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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-05127-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05127-00

Fecha
17 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05127-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA y, en consecuencia, DESVINCULAR de la presente acción de tutela a la Presidencia de la República, según lo expuesto en la parte motiva. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por el señor Dennis Cifuentes Amaya, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley. 17 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 03 15 000 2023 05127 00 Accionante: Dennis Cifuentes Amaya Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-05127-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

17 de noviembre de 2023

Radicación: 11001 03 15 000 2023 05127 00
Accionante: Dennis Cifuentes Amaya

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 05127 00
Accionante: DENNIS CIFUENTES AMAYA
Accionados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE
DEFENSA - POLICÍA NACIONAL

Tesis La acción de tutela es improcedente cuando se dirige
contra actos administrativos de contenido particular y
concreto, no se ha hecho uso de los medios de defensa
judicial correspondientes y no se acredita la ocurrencia de
un perjuicio irremediable.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Dennis
Cifuentes Amaya en contra de la Presidencia de la República y el Ministerio
de Defensa - Policía Nacional.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La parte actora promovió acción de tutela en contra de las precitadas
autoridades con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al
debido proceso, libertad de escoger profesión u oficio, libre desarrollo de

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Accionante: Dennis Cifuentes Amaya

la personalidad y derecho a la igualdad y no discriminación, y para ello
formuló las siguientes pretensiones 1:

“[…] Se ordene a la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, al
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y a la POLICIA
NACIONAL, me garantice la protección de los derechos
fundamentales y la protección a mi sagrada familia, adelantando
todos y cada uno de los procesos y procedimientos internos ante las
dependencias correspondientes, en aras de autorizar, gestionar,
tramitar, permitir, conceder y demás circunstancias conexas, en el
término de la distancia, mi solicitud de retiro, en aras de dedicarme
a ejercer otras actividades familiares y personales, tal y como
fueron expuestas, justificadas y evidenciadas en el presente escrito
de tutela y que además lo pueden hacer y/o recomendar sin
discriminación alguna […]”. [Mayúsculas, negrillas y resaltado del
escrito de tutela].

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que ingresó a la Policía Nacional en el grado de
patrullero por medio de la Resolución nro. 003064 del 14 de agosto de
2000 y posteriormente a la Escuela de Cadetes de Policía “General
Francisco de Paula Santander” alcanzando el grado de subteniente,
conforme con lo dispuesto en la Resolución nro. 3439 del 1 de junio de
2012. Agregó que tiene más de 25 años en la institución, período en el
que ha desempeñado diferentes cargos de forma profesional.

Manifestó que desde el año 2005 hasta el 2010 prestó sus servicios en el
esquema de seguridad del entonces presidente de la República, y que
desde el 2018 al 2022 también laboró en el esquema de seguridad del
presidente de esa época.

Señaló que mediante la Resolución nro. 4757 del 26 de julio de 2022,
expedida por la Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional, se
le otorgó comisión permanente de estudios en el exterior.

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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05127 00.
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Indicó que la “(…) referida situación se materializó, para adelantar el
programa de "INGLÉS INTENSIVO ELS LENGUAGE CENTERS", de acuerdo
al modificatorio No. 1 - contrato de prestación de servicios PN DINAE 80-
7-10022-22 vigente en la actualidad, en mi caso particular, en la ciudad
de Tampa - Florida (Estados Unidos), durante el término de un (1) año,
tal y como lo refiere el contrato en mención, entre el lapso de tiempo
comprendido entre el 1 de agosto de 2022 al 31 de julio de 2023 (…)”2.

Anotó que las autoridades accionadas autorizaron los gastos para su
desplazamiento y el de su familia; sin embargo, ello no implicó la
cobertura de todos los que se generaron. Por esa razón, aclaró que
asumió el pago de cánones de arrendamiento junto con la garantía de
depósito, los servicios públicos, la adquisición de un vehículo con su
correspondiente seguro, el pago de seguros médicos, créditos de
consumo, colegio para sus hijos menores, entre otros gastos esenciales
para cubrir sus obligaciones y las de su familia.

