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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05210-00

Fecha
10 de noviembre de 2023
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05210-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado, en los términos expuestos en la parte motiva de la presente sentencia. SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 12 Cfr. Sentencia T-1015 de 2010 de la Corte Constitucional. 7 Radicación: 11001-03-15-000-2023-05210-00 Accionante: John Fredy Muñoz Beltrán Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-05210-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

10 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ (E)

Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05210-00
Accionante: John Fredy Muñoz Beltrán
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – Carga argumentativa suficiente – instancia adicional

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de
la solicitud de amparo constitucional formulada por John Fredy Muñoz Beltrán contra
el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca.

I. ANTECEDENTES

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 20 de septiembre de 2023, el señor John Fredy Muñoz Beltrán, a través de
apoderada judicial, instauró demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Valle del Cauca con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, al trabajo y de acceso a la
administración de justicia. Adujo que tales prerrogativas fueron vulneradas por la
parte demandada al proferir el fallo del 28 de febrero de 20232, dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho 3 que John Fredy Muñoz Beltrán inició
contra la Universidad del Valle.

2.- La parte actora pretende que, en virtud del amparo, se ordene a la autoridad
judicial demandada dejar sin efectos la providencia cuestionada y, en su lugar,
profiera una sentencia de reemplazo que confirme la decisión de primera instancia.

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y
de las pruebas allegadas, se tiene que:

1
Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2
Providencia notificada el 17 de marzo de 2023 y ejecutoriada el 23 de marzo siguiente.
3
Identificado con número de radicado 76001-33-33-001-2022-00040-00/01.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05210-00
Accionante: John Fredy Muñoz Beltrán
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

4.- El 21 de junio de 2021, el señor John Fredy Muñoz Beltrán formuló petición a la
Universidad del Valle para la reliquidación de sus salarios y prestaciones sociales
con base en las horas extra efectivamente laboradas en el cargo de celador. Para tal
efecto, indicó que el manual de procedimientos de la Universidad del Valle establece
una jornada laboral de 220 horas mensuales, pero dicha jornada en realidad debería
corresponder a 190 horas mensuales. Ante la falta de respuesta de la entidad, el
señor Muñoz Beltrán presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra el acto ficto negativo.

5.- El Juzgado Primero Administrativo de Cali, en sentencia del 19 de septiembre de
2022, declaró la nulidad del acto ficto negativo y ordenó la reliquidación de horas
extra, trabajo suplementario, cesantías, recargos nocturnos y trabajo en dominicales
y festivos a partir del 21 de junio de 2018, así como el monto de los aportes
efectuados al sistema de seguridad social a partir del 6 de febrero de 2003.
Inconforme con la decisión, la Universidad del Valle interpuso recurso de apelación.

6.- El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, a través del fallo del 28 de febrero
de 2023, revocó la decisión de primera instancia y negó las pretensiones de la
demanda. Ello se debe a que el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 establece una
jornada máxima de 12 horas diarias, sin que excedan 66 horas semanales, para las
actividades de vigilancia.

7.- La parte actora sostiene que la parte accionada vulneró sus derechos
fundamentales invocados, porque la sentencia que decidió la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho incurrió en:

8.- Defecto procedimental absoluto al desconocer el artículo 1 del Decreto 85 de
19864. Aunque dicha disposición rige para los celadores del orden nacional, el actor
afirma que el artículo 2 de la Ley 27 de 1992 la hizo aplicable a los servidores de las
entidades territoriales, al igual que el Decreto 1042 de 1978. Además, afirmó que el
Tribunal desconoce los antecedentes de los juzgados administrativos de Cali, con 22
sentencias estimatorias de las pretensiones de demandas similares.

9.- Defecto sustantivo, por desconocer la sentencia C-1063 de 2000, que dispone
que la jornada laboral aplicable a los empleados públicos del orden territorial equivale
a la de los empleados públicos del orden nacional.

