Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05159-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05159-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-05159-00
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
13 de octubre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05159-00
Accionante: Juan Anselmo Usta Agámez
Se niega el amparo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C. trece (13) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05159-00
Accionante: Juan Anselmo Usta Agámez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Temas: Tutela contra providencia judicial / Pensión gracia / Docentes nacionales y
territoriales / Defecto fáctico / Defecto sustantivo /Se niega el amparo porque no se
demostraron los defectos alegados
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción de tutela presentada por Juan Anselmo Usta Agámez, a
través de apoderado judicial, contra la sentencia del 4 de mayo de 2023 proferida
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho adelantado bajo el expediente No. 23001-23-33-000-
2014-00235-01, en el que revocó la sentencia de primera instancia y se negaron las
pretensiones de la demanda.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015 y en el
Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05159-00
Accionante: Juan Anselmo Usta Agámez
Se niega el amparo
1.- El 19 de septiembre de 2023, Juan Anselmo Usta Agámez, a través de
apoderado judicial, presentó acción de tutela para obtener el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia
e igualdad, los cuales consideró vulnerados por la sentencia del 4 de mayo de 2023
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado bajo el expediente No. 23001-
23-33-000-2014-00235-01. La sentencia accionada revocó la decisión de primera
instancia que había accedido a las súplicas de la demanda y, en su lugar, negó sus
pretensiones.
2.- Como pretensiones, el accionante formuló las siguientes (se transcribe):
«1. Dejar sin efecto la Sentencia de segunda instancia proferida el 4 de mayo de 2023
por el Honorable Consejo de Estado Sala de los Contencioso Administrativo, sección
segunda, Subsección A, Consejero Ponente Gabriel Valbuena Hernández.
2. Como consecuencia, ordenar al Honorable Consejo de Estado Sala de los
Contencioso Administrativo, sección segunda, Subsección A, Consejero Ponente
Gabriel Valbuena Hernández, proferir una nueva sentencia ajustada a lo que en
derecho corresponda alineada a lo resuelto en esta acción de tutela.
3. Que se falle extra o ultra petita».
B. Hechos
3.- El accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:
3.1.- Es docente oficial y prestó sus servicios, así: (i) del 1º de marzo de 1972 al 31
de diciembre de 1979 (para un total de 7 años y 10 meses) como docente territorial
del Departamento de Córdoba; (ii) entre el 21 de enero de 1980 y el 30 de junio de
2000 (es decir, 20 años, 4 meses y 11 días) como docente nacional; y (iii) entre el
1º de julio de 2000 y el 2 de abril de 2014 sin solución de continuidad frente al
nombramiento anterior, como docente del Departamento de Córdoba.
3.2.- El 1º de abril de 2013 solicitó ante la UGPP el reconocimiento y pago de la
pensión gracia, la cual fue negada por medio de la Resolución RDP 001635 del 20
de enero de 2014, confirmada por las Resoluciones RDP 005557 del 18 de febrero
de 2014 y 005968 del 20 de febrero de 2014.
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Accionante: Juan Anselmo Usta Agámez
Se niega el amparo
3.3.- El accionante demandó a la UGPP en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho. Pidió que se anularan los actos administrativos y, a
título de restablecimiento del derecho, solicitó (i) que se reconociera a su favor la
pensión gracia, tomando como base de liquidación el salario devengado en el último
año de servicio y (ii) que dichas sumas fueran pagadas a partir del momento en que
cumplió su estatus pensional.
3.4.- En sentencia del 23 de junio de 2016 el Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Cuarta de Decisión, declaró la nulidad de los actos administrativos
cuestionados y ordenó a la UGPP reconocer y pagar la pensión gracia a favor del
accionante.
3.5.- Esta decisión fue apelada por la UGPP y en sentencia del 4 de mayo de 2023
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, resolvió revocar la
sentencia de primera instancia. Negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, pues consideró que el accionante no cumplió con los
veinte años de labor como docente territorial o nacionalizado.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- El accionante afirma que el el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia e igualdad, pues considera que esta incurrió (i) en un
defecto sustantivo por desconocer que no siempre los nombramientos en Centros
Educativos Pilotos dan la categoría de docente del nivel nacional, y (ii) en un defecto
fáctico al no tener por probado que los veinte años como docente oficial del nivel
territorial o nacionalizado fueron debidamente acreditados.
