Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-05118-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-05118-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-05118-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
24 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN n.º 19
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001 03 15 000 2023 05118 00 (8275)
Demandante: Computel System S.A.S.
Demandado: Departamento de Cundinamarca
Temas: Causal de revisión del artículo 250.5 del CPACA. Nulidad de
la sentencia por vulneración del principio de congruencia
interna y ausencia de motivación.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Computel System
S.A.S. contra la sentencia de segunda instancia del 2 de marzo de 2022, proferida por
la Sección Tercera, Subsección B, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado.
ANTECEDENTES
Los hechos en que se fundamenta el recurso pueden resumirse de la siguiente
manera:
Que Computel System S.A.S. solicitó la nulidad de la Resolución 8795 del 23 de
septiembre de 2015, que revocó la Resolución 7930 de 31 de agosto de 2015 por la
cual se ordenó la apertura del proceso de selección abreviada por subasta número
SE.SIE-015-2015, así como el restablecimiento del derecho con la indemnización de
los perjuicios causados. Considerando ser el único oferente habilitado, pretendió la
indemnización del interés positivo y, en subsidio, que se condene a la entidad
demandada a título de daño especial. La Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca conoció del proceso.
Que Computel System S.A.S. reformó la demanda en escrito del 3 de noviembre de
2016. Adujo que la entidad demandada expidió acto de apertura en proceso de
selección abreviada por subasta para la adquisición de tabletas digitales y otros
equipos tecnológicos para instituciones educativas oficiales. Posterior al cierre y
recepción de cinco propuestas1, determinó en la evaluación que Computel System
S.A.S. era la única empresa habilitada para ejecutar el contrato; sin embargo, sin que
1 Se precisa que, según la redacción de los hechos a folio 4 del recurso extraordinario de revisión, se recibieron
cinco propuestas; no obstante, en la sentencia de segunda instancia y en el escrito de la reforma de la demanda
se sostiene la recepción de seis propuestas.
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mediara consentimiento de los proponentes o fundamento jurídico válido, revocó el
acto de apertura argumentando que el cambio en la ficha técnica tenía por efecto la
insatisfacción de la necesidad planteada con el proyecto.
Que Computel System S.A.S. debió ser la adjudicataria del procedimiento de
selección y, por el contrario, la terminación irregular del procedimiento le causó un
daño antijuridico y perjuicios. Expuso los siguientes cargos de nulidad: expedición
irregular, desconocimiento del debido proceso, falta de motivación, falsa motivación
y la máxima según la cual nadie puede beneficiarse de su propia culpa.
Que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió el litigio en sentencia del
8 de mayo de 2019. Declaró la nulidad del acto demandado por encontrarse
acreditados los cargos presentados y accedió al restablecimiento del derecho,
ordenando el pago de 20 salarios mínimos correspondientes a los costos en los que
incurrió el proponente para la elaboración de la propuesta. No obstante, negó el
perjuicio a título de interés positivo por considerar no probado que inevitablemente
la demandante resultaría adjudicataria en el proceso, pues no se acreditó que los
demás proponentes no subsanaron.
Que Computel System S.A.S. interpuso el recurso de apelación en contra de esta
decisión. Argumentó que tenía derecho a la adjudicación del contrato pues probó la
subsanación oportuna de la oferta, conducta que no adoptaron los demás
proponentes, por lo que era la única empresa habilitada. Solicitó que se le
reconozca el interés positivo, que se revise la negativa del Tribunal de pruebas
conducentes y pertinentes para demostrar los perjuicios y, en caso de no conceder
el interés positivo, que se modifique la tasación de perjuicios en primera instancia.
Que el Departamento de Cundinamarca también apeló la sentencia, solicitando se
revoque la decisión para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda. En
cuanto a la nulidad del acto administrativo, se opuso a lo decidido por el Tribunal
frente a los cargos de «expedición irregular o vicio del procedimiento» y «falsa
motivación». Añadió que no se tuvo en cuenta ningún criterio objetivo para la
tasación de la indemnización concedida.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado revocó parcialmente
la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia del 2 de
marzo de 2022. En su lugar, declaró la nulidad de la Resolución 8795 del 23 de
septiembre de 2015 y negó las demás pretensiones principales de la reforma de la
demanda.
