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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05199-00

Fecha
12 de octubre de 2023
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05199-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la señora Hilda Prudencia Fique Gavilán. SEGUNDO: En consecuencia, DEJAR sin efectos el auto de 3 de noviembre de 2022, en lo que se refiere a la caducidad del medio de control, proferido por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, dentro del expediente con radicado 25000-23-42-000-2013-04902-01 y, ORDENAR a dicha corporación que en el término de treinta (30) días, contados a partir de la notificación de esta sentencia, profiera una decisión de reemplazo en atención a las consideraciones expuestas en precedencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Hilda Prudencia Fique Gavilán Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección Radicado: 11001-03-15-000-2023-05199-00 CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-05199-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

12 de octubre de 2023

Demandante: Hilda Prudencia Fique Gavilán
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05199-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA (E)

Bogotá D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05199-00
Demandante: HILDA PRUDENCIA FIQUE GAVILÁN
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B

Temas: Tutela contra providencia judicial. Defecto fáctico.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La señora Hilda Prudencia Fique Gavilán, por conducto de apoderado judicial,
presentó acción de tutela1 contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la
defensa, al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
igualdad, junto con el principio de la seguridad jurídica.

Lo anterior, con ocasión de la providencia de 3 de noviembre de 2022 proferida
por la mencionada autoridad judicial, por medio de la cual confirmó el auto de 2
de septiembre de 2019 dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, que rechazó la demanda dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional con radicado 25000-23-42-000-2013-04902-
00/01.

1.2. Pretensiones:

En consecuencia, la actora solicitó:

«PRIMERO. – REVOCAR el auto del CONSEJO DE ESTADO, SECCION
SEGUNDA. SUBSECCION B magistrado ponente CESAR PALOMINO CORTÉS,
1
El 20 de septiembre de 2023.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Hilda Prudencia Fique Gavilán
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05199-00

CARMELO PERDOMO CUÈTER, SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ de fecha 3
de noviembre de 2022, notificado el 1ro. septiembre de 2023, EN EL PROCESO
No HILDA PRUDENCIA FIQUE GAVILAN contra MINISTERIO DE DEFENSA.
25000234200020130490201.

SEGUNDO.- ORDENAR a la subsección que se dicte auto que revoque el
rechazo del a quo, y en su lugar estudie la admisibilidad de la demanda,
respetando el debido proceso, el principio de seguridad jurídica, el derecho a la
igualdad, valorando las pruebas omitidas.

TERCERO. - en general, cualquier providencia tendiente a amparar los derechos
fundamentales amenazados.»2

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.3. Hechos

La señora Fique Gavilán relató que el 1º de febrero de 2012 elevó solicitud ante
el Ministerio de Defensa Nacional para que fuera incluida en nómina mensual,
así como para que se reconociera el pago de las prestaciones de que trata el
Decreto 1214 de 19903, peticiones que fueron negadas mediante el Oficio
53944 MDNSGDALGNG-1.10 de 13 de junio del mismo año.

Narró que el 19 de diciembre de 2012 promovió junto con otros el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio de
Defensa Nacional, cuyo conocimiento le correspondió al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y se identificó con el
radicado 25000-23-42-000-2012-02050-00.

Indicó que mediante auto de 18 de febrero de 2013 el magistrado a cargo del
asunto inadmitió y concedió el término de 10 días para que se allegaran las
demandas por separado, al considerar que existía una indebida acumulación de
pretensiones y señaló que se tendrían como radicadas «en la fecha que consta
a folio 344 Vto., esto es la de presentación de la demanda inicial...».

Aludió que contra dicha decisión se interpuso recurso de reposición, el cual fue
desestimado con proveído de 2 de agosto de 2013. Además, se concedieron 10
días contados a partir de la ejecutoria de ese auto para que se presentaran las
demandas desagregadas, plazo que venció el 26 de agosto de ese año.

Mencionó que presentó la subsanación en el término ordenado y del nuevo
proceso conoció el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B4 que, en providencia de 19 de diciembre de 2014, inadmitió la
demanda para que se aportaran las constancias de notificación de los actos
enjuiciados5 y de la audiencia de conciliación prejudicial.