D. Oposiciones e intervenciones
5.- El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A (accionado) se opuso al
reconocimiento del amparo porque en la providencia atacada se estableció que el
accionante no logró acreditar el requisito mínimo de veinte años de servicio con
carácter territorial y/o nacionalizado. Dijo que este requisito no se cumplió porque
no es posible computar el periodo comprendido entre el 21 de enero de 1980 y el
30 de junio de 2000, pues la vinculación fue del orden nacional. Igualmente, señala
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Accionante: Juan Anselmo Usta Agámez
Se niega el amparo
que el accionante pretende que el juez de tutela vuelva a analizar argumentos y
pruebas que ya fueron debatidos en el proceso ordinario.
6.- El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, (vinculado)
remitió copia digital del expediente del proceso ordinario, pero no rindió informe.
7.- La UGPP (vinculado) señaló que el amparo debía declararse improcedente
porque el accionante pretendía discutir pretensiones económicas, que por demás
ya habían sido resueltas por el juez ordinario.
II. CONSIDERACIONES
8.- La Sala negará el amparo de los derechos fundamentales solicitado por el
accionante, pues no se configuraron los defectos alegados (defecto fáctico y
sustantivo).
E. Se encuentran satisfechos los requisitos generales que habilitan la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
9.- Los requisitos generales se cumplen pues: (i) el accionante indicó de manera
clara los hechos y las razones en que fundamenta la acción; (ii) el asunto es de
evidente relevancia constitucional porque se alega la vulneración de los derechos
fundamentales a la igualdad, debido proceso y al acceso a la administración de
justicia por la presunta configuración de un defecto fáctico y sustantivo; además los
reproches no pudieron ser planteados en el proceso ordinario, pues se originaron
en la sentencia de segunda instancia; (iii) se encuentra cumplido el requisito de
subsidiariedad porque el accionante utilizó todos los mecanismos judiciales a su
alcance para la protección de sus derechos fundamentales; (iv) la solicitud se
presentó en un término prudencial (inmediatez), puesto que la decisión de segunda
instancia se notificó el 25 de mayo de 2023 y la tutela se presentó el 19 de
septiembre de 2023, es decir, dentro del término de 6 meses precisado tanto por
esta Corporación1 como por la Corte Constitucional2; y (v) no se trata de una
decisión proferida en sede de tutela.
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Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01
(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Corte Constitucional, sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05159-00
Accionante: Juan Anselmo Usta Agámez
Se niega el amparo
10. Señala el accionante que la autoridad accionada incurrió en un defecto
sustantivo por considerar que la vinculación al Centro Experimental Piloto fue del
orden nacional y no territorial.
11.- Sin embargo, la Sala encuentra que la autoridad accionada no incurrió en el
yerro endilgado, pues a partir de la interpretación de la normativa aplicable concluyó
que esa vinculación sí fue del orden nacional y, por lo tanto, el periodo durante el
cual fue parte del Centro Experimental Piloto no es computable para efectos de
reconocer la pensión gracia. Al respecto, en la sentencia objeto de reproche se
consideró lo siguiente:
<<Al respecto, a diferencia de lo decidido por el a quo, para esta Sala no es posible
tener en cuenta el tiempo transcurrido entre los años de 1980 y 2000, en la medida
que este correspondió al orden nacional, situación que se explica a continuación:
Los Centros Experimentales Piloto (CEP) surgieron con la expedición del Decreto
88 de 22 de enero de 1976, por medio del cual se restructuró el sistema educativo
nacional y se reorganizó el Ministerio de Educación Nacional. En el artículo 18 de la
norma en mención, se estableció la creación de un CEP (…) con el fin de ejecutar
de manera descentralizada los programas de la Dirección de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente, Currículo y Medios Educativos.
