Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-05176-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-05176-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2023-05176-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
1 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA 17 ESPECIAL DE DECISIÓN
MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., primero (1°) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05176-00 (8363)
Recurrente: U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
TEMAS: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – procedencia – no es una instancia
adicional para reabrir aspectos debatidos y resueltos en el proceso inicial. CAUSALES – son
taxativas y de interpretación restrictiva. CAUSAL 5ª DEL ARTÍCULO 250 DEL CPACA – nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso – presupuestos para su configuración. POR
FALTA DE CONGRUENCIA – se presenta cuando existe disparidad protuberante entre lo
pedido, lo debatido y lo probado. POR VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO – inobservancia de
aspectos procesales de tal trascendencia que tengan impacto en la garantía del debido proceso.
POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL – no configura la causal
de nulidad originada en la sentencia. DECLARA INFUNDADO – no se acreditó vulneración al
principio de congruencia ni violación al debido proceso – el desconocimiento del precedente no
constituye vicio formal de la sentencia.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia1, el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN contra la
sentencia proferida el 8 de septiembre de 2022 por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con radicado núm. 25000-23-37-000-2014-00507-01.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 21 de mayo de 2014, Americas Styrenics de Colombia Ltda. (en adelante la
contribuyente) demandó la nulidad y restablecimiento del derecho de los Oficios 1-
032-243-435-1384 (12/04/2013), 1-032-243-435-2328 (24/07/2013) y 1-032-243-
435-0141 (17/01/2014), mediante los cuales la DIAN negó parcialmente la
corrección de la imputación de saldos a favor no devueltos, correspondientes al IVA
del 3.° y 5.° bimestre de 2008, que la contribuyente buscaba imputar a declaraciones
de los bimestres 4.º de 2008 a 6.º de 2012.
1 Artículos 243, 243ª, 249 y 255 del CPACA. Al sub júdice le resultan aplicables las disposiciones
procesales vigentes para la fecha de presentación de la demanda de revisión extraordinaria -20 de
septiembre de 2023-, las cuales corresponden a las contenidas en la Ley 1437 de 2011, modificada
por la Ley 2080 de 2021, así como a las disposiciones del C.G.P., en virtud de la integración
normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados.
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05176-00 (8363)
Recurrente: DIAN
El 4 de abril de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las
pretensiones. El 8 de septiembre de 2022, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
revocó la decisión de primera instancia y unificó la jurisprudencia sobre el plazo para
corregir declaraciones a fin de subsanar errores en la imputación de saldos a favor.
Finalmente, el 7 de diciembre de 2022, la Sección Cuarta complementó su sentencia
reconociendo el derecho de la contribuyente a la corrección de las declaraciones de
IVA desde el 4.º bimestre de 2008, y hasta el 6.º bimestre de 2012.
La DIAN interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de 8 de
septiembre de 2022 dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, afirmando
que se materializó la causal 5.ª del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en lo sucesivo CPACA), es decir,
la “nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso”, específicamente, por:
(i) vulneración del principio de congruencia, (ii) violación al debido proceso y (iii)
desconocimiento del precedente jurisprudencial.
II. ANTECEDENTES
1. El proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió
la sentencia objeto de revisión
La DIAN narró que el 17 de julio y 21 de noviembre de 2008, la contribuyente
presentó las declaraciones del IVA correspondientes al 3° y 5° bimestre de 2008,
con saldos a favor por valor de $ 651 473 000 y $359 723 000 000, respectivamente.
Sin embargo, dichos saldos no fueron imputados a las declaraciones subsiguientes
ni fueron objeto de devolución.
Sostuvo que, el 15 de febrero de 2013, con fundamento en el artículo 432 de la Ley
962 de 2005, la contribuyente le peticionó la corrección por errores de imputación
de las declaraciones del IVA desde el 4.° bimestre de 2008 hasta el 2.° bimestre de
20113.
Afirmó que, el 12 de abril de 2013, mediante Oficio núm. 1-032-243-435-1384: (i)
aceptó imputar el saldo a favor de la contribuyente, correspondiente al 2° bimestre
de 2011, a las declaraciones de los bimestres 3.° al 6.° de 2011 y 1° a 6° de 2012
pero (ii) negó la solicitud de imputar el saldo a favor de la contribuyente,
correspondiente a las declaraciones del IVA del 3.° y 5.°bimestre de 2008, a las
declaraciones del IVA del 4.° bimestre de 2008 al 2.° bimestre de 2011, por
2 “Artículo 43. Corrección de errores e inconsistencias en las declaraciones y recibos de pago. […]
estos se podrán corregir de oficio o a solicitud de parte, sin sanción, para que prevalezca la verdad
real sobre la formal, generada por error, siempre y cuando la inconsistencia no afecte el valor por
declarar. […] La corrección se podrá realizar en cualquier tiempo, modificando la información en los
sistemas que para tal efecto maneje la entidad, ajustando registros y los estados financieros que
haya lugar, e informará de la corrección al interesado. […]” (Destacado fuera del texto).
3 Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos
administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones
públicas o prestan servicios públicos.
2
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Recurrente: DIAN
extemporaneidad de la solicitud de imputación de saldos, según el término
dispuesto en el artículo 589 del Estatuto Tributario.
Informó que, el 24 de julio de 2013 y el 17 de enero de 2014, en su orden, en Oficios
núms. 1-032-243-435-2328 y 1-032-243-435-0141, ratificaron la decisión de negar
la solicitud de imputar a las declaraciones del IVA de los bimestres 4.° de 2008 al
2.° de 2011, y el saldo a favor de la contribuyente, correspondiente a las
declaraciones del IVA de los bimestres 3.° y 5.° de 2008.
Sostuvo que, el 21 de mayo de 2014, la contribuyente ejerció demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho y solicitó que se declarara la nulidad de los Oficios
núms. 1-032-243-435-1384 de 12 de abril de 2013, 1-032-243-435-2328 de 24 de
julio de 2013 y 1-032-243-435-0141 de 17 de enero de 2014, y se ordenará
reconocer que el saldo a favor de las declaraciones del 3.° y 5.° bimestre de 2008
era imputable a los períodos posteriores y, en consecuencia, se corrigieran las
declaraciones del IVA del 4.° bimestre de 2008 al 2.° bimestre de 20114.
Expuso que, el 4 de abril de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó
las pretensiones de la demanda5, al considerar que la solicitud de corrección debió
interponerse dentro del año siguiente al vencimiento del término para presentar la
declaración, conforme a lo previsto en el artículo 5896 del Estatuto Tributario.
Indicó que, el 23 de abril de 2018, la parte demandante apeló la decisión,
argumentando que la norma aplicable no era el artículo 589 del Estatuto Tributario,
sino el artículo 43 de la Ley 962 de 2005, por errores de imputación dentro del
término de firmeza. Asimismo, cuestionó que la sentencia no se pronunció sobre el
artículo 705-17 del Estatuto Tributario y alegó que negar la corrección de las
declaraciones implicó un enriquecimiento sin justa causa de la DIAN8.
Afirmó que, el 8 de septiembre de 2022, la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
mediante sentencia 2022CE-SUJ-4-002, unificó la jurisprudencia precisando que: (i)
en los términos del artículo 43 de la Ley 962 de 2005, el plazo para corregir
declaraciones tributarias a efectos de enmendar errores de imputación de saldos a
favor no está sujeto al término de firmeza ni a los vencimientos de los artículos 5889
4 Índice 27 de Samai. Documento “42RECIBE PRUEBAS”, “Part 1 507”, págs. 4 a 38.
5 Índice 27 de Samai. Documento “43RECIBE PRUEBAS”, “Part 5 507”, págs. 91 a 122.
6 “Artículo 589. Correcciones que disminuyan el valor a pagar o aumenten el saldo a favor. Para
corregir las declaraciones tributarias, disminuyendo el valor a pagar o aumentando al saldo a favor,
se elevará solicitud a la Administración de Impuestos y Aduanas correspondiente, dentro del año
siguiente al vencimiento del término para presentar la declaración […]”.
7 “Artículo 705-1. Término para notificar el requerimiento en Ventas y Retención en la Fuente. Los
términos para notificar el requerimiento especial y para que queden en firme las declaraciones del
impuesto sobre las ventas y de retención en la fuente, del contribuyente, a que se refieren los
artículos 705 y 714 del Estatuto Tributario, serán los mismos que correspondan a su declaración de
renta respecto de aquellos períodos que coincidan con el correspondiente año gravable".
8 Índice 27 de Samai. Documento “43RECIBE PRUEBAS”, “Part 6 507”, págs. 6 a 11.
9 “Artículo 588. Correcciones que aumentan el impuesto o disminuyen el saldo a favor. Sin perjuicio
de lo dispuesto en los artículos 709 y 713 del Estatuto Tributario, los contribuyentes, responsables o
agentes retenedores, podrán corregir sus declaraciones tributarias dentro de los tres (3) años
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Recurrente: DIAN
y 589 del Estatuto Tributario, y (ii) este procedimiento especial permite modificar las
sumas imputadas “en cualquier tiempo”10.
Indicó que, con observancia de los criterios unificados, la Sección Cuarta revocó la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, declaró la nulidad parcial de los oficios
acusados y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó a la demandada
corregir las declaraciones del IVA correspondientes a los bimestres 4.° a 6.° de
2008; 1.° a 6.° de 2009 y 2010; y 1.° y 2.° de 2011.
Sostuvo que, el 26 de septiembre de 2022, la contribuyente solicitó aclaración y
adición de la sentencia de segunda instancia, porque se ordenó corregir las
declaraciones del IVA únicamente hasta el 2011, omitiendo los periodos
correspondientes al 201211.
Manifestó que, el 7 de diciembre de 2022, la Sección Cuarta de esta Corporación
complementó su sentencia, en el sentido de incluir en el restablecimiento del
derecho todos los bimestres solicitados, desde el 4.° bimestre de 2008 hasta el 6.°
bimestre de 201212.
2. El recurso extraordinario de revisión
El 19 de septiembre de 202313, la DIAN formuló recurso extraordinario de revisión
contra la sentencia de unificación 2022CE-SUJ-4-002, proferida el 8 de septiembre
de 2022 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado y complementada el 7 de
diciembre de 2022. Invocó la causal 5.ª del artículo 250 del CPACA, esto es, la
“nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación”.
En sustento, afirmó que la sentencia recurrida incurrió en las irregularidades que,
por razones metodológicas, la Sala concreta de la siguiente manera:
2.1. Vulneración del principio de congruencia, porque la decisión (i) omitió
pronunciarse sobre los fundamentos expuestos por la contribuyente como sustento
de sus pretensiones, en particular, sobre las normas que regulan la firmeza de las
declaraciones tributarias, los artículos 70514, 705-1 y 71415 del Estatuto Tributario y
siguientes al vencimiento del plazo para declarar y antes de que se les haya notificado requerimiento
especial o pliego de cargos, en relación con la declaración tributaria que se corrige, y se liquide la
correspondiente sanción por corrección […]”.
10 Índice 27 de Samai. Documento “37RECIBE PRUEBAS”, Documento “16 […] SENTENCIA”.
11 Índice 27 de Samai. Documento “37RECIBE PRUEBAS”, Documento “9 […] SOLICITUD”.
