Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05174-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Acción de tutela contra providencias judiciales: no procede estudio de
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05174-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-05174-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
27 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05174-00
Demandante: JOSÉ ORLANDO CHILATRA SALAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER Y
OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – El accionante pretende usar la tutela como instancia adicional del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho / DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE – No se configura porque la providencia invocada como precedente
desconocido no es aplicable al caso concreto.
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor José Orlando Chilatra
Salas contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y el Juzgado Quinto
Administrativo de Cúcuta.
I. A N T E C E D E N T E S
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 20 de septiembre de 20231, el señor José Orlando Chilatra Salas, mediante
apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander y el Juzgado Quinto Administrativo de Cúcuta, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de
acceso a la administración de justicia, a la vida y a la seguridad social. Formuló
las siguientes pretensiones:
1 Se advierte que, el 2 de octubre de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05174-00
Demandante: José Orlando Chilatra Salas
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
1.Con fundamento en los hechos y los fundamentos jurídicos que más
adelante se expondrán, comedidamente me permito solicitar al Juez
Constitucional, Tutelar los Derechos fundamentales amparados en la
Constitución Política como al Debido Proceso art 29; Acceso a La Justicia
Art 229; Igualdad art 13; derecho a la vida en condiciones dignas Art, 11 en
conexidad con la seguridad social art. 48, al mínimo vital, a la integridad
física, los derechos adquiridos y la aplicación de los principios de
favorabilidad y legalidad en materia laboral. Habiéndose configurado una
vía de hecho.
2. Con fundamento en lo anterior, dejar sin efectos la Sentencia de
segunda instancia de fecha 11 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, dentro del Proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho incoada por JOSÉ ORLANDO CHILATRA
SALAS, contra la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES-
CREMIL, mediante la cual se confirmó la sentencia de primera instancia de
fecha 28 de febrero de 2019 proferido por el Juzgado 5o Administrativo
Oral de Cúcuta, mediante al cual el Despacho negó las pretensiones de la
demanda.
3. En consecuencia, a lo anterior. Ordenar al Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, que emita un nuevo pronunciamiento dentro de la
referida acción de nulidad y restablecimiento del derecho, teniendo en
cuenta el precedente jurisprudencial de los oficiales, suboficiales del
Ejército Nacional y Policía Nacional, que fueron retirados en vigencia del
Decreto 2070 de 2003.
1.2 . Hechos
De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos
jurídicamente relevantes:
El señor José Orlando Chilatra Salas prestó su servicio al Ejército Nacional como
suboficial, durante 20 años, 11 meses y 10 días; fue retirado mediante Resolución
0302 del 1º de abril de 2004, por solicitud propia, en la que se dispuso de tres
meses de alta para la elaboración del expediente de prestaciones sociales, de
conformidad con el artículo 164 del Decreto 1211 de 1990.
El 23 de abril de 2004, la dirección personal del Ejército Nacional expidió la hoja
de servicios con radicado 3566660870995971, en la que describió los servicios
prestados por el señor Chilatra Salas, durante su servicio activo.
Luego de los tres meses de alta, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares 2,
mediante Resolución 2225 del 16 de julio de 2004, reconoció al señor José
Orlando Chilatra Salas la asignación de retiro, la cual se liquidó de conformidad
con el Decreto 1211 de 1990, incluyendo la prima de actividad en un 25%, con
2 En adelante CREMIL.
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efectos a partir del 2 de julio de 2004.
El 4 de noviembre de 2014, la parte accionante solicitó ante CREMIL la
reliquidación y pago de la asignación de retiro con el Decreto 2070 de 2003, por
considerar que esta es «la norma vigente en el momento en que se consolido sus
derechos laborales», petición denegada mediante Oficio 2014-89235 del 21 de
noviembre de 2014.
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el
señor José Orlando Chilatra Salas demandó a CREMIL, con el objeto de que se
declarara la nulidad del acto administrativo que negó la reliquidación de su
asignación de retiro.
Mediante sentencia del 28 de febrero de 2019, el Juzgado Quinto Administrativo
de Cúcuta negó las suplicas de la demanda, por considerar que el señor Chilatra
Salas no tiene derecho a acceder a la reliquidación de su asignación de retiro con
la inclusión de la prima de actividad en un 49.5%, debido a que su estatus
pensional se consolidó en vigencia del Decreto 1211 de 1990 y, además, le resulta
aplicable el artículo 4 del Decreto 2863 de 2007.
Contra la anterior decisión, el accionante interpuso recurso de apelación en el cual
expuso que el a quo analizó su situación a la luz del Decreto 2863 de 2007 y no
del Decreto 2070 de 2003, siendo esta norma la que él considera aplicable a su
caso.
Agregó que, mediante la sentencia del 7 de marzo de 2013, el Consejo de Estado
advirtió que la fecha de retiro de la Fuerza Pública determina el régimen aplicable
para el reconocimiento de sus prestaciones sociales y que el tiempo de tres meses
de alta se cuentan como un periodo en el cual se elaboran los actos
administrativos que otorgan al servidor el derecho al pago de la asignación de
retiro.
Indicó que, tal como lo señaló la Sentencia del 13 de diciembre de 2007, emitida
por la Corte Suprema de Justicia, los efectos jurídicos que causó el Decreto 2070
de 2003 se mantienen en el tiempo porque se incorporan al patrimonio del
demandante.
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Concluyó que, consolidó sus prestaciones sociales bajo la vigencia del Decreto
2070 de 2003 y, por tanto, se le debe reconocer y pagar la prima de actividad en
33% y el reajuste en un 45%, de conformidad con el Decreto 2863 de 2007.
