Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05160-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05160-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-05160-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
14 de diciembre de 2023
Demandante: Myriam Bohórquez Flechas
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura -
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05160-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05160-01
Demandante: MYRIAM BOHÓRQUEZ FLECHAS
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DE BOGOTÁ Y OTRO
Temas: Derecho al descanso laboral. Vacaciones individuales de
funcionarios y empleados de la Rama Judicial.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial del Nivel Central contra el fallo de 2 de noviembre de
2023, por medio del cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
amparó los derechos fundamentales de la actora.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La señora Myriam Bohórquez Flechas, en nombre propio, presentó acción de
tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá y el Juzgado Tercero Penal
Municipal con Función de Conocimiento de la misma ciudad, al considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo digno, a la igualdad y al
descanso.
Lo anterior, por cuanto se le negó la concesión de un periodo de vacaciones en
su calidad de secretaria del citado despacho judicial, mediante la Resolución 01
de 15 de septiembre de 2023, con ocasión a que no era posible expedir el
certificado de disponibilidad presupuestal para designar el respectivo reemplazo.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la actora solicitó:
«PRIMERA: Se ordene a DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL BOGOTÁ-CUNDINAMARCA, que apropie las
partidas presupuestales que corresponden para el nombramiento de mi reemplazo
y emita el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal CDP para el
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Demandante: Myriam Bohórquez Flechas
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disfrute de mis vacaciones por el término de veintidós (22) días (a partir del 23 de
octubre de 2023).
SEGUNDA: Una vez cumplido lo ordenado a la DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL BOGOTÁ- CUNDINAMARCA se
ordene al JUZGADO 3 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE
CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ conceder las vacaciones a partir del 23 de octubre
de 2023 y durante 22 días.
TERCERA: Se exhorte a las autoridades respectivas, en este caso al CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA – SALA ADMINISTRATIVA y DIRECCION
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINITRACION JUDICIAL DE BOGOTA Y
CUNDINAMARCA para que en el futuro, esta situación no se vuelva a presentar, al
menos en mi caso, y se gestione a nivel nacional la apropiación de recursos para
designar en encargo a otra persona, para que los funcionarios y empleados de la
Rama Judicial puedan disfrutar de sus vacaciones sin interferir en la eficiencia de
la administración de justicia.»1
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
1.3. Hechos
La señora Bohórquez Flechas relató que desde el 31 de julio de 2012 se
desempeña como secretaria del Juzgado Tercero Penal Municipal con función de
Conocimiento de Bogotá y el 15 de agosto de 2023 solicitó que se le concediera
un periodo de vacaciones, a partir del 23 de octubre del presente año.
Narró que el titular del referido despacho solicitó a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá el respectivo certificado de
disponibilidad presupuestal para nombrar a su reemplazo y que no se viera
ostensiblemente afectado el servicio de la administración de justicia.
Indicó que dicha petición fue negada por medio del Oficio DESAJBOADO23-957
de 14 de septiembre de 2023, toda vez que en la Circular PSAC05-89 de 2005 se
dispuso que para despachos de más de tres servidores, incluido el juez, no se
aprobaría tal adición presupuestal.
Señaló que el juez Tercero Penal Municipal con Función de Conocimiento de
Bogotá negó su solicitud mediante la Resolución 01 de 15 de septiembre de
2023, con respaldo en la falta de los recursos necesarios para designar a una
persona que asuma sus funciones con la debida diligencia que se requiere.
1.4. Sustento de la vulneración
A juicio de la actora, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Bogotá desconoció sus derechos fundamentales al trabajo digno, al descanso
y a la igualdad, tras negar el certificado de disponibilidad presupuestal requerido
para nombrar a quien la reemplace durante sus vacaciones.
Destacó que el juzgado donde labora solo cuenta con cuatro servidores, incluido
el titular del despacho, así que el goce de las vacaciones no podrá darse en
1
Trascripción literal del original con posibles errores.
2
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ningún escenario, pues esto implica que los otros empleados asuman cargas que
no van a poder suplir, lo que afecta la correcta prestación del servicio de la
administración de justicia.
Citó sentencias2 de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado3
relacionadas con el alcance de los derechos en mención, a partir de lo cual
explicó que la acción de tutela era el mecanismo idóneo y eficaz para ventilar
esta controversia, ante la configuración de un perjuicio irremediable.
