Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05163-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Requisito de subsidiariedad: no se cumple porque no se presentó solicitud de
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05163-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-05163-00
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
17 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023).
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-05163-00
Actor: RICHARD MEJÍA RÍOS
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA)
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Requisitos /
REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD – No se cumple porque no se presentó solicitud de
nulidad procesal. Requisitos / FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Se
pretende propiciar una tercera instancia en relación con la sanción
disciplinariamente impuesta.
Procede la Sala a pronunciarse, en primera instancia, en relación con la demanda
de tutela instaurada por el señor Richard Mejía Ríos, de acuerdo con el Decreto
333 de 20211.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
El 19 de septiembre de 2023, el señor Richard Mejía Ríos, actuando en nombre
propio, instauró demanda de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, por estimar
vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo y al debido proceso, así como
los principios de legalidad, confianza legítima, favorabilidad, in dubio pro
disciplinado, proporcionalidad y razonabilidad.
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Que ingresó para fallo el 5 de octubre de 2023.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-05163-00
Accionante: Richard Mejía Ríos
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (Sentencia de Primera Instancia)
2. Hechos relevantes
2.1. Richard Mejía Ríos asumió la defensa del señor Miguel Alfonso Lombana
Guerra en el proceso 110016000019201508428 tramitado ante el Juzgado Quinto
Penal Municipal con funciones de conocimiento en Bogotá.
2.2. Durante dicho proceso, se programaron varias diligencias que no se llevaron a
cabo por motivos atribuibles al aquí actor y otras por la administración de justicia,
por lo que, el Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones de conocimiento de
Bogotá, solicitó que se le compulsaran copias por razón de sus inasistencias.
2.3. La Comisión Seccional de Disciplina judicial inició proceso disciplinario No.
110011102000-2019-0504700 en contra del señor Mejía Ríos y mediante la
sentencia de 18 de marzo de 2022 lo declaró disciplinariamente responsable y le
impuso sanción de suspensión de la tarjeta profesional por el término de 4 meses.
2.4. Por medio de proveído de 13 de septiembre de 2023, la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial conoció en grado jurisdiccional de consulta y confirmó la
responsabilidad disciplinaria de Richard Mejía Ríos, dado las inasistencias a las
audiencias del 2 de noviembre de 2018, 23 de mayo de 2023 y 18 de julio de la
misma anualidad, pero redujo la sanción impuesta a 2 meses en el ejercicio de la
profesión, puesto que lo absolvió de responsabilidad disciplinaria por la
inasistencia de las audiencias del 14 de septiembre de 2018 y 4 de abril de 2019.
3. Fundamentos de la demanda tutela
La parte actora manifestó que se debía decretar la nulidad de las sentencias
expedidas por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y Comisión Seccional de
Disciplina judicial, debido a que se vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, al trabajo, así como a los principios de legalidad, confianza legítima,
favorabilidad, in dubio pro disciplinado, proporcionalidad y razonabilidad con
ocasión a que desconocieron y/o no valoraron las pruebas durante el debate
procesal.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-05163-00
Accionante: Richard Mejía Ríos
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (Sentencia de Primera Instancia)
Sostuvo que la sentencia de primera instancia en el proceso disciplinario no le fue
notificada al correo electrónico, según lo previsto en el Decreto 806 de 2020, por lo
que, solo hasta el 13 de septiembre de 2013, tuvo conocimiento de que fue
sancionado disciplinariamente sin apelar el fallo de primer grado a pesar de tener
fundamentos, los cuales expuso en la demanda de tutela.
Alegó que la sentencia que resolvió el grado de consulta presenta errores de
“inadecuado análisis de culpabilidad, a cada conducta disciplinariamente
relevantes en particular; indebida dosificación de la sanción; falta de valoración del
material probatorio, aplicación de normatividad no vigente para el momento
procesal y la falta de aplicación de los principios de favorabilidad e in dubio pro
disciplinado”.