Sostuvo que ante el cambio de presidente y por una decisión arbitraria
adoptada por la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa
Nacional, comunicada por la Policía Nacional, la comisión de servicio
otorgada para un año fue cancelada cuando solo habían transcurrido
cuatro meses. Por tal motivo, y al haber adquirido compromisos
económicos para un año, solicitó licencia remunerada en procura de
continuar sus estudios y no perder el progreso académico que, al igual
que el económico, resultaba significativo.

Expuso que por medio de la Resolución nro. 04385 del 16 de diciembre
de 2022, el director general de la Policía Nacional le permitió seguir
adelantando el programa de "inglés intensivo en ELS Lenguaje Centers”
en la ciudad de Tampa, Estados Unidos, entre el 1 de enero de 2023 al
31 de junio de 2023, con la salvedad de que los estudios, la estadía y la

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permanencia e instalación en la precitada ciudad, debía asumirlos por su
cuenta.

Adujo que “(…) lo anterior, constituye una persecución laboral, así como
la evidente discriminación como represalia al haber trabajado con el
Gobierno anterior y también el hecho grave del detrimento a mi
patrimonio, una ofensa para mi familia y una desmotivación para
permanecer en una institución que me dio la espalda y me dejó a mi
suerte en lo Estados Unidos de Norteamérica, asumiendo la manutención
de mi familia y los gastos que generaba continuar con los estudios de
inglés intensivo en ELS Lenguaje Centers”, en la ciudad de Tampa - Florida
(Estados Unidos) que ya se habían iniciado, además incide como
pretenden afectar el derecho a mi asignación de retiro indudablemente
(…)”3.

Explicó que “(…) prueba de ello es que actualmente se encuentra vigente
y resulta exigible la póliza de cumplimiento No. 33-43-101010873
constituida el 29 de julio de 2022, con una vigencia entre el 01 de agosto
de 2022 y hasta el 13 de septiembre de 2023 por medio de seguros del
Estado, a fin de amparar el tiempo de la comisión y el doble del tiempo y
con alcance al mismo objeto del seguro, es decir, los estudios enunciados
(…) tales como "INGLÉS INTENSIVO ELS LENGUAGE CENTERS", de
acuerdo al modificatorio No. 1 al contrato de prestación de servicios PN
DINAE 80-7-10022-22, que se llevaría a cabo en la ciudad de Tampa -
Florida (Estados Unidos) (…)”4.

Señaló que el artículo 43 del Decreto 1791 de 2000 establece que quienes
sean destinados en comisión de estudios en lugares diferentes a los de la
Policía Nacional, están obligados a prestar sus servicios a la institución
por un tiempo mínimo equivalente al doble del que hubieren permanecido
en comisión. Resaltó que el parágrafo segundo del precitado artículo
exceptúa de dicha disposición, entre otros, al personal que se retire a

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radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05127 00.
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Ibidem.
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solicitud propia por razones especiales de orden institucional, aceptadas
por el Ministro de Defensa para el caso de los oficiales o la dirección
general de la Policía Nacional para el nivel ejecutivo, suboficiales y
agentes.

Afirmó que “(…) comoquiera que la comisión me fue concedida
inicialmente, pero REITERO QUE ME FUE REVOCADA Y DEBÍ ASUMIR LOS
GASTOS ECONÓMICOS EN DÓLARES QUE MI ESTADÍA Y LA DE MI
FAMILIA IMPLICABA, NO SE PUEDE CONSIDERAR QUE DEBO
PERMANECER EN SERVICIO POR EL DOBLE DEL TIEMPO DE LA LICENCIA,
SI LA MISMA FUE, INSISTO – REVOCADA (…)”5. (Mayúsculas originales).

Manifestó que, a raíz de su situación, el 1 de agosto de 2023 radicó
derecho de petición ante la Presidencia de la República por medio del cual
solicitó su retiro voluntario de la Policía Nacional, conforme con lo
dispuesto en los artículos 54, 55 y 56 del Decreto 1791 de 2000, alegando
el cumplimiento del tiempo requerido para obtener la asignación de retiro,
ya que cuenta con más de 25 años de servicio.

