecido
la falta de valor de dichos documentos, debido a que no han sido objeto de
contradicción y el procesado no ha intervenido en su realización3.

Recalcaron que no se valoró en debida forma la denuncia penal presentada por la
señora Nuris del Carmen Romero Avilés, a pesar de que de allí estaba consignada
claramente la forma en que ocurrieron los hechos y demostraba el disparo hecho
con el arma de fuego de uno de los uniformados.

Alegaron que hubo una indebida valoración de las declaraciones rendidas por los
testigos, ya que excluyó por “sospechoso” el testimonio del señor Yeiner Altamar y
no aplicó las reglas de la sana crítica que deben gobernar el debate probatorio.

Comentaron que el juzgador le dio plena credibilidad al agente de policía Sergio
Prada, quien aseguró que no había accionado su arma, simplemente porque no
fue tachado de falso, lo cual demuestra que no hubo un análisis riguroso del
conjunto de las pruebas.

Insistieron en que los testimonios traídos al proceso demuestran la
responsabilidad de la parte demandada, puesto que las declaraciones rendidas
por Yeiner Altamar y Kendris Fernández son consistentes en afirmar que uno de
los uniformados que participó del operativo disparó su arma de dotación contra la
humanidad del señor Edilberto José Altamar Arrieta.

Sostuvieron que dicha valoración defectuosa ocasionó que el Tribunal
Administrativo de La Guajira no diera por probado el daño en cabeza de la
administración, lo cual hubiera llevado a que el caso fuera estudiado bajo el
régimen de responsabilidad objetiva.

4. Trámite de la acción de tutela

A través de auto del 21 de septiembre de 2023 se inadmitió la solicitud de amparo
con el fin de que la parte actora aportara el poder conferido al abogado por los
señores Domingo Altamar Berrío y Esperanza Arrieta Rivera, así como el registro

2
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia SP12772-2015. Radicado No.
39419. M.P. José Leonidas Bustos.
3
Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 2 de julio de 2019. Radicado
No. 76001-23-31-000-2006-03646-01 (47330). M.P. Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
4

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civil del menor representado por el señor Edilberto José Altamar Arrieta, para
determinar su edad y parentesco.

Cumplido el requerimiento anterior, mediante providencia del 4 de octubre
siguiente se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar a los magistrados que
integran el Tribunal Administrativo de La Guajira.

Adicionalmente, se vinculó como terceros interesados en las resultas del proceso
al juez cuarto administrativo del Circuito Judicial de Riohacha, al ministro de
Defensa Nacional y al director general de la Policía Nacional.

Finalmente se dispuso la publicación de un aviso en el sitio web del Consejo de
Estado informando sobre la existencia de la presente solicitud de amparo.

5. Argumentos de defensa

Realizadas las notificaciones de rigor, se dieron las siguientes intervenciones:

5.1. Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Riohacha

La autoridad judicial indicó que el trámite impartido a la demanda de reparación
directa estuvo ajustado a derecho, ya que todas las decisiones adoptadas fueron
sustentadas en la ley y la jurisprudencia aplicables al caso concreto.

Sostuvo que la inconformidad de los accionantes no se enmarca en una indebida
valoración probatoria sino en resultado adverso a sus intereses.

Recalcó que tanto en primera como en segunda instancia se apreciaron las
pruebas que conformaron el proceso y se les dio el valor correspondiente.

5.2. Tribunal Administrativo de La Guajira

La magistrada ponente de la sentencia cuestionada aseveró que la acción no
cumple el requisito de relevancia constitucional, en cuanto se trata de disensos
propios de la dinámica del litigio y surgidos en curso de un debate en el que no se
afectaron garantías fundamentales, sino que se aplicaron de manera fundada
claros principios constitucionales.

Precisó que los argumentos planteados en el escrito de tutela son exactamente
iguales a los expuestos en el recurso de apelación contra el fallo de primera
instancia, relacionados con la indebida valoración del material probatorio y la falta
de aplicación del régimen objetivo de responsabilidad.

Adujo que la simple discrepancia respecto de la decisión adoptada no hace viable
la acción de tutela, pues se exige una carga argumentativa dirigida a señalar las
razones por las cuales se configura una de las causales específicas de
procedencia contra providencias judiciales, la cual no se avizora en la solicitud de
amparo presentada por los accionantes.

