Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05190-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-05190-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05190-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-05190-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
2 de noviembre de 2023
Demandante: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de
Charalá, Santander Aguas del Pienta S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05190-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05190-00
Demandante: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE
…………………….CHARALÁ, SANTANDER AGUAS DEL PIENTA S.A.S E.S.P.
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial – subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela formulada por
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Charalá, Santander Aguas del
Pienta S.A.S. E.S.P. contra el Tribunal Administrativo de Santander y otro.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de demanda
1. Con escrito presentado el 20 de septiembre de 2023 ingresó al despacho el
expediente de la referencia, mediante el cual la Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Charalá, Santander Aguas del Pienta S.A.S. E.S.P., actuando a
través de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Santander y el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito
Judicial de San Gil, con el fin de que sean amparados sus derechos
fundamentales «a la defensa, debido proceso y acceso a la administración de justicia.»
2. La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales,
con ocasión de la sentencia del 11 de septiembre de 2023, mediante la cual se
revocó la providencia del 4 de noviembre de 2022 del Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil, que negó las pretensiones de
la demanda, para en su lugar «DECLARAR la nulidad del Acuerdo Municipal No. 100-
0202-032 del 08 de octubre de 2020, suscrito por el Concejo Municipal de Charalá, -por
medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Charalá, para la creación y
organización de una empresa por acciones simplificada y se dictan otras disposiciones-».
3. Lo anterior, en el marco del proceso de simple nulidad iniciado por el señor
Lucio Antonio Carreño Estévez y otros contra el municipio de Charalá, con
radicado 68679-33-33-001-2021-00028-01.
4. Como consecuencia de la anterior decisión, solicitó:
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de
Charalá, Santander Aguas del Pienta S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05190-00
SEGUNDO: REVOCAR las sentencias de primera instancia de fecha 04 de
noviembre de 2022, proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de San Gil Santander y la sentencia de segunda instancia de fecha 11 de
septiembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, las
cuales se dieron dentro del trámite legal del proceso de NULIDAD rad.
686793333001-2021- 00028-01.
TERCERO: DEJAR SIN EFECTO LEGAL todas las actuaciones que se hayan
dado dentro del trámite legal impartido por los acá accionados dentro del proceso
de NULIDAD cual fue adelantado por los despachos accionados – Juzgado
Primero Administrativo de San Gil en primera instancia (Rad. 686793333001-
2021-00028-00) y Tribunal Administrativo de Santander (rad. 686793333001-
2021-00028-01).
1.2. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
5. El señor Lucio Antonio Carreño Estévez y otros1 en ejercicio del medio de
control de simple nulidad demandaron al municipio de Charalá con el fin de
declarar la nulidad del acuerdo municipal 100-0202- 032 de 8 de octubre de 2020,
mediante el cual se autorizó al alcalde para la creación de una S.A.S. para la
prestación de los servicios públicos domiciliarios en el referido ente municipal y
como consecuencia de lo anterior, «se deje sin efectos todos los actos, operaciones,
gestiones que ha realizado la autoridad para la constitución de una empresa por acciones
simplificada y se reintegren al erario los recursos en dinero o en especie relacionados en
el acuerdo…»
6. En primera instancia, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de
San Gil con providencia de 4 de noviembre de 2022 negó las pretensiones de la
demanda. Como fundamento de su decisión, expuso que, no se configuró la
presunta falsa motivación del acto enjuiciado, pues dicho acuerdo versó sobre
propender por una eficiente prestación de los servicios públicos domiciliarios en el
municipio de Charalá, por lo cual era necesaria la creación de la empresa que
unificara la prestación de los servicios públicos domiciliarios, bajo la modalidad de
S.A.S.
7. Por ello, consideró que no se vislumbró la falsa motivación alegada, ya que la
eficiencia en la prestación del servicio, como fundamento de la creación de la
S.A.S., era una razón válida, «máxime si se tiene en cuenta que la motivación del acto
no versa sobre una ineficiente prestación del servicio público, y eventualmente, los
resultados deberán ser verificados en un ejercicio de comparación que se escapa de los
límites de la formación del acto administrativo en cuestión».
8. Frente a la expedición de forma irregular, advirtió que, en el trámite del proyecto
de acuerdo, pese a no haber seguido estrictamente lo dispuesto en el artículo 58
del reglamento interno, sí surtió los dos debates requeridos para expedir el
acuerdo municipal demandado.