La Sala planteó que el Departamento de Cundinamarca no se opuso a la totalidad
de cargos de nulidad a los que accedió el Tribunal Administrativo, de allí que la
ilegalidad del acto no variaría en segunda instancia pues, de revocarse la decisión
por las causales a las que aludió la entidad territorial −expedición irregular o vicio
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del procedimiento y falsa motivación−, la nulidad permanecería incólume respecto
de las que no fueron alegadas −desconocimiento del debido proceso−.
En cuanto al restablecimiento del derecho, sostuvo:
«28. 2) Ahora bien, no obstante confirmarse la decisión del Tribunal de declarar
la nulidad de la Resolución No. 8795 de 2015, la Sala revocará la condena
impuesta en primera instancia y, en su lugar, negará el restablecimiento
del derecho solicitado en las pretensiones principales de la reforma de la
demanda. Esta decisión será adoptada porque, dadas las particulares
condiciones bajo las cuales se habría desarrollado el proceso de selección
abreviada por subasta No. SE.SIE-015-2015 de haber este seguido adelante,
Computel System S.A.S. no hubiera sido titular de ningún derecho que
hubiese podido resultar lesionado en virtud de la expedición de la anulada
Resolución No. 8795 de 2015.
29. En efecto, está probado que Computel System S.A.S. habría subsanado
adecuadamente los documentos jurídicos que el departamento de
Cundinamarca le solicitó luego de efectuar la verificación jurídica, financiera y
técnica de su propuesta. Por el contrario, y si bien es cierto que el parágrafo
primero del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 –antes de la modificación
introducida por el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018– permitía que en las
subastas se produjera la subsanación de requisitos o documentos no
necesarios para la comparación de las propuestas “hasta el momento previo a
su realización”, no hay pruebas de que, hasta el momento de la revocatoria
del acto de apertura, los demás participantes del proceso de selección
abreviada por subasta No. SE.SIE-015-2015 hubieran subsanado los
requisitos técnicos habilitantes de sus propuestas que fueron solicitados
por la entidad. Esto último se ve reforzado por el dictamen pericial elaborado
por el tecnólogo en ingeniería electrónica y en ingeniería de sistemas Daniel
Antonio Galeano López, en el cual el experto concluyó (se trascribe):
[…]
30. A partir de lo expuesto, se extrae que, efectivamente, le asiste razón
Computel System S.A.S. cuando afirma que, hasta el momento de la
revocatoria del acto de apertura, “ninguna otra oferta habría resultado
habilitada”. Ante este escenario, de haberse seguido adelante con el proceso
de selección abreviada por subasta No. SE.SIE-015-2015, habría resultado
aplicable lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 2.2.1.2.1.2.2. del Decreto
1082 de 2015, norma esta que prevé varias reglas a tener en cuenta en los
procesos de selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios de
características técnicas uniformes por subasta inversa. Al tenor de la norma:
“[s]i en el proceso de contratación se presenta un único oferente cuyos
bienes o servicios cumplen con la ficha técnica y está habilitado, la
entidad estatal puede adjudicarle el contrato al único oferente si el valor
de la oferta es igual o inferior a la disponibilidad presupuestal para el
contrato, caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa”.
31. Con fundamento en lo anterior, y sin perder de vista las particulares
condiciones bajo las cuales se habría desarrollado el proceso de selección
abreviada por subasta No. SE.SIE-015-2015 de haber este seguido adelante,
y comoquiera que la parte demandante no hubiera sido titular de los
derechos a que su propuesta fuera valorada y a ser adjudicataria del
contrato –los cuales solo habría adquirido si la entidad hubiese optado
por adjudicarle el contrato–, la Sala revocará parcialmente la sentencia
apelada, exclusivamente en relación con la condena en ella impuesta»
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(énfasis fuera de texto).
Computel System S.A.S. presentó solicitud de aclaración y adición de la sentencia del
2 de marzo de 2022 con el ánimo de comprender los fundamentos de la decisión de
no realizar ningún reconocimiento económico. No obstante, la Subsección B negó la
solicitud en auto del 16 de agosto de 2022, argumentando que la solicitud parte de
una premisa equívoca: que la providencia recurrida reconoció «que Computel System
era la mejor propuesta» y que «de haber continuado con el trámite habría sido el
adjudicatario».