Más adelante, con la expedición del Decreto 1816 de 24 de agosto de 1978, se
reglamentaron los CEP y se determinó, en su artículo 10, que «[e]l Ministerio de
Educación Nacional a través de la Dirección General de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente, Currículo y Medios Educativos, velará por el
cumplimiento y aplicación de las normas para el manejo y dirección de los Centros
Experimentales Pilotos que se organicen en todo el país», es decir, la cartera de
educación estaría a cargo de los ya mencionados CEP.
A través del Decreto 25 de 3 de enero de 1986 (por el cual se modificó el artículo 3.º
del Decreto 2762 de 198020), se reiteró que los CEP dependerán del Ministerio de
Educación, pero se aclaró que deberán coordinar su labor con las Secretarías de
Educación. (…)
Finalmente, a través de la Ley 60 de 1993, se ordenó incorporar a las estructuras y
a las plantas departamentales y distritales a los CEP, los cuales serían pagados con
el situado fiscal. El decaimiento de este programa sucedió con los artículos 111 de
la Ley 115 de 1994 y 20 del Decreto 709 de 1996, por medio de los cuales los CEP
se incorporaron a los Comités Territoriales de Capacitación de Docentes.
Luego de la recapitulación normativa realizada en los párrafos precedentes, es claro
que los Centros Experimentales Piloto (CEP) dependían directamente de la Nación
hasta la entrada en vigencia de la Ley 60 de 1993 cuando fueron incorporados a los
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05159-00
Accionante: Juan Anselmo Usta Agámez
Se niega el amparo
entes territoriales, aclarando que en ningún momento se habló de un cambio en el
tipo de vinculación de quienes se encontraban nombrados en los CEP, circunstancia
que ha sido tratada y reiterada por la jurisprudencia de esta sección en sentencias
de 25 de febrero de 2016, radicado 05001-23-32-000-2011-00946-01 (0512-2014),
y de 6 de mayo de 2021, con radicado 68001 -23-33- 000-2016-00286-01 (1579-
2019)>>.
12.- Como se advierte, la autoridad judicial accionada hizo un riguroso recuento
normativo del tipo de vinculación que surge con los Centros Experimentales Piloto
y concluyó, basada en la jurisprudencia de esta Corporación, que se trata de un
nombramiento del orden nacional. Esa interpretación fue razonable y conforme a
derecho, por lo que no se configuró el defecto alegado.
F. No se configuró el defecto fáctico alegado, pues la autoridad accionada hizo
una correcta valoración de las pruebas frente al requisito temporal para
acceder a la pensión gracia
13.- Tampoco se incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración de los
tiempos para acceder a la pensión gracia. La autoridad judicial accionada reconoce
que durante el periodo del 1º de marzo de 1972 al 31 de diciembre de 1979 (7 años
y 10 meses) el accionante laboró como docente territorial, por lo que ese término sí
debe contabilizarse a efectos de reconocer la pensión gracia.
14.- No obstante, como se acaba de aclarar, durante el periodo comprendido entre
el 21 de enero de 1980 y el 30 de junio de 2000 (20 años, 4 meses y 11 días) la
vinculación del accionante fue del orden nacional, ya que hizo parte de un Centro
Experimental Piloto. En consecuencia, este periodo no puede ser tenido en cuenta
para reconocer la pensión gracia, según la normativa aplicable.
15.- Por último, en la providencia accionada se señala que el periodo entre el 1º de
julio de 2000 y el 2 de abril de 2014 tampoco pudo ser tenido para reconocer la
pensión en cuestión, pues la vinculación que ocurrió durante ese lapso se dio sin
solución de continuidad ante el nombramiento anterior, lo que quiere decir que se
mantuvo su status de docente nacional:
<<Ahora, en cuanto al tiempo de servicio por este periodo, es decir, entre el 1.º de
julio de 2000 y el 2 de abril de 2014, se observa que el señor Juan Anselmo Usta
Agámez fue incorporado a la planta de personal del departamento de Córdoba y
posteriormente a la planta de personal del municipio de Montería, todo ello sin
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Accionante: Juan Anselmo Usta Agámez
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solución de continuidad, tal y como lo indicaron los decretos que determinaron tal
situación administrativa. Lo anterior, quiere decir que el nombramiento ocurrido por
disposición del Acuerdo 004 de 1.º de enero de 1980, por medio del cual fue
nombrado en el Centro Experimental Piloto de Córdoba, se mantuvo incólume.