1.5. Actuación procesal en primera instancia
Mediante auto de 22 de septiembre de 2023, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, admitió la acción de tutela y ordenó notificar esta
decisión a la actora y como demandados al Consejo Superior de la Judicatura, al
director ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Bogotá y al juez
Tercero Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá.
Además, vinculó al director ejecutivo de Administración Judicial del Nivel Central,
por tener interés en el resultado del presente mecanismo constitucional.
Remitidas las respectivas comunicaciones4, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.1. Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Conocimiento de
Bogotá
El titular del despacho indicó que no vulneró los derechos fundamentales
invocados por la actora, pues está velando por el correcto desarrollo de la labor
de administrar justicia y de contar con la disponibilidad presupuestal efectuaría el
reemplazo provisional del cargo, sin generar traumatismos ni congestión judicial.
1.5.2. Consejo Superior de la Judicatura
La magistrada auxiliar de la Oficina de la Presidencia de la entidad solicitó su
desvinculación del presente trámite por carecer de legitimación en la causa por
pasiva, en atención a que no es la llamada a cumplir las órdenes que se dicten
para proteger las garantías constitucionales de la accionante, pues ello le
corresponderá es a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá
por tener la aptitud legal.
1.5.3. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá
El director ejecutivo de esta seccional pidió su desvinculación por no estar
legitimado en la causa por pasiva para dar cumplimiento a lo solicitado por la
tutelante, teniendo en cuenta que es el juez nominador quien tiene la
2
Entre otras, las providencias C-710 de 1996, T-837 del 2000, T-076 de 2001 y T-030 de 2015
3
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 12 de diciembre de 2018, M.P. Milton Chaves
García, rad. 08001-23-33-000-2018-00756-01.
4
Mediante oficios enviados por correo electrónico el 5 y 18 de octubre de 2023.
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discrecionalidad de programar los turnos de descanso de la planta de personal
que presta sus servicios dentro del despacho.
Así, adujo que no transgredió los derechos invocados por la señora Bohórquez
Flechas, pues la expedición de un certificado de disponibilidad presupuestal no
se encuentra autorizada para el nombramiento del reemplazo del empleado que
está en su periodo vacacional, pues tal requisito solo está previsto para los
funcionarios judiciales del régimen de vacaciones individuales.
Refirió que la acción de tutela no cumple el requisito de subsidiariedad, por
cuanto no es el mecanismo adecuado para que se dirima la controversia
planteada por la actora, quien debe cuestionar la legalidad del acto que le negó
las vacaciones en ejercicio de los medios de defensa judicial previstos para tal
fin, sin que se acreditara la existencia de algún perjuicio irremediable.
1.5.4. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central, pese a
que fue debidamente notificada5 de la existencia de la acción de tutela de la
referencia, no se pronunció.
1.6. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia de 2
de noviembre de 20236, amparó los derechos fundamentales al trabajo digno, a la
igualdad y al descanso de la señora Bohórquez Flechas y, en consecuencia,
resolvió:
«...SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que,
en el término de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
proceda a apropiar los recursos, para que la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá emita el certificado de disponibilidad
presupuestal para el remplazo por vacaciones de la señora Myriam Bohórquez
Flechas.
TERCERO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá que, una vez apropiados los recursos por parte de la Dirección
Ejecutiva, dentro de los cinco (5) días siguientes, proceda a emitir el certificado de
disponibilidad presupuestal para el pago de las respectivas vacaciones.
CUARTO: ORDENAR al Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de
Conocimiento de Bogotá que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá notifique
la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal a favor de la señora
Myriam Bohórquez Flechas para el disfrute de sus respectivas vacaciones, proceda
a proferir el acto administrativo en el que resuelva sobre la solicitud de vacaciones
individuales formulada por la accionante.»
Para arribar a dicha decisión, la subsección explicó que era plausible analizar la
acción de tutela como mecanismo definitivo por tratarse de un caso en el que se
negó el reconocimiento de las vacaciones con fundamento en la falta de
expedición del certificado de disponibilidad presupuestal, lo que implicaba un
perjuicio cierto e inminente.
5
Según la información visible en los índices 7 de Samai.
6
Notificada mediante correo electrónico enviado el 8 de noviembre de 2023.