Indicó que, al no recibir respuesta a su solicitud en los términos
establecidos en la ley, interpuso acción de tutela para amparar su derecho
fundamental de petición, razón por la cual, por medio del oficio nro. GS-
2023-057237 DITAH-APROP-1.10 del 4 de septiembre de 2023, la Policía
Nacional negó su solicitud de retiro y le informó que debe permanecer en
la institución el doble de tiempo que estuvo en comisión de estudios en el
exterior y en licencia remunerada.

Alegó que su derecho fundamental al debido proceso está siendo
vulnerado porque su solicitud de retiro no surtió el trámite dispuesto en
la Ley 857 de 2003, en concordancia con el numeral 1 del artículo 55 y el
artículo 56 del Decreto 1791 de 2000, así como el artículo 7 del Decreto
1338 de 2015 y el artículo 3 del Decreto 414 de 2016.

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Accionante: Dennis Cifuentes Amaya

Anotó que “(…) de lo referenciado en la respuesta de la institución, se
aduce y señala que no es posible autorizar el retiro de la institución, en
virtud a que me fue concedida comisión de estudios y licencia
remunerada, haciendo una mixtura de figuras jurídicas de carrera, que
tienen connotaciones diferentes, aunado a que emite un pronunciamiento
desconociendo la realidad fáctica y normativa, al argüir que existen
razones especiales del servicio para obligarme a permanecer en servicio,
lo cual es totalmente errado, habida cuenta que no existe
pronunciamiento alguno del Gobierno Nacional sobre razones especiales
para no conceder los retiros del personal de la Fuerza Pública, pero me
enrostran situaciones que fueron revocadas y por lo tanto, no disfruté
(…)”6.

Argumentó que las autoridades accionadas tramitaron y adelantaron los
procedimientos internos y elaboraron los actos administrativos de retiro
por solicitud propia del personal de la institución que, como en su caso,
estuvieron en comisión de estudios y en licencia remunerada, por lo que
considera que hay un trato inequitativo pues a los demás sí se les permitió
el retiro. Al respecto, citó los casos de los intendentes jefes señores Alexis
Montenegro Rodríguez, Oscar Eduardo Soto Villota, Jaime Andrés Sánchez
Palacios y Carlos Andrés Díaz Gualtero.

Adicionalmente, expresó que en el caso de la señora teniente coronel
Nancy Yaneth Ramírez Vanegas, luego de surtir un trámite de amparo de
sus derechos fundamentales, fue retirada del servicio a solicitud propia
mediante la Resolución nro. 2277 del 9 de junio de 2023, decisión que
fue sometida al previo análisis de la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa Nacional para la Policía Nacional, y se resolvió que, en virtud a
la existencia de una póliza de garantía, se concedía el retiro.

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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 05127 00
Accionante: Dennis Cifuentes Amaya

Finalmente, en el acápite denominado “Perjuicio irremediable”, indicó que
“(…) sobre este tema, es evidenciable que no permitirme retirarme de la
Policía Nacional, a pesar de tener el tiempo suficiente para acceder a una
asignación de retiro, después de más de Veinticinco (25) años de servicio
a la sociedad y con la firme intención de dedicarme a preservar los
intereses de mi familia como núcleo fundamental de la sociedad,
garantizando así lograr educar y formar a mis dos hijos (…)”7.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 17 de septiembre de 20238 vía mensaje de
datos ante el Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados
Civiles, Laborales y de Familia de Bogotá que, por correo electrónico del
18 de septiembre de 2023 9 la reenvió a la Secretaría General de esta
Corporación y correspondió por reparto a la Sección Primera que por auto
del 25 de septiembre de 202310 la admitió, dispuso notificar 11 a la
Presidencia de la República y al Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional, como partes accionadas, y negó la solicitud de pruebas
documentales formulada en el escrito de amparo.

3.2. El 27 de septiembre de 2023, el accionante presentó recurso de
reposición 12 en contra del precitado auto, específicamente, frente a la
decisión de negar las pruebas solicitadas en el escrito de tutela.