12 Índice 27 de Samai. Documento “38RECIBE PRUEBAS”, Documento “20 […] SENTENCIACOMP”.
13 Índice 2 de Samai. Documento “1_DemandaWeb”.
14 “Artículo 705. Término para notificar el requerimiento. El requerimiento de que trata el artículo 703,
deberá notificarse a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de vencimiento del
plazo para declarar. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, los
dos (2) años se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma […]”.
15 “Artículo 714. Firmeza de la liquidación privada. La declaración tributaria quedará en firme, si
dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar, no se ha
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Recurrente: DIAN
(ii) excedió lo solicitado y debatido en el proceso, al adoptar unas reglas de
unificación, según las cuales las correcciones por errores en la imputación de saldos
a favor no están sujetas al límite de firmeza.
2.2. Violación al debido proceso, por cuanto la sentencia desconoció la firmeza de
las declaraciones tributarias vulnerando los artículos 2916 y 20917 de la Constitución
Política, así como disposiciones del Estatuto Tributario, que establecen límites
temporales para modificar las declaraciones. Asimismo, reiteró que, al incluir las
reglas de unificación en una sentencia de cierre no susceptible de apelación, se
vulneró el debido proceso porque esto le impidió a la DIAN controvertir el alcance
de dichas reglas, afectando su derecho de contradicción y defensa.
2.3. Desconocimiento del precedente jurisprudencial18 que condiciona la
procedencia de las correcciones previstas en el artículo 43 de la Ley 962 de 2005 a
que la declaración tributaria no se encuentre en firme. Señala que, aunque dichas
correcciones no afectan el fondo del impuesto, los saldos a favor sí inciden en
devoluciones y compensaciones, lo que exige establecer un límite temporal.
En consecuencia, solicitó que se declare la nulidad de la sentencia recurrida y se
ordene a la Sección Cuarta del Consejo de Estado dictar una nueva sentencia
“donde la regla de unificación tenga en cuenta la institución jurídico tributario (sic)
de la firmeza de las declaraciones tributarias”.
3. Contestación al recurso extraordinario de revisión
El 25 de enero de 2024, se admitió el recurso extraordinario de revisión y se ordenó
notificar a la contribuyente, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado19.
3.1. La Procuraduría General de la Nación solicitó que se declarara infundado el
recurso extraordinario de revisión, porque no se configuró la causal 5.ª del artículo
250 del CPACA. Conceptuó que, la Sección Cuarta del Consejo de Estado actuó
notificado requerimiento especial. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma
extemporánea, los dos años se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma […]”.
16 “Articulo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
[…]”
17 “Articulo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de
funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de
los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que
se ejercerá en los términos que señale la ley.”
18 Citó “Sentencia de 5 de diciembre de 2011 Rad. 110010327000 2009 00011 00 (17545) […] en la
que se reitera lo expuesto en agosto 19 de 2010, expediente 16707 […]. También, en la sentencia
de 14 de abril de 2011, expediente 17829, el Consejo de Estado ya había señalado que la
interpretación del artículo 43 de la Ley anti tramites respecto que la corrección puede hacerse en
cualquier tiempo, debía entenderse dentro del término de firmeza y no una vez el tributo se ha
definido […]. En la sentencia de 14 de marzo de 2019, C.P. Jorge Octavio Ramírez […]”.
19 Índice núm. 12 de SAMAI.
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Recurrente: DIAN
conforme a lo dispuesto en los artículos 27020 y 27121 del CPACA y el ordinal 2.º del
artículo 1422 del Acuerdo 080 de 201923, en atención a los criterios jurisprudenciales
disímiles sobre el procedimiento de corrección previsto en el artículo 43 de la Ley
962 de 2005. Precisó que el recurso extraordinario pretende reabrir un debate
jurídico ya resuelto, desnaturalizando la finalidad excepcional de dicho mecanismo
de revisión24.
3.2. La contribuyente y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
Para resolver el recurso extraordinario de revisión, la Sala abordará los siguientes
aspectos: (1) presupuestos procesales, (2) problema jurídico, (3) hechos probados,
(4) análisis de configuración de la causal de revisión extraordinaria, (5) conclusión
y (6) costas.
1. Presupuestos procesales
1.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10725 y 24926 del CPACA, en
20 “Artículo 270. Sentencias de unificación jurisprudencial. Para los efectos de este Código se tendrán
como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado
por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar
jurisprudencia precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación […].”
21 “Artículo 271. Decisiones por importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad
de sentar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y
aplicación. Modificado por el artículo 79 de la Ley 2080 de 2021. Por razones de importancia jurídica,
trascendencia económica o social o necesidad de sentar o unificar jurisprudencia o precisar su
alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación que ameriten la expedición de
una sentencia o auto de unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado podrá asumir conocimiento
de los asuntos pendientes de fallo o de decisión interlocutoria. Dicho conocimiento podrá asumirse
de oficio; […] a solicitud de parte, o por solicitud de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado o del Ministerio Público. […]”
22 “Artículo 14. Otros asuntos asignados a las secciones según su especialidad. Cada una de las
Secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo, atendiendo al criterio de especialidad,
también tendrá́ competencia para: […] 2. Dictar las sentencias de unificación jurisprudencial por
razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar
jurisprudencia, […] Las Secciones podrán asumir conocimiento a solicitud de parte, de oficio, por
petición del Ministerio Público o por remisión de las Subsecciones o de los Tribunales
Administrativos. […]”.
23 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
24 Índice núm. 19 de SAMAI.
25 “Artículo 107. Integración y composición. […] Créanse en el Consejo de Estado las salas
especiales de decisión, además de las reguladas en este Código, encargadas de decidir los procesos
sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los
procesos de pérdida de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán
integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de las secciones que la conforman, con
exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si fuere el caso. La integración y funcionamiento
de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al respecto establezca el reglamento
interno”.
26 “Artículo 249. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. […]”.
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Recurrente: DIAN
concordancia con el artículo 2927 del Acuerdo 080 de 2019, la Sala 17 Especial de
Decisión es competente para decidir el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra el fallo proferido en segunda instancia por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado.
1.2. De acuerdo con el artículo 24828 del CPACA, en el caso bajo estudio el recurso
extraordinario es procedente, toda vez que tiene por objeto la revisión de una
sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, la cual se
encuentra debidamente ejecutoriada.
1.3. Al tenor del artículo 25129 del CPACA, el recurso extraordinario de revisión se
formuló dentro del término legal, puesto que (i) el 11 de enero de 2023 quedó
ejecutoriada la sentencia recurrida (hecho probado 3.23.) y (ii) el 19 de septiembre
de 2023, la demandante interpuso su solicitud, es decir, dentro del año siguiente a
la ejecutoria de la sentencia impugnada.
1.4. La DIAN se encuentra legitimada en la causa para interponer el recurso
extraordinario de revisión, pues fungió como parte pasiva en la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho resuelta el 8 de septiembre de 2022 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, y complementada el 7 de diciembre de 2022 (hechos
probados 3.11., 3.20 y 3.22.).
2. Problema jurídico
De conformidad con los cargos expuestos en el recurso extraordinario de revisión,
corresponde a la Sala determinar si se configura la causal de revisión establecida
en el numeral 5.º del artículo 250 del CPACA, es decir, si existe nulidad originada
en la sentencia proferida el 8 de septiembre de 2022, complementada el 7 de
diciembre de 2022, por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por: (i) vulneración
al principio de congruencia, (ii) violación al debido proceso y (iii) desconocimiento
del precedente jurisprudencial.
27 “Artículo 29. Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia
de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: 1. Los recursos extraordinarios de revisión
interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado. 2. Los
recursos extraordinarios de súplica asignados a las Salas Especiales Transitorias de Decisión
creadas por el artículo 3º de la Ley 954 de 2005, mientras estuvo vigente. 3. Los demás procesos
que les sean asignados por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. 4. Las revisiones
eventuales en materia de acciones populares y de grupo que a la fecha de entrada en vigencia del
presente acuerdo estén pendientes de decisión por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
las cuales quedarán asignadas a la respectiva Sala Especial de Decisión a la que pertenezca el
ponente, en los términos de este Acuerdo. […]” (negrita fuera del texto).
28 “Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos”.
29 “Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año
siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. […]”. Para las causales 1°, 2°, 5°, 6° y 8°, el
término para formular el recurso extraordinario de revisión es de un año, contado a partir de la
ejecutoria de la respectiva sentencia. Entonces, como en este asunto se invocó la causal 5° la
recurrente contaba con 1 año, una vez en firme la providencia objeto de censura.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05176-00 (8363)
Recurrente: DIAN
3. Hechos probados
Con fundamento en las pruebas que obran en el expediente, se encuentran
acreditados los siguientes hechos relevantes para la decisión del presente asunto:
3.1. El 17 de julio de 2008, la contribuyente presentó la declaración del IVA del 3.º
bimestre de 2008, con un saldo a favor de $ 651 473 00030.
3.2. El 17 de septiembre de 2008, la contribuyente presentó la declaración de IVA
del cuarto bimestre de 200831.
3.3. El 21 de noviembre de 2008, la contribuyente presentó la declaración del IVA
del 5.º bimestre de 2008, con un saldo a favor de $ 359 723 000 00032.
3.4. El 17 de septiembre de 2010, la contribuyente presentó la declaración de
corrección del IVA del 4.º bimestre de 200833.
3.5. El 15 de febrero de 2013, con fundamento en el artículo 43 de la Ley 962 de
2005, la contribuyente le peticionó a la DIAN, primero, la corrección de las
declaraciones del IVA correspondiente al 3.º y 5.º bimestre de 2008, manifestando
que se presentaron errores al imputar los saldos a favor no devueltos. Solicitó que
dichos valores fueran imputados a las declaraciones bimestrales subsiguientes,
desde el 4.º bimestre de 2008 hasta el 6.º bimestre de 2012. Asimismo, una segunda
petición consistió en que se corrigiera la imputación del saldo a favor del 2.º bimestre
de 2011, aplicándolo a las declaraciones del 3.º al 6.º bimestre de 2011 y del 1.º al
6.° bimestre de 201234.
3.6. El 12 de abril de 2013, mediante Oficio núm. 1-032-243-435-1384, la DIAN
accedió a la segunda petición y corrigió la imputación del saldo a favor del 2.°
bimestre de 2011 para aplicarlo a las declaraciones solicitadas, por presentarse
dentro del término de un año, pero negó la primera solicitud, consistente en la
imputación de los saldos a favor de las declaraciones del IVA de los períodos 3.° y
5.° de 2008 a las declaraciones posteriores, al considerar que la solicitud fue
extemporánea, porque: (i) la declaración correspondiente al 4.º bimestre de 2008
fue presentada el 17 de septiembre de ese año; (ii) la solicitud de corrección fue
radicada el 15 de febrero de 2013 y (iii) las solicitudes de corrección debían
presentarse dentro del año siguiente al vencimiento del plazo para declarar35.
30 Índice 27 de Samai. Documento “42RECIBE PRUEBAS”, “Part 2 p-507”, págs. 27 y 28.