4
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En ese sentido, advirtió que en los numerales primero y tercero de la Circular
PSAC11-44 de 2011 se estableció que el reporte que realizan los funcionarios
judiciales con el fin de disfrutar su periodo de descanso, se debe presentar ante
el Consejo Seccional de la Judicatura, Sala Administrativa y la Dirección
Seccional del respectivo distrito judicial, con el visto bueno del nominador.
Agregó que la Constitución y las normas internacionales protegen al accionante,
en tanto que la falta de descanso pone en riesgo sus condiciones físicas,
mentales e intelectuales, así que era necesario que se le permitiera su disfrute de
manera oportuna.
1.7. Impugnación
Por medio de escrito enviado por correo electrónico el 14 de noviembre del año
en curso, el abogado adscrito a la División de Procesos de la Unidad de
Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel
Central, impugnó la providencia de primera instancia al considerar que carece de
legitimación en la causa por pasiva.
Esto, por cuanto esa entidad no tiene la condición de nominador de la accionante
y si bien es cierto que se encarga de la ejecución, administración y
representación de la Rama Judicial, también lo es que la competente para
desatar el asunto es la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá.
Agregó que la acción de tutela es improcedente por estar dirigida intrínsecamente
contra un acto administrativo de carácter general y abstracto, como lo es la
Circular PSAC11-44 de 2011 y por no cumplir los requisitos para ser tenida como
un mecanismo provisional para salvaguardar un derecho fundamental.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
impugnación presentada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del
Nivel Central contra la providencia dictada por la Sección Segunda, Subsección A
de esta corporación, el 2 de noviembre de 2023, según lo previsto en los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20157, así como en el Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019.
2.2. Cuestión previa
El abogado de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central aludió que no
tenía legitimación en la causa por pasiva, debido a que no es el nominador de la
accionante ni actúa como ente pagador, así que no está facultado para conceder
o negar las vacaciones de la señora Bohórquez Flechas.
7
Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
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No obstante, esta petición será denegada por cuanto su vinculación resulta
importante en atención a que es la encargada de proveer los recursos necesarios
para que las direcciones ejecutivas seccionales expidan los certificados de
disponibilidad presupuestal requeridos para el nombramiento de reemplazos
durante las vacaciones de los empleados, que es precisamente el objeto de la
presente acción constitucional.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala verificar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la
decisión proferida en primera instancia, para lo cual se debe analizar si se
vulneraron los derechos fundamentales al trabajo digno, al descanso y a la
igualdad de la señora Bohórquez Flechas, al negarle el disfrute de sus
vacaciones bajo el argumento de no existir presupuesto para designar su
reemplazo.
Para resolver este problema, se observarán los siguientes aspectos: i)
generalidades de la acción de tutela y ii) análisis del caso concreto.
2.4. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política prevé el precepto constitucional según el
cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los
jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean
violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de
los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.
Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es
absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en
el artículo 6.º ibid., entre otros motivos, la relativa a la existencia de otros
mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se
alega amenazado o vulnerado.
2.5. Caso concreto
La actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales invocados, al
considerar que fueron vulnerados por cuanto la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá no expidió el respectivo certificado de
disponibilidad presupuestal para designar a la persona que la reemplace en el
cargo de secretaria durante el tiempo que disfruta de sus vacaciones, razón por
la que el juez Tercero Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá
le negó tal beneficio.
En primera instancia, se concedió el amparo solicitado por la accionante al
advertirse que era necesario adoptar las medidas necesarias para que se
garantizara el oportuno disfrute de sus vacaciones, dado que la falta de descanso
pone en riesgo sus condiciones físicas, mentales e intelectuales. Aunado a que el
Consejo Seccional de la Judicatura, Sala Administrativa y la Dirección Seccional
del respectivo distrito judicial, son los encargados de conocer esta clase de
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peticiones, con el visto bueno del nominador.
El abogado adscrito a la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central impugnó la
anterior decisión, con respaldo en que la acción de tutela se torna improcedente
debido a que se controvierte la legalidad de un acto administrativo de carácter
general y abstracto, como lo es la Circular PSAC11-44 de 2011 y por no cumplir
los requisitos para ser tenida como un mecanismo provisional para salvaguardar
un derecho fundamental.