10.- Además, el Tribunal erró al afirmar que la Universidad del Valle cumplió con la
regulación de la jornada laboral dentro de un límite de 190 horas, ya que el problema
jurídico se centra en la fórmula que aplica la parte demandada para obtener el valor
de la hora ordinaria que es la cifra fundamental para liquidar el trabajo suplementario,
pues la entidad liquida ese trabajo suplementario -horas extras- sobre un divisor de
220 horas, cuando en realidad la fórmula debe aplicarse es con un divisor de 190

4
“A partir de la vigencia del presente decreto, a la asignación mensual fijada por la escala de remuneración para
los empleos de celadores, corresponde una jornada de trabajo de cuarenta y cuatro (44) horas semanales”.
2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05210-00
Accionante: John Fredy Muñoz Beltrán
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

horas diarias. Así, el valor de la hora ordinaria sobre la cual se liquida el trabajo
suplementario se reduce en $1.593,6.

11.- Agregó que la sentencia controvertida adujo que la parte demandante no
cumplió con la carga probatoria de relacionar las horas que se reclaman impagadas
o acreditar las supuestas inexactitudes. El escrito de tutela reitera que el problema
jurídico gira en torno a la liquidación de las horas extra, es decir, un punto de derecho
sobre el cual obraba prueba suficiente.

12.- El accionante alega que el Tribunal incurre en imprecisión al sostener que no
hubo vulneración legal alguna dentro del marco de la autonomía universitaria.
Sostiene que la autonomía universitaria no aplica para el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos, pues es materia regulada por ley, de
conformidad con el literal e) del artículo 150 de la Constitución.

13.- Desconocimiento del precedente, pues no se tuvo en cuenta una sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca en un caso similar5, que dispuso
el cálculo del trabajo suplementario sobre el factor de 190 horas mensuales para
obtener la jornada ordinaria laboral mensual.

14.- La parte actora agrega que, como la reliquidación de sus salarios y
prestaciones sociales incide en los aportes al sistema de seguridad social, la tutela
también busca garantizar el mínimo vital del actor en su vejez. También incide en la
liquidación de sus cesantías, derechos ciertos e indiscutibles que integran el derecho
fundamental al trabajo en condiciones dignas y justas.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

15.- Mediante auto de 29 de septiembre de 2023 se dispuso admitir la acción de
tutela y notificar de su presentación a la autoridad judicial accionada, así como
vincular a la Universidad del Valle en calidad de tercera interesada. También se
comunicó la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo
de su cargo.

16.- Además, se requirió al Juzgado Primero Administrativo de Cali para que
remitiera, en medio magnético, copia del expediente identificado con el radicado
número 76001-33-33-001-2022-00040-00/01.

(i) Universidad del Valle6

17.- La tercera con interés sostuvo que la parte actora pretende una instancia
adicional mediante la interposición de esta acción constitucional, que no acredita la
lesión de derechos fundamentales sino un desacuerdo con la decisión desfavorable.

5
Identificado con número de radicado 19001-33-31-003-2013-00328-01.
6
Expediente digital, intervención contenida en 26 folios.
3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05210-00
Accionante: John Fredy Muñoz Beltrán
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

18.- Afirmó que la Universidad no incurrió en desconocimiento del Decreto 1072 de
1978, pues la liquidación de las horas extra se elabora sobre un ingreso base que no
varía según las horas laboradas y la jornada laboral de los celadores se ajusta a 192
horas de jornada ordinaria y 50 horas extra exactas.

19.- Adujo que el escrito de tutela no acreditó una vulneración al derecho a la
igualdad o un desconocimiento del precedente, pues la sentencia controvertida
“corresponde a la PRIMERA de los más de 20 procesos que se encuentra pendientes
para el fallo de segunda instancia” 7. Para tal fin, advirtió que el 22 de septiembre de
2023 el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca notificó otra sentencia 8 que
revocó la condena en su contra por pretensiones similares de otro celador.

20.- El Juzgado Primero Administrativo de Cali remitió copia digital del expediente
ordinario. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca fue notificado en debida
forma y guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

C. La acción de tutela contra providencias judiciales

21.- El Consejo de Estado ha indicado de manera consistente y reiterada que, los
requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los
derechos fundamentales, son los siguientes 9 : (i) que la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado todos los
medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, (iv) cuando se trate de
una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique, de manera
razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que
esto hubiere sido posible; y, (vi). que no se trate de sentencias de tutela.