1 osé Miguel Lamus Galvis, Nelly Sofía Ardila Valderrama, Mauricio Meza Blanco, Miguel Francisco
Contreras Landinez
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de
Charalá, Santander Aguas del Pienta S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05190-00
9. Inconforme con la decisión, la parte actora la apeló, alzada que fue resuelta por
el Tribunal Administrativo de Santander, que en sentencia del 11 de septiembre de
2023, revocó la decisión del a quo, para en su lugar disponer lo siguiente:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad del Acuerdo Municipal No. 100-0202-032 del 08
de octubre de 2020 suscrito por el Concejo Municipal de Charalá, “por medio del
cual se autoriza al alcalde municipal de Charalá, para la creación y organización de
una empresa por acciones simplificada y se dictan otras disposiciones”.
SEGUNDO: Los efectos de la presente decisión son ex tunc, y, por ende, invalidan
todos los actos y actuaciones que en forma posterior se hayan proferido y realizado
con fundamento y/o como consecuencia del Acuerdo Municipal No. 100-0202-032
del 08 de octubre de 2020, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia”.
10. Lo anterior, al concluir que el Concejo Municipal no tuvo en cuenta algún
estudio previo que permitiera concluir con veracidad la presunta deficiencia en
cuanto a la prestación de los servicios públicos domiciliarios por parte de la Unidad
de Servicios Públicos del municipio de Charalá, y en ese orden, incurrió en falsa
motivación del acto administrativo.
1.3. Fundamentos de la solicitud
11. Vulneración al debido proceso: Esto toda vez que solo conoció del trámite
de la acción de nulidad cuando se profirió el fallo de segunda instancia de 11 de
septiembre de 2023. Adujo que dicho fallo ordenó invalidar el documento privado
del 15 de octubre de 2020, por medio del cual se crea la empresa de servicios
públicos domiciliarios de Charalá, Santander Aguas del Pienta S.A.S. E.S.P.
12. Puso de presente que desde el 1° de enero de 2021 brinda el servicio de
acueducto a 2.991 usuarios, servicio de alcantarillado a 2.955 usuarios y de aseo
a 3.022 todos ellos habitantes del municipio de Charalá, Santander. Aclaró que, en
ese sentido el referido fallo de manera directa también genera consecuencias
jurídicas y administrativas en el acceso de los servicios públicos señalados en
todos los habitantes del municipio de Charalá, Santander.
13. Adujo que lo anterior, le cercenó la oportunidad procesal de controvertir los
argumentos de la demanda, pedir pruebas y hacer valer sus derechos como un
tercero con interés, «violándose así su derecho fundamental al debido proceso y su
derecho al acceso a la administración de justicia.»
1.4. Trámite de la acción de tutela
14. Mediante auto del 4 de octubre de 2023 se admitió la acción de tutela y se
dispuso su notificación a la parte actora, así como al Tribunal Administrativo de
Santander y Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil.
15. Igualmente, se vinculó en calidad de tercero con interés jurídico a los señores
Lucio Antonio Carreño Estévez, José Miguel Lamus Galvis, Nelly Sofía Ardila
Valderrama, Mauricio Meza Blanco, Miguel Francisco Contreras Landinez (parte
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de
Charalá, Santander Aguas del Pienta S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05190-00
activa del proceso ordinario) y al municipio de Charalá (parte pasiva del proceso
ordinario.)
16. Por último, se ordenó la publicación del proceso a la Secretaría y se negó la
medida de suspensión provisional solicitada2 al no resultar necesaria, puesto que
no se arrimó alguna prueba que evidenciara la configuración de un perjuicio
irremediable en esa instancia.
1.5. Intervenciones
17. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en la copia digital del expediente, se presentaron las siguientes
contestaciones:
1.5.1. Demandantes del proceso de simple nulidad
18. Solicitaron negar las pretensiones de la demanda «por improcedente al no
cumplir con los requisitos generales» y no demostrarse el perjuicio irremediable.
19. Hicieron un recuento de las actuaciones procesales surtidas al interior del
ordinario y estimaron que, con la interposición de dicho proceso buscaban la
defensa del ordenamiento jurídico frente a un acto administrativo que transgredía
las disposiciones constitucionales y legales.
20. Esgrimieron que, ante un intento de privatizar los servicios públicos
domiciliarios de Charalá, la ciudadanía empoderada decidió defender a la Unidad
de Servicios Públicos Domiciliarios de Charalá, legalmente autorizada por la Ley
142 de 1994 para esta función, por cuanto es permitido al municipio prestar
directamente los servicios públicos domiciliarios.