5

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Insistió en que la decisión censurada se adoptó de forma motivada y agotando
previamente el procedimiento previsto legalmente, por lo que el hecho de que los
actores no hayan resultado favorecidos en sus intereses no los habilita para
pretender que se abra una tercera instancia para estudiar nuevamente sus
pretensiones.

Por lo anterior, solicitó que se declare la improcedencia de la acción.

5.3. Policía Nacional

La jefe del Área Jurídica de la Secretaría General de dicha institución expresó que
dentro del proceso ordinario no se presentaron elementos de juicio que
permitieran demostrar que el daño reclamado por los accionantes era imputable a
la Policía Nacional.

Citó apartes de la sentencia controvertida y consideró que no se evidenciaba la
transgresión aludida por la parte actora respecto del análisis probatorio efectuado
por la autoridad judicial de segunda instancia.

Precisó que, aunque se probó la existencia del daño en la humanidad del señor
Edilberto José Altamar Arrieta, lo cierto es que no se allegó ninguna prueba que
acreditara con total certeza que un uniformado de la Policía Nacional hubiera
accionado el arma de fuego que causó el agravio.

Destacó que los demandantes estaban en la obligación de probar los supuestos
alegados, para llevar al juez la convicción sobre los hechos materia de
controversia, situación que no se dio en el proceso ordinario y que llevó a que se
negaran las pretensiones de la demanda.

Por lo anterior, solicitó negar el amparo solicitado al no vislumbrarse la vulneración
de los derechos fundamentales de los actores.

5.4. Ministerio de Defensa Nacional

No contestó la acción de tutela a pesar de que el contenido del auto admisorio le
fue notificado electrónicamente mediante oficio 109253 del 6 de octubre de 2023.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer en primera instancia la presente acción de
tutela, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991, el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto No. 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021,
y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2. Problema jurídico

Corresponde en este caso determinar si, tal y como lo argumenta la parte actora,

6

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el Tribunal Administrativo de La Guajira desconoció sus derechos fundamentales
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la reparación de las
víctimas, con ocasión de la sentencia del 15 de marzo de 2023, que confirmó el
fallo del 14 de diciembre de 2021, a través del cual el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Riohacha negó las pretensiones de la
demanda de reparación directa con radicado 44001-33-40-003-2017-00047-01,
promovida por los accionantes contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Policía Nacional.

Para el efecto, se deberá establecer si la providencia cuestionada vulneró las
garantías constitucionales de la parte accionante por incurrir en defecto fáctico, al
concluir que no existía prueba de que el daño causado al señor Edilberto José
Altamar Arrieta era imputable a las entidades demandadas.

En tales condiciones, se revisarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la
Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente, de encontrarse
superados, (iii) el fondo del asunto.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en fallo del treinta y uno (31) de julio de dos mil doce
(2012)4, mediante el cual unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía
sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales5,
conforme al cual:

“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el
criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido
el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes
y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-
10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y
se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el
estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros
fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.”6.

La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de
tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de
tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de

4
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
5
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
6
Idem.
7

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unificación.

Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues
la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento
jurisprudencialmente…”.

En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la
protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 de la Carta y,
por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial
no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia7 a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir
cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -procedencia
sustantiva- y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto -
procedencia adjetiva-.

En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que el asunto
sea relevante desde el punto de vista constitucional, ii) que no se trate de tutela
contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los
requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos requisitos, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa,
motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Se resalta que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
“tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

4. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva – Relevancia
constitucional

Para comenzar por el estudio de los parámetros esenciales de viabilidad de la
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales, la Sala encuentra que el
caso objeto de estudio no es relevante desde el punto de vista constitucional, por
cuanto al revisar el escrito que dio origen a la acción de tutela se puede colegir
que la parte actora pretende reabrir el debate zanjado por el juez ordinario por no

7
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
8

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estar de acuerdo con la valoración probatoria efectuada en segunda instancia, sin
que sea posible establecer una verdadera vulneración de garantías del orden
superior como lo son los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia y a la reparación de las víctimas

Esto, de conformidad con la postura fijada por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-215 de 2022, a través de la cual se unificaron los criterios respecto
del precitado presupuesto.