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
En ejercicio del mecanismo establecido en el artículo 248 del CPACA, la
demandante presentó recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de
segunda instancia citada, por las razones que pasan a enunciarse:
Que se configura la causal quinta del artículo 250 del CPACA, teniendo en cuenta
que existe nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación. Aduce que el fallo es incoherente e incongruente,
y carece de motivación suficiente, detallada y adecuada.
Que la decisión es contradictoria, pues inicialmente le asigna razón a Computel
System en cuanto a que, hasta el momento de la revocatoria del acto de apertura,
ningún otro partícipe del procedimiento habría resultado habilitado. De allí que, en
caso de haber continuado con el procedimiento de selección, la demandante habría
resultado adjudicataria con fundamento en el numeral 5 del artículo 2.2.1.2.1.2.2 del
Decreto 1082 de 2015. Luego, «En absoluta contradicción con lo anterior y sin ningún
análisis o explicación o motivación suficiente y detallada, concluyó que no había lugar a
ninguna indemnización […]». En síntesis, que la providencia no se ajusta al principio
de coherencia interna.
Que «[…] no resulta coherente declarar la nulidad de la actuación, sumado al hecho de
declarar probado que COMPUTEL era efectivamente la mejor oferta y que, de seguir
adelante el proceso, la Entidad debía adjudicárselo porque así lo permite la ley y, de manera
contradictora e incoherente, afirmar al mismo tiempo que COMPUTEL no hubiera sido titular
de ningún derecho que hubiese podido resultar lesionado en virtud de la expedición de la
anulada Resolución No. 8795 de 2015 y que, como quiera que la parte demandante no
hubiera sido titular de los derechos a que su propuesta fuera valorada y a ser adjudicataria
del contrato –los cuales solo habría adquirido si la entidad hubiese optado por adjudicarle
el contrato».
Que los únicos apartes de la sentencia que se refieren al restablecimiento del
derecho son los comprendidos en los acápites 28 y 31 −anteriormente citados− y
en estos se omite: i) una exposición detallada y precisa de las normas que
fundamentan la decisión, así como tampoco se referencia jurisprudencia o doctrina
relevante; ii) la adecuación típica de las normas al caso concreto; iii) la exposición
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de las razones positivas y negativas para apartarse del Tribunal en primera
instancia. En otros términos, no se cumplió con la carga argumentativa que requería
el problema jurídico y se incurrió en una clara ausencia de motivación.
Contestación al recurso extraordinario
El Departamento de Cundinamarca2 contestó el recurso oponiéndose a las
pretensiones de la demanda. Sostuvo que no se probó la existencia de una causal
de revisión de aquellas dispuestas en el artículo 250 del CPACA, por las siguientes
razones:
i) Según lo previsto en el artículo 24 del entonces aplicable Decreto 1510 de 2013,
el acto administrativo de apertura del procedimiento de selección abreviada por
subasta inversa es una decisión de carácter general que no atribuye derechos
concretos y particulares, por lo que no se requiere del consentimiento de los
proponentes interesados para proceder con su revocatoria.
ii) Durante el traslado de la evaluación, la Secretaría de Educación constató que la
ficha técnica −fundamento del estudio del sector− no correspondía con la ficha
técnica aprobada por el OCAD, es decir, aquella que sirvió como soporte de
viabilidad y aprobación del proyecto. Por lo tanto, se revocó la apertura del
procedimiento de selección para garantizar los principios de transparencia,
selección objetiva, igualdad y responsabilidad, pues de continuar con el trámite no
existía garantía de adquirir los elementos aprobados por el OCAD y, en
consecuencia, de satisfacer la necesidad planteada.
iii) No es cierto que la parte demandante era inevitablemente el adjudicatario en el
procedimiento de selección pues, conforme al cronograma, para finalizar el proceso
estaba pendiente la publicación del informe de los oferentes habilitados para la
subasta −programada para el 23 de septiembre de 2015−, la presentación sobre la
herramienta de subasta con los proponentes habilitados, el simulacro, la subasta
electrónica y la adjudicación −programada para el 28 de septiembre de 2015−.
Concepto del Ministerio Público
El señor Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa presentó el
Concepto No. 156/20233, solicitando se declare infundado el recurso extraordinario
de revisión. Luego de repasar los antecedentes del caso y los requisitos de
procedencia del recurso extraordinario de revisión, consideró los presupuestos para
la prosperidad del cargo basado en la inexistencia de motivación del fallo recurrido.