7
Ibidem.
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05127 00.
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Ibidem.
10
Visto en el índice 6 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05127 00.
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Esta orden se cumplió el 27 de septiembre de 2023. Visto en el índice 9 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023
05127 00.
12
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05127 00.
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Accionante: Dennis Cifuentes Amaya

3.3. Por secretaría, mediante aviso fijado el 2 de octubre de 2023 13, se
corrió traslado a las partes del recurso de reposición por tres días y, el
asunto ingresó al despacho el 6 de octubre de 2023 14.

3.4. Por auto del 9 de octubre de 202315, se rechazó por improcedente el
recurso de reposición formulado por la parte actora.

3.5. La apoderada del Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República – DAPRE rindió informe 16 en el que solicitó que se desvincule
a dicha entidad del trámite tutelar, comoquiera que la petición de amparo
es improcedente debido a la falta de legitimación en la causa por pasiva
que existe y porque no se acreditaron los requisitos de procedencia de la
acción de tutela.

Expuso que las pretensiones del accionante están dirigidas a que se le
responda un derecho de petición respecto a la solicitud de retiro voluntario
de la Policía Nacional, por lo que la Presidencia de la República no es la
entidad competente para ello porque quien debe expedir la resolución
correspondiente es el Ministerio de Defensa Nacional.

Agregó que, verificado el sistema de gestión documental de la entidad, se
evidenció que no se había recibido ningún derecho de petición por parte
del accionante. En ese sentido, sostuvo que el DAPRE no ha cometido
ninguna omisión que permita al accionante reclamarle la tutela de sus
derechos fundamentales.

Adujo que la parte actora no acreditó el cumplimiento de los requisitos
establecidos por la Corte Constitucional para acudir a la acción de tutela
y desplazar el procedimiento ordinario que existe para su caso.

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Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05127 00.
14
Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05127 00.
15
Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05127 00.
16
Visto en el índice 12 y 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05127 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 05127 00
Accionante: Dennis Cifuentes Amaya

3.6. El Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional guardó silencio.

3.7. El expediente ingresó nuevamente al despacho el 26 de octubre de
2023 17.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 199118 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,19 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 2021 20, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
nro. 080 del 12 de marzo de 2019 21 proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.

4.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente 22:

4.2.1. Acorde con la hoja de vida del señor Dennis Cifuentes Amaya,
expedida por el jefe del Grupo Administración Historias Laborales y
Vacaciones de la dirección de Talento Humano de la Policía Nacional, se
evidencia que prestó el servicio militar en dicha institución desde el 31 de
enero de 1997 hasta el 31 de enero de 1998, que fue alumno ejecutivo

17
Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05127 00.
18
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”
19
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
20
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
21
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
22
Lo que se desprende de las pruebas aportadas por el accionante y el DAPRE.
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Accionante: Dennis Cifuentes Amaya

desde el 23 de agosto de 1999 hasta el 17 de agosto de 2000, que estuvo
en el nivel ejecutivo y que es oficial desde el 1 de junio de 2012 23.

4.2.2. Por medio de la Resolución nro. 4757 del 26 de julio de 2022,
expedida por la Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional 24,
resolvió lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 1. Destinar en comisión colectiva permanente de
estudios al exterior, a un personal de la Policía Nacional que a
continuación se relaciona, con el fin de adelantar el programa de
“INGLÉS INTENSIVO EN ELS LENGUAGE CENTERS”, de acuerdo al
modificatorio nro. 1 al contrato de prestación de servicios PN DINAE
80-7-10022-22, que se llevará a cabo en la ciudad de Tampa – Florida
(Estados Unidos de América), durante el lapso comprendido entre el
01 de agosto y el 15 de diciembre de 2022, inclusive; así:

[…]

Capitán DENNIS CIFUENTES AMAYA CC. 80.122.356

[…]”. [Mayúsculas y negrillas originales].