En el mencionado fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un
mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «…el juez de
tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada
señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo
de la providencia reprochada’. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una
providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo
en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre…».

El Alto Tribunal Constitucional consideró que la acción de tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo
cuestionado, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una instancia
adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las
normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada Corporación precisó que las finalidades de este requisito son
las siguientes:

«(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal8» (Énfasis de la Sala).

Así mismo, luego de abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo
que reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia
constitucional, la Corte consideró que el mecanismo de tutela no cumplía con este
postulado, en estos eventos:

i) Cuando no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental,

ii) Cuando involucra un debate eminentemente legal,

iii) Cuando plantea una discusión preponderantemente económica y,

8
Sentencia SU 573 de 2019.
9

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iv) Cuando no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se
demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.

En el caso objeto de estudio, los accionantes alegan la configuración de un
defecto fáctico por indebida valoración probatoria, bajo el argumento de que el
Tribunal Administrativo de La Guajira concluyó erróneamente que no estaba
demostrado que el daño causado en la humanidad del señor Edilberto José
Altamar Arrieta era imputable a la Policía Nacional, circunstancia que llevó a que
no se estudiara el caso bajo el régimen de responsabilidad objetiva.

Lo anterior, en contraposición con las pruebas documentales y testimoniales que
demostraban con claridad que el daño sufrido había sido causado por uno de los
uniformados al disparar su arma de dotación oficial contra el demandante.

Sin embargo, en el fallo cuestionado se hizo un análisis detallado del material
probatorio allegado al expediente y fue a partir de dicho estudio que se concluyó
que no existían pruebas suficientes de que las lesiones causadas al señor Altamar
Arrieta habían sido ocasionadas por algún miembro de la Policía Nacional, así que
lo único pretendido por los accionantes es volver a debatir los mismos hechos que
ya fueron objeto de pronunciamiento en el proceso ordinario, buscando obtener
una decisión favorable a sus intereses.

Según se tiene, con el fin de examinar la posible responsabilidad estatal en los
hechos que resultaron con las lesiones en la integridad del actor, la autoridad
judicial enunció la totalidad de las pruebas allegadas al expediente, así:

• Registro civil de nacimiento de Edilberto José Altamar Arrieta (Fl. 27)
• Registro civil de nacimiento de Rosibel Altamar Arrieta (Fl. 28)
• Registro civil de nacimiento de Yeimis Tatiana Altamar Arrieta (Fl. 29)
• Registro civil de nacimiento de Marilyn Altamar Arrieta (Fl. 30)
• Registro civil de nacimiento de Amarilis Altamar Arrieta (Fl. 31)
• Registro civil de nacimiento de Alberto José Altamar Romero (Fl. 32)
• Registro civil de nacimiento de María José Altamar Arrieta (Fl. 33)
• Registro civil de nacimiento de Jhon Freider Altamar Saez (Fl. 34)
• Registro civil de nacimiento de Karelis Yulieth Altamar Romero (Fl. 35)
• Registro civil de nacimiento de Jeisson José Altamar Saez (Fl. 36)
• Formato único de noticia criminal de fecha primero (1°) de abril de
2016, de la hoja 1 de 8 a hoja 4 de 8. (Fl. 37-49)
• Historia clínica No. 84070467 de José Edilberto Altamar Arrieta
expedida por la sociedad médica clínica Maicao SA. (Fl. 40-49)
• Concepto expedido por la junta regional de calificación de invalidez del
cesar, dentro del caso del paciente Edilberto José Altamar Arrietaen el
que se identifica como pérdida de la capacidad laboral 28.75%. (Fl. 50-
53)
• Poligrama número 096 de fecha 19 de marzo de 2016, en el cual se
consigna captura del señor Yeiner Jesús Altamar Arrieta (Fl. 91)
• Acta de derecho del capturado –FPJ6-(Fl. 92)
• Informe de policía de vigilancia en casos de captura en flagrancia –
FPJ-5-(Fl. 93-95)
• Oficio número 506 / MD. DEJPMMGDJ-J177IPM 41.12 (Fl. 96)