Sostuvo que el actor debe probar la carencia total de pronunciamiento sobre los
móviles de convencimiento fáctico y jurídico que el permitieron al juez tomar la
decisión. Advirtió el riesgo de imputar la carencia de motivaciones para controvertir
2 Índice 12 del aplicativo SAMAI.
3 Índice 14 y 15, ídem.
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las razones de lo resuelto, de allí que no es admisible acreditar el vicio de ausencia
de motivación señalando la deficiencia o insuficiencia de los motivos.
Propuso que, aunque el recurso se presentó oportunamente, no se acreditó el
cumplimiento de los requisitos jurisprudencialmente definidos para la prosperidad
de la revisión en el marco de la causal quinta del artículo 250 del CPACA.
Argumentó que la Subsección sí dio cuenta de las razones por las que la nulidad de
un acto administrativo no tiene como consecuencia necesaria y obligatoria el
restablecimiento del derecho y, adicionalmente, que el acto de apertura no confiere
derechos patrimoniales sino expectativas legítimas, por lo que no había lugar a
restablecer un derecho. En resumen, adujo que el razonamiento del ad quem fue
que la parte demandante solo gozaba del interés a que se valore o estudie su
propuesta, pero no ostentaba un derecho adquirido, tesis soportada en normas
legales y jurisprudencia.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Se debe resolver si se configura la causal de revisión alegada por la parte actora,
esto es, si la decisión recurrida es incoherente y carente de motivación. Para el
efecto, la Sala estudiará: i) generalidades del recurso extraordinario de revisión, ii)
la causal de revisión invocada en el recurso; y, finalmente, iii) el caso concreto.
Generalidades del recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de las
decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada. En términos del artículo 248 del
CPACA:
«Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra
las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».
El recurso tiene por finalidad invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que se
encuentra ejecutoriada y, de conformidad con las causales que establece el 250 del
CPACA, busca el restablecimiento del criterio de justicia material y la supremacía
de las garantías procesales, respecto de: i) decisiones judiciales que fueron
permeadas por circunstancias no conocidas al momento de proferir el fallo y ii) por
la ocurrencia de hechos delictivos o fraudulentos o por nulidades originadas al
tiempo de proferir la sentencia4.
Si bien el recurso extraordinario constituye un medio impugnativo que afecta el
principio de la inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas y, en consecuencia,
4 Consejo de Estado. Sala N°27 Especial de Decisión. Sentencia del 8 de marzo de 2024. Rad. 11001-03-15-
000-2023-01429-00.
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constituye una excepción al principio de la cosa juzgada, ello no implica que sea un
mecanismo que habilita una tercera instancia para discutir los problemas jurídicos
debatidos en sede ordinaria, para plantear nuevas interpretaciones del litigio, para
corregir los yerros probatorios que cometieron las partes ni para subsanar aquellas
situaciones que pudieron evitarse durante la gestión del proceso que dio origen a la
sentencia objeto de revisión.
En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del
recurso, es necesario que la causal invocada por el recurrente se encuentre
debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta
Corporación, el recurso extraordinario de revisión procede por especiales
circunstancias consagradas taxativamente en la ley5.
Causal de revisión invocada
El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión: «Existir
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación». De allí que, para que resulte procedente la causal en mención, debe
existir una sentencia ejecutoriada que ponga fin al proceso, bien sea que resuelva o
no el litigio de fondo. Además, contra esta decisión no puede proceder recurso de
apelación, pues de ser así este sería el medio idóneo para poner de presente
cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia.
Es preciso que la nulidad se desprenda de la sentencia objeto del recurso
extraordinario, es decir, que el vicio debe estructurarse en el momento procesal en
que se profiere la decisión judicial pues, de generarse por una situación ocurrida con
anterioridad que no fue oportunamente alegada, procedería su saneamiento. No
obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha aceptado como nulidad originada
en la sentencia la que, a pesar de presentarse en un momento previo a la emisión del
fallo, no pudo ser advertida por el afectado, quien tiene la carga procesal de demostrar
esta circunstancia6.
Respecto al requisito que constituye la esencia del numeral 5 del artículo 250 del
CPACA −que se configure una causal de nulidad−, se precisa que si bien, por regla
general los motivos de nulidad que afectan la sentencia están consagrados en el
artículo 133 del Código General del Proceso −8 causales−, la jurisprudencia del
Consejo de Estado se ha encargado de llenar dicha causal de contenido, en atención
a las múltiples interpretaciones que se generaban alrededor de la misma.