22.- La relevancia constitucional supone la presentación de un conflicto que
trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional. Bien es sabido que el
ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en el ordenamiento,
de tal suerte que, en la práctica, no existen temas jurídicos que no puedan
relacionarse con un derecho constitucional10.

23.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que para determinar si una
acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, es necesario

7
Expediente digital, folio 12 de la intervención.
8
Identificado con número de radicado 76001-33-33-006-2022-00003-01.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017,
exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
10
Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010.
4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05210-00
Accionante: John Fredy Muñoz Beltrán
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

examinar tres elementos 11 : (i) Que el actor motive con suficiencia argumentativa
dicha relevancia constitucional, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de
derechos fundamentales, sino que se deben expresar las razones de índole
constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales derechos, cuya
fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que la tutela no constituya una
instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia
acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto constitucional y no
meramente legal y/o económico.

D. Análisis del caso concreto

24.- Valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que se formulara
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, así como el escrito de
tutela, esta Sala no encuentra que la autoridad judicial accionada haya transgredido
los derechos fundamentales invocados por la parte actora. Una revisión de los
planteamientos expuestos en la acción de tutela permite advertir su falta de
suficiencia en cuanto a su carga argumentativa, de manera que no se acredita el
requisito de la relevancia constitucional.

25.- La Sala, en primer lugar, abordará los argumentos de la parte actora que no
satisfacen una carga argumentativa suficiente para acreditar la lesión o amenaza de
derechos fundamentales. La parte actora sostiene que el Tribunal no tuvo en cuenta
una sentencia del Tribunal Administrativo del Cauca estimatoria de un caso con
supuestos fácticos y jurídicos similares, así como 22 decisiones proferidas por jueces
administrativos que también accedieron a las pretensiones de demandas similares.
Sin embargo, al relacionar dichas providencias, la parte actora no explicó de manera
clara o suficiente cuál es la fuerza vinculante de las providencias que invoca como
“precedente”, ni cuáles son las reglas jurisprudenciales producidas en virtud de esas
sentencias o de qué manera son aplicables al asunto ordinario. De hecho, según lo
planteado por la Universidad del Valle, varios de los asuntos fallados por jueces
administrativos aún se encuentran en debate y serán objeto de decisión por parte de
la autoridad accionada.

26.- Algo similar sucede con la sentencia C-1063 de 2000, supuestamente
desconocida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca. La parte actora
sostuvo que dicha providencia equipara la jornada laboral de los empleados públicos
del orden territorial a la de los empleados públicos del orden nacional. Sin embargo,
tampoco hace una referencia expresa a la regla jurisprudencial invocada.

27.- De hecho, se advierte que la sentencia que el actor alega no es aplicable al
asunto, pues se refiere a una norma aplicable a trabajadores oficiales. En efecto, la
sentencia C-1063 de 2000 resolvió una acción pública de inconstitucionalidad contra
el artículo 3 de la Ley 4 de 1946 y precisó que:

11
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:
11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05210-00
Accionante: John Fredy Muñoz Beltrán
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

«(…) la disposición acusada establece para los trabajadores oficiales, cuyo vínculo
laboral está dado por un contrato de trabajo, una regulación que es igual a la que
gobierna las relaciones de trabajo en el sector privado, igualmente de naturaleza
contractual. La diferencia que acusa el demandante, se presenta respecto de
empleados públicos cuyo régimen jurídico es de naturaleza legal y reglamentaria, no
dándose por lo tanto la misma situación jurídica ni de hecho, que posibilite llevar a
cabo un examen de igualdad» (Se resalta)

28.- La Sala reitera que, tratándose de acciones de tutela contra providencias
judiciales, la carga de contar con una argumentación coherente y suficiente recae en
quien invoca el amparo constitucional y no en quien la decide, en razón a que están
de por medio el respeto por la cosa juzgada, la necesidad de preservar la seguridad
jurídica y la garantía de la independencia y autonomía de los jueces, que son
elementos que hacen parte de los cimientos del Estado y como tal legitiman el obrar
de sus autoridades. Depurados los argumentos que no satisfacen el requisito de
carga argumentativa, la Sala enfocará su estudio en los demás planteamientos.