Además, aclaró que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel
Central se encargaba de la ejecución, administración y representación de la
Rama Judicial, así que no tenía la condición de nominador de la señora
Bohórquez Flechas, de modo que no estaba en capacidad de conceder o negar
las vacaciones solicitadas.
De entrada, la Sala advierte que confirmará el amparo de los derechos
fundamentales al trabajo digno, al descanso y a la igualdad de la accionante, por
los motivos que se exponen a continuación:
De la revisión del material probatorio obrante en el plenario se constató que, en
efecto, el titular del despacho en el que trabaja la actora solicitó a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá el certificado de
disponibilidad presupuestal, pero mediante Oficio DESAJBOADO23-957 de 14
de septiembre de 2023 dicha entidad le informó que no era dable gestionar
recursos presupuestales para reemplazos por vacaciones de empleados
judiciales, así:
«Conforme a la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 20118, proferida por el
Honorable Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa, la cual derogó
las Circulares 44 y 89 de 2005, aunado al concepto DEAJRHO18-749 de fecha 5 de
enero de 2018 de la Unidad de Recursos humanos de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, es menester informar que la derogatoria aplica solo a las
limitantes frente a la expedición del CDP para funcionarios judiciales (entiéndase
funcionarios: Magistrados, Jueces y Fiscales – Art. 125 Ley 270 de 1996)
En ese orden de ideas, tratándose de la viabilidad de expedir CDP para personal
externo (provisionalidades en remplazo de empleados titulares de cargos del
despacho solicitante), con el fin de hacer el remplazo en las vacaciones de
EMPLEADOS TITULARES DE CARGOS, la situación fue regulada en un primer
momento por la Circular PSAC05-89 de 2005, proferida por la H. Sala Superior, la
cual dispuso que para Despachos judiciales de más de 3 servidores, incluido el
juez, no se expedirá certificado de disponibilidad presupuestal. No obstante, el
nominador deberá verificar la necesidad del servicio y redistribuir las cargas del
empleado que se le otorgue las vacaciones en los demás servidores que se
encuentren a su cargo.
En tal virtud, es necesario informarle que no es viable atender de manera positiva
su petición.»
8
«Asunto: “Programación de vacaciones de los funcionarios judiciales del régimen de vacaciones
individuales”.»
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«…consulta sobre viabilidad de conceder CDP para remplazo de vacaciones de empleados
juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad…».
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Por lo anterior, el nominador de la señora Bohórquez Flechas no le otorgó
permiso para descansar a partir del 23 de octubre de 2023, mediante la
Resolución 01 de 15 de septiembre del mismo año, pues tal derecho estaba
supeditado al aval de la dirección ejecutiva accionada, el cual debía ser allegado
al despacho para proceder a designar el reemplazo.
Así las cosas, se advierte que el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho previsto en el artículo 13810 de la Ley 1437 de 2011, es el
mecanismo que se tiene al alcance para controvertir los actos que niegan el
disfrute de las vacaciones, dentro del cual se puede solicitar el decreto de las
medidas cautelares en los términos de los artículos 229 y 230 ibíd., por lo tanto
es, en principio, el juez de lo contencioso administrativo el llamado a dirimir las
controversias que de éstos se derivan.
No obstante, la Sección Quinta11 señaló que en ciertos eventos las circunstancias
particulares del caso desbordan la eficacia de dicho mecanismo judicial para
precaver la eventual vulneración de derechos fundamentales, lo cual torna
imperiosa la intervención del juez constitucional como garante de su primacía
dentro del ordenamiento jurídico.
La razón de ello se justifica en que, para establecer la procedencia del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, la parte demandante debe
indicar que un acto particular y concreto vulnera un derecho subjetivo por incurrir
en alguna de las causales de nulidad previstas en el ordenamiento jurídico.
En este caso, los argumentos de la actora están dirigidos contra la decisión de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá pues, a su
juicio, la negativa de asignar presupuesto para nombrar su reemplazo es la que
evita que pueda acceder al disfrute del descanso remunerado.
De modo que las pretensiones de la tutelante están dirigidas específicamente a
que se ordene a dicha entidad realizar las diligencias necesarias para la
apropiación de las partidas presupuestales correspondientes para la designación
de su reemplazo y emitir el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal.