Adujo que se incurrió en un defecto procedimental, por un inadecuado análisis de
culpabilidad cuantitativo y cualitativo, dado que disciplinariamente se debe fundar
en el aspecto subjetivo y no objetivo, demostrando la responsabilidad del
investigado a través de los medios probatorios legales, en el que el Estado tiene la
carga de probar, tal como lo ha precisado el Consejo de Estado2.
Por otro lado, la Corte Constitucional3 ha considerado que, conforme a los
principios de razonabilidad y proporcionalidad, la sanción disciplinaria responde en
calidad del interés jurídico vulnerado, lo que no ocurre en este caso, dado que no
existe un reproche de culpabilidad concreto y probado que desvirtúe la presunción
de legalidad.
Así mismo, adujo que se incurrió en un defecto fáctico, pues, sin soporte
probatorio, el juez disciplinario indicó que las diligencias fueron notificadas
mediante correo electrónico, por estar mal dirigidos los telegramas con una
dirección errada cuando ello obedeció a la culpa de la secretaría del Juzgado
Penal y por el cual se compulsaron las copias debido a su inasistencia, teniendo
en cuenta un memorial radicado en el que se solicitaba que fuera notificado por
correo.
2
Cita la sentencia del 31 de enero de 2018, expediente 2014-00032-01 del Consejo de Estado,
M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Sentencia C-490 del 23 de junio de 2011 de la Corte Constitucional.
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Referencia: Acción de tutela (Sentencia de Primera Instancia)
Además, se tuvo en cuenta que su representado afirmó el conocimiento de dichas
diligencias a las cuales no asistieron cuando este nunca afirmó tal situación.
Por último, indicó que se incurrió en un defecto material o sustantivo, toda vez que
se calificó su culpabilidad -en grado de culpa- sin que se determinara una
adecuada descripción de su incursión, solamente se indicó un perjuicio social
cuando la finalidad de la investigación cumplió con su cometido y la sanción
impuesta no tuvo en cuenta sus excusas, pero impuso una sanción de suspensión
en vez de una multa.
Indicó que la Corte Constitucional4 ha reiterado la aplicación del principio in dubio
pro disciplinado, pues cuando existe duda razonable se debe resolver a favor del
disciplinado, haciendo alusión al principio que se aplica en procedimiento penal
del in dubio pro reo, y dado que se debe atender recomendaciones de la Comisión
Americana sobre Derechos Humanos5 en cualquier etapa del proceso cuando
exista duda razonable, deberá “resolverse a su favor con archivo definitivo,
excluyendo la posibilidad de que solamente sea aplicable en la sentencia
definitiva”.
4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela
4.1. Mediante providencia de 21 de septiembre de 2023, se admitió la demanda de
tutela, se ordenó notificar a las autoridades judiciales accionadas; no se vinculó a
ningún tercero interesado y se solicitó comunicar a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.
4.2. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá solicitó que se
vinculara a la secretaria de la Comisión, la señora Diana Carolina Romero Cuéllar,
por ser es la responsable de esos trámites, siendo ajena al trámite secretarial, así
como la decisión tomada en segunda instancia. Por otro lado, solicita que se
deniegue la tutela puesto que se descartó la defensa por problemas de salud y ser
indebidamente notificado en las diligencias alegadas.
4
Cita sentencia C-495 de 2019 de la Corte Constitucional.
5
Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", firmado en
San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969" fue incluida en la Constitución Política de 1991
y en la ley 734 de 2002
4
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Accionante: Richard Mejía Ríos
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (Sentencia de Primera Instancia)
Sostuvo que, lo que busca el tutelante es una nueva valoración probatoria, más
aún cuando trae a colación fotos de sus correos para que se tengan como prueba,
los cuales no son fiables pues pueden ser ocultados y borrados. Por otro lado, en
varias oportunidades se precisa que la culpa se sustenta por negligencia e
incumplimiento a sus deberes profesionales.