La Sala Plena del Consejo de Estado, en diferentes providencias, entre ellas,
sentencia de 31 de mayo de 2011, en el expediente con radicado número: 11001-03-
5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 21 de octubre de 1993. REV-
040.
6 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
el 3 de diciembre de 2019 (Sala Tercera Especial de Decisión; radicación 11001-03-15-000-2018-01235-00) y
el 3 de diciembre de 2019 (Sala Séptima Especial de Decisión; radicación: 11001-03-15-000-2012-00643-00).
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15-000-2008-00294-007 ha definido otros eventos en los que se configura la nulidad
en la sentencia, a saber:
«En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta
de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso
terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se
dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido
aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del
proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo
trámite correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad
superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente
de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte en el
proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de
ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en
estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la sentencia aparece
firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número
de votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece
completamente de motivación».
También se ha reconocido que la vulneración del derecho al debido proceso8 o el
principio de congruencia9 constituyen variables de la causal establecida en el
numeral 5 antes mencionado. De acuerdo con lo expuesto, por fuera de los
supuestos que dispone el artículo 133 citado, existen otras causas desarrolladas
jurisprudencialmente que comportan una anomalía respecto de la sentencia y que
podrían desvirtuar sus efectos de cosa juzgada.
Con todo, la concreción y extensión jurisprudencial de esta causal de revisión a
otros eventos insanables que implican la violación de derechos constitucionales y
procesales atiende, tal y como lo ha establecido este máximo órgano, a la misma
finalidad del recurso extraordinario de revisión: por un lado, permitir que decisiones
manifiestamente injustas sean examinadas, y por el otro, garantizar el principio de
seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones excepcionales
en las que la anomalía sea de tal relevancia constitucional que sin ella el fallo se
hubiera proferido en otro sentido10.
Principio de congruencia
Sobre la congruencia de la sentencia, el artículo 281 del CGP, prevé:
7 Al respecto pueden consultarse además las siguientes decisiones dictadas por esta Corporación: sentencia
del 8 de mayo de 2018, radicación 11001-03-15-000-1998-00153-01; sentencia del 7 de octubre de 2019,
radicación 11001-33-31-035-2008-00180-01(52615).
8 «[…] la violación al debido proceso constitucional en la sentencia puede ser causal de revisión. En este último
evento, corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice contrario a este derecho, puede configurar la
causal de revisión en comento» (Consejo de Estado. Sala Especial de Decisión N°. 26. Sentencia del 3 de
febrero de 2015. Rad. 11001-03-15-000-2011-01639-00).
9 «Ahora bien, la causal quinta del artículo 250 del CPACA también comprende la violación del principio de
congruencia cuando al accionado es condenado por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en
la demanda o por causa diferente a la invocada en ésta; también se configura en el evento que la sentencia no
se pronuncie sobre todos los puntos litigiosos objeto del debate (cifra petita)» (Consejo de Estado. Sección
Segunda. Subsección B. Sentencia del 7 de septiembre de 2018. Rad.11001-03-25-000-2014-00440-00(1452-
14).
10 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado. Sala Especial de Decisión N° 19. Sentencia
del 18 de agosto de 2020. Rad.11001-03-15-000-2017-02369-00.
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«Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los
hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan
probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá
solamente lo último […]».
Al respecto, la Sección Primera de esta Corporación, en sentencia del 25 de enero
de 201811, señaló que el principio de congruencia es entendido como el deber legal
que tienen los funcionarios judiciales de resolver un asunto puesto en su
conocimiento con fundamento en las pretensiones, las pruebas aportadas, las
normas aplicables y lo alegado por las partes, sin incurrir en fallos ultrapetita,
extrapetita o minuspetita12, como regla general.