Entonces, no se puede colegir que lo pretendido por la accionante sea atacar la
legalidad del acto administrativo por medio del cual su nominador se abstuvo de
concederle las vacaciones, presupuesto indispensable para la procedencia de la
pretensión del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Quiere ello decir que el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho carecería de la idoneidad suficiente, dado que no le ofrecería a la
tutelante una solución a sus pretensiones, razón suficiente para que este juez
10
«Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho
subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá
solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en
el inciso segundo del artículo anterior...».
11
Entre otras, en las sentencias de 21 de abril de 2022, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad.
11001-03-15-000-2022-01630-00, 25 de septiembre de 2019, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio,
rad. 11001-03-15-000-2019-03992-00.
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constitucional sea competente para conocer el fondo de esta controversia.
Ahora bien, se encuentra demostrado que la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá expidió el Oficio DESAJBOADO23-957 de 14
de septiembre de 2023, en el que informó que no era posible expedir un
certificado de disponibilidad presupuestal para autorizar el nombramiento de un
reemplazo durante el tiempo de ausencia de la actora en su cargo de secretaria,
según lo previsto en la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011 de
Consejo Superior de la Judicatura.
Al respecto, la Sala advierte que el descanso debe entenderse como uno de los
derechos fundamentales del trabajador y constituye una condición mínima que
ofrece la posibilidad de que el empleado renueve la fuerza tanto intelectual como
física, para así proteger su salud y fortalecer su dedicación para el desarrollo de
sus actividades.
Es por esto que, impedir el goce del mencionado derecho con fundamento en
restricciones administrativas, no es una carga que la señora Bohórquez Flechas
deba soportar, pues jurisprudencial y legalmente se ha considerado que las
vacaciones constituyen una prerrogativa que tienen todos los empleados, por lo
que no puede ser trasgredido en función del servicio. Tan es así, que esta
corporación ha amparado el derecho fundamental al descanso en acciones de
tutelas con similares supuestos fácticos.12
Según se tiene, la accionante busca que se garantice el goce o disfrute material
del periodo al que tiene derecho por concepto de vacaciones que, por razones
de presupuesto y necesidad del servicio, no se ha materializado. Sin embargo,
los argumentos de la necesidad del servicio y la omisión de la dirección seccional
accionada de autorizar el rubro presupuestal correspondiente no son suficientes
para desconocer el disfrute de tal derecho.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el carácter fundamental de dicha garantía
fue reconocido por la Corte Constitucional, sin que sea válido oponer trabas
administrativas que afecten el núcleo fundamental de esta garantía. En
concordancia con lo anterior, la Organización Internacional del Trabajo
estableció13 que «se considerará nulo todo acuerdo que implique el abandono
del derecho a vacaciones anuales pagadas o la renuncia a las mismas».
En efecto, la Sala no desconoce la necesidad del servicio que apremiaría al
Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá ante
la ausencia de su secretaria, por lo que resulta necesario que la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá provea las medidas
necesarias para que dicho despacho pueda cumplir con sus funciones, sin que
ello implique que sus servidores no puedan disfrutar del derecho a las
12
Consultar, entre otras, las sentencias de 2 de noviembre de 2023, M.P. Omar Joaquín Barreto
Suárez, rad. 11001-03-15-000-2023-05393-00, 19 de octubre de 2023, M.P. Luis Alberto Álvarez
Parra, rad. 11001-03-15-000-2023-05130-00 y 3 de agosto de 2023, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil, rad. 11001-03-15-000-2023-03463-00.
13
Convenio 52 de la OIT, aprobado mediante la Ley 54 de 1962 y ratificado por Colombia el 7 de
junio de 1963.
9
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vacaciones, una vez cumplan con los requisitos legales para acceder a las
mismas.
En otras palabras, la dirección ejecutiva cuestionada no puede alegar
impedimentos de tipo administrativo a la accionante que le impida ejercer sus
derechos fundamentales, máxime cuando escapa del resorte de la señora
Bohórquez Flechas el encontrar las medidas de orden presupuestal u
organizacional para proveer el reemplazo del cargo en su ausencia temporal.
Negar el derecho al disfrute de las vacaciones por cuenta de limitaciones de
carácter administrativo, no es una carga que deba soportar un servidor judicial, si
se tiene en cuenta que en la misma Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de
2011, expedida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,
se exige solo al interesado reportar ante el Consejo Seccional la correspondiente
programación de vacaciones, para que sea incluido en los turnos.