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• Testimonio de Sergio Prada Ortiz
• Testimonio de Kendris Fernández Reyes.
• Declaración de parte Yeiner Altamar Arrieta
Con base en el análisis de dichos elementos, el tribunal dio por probado que el
señor Altamar Arrieta fue impactado en su pierna derecha el 19 de marzo de 2016,
según la epicrisis diligenciada el mismo día por la Sociedad Médica Clínica Maicao
S.A., en la cual se consignó lo siguiente:

“Refiere paciente cuadro clínico de más o menos 20 minutos de evolución su
ingreso caracterizado por herida de arma de fuego a nivel de pierna derecho,
durante altercado con policía, con posterior, aumento de perímetro en pierna
y sangrado escaso, niega otra sintomatología asociada motivo por el cual
consulta.”

Así mismo, resaltó que el demandante fue valorado por la Junta Regional de
Invalidez del Cesar, autoridad que le dictaminó una pérdida de la capacidad
laboral del 28,75%.

Por tal razón, encontró acreditado el daño alegado por los accionantes,
consistente en las lesiones padecidas por el señor Aldemar Arrieta el 19 de marzo
de 2016 al ser impactado por una bala en su pierna derecha.

En consecuencia, consideró necesario estudiar si ese daño era imputable a la
Policía Nacional, para determinar si se le podía endilgar algún tipo de
responsabilidad a la institución demandada.

Para el efecto, analizó la denuncia presentada por la señora Nuris del Carmen
Romero Avilés, así:

En cuanto a las condiciones de tiempo, modo y lugar en que resultó herido el
señor Edilberto Altamar, reposa en el plenario la denuncia penal presentada
por la señora Nuris Romero, en la cual, narró los siguientes hechos:

Eso fue el 19 de marzo de 2016 siendo aproximadamente las 20:30 de la
noche, mi marido fue conmigo a llevarle una plata a mi sobrino Yainer de la
Rada, el vive en la carrera 8 con calle 36 barrio Ovidio Mejía, nosotros no
teníamos media hora de estar parados en la terraza de la casa del sobrino, de
pronto se presentó un carro grande la Policía y llegaron en moto también y se
metieron al billar que está al frente donde vive el sobrino mío, entonces se iban
a llevar a mi sobrino Yeiner Altamar lo montaron el carro (sic) entonces el
Edilberto José Altamar quien es mi marido salió a reclamarle los celulares al
sobrino que se iban a llevar y cuando el está pidiéndole los celulares Yainer se
sube a bajar el hermano del carro, entonces cuando el está arriba, un policía se
iba a subir a bajar a Yainer, entonces mi marido cogió al policía diciéndole que
se bajara y el policía se dio la vuelta, lo agarró por el cuello y le pegó una
trompada en la boca, cuando ellos están forcejeando yo corro a meterme,
entonces el Policía coge y me empuja y empiezan a disparar la gente que
estaba en el billar se le revolucionó a la policía y empezaron a tirarle cosas,
entonces un policía le apunta a mi marido y le dispara en la pierna. Ellos se
fueron y dejaron a mi marido ahí tirado. Preguntado: Tiene algo más que
agregar, enmendar o corregir a la presente diligencia. Respuesta: Si. Quiero
que citen al patrullero Deivis Pacheco y el Comandante Carlos Fernando
Martínez Quintero, que responda por la agresión que tuvo con mi marido,

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porque tenemos hijos pequeños que todavía dependen de él. (Fl 54 a 56,
Cuaderno Digital). (Negrillas fuera del original).
No puede perderse de vista que la denuncia penal presentada por la señora
Nuris Romero, es una prueba documental que, para efectos probatorios, tiene
un carácter eminentemente informativo y de prueba indirecta.

(…)

En relación con la denuncia presentada por la señora Nuris Romero,
conforme se indicó líneas atrás esta se valorará como prueba documental de
carácter eminentemente informativo. De manera que, de la citada denuncia
no puede desprenderse que los policiales accionaron sus armas de fuego,
mucho menos que la bala que impactó la humanidad del señor Altamar fue
disparada por un uniformado de la Policía.

Y es que, los hechos narrados en la precitada denuncia generan inquietud,
entre otras, porque cuenta que el señor Altamar fue atacado por un
uniformado que, supuestamente, le propinó un golpe en su rostro, no
obstante, en la historia clínica no se relacionan golpes en la integridad del
señor Altamar, lo que genera cuestionamientos sobre la veracidad de los
supuestos fácticos narrados.