Dicho principio tiene dos connotaciones: externa, cuando la decisión está en
armonía con lo pedido y alegado por las partes e interna, cuando existe coherencia
en lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la
providencia13. Al respecto, es importante destacar que, en caso de existir
incongruencia en cualquiera de ellas, para que pueda generar la invalidez de la
sentencia, esta debe ser de tal magnitud que no proceda solución diferente a su
nulidad. Sobre el particular, la Sala Plena de esta Corporación se pronunció en los
siguientes términos:
«[…] El juez de la revisión debe cuidarse de no incurrir en el error de confundir
la disconformidad que puedan tener los sujetos procesales frente a lo
argumentado y decidido en el fallo en cuestión, con la falta de armonía
sustancial que inexorablemente debe darse entre la parte motiva y la dispositiva
de la providencia, ya que en el primer supuesto, el recurso extraordinario debe
negarse, pues el mismo se estaría empleando para mimetizar tesis o razones
propias de los recursos ordinarios o de las discusiones de instancia, pero no de
las que por su naturaleza especial se requieren para este tipo de recursos
extraordinarios […]» (énfasis fuera de texto)14.
Motivación
11 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 25 de enero de 2018. Rad. 25000-23-41-000-2013-
00911-01.
12 Consejo de Estado. Sala N° 22 Especial de Revisión. Sentencia del 7 de abril de 2015. Rad. 11001-03-15-
000-2013-00358-00; Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 16 de agosto de 2002. Rad. 76001-23-
24-000-1997-04345-01 (12668): «[…] Cuando en una providencia judicial, no se respeta el principio de la
congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en reconocer un mayor
derecho que el invocado por el demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce un derecho que no ha sido
reclamado o cuando se reconoce un derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por una causa diferente
o deducida de hechos no alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre una de las
pretensiones».
13 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Rad. 50001-23-31-000-2002-
00198-02 (15770).
14 Consejo de Estado. Sala N° 22 Especial de Revisión. Sentencia del 7 de abril de 2015. Rad. 11001-03-15-
000-2013-00358-00.
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Sobre la motivación de la sentencia, el artículo 187 del CPACA15, prevé:
«Artículo 187.Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada.
En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un
análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y
doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones,
exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se
apliquen […]».
El deber legal de motivar las providencias judiciales es una reafirmación del principio
de legalidad, entendido como el sometimiento del Estado al Derecho. De allí que no
basta con decidir los litigios a cargo de la Jurisdicción, sino que es preciso explicitar
las razones fácticas y jurídicas que fundamentan las decisiones, en los términos del
artículo 187 antecitado, es decir, con brevedad y precisión, para garantizar los
derechos de los usuarios del servicio público de administración de justicia.
En cuanto a la nulidad de la sentencia con ocasión de la ausencia de motivación,
esta Corporación ha considerado:
«En relación con la nulidad originada en la sentencia por ausencia de
motivación, también la jurisprudencia de esta Corporación ha diferenciado la
falta absoluta de motivación de la deficiente o errada y, señala que únicamente
la carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de
derecho que le permiten arribar a una decisión, es motivo de revisión bajo la
causal sexta; que es improcedente con fundamento en dicha causal alegar
situaciones relacionadas con deficiencias en la motivación, con la estimación
errada de los hechos por parte del juez, con las pruebas o las normas jurídicas
aplicadas, con la falta de consideración de alguna de las pruebas etc, porque
de admitir tales reclamaciones se desconocería, abiertamente, el carácter
extraordinario del recurso, convirtiéndolo en otra instancia» (énfasis fuera de
texto)16.
En síntesis, para que prospere el cargo de nulidad por falta de motivación solo es
admisible que, efectivamente, la judicatura no haya especificado ninguna razón para
el fallo. No obstante, también la Jurisprudencia ha reconocido la configuración de la
causal de nulidad cuando la decisión «[…] se fundamenta en circunstancias
manifiestamente erróneas, incompletas o de actitudes dolosas»17. Por lo que resulta
más acertado referirse a la causal de nulidad por «carente o errónea motivación»,
como lo ha hecho el Consejo de Estado en recientes oportunidades18. En cualquier
caso, esto no supone una nueva oportunidad para controvertir la apreciación de los
hechos, las pruebas y las razones expuestas por el fallador.
Caso concreto
15 En sentido similar puede consultarse el artículo 280 del CGP.
16 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 20 de octubre de 2009. Rad.
11001-03-15-000-2003-00133-00. Si bien en la providencia se hace referencia a la causal «sexta», esta
corresponde al artículo 188 del derogado Decreto 1 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, norma
vigente para resolver el caso en cuestión.
17 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 26 de agosto de 2021. Rad. 11001-03-
25-000-2017-00852-00.
18 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 2 de agosto de 2023. Rad. 1101-03-26-
000-2019-00092-00 (64134).