4.2.3. Mediante la Resolución nro. 4385 del 16 de diciembre de 2022,
expedida por el director general de la Policía Nacional de Colombia 25, se
dispuso:

“[…] ARTÍCULO 1. Conceder licencia remunerada al señor capitán
DENNIS CIFUENTES AMAYA (…) con el fin de continuar
adelantando el programa de “inglés intensivo” en ELS Lenguage
Centers, ubicado en la ciudad de Tampa – Florida (Estados Unidos),
a partir del 01 de enero hasta el 31 de junio de 2023.

ARTÍCULO 2. La totalidad de los costos del programa académico,
alojamiento, alimentación, tiquetes aéreos, transporte interno,
seguro médico internacional y gastos misceláneos serán asumidos por
el señor capitán DENNIS CIFUENTES AMAYA (…).

ARTÍCULO 3. El señor capitán DENNIS CIFUENTES AMAYA (…)
queda obligado a la prestación del servicio a la institución, por un
tiempo mínimo equivalente al doble al que permanezca en licencia
remunerada, en concordancia con lo indicado en el artículo 43 del
Decreto Ley 1791 de 2000 […]”. [Mayúsculas y negrillas originales].

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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05127 00.
24
Ibidem.
25
Ibidem.
10

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Accionante: Dennis Cifuentes Amaya

4.2.4. En comunicación radicada el 1 de agosto de 2023 ante la ventanilla
única de correspondencia y radicación de la dirección general de la Policía
Nacional, y dirigida al presidente de la República de Colombia 26, el señor
Dennis Cifuentes Amaya manifestó lo siguiente:

“[…] me permito informarle mi decisión de retiro por solicitud propia
de la Policía Nacional, amparado bajo los preceptos señalados en los
artículos 54, 55 y 56 del Decreto 1791 de 2000, así como las demás
normas aplicables, toda vez que obtengo tal derecho, al reuniesen
(sic) cabalmente los requisitos de tiempo y permanencia, ajustados
con los procedimientos y demás normatividad, así como aquellos
derivados de mi petición sobre el particular, ya que deseo emprender
un nuevo proyecto de vida familiar.

De igual manera señor Presidente, le solicito tenga a bien autorizar y
ordenar a quien corresponda, el inicio lo más pronto posible y con la
mayor celeridad del caso, de todos y cada uno de los trámites
inherentes al procedimiento adelantado para la elaboración,
expedición y posterior notificación del acto administrativo de retiro
[…]”.

4.2.5. Por medio del oficio nro. GS-2023-057237 DITAH-APROP-1.10 del
4 de septiembre de 2023 27, la jefe del Área Procedimientos de Personal
de la Policía Nacional dio respuesta a la solicitud de retiro presentada por
el señor Cifuentes Amaya, señalando:

“[…] se informa al señor capitán que, al haber sido destinado en
comisión colectiva permanente de estudios al exterior y
posteriormente haber solicitado una licencia remunerada, se
encuentra obligado a prestar sus servicios a la Policía Nacional, por
un tiempo mínimo equivalente al doble que permaneció bajo estas
dos situaciones administrativas, es decir, hasta el mes de marzo del
año 2025, fecha en la cual cesaría la obligación.

Luego entonces tenemos que la Policía Nacional al haberle permitido,
realizar estudios en el exterior, donde necesariamente estuvo
separado de sus funciones policiales desde el 01 de agosto de 2022
al 30 de junio de 2023, dedicado exclusivamente a obtener una
formación intelectual, devengando salarios, prestaciones sociales y
contabilizando sin interrupción el tiempo de la comisión de estudios y
la licencia como servicio prestado, para efectos de reunir requisitos
de ascenso, reconocimiento y pago de cesantías y asignación de
retiro, requiere de su permanencia en el servicio activo para que con
su aprendizaje adquirido en un segundo idioma se retribuya al

26
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05127 00.
27
Ibidem.
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Accionante: Dennis Cifuentes Amaya

cumplimiento de la misión Constitucional y Legal encomendada a la
Policía Nacional.