21. Resaltaron que empresa accionante no fue parte como demandada en el
proceso judicial cuestionado en sede de acción de tutela, «por lo que consideramos
es un tercero ajeno a las pretensiones y resistencias del medio de control de simple
nulidad, por lo que no acredita el cumplimiento de este requisito.»
1.5.2. Municipio de Charalá
22. Pidió conceder las pretensiones de la demanda y dejar sin efectos la decisión
judicial reprochada.
23. Adujo que la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Charalá, Aguas
del Pienta S.A.S. E.S.P. claramente tiene la condición de tercero con interés
2 (…) SUSPENDER los efectos del fallo de la sentencia de segunda instancia de fecha 11 de
septiembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del proceso de
Nulidad rad. 686793333001-2021-00028-01, mientras se realiza el estudio y posterior decisión de
la presente acción de tutela y, como consecuencia de la anterior, se permita que la Empresa de
Servicios Públicos domiciliarios ejerza el DERECHO A LA DEFENSA, DEBIDO PROCESO Y
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA que le otorga la Constitución Política. Lo anterior,
teniendo en cuenta que el fallo en mención es altamente lesivo a los derechos fundamentales de
mi representada, de igual forma se afecta el derecho fundamental a la prestación del servicio de
acueducto y saneamiento básico de los usuarios de nuestra empresa.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de
Charalá, Santander Aguas del Pienta S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05190-00
legítimo y debió ser vinculada al proceso de simple nulidad, esto para garantizar
sus derechos fundamentales, no como parte del proceso, pues no intervino en el
acto administrado que se declara nulo, sino como un tercero al cual le afecta en su
totalidad el fallo de segunda instancia.
24. Concluyó que, «el perjuicio irremediable se centra en asumir graves consecuencias
legales y administrativas producto del fallo de segunda instancia, y todo lo anterior sin
haber sido vinculada al mencionado proceso de nulidad.»
25. Los demás sujetos pese a haber sido debidamente notificados, no rindieron
informe de fondo frente al asunto.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
26. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Charalá, Santander Aguas
del Pienta S.A.S. E.S.P., de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la
Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333
de 2021.
2.2. Problema jurídico
28. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, los
defectos formulados, el material probatorio recaudado y los informes presentados,
los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:
¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
acción de tutela contra providencia judicial?
29. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:
¿El Tribunal Administrativo de Santander vulneró los derechos
fundamentales «a la defensa, debido proceso y acceso a la administración de
justicia.» con ocasión de la sentencia del 11 de septiembre de 2023, que
revocó la decisión del a quo, para en su lugar, acceder a las pretensiones
de la demanda y declarar la nulidad del acuerdo municipal que autorizó al
alcalde la creación de una S.A.S. para la prestación de los servicios
públicos domiciliarios?
30. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad
adjetiva y; (iii) el caso concreto.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de
Charalá, Santander Aguas del Pienta S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05190-00
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
31. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
20123 unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 4 y declaró su
procedencia.5
32. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
33. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
34. Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para
revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del
juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la
referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.4.1. Naturaleza subsidiaria de la acción de tutela e improcedencia de la
misma cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces
35. En consideración a la subsidiariedad, el inciso 3º del artículo 86 de la
Constitución consagra este requisito como presupuesto de procedencia de la
acción de tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el
numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
5 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de
Charalá, Santander Aguas del Pienta S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05190-00
36. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de
los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a
estos y no a la tutela.
37. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos
sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado
bajo su competencia6.
38. Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige
que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos
judiciales deben buscar la defensa de aquellos.
2.4.2. Análisis de la subsidiariedad
39. En relación con el acatamiento del requisito de subsidiariedad, este no se
encuentra superado. Debe precisarse que acorde con el artículo 86 de la
Constitución Política, la tutela es una acción de naturaleza excepcional y
subsidiaria que se torna improcedente ante la existencia de otro mecanismo de
defensa judicial. 7
40. Así mismo, tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional8 como de esta
Corporación ha sostenido que, debido al carácter subsidiario y residual de la
acción de tutela, en principio, este medio de defensa judicial resulta improcedente
cuando: i) el accionante dejó de interponer los recursos judiciales ordinarios que
estaban a su alcance para confrontar la vulneración o amenaza de sus derechos
fundamentales: ii) el accionante acude directamente a la acción de tutela a
pesar de existir otro mecanismo de defensa judicial a su disposición o; iii) el
proceso o asunto se encuentra en trámite.