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Verificado el expediente, se observa que la sentencia impugnada puso fin al proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho a partir de los argumentos expuestos por
las partes en el recurso de apelación. De entrada, la Sala advierte que declarará
infundado el recurso extraordinario de revisión, por las siguientes razones:
i) Existe una clara contradicción entre los cargos de nulidad de la sentencia que
propone el recurrente. Inicialmente, sostiene la completa ausencia de motivación,
en los siguientes términos: «Ningún argumento plasmó en la decisión la SUBSECCIÓN
B para justificar que el derecho a ser adjudicatario de COMPUTEL solo lo “habría adquirido
si la entidad hubiese optado por adjudicarle el contrato”. Tan clara y rotunda es la ausencia
de motivación que solo en ese párrafo y en una línea es que aparece tan novedoso y
sorpresivo argumento, que dio lugar al fracaso de las pretensiones».
Sin embargo, también discute la violación del principio de congruencia por falta de
coherencia interna, así: «[…] no existe armonía y concordancia entre las conclusiones
judiciales contenidas en la parte considerativa con la decisión plasmada en la parte
resolutiva de la sentencia».
Si la coherencia interna se entiende como la correspondencia lógica entre la parte
motiva y resolutiva de la providencia, entonces cuando se afirma que se incurre en
este vicio, implícitamente, también se reconoce que la sentencia fue motivada, que
dispone de una parte motiva, por lo tanto, no hay lugar a sostener que esta se
expidió carente de cualquier fundamento. En otros términos, cuando se sostiene la
contradicción entre los motivos y la decisión, se presupone que los primeros existen.
De allí que resulta incoherente proponer ambos cargos de nulidad respecto del fallo.
Esto, a su vez, devela el desacuerdo con las razones de la decisión, asunto que no
es objeto del presente trámite.
ii) No es cierto que el texto de la providencia sea incoherente o incongruente a nivel
interno. Específicamente, el recurrente señala que no existe armonía en la línea
argumentativa de la providencia, especialmente, estima sorpresivos y
contradictorios los acápites 28 y 31 del fallo. A continuación, se reconstruye el
razonamiento para evidenciar su coherencia.
En el numeral 28, la Subsección B de la Sección Tercera parte de la idea de que
confirmará la declaratoria de nulidad de la Resolución 8795 de 2015; no obstante,
advierte que negará el restablecimiento del derecho solicitado en las pretensiones
principales «[…] porque, dadas las particulares condiciones bajo las cuales se habría
desarrollado el proceso de selección abreviada por subasta No. SE.SIE-015-2015 de haber
este seguido adelante, Computel System S.A.S. no hubiera sido titular de ningún derecho
que hubiese podido resultar lesionado en virtud de la expedición de la anulada Resolución
No. 8795 de 2015». De este modo, en términos discursivos, la Sala anunció con
claridad el sentido del fallo y la razón principal de la decisión, esto es, que de
continuarse con el proceso no se hubiese consolidado ningún derecho objeto de
lesión.
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En el numeral 29, la Sala estima probado que Computel System S.A.S. habría
subsanado la propuesta en atención a los documentos solicitados posterior a la
evaluación preliminar. Así mismo, sostuvo que no había prueba de que, hasta el
momento de la revocatoria del acto de apertura, alguno de los demás proponentes
hubiese subsanado la propuesta. No obstante, añadió que el parágrafo 1 original
del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 permitía que en las subastas inversas se
subsanaran los requisitos habilitantes hasta el momento previo de la realización. De
allí que en el numeral 30, la Subsección reitera: «[…] efectivamente, le asiste razón a
Computel System S.A.S. cuando afirma que, hasta el momento de la revocatoria del acto
de apertura, “ninguna otra oferta habría resultado habilitada”», por lo que indica que
habría sido procedente aplicar el numeral 5 del artículo 2.2.1.2.1.2.2. del Decreto
1082 de 2015, según el cual, ante una única propuesta habilitada, es admisible
adjudicar el contrato a dicho proponente y omitir la realización de la subasta.
Sin embargo, lo anterior no supone que la oferta de Computel System S.A.S. era la
mejor, o que debió adjudicársele el contrato, como lo expuso la Subsección B en el
auto del 16 de agosto de 2022 que negó la solicitud de aclaración y adición de
sentencia. A juicio de esta Sala Especial, se trata de consideraciones con el carácter
de obiter dicta, que solo encuentran sentido a la luz de un razonamiento hipotético,
premisa para asignar acierto a los argumentos del recurrente. El carácter conjetural
o supuesto de las afirmaciones es el que conserva la coherencia del razonamiento,
y este se evidencia en la expresión «[…] de haberse seguido adelante con el proceso
de selección abreviada por subasta».