2
Trascripción literal del original con posibles errores.
3
En lo relativo a la prima de actividad y los pagos correspondientes al subsidio familiar.
4
Identificado con radicado 25000-23-42-000-2013-04902-01.
5
Los actos demandados fueron: «a. oficios 76530 MDVEPDPPSEGPP-1.10 del 24 de agosto
de 2011, 10332 y 10421 MDVEPDPPGPP-1.10 de 7 de febrero de 2012, 16159
MDVEPDPPGPP-1.10 de 23 de febrero de 2012, que resolvieron peticiones y recursos de
HILDA PRUDENCIA FIQUE GAVILAN. b. oficio 53944 MDNSGDALGNG-1.10, del 13 de junio
de 2012».

2
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Demandante: Hilda Prudencia Fique Gavilán
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05199-00

Señaló que en providencia de 2 de septiembre de 2019 se rechazó la demanda
por caducidad, dado que el magistrado ponente asumió que el último acto
cuestionado fue notificado el 15 de junio de 2012, contando desde allí el lapso
que la ley establece para el efecto, por ello, concluyó que tenía hasta el 16 de
octubre de 2012 para radicar la demanda, pero lo hizo el 26 de agosto de 2013.

Además, dicha decisión tuvo respaldo en que no se corrigió el poder en la forma
indicada en el auto inadmisorio, teniendo en cuenta que en el mismo no están
identificados todos los actos que se pretenden demandar, como tampoco se
encuentran determinadas las facultades conferidas al apoderado, según lo
previsto en el artículo 74 del CGP.

Refirió que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, resolvió el
recurso de apelación interpuesto con auto de 13 de agosto de 2021 y confirmó
la decisión de rechazo, tras concluir que los emolumentos reclamados no
constituían prestaciones periódicas, de modo que su exigibilidad por vía judicial
estaba sometida al término de caducidad del referido medio de control.

Expuso que el 8 de octubre de 2021 ejerció acción de tutela6 contra la
mencionada corporación, con el propósito de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, de defensa, dados los errores en los que incurrió en el cómputo de
caducidad y el carácter periódico de las prestaciones solicitadas.

Afirmó que la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia de 20 de
enero de 2022, concedió el amparo deprecado y dejó sin efectos el auto de 13
de agosto de 2021, con respaldo en que la colegiatura accionada tan pronto
advirtió que las prestaciones que reclamaba no eran periódicas dispuso la
confirmación del rechazo de la demanda, sin valorar la prueba que según la
tutelante acreditaba que el acto controvertido no se notificó en debida forma.

Resaltó que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B profirió
decisión de reemplazo el 3 de noviembre de 2022, en la cual confirmó el
rechazo de la demanda por caducidad tras considerar que como no existía
certeza de la fecha en que se notificó el Oficio 53944 MDNSGDALGNG-1.10 de
13 de junio de 2012, el plazo para presentar la demanda debía computarse
desde el momento en que la actora conoció de su existencia y contenido, esto
es, cuando otorgó poder a su abogado.

Entonces, para calcular el término de caducidad se tuvo el 10 de diciembre de
2012 como fecha de notificación del oficio cuestionado. Así que, desde el 11 de
diciembre de 2012 hasta el 11 de abril del 2013 la demandante tenía la
oportunidad de presentar la demanda, sin embargo, ese acto procesal se
realizó el 26 de agosto de 2013, es decir por fuera del término previsto en el
literal d, numeral 2º del artículo 164 del CPACA7.