31 Índice 27 de Samai. Documento “42RECIBE PRUEBAS”, “Part 2 p-507”, págs. 27 y 28.
32 Índice 27 de Samai. Documento “42RECIBE PRUEBAS”, “Part 2 p-507”, págs. 27 y 28.
33 Índice 27 de Samai. Documento “42RECIBE PRUEBAS”, “Part 2 p-507”, págs. 27 y 28
34 Índice núm. 27 de Samai, Documento “42RECIBE PRUEBAS”, “Part 2 p-507”, págs. 27 a 36, y
“Part 3 507”, págs. 1 a 5.
35 Índice núm. 27 de Samai, Documento “42RECIBE PRUEBAS”, “Part 3 507”, págs. 7 a 13.
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Recurrente: DIAN
3.7. El 20 de mayo de 2013, la contribuyente objetó el Oficio de 12 de abril de 2013,
reiterando que la solicitud denegada fue radicada de forma oportuna, conforme a lo
dispuesto por el artículo 43 de la Ley 962 de 200536.
3.8. El 24 de julio de 2013, en Oficio núm. 1-032-243-435-2328, la DIAN ratificó su
decisión anterior37.
3.9. El 26 de agosto de 2013, la contribuyente objetó el Oficio de 24 de julio de
2013, insistiendo en que la presentación de la solicitud de corrección se realizó en
tiempo38.
3.10. El 17 de enero de 2014, mediante Oficio núm. 1-032-243-435-0141 la DIAN
ratificó las respuestas contenidas en los Oficios núms. 1-032-243-435-1384 y 1-032-
243-435-232839.
3.11. El 21 de mayo de 2014, la contribuyente presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la DIAN, para que se declarara la nulidad de las
decisiones que negaron la corrección de las declaraciones del IVA correspondiente
al 3.º y 5.º bimestre de 2008 y, a título de restablecimiento del derecho, solicitó que
se imputara el saldo a favor, correspondiente a estas declaraciones, a los períodos
subsiguientes, hasta el 6.º bimestre de 2012, de manera que se corrigieran las
declaraciones del IVA desde el 4.º bimestre de 2008 hasta el 2.º bimestre de 201140.
Indicó como cargos de la demanda: (i) vulneración al debido proceso, por
desconocimiento del artículo 43 de la Ley 962 de 2005 e indebida aplicación del
artículo 589 del Estatuto Tributario; (ii) vulneración de los artículos 705, 705-1 y 714
del Estatuto Tributario, al negar la corrección de la declaración, aun cuando esta fue
presentada dentro del término de firmeza y (iii) enriquecimiento sin causa de la
DIAN, configurado mediante la negativa de imputar los saldos a favor de la
contribuyente.
3.12. El 26 de febrero de 2016, la DIAN contestó la demanda y argumentó la
legalidad de los oficios demandados, porque se expidieron conforme al marco
normativo y jurisprudencial aplicable41, toda vez que (i) no se vulneró el debido
proceso, porque al expedir los oficios objeto de la demanda, se diferenció el
procedimiento del artículo 589 del Estatuto Tributario, frente a lo dispuesto en el
artículo 43 de la Ley 962 de 2005; (ii) interpretó en debida forma el artículo 43
ibidem, toda vez que aplicó el límite temporal conforme a lo establecido en el
Concepto núm. 39724 de 2007 de la DIAN, ratificado en su legalidad por la sentencia
36 Índice núm. 27 de Samai, Documento “45RECIBE PRUEBAS”, “Objeciones Radicado-IVA-2008-
mayo”.
37 Índice núm. 27 de Samai, Documento “42RECIBE PRUEBAS”, “Part 1 507”, págs. 13 y 14.
38 Índice 27 de Samai. Documento “44RECIBE PRUEBAS”, “Objeciones Radicado-IVA-2008-26 de
agosto”.
39 Índice núm. 27 de Samai, Documento “42RECIBE PRUEBAS”, “Part 3 507”, págs. 41 a 43.
40 Índice 27 de Samai. Documentos “44RECIBE PRUEBAS”, “Demanda” y “42RECIBE PRUEBAS”,
“Part 1 507”, págs. 4 y 5.
41 Índice núm. 27 de Samai, Documento “42RECIBE PRUEBAS”, “Part 2 p-507”, Págs. 19 a 23.
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Recurrente: DIAN
de 5 de diciembre de 2011 (Exp. 17.545)42 y (iii) no desconoció los artículos 705,
705-1 y 714 del Estatuto Tributario, porque la Ley 962 de 2005 no derogó ni modificó
los plazos establecidos en la ley tributaria.
3.13. El 13 de mayo de 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca estableció
que el objeto del litigio consistía en determinar si los oficios que negaron la solicitud
de corrección del error en la imputación de los saldos de la declaración del IVA
correspondientes a los períodos 3.º y 5.º de 2008, e impidieron su traslado a las
declaraciones subsiguientes, incurrieron en desconocimiento o indebida
interpretación de la normatividad aplicable, configurando una falsa motivación;
vulneraron el derecho al debido proceso y el principio de seguridad jurídica, y dieron
lugar a un eventual enriquecimiento sin causa por parte de la Administración43.
3.14. El 16 de noviembre de 2016, la DIAN presentó alegatos de conclusión. Citó la
sentencia de 29 de septiembre de 2000 (Exp. 10.576)44, para destacar la
imposibilidad de modificar declaraciones en firme, y argumentó que la solicitud para
la corrección de declaraciones tributarias debía presentarse en el término previsto
en el artículo 589 del Estatuto Tributario, es decir, dentro del año siguiente al
vencimiento del plazo para declarar. Además, precisó que la expresión “en cualquier
tiempo” del artículo 43 de la Ley 962 de 2005 había sido limitada por la doctrina
administrativa, en el sentido de establecer que las correcciones por errores en la
imputación o arrastre de saldos a favor debían presentarse dentro del término del
artículo 589 del Estatuto Tributario45.
3.15. El 21 de noviembre de 2016, la contribuyente presentó alegatos de conclusión.
Insistió en que a la solicitud de corrección le era aplicable el artículo 43 de la Ley
962 de 2005, y no el artículo 589 del Estatuto Tributario, de manera que las
declaraciones no estaban en firme. Asimismo, indicó que, conforme a la sentencia
de 14 de abril de 2011 del Consejo de Estado (Exp. 17.829), la corrección de las
declaraciones tributarias debía hacerse dentro del término de firmeza y, una vez
este finalizara, el tributo se volvía inmodificable46.
3.16. El 4 de abril de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que la solicitud de corrección debía
tramitarse dentro del término previsto en el artículo 589 del Estatuto Tributario, el
cual debía aplicarse de manera armónica con el artículo 43 de la Ley 962 de 2005.
Al respecto, observó el criterio jurisprudencial contenido en la sentencia de 5 de
diciembre de 2011 (Exp. 17.545), según el cual la expresión “en cualquier tiempo”
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 5 de
diciembre de 2011, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, Radicación núm. 11001-03-27-000-
2009-00011-00 (17.545).
43 Índice núm. 27 de Samai, Documento “43RECIBE PRUEBAS”, “Part 5 507”, Págs. 100 y 101.
44 Asimismo, citó las sentencias de “2 de marzo de 2001 Exp. 11656 C.P. Dr. Juan Ángel Palacio
Hincapié; 4 de mayo de 2001, Exp. 11653 C.P. Dra. Ligia López Díaz; 2 de noviembre de 2001 Exp.
12407 C.P. Dra. Ligia López Díaz y 26 de septiembre de 2002, Exp. 12790”.
45 Índice núm. 27 de Samai, Documento “43RECIBE PRUEBAS”, “Part 5 507”, Págs. 55 a 73.
46 Índice núm. 27 de Samai, Documento “43RECIBE PRUEBAS”, “Part 5 507”, Págs. 75 a 90.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05176-00 (8363)
Recurrente: DIAN
del artículo 43 no podía interpretarse como un plazo indefinido, sino que tenía que
entenderse limitado por el término de firmeza de la declaración tributaria 47.
3.17. El 23 de abril de 2018, la contribuyente interpuso recurso de apelación contra
la sentencia de primera instancia. Argumentó que el fallo no se pronunció sobre la
interpretación del artículo 705-1 del Estatuto Tributario ni sobre el cargo de
enriquecimiento sin justa causa. Reiteró que el procedimiento previsto en el artículo
43 de la Ley 962 de 2005 no se rige por el término del artículo 589 del Estatuto
Tributario, sino por el de firmeza de las declaraciones48.
3.18. El 15 de agosto de 2018, la contribuyente presentó alegatos de conclusión en
segunda instancia. Indicó que la jurisprudencia de la Sección Cuarta de esta
Corporación que aplicaba el término del artículo 589 del Estatuto Tributario al
procedimiento del artículo 43 de la Ley 962 de 2005 desconocía la firmeza de las
declaraciones, las sentencias de 6 de marzo de 2003 (Exp. 13.185) y 5 de diciembre
de 2011 (Exp. 17.545) y el Concepto núm. 39.724 de 2007 expedido por la DIAN 49.
3.19. El 28 de agosto de 2018, la DIAN presentó alegatos de conclusión en segunda
instancia. Sostuvo que los oficios acusados aplicaron la interpretación del Concepto
núm. 39.724 de 2007 de la entidad, según los cuales las correcciones por errores
en la imputación o arrastre de saldos debían presentarse dentro del término de un
año previsto en el artículo 589 del Estatuto Tributario y explicó que la Ley 962 de
2005 tiene como propósito agilizar trámites sin modificar los plazos establecidos por
el Estatuto Tributario50.
3.20. El 8 de septiembre de 2022, ante la existencia de criterios dispares, mediante
sentencia 2022CE-SUJ-4-002, la Sección Cuarta de esta Corporación unificó su
jurisprudencia en el sentido de precisar que: (i) la solicitud para corregir errores en
la imputación de saldos a favor de los contribuyentes o de anticipo de impuestos de
un período de declaración siguiente, realizada con fundamento en el artículo 43 de
la Ley 962, en cuanto no afectan el contenido material de la declaración, no estaba
limitada por los términos de firmeza ni por los plazos de los artículos 588 y 589 del
Estatuto Tributario, (ii) el procedimiento especial de corrección del referido artículo
43 permite aumentar o disminuir las sumas imputadas de un período declarado al
siguiente y (iii) estas reglas aplican únicamente a trámites administrativos y
judiciales pendientes, sin afectar decisiones en firme51. Así, en observancia de las
reglas unificadas, revocó la decisión de primera instancia y declaró la nulidad parcial
de los oficios acusados, ordenándole a la DIAN corregir las declaraciones del IVA
de los bimestres 4.º al 6.º de 2008, 1.º al 6.º de 2009 y 2010 y 1.º y 2.º de 2011.
47 Índice núm. 27 de Samai, Documento “43RECIBE PRUEBAS”, “Part 5 507”, Págs. 91 a 122.
48 Índice 27 de Samai. Documento “43RECIBE PRUEBAS”, “Part 6 507”, págs. 1 a 11.
49 Índice 27 de Samai. Documento “43RECIBE PRUEBAS”, “Part 6 507”, págs. 29 a 33.
50 Índice 27 de Samai. Documento “43RECIBE PRUEBAS”, “Part 6 507”, págs. 35 a 51.