41. En síntesis, el reproche de la parte actora consiste en que la sentencia
acusada vulneró su derecho fundamental al debido proceso, pues no se le vinculó
al proceso, pese a que tenía un interés legítimo, esto en aras de poder intervenir
en el medio de control de simple nulidad, presentar los recursos y alegaciones
pertinentes.
6 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la
Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que
tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en
consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior.
Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de
subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es
contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los
derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
7 En igual sentido, consultar la sentencia del 16.08.21 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Quinta, rad. 11001-03-15-000-2021-05535-00, M.P Rocío Araújo Oñate.
8 Corte Constitucional, sentencia T-011 de 2007.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de
Charalá, Santander Aguas del Pienta S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05190-00
42. No obstante, se observa que, a Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios
de Charalá, Santander Aguas del Pienta S.A.S. E.S.P. no impetró incidente de
nulidad bajo la causal dispuesta en el numeral 8° del artículo 133 del CGP 9,
mecanismo judicial idóneo para subsanar irregularidades procesales.
43. Lo anterior, cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que a juicio de la
empresa accionante solo conoció del trámite de la acción de nulidad cuando se
profirió el fallo de segunda instancia 11 de septiembre de 2023, sentencia que
ordenó invalidar el documento privado del 15 de octubre de 2020, por medio del
cual fue creada, documento que está ligado al acto administrativo que fue
removido del ordenamiento jurídico.
44. En ese sentido, la Sala reitera que la sociedad actora cuenta con la solicitud
de nulidad de lo actuado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 132 a
138 del Código General del Proceso, incluso después de proferido el fallo de
segunda instancia, trámite que no se encuentra acreditado que hubiese
adelantado por la sociedad actora.
45. Así, se reitera que corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo resolver las inconformidades respecto de la presunta falta de
notificación de la sociedad actora, pues es el proceso ordinario el escenario
indicado para debatir los argumentos expuestos en el escrito de tutela.
46. Se recuerda que la acción de tutela se torna improcedente para suplir
mecanismos idóneos de defensa y/o para revivir términos, pues una interpretación
contraria nos llevaría a que ésta fuera empleada como un instrumento para
desplazar las competencias ordinarias, lo que de suyo desnaturalizaría esta acción
que es eminentemente protectora de derechos fundamentales.
47. Adicional a lo anterior, esta Sala considera que, frente al cargo de indebida
notificación respecto de la sentencia acusada, la sociedad actora también cuenta
con el recurso extraordinario de revisión, el cual puede interponer con fundamento
en la causal 5ª de revisión consagrada en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011
«Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación».
48. Ello, según se desprende del texto del artículo 134 del Código General del
Proceso, según el cual, «La nulidad por indebida representación o falta de
notificación o emplazamiento en legal forma, o la originada en la sentencia contra la cual
no proceda recurso, podrá también alegarse en la diligencia de entrega o como
excepción en la ejecución de la sentencia, o mediante el recurso de revisión, si no se
pudo alegar por la parte en las anteriores oportunidades.» (Negritas propias).
9 El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:
(…)
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a
personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas,
que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera
de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a
cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de
Charalá, Santander Aguas del Pienta S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05190-00
49. Se reitera que so pena de invadir la órbita de competencia y la autonomía del
juez ordinario no es factible en esta sede analizar los motivos de fondo, máxime
cuando la empresa actora no ha impetrado los medios judiciales correspondientes
que resuelvan sobre su falta de notificación al proceso y en tal sentido, será el juez
competente quien defina el asunto a saber, si decide declarar la nulidad de todo lo
actuado, y posteriormente sus eventuales inconformidades con el fallo adoptado.
50. Por último, no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable o una
circunstancia que imponga al juez constitucional adoptar una medida preventiva
de protección de los derechos fundamentales, aunado al hecho que, como ya se
demostró, este tipo de pretensiones escapan al conocimiento del juez de la acción
de tutela y hacen improcedente el amparo como mecanismo principal, porque la
sociedad actora cuenta con otros mecanismos judiciales idóneos para conjurar el
restablecimiento de sus derechos fundamentales «a la defensa, debido proceso y
acceso a la administración de justicia.»
2.5. Conclusión
51. La Sala advierte que al no haberse superado en el caso concreto el requisito
de subsidiariedad, no resulta viable realizar un análisis del derecho invocado por la
parte actora en el caso concreto, de tal manera que no se abordará el fondo del
asunto planteado y se declarará la improcedencia de la acción.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela ejercida por la
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Charalá, Santander Aguas del
Pienta S.A.S. E.S.P., de conformidad con la parte considerativa de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de
Charalá, Santander Aguas del Pienta S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05190-00
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.