6
Con radicado 11001-03-15-000-2021-06877-00.
7
«La demanda deberá ser presentada:
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: d) Cuando se pretenda la
nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de
cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución

3
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1.4. Sustento de la petición

A juicio de la actora, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico y
violación directa de la Constitución, toda vez que no valoró las pruebas
mediante las cuales se evidenciaba que el 19 de diciembre de 2012 fue el día en
que presentó la demanda para efectos de calcular el término de caducidad del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Como respaldo de
lo anterior, hizo referencia a los siguientes documentos:

i) Acta de reparto del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que
promovió junto con otros contra el Ministerio de Defensa Nacional y se tramitó
ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A con radicado 25000-23-42-000-2012-02050-00.

ii) Escrito de la primera demanda con constancia de radicación el 19 de
diciembre de 2012.

iii) Auto de 18 de febrero de 2013, por medio del cual se inadmitió y ordenó
desagregar las pretensiones acumuladas de varios demandantes y repartirlas
de manera separada, bajo la aclaración de que todas se presentaron el 19 de
diciembre de 2012, así como la providencia que confirmó tal decisión.

iv) Demanda presentada de forma individual, en la cual se solicitó como medida
previa y en caso de duda respecto de los hechos ocurridos, que se oficiara al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
para que certificara la fecha de ejecutoria del auto inadmisorio de 18 de febrero
de 2013, el nombre de los demandantes y pretensiones, con el fin de
comprobar la oportunidad que tenía para presentar la subsanación.

1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones

Mediante auto de 21 de septiembre de 2023, el magistrado ponente admitió la
acción de tutela de la referencia, ordenó notificar esta decisión a la actora y
como demandados a los magistrados que integran el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B.

Además, vinculó a los magistrados del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, así como al ministro de
Defensa Nacional, por tener interés en el resultado del presente mecanismo
constitucional.

Remitidas las respectivas comunicaciones8, las Secretarías de la Sección
Segunda del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
respectivamente, remitieron el expediente con radicado 25000-23-42-000-2013-
04902-00/01, pero no se realizó algún pronunciamiento en torno a los reparos
planteados en la acción de tutela.

o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras
disposiciones legales».
8
Mediante oficios enviados el 25 de septiembre de 2023

4
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el
numeral 2° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala analizar si la solicitud de tutela cumple con los requisitos
generales de procedibilidad y, de superarse lo anterior, deberá verificar si el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B vulneró los derechos
fundamentales a la defensa, al debido proceso, de acceso a la administración
de justicia y a la igualdad, junto con el principio de la seguridad jurídica de la
actora, al presuntamente incurrir en defecto fáctico y violación directa de la
Constitución.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio
de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y
finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20129, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:

«…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y
se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el
estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales
que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.»10

Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme
a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra
providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la
jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

9
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González. Negrilla fuera de texto.
10
Ibídem.

5
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Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede
ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –
procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo
del asunto –procedencia adjetiva–.11

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva

2.4.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe señalar
que la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado
que las sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un
mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «...el juez de
tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un
control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada.»

Enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta Corte, el
análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal

11
Entre otras, en las sentencias T-774 de 2004 y C-590 de 2005.

6
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constitucional consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

Igualmente, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en
cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

«...(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que
la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.»

En tales condiciones, se advierte que en el caso en estudio se cumple este
presupuesto en atención a que: i) se planteó un debate que implica determinar si
se configuró la posible transgresión de los derechos fundamentales a la
defensa, al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
igualdad, así como del principio de la seguridad jurídica de la señora Fique
Gavilán, con ocasión de la presunta irregularidad en la que incurrió la autoridad
judicial accionada, el cual amerita la intervención del juez de tutela.

ii) La controversia no es exclusivamente legal o de contenido estrictamente
económico, por cuanto la accionante expuso argumentos suficientes que
permiten entender que la afectación originada a las referidas garantías
constitucionales se produjo con el rechazo de la demanda que promovió por
configurarse la figura procesal de la caducidad, sin tenerse en cuenta la fecha
en la que se radicó.

Entonces, según los lineamientos fijados en la sentencia SU-215 de 26 de junio
de 2022, se trata de un asunto que trasciende a un debate constitucional pues
representa un impacto en la protección de las prerrogativas reconocidas a los
ciudadanos que acuden a la administración de justicia para obtener solución a
sus controversias.