51 Índice núm. 27 de Samai, Documento “37RECIBE PRUEBAS”, “16 […] SENTENCIA”.
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Recurrente: DIAN
3.21. El 26 de septiembre de 2022, la parte demandante presentó solicitud de
aclaración y adición de la sentencia de segunda instancia, advirtiendo que esta
ordenó corregir las declaraciones del IVA únicamente hasta el 2011, sin tener en
cuenta los bimestres del 201252.
3.22. El 7 de diciembre de 2022, la Sección Cuarta del Consejo de Estado adicionó
la sentencia de segunda instancia en el sentido de reconocer que la contribuyente
tenía derecho a que se corrigieran todas las declaraciones del IVA presentadas
desde el 4.° bimestre de 2008 hasta el sexto bimestre de 201253.
3.23. El 11 de enero de 2023 quedó ejecutoriada la sentencia proferida el 8 de
septiembre de 2022, complementada el 7 de diciembre de 2022, por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado54.
4. Análisis de configuración de la causal de revisión extraordinaria
La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión formulado por la
DIAN, fundamentado en la causal 5.ª del artículo 250 del CPACA, contra la
sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 8 de septiembre
de 2022, complementada el 7 de diciembre de 2022, por las siguientes razones:
4.1. El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada.
Por tal razón, el legislador estableció de manera taxativa las causales que habilitan
la procedencia de este medio de impugnación, a efectos de prevenir un uso indebido
que lleve a un nuevo debate probatorio o interpretativo.
Así, el recurso extraordinario de revisión, cuya naturaleza en realidad es la de ser
una acción autónoma del proceso que da lugar a ella, no tiene como finalidad
corregir errores in iudicando, ni puede fundamentarse en las mismas pruebas que
sirvieron de base para la decisión que puso fin al proceso. Para la corrección de
estos errores existen los recursos ordinarios dentro del respectivo proceso.
Asimismo, se advierte que la revisión extraordinaria no está concebida como un
mecanismo para subsanar errores, omisiones o estrategias deficientes de los
sujetos procesales, ocurridas durante el proceso inicial u ordinario, de manera que
no puede utilizarse para corregir negligencias ni para reabrir un debate judicial que
ya ha sido resuelto conforme a derecho.
Por el contrario, la acción de revisión tiene como propósito el examen de hechos
nuevos que impactan la decisión adoptada y afectan el sentido de justicia que de
ella emana. Dado que esta acción incide en la certeza jurídica derivada de la cosa
52 Índice 27 de Samai. Documento “37RECIBE PRUEBAS”, Documento “9 […] SOLICITUD”.
53 Índice 27 de Samai. Documento “38RECIBE PRUEBAS”, Documento “20 […] SENTENCIACOMP”.
54 Constancia de ejecutoria expedida por el secretario del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Índice 2 de Samai. Documento “7_DemandaWeb”.
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Recurrente: DIAN
juzgada, su carácter es no solo extraordinario, sino también restrictivo, ya que solo
procede en los eventos y por las causales expresamente señaladas en la ley, sin
posibilidad de invocar otras distintas.
Esta taxatividad resulta justificada, pues la acción de revisión es un mecanismo
excepcional que permite modificar providencias protegidas por el principio de cosa
juzgada. En consecuencia, las causales previstas para su procedencia deben ser
aplicadas e interpretadas de manera estricta, restrictiva o restringida, garantizando
que su utilización responda únicamente a los supuestos contemplados por la norma
y evitando que se convierta en una instancia adicional de impugnación. En este
sentido, la Corte Constitucional ha señalado que “las causales previstas para la
revisión deben ser aplicadas e interpretadas en sentido restringido”55.
En la Jurisdicción Contencioso Administrativo, el artículo 248 del CPACA dispone la
procedencia del recurso extraordinario de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los tribunales
administrativos y por los jueces administrativos.
A su turno, las causales de revisión se encuentran dispuestas en el artículo 250 del
CPACA y, en lo que atañe a providencias que impongan al tesoro público o a fondos
de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza, en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Por su parte, el artículo 252 del CPACA pone de manifiesto el carácter restrictivo y
formalista de este recurso extraordinario y exige que su interposición se realice
mediante un escrito que contenga la indicación razonada de la causal invocada y
una exposición clara de los hechos u omisiones que sustentan su configuración.
Esto impone una carga argumentativa y formal significativa sobre quien impugna
una decisión en firme. Tales exigencias responden a la necesidad de delimitar con
precisión el objeto del recurso, permitir el adecuado ejercicio del derecho de
contradicción y restringir el análisis del juez de la revisión extraordinaria, pues se
reitera que este recurso no constituye una nueva oportunidad para replantear el
debate probatorio o jurídico en términos amplios, sino un mecanismo excepcional y
limitado, condicionado al cumplimiento estricto de los requisitos legales, lo cual
refuerza su naturaleza extraordinaria dentro del sistema procesal.
4.2. En el presente caso, la recurrente fundamenta su solicitud en la causal prevista
en el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA, la cual establece como motivo de
revisión la existencia de una nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
55 Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009.
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Recurrente: DIAN
Esta causal impone acreditar: (i) que la revisión se formule contra una sentencia56;
(ii) que la sentencia ponga fin al proceso, de manera que contra ella no proceda el
recurso de apelación; y (iii) que el vicio alegado haya surgido en la propia decisión
judicial o que se haya materializado en el momento en que se profirió la providencia
y no en una etapa previa del proceso. Además, la irregularidad debe ser de tal
gravedad que configure un defecto insubsanable en la actuación, de manera que,
de no haberse producido dicho yerro, la decisión adoptada habría sido
sustancialmente distinta57.
Sobre el particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado58 ha indicado que las nulidades procesales no pueden confundirse con las
que tienen origen en la sentencia, pues las primeras se estructuran en los supuestos
taxativos del artículo 133 del Código General del Proceso (en lo sucesivo CGP), al
paso que las segundas, al no estar determinadas por la ley, deben interpretarse
restrictivamente bajo unos presupuestos fácticos específicos que la jurisprudencia
de esta Corporación ha puntualizado y que, por regla general, no comprenden
nulidades procesales acaecidas en una etapa previa a la sentencia.
En ese sentido, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado, a modo
enunciativo, los siguientes eventos que pueden encuadrarse en la causal 5ª de
revisión: (i) que el juez resuelva asuntos sobre los cuales carece de jurisdicción o
de competencia; (ii) que, sin actuación alguna, el juez dicte nuevo fallo en proceso
que terminó normalmente por sentencia en firme; (iii) que sin más actuación, el juez
profiera sentencia después de ejecutoriado el auto que aceptó el desistimiento,
aprobó la transacción o declaró la perención del proceso; (iv) que el juez dicte el
fallo sin el trámite previo correspondiente; (v) cuando el demandado es condenado
por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido o causa diferente a la
invocada en la demanda; (vi) cuando el juez condena a quien no ha sido parte en el
proceso; (vii) cuando, sin más actuación, el juez profiere sentencia después de
ocurrida la interrupción o suspensión del proceso, o antes de la oportunidad debida;
(viii) cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de los
magistrados que debieron haberlo hecho; (ix) cuando la sentencia fue adoptada con
un número de votos diferente del previsto en la ley; (x) cuando la sentencia carece
completamente de motivación; o (xi) cuando la sentencia carece de congruencia
interna o externa59.
56 En la jurisprudencia de la Corporación no existe unanimidad respecto a estos dos primeros
elementos, pues mientras que un sector acepta la procedencia del recurso extraordinario de revisión
contra autos que pongan fin al proceso, la postura mayoritaria se inclina por mantener la procedencia
del recurso exclusivamente respecto de sentencias, al tenor de lo previsto en el artículo 248 del
CPACA. Ver, al respecto: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección C, sentencia del 10 de marzo de 2025, 11001-03-26-000-2022-00121-00
(68506).
57 Entre otras decisiones: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección C, sentencia del 30 de septiembre de 2019, Rad. No. 11001-03-26-000-2018-
00084-00.
58 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 26 de febrero de
2013, Rad. No. 11001-23-15-000-2008-01289-00.
59 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias del 20 de octubre de
2009 y del 26 de febrero de 2013, Rad. Nos. 11001-03-15-000-2003-00133-00 y 11001-23-15-000-
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Recurrente: DIAN
Además, esta Corporación60 ha precisado que pueden surgir otras situaciones que
generan nulidad en la sentencia, particularmente aquellas que tienen su génesis en
la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política. En este sentido, ha
señalado que la violación al debido proceso en el fallo habilita la formulación del
recurso extraordinario de revisión por la causal 5ª del artículo 250 del CPACA,
siempre y cuando su motivación revele la inobservancia de aspectos procesales
trascendentales y no cualquier falencia relacionada con la fundamentación o con la
valoración probatoria de la providencia. También, por ejemplo, cuando se profiere
sentencia inhibitoria sin fundamento válido, caso en el cual debe estudiarse si la
decisión se encuentra justificada o no, de acuerdo con las particularidades del caso
concreto.
Al respecto, en sentencia de unificación61 la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo recordó que, tratándose de la causal de nulidad originada en la
sentencia, los supuestos definidos tradicionalmente por la jurisprudencia de esta
Corporación como constitutivos de nulidades originadas en sentencia no son
taxativos. Asimismo, estableció que en los eventos en que el recurso extraordinario
de revisión va dirigido contra un fallo inhibitorio, en aras de hacer efectivos los
derechos a la tutela judicial efectiva, al acceso a la administración de justicia y al
debido proceso, el juez debe verificar que este se encuentre debidamente
justificado, mediante criterios de ponderación, proporcionalidad y adecuación a
cada caso, teniendo en cuenta el cumplimiento de los fines funcionales del derecho,
por parte de la providencia revisada.“[L]o que significa que la violación a tales
preceptos cuando se expide un fallo inhibitorio injustificado también configura la
causal de revisión alegada [250.5 del CPACA]”.
Igualmente, en algunos casos se ha aceptado como configurativa de la causal 250.5
del CPACA la nulidad procesal ocurrida antes de la expedición de la sentencia,
siempre y cuando esta no haya podido ser advertida por el recurrente durante el
curso del proceso. Sin embargo, en este caso, la parte actora debe probar que
efectivamente no tuvo la posibilidad de proponer la nulidad en el curso del proceso 62,
evitándose con ello que la revisión extraordinaria se convierta en un mecanismo
para que las partes puedan subsanar sus omisiones.
Dicho de otra manera, el Consejo de Estado ha señalado que pueden dar lugar a
un defecto insaneable derivado de la sentencia63 aquellas irregularidades que
2008-01289-00, respectivamente; y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de abril de 2015, Rad. No. 20001-23-31-000-2001-
01278-02.
60 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 26 de febrero de
2013, Rad. No. 11001-23-15-000-2008-01289-00.
61 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de
2018, Rad. No.11001-03-15-000-1998-00153-01(REV).
62 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 6, sentencia de 17 de marzo de 2025, Rad. No.
11001-03-15-000-2024-04477-00.
63 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 26, sentencias del 3 de febrero de 2015, Rad.