Así las cosas, resulta necesario indicarle que existen normas de
carrera establecidas para el personal que integra la Policía Nacional y
razones especiales del servicio que lo comprometen a permanecer en
servicio activo por el doble de tiempo que estuvo en comisión
colectiva permanente de estudios al exterior y licencia remunerada y
en consecuencia resulta legítimo para la institución abstenerse de dar
trámite a su solicitud de retiro voluntario, en la presente data […]”.

4.3. CUESTIÓN PREVIA

Para resolver la solicitud de desvinculación formulada por la apoderada
del DAPRE, la Sala observa lo siguiente:

(i) La acción de tutela se dirigió, entre otras autoridades, contra la
Presidencia de la República, (ii) de los hechos relatados en la solicitud de
amparo se evidencia que el actor indicó que en los períodos comprendidos
entre el año 2005 hasta el 2010, y desde el 2018 al 2022, prestó sus
servicios en el esquema de seguridad de la Presidencia de la República, y
(iii) la comunicación del 1 de agosto de 2023, por medio de la cual el actor
solicitó el retiro voluntario de la Policía Nacional estaba dirigida al actual
presidente de la República, bajo dicho contexto, la tutela se admitió, entre
otras autoridades, contra la presidencia de la República.

Sin embargo, de las pruebas aportadas se acredita que la solicitud de
retiro voluntario fue radicada por el accionante en la ventanilla única de
correspondencia y radicación de la dirección general de la Policía Nacional
y que, el oficio nro. GS-2023-057237 DITAH-APROP-1.10 del 4 de
septiembre de 2023 28, objeto de reproche en este trámite tutelar, fue
suscrito por la jefe del Área Procedimientos de Personal de la Policía
Nacional. Por lo tanto, es procedente la solicitud de desvinculación de la
Presidencia de la República.

28
Por medio del cual negaron al accionante la solicitud de retiro voluntario de la Policía
Nacional.
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4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo examen, el señor Dennis Cifuentes Amaya considera
que sus derechos fundamentales al debido proceso, libertad de escoger
profesión u oficio, libre desarrollo de la personalidad y derecho a la
igualdad y no discriminación, están siendo conculcados con ocasión del
oficio nro. GS-2023-057237 DITAH-APROP-1.10 del 4 de septiembre de
2023 29 expedido por la jefe del Área Procedimientos de Personal de la
Policía Nacional, que le negó la solicitud de retiro voluntario presentada.

Comoquiera que el hecho que presuntamente estaría vulnerando los
derechos fundamentales del actor radica en lo decidido en el precitado
acto administrativo, la Sala examinará si en este asunto la acción de
tutela es procedente de manera excepcional para proteger los derechos
fundamentales.

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela
sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable 30.

A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que “la acción
de tutela no procederá: cuando existan otros recursos o medios de
defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo
las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que la tutela solo
es procedente (i) cuando no exista otro mecanismo de defensa judicial;
(ii) si existe otro medio, la intervención del juez constitucional es
necesaria para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en

29
Suscrito por la jefe del Área de Procedimientos de Personal de la Policía Nacional.
30
Artículo 86 C.P.: “(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable (…)”.
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el que, la acción procederá de manera transitoria y, (iii) en el evento en
que los mecanismos de defensa judicial no resulten idóneos o eficaces
para lograr la protección de los derechos presuntamente vulnerados,
evento en el que procede de manera definitiva 31.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha explicado que, cuando la acción
de tutela está dirigida contra actos administrativos de carácter particular
y concreto, la excepcionalidad del recurso de amparo se torna
especialmente estricta, en tanto que no es el mecanismo idóneo para
atacarlos ya que, por su propia naturaleza, se encuentran amparados por
el principio de legalidad, “pues se parte del presupuesto de que la
administración al momento de manifestarse a través de un acto, debe
acatar las prerrogativas constitucionales y legales a la que se encuentra
subordinada. De allí que la legalidad del acto administrativo se presuma
obligando a demostrar a quien pretende controvertirlo que aquel se
apartó, sin justificación alguna del ordenamiento jurídico, debate que se
debe adelantar ante la jurisdicción contenciosa administrativa” 32.