2.4.2. No se trata de una tutela contra decisión de igual naturaleza, dado que la
providencia que controvierte la actora fue proferida al interior del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovido contra la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional con radicado 25000-23-42-000-2013-
04902-00/01.

2.4.3. De igual manera, en el presente asunto se cumple el requisito de
inmediatez pues la tutelante cuestiona el auto de 3 de noviembre de 2022, el
cual fue notificado con estado fijado el 1º de septiembre de 2023. De modo que,

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sin necesidad de precisar la fecha en que cobró ejecutoria tal providencia, se
puede concluir que acudió en un término razonable ante el juez de tutela en
defensa de sus derechos fundamentales, comoquiera que ejerció la acción de
tutela el 20 de septiembre de este año, es decir que transcurrieron menos de
seis (6) meses.12

2.4.4. En cuanto al requisito de subsidiariedad se observa que la tutelante no
dispone de otros medios de defensa judicial, ordinarios o extraordinarios, para
controvertir la decisión proferida por la subsección accionada, pues agotó el
recurso que tenía a su alcance dentro del proceso objeto de debate y lo que
manifiesta no se ajusta a las causales y requisitos contemplados en el CPACA
para que procedan los recursos extraordinarios de revisión o de unificación de
jurisprudencia.

Superadas dichas exigencias, la Sala abordará el fondo de la solicitud, sin
perjuicio de resaltar el carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin
garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía
judicial, la protección de derechos de terceros de buena fe, la seguridad jurídica
y la confianza en los fallos judiciales.

2.5. Caso concreto

La señora Fique Gavilán considera vulnerados sus derechos fundamentales a la
defensa, al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
igualdad, así como el principio de la seguridad jurídica, con ocasión del auto
proferido el 3 de noviembre de 2022 por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, mediante el cual se confirmó la decisión que rechazó
por caducidad la demanda que promovió contra la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional con radicado 25000-23-42-000-2013-04902-00/01.

Según se tiene, el argumento expuesto por la accionante radica en que la
autoridad judicial accionada prescindió de las pruebas mediante las cuales se
evidenciaba que acudió a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el 19 de
diciembre de 2012, mas no en la fecha aludida por la autoridad judicial
cuestionada.

En sentir de la accionante, se omitió la información contenida en el i) acta de
reparto del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió
junto con otros contra el Ministerio de Defensa Nacional y fue conocido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A con
radicado 25000-23-42-000-2012-02050-00.

ii) La constancia de radicación de la demanda del 19 de diciembre de 2012, iii) el
auto de 18 de febrero, por medio del cual se inadmitió el mencionado asunto y
se concedió el término de 10 días para que se allegaran las demandas por

12
Tiempo que esta Sección consideró razonable para ejercicio de este mecanismo
constitucional bajo los parámetros fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
2005.

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separado, bajo la aclaración de que todas se presentaron en la referida fecha, al
igual que el proveído de 2 de agosto de 2013, que confirmó tal decisión.

iv) La demanda presentada de forma individual, en la que se solicitó como
medida previa y en el evento de existir alguna duda en torno de los hechos de
su caso, que se oficiara a la corporación que conoció primero del proceso para
que certificara la fecha de ejecutoria del auto inadmisorio, en aras de que fuera
necesario dilucidar el plazo que tenía para presentar la subsanación.

Lo primero que resulta necesario precisar es que si bien la actora invocó la
presunta configuración de la violación directa de la Constitución y el defecto
fáctico sus argumentos se ajustan principalmente al último yerro, pues este se
vincula con asuntos probatorios y se presenta en los eventos en que:

i) Existe una omisión por parte de la autoridad judicial al decretar o practicar
pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) se desconoce el acervo
probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por
las partes; iii) se realiza una valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas y iv) se profiere sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso.

Esta Sección señaló que al momento de invocar la ocurrencia de esta
irregularidad es necesario que la parte actora indique con claridad: i) cuál o
cuáles han sido las pruebas objeto de una valoración indebida por parte del
funcionario judicial y ii) por qué en cada caso, las consideraciones del juez se
alejan de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana critica, al punto de
tornarse arbitrarias o si se quiere absurdas.