Nos.11001-03-15-000-1998-00157-01 y 11001-03-15-000-2011-01639-00; Consejo de Estado, Sala
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Recurrente: DIAN
constituyen causal de nulidad del proceso y que solo pudieron ser advertidas en la
sentencia, así como los vicios que contiene la propia sentencia y que pueden derivar
en la vulneración del artículo 29 superior64.
Lo anterior, estaría referido a las causales de nulidad procesal previstas en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o en el
Código General del Proceso, siempre y cuando solo hayan podido advertirse en la
sentencia, así como a la inobservancia de aspectos procesales de tal trascendencia
que tengan impacto en la garantía del debido proceso65, lo que excluye la posibilidad
de plantear en sede de revisión extraordinaria cuestionamientos atinentes al
contenido de la motivación, a la valoración de las pruebas o a la forma de aplicación
de una determinada norma.
Ahora bien, en sentencia de 19 de septiembre de 202366, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo sintetizó las anteriores interpretaciones así:
“En suma, el Consejo de Estado, por vía de interpretación, teniendo en cuenta que
no puede haber nulidad sin texto legal que la consagre, ha dado contenido a la
institución procesal de la «nulidad originada en la sentencia», bajo una perspectiva
dual; en primer lugar, haciendo alusión a los vicios enlistados en el artículo 133 del
CGP, (antes artículo 140 del CPC), que pueden ubicarse al momento de emitirse el
fallo o que si bien pudieron presentarse durante el trámite procesal, en todo caso,
no pudo ser advertida por el recurrente, evento en el cual, al afectado le asiste la
carga de probar que no tuvo la oportunidad de proponer la nulidad procesal; en
segundo lugar, refiriéndose a algunas situaciones distintas que podrían enmarcarse
en el artículo 29 superior, esto es, la invalidez procesal originada en la sentencia por
la violación del derecho al debido proceso, con la misma excepcionalidad propia del
recurso extraordinario, como la señalada en el inciso final de la norma mencionada,
esto es, aquella derivada de la prueba obtenida con violación del derecho al debido
proceso67-68.
4.3. En el asunto de la referencia, se encuentra acreditado que, ante la negativa de
la DIAN de imputar a las declaraciones presentadas por la contribuyente desde el
4.º bimestre de 2008 hasta el 6.º bimestre de 2012, los saldos no devueltos de las
declaraciones del IVA correspondientes a los bimestres 3.º y 5.º de 2008 (hechos
probados 3.6., 3.8. y 3.10.), esta presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho, para que se declarara la nulidad de las decisiones administrativas y, a
Especial de Decisión 22, sentencia del 2 de febrero de 2016, Rad. No. 11001-03-15-000-2015-
02342-00; y Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 2, sentencia del 1° de octubre de 2019,
Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02216-00.
64 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de julio de 2007, Rad. No.
11001-03-15-000-2007-00653-00. Se toma el resumen de la causal contenido en el Rad. No. 11001-
03-15-000-2013-00702-00 y reiterado en la sentencia del 1° de noviembre de 2016 proferida por la
Sala Especial de Decisión 10, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-00230-00.
65 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 15, sentencia del 5 de noviembre de 2019, Rad.
No. 11001-03-15-000-2018-01415-00.
66 Reiterada en sentencia de Sección Quinta del 30 de octubre de 2025, Radicación: 11001-03-28-
000-2025-00009-00.
67 Consejo de Estado, Sala 12 Especial de Decisión, sentencia de 6 de marzo de 2018, radicación:
11001-03-15-000-2012-01027-00 (REV).
68 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 19 de septiembre
de 2023, expediente 11001-03-15-000-2020-03585-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05176-00 (8363)
Recurrente: DIAN
título de restablecimiento del derecho, se corrigieran las mencionadas
declaraciones y se imputaran los saldos, según lo solicitado (hecho probado 3.11.).
Durante el trámite judicial, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las
pretensiones de la demanda. Sin embargo, al resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
advirtió la existencia de criterios dispares sobre la materia y unificó la jurisprudencia
sobre el plazo para corregir declaraciones tributarias por errores de imputación de
saldos a favor de los contribuyentes, en los términos del artículo 43 de la Ley 962
de 2005. En consecuencia, y en observancia de esta unificación, revocó la decisión
apelada, declaró la nulidad parcial de los oficios acusados y, como restablecimiento
del derecho, le ordenó a la entidad demandada corregir las declaraciones del IVA
de los bimestres solicitados desde el año 2008 y hasta el 2011. (hechos probados
3.16., 3.17. y 3.20.).
Seguidamente, en atención a la solicitud presentada por la contribuyente, la Sección
Cuarta profirió sentencia complementaria de 7 de diciembre de 2022 y adicionó la
decisión de segunda instancia en el sentido de incorporar en el restablecimiento del
derecho los bimestres correspondientes al año 2012 (hechos probados 3.21. y
3.22.).
Dicho esto, se observa que el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra
el fallo dictado el 8 de septiembre de 2022, complementado el 7 de diciembre de
2022, por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, se dirige, efectivamente, contra
la providencia que puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y
respecto de la cual no procede recurso ordinario alguno.
En consecuencia, de conformidad con la demanda de revisión extraordinaria, resta
determinar si se configura la causal 5.ª de revisión, por: (i) vulneración al principio
de congruencia, (ii) violación al debido proceso y (iii) desconocimiento del
precedente jurisprudencial.
4.3.1. Así, frente al cargo atinente a la nulidad de la sentencia por vulneración del
principio de congruencia, es necesario precisar que el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho objeto de análisis fue presentado el 21 de mayo de
2014, razón por la cual se rigió por las disposiciones del CPACA y del CGP,
aplicables por remisión expresa del artículo 306 del primero de los estatutos en
comento. Luego, el análisis subsiguiente estará guiado por las referidas
codificaciones.
Así, de conformidad con el artículo 281 del CGP, la sentencia debe estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las
demás oportunidades que el código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. Igualmente, esta
normativa prohíbe condenar al demandado por cantidad superior o por objeto
distinto del pretendido en la demanda, o por causa diferente a la invocada. Sin
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05176-00 (8363)
Recurrente: DIAN
embargo, cuando lo pedido por el demandante excede lo probado, el inciso 3.º
ibidem ordena que el reconocimiento atienda únicamente a aquello que quedó
plenamente demostrado.
A su turno, el artículo 320 del CGP indica que el recurso de apelación tiene por
objeto que el superior examine la cuestión decidida únicamente en relación con los
reparos concretos formulados por el apelante, para que revoque o reforme la
decisión. Asimismo, el artículo 328 del mismo estatuto preceptúa que “el juez de
segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio” y, por lo
tanto, el superior no puede enmendar la providencia en la parte que no fue objeto
del recurso, salvo que debido a la reforma sea indispensable hacer modificaciones
sobre puntos íntimamente relacionados con aquella. No obstante, cuando ambas
partes apelan, el superior está facultado para resolver sin limitaciones.
Adicionalmente, el juez de segunda instancia debe ceñirse al principio de non
reformatio in pejus, en virtud del cual no puede agravar, empeorar o desmejorar la
situación definida mediante la sentencia de primera instancia a favor del apelante
único.
En suma, al momento de dictar sentencia, el juez debe salvaguardar la unidad
temática entre lo solicitado en la demanda, los fundamentos fácticos y jurídicos que
originan la controversia, y la respectiva contestación. Además, en segunda
instancia, deberá atender lo dispuesto en relación con el recurso de apelación.
En este sentido, el principio de congruencia emerge como una garantía procesal
que delimita el ejercicio de las facultades jurisdiccionales y, por tanto, la decisión
del juez. Esta congruencia de la providencia debe ser interna y externa. La primera,
se relaciona con la armonía entre los considerandos y la parte resolutiva del fallo,
mientras que la segunda responde a la concordancia entre la decisión contenida en
la parte resolutiva de la sentencia y lo pretendido por las partes en la demanda y en
el escrito de contestación.
La falta de congruencia habilita la formulación del recurso extraordinario de revisión
y, siempre que se encuentre acreditada, es razón suficiente para infirmar la decisión
censurada, toda vez que la consonancia del fallo se constituye como garantía del
derecho fundamental al debido proceso de las partes en el desarrollo del trámite
judicial.
Empero, no cualquier reparo sobre este aspecto estructura una nulidad de la
sentencia, pues se exige que la disparidad entre lo pedido, lo debatido y lo probado
sea protuberante, a tal punto que no exista justificación objetiva y relacionada con
las materias medulares del proceso69. Por ejemplo, dicha irregularidad se configura
69 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión,
sentencias del 7 de abril de 2015 y del 2 de febrero de 2016, Rad. Nos. 11001-03-15-000-2013-
00358-00 y 11001-03-15-000-2015-02342-00; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05176-00 (8363)
Recurrente: DIAN
cuando el demandado resulta condenado por cantidad superior a la pedida, es decir
ultra petita, por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente
a la invocada en esta, esto es extra petita, o cuando se omite el pronunciamiento
sobre una de las pretensiones, lo que resulta infra, citra o minus petita70.
Así, descendiendo al caso concreto, debe recordarse que el cargo de revisión
extraordinaria alega la nulidad de la sentencia por vulneración del principio de
congruencia, porque en sentir de la DIAN la decisión omitió pronunciarse sobre los
fundamentos expuestos por la contribuyente como sustento de sus pretensiones,
en particular, sobre las normas que regulan la firmeza de las declaraciones
tributarias, concretamente, los artículos 705, 705-1 y 714 del Estatuto Tributario.
Frente a este particular, se advierte que la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho formuló cuatro pretensiones (hecho probado 3.11.). La primera, de
carácter declarativo, dirigida a obtener la nulidad de los Oficios núms. 1-032-243-
435-1384 de 12 de abril de 2013, 1-032-243-435-2328 de 24 de julio de 2013 y 1-
032-243-435-0141 de 17 de enero de 2014.
Las restantes pretensiones se expusieron a título de restablecimiento del derecho,
y requirieron el reconocimiento de los saldos a favor de la contribuyente,
correspondientes a las declaraciones del IVA de los bimestres 3.° y 5.° de 2008,
para que se imputaran a los períodos posteriores, hasta el 6.° bimestre de 2012. Lo
anterior, aunada la solicitud de condena en costas.
Como fundamento de sus pretensiones, la contribuyente indicó que los oficios eran
nulos por: (i) vulneración al debido proceso, por desconocimiento del artículo 43 de
la Ley 962 de 2005 e indebida aplicación del artículo 589 del Estatuto Tributario; (ii)
vulneración de los artículos 705, 705-1 y 714 del Estatuto Tributario, al negar la
corrección de la declaración, aun cuando esta fue presentada dentro del término de
firmeza, y (iii) enriquecimiento sin causa de la DIAN, configurado mediante la
negativa de imputar los saldos a favor de la contribuyente.
Ahora bien, la DIAN contestó la demanda, se opuso a las pretensiones (hecho
probado 3.12) argumentando que: (i) no se vulneró el debido proceso, porque al
expedir los oficios objeto de la demanda, se diferenció el procedimiento del artículo
589 del Estatuto Tributario, de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 962 de 2005;
(ii) interpretó en debida forma el artículo 43 ibidem, toda vez que aplicó el límite
temporal conforme a lo establecido en el Concepto núm. 39724 de 2007 de la DIAN,
Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, sentencia del 3 de marzo de 2020, Rad. No. 11001-
03-15-000-2019-03970-00; y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, sentencia del 16 de agosto de 2002, Rad. No. 76001-23-24-000-1997-43-45-01.