4.3. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial se opuso al amparo solicitado, al
considerar que carece de objeto y no existe ninguna vulneración a los derechos
fundamentales expuestos buscando controvertir argumentos que ya fueron
estudiados en el proceso disciplinario buscando una tercera instancia tal como lo
indican algunas sentencias de la Corte Constitucional6.
Respecto del reparo de que no se tuvo en cuenta su historia clínica, se explicó que
no se podía librar de responsabilidad puesto que el tutelante tenía la carga de
excusarse ante la autoridad judicial. Además, lo que aduce de la indebida
notificación, si se acreditó que estaba enterado de las audiencias, pues en las
planillas donde se advirtió el error de la dirección, de acuerdo con las copias del
trámite se ordenó la notificación por correo, sumado a que su defendido indicó que
estaba enterado de estas diligencias.
Por último, el señor Mejía Ríos se le permitió acceder a la jurisdicción y que
pudiera ejercer su derecho de contradicción e inclusión se dio la absolución de
algunas inasistencias imponiendo el quantum de menor entidad establecido para
el correctivo de suspensión.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
En el presente asunto, se pretende dejar sin efectos las sentencias expedidas por
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y Comisión Seccional de Disciplina
judicial; se tutelen los derechos fundamentales al trabajo y al debido proceso de l
aparte demandante, así como el principio de legalidad, confianza legítima,
favorabilidad, in dubio pro disciplinado, proporcionalidad y razonabilidad.
1. Notificación de la sentencia de primera instancia
6
Cita las sentencias SU-215 de 2022; SU-074 de 2022; T-906 de 2005; T-828 de 2012;
5
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-05163-00
Accionante: Richard Mejía Ríos
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (Sentencia de Primera Instancia)
La Sala estima que no hay lugar a pronunciarse de fondo respecto del amparo
reclamado por el tutelante, porque no se cumple con el requisito de la
subsidiariedad, como pasa a explicarse.
El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política prevé que la acción de tutela
“sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1 del artículo 6 del Decreto Ley
2591 de 1991.
En ese sentido, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que resulten
idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran
amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la acción de tutela.
En el presente asunto, se tiene que, mediante la sentencia del 18 de marzo de
20227, la Comisión Seccional de disciplina judicial de Bogotá declaró
disciplinariamente responsable al señor Richard Mejía Ríos y lo sancionó por el
término de 4 meses, decisión que fue notificada el 13 de junio de 2023, al aquí
demandante a los correos electrónicos richardmejiar@hotmail.com y
richardmejiarios@hotmail.com.
Sumado a lo anterior, hay un informe de la auxiliar judicial Azucena Rojas Ortiz
que “el 16 de junio de 2023 a las 16:06 se comunicó al 3003931485 que obra en el
expediente como número registrado del aquí actor en el que se informó sobre el
envío de la sentencia al correo richardmejiar@hotmail.com donde solicitó el acuse
de recibido”.
Al respecto, conviene precisar que, si la parte actora consideró que la notificación
se realizó de forma indebida, el legislador contempló un instrumento idóneo y
eficaz para cuestionar dichos aspectos que ahora se plantean por vía tutela. En
efecto, para el momento de los hechos, la Ley 1123 de 2007, por la cual se
establece el Código Disciplinario del Abogado, en su artículo 98, previó como
causal de nulidad “la violación del derecho de defensa del disciplinable”.
7
El aquí actor, alega que no se notificó la sentencia de primera instancia conforme al decreto 806
de 2020, sin embargo, esta se notificó el 13 de junio de 2023 en virtud de la Ley 1123 de 2007 en
concordancia con la ley 2213 de 2022.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-05163-00
Accionante: Richard Mejía Ríos
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (Sentencia de Primera Instancia)
De conformidad con lo anterior, si la parte actora consideró que la decisión
adoptada en el proceso disciplinario se notificó de forma irregular y, por tanto,
no se garantizó su derecho de defensa, debió presentar la solicitud de nulidad
en el proceso disciplinario.