De la revisión del material probatorio obrante en el plenario y la revisión de las
actuaciones surtidas dentro de los expedientes con radicados 25000-23-42-000-
2012-02050-00 y 25000-23-42-000-2013-04902-00/01, se constató lo siguiente:

• La señora Fique Gavilán demandó junto con otros a la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, con el propósito de controvertir la legalidad de los actos por
medio de los cuales se les negó el derecho a percibir las prestaciones
ordenadas en el Decreto 1214 de 1990 y demás emolumentos previstos para los
empleados civiles no uniformados.

• Del asunto conoció el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A que, mediante auto de 18 de febrero de 2013, inadmitió
la demanda y resolvió:

«De conformidad con lo dispuesto en el Art. 170 del C.P.A.C.A., concédase al
interesado el término de diez (10) días, a efecto de que corrija y presente
demandas por separado para cada uno de los accionantes, toda vez que se
aprecia indebida acumulación de pretensiones, de conformidad con el artículo 82
del C.P.C... en el caso objeto de estudio, cada uno de los demandantes pretende
de manera individual la nulidad y restablecimiento del derecho de actos
administrativos, que fueron presentados de manera individual, en diferentes
momento a la entidad demandada...

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Demandante: Hilda Prudencia Fique Gavilán
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05199-00

Las demandas se tendrán por presentadas en la fecha que consta a folio 344
Vto., esto es la de presentación de la demanda inicial, la cual certificará en
cada asunto el Secretario de la Sección Segunda. El proceso continuará con la
radicación de la referencia para el primero de los demandantes y a cargo de este
Despacho; los restantes serán sometidos a las reglas de reparto.»13

• Mediante auto de 2 de agosto de 2013 no se repuso la anterior decisión, tras
señalarse que procedía la inadmisión de la demanda dada la indebida
acumulación de pretensiones, para que el apoderado de los demandantes
presentara escritos separados por cada uno de ellos, además, se refirió:

«...SEGUNDO. Una vez ejecutoriada la presente providencia, iníciese a contar el
término de diez (10) días, concedido en el auto recurrido, para subsanar el error
allí anotado.»

• El 26 de agosto de ese mismo año el apoderado judicial de la señora Fique
Gavilán presentó escrito para efectos de subsanar la irregularidad advertida y
planteó la litis solo respecto de la ciudadana antes mencionada, en los
siguientes términos:

«Para dar cumplimiento al auto inadmisorio de la Sección Segunda, Subsección
A... en el proceso ordinario No. 2500023420002012-02050-00 de nulidad y
restablecimiento del derecho de MYRIAM CLARIZA MOYANO SILVA Y OTROS,
que quedó ejecutoriado el 13 de agosto del corriente año, el cual ordenó
desagregar las pretensiones acumuladas de varios demandantes a reparto
demandas separadas, teniéndolas como presentadas en la fecha de
radicación de la demanda inicial, 19 de diciembre de 2012, me permito dar
cumplimiento a la providencia dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del
auto que aclaró la forma de subsanar...

Solicito oficiar a la Sección Segunda, Subsección A... en el proceso ordinario
No. 2500023420002012-02050-00 de nulidad y restablecimiento del derecho de
MYRIAM CLARIZA MOYANO SILVA Y OTROS contra el MINISTERIO DE
DEFENSA, para que certifique la fecha de ejecutoria del auto inadmisorio de
la demanda, nombre de los demandantes y las pretensiones, con el fin de
comprobar la oportunidad de la subsanación.»14

• Al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B
le correspondió por reparto el conocimiento del proceso e inadmitió la demanda
con providencia de 19 de diciembre de 2014, con el propósito que se aportaran
las constancias de notificación de los actos enjuiciados15 y de la audiencia de
conciliación prejudicial, así como para que se ajustara el poder conferido.16