70 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 25 Especial de Decisión.
Sentencia de 4 de agosto de 2023. Rad No. 11001-03-15-000-2022-04218-00; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de
diciembre de 2024, Rad. No. 11001-03-26-000-2023-00116-00; y Consejo de Estado, Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, Sala 20 Especial de Decisión, sentencia del 3 de marzo de 2025, Rad.
No. 11001-03-15-000-2023-04267-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05176-00 (8363)
Recurrente: DIAN
ratificado en su legalidad por la sentencia de 5 de diciembre de 2011 (Exp. 17.545)71
y (iii) no desconoció los artículos 705, 705-1 y 714 del Estatuto Tributario, porque la
Ley 962 de 2005 no derogó ni modificó los plazos establecidos en la codificación
tributaria.
A su turno, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca definió como objeto del litigio
el determinar la legalidad de los oficios acusados, para lo cual, consideró “necesario
establecer: (i) si los actos demandados incurren en desconocimiento e indebida
interpretación de la normatividad aplicable y, por ende, en falsa motivación, (ii) si
vulneran el debido proceso y el principio de seguridad jurídica, y (iii) si es predicable
la configuración de enriquecimiento sin causa por parte de la Administración” (hecho
probado 3.13.).
Asimismo, una vez agotada la etapa probatoria, las partes presentaron alegatos de
conclusión, en los que se refirieron a la aplicabilidad del artículo 43 de la Ley 962
de 2005 versus lo dispuesto por el artículo 589 del Estatuto Tributario (hechos
probados 3.14. y 3.15.)
Seguidamente, en primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
negó las pretensiones de la demanda, al considerar aplicable el término previsto en
el artículo 589 del Estatuto Tributario, interpretado de manera armónica con el
artículo 43 de la Ley 962 de 2005, bajo los criterios de la sentencia de 5 de diciembre
de 2011 (Exp. 17.545). En ese sentido, concluyó que la expresión “en cualquier
tiempo” del artículo 43 no podía interpretarse como un plazo indefinido, sino
que tenía que entenderse limitado por el término de firmeza de la declaración
tributaria.
A lo anterior le siguió la alzada de la contribuyente (hecho probado 3.17.), quien
reprochó que el a quo no se hubiera pronunciado sobre todos los cargos de la
demanda. En ese sentido, reiteró que el procedimiento previsto en el artículo 43 de
la Ley 962 de 2005 no se regía por el término del artículo 589 del Estatuto Tributario
sino por el de firmeza de las declaraciones, conforme a los artículos 705, 705-1 y
714 del Estatuto Tributario. De igual forma, alegó que la interpretación del Tribunal
no solo desconoció el marco legal aplicable sino también la jurisprudencia del
Consejo de Estado y los conceptos emitidos por la propia entidad demandada, lo
cual generaba inseguridad jurídica y afectaba los derechos de los contribuyentes.
Igualmente, la contribuyente advirtió que al momento de presentar su solicitud de
corrección, las declaraciones no se encontraban en firme, por lo que resultaba
procedente aplicar el artículo 43 de la Ley 962 de 2005. En consecuencia, reiteró
que la negativa de la entidad demandada implicaba un enriquecimiento sin causa,
al impedir la imputación de los saldos a su favor, a sus declaraciones subsiguientes,
lo cual vulneraba los principios constitucionales de equidad y justicia tributaria.
71 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 5 de
diciembre de 2011, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, Radicación núm. 11001-03-27-000-
2009-00011-00 (17.545).
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05176-00 (8363)
Recurrente: DIAN
Bajo esa línea argumentativa, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y,
en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la
nulidad de los actos administrativos que negaron la corrección y ordenar el
restablecimiento del derecho solicitado.
Una vez en segunda instancia, las partes presentaron sus alegatos de conclusión,
nuevamente, discutiendo la aplicabilidad del artículo 589 del Estatuto Tributario y
del artículo 43 de la Ley 962 de 2005 (hechos probados 3.19. y 3.20.).
Finalmente, en respuesta al debate procesal antes descrito, mediante sentencia de
unificación 2022CE-SUJ-4-002 de 8 de septiembre de 2022, la Sección Cuarta de
esta Corporación, en primer lugar, consideró que debía pronunciarse sobre la
legalidad de los actos administrativos demandados, a partir de los cargos
formulados por la actora, quien había apelado en solitario la sentencia de primera
instancia. Estimó que el punto central del litigio consistía en determinar si las
correcciones de imputación de saldos previstas en el artículo 43 de la Ley 962 de
2005 debían realizarse dentro del plazo establecido en el artículo 589 del Estatuto
Tributario, tal como lo concluyeron los actos acusados.
Resaltó que la apelante sostenía que dichas correcciones podían presentarse
durante el término de revisión de la declaración correspondiente, por lo que
consideraba que su solicitud era oportuna y procedente, pero, por el contrario, la
Administración afirmaba que la corrección debía rechazarse por haber sido
presentada después del año previsto en el artículo 589 del Estatuto Tributario, para
las modificaciones que incrementaban el saldo a favor. Advirtió que ambas partes
fundamentaron sus posiciones en la sentencia de 5 de diciembre de 2011 (Exp.
17545), sin controvertir aspectos fácticos, en razón a la existencia de
interpretaciones disímiles.
En estos términos, consideró que debía emitir un pronunciamiento “sobre una
cuestión de puro derecho, relativa a la correcta interpretación del artículo 43 de la
Ley 962 de 2005, en punto a determinar la oportunidad dentro de la cual se pueden
llevar a cabo las correcciones de las declaraciones tributarias que contempla la
norma”.
Al respecto, señaló que la redacción abierta del artículo 43 de la Ley 962 de 2005
permitía corregir errores en las declaraciones tributarias “en cualquier tiempo”. Sin
embargo, evidenció la necesidad de precisar un criterio uniforme, ante la existencia
de interpretaciones disímiles. En este sentido, expuso que, inicialmente, la Sección
Cuarta, mediante sentencias de 19 de agosto de 2010 (Exp. 16.707), 5 de mayo de
2016 (Exp. 20.806) y 14 de marzo de 2019 (Exp. 21563), consideró que dicho
procedimiento debía adelantarse dentro del término de firmeza de las declaraciones
tributarias, para evitar la afectación de tributos ya definidos. No obstante, advirtió
que de este criterio se apartó en la sentencia del 5 de diciembre de 2011 (Exp.
17545) que anuló el Concepto núm. 39724 de 2007 expedido por la DIAN, al
21
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05176-00 (8363)
Recurrente: DIAN
considerar que los errores de imputación de saldos a favor, regulados por el artículo
43 de la Ley 962 de 2005, debían corregirse dentro del término previsto en el artículo
589 del Estatuto Tributario, disposición que no podía dejar de ser aplicada, porque
“el procedimiento busca determinar un nuevo saldo a pagar o un nuevo saldo a
favor”.
Así, destacó que dada esa divergencia en los criterios de decisión de la Sección
para juzgar el plazo en que los declarantes podían pedirle a la Administración la
corrección de los errores de imputación era necesario precisar el sentido de la
correcta interpretación del artículo 43 de la Ley 962 de 2005.
En consecuencia, unificó su jurisprudencia sobre el plazo para corregir las
declaraciones tributarias a efectos de enmendar errores de imputación de saldos a
favor de los contribuyentes, en los términos del artículo 43 de la Ley 962 de 2005 y,
conforme a lo anunciado previamente, adoptó las siguientes reglas:
“1. La solicitud para corregir errores en la imputación de saldos a favor o de anticipos
de impuestos de un periodo de declaración al siguiente, realizada con sustento en el
artículo 43 de la Ley 962 de 2005, no está sometida al límite del término de firmeza
de las declaraciones tributarias [de los artículos 705, 705-1 y 714 del Estatuto
Tributario], ni a los términos de oportunidad para las correcciones de los artículos 588
y 589 del ET.
2. El procedimiento especial de corrección previsto en el artículo 43 de la Ley 962 de
2005 habilita realizar modificaciones a la declaración tributaria para aumentar o para
disminuir las sumas imputadas de un período declarado al siguiente.
3. Las anteriores reglas jurisprudenciales de unificación rigen para los trámites
pendientes de resolver en vía administrativa y judicial. No podrán aplicarse a
conflictos previamente decididos”.
Consecuente con lo anterior, la Sección Cuarta de la Corporación aplicó la regla de
unificación al caso concreto para concluir que la posición jurídica de la entidad
demandada, según la cual la demandante debió presentar la solicitud de corrección
debatida dentro del término del artículo 589 del Estatuto Tributario, quedó
desvirtuada.
Además, precisó que la demandante presentó la solicitud de corrección que dio
lugar a los actos acusados dentro del término de revisión de las declaraciones objeto
de corrección. En ese sentido, al haber sido presentada dicha solicitud en los
términos del artículo 43 de la Ley 962 de 2005, la Sala consideró que la apelación
debía prosperar, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró la
nulidad parcial de los oficios acusados. Igualmente, a título de restablecimiento del
derecho, ordenó corregir las declaraciones del IVA de los bimestres 4.º al 6.º de
2008, 1.° al 6.° de 2009 y 2010, y 1.° y 2.° de 2011, posteriormente extendido hasta
el 6.º bimestre de 2012 (hechos probados 3.20., 3.21. y 3.22.).
En sustento, explicó que la Ley 962 de 2005 fue expedida para facilitar las
relaciones entre los ciudadanos y la Administración, ante la necesidad de
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05176-00 (8363)
Recurrente: DIAN
racionalizar los procedimientos administrativos y reducir el tiempo y el número de
trámites que adelantaban los ciudadanos ante la Administración. En ese sentido,
señaló que el artículo 43 ibidem establece un procedimiento especial para corregir
errores de imputación o aritméticos en las declaraciones, sin sanción, siempre y
cuando la modificación no resulte relevante para definir de fondo la determinación
del tributo. Lo anterior, por cuanto en las declaraciones tributarias que incorporan la
autoliquidación del gravamen, los contribuyentes no solo reportan los datos y
hechos con relevancia jurídica tributaria, sino que también tienen la posibilidad de
señalar las fuentes de pago con las que atenderán la deuda fiscal determinada.
Entre otros argumentos, afirmó que el propósito del artículo 43 de la Ley 962 de
2005 es que cuando la corrección en la declaración tributaria se refiera únicamente
a saldos a favor o anticipos aplicados mediante títulos con mérito ejecutivo no
reflejados en la declaración, esta debe realizarse mediante el procedimiento
especial allí previsto, el cual regula autónomamente este tipo de ajustes, dado que
ello no afecta el contenido material ni la firmeza de la declaración.
Expuso que los artículos 588 y 589 del Estatuto Tributario regulan la corrección del
contenido material de las declaraciones, derivado de modificaciones a los factores
de determinación del tributo, mientras que el artículo 43 de la Ley 962 de 2005 se
orienta exclusivamente a subsanar errores en el diligenciamiento de formularios, sin
modificar la base gravable ni el tributo declarado.