Según lo anterior, el Tribunal Administrativo de La Guajira tuvo en cuenta la
exposición de los hechos planteada en la denuncia penal, pero consideró que de
ella no se desprendía claramente que los uniformados hubieran accionado sus
armas de dotación oficial contra la humanidad del señor Altamar Arrieta, máxime
cuando se trataba de una prueba documental de carácter informativa que, en todo
caso, generaba dudas sobre la verosimilitud de los sucesos narrados.

Ahora bien, en cuanto al testimonio de los señores Yeiner Altamar y Kendris
Fernández, transcribió sus declaraciones e indicó lo siguiente:

En cuanto hace al testimonio del señor Yeiner Altamar, se trata de un testigo
sospechoso debido al grado de parentesco con los accionantes, lo cual,
conduce a que su testimonio sea valorado con mayor rigurosidad. Así, de su
testimonio no se desprende en grado de certeza que agentes de la policía
nacional hayan utilizado sus armas de dotación oficial y disparado contra las
personas que se encontraban en el lugar de los hechos, pues, si bien relata
que hubo un cruce de disparos y que la comunidad recogió al menos tres (3)
casquillos, lo cierto es que no hay prueba alguna que soporte su dicho.

Por último, en relación con el testimonio de la señora Kendris Fernández, si
bien manifestó ser testigo presencial de los hechos y advertir cuando un
uniformado le disparó al señor José Altamar, no puede pasarse por alto que el
agente de policía Sergio Prada -cuyo testimonio no fue tachado de falso-
declaró que durante el operativo los policiales no accionaron sus armas de
dotación, y así lo repitió en al menos dos (2) oportunidades durante su
declaración.

De allí, se tiene que la autoridad judicial consideró que tales testimonios por sí
solos tampoco ofrecían certeza de si el impacto de bala recibido por el señor
Altamar Arrieta provenía de algún arma de los oficiales de policía, ya que no

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existían pruebas adicionales que pudieran corroborar las afirmaciones de los
testigos.

Esto, en contraste con el “Informe de Policía de Vigilancia” del 19 de marzo de
2016, en el que se detalló el procedimiento de captura y se indicó que la
comunidad intentó evitar la aprehensión del señor Yeiner Altamar lanzando
objetos contundentes contra los uniformados e incluso realizando varios disparos
contra los agentes.

Por tal razón, el Tribunal Administrativo de La Guajira concluyó que no estaba
acreditado que los oficiales hubieran accionado sus armas durante el operativo y,
por ende, que no se acreditaba la existencia de un nexo de causalidad del cual
pudiera desprenderse la responsabilidad del Estado en el daño sufrido por el
señor Altamar Arrieta.

Por lo mismo, en la sentencia no se encontró procedente aplicar el régimen de
responsabilidad objetiva, ya que para ello debía demostrarse en primer lugar que
los uniformados sí habían efectuado los disparos, hecho que, como se expuso en
líneas anteriores, no se dio por acreditado.

Sobre el particular, en la sentencia se explicó:

De vieja data ha señalado el Consejo de Estado que en aquellos eventos en
los cuales el daño es producido con un arma de fuego, en principio,
debe aplicarse un régimen objetivo de responsabilidad bajo la teoría del
“riesgo excepcional”, sin embargo, el máximo Tribunal precisó que el
mencionado régimen se aplica -únicamente- respecto de los terceros que
resultaron lesionados, por ejemplo, en desarrollo del operativo policial, no así,
respecto de las personas al margen de la ley con las cuales se enfrentan las
fuerzas del orden, ni los delincuentes objeto de persecución, ni los familiares
de unos u otros.

“Cuando el causante del daño lo realiza utilizando un arma de fuego, que es un
objeto peligroso que crea un <<riesgo excepcional>> frente las demás
personas, tal circunstancia hace que resulte aplicable el régimen objetivo de
responsabilidad, a partir de la cual sólo puede exonerarse acreditando que no
causó en el daño, lo cual ocurre cuando acredita que éste fue generado por el
<<hecho exclusivo y determinante de la víctima>> o alguna causa extraña.
Sin embargo, es necesario precisar que el régimen objetivo de responsabilidad
derivado del uso de armas no se aplica en todos los casos, porque su
formulación se hizo sólo respecto de los terceros que pueden resultar
lesionados cuando el Estado haga uso de dichas armas. Y esta precisión
permite considerar, de entrada, que el círculo de garantía o de las personas
que podrían resultar amparadas con este fundamento de atribución de
responsabilidad tiene límites.”