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante providencia del 11 de
mayo de 2023, confirmó la anterior decisión con los siguientes argumentos:
• Si bien el a quo únicamente analizó el Decreto 1211 de 1990 y el Decreto
2853 de 2003 para sustentar su decisión, lo cierto es que dicha autoridad
no actuó de manera arbitraria, sino conforme a los postulados legales, pues
para la fecha que el señor Chilatra Salas causó el derecho de la asignación
de retiro no estaba vigente el Decreto 2070 de 2003.
• La sentencia del 7 de marzo de 2013, emitida por el Consejo de Estado, no
guarda identidad fáctica con el sub lite, pues allá el demandante es «un
agente miembro de la Policía Nacional retirado a solicitud propia al que se
le reconoció la asignación de retiro a partir del 13 de mayo de 2004 con un
cómputo en la prima de actividad del 20%, bajo el Decreto 1213 de 1990».
• Reiteró que el señor Chilatra Salas consolidó su derecho al pago de la
asignación de retiro el 1 de julio de 2004 y el Decreto 2070 de 2003 estuvo
vigente desde el 25 de julio de 2003 hasta el 6 de mayo de 2004, por ende,
dicha norma no es aplicable, como sí lo es el Decreto 1211 de 1990.
1.3. Fundamentos de la tutela
Sostuvo la parte accionante que las autoridades judiciales accionadas incurrieron
en los defectos sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente y violación
directa de la Constitución, pues, a su juicio, tiene derecho a obtener el reajuste de
su asignación de retiro consolidada el 2 de abril de 2004, de conformidad con el
Decreto 2070 de 2003.
Señaló que las providencias en cuestión no valoraron la prueba documental
denominada «hoja de servicios militares», la cual da cuenta de que el señor
Chilatra Salas fue retirado del servicio el 2 de abril de 2004 y, por ende, se le debe
aplicar el Decreto 2070 de 2003. Agregó que, tampoco justificaron alguna razón
del por qué «desecharon esta prueba documental».
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Según el accionante, se desconoció el precedente jurisprudencial establecido por
la Sección Segunda del Consejo de Estado, en las sentencias del 28 de
septiembre de 2006 (radicado 25000-23-25-000-2002-05516-01), del 1º de marzo
de 2012 ( radicado 17001-23-31-000-2005-02204-01) y del 7 de marzo de 2013
(radicado 11001-33-31-010-2007-00575-01), en las que se indicó que la fecha de
retiro de la Fuerza Pública determina el régimen aplicable para el reconocimiento
de sus prestaciones sociales y que, el tiempo de tres meses de alta se cuentan
como un periodo en el cual se elaboran los actos administrativos que otorgan al
servidor el derecho al pago de la asignación de retiro.
Afirmó que, si bien existe un conjunto de sentencias de tutela con posiciones
«pacíficas» sobre el régimen aplicable para el reconocimiento y pago de la
asignación de retiro de la Fuerza Pública, que fueron retirados en vigencia del
Decreto 2070 de 2003, lo cierto es que, las providencias citadas guardan identidad
fáctica y jurídica con el caso sub lite.
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Mediante auto del 22 de septiembre de 2023, se admitió la acción de tutela y
ordenó que aquel se notificara a los magistrados que integran el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander y a la Juez quinta administrativa de Cúcuta,
como parte demandada, y, en calidad de tercero con interés, al director general
de CREMIL. Así mismo, se ordenó la notificación de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.
2.2. CREMIL, mediante apoderada judicial, solicitó que se declare improcedente la
solicitud de amparo, bajo el argumento de que no se vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, pues
el señor Chilatra Salas se «benefició de todas las etapas procesales». Agregó
que, no es competencia del juez de tutela analizar actuaciones procesales surtidas
en procesos ordinarios, con el objeto de indicar si las decisiones adoptadas por las
autoridades judiciales accionadas están sujetas a la ley.
De otra parte, alegó que, en virtud de la sentencia SU 627 de 2015, las
providencias citadas por el señor Chilatra Salas no pueden ser catalogadas como
desconocidas, debido a que (i) no guardan identidad fáctica y jurídica con el sub
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lite y (ii) no acreditó que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 54001-33-33-005-2016-00288-01 tenga alguna anomalía procesal.
2.3. Luego de describir el trámite surtido en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 54001-33-33-005-2016-00288-01, el Juzgado Quinto
Administrativo de Cúcuta advirtió que no existió trasgresión alguna a los derechos
invocados, pues se surtió con el lleno de las formalidades exigidas.
2.4. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.
La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para
proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el
juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir,
concederá el amparo impetrado, siempre que esté acreditada la razón para
conferir la tutela.
En principio, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación
consideraba que la acción de tutela era improcedente contra las providencias
judiciales; sin embargo, a partir del año 2012 3, aceptó su procedencia, conforme
con las reglas que ha fijado la Corte Constitucional, esto es, cuando la misma
viole flagrantemente algún derecho fundamental.
Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
3 Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth García
González.
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decisiones judiciales y, por tanto, no puede admitirse la procedencia de la tutela
contra providencias judiciales, sin mayores excepciones.
Para aceptar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, entonces,
el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales y
específicos que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005.
Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las
razones en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la
protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se
hubiera interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea
de evidente relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión
proferida en sede de tutela.
En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte
Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela
contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos
excepcionales.
El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por
ejemplo, en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a
terceros que podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte,
acaece cuando con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental
que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato.
Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas
genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia
de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii)
defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error
inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii)
violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales
causales, así:
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
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b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
h. Violación directa de la Constitución.
Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar
la causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la
violación de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar
inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de
instancia, sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia
cuestionada ha incurrido en alguna de las causales específicas para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario,
la tutela carecería de relevancia constitucional.
Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y
que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la
tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran
discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los
argumentos que dejaron de proponer oportunamente.
Por último, cabe anotar que, en recientes pronunciamientos, la Corte
Constitucional ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de
tutela, las providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado. En ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los
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requisitos generales y la configuración de una de las causales específicas antes
mencionados, la acción de tutela contra providencias proferidas por los
denominados órganos de cierre, «solo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de
los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que
exige la imperiosa intervención del juez constitucional 4».
2. Problema jurídico
En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de la tutela contra providencia judicial, particularmente, el de
relevancia constitucional. De cumplirse, se abordará el estudio de fondo del
asunto, con el fin de establecer si las providencias proferidas el 28 de febrero de
2019 y el 11 de mayo de 2023, por el Juzgado Quinto Administrativo de Cúcuta y
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, respectivamente, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 54001-33-33-005-2016-00288-
01, incurrieron en los defectos endilgados y, de paso, vulneraron los derechos
fundamentales del señor José Orlando Chilatra Salas.
3. Análisis de la Sala
Con el caso bajo estudio, la parte accionante pretende que se deje sin efectos la
sentencia del 11 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, debido a que incurrió en los defectos sustantivo, fáctico,
desconocimiento del precedente y violación directa a la constitución.
Sería del caso analizar si se configuraron o no los defectos alegados por la parte
actora, sin embargo, la Sala advierte que la solicitud de amparo carece de
relevancia constitucional, pues se pretende convertir la acción de tutela en una
instancia adicional del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Así, de la simple comparación entre las razones esgrimidas en el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia del 28 de febrero de 2019, dictada por el
Juzgado Quinto Administrativo de Cúcuta, y las propuestas en la solicitud de
4 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.
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amparo, se evidencia que los defectos en que supuestamente incurrió la autoridad
judicial demandada fueron invocados para continuar con el debate jurídico que ya
fue decidido en el proceso ordinario.
En el siguiente cuadro se cotejarán los argumentos expuestos en sede de nulidad
y restablecimiento del derecho y las razones que se esgrimieron en la solicitud de
amparo, a fin de ilustrar de mejor manera cómo la parte demandante está
utilizando la tutela como instancia adicional:
APELACIÓN EN PROCESO ORDINARIO DEMANDA DE TUTELA
(transcripción textual) (transcripción textual)
1. Es claro que el Despacho, no 1. En la demanda de nulidad y
realizó el estudio de la procedencia de la establecimiento del derecho, en donde se
del reajuste de la asignación de retiro del expidió la providencia judicial, que con
Sargento Primero en uso del buen retiro esta Acción de Tutela se solicita dejar sin
JOSÉ ORLANDO CHILATRA SALAS, efecto, se aportó la hoja de servicios
quien conforme al material probatorio Militares del Accionante, la cual indica
documental existente en la demanda claramente que su retiro del servicio activo
principal se demostró que fue retirado del Ejercito Nacional, ocurrió 2 de abril de
del servicio activo del Ejército nacional 2004. Es decir, en vigencia del Decreto
con fecha fiscal 2 de abril de 2004, para 2070 de 2003, prueba documental que no
esta época la normatividad que se fue tenida en cuenta por Tribunal
encontraba vigente para el reconcentro Administrativo del Norte de Santander.
de las prestaciones sociales, entre ellas
la asignación de retiro era el Decreto [El] Sargento Primero (r) del Ejercito JOSÉ
2070 de 2003. ORLANDO CHILATRA
SALAS, se le consolidaron sus derechos
Además, siendo la hoja de servicios el laborales, entre ellos para el
acto administrativo preparatorio para el reconocimiento de la prestación
reconocimiento de la asignación de económica, la asignación retiro con la
retiro, esta fue elaborada con fecha 24 normatividad vigente para el dia 2 de abril
de abril de 2004, en este documento se de 2004; es decir bajo el Decreto 2070 de
indica como fecha de retiro el 2 de abril 2003, entre ellas la liquidación prima de
de 2004, y en el acápite de las partidas a actividad tal como la devengaba en
tener en cuenta para su liquidación servicio activo, es decir al 33%. Por tal
indica que la prima de actividad se le motivó la providencia judicial que negó la
debe liquidar en un porcentaje del 33%, reliquidación de la prima de actividad,
tal como la venida percibiendo en vulnera del principio del derecho adquirido,
servicio activo. consagrado en el artículo 58 de la
Constitución Política, violenta el
2. Es de anotar que conforme al precedente jurisprudencial y la
Decreto 2070 de 2003, el personal de la normatividad antes referenciada.