Advirtió que sujetar las correcciones del artículo 43 de la Ley 962 de 2005 al límite
temporal del artículo 589 del Estatuto Tributario contradice el sentido literal y la
finalidad de eficiencia de dicha ley, restringe su aplicación y equivale a una
derogación parcial sin aportar mejoras frente a los trámites vigentes al momento de
su expedición.
En punto a las normas que regulan la firmeza de las declaraciones tributarias, la
Sección Cuarta consideró que el artículo 43 de la Ley 962 de 2005 contiene una
regla independiente, que se contrapone a las limitaciones de oportunidad previstas
en el Estatuto Tributario, al señalar en su inciso tercero que la corrección de errores
e inconsistencias en las declaraciones se podría realizar en cualquier tiempo.
En este sentido se lee: “Teniendo ámbitos de aplicación distintos, no resulta jurídico
someter el mecanismo especial de corrección consagrado en el artículo 43 de la
Ley 962 de 2005 a las exigencias que rigen las correcciones a las que se refieren
los artículos 588 y 589 del ET; y mucho menos, si se trata de las condiciones
temporales en las que se debe llevar a cabo la corrección, pues el referido artículo
43 de la Ley 962 de 2005 contempla una regla expresa y autónoma, que se
contrapone con las limitaciones de oportunidad dispuestas en el ET, al señalar que
la corrección se podrá realizar «en cualquier tiempo»”.
Así, consideró que la solicitud de corrección no estaba sujeta al término de 1 año
previsto en el artículo 589 del Estatuto Tributario, sino que debía tramitarse
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Recurrente: DIAN
conforme al artículo 43 de la Ley 962 de 2005, el cual permitía corregir errores de
imputación en cualquier tiempo, siempre que no afectaran la determinación del
tributo, por lo que concluyó que los actos acusados aplicaron indebidamente un
límite temporal que no le era exigible a la contribuyente.
4.3.1.1. Así las cosas, ante el cargo de incongruencia en el que se afirmó que la
sentencia recurrida omitió pronunciarse sobre los fundamentos expuestos por la
parte demandante como sustento de sus pretensiones, en particular, frente a las
normas que regulan la firmeza de las declaraciones tributarias, quedó establecido
que la sentencia recurrida resolvió de manera expresa los puntos sometidos a su
consideración, en concordancia con las pretensiones de la demanda y el recurso
interpuesto.
Así, se observó que el Tribunal abordó de manera expresa los argumentos
planteados por las partes, incluidos aquellos relativos a la aplicación del principio de
firmeza en el contexto de las correcciones por errores de imputación de los saldos
a favor de los contribuyentes. Así, pese a que no citó los artículos 705, 705-1 y 714
del Estatuto Tributario, expresamente señaló que el artículo 43 de la Ley 962 de
2005 establece un procedimiento especial que permite realizar dichas correcciones
en cualquier tiempo, el cual se contrapone con las limitaciones de oportunidad
dispuestas en el Estatuto Tributario, refiriéndose indistintamente a los términos de
firmeza de las declaraciones tributarias, contemplados en los mencionados los
artículos 705, 705-1 y 714 del Estatuto Tributario, y a lo dispuesto en los artículos
588 y 589 de la misma codificación, pese a que la mayor parte de la sustentación
se refirió al mencionado artículo 589, por ser esta el que específicamente sirvió de
sustentación a la negativa de la DIAN.
Así las cosas, se observa que la decisión recurrida desvirtuó la interpretación que
limitaba el alcance del artículo 43 de la Ley 962 de 2005 al término de firmeza de la
declaración tributaria y a lo dispuesto en el artículo 589 del Estatuto Tributario.
De esta manera queda evidenciada la satisfacción del objeto central de la litis y del
recurso de apelación concerniente a la aplicabilidad del artículo 43 de la Ley 962 de
2005, frente a lo dispuesto por el artículo 589 del Estatuto Tributario y a los términos
de firmeza referidos en los artículos 705, 705-1 y 714 del Estatuto Tributario, se
itera, aun cuando estos no fueron citados literalmente.
4.3.1.2. Ahora bien, con relación al cargo de incongruencia según el cual la
sentencia recurrida excedió lo solicitado y debatido por las partes en el proceso, al
adoptar unas reglas de unificación que no estaban pedidas y que la DIAN no tuvo
oportunidad de debatir, la Sala observa que la tensión entre la aplicación del artículo
43 de la Ley 962 de 2005 y el artículo 589 del Estatuto Tributario, e incluso de los
términos de firmeza, constituyó el eje central del litigio. Este punto fue debatido
ampliamente por las partes desde la etapa administrativa que culminó en los actos
demandados dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. En
efecto, la controversia que llegó al conocimiento del juez contencioso administrativo
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Recurrente: DIAN
surgió de interpretaciones disímiles sostenidas por la Administración y la actora,
apoyadas tanto en conceptos de la DIAN como en la jurisprudencia de la Sección
Cuarta.
En este sentido, la Sección Cuarta de esta Corporación profirió la decisión de
unificar su jurisprudencia, en ejercicio de las “atribuciones constitucionales como
tribunal supremo de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y con
fundamento en los artículos 270 y 271 del CPACA y 14, ordinal 2.º, del Reglamento
Interno de esta Corporación”.
Al respecto, se advierte que la función de unificación jurisprudencial del Consejo de
Estado del artículo 27072 del CPACA73 tiene como finalidad salvaguardar los
principios de igualdad y seguridad jurídica, en tanto la aplicación del derecho a
situación fácticas similares puede conducir a hermenéuticas dispares. Por ello, se
habilita la posibilidad de que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, o la
instancia correspondiente, avoque el conocimiento de un asunto para dictar una
providencia de unificación que otorgue certeza respecto del alcance, interpretación
y aplicación de las normas.
De manera que esta función permite asegurar la unidad y coherencia del
ordenamiento jurídico, garantizando un tratamiento igualitario de los casos que
presentan identidad o similitud fáctica y jurídica, razón por la cual ante una regla de
unificación sobre un aspecto normativo determinado, el juez debe respetar su
contenido al momento de interpretar la ley, salvo que justifique de manera clara,
suficiente y transparente las razones que le permiten apartarse de dicha regla en el
caso concreto74.
El artículo 27175 del CPACA establece que el Consejo de Estado puede asumir el
conocimiento de los asuntos que se encuentren pendientes de fallo o decisión
72 “Artículo 270. Sentencias de unificación jurisprudencial. Para los efectos de este Código se tendrán
como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado
por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar
jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación; las
proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión
previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1995, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de
2009”.
73 Sobre la unificación de jurisprudencia se pueden consultar entre otras decisiones, las siguientes: Corte
Constitucional. Sentencia C-104 del 11 de marzo de 1993. MP. Dr. Alejandro Martínez Caballero. Expediente
D-164; Sentencia C-836 del 9 de agosto de 2001. MP. Dr. Rodrigo Escobar Gil. Expediente D-3374. Consejo
de Estado. Sección Tercera. Auto del 4 de abril de 2013. Radicado núm. 2013-00019; Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de lo Contencioso Administrativo. Auto del 11 de septiembre de 2012. Radicado
núm. 2010-00205; y Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 22 de octubre de 2024, C.P. Gloria
María Gómez Montoya, Expediente 25000-23-41-000-2023-00514-01.
74 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Rocío Araújo Oñate, auto de 31 de
mayo de 2022, Radicado núm. 54001-23-33-000-2021-00195-03.
75 “Artículo 271. Decisiones por importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad
de sentar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y
aplicación. Por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de
sentar o unificar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación
y aplicación que ameriten la expedición de una sentencia o auto de unificación jurisprudencial, el
Consejo de Estado podrá asumir conocimiento de los asuntos pendientes de fallo o de decisión
interlocutoria. Dicho conocimiento podrá asumirse de oficio; por remisión de las secciones o
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Recurrente: DIAN
interlocutoria en los tribunales administrativos, ya sea en única o segunda instancia,
cuando concurran razones de importancia jurídica, trascendencia económica o
social, o la necesidad de sentar, unificar o precisar el alcance de la jurisprudencia,
o resolver divergencias en su interpretación y aplicación.
Asimismo, la jurisprudencia de esta Corporación ha advertido que la finalidad del
artículo 271 del CPACA es que “se logre un trato de igualdad frente a los
ciudadanos en aquellos casos en los que por su relevancia se asume dictar esta
clase de decisiones. Su objetivo en últimas radica en que a casos similares donde
coexisten características idénticas, se imponga la interpretación que sobre el
particular ha definido el Consejo de Estado en aquellos casos en los que asume
competencia de manera oficiosa o por la solicitud de los interesados”76.
Así, la función unificadora del Consejo de Estado se enmarca en unas facultades
jurídicas establecidas por el legislador y conceptualizadas por la jurisprudencia de
esta Corporación, a través de las cuales surge la posibilidad de exceptuar la
competencia ordinaria que se le ha conferido a las diferentes autoridades judiciales,
con el fin de que sea el órgano de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, quien establezca una regla de derecho que guarde la coherencia y
seguridad jurídica de la labor de interpretación judicial77.
En este sentido, el artículo 14.2. del Acuerdo 080 de 201978 establece que cada
una de las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo, atendiendo al
criterio de especialidad, tiene competencia para dictar sentencias de unificación
jurisprudencial por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o
social o necesidad de sentar jurisprudencia, en relación con los asuntos que
provengan de las subsecciones o de los Tribunales Administrativos.
Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que “la labor de
las altas Corporaciones, como órganos encargados de interpretar el orden jurídico,
unificar su hermenéutica y aplicarla a cada caso concreto, entraña un ejercicio
constructivo y dinámico del derecho, que no estático, lo que impone la constante
autoevaluación de sus propias posturas en orden a ajustarlas a los principios, reglas
y normas y a la realidad que rodea la demanda del servicio de justicia. […] la
resolución de un caso específico con base en la jurisprudencia imperante al
momento en que se adopta la decisión que le pone fin al proceso no constituye una
subsecciones del Consejo de Estado, o de los tribunales; a solicitud de parte, o por solicitud de la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o del Ministerio Público. Los procesos susceptibles
de este mecanismo que se tramiten ante los tribunales administrativos deben ser de única o de
segunda instancia”.
76 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto de 27 de noviembre de 2014,
C.P. Susana Buitrago Valencia, Radicación núm. 11001-03-15-000-2014-01795-00.
77 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 21 de mayo de 2024, C.P. Luis
Alberto Álvarez Parra, Radicación núm. 11001-03-28-000-2022-00320-00.
78 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Recurrente: DIAN
situación que en sí misma entrañe una afectación del derecho de acceso a la
administración de justicia”79.
En consecuencia, la adopción de la unificación jurisprudencial por parte de la Sala
no vulneró el principio de congruencia, sino que constituye un ejercicio legítimo de
la competencia que tiene la Sección Cuarta del Consejo de Estado para armonizar
y clarificar el alcance de las normas tributarias, en aras de garantizar un tratamiento
justo y equitativo para todos los ciudadanos en situaciones similares.