Así las cosas, ante la procedencia de la solicitud de nulidad procesal prevista
en la Ley 1123 de 2007, la Sala advierte que no se cumple con el requisito de
subsidiariedad de la acción de tutela tal como se ha precisado en casos
similares8.
2. De la falta de relevancia constitucional
La parte actora señaló lo siguiente (transcripción literal):
Ahorra bien al revisar la sentencia de grado de consulta, se observa varios
errores que tiene toda una trascendencia constitucional como son: un
inadecuado análisis de culpabilidad, a cada conducta disciplinariamente
relevantes en particular; indebida dosificación de la sanción; falta de
valoración del material probatorio, aplicación de normatividad no vigente
para el momento procesal y la falta de aplicación de los principios de
favorabilidad e in dubio pro disciplinado.
Revisada la demanda, se evidencia que la parte actora acudió a la acción de tutela
con el propósito de que se estudie nuevamente si, como se analizó en primera y
segunda instancia, la programación de audiencias que, por diferentes factores no
se pudieron llevar a cabo y no fueron correctamente informadas a lo que se realizó
la compulsa de copias por solicitud del Juzgado Quinto Penal y se inició la
investigación disciplinaria que sancionó al señor Mejía Ríos.
Tan evidente resulta que el demandante busca un nuevo análisis de los aspectos
definidos por el juez natural de la causa, que en la presente acción se plantearon
los mismos argumentos que dieron lugar a todo el proceso disciplinario.
Los anteriores aspectos fueron analizados y resueltos por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, bajo los siguientes argumentos (trascripción de forma literal,
incluso con posibles errores):
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A
sentencia de 11 de octubre de 2021, exp. 202106227-00.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-05163-00
Accionante: Richard Mejía Ríos
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (Sentencia de Primera Instancia)
Análisis del caso
• Tipicidad
Al disciplinado se le reprochó no asistir a la audiencia concentrada
programadas para los días 14 de septiembre y 2 de noviembre de 2018, 4 de
abril, 23 de mayo y 18 de julio de 2019, dentro del proceso penal No.
110016000019201508428 (NI 319582) en su calidad de defensor de confianza
del implicado y que por su incomparecencia no se llevó a cabo esas
audiencias. Y por ello se adujo incurrió en la falta a la debida diligencia
profesional descrita en el numeral 1° del artículo 37 de la ley 1123 de 2007.
Pues bien, a efectos de verificar la incursión o no en esa falta disciplinaria,
considera la Corporación entrar a analizar de forma individual cada una de las
inasistencias.
(…)
• Antijuridicidad
Según el artículo 4° de la Ley 1123 de 2007, el abogado incurrirá en falta
antijurídica cuando con su conducta afecte, sin justificación, alguno de los
deberes consagrados en este estatuto. En el sub-lite, al disciplinado se le
sancionó por haber vulnerado el deber establecido en el numeral 10º del
artículo 28 ibídem, que refiere:
(…)
Ese mínimo ético exigible al abogado, se fundamenta en el especial papel que
juegan en la sociedad como sujetos calificados que sirven de vínculo entre las
personas y la administración de justicia para el cumplimiento de los fines
esenciales del Estado y la satisfacción de los derechos del conglomerado
social, resulta a penas lógico que: “se encuentran sometidos a ciertas reglas
éticas que se materializan en conductas prohibitivas con las que se busca
asegurar la probidad u honradez en el ejercicio de la profesión y la
responsabilidad frente a los clientes y al ordenamiento jurídico. Ya lo ha dicho
la jurisprudencia, citando la doctrina especializada, que la tarea que cumplen
los abogados no es eminentemente técnica, sino que suele desarrollarse en el
campo de la moral y de la ética”.9
En síntesis, el deber de obrar con celosa diligencia generaba para el abogado
un compromiso frente a los trámites del proceso penal encomendado, por lo
cual debió asistir a las audiencias programadas el 2 de noviembre de 2018, 23
de mayo y 18 de julio de 2019. Por ello, la conducta en la que incurrió el
disciplinado afectó el deber citado. - Culpabilidad Conforme a lo expuesto en el
artículo 5º de la Ley 1123 de 2007, en materia disciplinaria está proscrita la
responsabilidad objetiva y sólo se podrá imponer sanción por faltas realizadas
con culpabilidad, es decir, mediante dolo o culpa. Frente a este aspecto, no se
logró evidenciar por parte del disciplinable un conocimiento y voluntad
tendiente a ocasionarle daño a su cliente, sino una violación al deber de actuar
con suma diligencia, siendo desobligado y desprendido con la labor que se le
puso en su custodia.