fuerza pública al ser notificado del retiro
del servicio activo, sanen con tres meses 2. El Tribunal Administrativo de Norte
de alta, a fin de que en este lapso se de Santander, en la sentencia de segunda
realicen los actos preparatorios para el instancia, referenciada en el introductorio,
reconocimiento de las prestaciones de y base de esta acción Constitucional,
Ley como también la asignación de presenta un error de derecho al aplicar
retiro. Es claro que el señor JOSÉ una norma de forma incorrecta. Toda vez
ORLANDO CHILATRA SALAS, el 2 de que mal interpretó el artículo 164 del
abril de 2004, por ello la Caja de Retiro decreto 1211 de 1990; el cual establece
de las Fuerzas Militares (CREMIL), que los tres (3) de alta del personal de las
mediante Resolución 2225 del 16 de julio Fuerza militares con más de quince (15)
de 2004 le reconoció asignación de retiro años se servicio, se contabilizaran
con efectos fiscales a partir del 2 de julio únicamente para efectos de prestaciones
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Demandante: José Orlando Chilatra Salas
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
de 2004. sociales. Por tal motivo y conforme a la
resolución de retiro y la hoja de servicios
3. La sentencia de fecha de 7 de marzo militares del hoy accionante, adquirió la
de 2013 de la Subsección A de la calidad de retirado el día 2 de abril de
Sección Segunda del Consejo de Estado 2004 fecha en la fue retirado del servicio
concluyó que la fecha de retiro del activo del Ejercito Nacional en el grado de
servicio activo de las Fuerzas Militares y Sargento Primero, y no la fecha en que la
de la Policía Nacional determina el Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
régimen aplicable para el reconocimiento (CREMIL) efectuó el reconocimiento de la
de sus prestaciones sociales, entre ellas asignación de retiro al cumplir los tres
la asignación de retiro, además que la meses de alta.
mora en el reconocimiento de esta
prestación económica no varía el 3. Finalmente, en relación con la
régimen aplicable para su vigencia del Decreto 2070 de 2003, el
reconocimiento, ha quedado demostrado Consejo de Estado, Sección Segunda,
que el actor fue retirado del servicio Subsección A, en sentencia del 7 de
activo del ejército nacional, conforme a marzo de 2013, consejero ponente
su hoja de servicios el 2 de abril de 2004 Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, con
fecha en que se encontraba vigente el radicado 11001-33-31-010-2007-00575-
decreto 2070 de 2004 y la partida 01, tuvo la oportunidad de pronunciarse en
liquidable prima de actividad la los siguientes términos:
devengaba en el 33% de su sueldo
básico, y tal cual tiene derecho a que se En cuanto al tema de la prima de actividad
le liquide en su asignación de retiro. y la aplicación del Decreto 2070 de 2003,
éste entró a regir el 25 de julio de 2003 y
el actor fue retirado por solicitud propia el
13 de febrero de 2004, con disposición de
retiro contenida en Resolución No. 0236
de 6 de febrero de 2004, según consta en
la hoja de servicios 19131908, es decir,
que era esta la norma que debía servir de
sustento al reconocimiento de la
asignación de retiro: empero la
administración sólo efectuó el
reconocimiento a través de Resolución No.
03859 de 26 de julio de 2004, con base en
el Decreto 1213 de 1990." (Subrayado y
resaltado nuestro)
De lo anterior, la Sala observa que (i) la inconformidad del señor Chilatra Salas
radicó concretamente en que, considera que tiene derecho al reajuste de su
asignación de retiro en aplicación del Decreto 2070 de 2003, dado que, adquirido
el derecho en vigencia de esta norma, y no del Decreto 1211 de 1990, como
procedió a hacerlo CREMIL; y (ii) la totalidad de los argumentos expuestos en la
solicitud de amparo guardan relación con el fondo de la controversia conocida por
la Jurisdicción Contencioso Administrativa en el trámite del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho formulado por el señor José Orlando
Chilatra Salas contra CREMIL y definida en las sentencias aquí cuestionadas.
Entonces, del razonamiento efectuado por el juez natural de primera instancia, se
colige que la decisión de negar las pretensiones de la demanda, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 54001-33-33-005-2016-00288-
00/01, se basó en que para la fecha de consolidación del estatus pensional del
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y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
señor Chilatra Salas se encontraba vigente el Decreto 1211 de 1990. Así lo explicó
el juzgador en el proceso ordinario:
Este Juzgado, teniendo en cuenta que CREMIL le reconoció asignación de
retiro al Sargento Primero JOSÉ ORLANDO CHILATRA SALAS en
aplicación del Decreto 1211 de 1990, en razón a que para la fecha de
consolidación del estatus de pensionado dicha normatividad se encontraba
vigente para efectos de regular el régimen pensional, según la cual, la
prima de actividad debía liquidarse como partida computable para la
asignación de retiro, prescribiendo en su artículo 102 que la misma
correspondía entre el 15% y el 33%, según el tiempo de servicios,
liquidándosela por los más de 20 años prestados en un 25%.
Así se advierte que el aumento ordenado en el Decreto 2863 de 2007, le
es aplicable al accionante en un 50%, que es el mismo porcentaje en el
que se ajustó la prima de actividad del activo correspondiente, por lo que si
la misma se computaba para las asignaciones en retiro a partir de la
entrada en vigencia del Decreto Ley 1211 de 1990 en un 25% por haber
prestado entre 20 y 25 años, el incremento sería del 12.5%, quedando en
37.5% que es la suma reconocida en la actualidad.
En consecuencia, es claro que la parte demandante no tiene derecho a
acceder a la reliquidación de su asignación de retiro por el factor de prima
de actividad en un 49.5%, en tanto sus derechos pensiónales fueron
causados en vigencia de la normatividad anterior, esto es, el señalado en
el Decreto 1211 de 1990 y resulta aplicable es la disposición del artículo 4
del Decreto 2863 de 2007, que establece que el aumento para el personal
oficial o suboficial retirado que devengue asignación de retiro con
anterioridad a su entrada en vigencia, será en el mismo porcentaje - no
mismo valor final - del incremento regulado para el personal activo, esto es,
en un 50%, que aplicado sobre el 25% da un total de 37.5% que es el que
actualmente devenga.