Líneas más adelante indicó:

“Tratándose del Estado, no es el provecho que pueda reportarle el uso de un
instrumento peligroso ni la simple utilización sin obtenerlo, lo que lo hace
responsable; lo que lo hace responsable objetivamente y sin necesidad de
acreditar negligencia en el agente causante del daño es la probabilidad de

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causarle daños a los terceros con el uso de tales instrumentos y más que esto
su obligación de garantía de tales derechos.

La anterior precisión permite limitar el círculo de protección o de garantía a los
terceros que deben ser reparados, sin que puedan incluirse dentro del mismo a
(i) las personas que actúan al margen de la ley con los que se enfrentan las
fuerzas del orden del Estado, ni los delincuentes objeto de una persecución, ni
(ii) las personas que no forman parte de los terceros respecto de los cuales se
establece este régimen, como las personas que forman parte del círculo
privado o particular del agente, de su ámbito familiar, respecto de las cuales, si
se produce un accidente, la responsabilidad debe recaer exclusivamente sobre
él mismo.”

Ahora bien, para que resulte aplicable el régimen de responsabilidad en
comento debe probarse, cuanto menos, que los agentes de la fuerza
pública accionaron sus armas de dotación, pues, de lo contrario, no
resultaría posible aplicar el título de régimen especial.

“[E]n el asunto sub examine, encuentra la Sala que el testimonio de la señora
(...) no ofrece confiabilidad y su versión no genera convicción, al menos en lo
referente a la forma en la que ocurrió la lesión del actor y los autores de la
misma, por cuanto su dicho se contradice con pruebas técnicas que establecen
todo lo contrario a lo alegado por la declarante.(...) Adicionalmente, con los
testimonios rendidos por los señores (...) únicamente se puede concluir que en
el lugar se escucharon detonaciones, sin que se determinara su origen;
además, los otros agentes informaron que no utilizaron sus armas de dotación
y no obra reporte en relación con la munición empleada en ese operativo. Si
bien el señor (...) afirmó haber visto a los policías con sus armas de dotación en
las manos, este hecho no es suficiente para concluir que hubo disparos y que
fueron efectuados por agentes de la Policía Nacional (...) Por tanto, se concluye
que con las evidencias arrimadas al proceso no se puede establecer que la
lesión del señor (...) fue consecuencia de una acción u omisión de la Policía
Nacional.(...) [E]l tribunal de instancia condenó a la entidad demandada
dando aplicación al régimen objetivo del riesgo excepcional (...) No
obstante lo anterior, la Sala advierte que no es procedente su aplicación,
por cuanto en el proceso no se logró acreditar siquiera que los agentes
de la entidad demandada hubieran accionado sus armas en ejercicio de
una actividad peligrosa, por cuanto, se insiste, el testimonio de la señora (...)
única persona que afirmó haber visto disparar a los policías, perdió credibilidad
ante las inconsistencias que presentó en relación con la forma en la que el
actor recibió el disparo.
(...)
En el presente caso la Sala encuentra que tampoco se cumple con los
requisitos necesarios para su aplicación, por cuanto no se probó el menoscabo
del derecho del señor (...) por parte de agentes de la entidad demandada.
Finalmente, lo único que se acreditó en el proceso por parte de la actora, en
quien recaía la obligación de probar lo alegado, consistió en la alteración del
orden público en el sector del CAI (...) lugar al que acudió personal de apoyo
ante los ataques recibidos por el personal de la entidad demandada, con el fin
de recobrar el orden público, y la lesión padecida por el señor (...) sin que entre
ellas exista una relación que permita realizar la imputación de responsabilidad
a la demandada.” (Se resalta)

Ahora bien, al margen de la falta de carga argumentativa que se vislumbra en este
asunto en lo que respecta al yerro específico que se alegó, esta sección no
evidencia que la definición del régimen subjetivo, con el fin de estudiar la
imputación de la demanda contenciosa, se vislumbre como un aspecto que afecte

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las garantías constitucionales de los tutelantes, máxime cuando el tribunal
accionada, en el ejercicio de su autonomía9, sustentó la implementación del título
de imputación de falla en el servicio con diversos antecedentes de la Sección
Tercera del Consejo de Estado10.