En otras palabras, la función unificadora no vulnera el principio de congruencia,
pues no constituye una extralimitación frente a lo debatido por las partes, sino una
manifestación legítima del deber institucional de interpretar y aplicar el
ordenamiento jurídico de manera uniforme, en cumplimiento del mandato legal y
constitucional de garantizar un trato igualitario ante la ley.
4.3.2. Con relación al debido proceso y su alcance como derecho fundamental
incorporado en el artículo 29 de la Constitución Política, la Corte Constitucional ha
reiterado que este derecho comporta, cuando menos: (i) el derecho a la jurisdicción,
que comprende el acceso igualitario a la administración de justicia, el derecho a
obtener decisiones motivadas, a impugnarlas y a que se cumpla lo fallado; (ii) el
derecho al juez natural, y (iii) el derecho de defensa80. En este sentido, la
jurisprudencia constitucional ha señalado que el debido proceso debe garantizarse
en todas las actuaciones judiciales, incluyendo el respeto por las etapas procesales,
la oportunidad para ejercer recursos y la motivación adecuada de las decisiones81.
4.3.2.1. En el caso concreto, los recurrentes alegan violación al debido proceso
porque la sentencia se apartó de la institución jurídica de la firmeza de las
declaraciones tributarias, toda vez que las reglas de unificación desconocieron los
artículos 29 y 209 de la Constitución Política, así como disposiciones del Estatuto
Tributario que establecen límites temporales para modificar declaraciones.
Sobre el particular, la Sala reitera que la indebida aplicación de las normas o la
interpretación que de ellas haga el juez de instancia no configuran nulidad originada
en la sentencia, pues el recurso extraordinario de revisión no está previsto para
cuestionar los razonamientos sustantivos de los jueces naturales.
En este sentido, la jurisprudencia ha precisado que no es procedente plantear
reproches porque “no se aplicó una determinada regla de derecho, […] se aplicó en
forma indebida o en […] se interpretó equivocadamente una norma jurídica, pues
79 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm.
25, sentencia de 28 de junio de 2021, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, radicación núm. 11001-03-
15-000-2020-03697-00 (REV).
80 Corte Constitucional, sentencia C-163 del 10 de abril de 2019, M.P. Diana Fajardo Rivera.
81 Corte Constitucional, sentencia C-836 de 8 de octubre de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra.
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Recurrente: DIAN
todas estas observaciones escapan al ámbito de la aludida causal” de nulidad
originada en la sentencia82.
En consecuencia, la causal 5.ª de revisión no constituye un medio para controvertir
la manera en que la autoridad judicial aplicó las normas al caso, ya que no tiene
como finalidad corregir errores in iudicando.
4.3.2.2. De otro lado, la recurrente señaló que la decisión de 8 de septiembre de
2022 vulneró su debido proceso porque la sentencia incluyó reglas de unificación
en una decisión de cierre no apelable, lo que afectó su derecho de contradicción y
defensa.
Para abordar este cargo, la Sala advierte que el hecho de que la unificación se
hubiera proferido dentro de una sentencia de segunda instancia no comporta
vulneración al derecho de defensa, por cuanto el artículo 271 del CPACA prevé
expresamente que las reglas de unificación se adopten en decisiones definitivas y
la Sala no introdujo hechos nuevos ni modificó el objeto del litigio, sino que fijó el
criterio jurídico aplicable al caso concreto y a otros trámites con supuestos fácticos
y jurídicos similares pendientes de resolver en vía administrativa y judicial.
Al respecto, aun cuando la decisión respondió a la necesidad de resolver una
divergencia interpretativa y fijar un criterio uniforme, las partes tuvieron la
oportunidad de controvertir los fundamentos normativos y jurisprudenciales
relacionados con la corrección de las declaraciones y la firmeza, al tratarse de
aspectos relacionados con la legalidad de los actos acusados objeto del litigio.
Así las cosas, se observa que a las partes se les aseguraron todas las
oportunidades procesales para sustentar sus argumentos y controvertir los
planteamientos de la contraparte, por lo que no se advierte afectación alguna al
derecho de contradicción y defensa de la recurrente.
4.3.3. Respecto al cargo de nulidad de la sentencia por desconocimiento del
precedente jurisprudencial, alegado frente a la omisión en la aplicación del criterio
jurisprudencial83 que condiciona la procedencia de las correcciones previstas en el
artículo 43 de la Ley 962 de 2005 a que la declaración no se encuentre en firme.
82 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 12 de febrero de 2014,
radicación núm. 47001-23-31-000-2009-00301-01 (41859). Dicha tesis fue reiterada en las
siguientes decisiones: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de
septiembre de 2024, radicación núm. 11001-03-25-000-2020-00702-00 y Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 19 de mayo de 2025, radicación núm. 11001-03-26-
000-2023-00191-00 (70728).
83 Al respecto, citó “Sentencia de 5 de diciembre de 2011 Rad. 110010327000 2009 00011 00 (17545)
[…] en la que se reitera lo expuesto en agosto 19 de 2010, expediente 16707 […]. También, en la
sentencia de 14 de abril de 2011, expediente 17829, el Consejo de Estado ya había señalado que la
interpretación del artículo 43 de la Ley anti tramites respecto que la corrección puede hacerse en
cualquier tiempo, debía entenderse dentro del término de firmeza y no una vez el tributo se ha
definido […]. En la sentencia de 14 de marzo de 2019, C.P. Jorge Octavio Ramírez […]”.
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Recurrente: DIAN
Al respecto, la Sala reitera que la alegada inobservancia del precedente
jurisprudencial no tiene la entidad suficiente para configurar una nulidad originada
en la sentencia. Ello, porque el argumento planteado no busca enmendar una
irregularidad de carácter procedimental, sino que se dirige a cuestionar los aspectos
sustanciales o de fondo que sustentaron la decisión adoptada, es decir, pretende
reabrir el debate sobre lo decidido la sentencia recurrida.
De manera que esta circunstancia no configura la causal 5.ª de revisión
extraordinaria del artículo 250 del CPACA, tal como lo ha señalado la jurisprudencia
de la Corporación84, en la que se ha dicho que, “el desconocimiento del precedente
es solo una inconformidad de quien la recurre frente a las consideraciones y
decisión plasmadas por el Ad quem en la sentencia de segunda instancia, como
consecuencia de haber resuelto de manera desfavorable sus pretensiones. […] este
argumento de controversia no constituye un vicio formal de la sentencia, en el que
se pueda sustentar alguna de las causales previstas por el legislador para la
procedencia del recurso extraordinario de revisión”85.
No obstante lo anterior, en aras de brindar claridad a la recurrente, conviene señalar
que la sentencia recurrida no desconoció el precedente, sino que lo actualizó y
consolidó mediante reglas de unificación, con el fin de armonizar interpretaciones
contradictorias sobre el alcance del artículo 43 de la Ley 962 de 2005 frente a los
términos de firmeza de las declaraciones tributarias y los artículos 588 y 589 del
Estatuto Tributario.
Al respecto, es preciso reiterar que esta labor se realizó de manera motivada y en
ejercicio de sus competencias como tribunal supremo de lo contencioso
administrativo, conforme a los artículos 270 y 271 del CPACA y el artículo 14.2 del
Reglamento Interno del Consejo de Estado, como se advirtió en el punto 4.3.1.2., lo
que descarta cualquier irregularidad procesal.
Dicho lo anterior, y teniendo en cuenta que la Corporación ha referido que la
inobservancia del precedente jurisprudencial no tiene la virtud de configurar una
nulidad originada en la sentencia, se concluye que el presente recurso
extraordinario de revisión no exhibe un vicio de la providencia que puso fin al
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, sino que representa la
perseverancia del recurrente para que se confirmara la decisión de negar las
84 Ver entre otras: (i) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 10 de diciembre de
2024, Rad. No. 11001-03-26-000-2022-00034-00 (68.021); (ii) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C de la Sección Tercera, sentencia del 22 de agosto de 2022, Rad. No. 11001-03-26-000-2018-00064-00; (iii)
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 2, sentencia de 4 de agosto de 2020, Rad. No. 11001-03-
15-000-2016-03553-00 REV); (iv) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de julio
de 2015, Rad. No. 27001-23-31-000-2002-00975-01(36092); (v) Consejo de Estado, Sala Trece Especial de
Decisión, sentencia del 7 de abril de 2015, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02724-00(REV); (vi) Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 3 de febrero de 2015, Rad. No. 2012-01026-
00(REV); (vii) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 20 de octubre de
2009, Rad. No. 2003-00133-00(REV) y, (viii) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
sentencia del 11 de octubre de 2005, Rad. No. 2003-00794-01(REVPI).
85 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 2, sentencia de 4 de agosto de 2020, Rad. No. 11001-03-
15-000-2016-03553-00 REV.
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Recurrente: DIAN
pretensiones de la demanda, como si este recurso fuese una instancia adicional
revisora del trámite ordinario.
En consecuencia, comoquiera que no se configuran los presupuestos de la causal
5.ª del artículo 250 del CPACA, planteada por los recurrentes, la Sala declarará
infundado el recurso extraordinario de revisión.
5. Conclusión
No se configura la causal de revisión establecida en el numeral 5.° del artículo 250
del CPACA, es decir, no existe nulidad originada en la sentencia proferida el 8 de
septiembre de 2022 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que revocó la
decisión de primera instancia y unificó la jurisprudencia sobre la aplicabilidad
autónoma del artículo 43 de la Ley 962 de 2005, para corregir declaraciones
tributarias a efectos de enmendar errores de imputación de saldos a favor.
Por el contrario, pudo observarse que la recurrente pretende convertir el recurso
extraordinario de revisión en una instancia adicional del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, debido a la inconformidad que tiene con los
razonamientos expuestos por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
6. Costas
Teniendo en cuenta que el recurso extraordinario de revisión se formuló con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021, debe darse aplicación
al texto del CPACA con la modificación introducida por dicha ley.
El inciso final del artículo 25586 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo
70 de la Ley 2080 de 2021, dispone que, si se declara infundado el recurso
extraordinario de revisión, se condenará en costas y perjuicios al recurrente.
A su vez, el artículo 361 del CGP establece que las costas están integradas por los
gastos procesales y por las agencias en derecho; y de acuerdo con el artículo 365-
8 ibidem, “[s]olo habrá lugar a su imposición cuando en el expediente aparezca que
se causaron y en la medida de su comprobación”.
Así las cosas, al declarar infundado el presente recurso extraordinario de revisión
sería procedente la condena en costas y su liquidación por Secretaría. No obstante,
revisado el expediente se observa que, en el caso concreto, no se encuentra
acreditada la causación de expensas o gastos sufragados durante el curso de este
trámite, y en lo que concierne a las agencias en derecho, como no hubo actuación
alguna por parte de Americas Styrenics de Colombia Ltda. no se fijará monto alguno
por este concepto.
86 “Artículo 255. Sentencia. Artículo modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021. […] Si se
declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente”.
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Recurrente: DIAN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala 17 Especial de Decisión, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia proferida el 8 de septiembre de 2022 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con radicado núm. 25000-23-37-000-2014-00507-01.
SEGUNDO: SIN CONDENA EN COSTAS.
TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, ARCHÍVESE el expediente.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada Ponente
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Magistrado Magistrado
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO WILSON RAMOS GIRÓN
Magistrado Magistrado
SP2
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