29.- En el asunto objeto de estudio, resulta evidente que la parte demandante busca
un nuevo análisis de los aspectos definidos por el juez natural de la causa, pues los
argumentos planteados en la presente acción, fueron, a su vez, formulados en el
proceso ordinario a través de la contestación a la demanda y los alegatos de
conclusión de primera instancia. El argumento central de la causa radica en que la
liquidación de horas extra debe elaborarse sobre el tope de 44 horas semanales
previsto en el Decreto 85 de 1986, multiplicadas por 52 (semanas contenidas en un
año calendario) y divididas entre 12 (meses del año calendario) para obtener 190
horas mensuales.

30.- La tutela, además, expone argumentos accesorios o secundarios al reproche
principal: i) que el Decreto 85 de 1986 es aplicable a los empleados del orden
territorial, de conformidad con el artículo 2 de la Ley 27 de 1992; ii) que el Tribunal,
entonces, debió centrarse en el yerro cometido por la Universidad del Valle al calcular
las horas extra sobre un divisor de 220 horas mensuales, y iii) que la autonomía
universitaria no aplica en materia salarial y prestacional de los empleados públicos.

31.- Dichos reproches fueron resueltos en el fallo de 28 de febrero de 2023. El
Tribunal Administrativo de Valle del Cauca advirtió que el artículo 33 del Decreto
1042 de 1978 regula la jornada de trabajo de los empleos que desarrollan actividades
discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia, asignándoles una jornada de 12
horas diarias, sin que estas excedan 66 horas semanales. En esa medida:

«(…) Así las cosas, la ley expresamente permite a los celadores una jornada semanal
de 66 horas y, por ende, cuando la Universidad demandada ha aplicado la fórmula
aritmética para la liquidación y pago de horas extras, dividendo el valor del salario
sobre 220 horas, lo ha hecho ajustada a la norma y en cumplimiento de los preceptos
aplicables, sin que ello haya indicado vulneración legal alguna dentro del marco de la
autonomía universitaria.»

6

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05210-00
Accionante: John Fredy Muñoz Beltrán
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

32.- Bajo este escenario, no hay duda de que el accionante propone en sede de
tutela los mismos argumentos que fueron objeto de discusión en el proceso ordinario
y, a su vez, resueltos en su totalidad por la autoridad judicial sin reproche de orden
constitucional.

33.- Además de lo expuesto, la Sala advierte que las decisiones cuestionadas
encuentran claro sustento en el principio de la libre valoración judicial y, antes de
configurar una actuación subjetiva o arbitraria son, en realidad, el resultado de una
interpretación razonable del material probatorio aportado al proceso, a su vez,
confrontado con las preceptivas legales que lo delimitan y que resultaban aplicables
al caso concreto. Así, la tutela no plantea una discusión sobre la posible vulneración
de derechos fundamentales, sino un desacuerdo de índole normativo en cuanto a la
jornada laboral aplicable a los empleados públicos con función de celador.

34.- Por lo demás, no sobra mencionar que la jurisprudencia constitucional no ha
considerado factible la procedencia excepcional de la tutela contra providencias
judiciales, cuando quiera que estas se fundamentan en un determinado criterio
jurídico, en una razonable interpretación de las normas que son aplicables a la causa
y en una valoración adecuada de las pruebas allegadas, ya que de no ser ello así,
habría una intromisión arbitraria del juez de tutela que menoscabaría de manera
grave los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial, los
cuales, en forma precisa, habilitan al juez para aplicar la ley sustancial y procesal12.

35.- Por todo lo anterior, la acción de tutela que se examina no cumple con el
requisito general de relevancia constitucional, máxime, si se tiene en cuenta que su
objeto es reabrir un debate tramitado y concluido en las instancias respectivas, lo
que desnaturaliza su finalidad como mecanismo supletivo de protección de los
derechos fundamentales. En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la
acción de tutela impetrada por John Fredy Muñoz Beltrán.

36.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado, en los
términos expuestos en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

12
Cfr. Sentencia T-1015 de 2010 de la Corte Constitucional.
7

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05210-00
Accionante: John Fredy Muñoz Beltrán
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS NICOLÁS YEPES CORRALES
Ausente con excusa

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE13
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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