A fin de resolver la alzada, cuyos argumentos, como se indicó en precedencia, son
muy similares a los esgrimidos en el escrito de tutela, el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, fungiendo como juez ordinario de segunda instancia,
discurrió:
1o.- Primer cargo: Aduce que el A quo para proferir sentencia solo tomó
como referente el Decreto 2863 de 2007, siendo el problema jurídico si le
asiste o no ai señor José Orlando Chilatra Salas el derecho a la aplicación
de lo dispuesto en el Decreto 2070 de 2003 para el reconocimiento y pago
de la prima de actividad en un 33% en su asignación de retiro.
(…)
Posteriormente, la Caja Cremil expidió la Resolución No. 2225 del 16 de
julio de 2004, mediante la cual le reconoció y pagó la asignación de retiro
al señor José Orlando Chilatra Salas, con efectos a partir del 2 de julio de
2004, dado que aquel fue retirado del servicio por solicitud propia el día 1
de julio de 2004.
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Así las cosas, la Sala estima que para la fecha en la cual el actor causó su
derecho a la asignación de retiro, ya no se encontraba vigente el Decreto
2070 del 25 de julio de 2003, como quiera que la Corte lo declaró
inexequible en sentencia C-432 del 6 de mayo de 2004, por lo cual no le
asiste razón a la parte apelante sobre la supuesta falta de aplicación del
citado Decreto por parte del A quo en la sentencia apelada.
Por lo tanto, la Sala comparte la tesis del A quo en cuanto que el señor
José Orlando Chilatra Salas causó sus derechos pensiónales en vigencia
del Decreto 1211 de 1990, por ende, le es aplicable el artículo 4o del
Decreto 2863 de 2007 el cual consagra lo siguiente:
“En virtud del principio de oscilación de la asignación de
retiro y pensión dispuesto en el artículo 42 del Decreto
4433 de 2004, los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional con asignación de retiro
o pensión de invalidez o a sus beneficiarios y a los
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes de los
Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional obtenida antes del 1° de julio de 2007,
tendrán derecho a que se les ajuste en el mismo
porcentaje en que se haya ajustado el del activo
correspondiente, porrazón del incremento de que trata el
artículo 2o del presente decreto que modifica el artículo
32 del Decreto 1515 de 2007".
De manera que, es diáfano que el cargo de la referencia no tiene la validez
jurídica suficiente para para revocar la sentencia de primera instancia, ya
que no cabe duda que el A quo hizo bien al resolver el sub lite teniendo en
cuenta el artículo 4o del Decreto 2863 de 2007.
2°.- Segundo cargo: Explica que de acuerdo con la Sentencia del 7 de
marzo de 2013 proferida por el H. Consejo de Estado la fecha del retiro del
servicio activo de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional determinan
el régimen aplicable para el reconocimiento de sus prestaciones sociales,
entre ellas, la asignación de retiro.
Al respecto se tiene que en la citada sentencia del 7 de marzo de 2013 el
demandante es un agente Miembro de la Policía Nacional retirado a
solicitud propia al que se le reconoció la asignación de retiro a partir del 13
mayo de 2004 con un cómputo en la prima de actividad del 20%, bajo el
Decreto 1213 de 1990, es decir que ostenta una condición distinta a la del
señor José Orlando Chilatra Salas.
Igualmente se observa que el apelante cita la Sentencia del 1o de marzo
de 2013, proferida por el H. Consejo de Estado donde el actor es un
miembro de la Policía Nacional que fue retirado del servicio por
llamamiento a calificar servicios, de conformidad con lo establecido en los
artículos 55 numeral 2o y 57 del Decreto 1791 de 2000.
En suma, los hechos contenidos en las jurisprudencias mencionadas por el
apelante no son semejantes a los hechos del sub lite, pues el señor José
Orlando Chilatra Salas era un Oficial de las Fuerzas Militares retirado del
servicio a solicitud propia en vigencia de los Decretos 1211 de 1990 y 3352
de 2003, que consolidó sus derechos pensiónales cuando el Decreto 2070
de 2003 ya había sido declarado inexequible por la H. Corte Constitucional.
3o.- Tercer cargo: Alega que los efectos jurídicos que causó el Decreto
2070 de 2003 se mantienen en el tiempo porque se incorporan al
patrimonio del actor pues la declaratoria de inexequibílidad produce efectos
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hacia el futuro, es decir, desde el 6 de mayo de 2004, tal como lo señala la
Corte Suprema de Justicia en la Sentencia con radicado No. 31321 del 13
diciembre de 2007.
Igualmente reitera que los derechos prestacíonales para el personal de la
Fuerza Pública o la población en general se consolida con la norma que
estaba vigente a la fecha del retiro del servicio.
Así pues el señor José Orlando Chilatra Salas al consolidar sus derechos
prestacionales bajo el Decreto 2070 de 2003 tiene derecho al
reconocimiento y pago de la prima de actividad en un 33% desde el 31 de
julio de 2004 hasta el 31 de junio de 2007 y el reajuste en un 45% en
aplicación del Decreto 2863 de 2007 desde el 1° de julio de 2007 hasta la
actualidad.
(…)
Como se ha explicado al resolverse los anteriores cargos el señor Chilatra
Salas consolidó su derecho al pago de la asignación de retiro el día 1 de
julio de 2004, fecha en la cual se retiró del servicio por solicitud propia, y
para esa fecha el Decreto 2070 de 2003, ya no estaba vigente en el
ordenamiento jurídico colombiano, y por tanto el régimen a aplicar era el
Decreto 1211 de 1990 (…).
(…)
Conforme a lo señalado al señor José Orlando Chilatra Salas se le tenía
que ajustar la prima de actividad de acuerdo al porcentaje a que se tenga
derecho, según el tiempo de servicio. Al respecto se precisa que al actor
inicialmente se le reconoció la prima de actividad en un 25% dado que
laboró por más de 20 años y menos de 25, por ende, adquirió su estatus
pensional el 1 de julio de 2004 con efectos fiscales a partir de dicha fecha
(…).