Si bien es cierto que a través de los Decretos 4356 de 7 de junio de 2000, aclarado
por el Decreto 426 de 22 de junio de 2000, y 02 88 de 19 de julio de 2004, se
incorporó al señor Usta Agámez en la planta de personal docente del departamento
de Córdoba y del municipio de Montería, respectivamente, ello no corresponde a un
nuevo nombramiento y, por tanto, tampoco quiere decir que el tipo de su vinculación
hubiera variado.
Lo anterior resulta del análisis jurídico realizado a los mencionados actos
administrativos, los cuales fueron expedidos en aplicación de leyes y decretos que
modificaron la educación en Colombia.
Ejemplo de ello es el Decreto departamental 426 de 22 de junio de 2000, por medio
del cual se aclaró el acto que incorporó al demandante a la estructura orgánica del
departamento de Córdoba, señaló que se expidió en cumplimiento de la Ley 60 de
1993, que en su artículo 6.º señaló que «[E]l régimen prestacional aplicable a los
actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas
departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones
será el reconocido por la Ley 91 de 1989, », circunstancia que el mismo acto
administrativo reitera al precisar que «los funcionarios de los organismos a
incorporar deben ser igualmente incorporados a los cargos de la Planta de la
Secretaría de Educación, sin solución de continuidad».
Por su parte, el Decreto municipal 0288 de 19 de julio de 2004 se sustentó en los
artículos 7 y 34 de la Ley 715 de 2001, en los cuales se precisó que «los docentes,
directivos docentes y administrativos de los planteles educativos, que fueron
nombrados con el lleno de los requisitos, mantendrán su vinculación sin solución de
continuidad.» (Negrilla de la Sala), lo cual también fue puesto de presente en el
artículo 2.º del acto administrativo que indicó «La incorporación se realiza sin
solución de continuidad».
Bajo esa línea, las condiciones de la vinculación docente del señor Usta Agámez
Gutiérrez no se modificaron a pesar de los traslados e incorporaciones a la planta
departamental y municipal, pues el último nombramiento del que fue objeto se
efectuó por parte del Centro Experimental Piloto en 1980, el cual dependía del
Ministerio de Educación, de ahí en adelante se presentaron situaciones
administrativas (…), sin que ello afectara sus prestaciones salariales o régimen de
pensiones y cesantías, pues como quedó claro, la vinculación con la que venía antes
de la incorporación a la planta de personal docente se mantuvo incólume al no existir
ruptura del vínculo laboral>>.
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16.- Según se observa, la autoridad judicial accionada no desconoció las pruebas
allegadas e incluso señala que efectivamente el accionante se incorporó a la planta
de entidades departamentales y municipales. No obstante, concluye que lo anterior
no implica que esa vinculación haya sido del orden territorial, pues no hubo solución
de continuidad ante su nombramiento anterior, que fue del orden nacional.
17.- Ello, según la Ley 60 de 1993, artículo 6, que dispone que el <<régimen
prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y
las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989>>.
18.- Así las cosas, la autoridad judicial accionada concluyó que durante este último
periodo de tiempo el accionante mantuvo un nombramiento del orden nacional y se
rigió por el régimen prestacional de la Ley 91 de 1989, por lo que los tiempos
laborados no podían computarse para reconocer la pensión gracia. Esa valoración
se fundamentó en la ley aplicable y en la jurisprudencia de la Sección Segunda de
esta Corporación, que fue reiterada en la providencia objeto de reproche.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NIÉGASE el amparo de los derechos fundamentales invocados por
Juan Anselmo Usta Agámez, por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO: Si esta decisión no fuere impugnada dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación.
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Accionante: Juan Anselmo Usta Agámez
Se niega el amparo
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Ausente con permiso
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
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