• Luego, mediante auto de 2 de septiembre de 2019 se rechazó la demanda por
caducidad, con fundamento en que el último acto cuestionado fue notificado el
15 de junio de 2012, así que se tenía hasta el 16 de octubre de 2012 para
acudir a la jurisdicción, pero esto se hizo el 26 de agosto de 2013, aunado a

13
Destacado por la Sala.
14
Negrilla fuera del texto original.
15
Los actos demandados fueron: «a. oficios 76530 MDVEPDPPSEGPP-1.10 del 24 de agosto
de 2011, 10332 y 10421 MDVEPDPPGPP-1.10 de 7 de febrero de 2012, 16159
MDVEPDPPGPP-1.10 de 23 de febrero de 2012, que resolvieron peticiones y recursos de
HILDA PRUDENCIA FIQUE GAVILAN. b. oficio 53944 MDNSGDALGNG-1.10, del 13 de junio
de 2012».
16
En el sentido de que se hubiera congruencia entre el poder y la demanda, además, para que
se precisaran las facultades del apoderado.

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Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05199-00

que no se corrigió el poder en el sentido sugerido.

• Con ocasión de la orden impartida por esta Sección en la providencia de 20 de
enero de 2022, en el marco de la acción de tutela con radicado 11001-03-15-
000-2021-06877-00, se dejó sin efectos el auto de 13 de agosto de 2021
proferido por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que había
confirmado el auto de 2 de septiembre de 2019.

Entonces, esta corporación dictó una providencia de reemplazo el 3 de
noviembre de 2022, en la cual confirmó la decisión de rechazar la demanda por
estimar que operó la caducidad del medio de control.17

La razón de ello se justificó en que la actora conoció de la existencia y
contenido del acto controvertido el 10 de diciembre de 2012, es decir que tenía
desde día siguiente hasta el 11 de abril del 2013 para acudir a la jurisdicción,
pero la subsección accionada consideró que el día en que se radicó la demanda
fue el 26 de agosto de 2013, bajo la siguiente línea argumentativa:

«Así las cosas y con el propósito de contabilizar el término de caducidad del
medio de control de la referencia, la Sala observa que, en el sub judice, no existe
certeza de la notificación del Oficio 53944 del 13 de junio de 201218- acto
administrativo que definió la situación jurídica de demandante-; de allí que, el
plazo para presentar la demanda debe computarse desde el momento en que la
señora Hilda Fique conoció de la existencia y el contenido del acto administrativo
demandado, esto es, cuando otorgó el poder al profesional del derecho, razón por
la que debe tenerse esa fecha como la de notificación del acto por conducta
concluyente y a partir de la cual debe contabilizarse el término de caducidad del
medio de control, conforme a lo previsto en el artículo 301 del Código General del
Proceso19.

En ese sentido, para computar el término de caducidad, se tendrá el 10 de
diciembre de 2012 como fecha de notificación del Oficio 53944 del 13 de junio de
2012 a la demandante, por ser el día en que la señora Fique Gavilán confirió
poder al abogado Darío Caro Meléndez20. De modo que, desde el 11 de
diciembre de 2012 hasta el 11 de abril del 2013, la demandante tenía la
oportunidad de presentar la demanda; sin embargo, ese acto procesal se
realizó el 26 de agosto de 201321, esto es, fuera del término previsto en la
norma, conforme a lo previsto en el literal d), numeral 2º del artículo 164 del

17
Con todo, respecto de la subsanación de la demanda en lo relativo al poder allegado,
consideró que «si bien en el poder se relacionan actos administrativos de otras personas, no
existe confusión en el asunto para el cual se creó el mandato, pues no hay duda de que lo
pretendido por la actora mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es que se
deje sin efectos jurídicos los actos administrativos que le negaron el reconocimiento de los
derechos reclamados».
18
«Se observa que a folio 114 del expediente, la entidad demandada, mediante Oficio de 21 de
febrero de 2014, señaló que dicho acto administrativo fue comunicado el 15 de junio de 2012, a
la carrera 57 A # 132 B-16 apartamento 302, recibido por la señora Lina Caro.»
19
«Artículo 301. Notificación por conducta concluyente. La notificación por conducta
concluyente surte los mismos efectos de la notificación personal... Quien constituya apoderado
judicial se entenderá notificado por conducta concluyente de todas las providencias que se
hayan dictado en el respectivo proceso, inclusive del auto admisorio de la demanda o
mandamiento ejecutivo, el día en que se notifique el auto que le reconoce personería, a menos
que la notificación se haya surtido con anterioridad. Cuando se hubiese reconocido personería
antes de admitirse la demanda o de librarse el mandamiento ejecutivo, la parte será notificada
por estado de tales providencias...».
20
«Folios 1 y 2 del expediente».
21
« Folio 79 del expediente».