En ese sentido, una vez cumplido el tiempo de servicios para acceder al disfrute
del derecho, el empleado debe comunicar al nominador sobre la programación
de las vacaciones, sin que deba resolver problemas de tipo presupuestal o
administrativo, para poder acceder al descanso remunerado. Es decir, la
administración no puede trasladar en ellos su propia función.
En consecuencia, es evidente que sí existe una vulneración de los derechos
fundamentales de la tutelante, que proviene de la omisión de expedir el
certificado de disponibilidad presupuestal para el nombramiento de un reemplazo,
por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá.
De otro lado, se tiene que la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura profirió la Circular PSAC-0589 de 18 de noviembre de
2005, cuyo asunto fue la «asignación de recursos para reemplazos por
vacaciones del personal titular en los despachos judiciales, excepto los juzgados
del sistema penal acusatorio».
A su vez, en la Circular 44 de 12 de mayo de 2005 se estableció el
procedimiento para la programación de vacaciones individuales de los servidores
judiciales del Sistema Penal Acusatorio. No obstante, el 23 de noviembre de
2013, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa expidió la
Circular PSAC11-44, que señaló de manera expresa la derogatoria de lo
establecido en las referidas circulares:
«...para efectos de no incluir condicionamientos para el nombramiento de
reemplazos en provisionalidad de los funcionarios judiciales, que se encuentran
sujetos al régimen de vacaciones individuales cuando pretendan hacer uso de este
derecho, para lo cual deberán seguir el procedimiento [que] aquí se señala y que
permitirá gestionar los recursos para el nombramiento en provisionalidad de los
reemplazos, cuando haya lugar a ello».
Ahora, si bien dicha circular está dirigida a los nominadores de la Rama Judicial
(jueces y magistrados) y a los directores seccionales de Administración Judicial,
su asunto trata de «vacaciones de los funcionarios judiciales del Régimen de
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Demandante: Myriam Bohórquez Flechas
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura -
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05160-01
Vacaciones Individuales». Entonces, no dispuso el procedimiento que debía
realizarse para la solicitud de reemplazos por vacaciones del personal de los
demás despachos.
Aun cuando la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura emitió
una circular en la que señaló directrices dirigidas a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial del país atinentes a la programación de vacaciones de
los funcionarios judiciales y la expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal para garantizar los reemplazos, la omisión de establecer un
procedimiento para el efecto no puede servir de fundamento para desconocer el
derecho al descanso.
Es claro entonces que, salvo las excepciones legales, todo empleado público
tiene derecho a disfrutar de descanso remunerado, por cada año de servicios
prestado en cualquiera de las entidades del Estado (artículos 8º Decretos 3135
de 1968 y 1045 de 1978).
En cuanto a los servidores judiciales, las vacaciones se encuentran establecidas
en el artículo 146 de la Ley 270 de 1996, de modo que los empleados de los
Juzgados Penales Municipales pertenecen al régimen de vacaciones
individuales, que deben ser concedidas por el respectivo nominador, según las
necesidades del servicio, por el término de 22 días continuos por cada año de
servicios.
Así que, no le asiste razón a la entidad impugnante tras señalar que la
transgresión de las garantías constitucionales de la actora proviene del Juzgado
Tercero Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá en su
condición de nominador, pues el hecho de negar la apropiación presupuestal
impide que se pueda designar un reemplazo en su cargo durante el período de
las vacaciones, circunstancia de índole administrativa que no está obligada a
soportar.
La situación descrita permite a la Sala, como lo anticipó, confirmar la providencia
impugnada pues no es posible lograr la protección de los derechos
fundamentales de la accionante sin que la orden de amparo esté dirigida tanto al
operador del gasto como al juez nominador, dado que cada uno dentro del
ámbito de sus específicas competencias, debe adelantar las gestiones
pertinentes para que la señora Bohórquez Flechas pueda acceder a sus
vacaciones.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 2 de noviembre de 2023 proferida por
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Demandados: Consejo Superior de la Judicatura -
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05160-01
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual se
concedió el amparo solicitado por la señora Myriam Bohórquez Flechas.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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