Por ello, la Corte Constitucional ha determinado que la acción de tutela
no procede como mecanismo principal para la protección de derechos
fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la
expedición de actos administrativos, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable,
evento en el que el juez de tutela únicamente podrá suspender la
aplicación del acto administrativo mientras se surte el respectivo proceso
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo 33.

Bajo dicho contexto, el ciudadano que presenta una acción de tutela
contra un acto administrativo de contenido particular y concreto, deberá
demostrar que el amparo busca evitar la configuración de un perjuicio
irremediable, elementos que han sido fijados por la jurisprudencia
constitucional así: el perjuicio debe ser (i) inminente o próximo a suceder;

31
Corte Constitucional. Sentencia T- 332 de 2018.
32
Ibidem.
33
Ibidem.
14

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(ii) grave, esto es, que implique la afectación de un bien susceptible de
determinación jurídica, altamente significativo para la persona; (iii) que
requiera medidas urgentes para superar el daño y (iv) que las medidas
de protección sean impostergables 34.

En este evento, el accionante cuestiona el acto administrativo contenido
en el oficio nro. GS-2023-057237 DITAH-APROP-1.10 del 4 de septiembre
de 2023, emitido por la jefe del área de procedimientos de personal de la
Policía Nacional, que le negó su solicitud de retiro voluntario de la Policía
Nacional.

Por lo tanto, la Sala considera que la parte actora cuenta con un medio
idóneo y eficaz para controvertir la legalidad del referido acto
administrativo, dado que puede acudir ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho previsto por el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y
exponer los reproches a los que alude en el escrito de tutela e incluso en
dicho trámite puede solicitar las medidas cautelares que considere
pertinentes.

De otro lado, el accionante alega que la tutela es procedente para evitar
la configuración de un perjuicio irremediable, toda vez que “(…) es
evidenciable que no permitirme retirarme de la Policía Nacional, a pesar
de tener el tiempo suficiente para acceder a una asignación de retiro,
después de más de Veinticinco (25) años de servicio a la sociedad y con
la firme intención de dedicarme a preservar los intereses de mi familia
como núcleo fundamental de la sociedad, garantizando así lograr educar
y formar a mis dos hijos (…)”.

Sin embargo, en criterio de la Sala, tal argumento no constituye un
perjuicio irremediable, por las razones que pasan a explicarse:

34
Corte Constitucional. Sentencia T-318 de 2017.
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La Corte Constitucional ha definido el perjuicio irremediable como
el riesgo de consumación de un daño o afectación cierta, negativa,
jurídica o fáctica a los derechos fundamentales 35.

Igualmente, la Corte Constitucional ha sostenido que el perjuicio, para ser
irremediable, debe cumplir con las características de inminente, grave y
que las medidas adoptar sean urgentes e impostergables. Al respecto, ha
explicado cada uno de los elementos, así: “(…) el perjuicio debe ser
inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de
certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando
en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha
de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien
altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea
susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse
medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble
perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del
perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del
caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables,
esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de
evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable (…)” 36.

En ese sentido, la Sala considera que el argumento de la parte actora no
logra demostrar la ocurrencia de un perjuicio grave e inminente que
requiera de una medida de protección urgente, porque no basta con
afirmarlo, sino que es necesario que se expliquen y acrediten las razones
por las que se configura dicho perjuicio, lo que no se desprende de lo
afirmado por el actor en el escrito de tutela.

Conforme con lo expuesto, la solicitud de amparo es improcedente
comoquiera que, por regla general, no se trata del mecanismo judicial
para controvertir un acto administrativo de carácter particular y concreto,
y no se acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

35
Corte Constitucional. T – 033 de 2022.
36
Corte Constitucional. Sentencia T-451 del 15 de junio de 2010.
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En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por
no cumplir el requisito de subsidiariedad, por las razones aquí señaladas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA
POR PASIVA y, en consecuencia, DESVINCULAR de la presente acción
de tutela a la Presidencia de la República, según lo expuesto en la parte
motiva.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada
por el señor Dennis Cifuentes Amaya, de conformidad con lo expuesto en
la parte considerativa de esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los
términos señalados por la ley.

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Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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