11
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CPACA22.

Así las cosas, la Sala confirmará la providencia de 2 de septiembre de 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.»

• Adicionalmente, dentro de las pruebas obrantes en el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-2012-02050-00 se
encontró el escrito mediante el cual la señora Fique Gavilán presentó demanda
junto con otras personas, la cual tiene un sello de la Secretaría de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con fecha de recibido el
19 de diciembre de 2012, como se puede observar a continuación:

• Igualmente, se evidenció que la información contenía en el anterior documento
concuerda con aquella registrada en el aplicativo Samai23, pues se indicó que el
reparto y radicación de la demanda fue el 19 de diciembre de 2012.

Bajo este contexto, la Sala advierte que le asiste razón a la parte actora al
considerar que la subsección accionada calculó el lapso que la ley establece

22
«La demanda deberá ser presentada: 2. En los siguientes términos, so pena de que opere la
caducidad: d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá
presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la
comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo
las excepciones establecidas en otras disposiciones legales».
23
Tal como se puede verificar en el siguiente link, índice 1:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=250002342000201
202050002500023

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para promover el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
bajo un extremo temporal errado, pues no tuvo en cuenta el día en que se radicó
la demanda, sino aquel en el que se presentó el escrito con el que se pretendía
subsanar la irregularidad advertida por la Sección Segunda, Subsección A del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Lo anterior, pese a que i) la referida autoridad judicial señaló en el auto de 18 de
febrero de 2013 que los trámites judiciales iniciados por cada uno de los
demandantes se tendrían como presentados en la fecha en que se radicó la
demanda inicial, esto es, el 19 de diciembre de 2012 y ii) que el apoderado de la
señora Fique Gavilán explicó los motivos por los cuales acudió el 26 de agosto
de 2013 a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es decir, con la
intención de cumplir lo ordenado en el auto inadmisorio.

En este orden de ideas, se configuró el defecto fáctico planteado por la
accionante, por cuanto la colegiatura enjuiciada no analizó el asunto sometido a
consideración con fundamento en todos los hechos ocurridos en torno a la
presentación de la demanda, omisión que incide notoriamente en la decisión
que se profiera respecto a su admisión o rechazo.

En consecuencia, se dejará sin efecto el auto de 3 de noviembre de 2022, en lo
que se refiere a la configuración de la caducidad del medio de control, y se
ordenará al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B dictar una
nueva providencia mediante la cual tenga en cuenta los documentos
relacionados con la presentación de la demanda y su inadmisión obrantes en el
expediente con radicado 25000-23-42-000-2012-02050-00 tramitado ante el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, así
como lo señalado en el escrito radicado el 26 de agosto de 2013, sin que esto
implique que se esté indicando el sentido de la decisión.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia de la señora Hilda Prudencia Fique
Gavilán.

SEGUNDO: En consecuencia, DEJAR sin efectos el auto de 3 de noviembre de
2022, en lo que se refiere a la caducidad del medio de control, proferido por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, dentro del expediente con
radicado 25000-23-42-000-2013-04902-01 y, ORDENAR a dicha corporación
que en el término de treinta (30) días, contados a partir de la notificación de esta
sentencia, profiera una decisión de reemplazo en atención a las consideraciones
expuestas en precedencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

13
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Demandante: Hilda Prudencia Fique Gavilán
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05199-00

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número
de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”

14
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