Luego, de acuerdo con el artículo 2o del Decreto 2863 de 2007, al actor se
le debía incrementar a partir del 1° de julio de 2007 en un cincuenta por
ciento (50%) el porcentaje de prima de actividad que aplicado sobre el
25%, es el 37.5% (…).
Visto lo anterior, es claro que la presente solicitud de amparo deviene
improcedente, justamente porque el actor busca revivir la discusión del proceso
ordinario, en torno a si le asiste o no derecho a la reliquidación de su asignación
de retiro, de conformidad con lo señalado en el Decreto 2070 de 2003, por haber
adquirido el estatus en vigencia de esta norma, lo cual fue analizado y decidido
razonablemente en las providencias hoy cuestionadas, en las que se concluyó que
se configuraron los presupuestos necesarios para la aplicación del Decreto 1211
de 1990.
2.2. Desconocimiento del precedente
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por
desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas 5:
a. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría
desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció 6.
b. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se
habría dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso
análogo ya decidido.
c. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se
dejó de aplicar.
d. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen
diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las
razones para apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá
desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos sean similares,
tampoco habrá desconocimiento del precedente si el juez identifica el criterio
jurisprudencial supuestamente ignorado y expone las razones para apartarse
(principios de transparencia y razón suficiente 7).
e. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la
razón central de la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge
de la valoración que el juez hace de las normas frente a los hechos y el material
probatorio en cada caso concreto 8.
f. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la
protección del derecho al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia.
5
Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011.
6
Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho: «la existencia de un precedente no depende del
hecho de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se
estime aplicable al caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso,
para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de
las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a
situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada
en el caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía
analógica».
7 En relación con el derecho de apartamiento y los principios de transparencia y razón suficiente,
ver, entre otras, las sentencias T-698 de 2004, T-794 de 2011 y T-364 de 2017 de la Corte
Constitucional.
8 Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es «la formulación general, más allá de las
particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base
de la decisión judicial específica». Ver, por ejemplo, la sentencia T-443 de 2010.
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En este sentido, según el accionante, las decisiones cuestionadas desconocieron
las sentencias del 28 de septiembre de 2006 (exp.2559-04), del 1º de marzo de
2012 (exp. 0702-09) y del 7 de marzo de 2013 (exp. 2108-10), todas emitidas por
la Sección Segunda del Consejo de Estado, en las cuales, en su criterio, el órgano
de cierre de esta jurisdicción fijó como regla que la norma aplicable para liquidar la
asignación de retiro es la vigente a la fecha de la desvinculación efectiva del
servicio y no del vencimiento de los tres meses de alta, además, indicó que el
propósito de ese periodo es surtir el trámite administrativo necesario para el
reconocimiento de la asignación de retiro.
Sobre el particular, la Sala advierte que las providencias referenciadas no pueden
entenderse como un precedente judicial, debido a que respecto a la vigencia y
aplicación del Decreto 2070 de 2003 no existe criterio unificado, razón por la cual
no puede exigirse a las autoridades judiciales accionadas que fallen en el mismo
sentido que en las decisiones invocadas como desconocidas.
Asimismo, en lo que atañe a la consolidación del derecho a la asignación de retiro,
esto es, si es en la fecha en que inician los tres meses de alta o cuanto terminan,
tampoco existe una sentencia de unificación, pues la Sección Segunda de esta
Corporación, especializada en asuntos de carácter laboral, ha asumido diversas
interpretaciones en casos similares al sub lite, las cuales han sido acogidas
indistintamente por las otras secciones del Consejo de Estado cuando fungen
como jueces de tutela.
De una parte, la Subsección A de la Sección Segunda considera que la norma
aplicable es la vigente al momento del retiro del miembro de la Fuerza Pública,
toda vez que para esa fecha se consolida su derecho y que los 3 meses de alta
constituyen un período que tiene como finalidad la elaboración de la hoja de
servicios y el reconocimiento de la prestación a través de acto administrativo
expedido por la entidad, culminados los cuales se goza del derecho al pago de la
asignación de retiro. Al respecto, en sentencia del 7 de marzo de 2013 910, se
precisó:
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7
de marzo de 2013, radicado 11001333101020070057501, M.P. Gustavo Gómez Aranguren.
10 Ver, entre otras, las sentencias, proferidas por la Subsección A de la se Sección Segunda de esta
Corporación, del 1 de marzo de 2012 (rad. 2005-02204-01), .4 de septiembre de 2017 (radicado 2015-00061-
01) y del 1° de marzo de 2018 (radicado 2014- 00342-01).
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
No obstante, conocida la declaratoria de inexequibilidad del Decreto
2070 de 2003, como lo señaló la entidad en la Resolución No. 03859 de
26 de julio de 2004, con claro desconocimiento de una situación
consolidada, procedió a efectuar el reconocimiento con base en el
Decreto 1213 de 1990, por considerar que ante el pronunciamiento de la
Corte Constitucional, lo procedente era la aplicación de la normatividad
que regía con anterioridad a la expedición de dicho decreto.
En efecto sobre el tema, ésta Subsección se pronunció acerca de la
vigencia del mencionado Decreto 2070 de 2003, en sentencia de 1° de
marzo de 2012, con ponencia del Consejero Dr. Alfonso Vargas Rincón,
dentro del proceso radicado con el No. 17001-23-31-000-2005-02204-
01(0702-09), en el que señaló:
‘Es cierto que el Decreto 2070 de 2003 fue objeto de declaratoria de
inexequibilidad a través de la sentencia C-432 de 2004, sin embargo,
para cuando se profirió esta providencia, 6 de mayo de 2004, estaba
vigente y el reconocimiento de la asignación de retiro había sido
efectuado desde el 13 de abril de 2004.