Por último, en el numeral 31 de la providencia se reitera la premisa inicial, contenida
en el numeral 28, esto es «[…] que la parte demandante no hubiera sido titular de los
derechos a que su propuesta fuera valorada y a ser adjudicataria del contrato», por lo que
no se evidencia la incoherencia a la que alude el recurrente. En síntesis, la tesis de
la Sala es clara en la sentencia y en la negativa a la aclaración.
iii) Descartada la incongruencia interna de la decisión y la ausencia total de
motivación, es preciso estudiar si esta «[…] se fundamenta en circunstancias
manifiestamente erróneas, incompletas o de actitudes dolosas». Sobre este asunto, se
observa que, de fondo, la inconformidad o incomprensión del recurrente versa en la
declaración de nulidad de un acto sin el respectivo restablecimiento del derecho.
Para la Sala Especial de Decisión, es claro que la Subsección, de forma sucinta y
precisa, aplicó una tesis jurídica según la cual, previo a la adjudicación del contrato
no se consolida ningún derecho en favor de los proponentes, tan solo meras
expectativas, por lo que revocó el restablecimiento del interés negativo concedido
en primera instancia. Sin embargo, esta idea no supone el apoyo de la providencia
en una circunstancia errónea o incompleta, entre otras razones, porque bien podrían
evidenciarse actos ilegales que no den lugar al restablecimiento de un derecho
subjetivo.
En consecuencia, la Sala Especial de Decisión declarará infundado el recurso.
De la condena en costas
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Con la expedición de la Ley 2080 de 2021, se modificó el artículo 255 del CPACA en
cuanto a la condena en costas en el marco del recurso extraordinario de revisión, en
los siguientes términos:
«ARTÍCULO 255. Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
(…)
Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al
recurrente».
En ese sentido, como las reformas procesales allí establecidas prevalecen sobre las
anteriores normas de procedimiento y el recurso extraordinario se presentó el 18 de
septiembre de 2023, esto es, cuando ya estaba rigiendo la nueva ley, la Sala
considera que es procedente la condena en costas en el caso particular toda vez que
se declaró infundado el recurso extraordinario de revisión.
Sin embargo, dado que esta disposición no aborda exhaustivamente la regulación de
la condena en costas, es necesario complementarla con lo establecido en los artículos
365 y 366 del CGP, los cuales se aplican por remisión dispuesta en el artículo 188 del
CPACA.
En este sentido, el numeral 8 del artículo 365 establece que «[s]ólo habrá lugar a
costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación».
Observa la Sala, para lo que aquí interesa, que en el presente caso se encuentra
acreditada la gestión del apoderado del Departamento de Cundinamarca a través de
la defensa ejercida en el escrito de contestación del recurso, actuación que por sí sola,
constituye una prueba suficiente para fijar, en su favor, agencias en derecho, ya que
se demuestra los gastos de representación judicial en que incurrió la parte vencedora.
Por tanto, para la fijación de agencias en derecho, el Despacho conductor del proceso
dictará un auto posterior, teniendo en cuenta la competencia asignada en el numeral
3 del artículo 366 del Código General del Proceso, una vez quede en firme la
sentencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Especial de Decisión Nº19, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
Computel System S.A.S con el fin de que se revise la sentencia del 2 de marzo de
2022, proferida por la Sección Tercera, Subsección B, de la Sala de lo Contencioso
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05118 00 (8275)
Administrativo del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado n.º 25000-23-36-000-2016-00707-02 (64.424).
Segundo: Condenar en costas a Computel System S.A.S, las cuales se liquidarán
por la Secretaría General de esta Corporación.
Tercero: Para la fijación de las agencias de derecho, una vez en firme la sentencia,
por Secretaría General de esta Corporación INGRESAR el expediente al despacho
del magistrado ponente para lo de su competencia.
Cuarto: Háganse las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI y
archívese el expediente del recurso extraordinario de revisión.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
(Ausente con permiso)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Firmado electrónicamente
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Firmado electrónicamente
NICOLÁS YEPES CORRALES
Firmado electrónicamente
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