Igualmente, es necesario indicar que al abogado se le podía exigir un
comportamiento diferente, esto es, asistir a las diligencias a las que fue
notificado en debida forma o en su defecto, sustituir o renunciar al encargo en
caso de considerar que sus compromisos le impedían realizar una defensa
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Corte Constitucional, C-393 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-05163-00
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Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (Sentencia de Primera Instancia)
oportunamente. Por lo expuesto, se encuentra probado que el disciplinado
actuó con culpa en la comisión de la falta disciplinaria consagrada en el
numeral 1° del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007.
Dosificación de la sanción
La Sala instancia, en la sentencia consultada impuso la sanción de suspensión
de cuatro (4) meses en ejercicio de la profesión. Para ello tuvo en cuenta los
criterios de la trascendencia social, el perjuicio causado y la gravedad de la
conducta.
Frente a lo anterior, la Sala observa que, la Seccional tuvo en cuenta la
“gravedad” de la conducta, sin embargo, tal aspecto no es un criterio general
de graduación de la sanción previsto en el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007.
Igualmente, la Comisión advierte que la Seccional de instancia, no indicó de
qué manera se afectaba la imagen de la profesión o la trascendencia social de
la conducta endilgada al abogado, carga que según lo ha expuesto la
Corporación es necesaria argumentar a efectos de aplicar el criterio general
referido.
(…)
De esa forma, la Seccional al momento de abordar ese criterio, se limitó a
informar que esa conducta afectaba a la sociedad; sin embargo, como se
indicó, no motivó o sustentó porque ello afectaba los intereses de la
comunidad, insuficiencia argumentativa que no permite en esta sede acreditar
la configuración de ese criterio general.
Así las cosas, al verificarse la configuración del criterio del perjuicio causado,
por la demora que ocasionó las inasistencias reprochadas al encartado para la
realización de las diligencias, la no configuración de los otros criterios
imputados y la absolución por las incomparecencias de las audiencias del 14
de septiembre de 2018 y 4 de abril de 2019, la Comisión reducirá la sanción a
suspensión de dos (2) meses en ejercicio de la profesión.
Así las cosas, la Sala concluye que la parte tutelante busca una instancia adicional
a través de este mecanismo constitucional, argumentando su inconformidad con la
valoración dada por la autoridad judicial disciplinaria en lo que respecta a la
decisión por la cual se sancionó disciplinariamente.
Al respecto, es importante advertir que, como lo ha sostenido la Corte
Constitucional, bajo el cargo de defecto fáctico, el juez de tutela no se convierte en
una instancia adicional y tampoco puede pretenderse que haga una valoración de
los medios de prueba, como le correspondería al juez natural de la causa. Así
mismo, el análisis que puede hacer tampoco recae sobre la conducencia del
material probatorio. Su función es la de verificar si, en la providencia atacada, se
evidencia una irregularidad protuberante, lo que no ocurre en el presente caso.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-05163-00
Accionante: Richard Mejía Ríos
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (Sentencia de Primera Instancia)
Como consecuencia de todo lo expuesto, se declarará la improcedencia de la
petición de amparo, por cuanto no se reúnen los requisitos de subsidiariedad y de
relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA
MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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