Sin embargo, no era posible modificar el acto de reconocimiento de la
asignación de retiro del actor con base en la declaratoria de
inexequibilidad de la norma que le había servido de fundamento a la
entidad, por cuanto los efectos de dichos fallos rigen hacia el futuro,
salvo que la misma providencia determine lo contrario, criterio que no
sólo está fundado en el principio de la presunción de legalidad, de
respeto por los efectos que ya surtió la Ley y por las situaciones
establecidas bajo su vigencia, sino también por el principio de seguridad
jurídica.
Así lo dispone el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, al decir:
ARTICULO 45. REGLAS SOBRE LOS EFECTOS DE LAS
SENTENCIAS PROFERIDAS EN DESARROLLO DEL CONTROL
JUDICIAL DE CONSTITUCIONALIDAD.
Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos
sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución
Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo
contrario.
En consecuencia, por lo expuesto, la Caja de Retiro de la Policía
Nacional no podía como lo hizo, modificar el régimen bajo el cual había
reconocido la asignación de retiro y por tal razón se confirmará la
providencia consultada, modificándola en el sentido de señalar que el
porcentaje en que debe reconocerse la prima de actividad corresponde
a un 54% más, como bien lo señaló el Procurador Segundo Delegado
ante esta Corporación en su concepto, por disposición del artículo 23
del Decreto 2070 de 2003’.
En efecto, para nuestro caso es importante resaltar que si bien el retiro
del actor se produjo el 13 de febrero de 2004 y los tres meses de alta
culminaron el 13 de mayo de 2004, es claro que tal periodo tiene como
uno de los objetivos primordiales la elaboración de la hoja de servicios y
el reconocimiento de la prestación a través de acto administrativo
proferido por la entidad, culminados los cuales se goza del derecho al
pago de la asignación de retiro, como lo disponen los artículos 24 y
siguientes del Decreto 2070 de 2003.
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Además en éste caso, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía, sólo
hasta el 26 de julio de 2004, procedió a efectuar el reconocimiento
pensional, por ello, no puede aceptarse que la mora de la
administración en tal reconocimiento varíe el régimen aplicable cuando
es el retiro el que determina la norma que rige la situación en cada
caso.
Por ello, no queda duda, que el actor cuenta con el derecho a que el
reconocimiento de la asignación de retiro se efectúe con base en el
Decreto 2070 de 2003, vigente a la fecha de retiro del actor, atendiendo
al 55% de la prima de actividad, y que debido a esto, sea reajustada su
asignación de retiro, efectiva desde el 13 de junio de 2004, como lo
pidió en la demanda, debido a la no ocurrencia del fenómeno de la
prescripción. No se accederá a los perjuicios solicitados debido a la
escasa actividad probatoria en tal aspecto de la parte demandante.
Por su parte, la Subsección B de la Sección Segunda considera que la fecha de
consolidación del derecho es cuando se cumplen los tres meses de alta, pues
hasta ese momento los miembros de la Fuerza Pública continúan percibiendo la
totalidad de su salario y permanecen en servicio activo, para efectos de
prestaciones sociales, como lo es la asignación de retiro. Esto se dijo en la
sentencia del 27 de junio de 2013 1112:
Teniendo en cuenta, lo expuesto en el acápite que antecede, estima la
Sala que en el caso concreto la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional liquidó en debida forma la asignación de retiro a que tenía
derecho el actor, al observar lo previsto en el Decreto 1213 de 1990, toda
vez que su retiro definitivo del servicio se constató el 12 de julio de 2004,
esto es, al finalizar los tres meses de alta previstos para efectos de
elaborar el expediente prestacional, momento en el cual el Decreto 2070
de 2003 ya había sido declarado inexequible por la Corte Constitucional
mediante sentencia C-432 de 6 de mayo de 2004.
En efecto, cabe recordar que la referida declaratoria de inexequibilidad no
creó un vacío jurídico sino que, por el contrario, dio lugar a que la norma
que había antecedido en el tiempo al Decreto 2070 de 2003 recobrara
plena vigencia. Así las cosas, para la Sala no existe duda de que estando
vigente el Decreto 1213 de 1990 a la fecha de retiro definitivo del
demandante, su asignación de retiro debía ser liquidada, reconocida y
pagada conforme a sus disposiciones.
Así las cosas, y teniendo en cuenta que el demandante prestó sus servicio
a la Policía Nacional por espacio de 21 años, la Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional, en atención a lo dispuesto en el artículo 101 del
Decreto 1213 de 1990, únicamente podía tener en cuenta la prima de
actividad como partida computable en un 20% del sueldo básico
devengado en actividad. Lo anterior tal y como ocurrió en el caso concreto.
No resulta acertada entonces la pretensión del actor en cuanto solicitó la
aplicación del Decreto 2070 de 2003, en la liquidación de su asignación de
retiro, dado que, se repite, para la fecha en que surgió a la vida jurídica el
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, radicado
25000-23-25-000-2008-00970-01 (1319-12). Actor: Orlando de Jesús Montoya Idárraga. Demandado: Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
12 Ver, entre otras, las sentencias, emitidas por la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación,
del 27 de junio de 2013 (radicado 2008-00970-01) y del 10 de julio de 2014 (radicado 2009-00041-01).