De lo hasta aquí expuesto, se evidencia que en la decisión censurada se realizó
un análisis de los elementos probatorios allegados al expediente, los cuales, en
criterio de la autoridad judicial accionada, solo daban cuenta del impacto de bala
en la humanidad del señor Edilberto José Altamar Arrieta durante un operativo
policial, pero no otorgaban la certeza suficiente para establecer que el disparo
había sido efectuado por alguno de los uniformados, ya que no se aportaron
pruebas adicionales que pudieran corroborar las afirmaciones realizadas en la
denuncia penal o en los testimonios practicados en el proceso.

Así las cosas, resulta claro para la Sala que los reparos de la parte actora con la
valoración probatoria efectuada en segunda instancia solo demuestran su
inconformidad con lo resuelto por el ad quem por ser contrario a sus intereses.

Por ende, se advierte que la acción de tutela de la referencia no satisface el
requisito de relevancia constitucional, ya que no existe una argumentación
tendiente a demostrar la grave violación de los derechos fundamentales invocados
y solo se plantea un desacuerdo con el análisis probatorio, con el fin de que el juez
de tutela reevalúe la postura finalmente adoptada por el fallador natural de la
causa, circunstancia que es a todas luces improcedente.

Por lo mismo, el debate planteado por la parte actora no tiene la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de
un derecho fundamental, así que no es posible dar por acreditado este requisito de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

En ese orden de ideas, es evidente para la Sala que los argumentos presentados
con la demanda de tutela buscan reabrir una controversia que ya fue definida por
el juez ordinario, sin que de ellos se pueda verificar una posible vulneración de las
garantías fundamentales de los actores, más allá de la inconformidad que
presentan frente a la decisión que resultó contraria a sus intereses.

9
En este punto para resulta pertinente recordar lo dispuesto el 19 de abril de 2012 por la Sala
Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el que, en sentencia de unificación
proferida al interior del proceso con radicado interno 21.515, y en un caso por daños causados por
integrantes de la fuerza pública, se estableció que «en lo que se refiere al derecho de daños, el
modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen
en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso concreto, la construcción
de una motivación que consulte las razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la
decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado
cabida a la utilización de diversos títulos de imputación para la solución de los casos sometidos a
su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato
que imponga la obligación al juez de utilizar, frente a determinadas situaciones fácticas, un
específico título de imputación».
10
Consejo de Estado, sentencia del 23 de abril de 2008, expediente 16525, C.P. Mauricio Fajardo
Gómez […], Consejo de Estado, sentencia del 26 de mayo de 2016, expediente 39020, C.P. Carlos
Alberto Zambrano Barrera, […] sentencia de 29 de mayo de 2014, expediente 29882, C.P.Ramiro
Pazos Guerrero.
15

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En efecto, no se encuentra motivo alguno que permita realizar un estudio de fondo
en el caso concreto, debido a que la argumentación presentada por los
accionantes en su escrito de tutela no muestra de forma fehaciente en qué puede
consistir la vulneración de garantías de índole superior como lo son los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
reparación de las víctimas.

En consecuencia, como la discusión relacionada con la responsabilidad del Estado
frente al daño sufrido por el señor Edilberto José Altamar Arrieta ya fue definida a
través de los mecanismos ordinarios dispuestos para tal fin y no se evidencia una
problemática de carácter constitucional, no es posible que el juez de tutela se
inmiscuya en cuestiones que desbordan su competencia, de lo contrario, se
desnaturalizaría el carácter excepcional y especial de la acción.

Por lo tanto, al no estar acreditados los criterios fijados por la Corte Constitucional
en la sentencia SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito de
relevancia constitucional, ya que la solicitud de amparo solo pretende reabrir el
debate de instancia y no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental, la acción
de tutela será declarada improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela presentada por el
señor Edilberto José Altamar Arrieta y otros, de conformidad con lo señalado en la
parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

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OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

17

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