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
referido derecho prestacional, esto es, al vencimiento de sus tres meses de
alta, 12 de julio de 2004, la norma vigente en materia prestacional para el
personal de la Policía Nacional era el Decreto 1213 de 1990, el cual en sus
artículos 100 a 104 establecía el reconocimiento de una asignación de
retiro y el monto de las partidas computables para tal efecto.
Finalmente, y contrario a lo expresado por la parte actora, estima la Sala
que la redacción del artículo 104 del Decreto 1213 de 1990 no ofrece
dudas y, en consecuencia, no da lugar a una interpretación distinta a que
sólo al vencimiento de los 3 meses de alta, previstos para la elaboración
del expediente prestacional del oficial o suboficial retirado del servicio, se
tiene derecho al reconocimiento de la asignación mensual de retiro.
En ese sentido, las autoridades judiciales accionadas, en virtud del principio de
autonomía e independencia judicial, deberán resolver los casos sometidos a su
conocimiento en aplicación de las reglas de la sana crítica y la lógica, siempr e y
cuando expliquen suficientemente las razones y el sustento de la decisión, como,
en efecto, ocurrió aquí, pues, el Tribunal consideró que desde el día en que se
profirió la sentencia que declaró inexequible el Decreto 2070 de 2003, esto es, el 6
de mayo de 2004, tal normativa salió del ordenamiento jurídico, a lo cual agregó
que como la parte actora se retiró definitivamente de la institución el 1º de julio de
2004, esto es, cuando el referido decreto ya no se encontraba vigente, no podía
aplicarse al caso del accionante.
Para arribar a esta conclusión, efectuó un análisis de la naturaleza jurídica de la
prima de actividad para los oficiales y suboficiales en servicio activo de cara al
artículo 84 de la Ley 1211 de 1990, artículo 38 de la Ley 1214 de 1990 y del
artículo 31 del Decreto 673 de 2008. Además, tal como se observó en el acápite
anterior, resolvió cada uno de los reparos presentados en el recurso de apelación,
entre ellos, mencionó que las sentencias del 1º y 7 de marzo de 2013 no guardan
identidad fáctica con el caso en concreto y, por ello, no era viable aplicar las
disposiciones establecidas en las citadas providencias.
Conviene destacar que, si bien no corresponde al juez de tutela definir la correcta
interpretación de las normas que deban aplicarse al caso concreto, lo cierto es
que puede intervenir en pos de los derechos fundamentales, cuando advierta que
la interpretación carece de razonabilidad, lo cual no ocurre en el presente asunto.
En todo caso, vale decir que el simple desacuerdo de los sujetos procesales con
la interpretación judicial no es constitutivo del defecto sustantivo, pues, de lo
contrario, el juez de tutela se convertiría en el permanente revisor de la actividad
hermenéutica de los jueces ordinarios, circunstancia que, sin duda, es contraria a
los principios de autonomía e independencia judicial.
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Finalmente, cabe resaltar que el accionante no allegó elementos materiales
probatorios que den cuenta de la afectación de su mínimo vital por la no aplicación
del Decreto 2070 de 2003 a su caso, lo cual es un requisito indispensable para la
procedencia del reconocimiento y/o reliquidación de la pensión por vía de tutela:
Así lo ha dicho la Corte Constitucional 13:
La correcta y eficaz utilización de la acción de tutela, al tenor de su
configuración constitucional en el artículo 86 de la Carta, ha llevado a la
Corte Constitucional a establecer su procedencia para ordenar el
reconocimiento o reajuste de las mesadas pensionales, únicamente en
cumplimiento de cada uno de los siguientes requisitos:
1. Que la persona interesada haya adquirido el status de jubilado, o que
su falta de reconocimiento no se fundamente en la discusión sobre el
cumplimiento de los requisitos para ello, o en la inaplicación y/o
aplicación errónea de preceptos superiores.
2. Que el jubilado haya actuado en sede administrativa; es decir, que
haya interpuesto los recursos de vía gubernativa contra el acto que
reconoció la pensión, haya presentado la solicitud de reliquidación
ante el respectivo fondo de pensiones o, en igual medida, requerido a
la respectiva entidad para que certifique su salario real y ésta se
hubiere negado.
3. Que el jubilado haya acudido a las vías judiciales ordinarias para
satisfacer sus pretensiones, se encuentre en tiempo de hacerlo o, en
su defecto, demuestre que ello es imposible por razones ajenas a su
voluntad.
4. Que el jubilado acredite las condiciones materiales que justifican la
protección por vía de tutela, esto es, bien su condición de persona de
la tercera edad, o que la actuación resulta violatoria de sus derechos
fundamentales como la dignidad humana, la subsistencia, el mínimo
vital y la salud en conexidad con la vida u otras garantías superiores,
y que el hecho de someterla al trámite de un proceso ordinario hace
más gravosa su situación personal.
Entonces, teniendo en cuenta (i) que el accionante pretende continuar con el
debate jurídico que ya fue decidido en el proceso ordinario; (ii) que las sentencias
en cuestión no incurrieron en desconocimiento del precedente judicial citado por
el señor Chilatra Salas; (iii) que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
argumentó razonablemente por qué no aplicó el Decreto 2070 de 2003 al sub lite;
(iv) que la inconformidad del actor obedece a una mera discrepancia de criterio
con las providencias demandadas y (v) que no se acreditó por qué la inaplicación
13 Ver, entre otras, la sentencia T-1102 de 2008.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05174-00
Demandante: José Orlando Chilatra Salas
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
del decreto en cuestión afectó su mínimo vital, se considera que la solicitud de
amparo no cumple con el requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por el
señor José Orlando Chilatra Salas, por lo razonado en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la derecha
o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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